La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, decidió negarle el permiso a la Compañía Minera Ataco S.A.S, que pretendía explotar oro en el sector de Umbulú de la vereda Apone en Ataco, Tolima.

Fuente:http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/415103-niegan-licencia-ambiental-para-intervencion-minera-en-el-rio-saldana

El Alto Putumayo, entre los Andes y la Amazonía colombiana, ya no será la riqueza oculta del país, sino el filón de la minera Anglo American, de pésima reputación universal. Un video que se encuentra en #PorELAguaDelaAmazonia dirigido y lanzado por Luis Ernesto Gómez circuló por las redes como una ráfaga viral y con razón: allí nos narran en simples y dolorosas imágenes y textos lo que puede suceder con ese piedemonte extraordinario en manos de Mocoa Ventures, la hija putativa de Anglo American. Es tan impactante la “noticia” que en pocos días El Espectador (https://bit.ly/2jOnjNJ) y otros periódicos habían ya sacado artículos de peso, lo que no es usual para las cotidianas “amenazas mineras” al agua, las plantas, la fauna, los campesinos y los indígenas.

Menos mal puedo escribir, porque la indignación me deja mudo. El cuento está bien registrado en los medios nacionales, así que remito a los lectores a darle una mirada a la prensa en los pasados días 10 y 11 de mayo. Allí encontraremos la historia de siempre, en resumen: de llevarse a cabo la explotación del área, que viene siendo postergada —y que tiene vía libre por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales urdida por el patriota Álvaro Uribe—, ponemos en extremo riesgo 25.000 hectáreas de bosque tropical húmedo. Aquí nacen los ríos que abastecen a las comunidades de Mocoa y aledañas, aquí la biodiversidad del piedemonte es una riqueza —esa sí, incalculable—, sin hablar de los tesoros de la cultura tradicional que han sobrevivido resguardados en las cuencas. Como en las aterradoras historietas infantiles, esta zona hará ¡puf! si la dejamos explotar por los vampiros.

Lo grave no es que sean ingleses o norteamericanos los que explotan los eldorados nacionales, sino que seamos nosotros, colombianos, los que les hayamos otorgado los permisos. La historia vergonzosa de siempre: las poderosas multinacionales hacen lobby para penetrar “en el mercado”, las élites criollas centralistas se engolosinan con sus cuotas partes y abren la puerta con abyección neoliberal y: siga usted sir, yes, sir. Las regalías se esfuman en otro ¡puf! de magia, y perdemos el agua, feriamos los bosques y sus plantas, matamos a los taitas de tristeza, y obligamos a las comunidades ancestrales a que se sumen a la franja sombría de los parias en los cinturones urbanos de miseria. La comunidad del Alto Putumayo se está organizando como puede para procurar que la vida y el agua tengan prioridad sobre el oro, el platino, el molibdeno… pero requiere el apoyo de cada colombiano, porque el desastre podría ser peor a largo plazo que el de las avalanchas de Mocoa (que no están desligadas de la exploración y explotación minera).

Y hablando de política, revisando con reticencia los programas de gobierno de los candidatos sobre el tema extractivista, con la esperanza de que la impotencia no nos devore, solamente encontré en uno de ellos, Gustavo Petro, posturas decididas y coherentes, sin maquillaje verde. Es el único que dice francamente y con la vehemencia que requiere el caso: no al fracking; no más minería de carbón; habrá adjudicación de recursos para que las comunidades de mineros ilegales tengan alternativas que no sean las amenazas de la mafia o las del hambre; y no a la minería de oro a cielo abierto. La cosa es delicada, las opciones muy arduas, pero finalmente habrá que decidirse por el agua.

Fuente:https://www.elespectador.com/opinion/el-lamentable-puf-del-alto-putumayo-columna-755703

Después de que el año pasado varios concejos municipales en el suroeste de Antioquia prohibieron el uso del territorio para la minería, el Tribunal de Antioquia falló en contra de dichos acuerdos —caso que ahora es revisado por el Consejo de Estado. Anglo Gold Ashanti ha recomenzado sus exploraciones.

El municipio deberá garantizar publicidad de argumentos a favor y en contra antes de las votaciones.

Después de analizar los argumentos de la Alcaldía el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió declarar constitucional la consulta convocada por la alcaldía de Cogua, previa aprobación del Concejo Municipal.

El tribunal advierte que a partir de que quede ejecutoriado este fallo y hasta la fecha de realización de las votaciones de la consulta, la Alcaldía de Cogua deberá garantizar la publicidad de todos los documentos, estudios y soportes que justifican la convocatoria a la consulta.

