De poseedora de un territorio ancestral a ser considerada objetivo militar. La activista afrocolombiana Francia Márquez (Suárez, Colombia, 1981) nunca imaginó que defender el río en el que pescaba de pequeña le obligaría a huir de su casa para no volver nunca más. “En Colombia defender el territorio se paga con la vida”, señala a su paso por Bilbao dentro de una gira por toda Europa como referente internacional. En abril, recibió el Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental, por plantar cara a la minería ilegal y a la construcción de represas en su país. “Mi voz ya se oye por todo el mundo. Pero mi vida y la de mi comunidad siguen en peligro: presionen a sus empresas para que no saqueen más Colombia”.

Eran tan ingenuos los recuerdos de infancia en ese río que no comprendía por qué se los querían quitar. El Gobierno colombiano había proyectado desplazar el río hacia una presa. Márquez tenía 15 años y decidió unirse a las protestas. “Hasta ese momento sentía vergüenza por ser negra, por vivir en un entorno rural y descender de esclavos”. Comenzó a participar en las primeras charlas de una organización de comunidades negras en defensa de su cultura y territorios. Y cayó en la cuenta de que el color de su piel no era motivo de complejos. “Procedía de personas libres que fueron esclavizadas, que es muy distinto de lo que me habían contado en la escuela”. Y el río Ovejas pertenecía a esos mismos antepasados. Las protestas mantuvieron vivo el río.

El Gobierno entregó después en 2009 una licencia de explotación minera a una empresa trasnacional que obligaba a desplazar a las 6.000 personas que conformaban su comunidad. A sus recuerdos de pesca en el río Ovejas, ahora se le unían los de todos sus ancestros, familiares y vecinos. “Comenzamos a estudiar las leyes, a contactar con abogados, a recorrer Estados Unidos en busca de aliados”, relata Márquez con un acento cantarín, dos grandes ojos negros y el pelo lleno de trenzas. “En nombre del desarrollo nos esclavizaron y ahora en nombre del desarrollo nos expulsaban de nuestras tierras», dice.

Y consiguieron plantar cara a la multinacional: documentaron que la primera presencia de la comunidad databa de 1636 y que la Constitución reconocía el derecho de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes sobre sus territorios. Presentaron así una demanda contra el Gobierno “por violar sus derechos fundamentales”.

Al año, les daban la razón. Ordenaron que se respetaran los títulos de tierra, se paralizaran los desplazamientos y se realizara una consulta previa para otorgar nuevas licencias de explotación minera. Sus recuerdos quedaban salvados, la comunidad fortalecida y ella fue nombrada máxima autoridad local.

El río Ovejas seguía atravesando La Toma, en el departamento de Cauca. Sin embargo, la minería ilegal comenzaba a sitiar la región con maquinaria pesada. “En 2010 llegaron las primeras retroexcavadoras y con ellas las primeras enfermedades por el aumento de los niveles de mercurio en el agua”. Estima que los mineros de oro ilegales vierten más de 30 toneladas de mercurio en los ríos y lagos de la región al año, envenenando a los peces y la gente que habita sus orillas.

En los siguientes cuatro años más de 2.000 máquinas perforarían el río en busca de oro. La guerrilla y los paramilitares también se habían fijado en el valor de los recursos que bañaba el río Ovejas. “Tocaba actuar antes de que nos mataran las balas o el mercurio”.

Márquez volvió a repasar las leyes y a consultar a organizaciones internacionales. Hasta que de nuevo, decidió actuar. En 2014 inició junto a otras 18 mujeres la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales”, rebautizada después como la “Marcha de los Turbantes”. Caminaron desde su territorio hasta la capital y visitaron por el camino a otras comunidades amenazadas. En 10 días recorrieron 350 kilómetros y llegaron a Bogotá con el apoyo total de 150 mujeres. “Nos recibían las instituciones pero nadie mostraba un compromiso real por cambiar nuestra situación”. Así que decidieron acampar en “asamblea permanente” frente al Ministerio de Interior y la Presidencia del Estado.

