La decisión de la Corte Constitucional el pasado jueves de declarar que las consultas populares no podrán tener efectos vinculantes sobre las actividades extractivas (mineras y petroleras), ha generado una agria polémica entre ambientalistas, ciudadanos de los pueblos que han realizado las votaciones, juristas y empresarios.
En redes sociales, sectores políticos adeptos a la defensa medioambiental y de los mecanismos de participación democrática condenaron el fallo asegurando que retrocede al país en términos de derechos colectivos.
“Despótica la decisión de la Corte Constitucional de frenar la autodeterminación democrática de los territorios a definir nuestra vocación y a detener proyectos nefastos. Tiempos difíciles para el activismo ambiental, hora de exigir al Congreso resultados en defensa de la vida”, escribió en Twitter Rodrigo Toro, exconcejal de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, por la Alianza Verde.
“¿Qué pasa con la Corte Constitucional? ¿Cómo puede quitar la esencia del derecho ciudadano a decidir sobre su territorio? ¿Dónde quedan los principios constitucionales de participación y decisión popular? La Sentencia de la Corte Constitucional anula la fuerza del ciudadano. Horror”, opinó por su parte Lilia Avella, edilesa de Engativá.
No obstante, también hubo sectores que celebraron la decisión, considerándola como benéfica frente “estrechos intereses regionales, como consideró Jorge Restrepo, director del CERAC: “La decisión de la Corte Constitucional defiende el interés público por encima de estrechos intereses regionales. Buena noticia para la economía colombiana, para todos”.
¿Está sentenciado el tema a favor de mineros?
En su fallo, la Corte Constitucional invita al Congreso a deliberar sobre la cuestión de las actividades de explotación de subsuelo, al afirmar que falta mucho terreno jurídico por aclarar, en concreto para satisfacer las necesidades de las comunidades locales. Pero ¿es ya un hecho que las consultas mineras serán algo del pasado?
Kienyke.com consultó con expertos. Para Adriana Martínez, presidenta del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, la sentencia es un avance y un precedente crucial.
“Es muy importante aun cuando se produce en un fallo de tutela se le da alcance de sentencia y por ende se puede aplicar de manera uniforme. Esta sentencia es interesante porque vuelve a equilibrar un poco las cargas frente a la sentencia C214 de 2013. En ella se niega una anterior fallo al argumentar que no considera la legislación existente. El señalamiento de los usos del suelo no tiene en cuenta prohibirlos ni controlarlos mediante consulta”, dijo.
“Se acaba la inseguridad jurídica y si se otorgan las concesiones no podrán después de un plumazo frenar proyectos tan cuantiosos. Esa sentencia se vuelve un precedente y una claridad al establecer un norte”, argumentó.
El economista y abogado José Roberto Acosta, docente de la Universidad del Rosario y uno de los principales críticos de la decisión, afirmó que este retroceso no sentencia el debate, sino que por el contrario lo fortalece. “Los derechos colectivos siempre toca defenderlos, por lo que se permanece en una dinámica de lucha por parte de los individuos. Esta vez primaron los intereses privados, pero no es un caso cerrado porque hay otros pronunciamientos de la Corte que previamente dieron la razón a las comunidades. Esto no es un mecanismo de cierre sino un nuevo escenario de debate público para intentar ponerle tatequieto a los intereses privados”, dijo.
¿Qué sigue?
La abogada Martínez, quien representa y apoya los intereses de las mineras y petroleras, recalcó que la Corte “hace unos exhortos al Congreso porque sí dice que no hay mecanismos idóneos para ejercer mecanismos de coordinación entre los municipios y el Estado en materia de los contratos mineros. Los jueces nos dicen ‘los obligo a que lleguen a acuerdos’. Esto hay que viabilizarlo teniendo en cuenta los derechos de las comunidades locales”.
Esto implica que se tendrá que concertar, y de ninguna forma las firmas que explotan el subsuelo tendrán vía libre para pasar por encima de los requerimientos de las comunidades.
