El sector es el tercero en la lista con más querellas por número de procesos (5.612). La cuantía más alta se registra por daño ambiental.

as entidades que representan al sector minero- energético en el país tienen en su contra 5.612 procesos judiciales por demandas que, de llegarlas a perder, les representarían a los contribuyentes $62 billones.

Así se desprende del más reciente informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), al cual tuvo acceso Portafolio, y que señala que la razón más frecuente es la terminación de trabajo sin justa causa.

Sin embargo, lo que más llama la atención del documento es que los procesos más costosos para las arcas del Estado en esta industria son los que están relacionados por daño ambiental, a raíz de los derrames de hidrocarburos.

No son solo cinco los municipios de Colombia que desde sus Concejos Municipales o mediante consultas populares le han dicho No a la explotación minera y de hidrocarburos, alerta la Asociación Nacional de Empresarios, Andi.

La organización gremial reconoció su preocupación por el hecho de que está en crecimiento el número de municipios con estas intenciones de impedir la explotación minera en sus territorios.-

De los cinco municipios, 4 son en el departamento de Antioquia, en especial la subregión del suroeste, recordó la agremiación de empresarios.

“La preocupación es fuerte porque son 100 municipios en Colombia que en estos momentos están en consultas populares o en proyectos de concejos tomando este tipo de decisiones”, afirmó Jaime Mauricio Concha Prada, vicepresidente de minería, hidrocarburos y energía de la Andi.

Ante este panorama, durante en el Congreso Minero, que se reunirá en Plaza Mayor de Medellín, con representantes del Gobierno Nacional, el gremio analizará las problemáticas de la minería colombiana y no se atiendan circunstancias similares que se viven en el extranjero.

“Es por eso que cambiamos a la gente (expositores). No vamos a traer sobre qué pasa en Sudáfrica, en Chile o Canadá, sino que aquí tenemos muy buenos ejemplos y eso es un poco lo del encadenamiento… no queremos solo mineros, sino que todo el mundo opine y por eso ese será el escenario”, ratificó el señor Concha Prada.

Consideró que el país no puede cerrar la puerta a la minera legal y formal, debido a que sin minería no hubiese en el país industria cerámica, metálica, industria de cemento, no se podrían hacer las autopistas 4G, entre otros…

Insistió en que “no se debe poner en jaque a la minería y sacarla, porque se estaría hablando de un 2 por ciento de la producción colombiana”.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/09/20/medellin/1505909491_136750.html

Hoy los países subdesarrollados como Colombia no tienen derecho a decidir sobre su economía ni a definir cómo o cuáles van a ser sus medios de producción. Bien lo afirma Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía: “Entre los países con el máximo nivel de desigualdad figuran aquellos que cuentan con más recursos naturales. Evidentemente, en esos países, unos pocos son más hábiles a la hora de buscar rentas que otros (habitualmente son los que tienen poder político) y se aseguran de que la mayor parte de los beneficios de los recursos vayan a parar a sus propios bolsillos” (en http://bit.ly/2w3Txca).

Colombia se ha venido especializando en explotación de recursos naturales y sus exportaciones son cada vez menos diversificadas, centrándose en metales, minerales e hidrocarburos. Uno de los más claros ejemplos es El Cerrejón, considerada como la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo.

El pasado 14 de septiembre se presentó en la Universidad Nacional sede Bogotá el documental “Las huellas del Cerrejón”. En él quedan al descubierto, con testimonios guajiros, las consecuencias de la minería a gran escala.

“Desde su llegada al territorio guajiro, El Cerrejón ha desviado 2 arroyos y ha causado la extinción de 17; demás ha venido contaminando el agua con el polvillo de carbón y material residual. Cada día la empresa utiliza 35 millones de litros de agua para la extracción de carbón” (http://bit.ly/2hdAx4K). Todo mientras niños, jóvenes, adultos y ancianos se mueren de sed. Además, pretende desviar el Arroyo Bruno, principal fuente de agua dulce para la región.

Según el documental, el polvillo que deja el carbón contamina el aire, el suelo y los cultivos y causa enfermedades respiratorias. Es dramática la contaminación auditiva por el uso intensivo de pólvora y el paso del ferrocarril.