El Gobierno les acusó de “amenaza contra la seguridad nacional”. Pero ya nadie se atrevía a tocarlas. Los medios nacionales e internacionales seguían al detalle su marcha y sus protestas. Al Gobierno no le quedó otra que sentarse y dialogar. “Así mandaron destruir toda la maquinaría que perforaba la región y hacerlo de manera pública”. En 2015 recibió el Premio Nacional como Defensora del Año de Colombia y fue invitada a participar en el proceso de paz que se desarrollaba en La Habana.

A pesar de toda su trayectoria de lucha, la voz de Márquez no transmite euforia. Desde que su nombre apareciera en la firma de la denuncia contra el Gobierno en 2010, no ha dejado de recibir amenazas. “Al principio, lo ignoras. Después, te incomodas. Hasta que un día te avisan de que tienes que salir corriendo porque hay hombres con armas preguntando por tu casa”. Y así vive ahora: luchando por la defensa de un territorio al que no puede regresar.

El pasado mes de abril recibió en París el Nobel del medioambiente, el Goldman Environmental Prize 2018. Pero conoce el desenlace de otras mujeres que recibieron el mismo premio en reconocimiento a los mismos méritos. “Berta Cáceres también lo recibió. Ahora está muerta. Aquí no hay premio que te ponga a salvo”. Durante los días que ha visitado Bilbao ha participado en el Curso Internacional sobre Economía Popular que imparte la ONGD Paz con Dignidad. “Los privilegios de Europa se sostienen en los saqueos a otros países. Os pedimos que pongáis vuestro desarrollo al servicio de la vida de nuestras comunidades. Nos están matando, es un genocidio”, denunció.

En breve saldrá hacia Barcelona y después continuará de gira por Europa hasta regresar a su nueva casa donde seguirá luchando por la defensa del río Ovejas, el mismo en el que pescaba de pequeña junto a su madre y al que nunca más podrá regresar.

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño de la República de Colombia se pronunciarían, por Sí o No, a la explotación minera en su territorio. La consulta se realiza, pese a lo decidido por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el Ministerio de Hacienda y el órgano electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

San Lorenzo es un municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú. El agua que brota de las montañas provee a acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, sino también beneficia a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La producción del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca el cultivo de café de alta calidad, frutales, diversos alimentos y desarrollo de pequeña ganadería.

En el año 2008, sin consultar a las comunidades, se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia la exploración de los proyectos mineros la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo, y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda. Al poco tiempo, los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales y sociales, como la violencia, que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional. Este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuar creando conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales. A pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros para tratar sobre la implicancia de la minería en ámbitos locales, regionales y departamentales. Es precisamente en el foro de “Agua y minería”, realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño), que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

De inmediato, se inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad para su realización. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, la Registraduría Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales. La decisión de la Corte Constitucional fue que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como el Consejo Nacional Electoral exige acatar la determinación de la Corte y ordena suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el poder legislativo se pronuncie frente al tema.

En la actualidad, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados. Sin embargo, en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio; por lo cual, la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado a las futuras generaciones.

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio” que es promotor de la consulta, decidieron continuar el proceso democrático de la consulta popular de manera legítima y convocaron para realizarla el 25 de noviembre de 2018. El objetivo es que jóvenes y adultos participen activamente y se cuantifique, tanto la oposición a la realización de proyectos megamineros como la promoción de la protección del agua y la vida, en el Municipio de San Lorenzo.

Serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe destacar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integrantes del comité.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/42196-consulta-popular-legitima-en-san-lorenzo-narino

Desde la secretaría jurídica de la Gobernación de Antioquia se entabló una demanda ante el Tribunal Administrativo contra los acuerdos de los 15 concejos municipales que prohíben la minería en esos territorios, luego de la sentencia de la Corte Constitucional que asegura que este tipo de decisiones solo las podrá tomar la Nación.

Según la secretaria de minas del departamento, Dora Elena Balvín, esos acuerdos de los municipios tienen invalidez jurídica y Antioquia está dejando de recibir regalías por la suspensión de la minería en esas zonas.

