Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe de Colombia, llevan varios años oponiéndose a la minería que rodea su territorio y sus argumentos espirituales y tradicionales han trascendido hasta los estrados judiciales.

En 2014 la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que se refirió a la minería en la Sierra y, en particular, a dos títulos mineros de canteras. El alto tribunal precisó que todos los títulos que no habían hecho consulta previa debían hacerla, incluso si se trataba de zonas fuera de los resguardos titulados, “dada la protección especial de áreas sagradas y su importancia cultural para las comunidades”. Sin embargo, a pesar de sugerir la consulta previa para todos los títulos mineros, en su parte resolutiva solo ordena la consulta para los dos demandados.

Dos años más tarde, los indígenas se vieron obligados a presentar una tutela —mecanismo jurídico en Colombia para la defensa de derechos fundamentales— para que la Corte defina la situación de todos los títulos mineros, en su mayoría de pequeña escala, que habrían violado la consulta previa. A eso se suma el aumento, en este período de tiempo, de la minería ilegal en la región. “A la fecha no tenemos sentencia. La Corte declaró nulo este proceso dos veces y ahora está en despacho para proferir una sentencia que desde agosto está pendiente y no ha salido”, dice Luisa Castañeda, abogada de los indígenas en ese caso.

Los pueblos kogui, malayo, arhuaco, kankuamo y wiwa han argumentado las afectaciones culturales de la minería pero, según Castañeda, esto siempre ha sido desvirtuado por el gobierno por “carecer de peso técnico”. Por eso, los indígenas buscaron ayuda para que se demostraran, técnicamente, no solo las afectaciones culturales y espirituales de esta actividad extractiva, sino las consecuencias negativas a escala ambiental en un territorio biodiverso y lleno de endemismos como la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), financió el primer proyecto piloto que analiza estos temas en un territorio indígena en la Sierra. Los resultados de este estudio fueron publicados recientemente en el informe Identificación de impactos ambientales y culturales por minería sobre el territorio del pueblo wiwa.

Afectación de aguas y fauna

El estudio se centró en el pueblo wiwa asentado en los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha en el departamento de La Guajira. Y la investigación de campo abarcó las cuencas de los ríos Ranchería, Cesar, Tapias y Jerez.

La organización Applied Biodiversity Foundation (ABF), especializada en conservación biológica y cultural, fue la encargada de hacer el trabajo. Diego Casallas-Pabón, PhD en Ciencias Biológicas, director de la organización y coordinador ambiental del informe, le dice a Mongabay Latam que los indígenas insistieron principalmente en su preocupación por la cuenca del río Jerez, pues allí se vive una problemática complicada por la minería ilegal en la que participan grupos armados que intimidan a las comunidades wiwa.

Allí los investigadores tomaron muestras de peces —principalmente de lo que quedaba de la pesca— y las llevaron a un laboratorio para realizar pruebas de bioacumulación de metales pesados dentro de los organismos. “Cuando en el agua hay metales pesados, estos entran a la cadena trófica, se acumulan en el músculo del pez y cuando la gente se lo come, estos elementos son consumidos por la comunidad”, afirma Casallas-Pabón.

En el informe quedó registrado que “el Cromo (Cr) y el Hierro (Fe) marcaron resultados positivos, con valores considerablemente altos para una estación de muestreo ubicada en el río Jerez, asociado a quebradas afectadas por vertimientos de minería ilegal ubicada en la comunidad de Arimaka (Seyamake), la bioacumulación se detectó en el músculo de la especie de pez llamado mantecatufrente (Salminus affinis), con valores respectivos de 1866,5 µg/Kg y 17200 µg/Kg”, señala el documento.

Por su parte, el Cadmio (Cd) se presenta debajo de los límites en todas las estaciones de muestreo, con excepción de la ubicada en el río Jerez, aledaña a la comunidad Arimaka. “Se presenta una concentración de 2,26 µg/Kg de Cadmio bioacumulado en la mojarra (Geophagus steindachneri), comúnmente consumida por la comunidad en este punto del río”, se lee en la publicación. De igual forma se reportó un nivel positivo para Arsénico (As) en los peces mantecatufrente y mojarra en dos de las estaciones de muestreo sobre el río Jerez, aguas abajo de los vertimientos de minería ilegal.

Casallas-Pabón asegura que este es un primer paso para que se levanten más estudios y se tomen más muestras. “En otros sitios más arriba, donde la minería no está presente,  el agua salió limpia y los peces también. El objetivo era hacer este análisis de manera comparativa”, afirma.

El biólogo es cauteloso y asegura que, aunque aún no se puede concluir si la contaminación por metales pesados afecta la salud de los indígenas, son necesarios estudios futuros que probablemente evidencien este tipo de afectaciones. “Lo que sí podemos asegurar es que los peces están cargando en su carne una serie de metales pesados que no deberían estar ahí y que no fueron reportados en sitios sin minería”, enfatiza.

Los problemas no solo se hicieron evidentes en los peces. Los análisis químicos del agua confirmaron la contaminación. En el punto de vertimiento de la mina ilegal, el valor del pH superó el límite máximo permisible para consumo (10,01 unidades de pH). El informe destaca que esto es consecuencia de los procesos de extracción de minerales, cuyos desechos son vertidos en el suelo y terminan por llegar a las aguas del río Jerez, “que atraviesa el asentamiento dejando a su paso sus residuos, los cuales pueden afectar la salud y calidad de vida de la comunidad, junto con el deterioro de los recursos naturales y afectación de la biota”, destaca el informe.