Mientras contempla al horizonte el valle del río Ranchería, José Francisco Luna muestra una montaña que hace unos años no existía. Son unos cerros artificiales que destruyeron casi 50 mil hectáreas de valle donde antes había agricultura. Hoy solo se ve un ecosistema degradado, con más de veinte mil campesinos desplazados.

El documental da cuenta de desalojos violentos de poblaciones enteras, apoyados por la seguridad privada y la fuerza pública. La autoridad pisotea los derechos de los guajiros para privilegiar los de una multinacional, desconociendo los arraigos y las tradiciones.

Lorenzo, un hombre de 89 años, fue uno de ellos. Denuncia que la mina lo va a sacar y que no les está reconociendo nada: “Me duele actualmente decir, señor, que no quiero irme, no quiero irme de mi lugar”, afirma. Lorenzo fue desalojado en agosto del 2016 y le tocó ver cómo le tumbaban su casa, su vida, su historia.

Durante los últimos 15 años El Cerrejón ha expropiado y desplazado con ayuda del gobierno y la fuerza pública a las comunidades de Tabaco, Manantial, Oreganal, El Descanso, Sarahita, Espinal, Caracolí, La Horqueta, Roche y Las Casitas. Solo han sido reasentadas cinco, pero sin condiciones económicas, sociales y culturales que les permitan disfrutar de una vida digna.

Los recursos que le entran al Estado por este tipo de explotaciones son ínfimos, pues los mismos gobiernos se encargan de reducirles los impuestos a estas grandes empresas, afirmó el economista Álvaro Pardo en el documental.

El Cerrejón vende cerca de 450 millones de toneladas al año a casi 80 dólares cada una, según datos de febrero de 2017 (http://bit.ly/2wCMQNA), y solo paga por regalías el 10%. No pagó nada por impuesto de renta en 2016, como lo denunciaron varios medios, y al contrario, tenía un saldo a favor de 11 mil millones de pesos y más de 250 beneficios tributarios (http://bit.ly/2fwg0Zg)

A pesar de que en varias consultas populares, la inmensa mayoría de los colombianos ha dicho no a la minería. Aun así, se siguen dando licencias a las grandes multinacionales para acabar con el territorio en una explotación que solo va dejando a su paso el desastre.

Los recursos naturales han sido convertidos en commodities, muy útiles para la especulación. Son activos muy líquidos, generan grandes retornos, sirven de piso para operaciones de futuro en las bolsas de valores y están apalancados por los grandes capitales financieros. En el siglo XXI, a las multinacionales no les sirven las explotaciones de socavón a mediana y a pequeña escala. Necesitan arrasar con todo y sacar los mayores volúmenes posibles para generar la máxima utilidad.

Estos daños y perjuicios son conocidos en economía como externalidades negativas. Pero en Colombia no hay autoridad lo bastante digna que les exija a las multinacionales invertir en la recuperación de las zonas que destruyeron y compensar las afectaciones sociales, culturales y de orden público.

El documental hace un completo recuento de dichas externalidades, un muy buen ejemplo de lo que pasa con la minería a cielo abierto. Invita a conocer más de la realidad nacional y a ser consciente, porque en definitiva los países solo cambian cuando cambian las personas, y estas deciden actuar de manera diferente.

Fuente:https://www.kienyke.com/kien-bloguea/las-huellas-del-cerrejon-un-documental-que-hay-que-ver

Luego de que el pasado domingo 17 de septiembre, durante una consulta popular, un amplio número de habitantes del municipio de Jesús María, Santander, sentaran su voz de rechazo a la realización de actividades de exploración y explotación minera y petrolera en esa zona, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) advirtió que está a la espera de la solicitud oficial por parte de la administración municipal para proceder con la suspensión de las licencias ambientales que ese ente haya otorgado para tales fines.

Ese día, de los 3.259 ciudadanos que se encontraban habilitados para sufragar, 1.728 se acercaron para depositar su voto. De estos, 1.677 dijeron estar en desacuerdo con que en la jurisdicción del municipio se realicen actividades de este tipo. Solo 22 personas marcaron sí en el tarjetón.

