El Espectador conoció un informe de la Fiscalía en el que se advierte que el uso de mercurio y otros químicos por parte de organizaciones ilegales tiene en jaque la biodiversidad en cinco regiones del país.

“Esta agua no has de beber” no es un refrán popular colombiano, es la sentencia de un informe alarmante de la Fiscalía en el que queda en evidencia el daño ambiental por el uso de mercurio y la remoción del lecho fluvial por parte de organizaciones ilegales que están acabando con los ríos más importantes del país, entre los que figuran Vichada (Meta), Acandí (Chocó), Quito (Chocó), Caquetá (Caquetá), Yarí (Amazonas), Arroyohondo (Valle del Cauca), Simití (Santander), Barbacoas (Nariño), Suesca (Cundinamarca) y Puerto Berrío (Magdalena).

En el documento, conocido por este diario, también se hace un balance de las operaciones que viene realizando el ente investigador para frenar las acciones de las organizaciones ilegales que encontraron en esta actividad un sustento económico y ahora están dejando a su paso las aguas contaminadas con el mercurio y el cianuro que se usan para separar el oro en la minería artesanal. En el más reciente operativo a orillas del río Nechí (Antioquia) fueron capturadas 32 personas, 13 de las cuales son de nacionalidad brasileña y 19 colombianas.

“Durante los operativos, peritos del CTI de la Fiscalía tomaron muestras del agua del río Nechí para establecer el nivel de contaminación del río”, señala una fuente del ente investigador. El tema no es de poca monta. La intoxicación por mercurio causa daños neurológicos, ceguera, malformación fetal, parálisis y muerte por consumo de pescado contaminado. En Colombia, la Ley 1658 de 2013 reglamenta el uso de ese metal en la industria, con la meta de erradicarlo en 2018.

La disputa ilegal

En 2015, la Fiscalía y el Ejército realizaron uno de los operativos más grandes para combatir la minería ilegal, denominado Plan Anostomus, que dejó como resultado la inmovilización de maquinaria (dragas y retroexcavadoras). En esa investigación se encontró que en el interior de la Reserva Natural Puinawai, una de las 56 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, tres de los más importantes resguardos indígenas del Guainía, de las etnias puinaves y curripacos, fueron desplazados, sometiéndolos a ejercer la explotación minera y cambiando sus usos y costumbres.

“La actividad de minería ilegal sobre el tungsteno y el coltán, considerados minerales estratégicos por ser de interés nacional y permitir el desarrollo sostenible de la nación, se desarrollaba en la zona registrada en las inmediaciones de la vertiente del río Inírida a la altura del corregimiento de Morichal, Pana Pana y Puerto Colombia, generando contaminación ambiental al suelo y al recurso hídrico, y contaminación física por sedimentación”, señala el informe de la Fiscalía, que resalta que, para la época, el frente Acacio Medina de las Farc era el beneficiado con las actividades ilegales, pero hoy, tras la firma del Acuerdo de Paz, la disputa por el territorio es entre las disidencias y el clan del Golfo.

Pero la mayor preocupación de la Fiscalía es que los esfuerzos se dirigen a un componente de minería ilegal, que también califica como “empresarial”. “Tienen nóminas de pagos en salarios, obtienen préstamos bancarios, incluso cobran vacunas hasta de 25 millones de pesos-mes por las máquinas con las que operan”, señalan fuentes del ente investigador. Toda esta actividad se está concentrando en Chocó, “las actividades mineras son adelantadas en inmediaciones de la Reserva Forestal del Darién, en el departamento del Chocó y en el área protegida que pertenece al Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) La Playona, impactando el río Acandí Seco”, advierte el informe.

La destrucción del ecosistema en las cuencas de los ríos Quito y Atrato y la sedimentación de los afluentes por la agresiva extracción de minerales puso al descubierto el actuar criminal de los denominados Zares del Oro, una organización que se habría valido del uso de mercurio, maquinaria pesada y diversos permisos ambientales para obtener oro y platino. Los investigadores descubrieron la empresa Metalpac, que obtenía el mineral en los yacimientos mineros, lo transportaba a Istmina (Chocó), llegaba en un helicóptero al parque Divino Niño de esa población y trasladaba el oro y el platino a la ciudad de Medellín, donde lo entregaba a las comercializadoras internacionales Meprecol y Anexpo, que se encargaban de su venta y exportación.