La sentencia se contrasta con el caso del municipio de Urrao, donde el Consejo de Estado aseguró que los concejales sí tienen la competencia para permitir o no el uso del subsuelo para esa actividad.

Fuente:https://www.bluradio.com/medellin/gobernacion-demando-los-acuerdos-que-prohiben-mineria-en-municipios-de-antioquia-195548-ie1994153

Un fiscal citará a indagatoria a 8 ejecutivos para aclarar giros por $9.000 millones a Jaime Blanco.

La multinacional Drummond creía haber sepultado para siempre las acusaciones sobre el supuesto financiamiento de grupos paramilitares en Colombia. Varias decisiones judiciales, entre ellas, dos en Estados Unidos, de 2013, les habían cerrado la puerta a demandas contra la empresa y contra sus directivos por esa causa.

En efecto, tras escuchar al menos 45 testimonios y revisar pruebas, cortes federales de Alabama concluyeron que no había fundamento alguno para procesarlos por patrocinar a esos grupos ilegales entre 1996 y 2006, década en la que las autodefensas, en especial el frente Juan Andrés Álvarez, hicieron presencia en el área de operación de la multinacional: en el Cesar.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que el fantasma paramilitar volvió a rondar a la poderosa carbonera y que, tras tres años de dar vueltas en la Fiscalía, revivió un viejo expediente en el que testimonios la señalan de haber irrigado las finanzas ‘paras’.

En efecto, reporteros de este diario establecieron que hace 19 días, la Fiscalía 247 de Justicia Transicional ordenó la apertura de instrucción por el posible delito de concierto para delinquir agravado. En el documento, que EL TIEMPO obtuvo en exclusiva, anunció que citará a interrogatorio a varias personas, incluidos 8 ejecutivos de la multinacional, que hoy está en busca de un socio para vincularlo a su operación en Colombia, de donde aspira a sacar 32 millones de toneladas de carbón en 2018.

El peritazgo

Entre los mencionados aparecen Augusto Jiménez, expresidente de la carbonera en Colombia y hoy asesor de la multinacional, y José Miguel Linares, la actual cabeza de la firma en Bogotá. Además, el exagente de la CIA James Lee Adkins, quien fue jefe de seguridad de la carbonera, y Delbert Lee Lobb jr., otro estadounidense que ofició como gerente de operaciones de la compañía en territorio nacional.

EL TIEMPO estableció que lo que el ente acusador les quiere pedir es que justifiquen pagos supuestamente atípicos, por cerca de 9.000 millones de pesos, a Jaime Blanco Maya, a través de su empresa Industria de Servicios y Alimentos (ISA).

Blanco era el contratista que suministraba los alimentos en uno de los campamentos de la carbonera y hoy purga una pena de 38 años por el crimen, en 2001, de los sindicalistas de la multinacional Víctor Ocasita y Valmore Locarno, quienes empezaron a cuestionar la calidad de los alimentos y los montos que por ellos se pagaban.

Varios testimonios de exparamilitares señalan que Blanco era el enlace con las autodefensas. Además, que del sobrecosto que recibía por sus servicios les entregaba 25 millones de pesos a los paramilitares para obtener seguridad, y él ponía de su plata 5 millones de pesos más. De hecho, el propio contratista rindió testimonios en similar sentido.

A su declaración se unió la de los exparamilitares Salvatore Mancuso; José Gelves Albarracín, alias el Canoso; Óscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida, y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias el Tigre.

Varios de esos testimonios fueron compulsados a la Dirección Especializada de Justicia Transicional, que terminó asignándole el caso a la Fiscalía 247.

Desde 2017, dicho despacho, en cabeza del fiscal Octaviano Casas, le empezó a pedir información a la oficina jurídica de la Drummond y ordenó que se practicaran pruebas, incluido el peritazgo de un experto que reseñó el supuesto incremento en el precio del contrato de comida tras la firma de cuatro otrosíes entre Blanco y la multinacional.

Además, dijo que se encontraron elementos por aclarar, como precios disímiles en las letras y los números que aparecen en esos documentos.