De igual manera ordena que se garantice la divulgación a través de los medios masivos los argumentos a favor y en contra de la consulta.

El Tribunal da instrucciones sobre la periodicidad de los mensajes que se deberán transmitir por radio, prensa y televisión.

En mayo del 2017, la alcaldía de Cogua inició el trámite para la aprobación de la realización de la consulta en el Concejo Municipal.

Lo que busca el gobierno de Cogua es blindar a esa población de la aprobación de nuevos polígonos para la explotación de gravilla y arena, que se utilizan como material de construcción en la Sabana.

Específicamente se trata de los polígonos identificados como 12 y 13 para los que algunos privados estaban solicitando licencias ambientales y permisos de explotación. Ese terreno fue incluido en las zonas compatibles con explotación minera en la sabana mediante resolución 2001 del 2016 del Ministerio de Ambiente.

Fuente:http://www.eltiempo.com/bogota/tribunal-declaro-constitucional-consulta-sobre-mineria-en-cogua-216448

En cualquier momento, la Sociedad Mocoa Ventures Ltda. puede iniciar la explotación de oro, platino, zinc, molibdeno, plata y otros metales en el corredor biológico donde nacen el río Putumayo y otros que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonia.

En 2010 y 2011, el departamento del Putumayo fue escenario de una serie de protestas por parte de ciudadanos y comunidades campesinas e indígenas, que reclamaban el derecho al territorio, expoliado por la avanzada de la exploración y explotación petrolera y de otros recursos naturales, y la consecuente violación de sus derechos culturales: a la autonomía, a la libre determinación, a la vida y a la supervivencia como pueblos, y al consentimiento previo e informado. Siete años después, esas voces vuelven a escucharse ante la posibilidad de que la Sociedad Mocoa Ventures Ltda. active los trabajos de megaminería en la región.

La historia es así: en 2007 y 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, a la compañía Anglo American, que luego cedió sus derechos a Mocoa Ventures, se le otorgaron concesiones por 30 años para adelantar trabajos de búsqueda y explotación de oro, platino, zinc, molibdeno, plata y otros metales asociados, en el corredor biológico del Alto Putumayo, lugar donde nacen los ríos Putumayo, Mocoa, San José, Blanco, Pepino, Mulato y Guineo, que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonia colombiana y que alimentan los acueductos de Mocoa y Villagarzón.

Desde ese entonces, la empresa solo ha adelantado trabajos de exploración y, por solicitud propia, ha mantenido suspendida la explotación. Sin embargo, el pasado 25 de abril se venció el último plazo de suspensión temporal de obligaciones otorgado por la Agencia Nacional de Minería, después de varios concedidos, lo que significa que en cualquier momento puede iniciar sus labores de explotación en este sector de la cordillera de los Andes.

En los documentos de la Agencia Nacional de Minería se determina que Anglo Gold Ashanti, filial de Anglo American, le hizo cesión de derechos para dichos proyectos a Mocoa Ventures Ltda., cuyo representante legal es Stephen John Jensen. Son cinco los títulos aprobados ubicados en los municipios de San Francisco y Mocoa, en un área de 25 mil hectáreas, que involucran a diferentes etnias de la zona: inga (Condagua), kamsá (Sibundoy), yanacona (Anamú y YashayWasy), pastos (Gran Putumayo y San José del Pepino) y siona (Jai ZiayaBain). Asimismo, según denuncias de la comunidad, los permisos que otorgó en su momento Corpoamazonia fueron “exprés” y se entregaron en solo 15 días.

Lo cierto es que, si se inicia la explotación, esas 25 mil hectáreas afectadas involucran bosque tropical húmedo y se pondría en riesgo a campesinos, comunidades indígenas y a más de 1.000 especies de fauna y 384 de flora. Para rematar, no ha habido consulta previa, como lo señala Iaku Sigindioy, del pueblo kamsá en el Valle del Sibundoy: “Las comunidades tienen temor y es que, de darse el inicio de esos trabajos, se estaría vulnerando su derecho a la misma existencia. Directamente se va a contaminar y envenenar el agua potable. Lo que hizo el Gobierno fue conceder las licencias y, cuando ya la empresa está en el terreno, es que empiezan a hacer un acercamiento. Nunca hubo consulta”.

Incluso las denuncias van más allá, pues apuntan a que en el momento de entregar las autorizaciones y para eludir la mencionada consulta previa, desde el mismo Gobierno se negó la presencia de comunidades étnicas en el polígono de influencia de la explotación minera, pues en ese entonces no estaban conformados oficial y legalmente los resguardos indígenas involucrados. “El Valle del Sibundoy es un reservorio de agua del que toma las corrientes en su punto de inicio el río Putumayo. La preocupación es que bajo presiones y engaños se ha tratado de minimizar el tema del impacto ambiental. No se analiza, ni se consulta, ni se informa a las comunidades, sino que los títulos se conceden y ya”, agregó Sigindioy.

