La Defensoría del Pueblo advierte la presencia de reductos de los paramilitares, miembros del ELN y otros grupos armados que se disputan el territorio donde viven cuatro pueblos indígenas. Líderes de la Sierra se muestran preocupados por la gran cantidad de proyectos mineros.
La situación para los pueblos indígenas que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores sigue siendo bastante difícil.
Desde mediados de este año la Defensoría del Pueblo alertó del riesgo que corren las comunidades indígenas que viven en jurisdicción de los municipios de Ciénaga y Santa Marta en el departamento de Magdalena y Dibulla en el departamento de La Guajira, por cuenta de la presencia de grupos armados en la zona.
La situación es particularmente preocupante para las comunidades indígenas Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamo que se asientan en la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Además, hay dificultades para los funcionarios públicos y contratistas de todas las entidades del Estado que adelantan labores en esta región; lo mismo que para los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Según la Alerta Temprana entregada por la Defensoría, el grupo que representa la mayor amenaza para la población civil es el denominado ‘Los Pachencas’, conformado por reductos de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que actuaban en la región bajo las órdenes de Hernán Giraldo Serna (Clan Giraldo u Oficina Caribe). Además, también se advirtió que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) pretenden disputar el control territorial, al tiempo que ha reaparecido el ELN en la zona.
A finales de octubre, en una visita al sector de Pueblo Viejo, donde habita una gran comunidad indígena Kogui, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, volvió a llamar la atención sobre los peligros a los que se enfrenta este pueblo indígena.
“El gobierno nacional, la Policía y el Ejército tienen que trabajar muy fuerte para que los Pachencas no sigan creciendo. Le pediremos al presidente que venga a la Sierra Nevada”, dijo Negret.
El defensor fue más allá y se quejó por la falta de acceso a educación y salud para los indígenas.
“Tenemos que trabajar mucho para que en esta zona se respete la autoridad de las comunidades indígenas y su autonomía. Las comunidades indígenas han tenido algo que muchos de nosotros no tenemos: paciencia. Insistiremos en contarle al Ministerio de Educación, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Salud y al mismo señor Presidente que hay unas comunidades que claman por una mayor atención”.
En diálogo con Mongabay Latam, Gelver Zapata Izquierdo, líder indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, manifestó que no es extraño ni un secreto que para los pueblos en la Sierra la amenaza es inminente y que para ellos el conflicto no ha pasado, pues los grupos armados se han mantenido en el territorio.
Para él, estos grupos “están en unas zonas estratégicas donde justamente se quieren desarrollar proyectos estratégicos (mineros, hidrocarburos, infraestructura). Es extraño que el Estado esté cerca de esos proyectos y también lo estén los grupos armados”, dice.
Los pueblos indígenas creen que debe existir alguna vía política que les permita proteger su territorio, pues para ellos no existen diferencias entre guerrilla armada, paramilitares armados o disidentes armados.
“Para nosotros cualquier grupo armado es lo mismo, es el símbolo de la guerra dentro de los territorios. Estamos convencidos de que Colombia necesita el diálogo para reconstruir, pero más allá del diálogo es el reconocimiento de los derechos de los pueblos”.
Continúa la incertidumbre por la minería en la Sierra
Gervel Zapata asegura que el conflicto para ellos continúa en diferentes formas y no solo se trata de actores armados. Para él, la guerra también está en la definición del uso territorial que hacen los municipios y los departamentos, en especial para los proyectos mineros, de hidrocarburos y megaproyectos de infraestructura.
“El mal uso o el uso inadecuado del territorio nos está generando un accionar bélico”, dijo.
Y es que los pueblos de la Sierra Nevada llevan años luchando contra grandes proyectos, en especial de minería para materiales de construcción (canteras), que amenazan con destrozar las montañas.
Los mamos -autoridades y guías espirituales indígenas- dicen que de seguir así, dentro de 5 o 10 años la Sierra Nevada no va a existir. Su gran preocupación es que la minería se siga expandiendo.