Para despejar esas dudas, entre las personas que también serán llamadas a indagatoria están el excoronel Luis Carlos Rodríguez, Ricardo Linero González y Alfredo Santander Araújo Castro, los tres vinculados al área de seguridad de la carbonera.

De hecho, Araújo Castro, gerente de Relaciones con la Comunidad, fue capturado en mayo de 2015 para que rindiera interrogatorio dentro del proceso por el crimen de los sindicalistas, pero fue dejado en libertad a los pocos días y su defensa ya pidió el archivo del caso.

EL TIEMPO se comunicó con el fiscal 247, pero se negó a hablar del tema sin autorización previa de sus superiores.

Por su parte, voceros de la Drummond le informaron a este diario que no han sido notificados del llamamiento a indagatoria. Además, se ratificaron en que la firma nunca ha financiado el paramilitarismo y en que, desde 2012, le han trasladado a la Fiscalía copiosa evidencia de que terceros pagaron testigos para señalarlos. Y enfatizaron en que cortes de Estados Unidos se han pronunciado en este sentido.

La Fiscalía 247 también pidió escuchar el testimonio del expara Raúl Hasbún antes de tomar una decisión de fondo.

‘Aún no hemos sido notificados’

Fuentes autorizadas de la Drummond le dijeron a EL TIEMPO que los tomaba por sorpresa el posible llamado a indagatoria, y agregaron que no han sido notificados oficialmente por la Fiscalía.

No obstante, admitieron que desde hace más de un año, la Fiscalía 247 especializada de Justicia Transicional les comenzó a pedir información relacionada con el contrato que la multinacional tuvo con la firma ISA, propiedad de Jaime Blanco Maya. De hecho, explicaron que esa misma documentación les ha sido solicitada por la justicia en al menos tres oportunidades y se ha remitido de manera oportuna por sus abogados.

“Nuestra posición es la misma: nunca hemos financiado grupos paramilitares en Colombia. Siempre que la Fiscalía nos pide información, de inmediato la suministramos. Incluso, hemos traído pruebas desde Estados Unidos sobre cómo se han pagado testigos para que acomoden versiones y vinculen a la compañía con las autodefensas, lo cual es falso”, aseguraron sus voceros.

Y agregaron que, a pesar de la solicitud de sus abogados, no han podido acceder al expediente para ejercer su defensa. Además, que en varias ocasiones han pedido la unificación de los procesos en los que se ha tratado ese tema para que la justicia colombiana adopte decisiones de fondo.

Sobre el incremento en el valor de los alimentos que suministraba Blanco Maya para la operación de la mina en La Loma, Cesar, la carbonera aseguró que durante esa década (1996-2006) la inflación en el país era alta, y es parte de lo que explica el aumento de los costos del contrato. También dijeron que se adoptaron mecanismos para mejorar el embalaje y transporte de la comida, lo que elevó sus gastos.

De paso se preguntaron por qué la denuncia que ellos interpusieron en Colombia por la existencia de falsos testigos que señalaban a la multinacional aún no ha arrojado resultados. Al respecto, dijeron que en Estados Unidos avanzan indagaciones sobre el origen de los pagos a cambio de esos testimonios.

También recordaron que en Colombia se han presentado decisiones a su favor, como la emitida por la Fiscalía 22 que cerró el proceso que seguía contra Augusto Jiménez y Alfredo Araújo, dos de los directivos que aparecen entre quienes serían citados a indagatoria.

“A pesar de que no hemos sido notificados de las decisiones tomadas en la Fiscalía 247, la multinacional y sus directivos mantendrán siempre la postura de colaborar con las autoridades, con la certeza de que no hemos financiado grupos paramilitares en ningún momento”, puntualizaron los voceros de la carbonera estadounidense.