Alcanzaron a realizar transacciones por más de $1,2 billones entre 2009 y 2013, según reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Adicionalmente, lograron una fortuna de $3,4 billones producto de la minería ilegal en Chocó. Entre los elementos recopilados por la Fiscalía hay reportes de la comercializadora Meprecol a la Agencia Nacional Minera en los que solicitó el pago de regalías por la adquisición de oro proveniente del Alto Baudó durante 2011. Por estos hechos fueron capturados el alcalde de Nóvita (Chocó), Déyler Eduardo Camacho Mosquera, quien habría facilitado el ingreso de insumos a las zonas de extracción, y los representantes legales de dos comercializadoras.

Lo cierto es que este tipo de minería sigue siendo el negocio ilegal más rentable. En el último estudio de la Universidad Externado se identificó que son más de 80 los ríos del país que están contaminados con mercurio. Cada día se hacen más evidentes las secuelas de esta problemática.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/diez-rios-punto-de-desaparecer-articulo-730516

En el municipio de Zaragoza, nordeste antioqueño se evidencia la contaminación de una fuente de agua por la explotación de la minería de manera ilegal. Las autoridades del departamento investigan a los responsables del hecho que serían sancionados.

Las imágenes son impactantes, donde antes había una cascada cristalina en la vereda Quebradona del municipio de Zaragoza, hoy hay un lodazal. El nordeste de Antioquia es una zona de explotación de minería de oro. Corantioquia, que es la autoridad ambiental, hizo una visita a la zona.

El subdirector racionalización Corantioquia, Carlos Andrés Naranjo, aseguró: “encontrando que efectivamente se habían adelantado actividades mineras ilegales puesto que no se cuenta con permisos ambientales”.

Durante la inspección no se encontró a ninguna persona realizando actividades extractivas. Las autoridades del departamento investigan a los responsables del hecho quienes serán sancionados.

“Si es un título minero y se comprueba con Corantioquia que está contaminando de esta manera eso da la terminación de su licencia ambiental y por tanto la caducidad del título minero”, indicó Dora Elena Balvín, secretaria de Minas del departamento de Antioquia.

‘’Identificando los infractores podría llevar a multas desde uno hasta cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes”, agregó Carlos Andrés Naranjo, subdirector racionalización Corantioquia.

Las personas responsables de la contaminación además tendrían sanciones penales por parte de la Fiscalía.

Fuente:https://canal1.com.co/noticias/nacional/contaminan-fuente-de-agua-por-mineria-en-zaragoza-antioquia/

La empresa Carbones El Cerrejón continúa incumpliendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional, frente a la necesidad de proteger el agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades que dependen del arroyo Bruno. Así lo asegura Angela Ortíz, integrante del colectivo Fuerza Mujeres Wayúu.

Dicho pronunciamiento del alto tribunal, se da ante la solicitud de las comunidades indígenas Wayúu de Paradero y La Gran Parada en la Guajira, que pidieron protección al arroyo Bruno y su ecosistema frente al riesgo de la expansión de la minería hacia su cauce. Así pues, la Corte constató que en el desarrollo de esa actividad existen “Incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno”.

La orden de la Corte Constitucional

En ese sentido, la Corte ordenó que se realice un estudio técnico independiente ambiental, y la incorporación al Plan de Manejo Ambiental Integral vigente -PMAI- teniendo en cuenta: las consecuencias de la actividad minera en el ecosistema y puntualmente en el arroyo Bruno, los efectos del cambio climático y del calentamiento global en La Guajira, así como las intervenciones que históricamente Cerrejón ha efectuado sobre los cuerpos de agua.

Asimismo, específicamente sobre el arroyo el estudio debía contemplar la garantía de las funciones culturales, de abastecimiento, regulación y mantenimiento que cumple esta fuente de agua, el impacto en la oferta hídrica, las proyecciones de Cerrejón para intervenir en el futuro otros tramos del arroyo Bruno y los efectos acumulativos de estas intervenciones progresivas en el mismo.