“La comunidad dice que hay que proteger unas fuentes hídricas que abastecen los municipios de Sucre, Jesús María y otros municipios aledaños. Estamos atentos a que la autoridad competente en el municipio nos informe, nos haga llegar el acta administrativa, la cual señale que no se podrá hacer minería y nosotros acogeremos y suspenderemos esas licencias que se han otorgado”, afirmó Juan Gabriel Álvarez, Director de la CAS.

Actualmente en el municipio hay seis títulos mineros que ya fueron otorgados por la Agencia Nacional de Minería, la mayoría para la explotación de piedra caliza y carbón.

Para su explotación, en la CAS se encuentran en proceso de trámite cinco solicitudes de licencias ambientales. Ya en el año 2013 fue otorgado un permiso a la empresa Llano Minas, la cual no ha iniciado con sus trabajos.

«Cuando el alcalde acoja por acuerdo municipal prohibir la realización de minería en el municipio, nosotros suspenderemos”, sentenció el director de la CAS.

La consulta popular en Jesús María, es la primera de tres que se tienen programadas para realizarse este año en ese departamento. De acuerdo con el calendario de la Registraduría Nacional, el próximo 1 de octubre se hará en el municipio de Sucre y el 5 de noviembre, en El Peñón.

Por ello, el alcalde de ese municipio, Yimer Alexander Carrillo, señaló que esperará los resultados en la población vecina de Sucre, para que en conjunto con el mandatario de esa localidad se empiece con el trámite ante la CAS y el Gobierno Nacional para ponerle freno a las actividades de extracción de minerales que se pretenden en esa zona y que pone en riesgo afluentes como el río El Valle y el nacimiento de Los Alpes.

“Necesitamos de los resultados de la consulta que se va a realizar el próximo 1 de octubre en el municipio de Sucre porque el área de estudio toma a los dos municipios (…) Con esos resultados tendremos un acercamiento con el Gobierno Nacional, con la CAS para que se tenga en cuenta la voz del pueblo que le ha dicho no a la minería en el municipio de Jesús María”, indicó el burgomaestre.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tras-consulta-popular-minera-suspenderian-licencias-ambientales-132712

El Ministerio de Minas y Energía reiteró su llamado a desestigmatizar la explotación de recursos mineros y de carburos en el país, al tiempo que señaló que esta no es una industria ilegal y que se debe de frenar el miedo que actualmente se siembra en la comunidad.

El ministro German Arce señaló que un camino diferente al de las consultas populares es el de la firma de acuerdos de desarrollo sostenible los cuales, según reveló, ya se han logrado en 120 municipios del país, evitando que se convoque gente a las urnas luego de procesos en los que todos fueron convocados.

“Aquí lo que vemos es que en ocho municipios se ha dicho que no al desarrollo de la minería y en 21 más tenemos procesos en ejecución, sin embargo lo que no se dice es que en 120 la gente ha permitido la minería pero de forma responsable”, dijo Arce.

Este reporte fue entregado en el debate de control político que se realizó en la Comisión V del Senado, en el que la legisladora Maritza Martínez advirtió que existe una campaña de desprestigio y terror contra las consultas populares, las cuales según ella solo protegen los derechos de la comunidad.

“Se dice que la gente por reclamar lo que les pertenece ya están acabando con la economía y la verdad es que existen muchas alternativas, se les vulneran sus derechos y fuera de eso les quieren quitar la única posibilidad que han encontrado para reclamar soluciones a eso”, dijo Martínez.

En este debate también intervino Ecopetrol, que reconoció que han existido problemas en muchos procesos de explotación petrolera, los cuales señaló que se han venido corrigiendo con el fin de establecer un desarrollo sostenible y amigable con el medioambiente.

Fuente:http://www.rcnradio.com/nacional/120-municipios-evitaron-consultas-populares-mediante-acuerdos-desarrollo-minero/

Luego del retiro del Banco Mundial del proyecto minero Eco Oro, vuelve el debate sobre el páramo de Santurbán. Minesa, una empresa del Grupo Mubadala, fondo de inversiones del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, presentó formalmente una solicitud de licencia ambiental para hacer minería de oro cerca a ese ecosistema.