Fuente:https://m.eltiempo.com/justicia/investigacion/le-reviven-a-la-drummond-el-fantasma-paramilitar-en-colombia-286474?hootPostID=07e6106f68a09c65896e6bc0b554965f&fbclid=IwAR3JBIuhMSnb3bK404eicAPUZhh96ptG-H-zy-iDPIKzhpUBXGsjt7A5RS8

La W conoció que la Contraloría General de la República determinó que la empresa multinacional minera Cerro Matoso S.A., le adeuda al Estado colombiano más de $170 mil millones de pesos, por regalías dejadas de pagar entre los años 1998 y 2003 y entre 2007 y 2012.

Inicialmente, la compañía debe las regalías correspondientes al periodo que va del primer trimestre de 1998 al cuarto trimestre de 2003, por cerca de 48 mil millones de pesos.

De igual manera, de 2007 a 2012, la deuda asciende a $120 mil millones, sin incluir intereses para ambas obligaciones.

Y también $4 mil millones más del periodo 2007 – 2008.

El ente de control destacó que el menor valor pagado se debió a la aplicación defectuosa de los costos deducibles en la determinación y pago de las regalías correspondientes a la explotación de níquel en varios contratos.

La Contraloría llegó a estas conclusiones gracias a información suministrada por la Agencia Nacional Minera (ANM).

Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cerro-matoso-le-debe-a-colombia-mas-de-170-mil-millones-en-regalias-desde-el-ano-1998/20181023/nota/3815517.aspx?fbclid=IwAR0ltK1XJxOgtaf87KXPvIJJ6RrghxVEFeSRfdyaDSGl-gY7pJI3vkHTyeQ

Cerro Matoso S.A y la Agencia Nacional de Minería (ANM) están en un pleito judicial por la liquidación de los contratos de la concesión 866 y 1727 que terminaron en 2012. En el proceso, la ANM declaró que su contraparte le debe $170.000 millones al Estado por haber deducido de manera incorrecta los costos de liquidación de las concesiones en el periodo 1998-2003 y por un cobro retroactivo de regalías desde 2007 hasta 2012, por lo que ordenó un pago de US$58 millones más intereses.

Cerro Matoso respondió a la decisión de la agencia estatal diciendo que incurrió en un proceso irregular teniendo en cuenta que la organización no tiene elementos para soportar un cobro coactivo hasta que un juez lo determine. Además dice que los cobros son improcedentes porque son sobre concesiones que ya están terminadas, lo que significa que la ANM ya no tiene ninguna competencia para hacer cualquier tipo de exigencia. Finalmente, la acción sería inválida por el principio de la irretroactividad de la ley.

La empresa finalizó siendo enfática en que respeta a las autoridades nacionales y recordó que siempre ha actuado conforme al marco normativo que la rige.

Fuente:https://www.larepublica.co/empresas/cerro-matoso-rechazo-el-cobro-impuesto-por-la-agencia-nacional-de-mineria-2785373

En respuesta a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el alto tribunal dejó abierta la posibilidad de que no se realicen las consultas populares previstas para desarrollarse el próximo domingo.

Hasta tanto no sea proferido el fallo de la acción de tutela que interpuso la petrolera Mansarovar contra la consulta popular adelantada en el municipio de Cumaral (Meta), este mecanismo de participación ciudadana, que se tenía programado realizar el próximo domingo 21 de octubre en Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca), queda en veremos. 

La respuesta enviada por el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, al registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, deja abierta la opción de que las consultas se puedan o no adelantar en estas dos localidades.  

«Por carecer la Corte Constitucional de competencias consultivas, según lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política, no me encuentro facultado para contestar las cuestiones planteadas. Es exclusivamente en el texto de la sentencia enunciada donde se encontrará de forma precisa el contenido de la decisión que, en líneas generales, se dio a conocer mediante comunicado de prensa», indicó el funcionario en la carta enviada al registrador.

Linares se refiere a la carta enviada por el registrador a la Corte sobre el futuro que correrían las consultas que ya estaban previstas efectuar, tras los posibles efectos que la sentencia del caso Cumaral pueda tener sobre las demás que están en trámite. 