Según Luisa Castañeda, abogada asesora del resguardo Arhuaco,
ni siquiera la Agencia Nacional de Minería (ANM) sabe a ciencia cierta cuántos títulos mineros están activos, “las comunidades conocen unos porque están cerca de ellos o los han visto pero no hay claridad frente a eso, se cree que hay más de 240 solicitudes”.
En 2016, los pueblos interpusieron una tutela -mecanismo judicial en Colombia para la protección de derechos fundamentales- para obtener el amparo de su derecho fundamental a la consulta previa, presuntamente vulnerado con la expedición de 132 títulos mineros sobre el territorio sagrado denominado “Línea Negra”, sin antes haber realizado el procedimiento de consulta previa con las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
Así mismo, al querer que dichos pueblos participen en 395 consultas previas “sin las garantías necesarias para poder ejercer el derecho adecuadamente, específicamente, sin que se haya concluido la elaboración del Protocolo de Consulta Previa, en el que se establezcan, en forma concertada con el Estado, los principios, procedimientos, instancias, tiempos y etapas, que deben surtirse en todos los procesos de consulta previa que se vayan a adelantar en el territorio ancestral de la ‘Línea Negra’”.
La tutela fue fallada negativamente por parte del Tribunal Superior de Valledupar y ha sido declarado nula en dos ocasiones cuando ha llegado a la Sala de Revisión de la Corte Constitucional debido a falencias en la forma de notificar a los propietarios de los títulos mineros.
Ahora está por tercera vez en la Corte Constitucional, pero los indígenas tienen temor de que el organismo no respalde la protección del territorio de la Línea Negra pues “vemos lo que está pasando con las decisiones que está tomando la Corte (se refieren a la prohibición de consultas populares para proyectos extractivos) y nos preocupa la viabilidad de nuestra solicitud”.
En una minga realizada el año pasado los pueblos llegaron a la conclusión de que no eran escuchados y que les estaban “tomando del pelo”. Pidieron la ayuda de la Procuraduría y se creó una especie de alianza llamada Amigos de la Sierra, donde varias organizaciones nacionales e internacionales como Dejusticia y Aida han apoyado su causa.
De hecho, van a hacer una intervención ante la Corte apoyando las pretensiones de los pueblos de la Sierra en esta tutela.
Hace más de un mes la procuraduría solicitó tener acceso al expediente que está en la Corte pero no ha tenido respuesta. Volvió a hacer la solicitud el 22 de octubre y se encuentra a la espera de comunicación.
Los indígenas se mantienen firmes en que no van a participar en consultas previas para temas de minería hasta que no se resuelva de fondo la tutela, pero ahí surge una nueva preocupación. Cuando los pueblos no asisten a las consultas más de tres veces sin justificación, se inicia algo que se llama test de proporcionalidad, donde se convoca a todas las entidades que son competentes en el proyecto para definir cuáles son los impactos y las medidas frente a esos impactos.
“Al final, esto lo que quiere decir es que el proyecto va”, comenta la abogada Luisa Castañeda. Según dice, nadie sabe qué pasa en ese test porque es un procedimiento muy interno entre las entidades e incluso la empresa, “no se están respetando los acuerdos políticos que había con el gobierno y tampoco se respeta la voluntad de los pueblos indígenas de no hacer más consultas para temas mineros. Los pueblos no van a las consultas porque consideran que no tienen garantías. Es una forma de pronunciarse”.
Uno de los acuerdos políticos a los que se refiere Castañeda es el firmado con el entonces viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Luis Ernesto Gómez, en 2017.
Se trata de un documento de seis puntos, entre los que se encuentra que “el Ministerio del Interior se compromete a avanzar y culminar la concertación interinstitucional tanto en el nivel técnico como en el político del instrumento jurídico de protección y redefinición de la ‘línea negra’ en un tiempo aproximado de tres meses. Para el cumplimiento de dicho objetivo se asignarán los recursos necesarios (técnicos y financieros)”.