El proyecto minero, conocido como Soto Norte, estará ubicado a cinco kilómetros del casco urbano de California, Santander. Según la propia empresa, la mina tendrá un área de influencia de más de 2.000 hectáreas y espera extraer 9 millones de onzas de oro. La operación iniciaría en el año 2021 y la vida útil del proyecto es de 25 años, aunque hay debate sobre cuánto tiempo durarán los efectos de la explotación una vez la empresa se retire, y quién se hará cargo de los mismos, pues Colombia no tiene reglas claras sobre los pasivos mineros de largo plazo.

Minesa afirma que no usará mercurio ni cianuro. Sin embargo, en Santurbán existen altas concentraciones de arsénico, un elemento altamente tóxico para la salud humana que puede producir enfermedades neurológicas y cardiovasculares, y en algunos casos la muerte.

La pelea por Santurbán lleva años. En 2011, el Ministerio de Ambiente –en ese entonces no existía la Anla- negó la licencia ambiental a la empresa Eco Oro para hacer una mina a cielo abierto en Santurbán, principalmente porque el proyecto se encontraba en área de páramo. Posteriormente, el Banco Mundial retiró su inversión de la mina. Desde entonces, Bucaramanga ha presenciado multitudinarias marchas en contra de la minería en ese ecosistema, la próxima de ellas, el 6 de octubre. Se trata de un conflicto ambiental que es seguido con atención dentro y fuera de Colombia.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene el desafío de demostrar que cuenta con el músculo técnico necesario para tomar una decisión libre de interferencias políticas. De entrada, el hecho de que el estudio lo realice la empresa y no la propia autoridad ambiental, como ocurre en otros países, implica que la Anla tendrá que emplearse a fondo para decidir con independencia y rigor en un proyecto muy sensible para Santander y para el país

Aunque Soto Norte no se encuentra dentro del área delimitada de ese páramo, el debate se centrará en el impacto que puede tener una mina subterránea debajo de esa línea, pues de alguna manera, ese ecosistema no es una superficie sino un sistema, lo que significa que incluye el subsuelo. La pregunta que deberá resolver la Anla es si la propuesta de Minesa tendrá efectos inaceptables en la hidrogeología del páramo, vital para que ese entorno natural siga cumpliendo con su función como fábrica de agua de Santander.

La pelea por Santurbán lleva años. En 2011, el Ministerio de Ambiente –en ese entonces no existía la Anla- negó la licencia ambiental a la empresa Eco Oro para hacer una mina a cielo abierto en Santurbán, principalmente porque el proyecto se encontraba en área de páramo. Posteriormente, el Banco Mundial retiró su inversión de la mina. Desde entonces, Bucaramanga ha presenciado multitudinarias marchas en contra de la minería en ese ecosistema, la próxima de ellas, el 6 de octubre. Se trata de un conflicto ambiental que es seguido con atención dentro y fuera de Colombia.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene el desafío de demostrar que cuenta con el músculo técnico necesario para tomar una decisión libre de interferencias políticas. De entrada, el hecho de que el estudio lo realice la empresa y no la propia autoridad ambiental, como ocurre en otros países, implica que la Anla tendrá que emplearse a fondo para decidir con independencia y rigor en un proyecto muy sensible para Santander y para el país.

La empresa tuvo años para preparar sus estudios, mientras las comunidades solo tendrán algunos meses para pronunciarse –algunos dirán que solo un día, el de la audiencia pública ambiental– antes de que la autoridad decida. Esa desigualdad en el campo de juego, injusta e inconveniente, es fruto de una mala reglamentación del licenciamiento y puede ser la mecha para que estalle un conflicto ambiental. El país no puede salir de un conflicto armado para entrar en tensiones por el agua.

La Corte Constitucional ha dicho que los páramos deben ser protegidos, ya que son fuentes de agua, sumideros de carbono y reservas de biodiversidad. Por ese motivo, la minería en páramos está prohibida en Colombia. Luego de un intenso debate público, ese tribunal ratificó tal prohibición en 2016. En tiempos de cambio climático, el país debe honrar sus compromisos internacionales y conservar los ecosistemas que ayudan a mitigarlo.