«Considerando que desde hace varias semanas se vienen adelantando las gestiones administrativas necesarias para efectuar las consultas populares respecto a la explotación de hidrocarburos y minería en los municipios de Fusagasugá y San Bernardo en el departamento de Cundinamarca, que se llevará a cabo el 21 de octubre, de manera respetuosa, requerimos nos informe si en el referido fallo existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación de las consultas indicadas», decía el documento remitido por la Registraduría.

En la contestación el alto tribunal señaló que se encuentra trabajando a toda velocidad para dar a conocer en el menor tiempo posible el texto del fallo, así como las razones detalladas que la sustentan.

«Tenemos plena conciencia de la relevancia y sensibilidad de esta decisión, por lo que la Corte se encuentra trabajando con la mayor diligencia para dar a conocer a la brevedad posible el texto completo de la setencia», apuntó Linares.

En el pronunciamiento del fallo en el caso de Cumaral adelantado el pasado jueves, la Corte hizo dos precisiones claves para destrabar la inversión del sector minero-energético, consistentes en ratificar que el Estado mantiene su autonomía para decidir sobre el uso del subsuelo, así como que las consultas populares no son el mecanismo para vetar o frenar proyectos extractivos.

La Sala Plena de la Corte consideró también que pese a que la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo, esta función propia debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias de la Nación.

Así las cosas, la incertudumbre vuelve a reinar entre los habitantes y las autoriades de Fusagasugá y San Bernardo, en donde ya todo estaba listo para que las personas habilitadas para votar acudieran a las urnas el domingo.

Según la Asociación Colombiana de Minería se tienen registradas 158 iniciativas de consultas populares; 135 acuerdos municipales y se han realizado nueve consultas populares hasta el momento en Colombia.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/consultas-de-fusagasuga-y-san-bernando-en-el-limbo-hasta-que-se-publique-la-sentencia/41891

Ante el pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional en el caso de Cumaral, que dejaría sin efectos a futuro las consultas populares en el país, los acuerdos municipales aparecen como posible ‘tabla de salvación’. Sin embargo, ese alto tribunal tiene la última palabra.

Los municipios son competentes para decidir si prohíben o no la explotación minera en sus territorios.

Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca) irán a las urnas. Corte limitó alcance de este mecanismo.

Las consultas para prohibir las actividades mineras en Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca) sí se llevarán a cabo este domingo, tal como estaba previsto, pero no tendrán efectos jurídicos vinculantes.

Es sabido que una decisión de la Corte Constitucional, conocida la semana pasada,  estableció que las consultas populares no pueden prohibir las actividades extractivas en las regiones.

En el fallo, el alto tribunal consideró que poner las consultas por encima de la Nación va en contra del precedente que indica que el Estado es el dueño del subsuelo.

Para el alto tribunal, ni los municipios pueden prohibir la minería ni el Estado puede imponerla, por lo que entes nacionales y locales tienen que llegar a mecanismos de concertación sobre el futuro de la explotación minera o petrolera.

Ante esta decisión judicial, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, encargado de toda la logística para la realización de las consultas, envió una carta al presidente de la Corte Constitucional consultándole los alcances del fallo.

“Requerimos nos informe si en el referido fallo existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación de las consultas indicadas”, expresó Galindo en su carta, en referencia a los casos de Fusagasugá y San Bernardo.

Hasta el momento no se conoce respuesta del alto tribunal a esta misiva, por lo que, según conoció EL TIEMPO, la Registraduría procederá a brindar el apoyo logístico en las consultas del próximo domingo.

Este hecho se refuerza con una carta enviada a la Registraduría por el alcalde de Fusagasugá, Luis Cifuentes, quien le informa al registrador Galindo que un fallo de tutela obliga a realizar la consulta minera en este municipio.

«No es pertinente ni prudente controvertir la decisión judicial que está en firme», indicó Cifuentes.

En consecuencia, la pregunta que deberán responder los habitantes de este territorio, tal como se lee en la página de la Registraduría, será la siguiente: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, que en el municipio de Fusagasugá se realicen actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, fracking y minería a gran escala?”.

Fuente:https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/consultas-mineras-de-este-domingo-no-tendran-efecto-juridico-282848