Finalmente el estudio debe refirse al valor biológico de la cuenca del arroyo en el contexto del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica del Río Ranchería como del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Albania.

Los incumplimientos de El Cerrejón

Pese a las observaciones que ya ha hecho la Corte, las comunidades aseguran que «El Cerrejón no las ha escuchado y el estado colombiano no las atiende con la debida diligencia: ha desconocido el principio de precaución y la necesaria prevención frente a los daños que la minería ha ocasionado durante casi 40 años de operación y frente a los riesgos que se mantienen con la autorización de expansión de esa actividad. Tampoco se ha analizado que el pueblo Wayúu ha perdido gran parte de su territorio y según la misma Corte se encuentra en riesgo de extinción».

De acuerdo con Fuerza Mujeres Wayúu, pese a que la Ley establece que todo proyecto extractivo debe estar precedido y acompañado de la certeza sobre su viabilidad ambiental, social y económica, en La Guajira no se ha llevado a cabo debidamente las consultas previas para preguntar a las comunidades si están de acuerdo o no con dicho proyecto.

El arroyo Bruno no está seco 

«Vemos que por un lado va el pronunciamiento de la Corte, y por otro, Corpoguajira y la ANLA  que son directos responsables de que no se cumplan los fallos», dice Ángela Ortíz, y agrega que aún hace falta un fallo definitivo del alto tribunal sobre el Arroyo Bruno. No obstante, la Corte ya ha verificado que, contrario a lo que dice el Plan de Manejo Ambiental, el arroyo no está seco y abastece a comunidades wayúu, afrodescendientes y cabeceras municipales como las de Albania y Maicao.

Además, pese a lo que ha dicho el alto tribunal, justo antes de una de sus primeras declaraciones sobre el arroyo que le daban la razón a las comunidades, la empresa ya había adelantado al canalización del arroyo, de manera que solo faltaría una etapa de las obras para la desviación del afluente.

Finalmente, Ortiz, denuncia que hace tres días se conoció que uno de los socios de El Cerrejón anunció que la empresa podría estar pensado en cerrar la mina, ya que no están de acuerdo con la política contra el cambio climático, de manera que esto preocupa a las comunidades «pues no se conocería el plan de cierre de la mina, porque cuando se acabe el carbón o ya no sirva sacarlo van a dejarnos los huecos y la enfermedad en La Guajira».

Fuente:http://www.contagioradio.com/cerrejon_arroyo_bruno_mineria_corte_constitucional-articulo-50208/

Los charcos hacían de una finca un gran atractivo para los 30 mil habitantes del municipio. Hoy nadie quiere ir. Reclaman protección para otros dos afluentes.

El drástico cambio del charco Bonito de la quebrada La Quebrandona, ubicado en la finca Los Pomos de propiedad de Alirio López en Zaragoza (Antioquia), fue conocido por una publicación del abogado Fredy Salazar que se hizo viral en Facebook y ha sido compartida 44 mil veces.

“Qué pesar, qué dolor tan grande, mire como quedó la cascada, ¿quién sería el irresponsable? Mire cómo me volvieron esto, sin permiso, no se ve sino lodo”, se escucha que dice una mujer en la grabación.

Ella es doña Gladys de López, la esposa de Alirio.

La mujer se dio cuenta del daño el 21 de diciembre, luego de seis meses sin visitar el predio a causa de la construcción de una doble calzada que sale del municipio hacia Medellín.

La primera de las fotos fue tomada hace seis meses, según Salazar. La segunda el 21 de diciembre, el mismo día que ella fue a visitar a sus vecinos para ver de dónde provenían los ruidos de motores y máquinas (ver video).

“Hablaron con los vecinos, hubo presencia de la Policía y se llegó a un acuerdo para reparar el daño”, le dijo a Noticias Caracol el abogado Salazar.

El problema, dice el jurista, es que a esa quebrada decenas de familias iban a hacer su paseo de olla de Navidad y fin de año. Además por la preocupación de situaciones similares en las quebradas La Ocá y Juan Vara, que “eran muy habituales para baño, pero están convertidas en pequeños cauces de lodo”.

Todo por la práctica de la minería informal, dice.

Noticias Caracol trató de comunicarse con las autoridades municipales pero no fue posible contactarlas porque sus teléfonos aparecen apagados.