Fuente: http://www.semana.com/opinion/articulo/minesa-solicito-licencia-ambiental-para-hacer-mineria-cerca-al-paramo-de-santurban/540046

Solo cinco de las 57 unidades mineras ilegales plenamente identificadas en el departamento del Cesar han sido recuperadas, en casi un año, y aún los Alcaldes del departamento no lideran acciones para frenar los daños ambientales a ríos, ciénagas, bosques y playones en 24 de los 25 municipios.

Es una preocupación porque desde el año pasado, la Secretaría de Minas hizo un diagnóstico en el que identificamos y detectamos cuáles eran estas minerías ilegales e informales y hasta el día de hoy estamos haciendo ese balance de cómo vamos y la verdad es que es preocupante, porque tenemos alcaldes que no están haciendo la tarea como debemos hacerla”, dijo la secretaria del ramo, Carmen Cecilia Galvis.

La funcionaria lideró una mesa de trabajo con los Secretarios de Gobierno de todos los municipios este lunes en la Gobernación del Cesar, pero fueron muchos los invitados y pocos los que asistieron a este encuentro en que también se convocó a las autoridades ambientales y de Policía.

“Los secretarios de gobierno son los responsables de hablarles a los alcaldes en cuestiones de normatividad, porque esto es de normatividad y necesitamos veedores en cada municipio de esta minería ilícita en la que hoy vive el departamento”, explicó Galvis.

Señaló además que del 26 al 29 de septiembre se realizará una nueva socialización con todos los alcaldes para que tengan información de los alcances que pueden tener a través de las normas y las acciones de reconversión laboral para las 700 familias que viven de esta actividad ilícita.

De acuerdo con la caracterización de la explotación de recursos naturales sin títulos, ni licencias, realizada por la Secretaría de Minas Departamental, el único municipio que se salva de los efectos devastadores de la minería ilegal es González, al sur del departamento.

El mapa permitió detectar que los ríos Ariguaní, en la Sierra Nevada; Maracas, en Becerril; La Mula, en Chiriguaná; Simaña, en Pelaya y La Gloria; el Magdalena, en Gamarra,  son sometidos a  lesivas acciones para mantener vigente a la minería irregular.

A este cuadro desolador se suman el caño Tagoto y la ciénaga Montecristo, en Tamalameque; la quebrada El Carmen, en Pelaya; y los playones El Sordo, en Puerto Viejo y del río San Alberto.

Los efectos de esta explotación ilegal son el bajo caudal de los cuerpos de agua, muerte de peces y otras especies,  la erosión, tala de árboles, deterioro del suelo y subsuelo, para solo mencionar algunos daños al ecosistema.

También existen otras que operan sin licencias o títulos en Valledupar, Manaure, San Diego, Codazzi, Río de Oro, El Paso, Astrea, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Pailitas y Curumaní. El mapa indica que existen más de 15 ladrilleras, que extraen arcilla de manera ilegal; de las fuentes hídricas el mayor saqueo es el de material de arrastre, mientras que entre las montañas y bosques se abre paso la minería de recebo que no es más que la extracción en canteras a cielo abierto o subterráneas de materiales para la construcción.

Fuente: http://www.elpaisvallenato.com/2017/09/12/alcaldes-del-cesar-lentos-en-frenar-la-mineria-ilegal/

El domingo 12 de noviembre se realizará la consulta popular contra la minería en el municipio de Córdoba, Quindío, el segundo del departamento y del Eje Cafetero que iría a las urnas para rechazar las actividades de exploración y explotación de metales.

El Tribunal Administrativo del Quindío declaró constitucional la pregunta ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Córdoba, Quindío, se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?.
Orlando Osman Méndez, integrante del Centro de Formación Campesina Kakataima y uno de los promotores de la consulta en Córdoba, explicó que, según la ley, el alcalde Guillermo Andrés Valencia tenía ocho días hábiles para definir la fecha de la consulta que debía ser en un término menor a tres meses.
Y relató que en este proceso se logró la unificación entre la Administración municipal y la comunidad que participó en cabildos, asambleas, marchas, entre otras actividades pedagógicas sobre la minería. “Es mucho más rápida y efectiva la consulta si es convocada por el alcalde que si se hace por firmas”.
Hace menos de un mes el texto llegó al Tribunal del Quindío que finalmente lo aprobó, después de ser avalado por los nueve concejales de Córdoba a través de un concepto de favorabilidad.
Según Osman, el censo electoral es de unos 5.400 votantes por lo que el umbral sería de unas 1.800 personas. Y aseguró que actualmente hay un título minero vigente y otros en solicitud como uno cercano a la estrella hídrica del municipio, que es el río Verde, que suministra agua a varias localidades del departamento.

