Alfredo Seguel
Equipo Comunicaciones Mapuche
Una tibia reacción ha sostenido la ONU ante las masacres cometidas contra líderes sociales en Colombia, existiendo en el presente múltiples amenazas contra integrantes de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Alberto Brunori, alertó este lunes 4 de febrero sobre la extrema vulnerabilidad de los líderes sociales, sin embargo, dicho estado lo circunscribió a la región del Catatumbo, departamento Norte de Santander ubicando cuatro municipios (Hacarí, San Calixto, El Tarra y Teorama) en el estado de alerta roja por las crecientes amenazas a líderes sociales, campesinos e indígenas, según publicaron medios informativos colombianos.
Frente a la gravísima situación que se vive en Colombia ante continuas masacres de personas, llama la atención la falta de diligencias oportunas y decididas por parte de los mecanismos y procedimientos de Derechos Humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas frente al Estado Colombiano ante cientos de personas asesinadas en los últimos años, miles de amenazados, situación que no ha mermado, donde operan principalmente en estas ejecuciones grupos criminales organizados de sicarios y paramilitares, bajo una absoluta permisividad de los gobiernos y en zonas donde existe un alto asedio de empresas transnacionales mineras, petroleras y de crecimiento energético, usándose como excusa supuestas disputas territoriales de narcotráfico, como parte de las prácticas que realizaba el otrora general y ex Vice Presidente, Oscar Naranjo, cuyo modelo fue exportado a México durante el periodo de Peña Nieto, donde también se perpeturaon masacres a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La realidad sobre cientos de víctimas en diversos territorios de Colombia se concentran mayoritariamente en el Cauca, Antioquia y Valle del Cauca, departamentos con más casos registrados y en el presente se informaba, a modo de ejemplo, que en el territorio de Putumayo existen múltiples amenazas a líderes sociales por medio de panfletos arrojados durante enero del 2019, incluyendo a defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y comunicadores sociales, lo que habría sido perpetuado por un grupo Paramilitar denominado Aguilas Negras, a quienes se les ha intentado relacionar su cometido con el control territorial narcotraficante, sin embargo, los principales intereses en esta zona son petroleros y mineros.
Águilas Negras ha sido sindicada como una organización de origen narcoparamilitar, término que fue utilizado en su momento de manera oficial para nombrar una serie de organizaciones criminales colombianas creadas como una nueva forma de paramilitarismo, teniendo entre sus miembros a quienes formaron parte de la desmovilización del grupo sicario Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos blancos en amenazas y asesinatos en estos últimos años han sido principalmente a líderes sociales vinculados a la defensa de los territorios frente a intereses transnacionales extractivistas, existiendo varios indicios en ese sentido sobre la relación de paramilitares con multinacionales.
Crudo informe sobre BuenaVentura
Otro territorio cuyas masacres estarían relacionadas en gran medida con mega proyectos industriales, cuyos desenlaces se proyectan hasta el presente, es el Valle del Cauca y en particular la zona del Puerto de BuenaVentura, donde, un reciente informe del Centro Nacional de la Memoria da cuenta de un cruel y macabro espiral de violencia y masacres. En el periodo estudiado, las modalidades de victimización involucran el asesinato a líderes y lideresas; hechos de desaparición forzada; desplazamientos forzados; desmembramiento de cuerpos; torturas públicas; violencia sexual contra mujeres; uso de niños y niñas en actividades de la confrontación; así como la constitución de acuafosas, casas de pique y fronteras invisibles.
Desde una lógica territorial, estas modalidades de violencia se articulan configurando tres repertorios de violencia colectiva: (a) terror, (b) desterritorialización y (c) invisibilización.
El informe proporciona datos claves: “En conclusión, nadie duda que el narcotráfico es una actividad bastante difundida en Buenaventura y que es uno de los determinantes económicos más relevantes de la violencia armada que azota a la ciudad portuaria. Sin embargo, una cosa es aceptar que el narcotráfico existe y juega un rol nefasto en la ciudad, y otra muy distinta es reducir las complejidades del conflicto armado local únicamente a una disputa territorial por el control de las rutas del narcotráfico, como lo intentan hacer algunos medios y funcionarios públicos. Desafortunadamente, la situación de Buenaventura es mucho más compleja, y una comprensión satisfactoria de las dinámicas de la violencia requiere analizar todos los negocios en los cuales están vinculados los grupos armados ilegales que operan en la ciudad”.
En un artículo publicado por la BBC el 2014, el sacerdote Héctor Epalza indicaba que el problema de la ciudad va más allá del contrabando y de la localización de Buenaventura como corredor estratégico para la salida de la droga ya que Buenaventura es una ciudad de proyecciones, pues el país busca nuevos mercados en Asia y consolidar la llamada Alianza del Pacífico, por lo que denuncia que «los megaproyectos también han azuzado la violencia». Afirma que “la violencia ha terminado de arrinconar a los más pobres obligándolos a vender lo poquito que tienen a un precio irrisorio, tiempos donde el silencio de la noche se rompía con los gritos de auxilio de aquellos que eran desmembrados.