La próxima semana habrá una reunión en la que varias organizaciones ambientales y consultorios jurídicos comenzarán a definir una ruta a seguir para frenar ese proceso de explotación minera en el Alto Putumayo. “Va a haber una tragedia ambiental y social. Mocoa Ventures puede empezar a talar árboles y a remover la capa vegetal, alterando y contaminando los cauces. El agua que baja de las montañas de la cordillera de los Andes se llenará de cianuro y mercurio, que terminará llegando al río Amazonas. Tenemos que unirnos para impedirlo”, dice Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior, quien estuvo recientemente en la zona y se ha dado a la tarea de liderar la oposición al proyecto.

También el representante a la Cámara electo por Putumayo, Carlos Ardila, ha dialogado con las comunidades afectadas: “Colombia entera debe enterarse de lo que está pasando con esta riqueza natural. Toda la cuenca amazónica depende del agua pura que baja de esas montañas”, indicó. De hecho, ya hay una causa ciudadana para que la gente se exprese en defensa de la protección ambiental del Putumayo, que tiene la etiqueta #PorElAguaDeLaAmazonia.

El Espectador trató de contactar a los voceros de Mocoa Ventures para conocer su posición, pero no fue posible obtener respuesta. Según dijo Iaku Sigindioy, la empresa no ha propiciado acercamientos y aunque hay quienes dicen que tiene sus temores de seguir adelante con su proyecto por el rechazo de la comunidad, no se entiende que haya adelantado todo el proceso administrativo de hacer las solicitudes de las licencias y la misma suspensión de términos de la explotación varias veces, sin contar con el consentimiento de las comunidades.

Los habitantes del corregimiento Palo Cabildo, en Jericó, Antioquia, denunciaron que el pasado lunes 7 de mayo, mientras campesinos se movilizaban en contra de la presencia de una comitiva de la multinacional AngloGold Ashanti, integrantes de la Fuerza Pública, específicamente del GOES, arremetieron hacia las personas que se movilizaban, amenazándolos e intimidandolos con capturarlos.

De acuerdo con Fernando Jaramillo, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, los campesinos venían marchando, luego de haber logrado que el grupo de personas de la multinacional se retiraran del territorio, minutos después abría aparecido el GOES en actitud agresiva y fuertemente armados.

Jaramillo afirmó que la delegación se habría retirado del lugar porque “desde hace aproximadamente 5 años, la empresa AngloGold Ashanti y los campesinos de Palo Cabildo, llegaron al acuerdo de que la empresa no iba a transitar por ese corregimiento, porque cerca de él, está la zona de exploración” que la multinacional ha buscado explotar cobre.

Los habitantes de Jericó no quieren actividades extractivas en su territorio

Los habitantes han rechazado la presencia de esta multinacional y la explotación de cobre en el territorio, porque afirman que de hacerlo se contaminarían las fuentes de agua y los acueductos municipales no solo de este corregimiento, sino también de algunos aledaños como Támesis.

El año pasado, la comunidad había interpuesto una tutela en el Consejo de Estado contra el Tribunal Administrativo de Antioquia que frenó una medida del Consejo Municipal de Jericó en donde se prohibía la minería en el territorio.

Jaramillo, afirmó que faltan pocos días para que se conozca el fallo del Consejo de Estado sobre este tema, sin embargo, manifestó que esa tutela es producto de la “voluntad popular que se manifiesta en un rechazo activo a la presencia de las multinacionales y a la pretensión del gobierno Nacional de disponer el territorio que es agropecuario como uno minero”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/habitantes-denuncian-intimidaciones-por-parte-de-fuerza-publica-en-jerico-antioquia-articulo-53246/

En Salento (Quindío), esperaban que para el 15 julio de este año se realizara la consulta popular minera, tal como lo avaló el Tribunal Administrativo del departamento en abril pasado. La fecha se definió por decreto de la Alcaldía municipal, pero el Gobierno departamental y ambientalistas de la región aseguran que los recursos económicos no están garantizados para cumplir con el fallo.

Esta no es la primera vez que en el Quindío se promueven consultas de este tipo, pues en Pijao los ciudadanos le dijeron “No” a la minería en julio del año pasado.

Para el caso de Salento los ciudadanos responderán a la pregunta: «¿Está usted de acuerdo sí o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?»