Fuente:https://noticias.caracoltv.com/medellin/planeaban-paseo-de-olla-esta-quebrada-en-zaragoza-antioquia-pero-fue-arrasada-por-la-mineria

La decisión que tiene recurso de apelación, busca que se precise si el área ubicada al interior de la Reserva Forestal Central y sobre la que se dio permiso de exploración es compatible con la minería.

El Juzgado Tercero administrativo oral del circuito de Ibagué resolvió en primera instancia fallar una acción popular en contra de AngloGold Ashanti y suspender las actividades de exploración minera al interior de la Reserva Forestal Central.

Permisos que fueron concesionados a través de los contratos GGF – 151 y EIG – 163; dicho freno se da “hasta tanto no se demuestre la compatibilidad de la actividad económica minera con los objetivos de conservación establecidos en el Pomca del río Coello, el Plan de Manejo de los Páramos y Humedales adoptado por Cortolima (…)”.

La decisión se dio ocho años después de que la ciudadana Ivone Prada y el distrito de riego Usocoello, instauraran una acción de cumplimiento en contra de la multinacional, argumentando que los contratos que tenían para exploración afectaba el área ubicada en los páramos Chili – Barragán.

Situación que vulneraba los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible.

Además de estas órdenes, se deberá tener en cuenta la delimitación que hizo el Ministerio de Ambiente sobre los páramos y los nevados “en cuyo interior no es dable realizar actividades mineras (…)”, se explica en el fallo.

Para ello, las autoridades ambientales, Cortolima, el Ministerio de Ambiente con el apoyo del Instituto Von Humbolt y el Ideam, deberán establecer un informe técnico en el que se determine cuáles zonas de las otorgadas en concesión por medio de los contratos GGF – 151 y EIG – 163, podrían estar habilitadas para adelantar procesos mineros.

Cortolima también deberá implementar en el marco del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica el río Coello, un programa mediante el cual se determine las causas de la disminución acelerada de los caudales, la recuperación y su futura conservación, entre ellas se hace referencia las quebradas Corazón y La Arenosa.

Para verificar el cumplimiento de las órdenes del juzgado se deberá conformar un comité de verificación presidido por la juez que lleva el caso, el alcalde de Cajamarca, el Gobernador del Tolima, Cortolima, AngloGold Ashanti, los ministerios de Ambiente y Minas, la Agencia Nacional de Minería, Usocoello, al igual que, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.

ACUSACIÓN FISCALÍA

Cabe recordar que recientemente se conoció que la Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación en contra de Rafael Antonio Alfonso Roa, quien fue uno de los representantes legales de la multinacional, por la invasión de áreas de especial importancia ecológica.

El director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, indicó que entre 2006 y 2007, una empresa intervino en un área que necesita de un permiso que se denomina sustracción de área forestal, “construyeron campamentos, arreglaron vías y eso es lo que está llamando la Fiscalía, al representante legal de la firma Kedada hoy AngloGold Ashanti”.

El directivo agregó que se hará partícipe en el proceso como víctima para lograr que se reconozca los daños ambientales causados en esa época.

E indicó que “la Corporación Autónoma tiene tres procesos sancionatorios en contra de AngloGold, el Ministerio de Ambiente (ya) generó un fallo y le impuso una multa, que en este momento está en conocimiento del Consejo de Estado”.

Y el otro está relacionado con la intervención que hizo la multinacional en la vereda Camao en Piedras, proceso que está en auto de cargos y valoración de pruebas, tras una recusación que hizo la empresa y que está siendo evaluada por la Procuraduría General de la Nación.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/ordenan-a-anglogold-suspender-exploracion-en-reserva-central-2584085

Diez municipios en el suroeste del departamento le dijeron ‘no’ a la minería a través de acuerdos municipales. Este es el panorama y las razones que esgrimen.

Aunque se puede decir que la minería colombiana empezó en Antioquia y que sus más de 200 años de tradición extractiva le han dado al departamento una fortaleza económica e industrial que en otrora tuvo brillo propio, hoy esa no es un legado que quieran todos paisas, la muestra está en que en los últimos meses los concejos de diez municipios del suroeste antioqueño —Támesis, Jericó, Urrao, Titiribí, Jardín, Concordia, Betulia, Tarso, Salgar, Pueblorrico— dijeron no a la minería, después de que se supiera que hay varios títulos mineros que ponen en riesgo la alta vocación agrícola y ganadera de la subregión.