Asesinatos de líderes y lideresas indígenas en tiempos de Duque
Un informe de organizaciones indígenas de Colombia dado a conocer da cuenta que durante el periodo del actual Presidente Duque ya van 46 indígenas asesinados. Los hechos más recientes tienen como epicentro el departamento de Cauca, en donde fueron asesinadas cuatro personas entre el jueves y el domingo de la semana pasada. La primera víctima fue Soledad Ramírez, ultimada en la vía que conduce de El Palo a Caloto. Al día siguiente, en el municipio de Caloto, fueron asesinados Edwin Gregorio Dagua Ipia, autoridad tradicional del resguardo de Huellas; y Luis Prado, comunero del resguardo de San Francisco.
Por su parte, Víctor Hernández Chávez, de 19 años, sufrió un atentado con armas de fuego cuando estaba en la vereda El Tablón, de Corinto. La víctima alcanzó a ser trasladada a una clínica de Cali y falleció tras estar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, hay que adicionar tres asesinatos más que ocurrieron en Toribío.
A esas muertes se suma la desaparición de los comuneros Alirio Quiguanás Cunda y Marcelo Dagua, quienes trabajaban en una finca de la verdad Santa Bárbara, en el resguardo de Cerro Tijeras, ubicado en el municipio de Suárez. La Guardia Indígena inició la búsqueda de ambos, pero solo encontró sus prendas de vestir.
Asimismo, las amenazas contra el pueblo Nasa en el norte de Cauca subieron de tono y en un panfleto firmado a nombre de las ‘Águilas Negras’, se puso precio a la vida de sus líderes: ofrecen desde un millón de pesos por un alguacil asesinado, hasta cinco millones por un gobernador o su suplente. «Se invita al que esté en condiciones de dar de baja a estos… Se les da su arma de dotación, su respectivo entrenamiento y su pago por la limpieza anunciada», así termina la amenaza.
El 2 de diciembre de 2018, la violencia se volvió a ensañar contra el pueblo Awá de Nariño. Pasada la medianoche, mientras concluía la asamblea general para elegir al nuevo gobernador del resguardo de Palmar Medio Imbi, desconocidos fuertemente armados asesinaron a la autoridad electa para el próximo año, Braulio Arturo García Guanga; y a su padre, Héctor Ramiro, histórico líder que participó en la fundación de los primeros resguardos del municipio de El Palmar y en la creación de las organizaciones UNIPA y CAMAWARI. En esa incursión también resultaron heridas cuatro personas más, entre ellas un guardia y el Coordinador de la Guardia Indígena.
Dos semanas atrás, el 23 de noviembre, los Embera Chamí del resguardo San Lorenzo, en Caldas, también sufrieron una masacre. A las 10:30 de la noche, cuatro hombres encapuchados llegaron a la casa de la familia Díaz Tapasco y asesinaron a los esposos Serafín y Gabriela, y a su hijo César Augusto. Esas muertes pusieron de presente los efectos del conflicto armado en medio de la lucha por la recuperación del territorio ancestral de esa comunidad.
La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, concluye «es preocupante que el actual gobierno haya optado por seguir la estrategia de criminalización de los procesos democráticos de movilización social, y el silencio frente a los asesinatos de los líderes, lideresas y autoridades indígenas. De igual manera, la falta de compromiso de gobierno en la implementación del Acuerdo Final y del Capítulo Étnico, hace que las dinámicas de guerra persistan y siga afectando a la población civil y los territorios, hasta el punto de que el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas sea cada vez más inminente».
Persisten asesinatos en Colombia
El 23 de enero de 2019, un reporte informativo señalaba: Entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 en Colombia fueron asesinados 431 líderes sociales, según la Defensoría del Pueblo. De otro lado, en lo que va corrido del 2019, más de 10 homicidios contra esta población se reporta, de acuerdo con los datos desde diferentes regiones del país.
El 2 de febrero de 2019, en el marco del lanzamiento de la liga por la democracia se informaba que en lo corrido del año 17 líderes sociales, gestores de paz y veedores cívicos han sido asesinados en Colombia, al tiempo que crecen las amenazas contra quienes trabajan por las comunidades, por la paz y por el medio ambiente, estimándose en más de 300 las amenazas actuales.
El investigador Camilo Bonilla, coordinador del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, en entrevista con el diario El Espectador, indicó sobre los grupos de victimarios responsables de los asesinatos, amenazas y ataques, de acuerdo a un reciente estudio, indicando que entre los presuntos autores están: sin identificar: 45,91 %; paramilitares: 17,12 %; grupos armados sin identificación: 13,62 %; desertores y disidentes de las Farc: 7,39 %; Ejército Nacional: 4,28 %; Eln: 3,11 %; seguridad privada: 1,56 %; Policía Nacional: 1,17%, y Epl: 0,78 %.