Según el secretario de Gobierno de Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, desde la Gobernación gestionará una acción de cumplimiento para exigir la realización de la consulta, como se concluyó en la más reciente reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral.

“Estamos prestos en la parte jurídica y logística para acompañar las consultas populares de los municipios de Salento y Córdoba, pero hay una coyuntura y es la disposición de los dineros que el Ministerio de Hacienda debe suministrar a la Registraduría Nacional y Departamental para llevar a cabo la consulta. No hemos mencionado fechas hasta tener claridad de los recursos para la consulta”, explicó el funcionario.

Sin embargo, para los ambientalistas, lograr la consulta era una batalla ganada en medio de la lucha por preservar su territorio, pero ahora consideran incierto que se pueda realizar.

Jaime Hernán Arias vive en este municipio, es director de la Fundación Bahareque y uno de los líderes de ‘Salento Mesa Ciudadana’, una organización que desde hace cuatro años trabaja en objetivos comunes, como defender y preservar el Valle del Cocora.

La preocupación de la comunidad radica en que los títulos mineros otorgados en Salento comprenden áreas protegidas en proyectos de explotación como La Colosa, de la multinacional Anglo Gold Ashanti.

Según Arias, se necesita apoyo del Gobierno para la financiación de esta consulta, que de acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno del Quindío, valdría alrededor de 30 millones de pesos, sin contar con los gastos que implica el proceso logístico para realizarla.

Los ambientalistas dicen que hay cierta inseguridad jurídica en cuanto a la financiación de las consultas populares en el país. No obstante, el Gobierno dice que la competencia es de los municipios, y en los municipios responden que no se tienen estos recursos.

“La fecha de la consulta no se cumplirá, entonces emprenderemos un proceso de lucha ciudadana para que se logre”, manifestó Jaime Arias.

Salento entre el turismo y la naturaleza

El municipio de Salento está ubicado a 1.895 metros sobre el nivel del mar, es reconocido por su biodiversidad y turismo. Sus calles conservan la arquitectura de la colonización antioqueña en bahareque, con los colores y balcones tradicionales del Eje Cafetero.

Es llamado el ‘Padre del Quindío’ por ser el municipio más antiguo del departamento. Uno de sus valores más preciados es el Valle del Cocora, reconocido por ser la cuna de la palma de cera, el árbol nacional de Colombia.

Néstor Ocampo, director de la Fundación Ecológico Cosmos de Calarcá, asegura que la explotación minera en el socavón La Morena en la parte alta de Salento, cerca a la cordillera, puede afectar el suministro de agua para el 62 por ciento de la población del departamento, en los municipios de Armenia, Circasia y La Tebaida.

“En Quindío las multinacionales extraen oro, plata, platino, molibdeno, zinc, cobre, ferroníquel, y hay un proyecto para la extracción de esmeraldas en límites entre Calarcá y Salento. En las regiones donde hay minería está comprobado que hay más pobreza, violencia y daños ambientales”, indicó Ocampo.

Salento y los demás municipios del país que tienen pendientes consultas para frenar la minería esperan que desde el Gobierno Nacional tengan garantías para que el pueblo, por vía democrática, pueda decidir qué se hace y qué no en sus territorios, tal cual sucedió en el municipio de Cajamarca (Tolima) el 25 de marzo del año pasado, donde a través de una consulta de este tipo, se frenó la explotación minera en la mina La Colosa.

Fuente:https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/cual-futuro-de-la-consulta-minera-de-salento-quindio

8 may. CI.- Los cuatro pueblos ancestrales que habitan dentro de Línea Negra (área de protección de la Sierra Nevada) han venido siendo afectados cultural y ambientalmente por la minería. Ellos denuncian la falta de garantías de consultas previas y la vulneración y afectación de los derechos de autonomía y Gobierno sobre el territorio.

Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos luchan por la reivindicación de lo que se les ha conferido en las resoluciones de 1973 y 1995 a través de la Sentencia T849-14 de la Corte Constitucional, en la que declaran el territorio de la Línea Negra como “Una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas, por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos, no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una vulneración de los derechos de la comunidad”.

Sin embargo, esta Sentencia no ha impedido la proliferación de megaproyectos extractivistas y de infraestructura sobre territorios pertenecientes a la Línea Negra. Durante un proceso de verificación con la Agencia Nacional de Minería realizado en el 2017, se evidenció la existencia de 132 títulos mineros activos y 395 solicitudes de la misma naturaleza que podrían afectar hasta 300 fuentes hídricas.