Todo empezó hace varios meses en Támesis y Jericó donde un grupo de “neocampesinos con arraigo ancestral a sus tierras” conformó un grupo al que nombraron Mesa técnica: custodios de flora y fauna en el paraíso del Suroeste de Antioquia, con el que buscaron blindar una región que aporta el 60 por ciento de la producción del café de Antioquia y el 16 por ciento de la cosecha nacional, lo que representó ingresos para el departamento mayores a los 7 billones de pesos en 2016.

El trabajo de la Mesa Técnica ha sido arduo, y busca proteger un terruño que nunca ha sido minero. Ahora, ese trabajo no ha caído del todo bien en la Gobernación de Antioquia, donde el gobernador Luis Pérez dijo que es entendible que las regiones que no tienen una vocación minera tan fuerte como el caso del nordeste o el bajo cauca, quieran continuar en sus labores ancestrales.

Dora Elena Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, le dijo a SEMANA que desde su despacho se apoya la minería bien hecha y que lo sucedido en el suroeste no deja de preocupar. “La minería es una de las actividades más tradicionales del departamento, por eso tenemos 1.400 títulos mineros. La vocación de la tierra de nosotros es minera en gran mayoría”. Y que si bien los acuerdos “son respetados” cada uno es revisado por la Oficina Jurídica de la Gobernación y que si es encontrado alguna anomalía se pasa al Tribunal Administrativo de Antioquia para su final revisión, de hecho, ya algunos están en ese trámite.

Ya el Tribunal se pronunció sobre el acuerdo firmado en Urrao, aduciendo que el Concejo no tenía facultades para determinar los usos del suelo y, además, aseguraron que se vulneraban “normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó, al no respetar los parámetros establecidos en norma legal, y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”.

En palabras de la secretaria Balvín, es la Nación la que tiene la potestad de definir el uso del subsuelo y que las alcaldías sólo pueden entrar a prohibir o modificar la minería a través de los Planes de Ordenamiento Territorial. “Me parece que se está malinformando a la comunidad, porque los pesticidas y la ganadería también arrasan con el medio ambiente. La deforestación que ha ocasionado el tema de la ganadería en la historia de Antioquia, es mucha. Aquí solo estamos satanizando la minería”.

Sin embargo, las objeciones del Tribunal no parecen muy convincentes, pues en el numeral noveno del artículo 313 de la Constitución se estipula que a los concejos municipales les compete “Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. Según el abogado Rodrigo Negrete, quien ha acompañado a las comunidades en su lucha por el territorio, en la sentencia T445 de 2016 la Corte Constitucional señalo que hay tres vías para levantar voz ante el avance minero: consultas populares, las disposiciones de los POT, y los acuerdos municipales en defensa del medio ambiente.

“Es muy raro porque el Tribunal Administrativo del Huila sí reconoció que los concejos tienen está facultad, pero en Antioquia no, lo que es muy diciente teniendo en cuenta que la Gobernación de Antioquia es autoridad minera. Es juez y parte. Es más, el Tribunal cita dos sentencias que han sido declaradas inexequibles. Al ver nsotros estamos anomalías decidimos demandar”, dijo Negrete.

El panorama no es del todo claro, pero de lo que no queda duda es de la posición de las comunidades, en este caso unas comunidades que nunca han ejercido la minería. La Gobernación de Antioquia, que adelante estudios tan revolucionarios como el Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola (POTA), deberá decidir de acuerdo a las vocaciones de cada región.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/la-mineria-tiembla-en-antioquia/551211

Luego de que en junio del presente año el Consejo Municipal de Jericó, en Antioquia, tomara la decisión de prohibir la minería en ese territorio, incluyendo el proyecto minero Quebradona de la Anglo Gold Ashanti, el Tribunal Superior de Antioquia dejó sin efecto esta declaratoria. Los defensores del ambiente y la población de Jericó manifestaron su rechazo ante esta decisión.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, manifestó que “el Tribunal Administrativo de Antioquia ha venido desconociendo la pretensión justa y legitima de los habitantes de esta zona del departamento desde hace varios años cuando se han tomado iniciativas para proteger el territorio y la vocación agrícola”.