De hecho, como argumenta José Roberto Acosta, con la sentencia se abre un espacio para vías de hecho que podrían amenazar la convivencia en las zonas preocupadas ante la actividad extractiva: “En la Constitución se habla de un Estado Social de Derecho, por lo que se debe dar prioridad a los derechos colectivos, algo que no hizo la Corte. Rompe una vía de participación que generaba una dialéctica social de conciliación, de consenso e induce a que la dialéctica ahora sea agresiva contra las multinacionales que explotan el subsuelo”.
En redes sociales, similar opinión expresó Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario:
“Desde 2013, hemos registrado 9 consultas mineras. En todas, el numero de votos pasó el umbral. En un país con poca participación en el que las consultas suelen caerse, eso muestra que existe mucha preocupación en las comunidades. Frente a esta preocupación, las empresas del sector no han sido capaces, con todos los recursos que tienen, de convencer a estas comunidades que es posible hacer minería responsable y que beneficie a la comunidad local. Es un gran fracaso para ellas”, explicó.
“Ahora, la decisión de la Corte viene a romper el termómetro, pero no baja la temperatura, al contrario, podría empeorar el problema por dos razones. En primer lugar porque las mineras ya no tendrán tanta presión para dialogar con las comunidades locales. El apoyo de las instituciones centrales les puede dar una falsa sensación de seguridad, cuando sabemos la dificultad de estas instituciones a aterrizar en lo local. En segundo lugar, porque existe el riesgo de que la inconformidad local se manifieste por medios menos institucionales y vías de hecho”, agregó.
El experto concluyó que, en ese orden de ideas, lo que sigue en el mediano plazo es “encontrar una nueva ruta institucional de diálogos entre la población y las mineras”, algo en su opinión de carácter urgente.
Fuente:https://www.kienyke.com/politica/consultas-mineras-corte-constitucional-reacciones
Los ambientalistas del departamento del Tolima se mostraron sorprendidos y hasta ‘preocupados’ luego que la Corte Constitucional resolviera una tutela a favor de la multinacional Mansarovar Energy, la cual pedía se tumbara una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, que permitió que siguiera adelante una consulta popular que terminó frenando la extracción de petróleo en 
Con tristeza, el Comité de la Consulta Popular contra la minería en Córdoba recibió la noticia del fallo de la Corte Constitucional que «inhabilita» las consultas para prohibir la minería en los territorios.
La Corte Constitucional determinó que las consultas populares no pueden frenar proyectos de minería extractiva en donde se realizan porque el subsuelo es propiedad del Estado, decisión que no afecta a las que ya se hicieron.
La multinacional minera Minesa, suspendió sus operaciones en el municipio de California, en Santander, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, la cual asegura se está viendo afectada por alteraciones de orden público en áreas cercanas al proyecto de extracción de oro ‘Soto Norte’, por cuenta de una protesta que adelantan habitantes de esta localidad, ubicada en inmediaciones del páramo de Santurbán.
Las comunidades en San Lorenzo continúan adelantando procesos para expresar su rechazo a la llegada de multinacionales mineras. Los poblares se preparan para participar de la consulta popular minera que se llevará a cabo en noviembre de este año.
Llegaron desde todos los rincones de Colombia. A eso de las 12:30 del mediodía del 2 de octubre, 47 campesinos, vestidos con cascos amarillos y camisetas que decían “Anglo Gold Ashanti”, rodearon con una cinta amarilla la cara del Palacio de Justicia que da a la Plaza Bolívar.
Habla Francia Márquez (36 años), la mujer que ha puesto en jaque laminería ilegal de Colombia, y es como si lo hiciera un personaje deLas venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Esta joven afrocolombiana, descendiente de personas esclavizadas, es la ganadora del premio Goldman 2018, prestigioso galardón que reconoce a los defensores de la Naturaleza. En un encuentro con periodistas, denuncia el asedio a las comunidades del suroeste de Colombia que se resisten a la presión minera. Resumimos sus palabras.
La Misión de Observación Electoral (MOE), denunció un posible ‘mico’ que se habría metido a última hora en el presupuesto general de la Nación. Se trata de un artículo que dictaminaría que las consultas populares serán financiadas por los municipios y departamentos y no por el Gobierno y la Registraduría, hecho que para la MOE, podría acabar con este mecanismo democrático.