“Hemos visto que la minería no respeta zonas de especial protección, espacios sagrados, asentamientos humanos, glaciares, nacientes de agua, cabeceras de cuencas ni ecosistemas frágiles. La actividad minera es de alto efecto negativo, quien diga no tiene impactos ambientales está mintiendo”, escribió El Concejo Territorial de Cabildos de la Sierra a la Procuraduría General de la Nación en septiembre del año pasado.

Las luchas y resistencias de quienes habitan este territorio ancestral aún son por el reconocimiento de los indígenas como autoridades ambientales que regulan sus propias maneras de proceder, incluyendo la toma de decisiones de lo que acontezca en el territorio. La conservación de la biodiversidad y la protección de 1.600.000 hectáreas contra cualquier tipo de intervención extractivista es su misión. Además, luchan por salvaguardar los grupos étnicos que son víctimas de desplazamiento forzado y la ampliación de resguardos indígenas.

Todo ello se ha visto materializado en pleitos jurídicos desatados durante la última década que entre procesos de tutelas y fallos buscan proteger y resistir a favor de los derechos fundamentales de esos cuatro pueblos indígenas. Ejemplo de ello es el proceso que desató el pueblo Arhuaco durante siete años para impedir la exploración petrolífera que proyectaba realizar la empresa canadiense Energy Co en la Sierra Nevada de Santa Marta y que finalizó en marzo de este año a favor de los indígenas.

En el 2017, el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta falló tutela a favor de los cuatro pueblos. La Sociedad Farallones S.A.S pretendía construir una edificación sobre un sitio sagrado identificado por las comunidades como Jate Matuina que desemboca del Río Gaira y hace parte de la Línea Negra.

Sin embargo, y a pesar de la férrea oposición a los usurpadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Gobierno Nacional sigue siendo negligente a la hora de garantizar la protección de fuente hídricas. Se conoce del funcionamiento de cinco minas ilegales de oro en los ríos Naranjales, San Salvador y Río Negro, con daños al agua, aire y suelo por vertimiento de mercurio, cianuro y otros químicos concentrados.

Para los indígenas, contaminar el Río San Salvador es acabar con la “madre vieja”, lo que significa acabar con la madre de los alimentos. Este está ubicado dentro del cerro sagrado de la fertilidad y la procreación Ukumeizhi y sus aguas desembocan en otros sitios sagrados. Ello es un ejemplo del panorama general que se presenta con los megaproyectos mineros que buscan usurpar territorios ancestrales.

¿Cómo sigue esta lucha?

En noviembre del año pasado se convocó a una minga de protesta en Valledupar (Cesar) donde participaron 2.000 personas de esos cuatro pueblos indígenas.

“Nunca nos habíamos expresado públicamente. Este es un acto pacífico en el que solo tuvimos la palabra como herramienta. Llegamos aquí porque nos preocupan los megaproyectos, las hidroeléctricas, represas, minería e infraestructura que tienen programados para nuestro territorio y que podrían generar en un desequilibrio sin control a futuro”, comentó la economista del pueblo Arhuaco Saday Rosado.

Días después el Gobierno Nacional tomó la decisión de congelar temporalmente 585.000 hectáreas, que se suman a las 383.000 hectáreas que ya están protegidas como Parque Nacional Natural en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, el propósito y el punto álgido es que en total se protejan las cerca de 1.600.000 hectáreas reconocidas por la Corte Constitucional. Este total es lo que conforma la Línea Negra, abarcando 17 municipios y un distrito en los Departamentos Magdalena, Cesar y La Guajira.

El gabinete nacional expresó que estas hectáreas son un primer paso para que este territorio esté libre de minería. Actualmente la Procuraduría estudia la asignación de la Sierra Nevada como sujeto de derechos, condición similar a la otorgada al Río Atrato.

Mientras tanto se siguen organizando líderes de distintas organizaciones sociales, campesinos y miembros de los pueblos indígenas para oponerse a la minería.

Este 3 de mayo se reunieron en Valledupar preocupados por la explotación minero-energética de los recursos naturales del subsuelo de la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante el uso de técnicas no convencionales como el fracking. Decidieron concertar pedagogías y asesorías jurídicas para reunir propuestas hacia un Cabildo Abierto.

“Decimos no al fracking porque defendemos la vida. Tenemos completamente la certeza de que arrancar de la tierra sus recursos de esta forma destruye el planeta y lo envenena. Decimos no a esta técnica porque es la única manera de garantizarle un futuro a nuestros hijos en el planeta. Y le pedimos a las autoridades locales y regionales que eviten que el fracking llegue a la Sierra Nevada de Santa Marta”, dijo Lenín Fernández, líder social que hizo parte de la reunión fracking.

Fuente:www.colombiainforma.info/pueblos-indigenas-de-la-sierra-nevada-resisten-a-la-mineria/