Además, enfatizó en que el territorio está amenazado por las empresas mineras como Anglo Gold Ashanti que, en particular en Jericó, ha pretendido explotar un yacimiento de cobre, oro y plata. Sin embargo, no solo ha sido Jericó el único municipio que se ha opuesto “al modelo económico de desarrollo del país”. Jaramillo indicó que son 11 municipios de la región del sur este antioqueño “que hemos aprobado acuerdos para prohibir la minería”.

COMUNIDAD DE JERICÓ INSTALARÁ ACCIÓN DE TUTELA

Ante esta decisión, las comunidades van a presentar una acción de tutela ante el Consejo de Estado, donde demostrarán como “el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia ha violado el debido proceso”. Esto lo explican teniendo en cuenta que ha habido varias intervenciones al proceso que se ha adelantado en el Tribunal.

Esto quiere decir que el proceso de revisión “solamente tuvo en cuenta las intervenciones que están a favor de la invalidez del acuerdo”. Además, las intervenciones que hicieron los concejales de Jericó y la ciudadanía, “fueron casi en su totalidad desconocidas”.

También, argumentarán que es improcedente que el Tribunal Administrativo de Antioquia tome como sustento de sus argumentaciones el artículo 37 del código de minas “que fue declarado inexequible el año pasado por la Corte Constitucional”.

Los defensores del ambiente creen que es inadmisible que el mismo Tribunal “no tome en consideración la totalidad de la sentencia de la Corte, la 445, donde se dice que los municipios están facultados para prohibir la minería en sus territorios. Por esto, el acuerdo de Jericó tomó las medidas necesarias para defender el patrimonio ecológico y cultural del municipio, atendiendo lo estipulado en la Constitución.

Finalmente, Jaramillo enfatizó en que, tanto el Tribunal Superior de Antioquia como la Gobernación del mismo departamento “pretenden desviar la atención de la ciudadanía haciendo creer que nos estamos extra limitando y a través de ese acuerdo, estuviéramos ordenando el territorio, lo cual no es el caso”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/habitantes-de-jerico-tutelaran-derecho-a-prohibir-la-mineria-en-su-territorio-articulo-50105/

Un pequeño municipio ubicado en el centro del departamento de Chocó afronta una crisis humanitaria, por el uso de mercurio. Se trata de El Cantón de San Pablo, donde121 personas dieron positivo para presencia de mercurio en sus cuerpos, debido a la explotación  de oro en el río Quito, uno de los más devastados por la minería en el país.

El alcalde de El Cantón de San Pablo, Elkin Palacios, confirmó que el estudio fue hecho con la Agencia Nacional de Minería, cual detectó que 121 personas que tienen el metal pesado en sus cuerpos. El mercurio podría despertarles varios tipos de cáncer y malformaciones a los bebés.

Según otras instituciones como la Contraloria, en ese sector del río Quito hay al menos 128 retroexcavadoras, 46 dragas y 5 entables mineros explotando el oro con ayuda de mercurio. El alcalde Élkin Palacios advirtió que el municipio no tiene dinero para atender a las personas enfermas, por lo que pidió al Gobierno “dignarse” de elaborar un plan para descontaminar a los afectados, antes de que el cáncer aparezca.

Por su pequeño tamaño, El Cantón de San Pablo no está certificado para administrar recursos de la salud, por lo que estos dineros sólo pueden ser ejecutados por la secretaría de salud de Chocó. La titular de esta cartera, Yubely Minota, no atendió los llamados de LA FM para saber cómo intervendrá la gobernación para proteger a las personas contaminadas con mercurio.

El río Quito es considerado el afluente más devastado de Chocó por el uso de mercurio en la minería. El río desemboca en el Atrato, catalogado como un “sujeto de derechos”, por orden de la Corte Constitucinal.

Fuente:https://www.lafm.com.co/noticias/121-personas-contaminadas-con-mercurio-en-el-canton-de-san-pablo-choco/

 

Por extralimitación de funciones por parte de los concejales de Jericó al pretender prohibir la minería, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró sin validez el acuerdo del 8 de junio de este año, con el que los corporados del suroeste antioqueño pretendían salvaguardar los recursos naturales al frenar cualquier intención de adelantar minería en su territorio.