Según Gelver Zapata, líder de los indígenas de la Sierra Nevada, ni ese punto ni ningún otro se han cumplido. “Lo que hay ahora es una incertidumbre en torno al compromiso del gobierno de generar un diálogo permanente para solucionar la problemática de la minería dentro del territorio ancestral”, dice.
Al líder indígena le preocupa lo que va a pasar con la tutela que interpusieron, si se van a otorgar más títulos mineros y si habrá un cambio en torno a la consulta previa que les permita tener más garantías.
“De momento no hay una postura política del gobierno frente al tema de la Sierra Nevada. La minería acá no es conveniente porque hay una desaparición forzada del ejercicio cultural en los sitios sagrados”, asegura.
“A pesar de que tenemos una sociedad de espaldas a nuestra cultura, al conocimiento tradicional y al tema de derechos en los pueblos indígenas, lo que queremos es asegurar el uso de los bienes naturales que nos fueron proveídos por los padres y madres espirituales. Hay gente que considera que somos una obstrucción, pero en el fondo lo que estamos haciendo es asegurar beneficios naturales a una población de más de tres millones de habitantes alrededor de la Sierra Nevada”, concluye Gelver Zapata.
Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/entre-grupos-armados-y-mineria-siguen-viviendo-los-indigenas-de-la-sierra-nevada-de-santa-marta/42072
La comunidad de Mercaderes, Cauca protestó este domingo por las calles de la población y denunció que la minería legal es más peligrosa que la ilegal porque la apoya el gobierno.
El 7 de agosto de 2010, en el discurso de posesión, Juan Manuel Santos señaló que el medio ambiente sería un objetivo central de su gobierno. Ese día, en la mañana, viajó a la Sierra Nevada de Santa Marta donde se reunió con líderes y representantes de la comunidad indígena Tayrona. En un acto simbólico, los “Mamos” le entregaron un bastón de mando y un collar con cuatro piedras: tierra, agua, naturaleza y buen gobierno, que harían parte integral de la administración que comenzaba.
En este municipio situado en Nariño se adelantó este domingo una consulta popular contra la minería y la explotación de hidrocarburos. Con 6.660 votos el No se impuso. Se registraron además, 18 tarjetas no marcadas y 33 votos nulos. Este resultado representa el 52,84% del censo electoral. Se trató de una protesta simbólica contra el fallo que limitó este mecanismo de participación.
El Concejo de Ciudad Bolívar (Antioquia) aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo 021, el cual prohíbe la minería de metales y la explotación de hidrocarburos en todo su territorio.
Los habitantes del municipio San Lorenzo, en el suroccidental departamento de Nariño, rechazaron de modo tajante la explotación minera en su territorio, revelaron hoy los datos de una consulta popular.
La votación que tuvo lugar el martes se dio luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia anulara la decisión del año pasado.
La Corte Constitucional definió cuando se deben o no suspender los proyectos mineros en el país. Esto después del fallo a favor del Cabildo Indígena AWA LA CABAÑA contra el Consorcio Colombia Energy, pues la Corte señala que se le otorgaron los permisos para adelantar un proyecto de extracción minera en Putumayo sin consultarlos y porque los está afectando.
La plenaria del Concejo de Jericó votará este martes, el proyecto de acuerdo que busca prohibir nuevamente la minería de metales y solo se dejaría habilitada la potestad para canteras y materiales de construcción. Hace un año, el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló la norma aprobada por los concejales que impidieron la minería en este municipio del Suroeste del departamento.
El gobernador de Antioquia confirmó que los 17 acuerdos que han logrado los municipios para prohibir la minería han sido demandados y de esos, 13 de municipios como Jericó, Támesis, Titiribí, Tarso, Caicedo, Pueblorrico, Concordia, Fredonia, Carolina, Valparaiso, entre otros, han sido declarados inválidos.