El alcalde señaló que el objetivo es que las personas participen y expresen su voluntad, “Córdoba viene haciendo este trabajo desde 2015 y ese es un motivo por el cual el Tribunal también avaló esto”, dijo Valencia.
Y agregó que en los últimos tres años “venimos haciendo un trabajo con la comunidad explicándoles qué es la minería, qué impacto tiene, la riqueza que tenemos en agua, fauna y flora, la gente ya conoce las ventajas y desventajas de la minería”.
Cabe recordar que el pasado 9 de julio, se llevó a cabo la consulta popular en Pijao, Quindío, donde 2.613 habitantes de este poblado le dijeron no a la minería. En el departamento hay otros municipios como Calarcá y Salento, que también buscan frenar las actividades mineras a través de consultas populares

Alarmante. No de otro modo puede calificarse el hecho de que los ribereños de la estrella fluvial del Inírida, en el departamento del Guainía, presenten en el cuerpo concentraciones de mercurio hasta 109 veces mayores que las recomendadas por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tal evidencia, si bien la ha cuantificado por primera vez la Secretaría de Salud de este departamento, permite fácilmente inferir que el problema afecta a la mayoría de la población que convive en zonas cercanas a donde se ejerce la minería ilegal.

Y aunque los resultados son fruto de una investigación del 2015 y no se conocían hasta hoy, reflejan un panorama desalentador y preocupante desde la óptica sanitaria si se tiene en cuenta que las personas examinadas, 202, de 15 comunidades, al parecer han adquirido este metal en forma crónica, a tal punto que se ha acumulado en su cuerpo de manera progresiva, sin presentar síntomas que potencialmente exijan la consulta médica. En otras palabras, son poblaciones que, si bien están realmente enfermas, desconocen su situación.

El agravante es que muchos de estos pobladores pertenecen a comunidades indígenas aisladas del sistema de salud. Así lo evidencia otra investigación, hecha en el 2014 por estudiosos de la Universidad de Cartagena y Parques Naturales Nacionales, que recorrió el río Caquetá para medir los niveles de mercurio y encontró que el 94 por ciento de los individuos analizados excedían en su cuerpo la dosis de referencia para este elemento, de una parte por millón, definida por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Como se observa, no basta con ratificar que este es un problema asociado a la minería ilegal, realizada por delincuentes, para ligarlo esencialmente a una situación de tipo judicial que, no obstante su importancia, oculta la verdadera dimensión de una tragedia humana: no solo es la afectación de la salud individual, sino que la supervivencia de comunidades enteras está en riesgo, empezando por el deterioro cerebral de los embriones, y se proyecta a un daño genético para las próximas generaciones.

Es, entonces, un asunto crítico. Y deja ver la fragilidad del sistema de salud en estas poblaciones, pues, si bien se jacta de tener una cobertura casi universal, en este caso se observan unas grietas inquietantes. ¿No debería la institucionalidad volcarse, con un carácter promocional y preventivo, a esos lugares apartados, en vez de esperar a que las personas consulten sin síntomas, sin ilustración sobre sus potenciales males o cuando ya no hay remedio?

Aquí no cabe disculpa. Hay que actuar con todas las herramientas de la ley contra la minería ilegal, que toma visos de crimen humano y ecológico. Los daños causados por el mercurio en el organismo son conocidos desde hace largo tiempo, y muchos ríos de Colombia están cargados de este metal. Y la cuestión se complica más cuando la gente, al carecer de acueductos, debe disponer de esas aguas peligrosas para suplir sus necesidades cotidianas. Urge actuar en salud. Solo queda la respuesta de las autoridades del ramo ante el interrogante, al tenor de la Ley Estatutaria.

Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/aguas-peligrosas-danos-causados-por-la-mineria-ilegal-130112