Frente a esta determinación el coordinador de la Mesa Ambiental, José Fernando Jaramillo, aseguró que interpondrán una tutela ante el Consejo de Estado para que se respete el debido proceso, porque asegura que el Tribunal no tuvo en cuenta los argumentos de los concejales y habría incurrido en irregularidades en su fallo.

El Tribunal ya había tomado la misma decisión respecto al acuerdo del Concejo de Urrao para prohibir la minería, por lo que los corporados de este municipio también interpusieron acciones legales. En Jericó avanza el estudio del Plan de Ordenamiento Territorial, para prohibir la explotación minera a través de este.

Fuente:https://www.bluradio.com/medellin/jerico-tambien-le-tumbaron-el-acuerdo-para-prohibir-explotacion-minera-163614

La Confederación Indígena Tayrona, en conjunto con representantes del Gobierno Nacional, instalaron, la mesa de concertación. Los indígenas le hicieron saber al Gobierno Nacional que los argumentos cosmogónicos sobre la defensa del territorios, no son negociables y deben estar incluidos en la deliberación sobre la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta.

De acuerdo con Leonor Zalabata, autoridad indígena e integrante de a Confederación Indígena Tayrona, la permanencia cultural de los pueblos indígenas ha sido el tema transversal en la construcción de las exigencias para que la Sierra Nevada sea un territorio libre de minería y proyectos industriales. Indicó que “liberar la Sierra de hidrocarburos, minería y mega proyectos, es el propósito de la movilización”.

Gobierno Nacional “desconoce propuestas de cosmogonía” de comunidades indígenas

Zalabata indicó que el Gobierno Nacional “dice mantener las consideraciones en las que se destaca la importancia de la Sierra Nevada de Santa Marta pero, sin hacer menciones especiales a la concepción que tienen los pueblos indígenas sobre el origen del mundo y otras cuestiones”. Esto, para las comunidades es un irrespeto hacia la cultura indígena debido a que esto discrimina “las minorías étnicas”.

Es decir que las autoridades gubernamentales, les han pedido a los indígenas que “eliminen del texto de propuestas la cosmogonía de las comunidades” para poder discutir simplemente aspectos jurídicos que relacionan la conservación de los territorios ancestrales. Esto para los arhuacos es “negar la diversidad cultural y el derecho a una cultura de un pueblo indígena”.

Otro aspecto que le ha generado confusión a los pueblos indígenas tiene que ver con las disposiciones del Gobierno que afirman “reconocen que las actividades no concertadas con los pueblos indígenas nativos en los territorios ancestrales de la línea negra, generan riesgos, impacto y afectación”. Según Zalabata, esta afirmación genera confusión en la medida que “se podría entender que las actividades consentidas por las comunidades no generan afectaciones”.

Mesa técnica no tuvo la presencia de funcionarios de alto nivel

Los indígenas han pedido en varias ocasiones que los funcionarios que representan al Gobierno Nacional, tengan poder de decisión al momento de establecer los acuerdos con el pueblo arhuaco. Sin embargo, Zalabata manifestó que esto no ha sucedido.

Los arhuacos recordaron que el Gobierno Nacional ha impuesto, por encima de los derechos de las comunidades, “el desarrollo de la minería”.  Por esto, le recordaron al Gobierno Nacional que la Sierra libre de minería no es algo que se vaya a negociar pues «la Sierra Nevada surte agua a más de 3 millones de personas y todo el ecosistema debe ser protegido».

Con las autoridades acordaron continuar con el desarrollo de un mecanismo jurídico que proteja los cerca de 17 mil km a la redonda que tiene «el macizo de la Sierra que es independiente de las demás cordilleras». Para continuar con los diálogos, se reunirán nuevamente en enero de 2018. Además, el próximo año continuará la movilización indígena para hacerle saber al presidente Santos que «la protección de la Sierra es su responsabilidad».

Fuente:http://www.contagioradio.com/arhuacos-no-negociaran-argumentos-culturales-para-defender-la-sierra-nevada-articulo-50016/