Bonilla respondió al medio sobre los lugares de mayor concentración en asesinatos, indicando: El departamento del Cauca encabeza el listado, con un 17,12 % del total de violaciones al derecho a la vida. Lo sigue Antioquia, con un 15,56 %. En tercer lugar se encuentra Norte de Santander, con el 7,39 %. En cuarto lugar, el departamento de Valle del Cauca, con el 7 %. En quinto lugar, Córdoba y Putumayo, y los siguen Nariño y Chocó. En estos ocho departamentos se concentra el 70,42 % de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos en Colombia.
Grupos insurgentes, sicarios y grupos vinculados al narcotráfico con disputas territoriales, son al parecer el mejor escenario para sectores de poder político y empresarial transnacional con intereses extractivistas, coincidiendo que gran parte de los territorios donde se concentra la mayor cantidad de víctimas serían parte de operaciones encubiertas o de bandera falsa, según jerga criminal del poder, cuyos espacios temporales de reinado en el caos, en asesinatos, en el miedo, en la corrupción y en el desplazamiento de poblaciones, termina siendo controlado por el poder bélico (incluyendo las bases militares de estados Unidos), luego de su “triunfo” contra el terrorismo y los carteles de drogas, dando paso libre a la explotación de amplios territorios para fines mineros o petroleros. Hay una larga lista de asesinados y amenazados que son defensores/as de territorios.
En en el estado “Colombia”, se destaca un fuerte intervencionismo de aparatos represivos de Estados Unidos como también, un violento asedio por parte de transnacionales extractivistas petroleros y mineros, cuyos conflictos y masacres vienen arrastrándose por larga data, con una estrecha relación de violencia bélica, desplazamiento de amplias poblaciones, en su gran mayoría rurales, con masacres y asesinatos selectivos, con un paramilitarismo sicarial y de crimen organizado.
Es urgente e imperioso que la comunidad internacional democrática y respetuosa de los Derechos Humanos asuma una posición activa y clara para frenar estas masacres de una vez por todas, para terminar ahora con este comercio de muerte, con estos actos criminales, con estos asesinatos que son actos de cobardía que no tienen justificación alguna y que solo merece el repudio y la mayor condena.
El derecho de autodeterminación, es el derecho de los pueblos y sus comunidades a decidir sus propias formas de gobernarse, de perseguir su desarrollo económico, social y cultural de acuerdo a sus intereses y necesidades, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. La libre determinación está recogida en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos como también en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obligatorios al estado colombiano, quien debe respetar la disidencia al modelo extractivista.
GISSEL GRANDEZ DDHH 05 FEBRERO 2019
El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la invalidez del Acuerdo Municipal 13 de 2017, por medio del cual se prohíbe la minería metálica en 
El alcalde de Jericó (Suroeste antioqueño), José Andrés Pérez, firmó un acta que impone la medida preventiva de suspensión de las actividades de exploración minera en el territorio. El documento, expedido este sábado 26 de enero, surgió tras varios días de 
La decisión del alcalde de Jericó, Antioquia, Jorge Pérez Hernández, de suspender las actividades de exploración minera de la multinacional Anglo Gold Ashanti en la finca La Mancha, a las afueras de ese municipio, revivió el debate sobre la autonomía de las comunidades y el poder de decisión sobre el subsuelo de la Nación.
Jorge Pérez Hernández escuchó las protestas de campesinos de su municipio en el suroeste de Antioquia, quienes advirtieron que pese a las ordenanzas del concejo municipal, AngloGold Ashanti seguía explorando desde una finca donde, supuestamente, secaron una quebrada.
Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos ante la opinión pública nacional e internacional para expresar el rechazo a la alianza entre la AngloGold Ashanti y la Universidad de Antioquia quienes se han propuesto la implementación de un diplomado, con varias organizaciones sociales del municipio de Jericó, lo cual podría alimentar la consolidación de una línea de base para disfrazar, con una falsa legitimidad, al proyecto minero Quebradona.
A pesar de protestas de las comunidades locales, la empresa árabe Sociedad Minera de Santander (Minesa) presentó el 17 de enero una nueva solicitud de licenciamiento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el proyecto de extracción de oro, Soto Norte, en las montañas adyacentes del Páramo de Santurbán, en Santander.
El pasado 15 de enero, la comunidad de Barrancas, La Guajira bloqueó uno de los complejos carboníferos del Cerrejón como mecanismo de protesta contra la compañía minera la cual ha violado el derecho a la consulta previa aprobada por el Consejo de Estado, una medida que buscaba acoger a 514 familias, de las cuales la empresa únicamente accedió incluir 33 vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes de la zona.
El año pasado tres mil mineros antioqueños dejaron de usar mercurio para la extracción de oro, así lo aseguran desde la Secretaría de Minas del departamento que, además, ha intervenido esta práctica en 41 municipios. Estas acciones hacen parte del plan Antioquia sin mercurio que busca reducir a cero el uso del tóxico metal que el 15 de julio es ilegal en Colombia.