Una cultura conectada con el medio ambiente

“Hay 180 títulos mineros otorgados, cinco bloques de minería en funcionamiento, dos proyectos de hidrocarburos y esto afecta gravemente a la Sierra Nevada de Santa Marta, sin contar con la minería ilegal que se desarrolla dentro del territorio. En un futuro todos estos proyectos convertirán a la Sierra en una especie de fogón, una gran fogata”, le dice José Mario Bolívar, coordinador territorial y ambiental del pueblo indígena wiwa, a Mongabay Latam, refiriéndose a  la deforestación alrededor de la Sierra, que sumada a los efectos del cambio climático que ellos ya perciben, podrían generar múltiples incendios en esta región.

Para los wiwa, y demás indígenas que habitan en esta zona, la afectación ambiental impacta directamente su cultura y costumbres.  El biólogo Diego Casallas-Pabón asegura que es muy interesante ver cómo lo cultural está entrelazado con lo ambiental y que durante el estudio levantaron información valiosa sobre la relación que tiene la comunidad con la flora y la fauna, “cada uno de los animales es un guardián de algo” y añade que “en la medida que se extinga alguna especie también se va perdiendo la información cultural ligada a ella. Y si eso se pierde también hay un impacto sobre sus actividades económicas y su percepción de la vida y en general su cosmovisión”.

Es por eso que preocupa la deforestación reciente que avanza en algunas zonas de la Sierra y que se suma al histórico impacto de actividades humanas en la región. Aún quedan zonas bien conservadas —donde habitan las comunidades indígenas más apartadas— y allí se dio hace poco el primer registro de jaguar en la zona, el felino más grande de América y que se encuentra en la categoría Casi Amenazado de la Lista Roja de especies de la UICN.

La preocupación de los indígenas y los científicos es que dentro de poco esto pase a ser solo un recuerdo, a pesar de que el animal también fue registrado por las cámaras trampa instaladas por los investigadores del informe. “Detectamos la presencia de jaguar. Esto significa que arriba el territorio está siendo protegido. Para que un animal de este porte esté en el ecosistema es porque hay alimento”, dice Casallas-Pabón.

Para él, esto muestra la importancia de la conservación de estos ecosistemas no solo para garantizar la biodiversidad sino el agua, en especial de las quebradas que alimentan al río Ranchería, del que se surten muchos de los centros poblados alrededor de la Sierra.

Otro de los focos de trabajo de los investigadores fueron las especies indicadoras, es decir, aquellas cuya presencia o ausencia permite generar conclusiones sobre el estado de salud del ecosistema. Como es el caso del jaguar. Los investigadores concluyeron que los ecosistemas más conservados suelen ser los que tienen menor contacto con la gente y los que están más arriba, donde habitan los indígenas que tienen mejor preservada su cultura.

“Hasta el momento este informe es la recopilación más completa que se ha hecho del pueblo wiwa en la Sierra Nevada, visto desde la unión de lo ambiental, lo cultural y lo social. Es un estudio que a futuro puede servir como un respaldo para mostrar cómo estaban los ecosistemas y tener un punto de comparación”, indica Diego Casallas-Pabón.

Entre las recomendaciones del estudio están: revisar las licencias ambientales emitidas a los proyectos de minería a cielo abierto sobre las coberturas vegetales actuales, ya que muchas de ellas son bosques altamente frágiles que requieren de medidas de protección para mantener las características ecológicas y los servicios ecosistémicos; reorganizar a través de nuevos actos jurídicos las acciones de cierre, saneamiento y restauración ecológica en los pasivos ambientales generados por las actividades mineras pues muchas suelen abandonarse sin las medidas adecuadas, generando puntos de erosión que se convierten en focos de contaminación por residuos urbanos e industriales.

Una oposición que trae amenazas de muerte

A los indígenas wiwa les preocupan los títulos mineros —que insisten son ilegales pues no fueron consultados con ellos— así como la minería ilegal y hasta criminal que se apodera de territorios como la cuenca del río Jerez, donde se extraen minerales y materiales de construcción sin ningún tipo de permiso, según quedó consignado también en el informe. José Mario Bolívar, coordinador territorial y ambiental del pueblo indígena wiwa, asegura que en esta cuenca también hay minería ilegal de oro.

De acuerdo con la abogada Luisa Castañeda, el auge de proyectos de construcción en departamentos como Cesar, Magdalena y La Guajira —donde se ubica la Sierra Nevada de Santa Marta— ha disparado las canteras ilegales que buscan suplir la enorme demanda de materiales de construcción en la región.

Todo esto ha hecho que los wiwa sean blanco de amenazas. Entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de este año, 155 líderes sociales e indígenas fueron asesinados en Colombia. Esta cifra sigue en aumento y desde octubre se ha incrementado exponencialmente con los múltiples asesinatos de indígenas en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país. Uno de los casos más impactantes fue la masacre de Tacueyó, en el municipio de Toribío, Cauca, a finales de octubre.

“Todo es por la defensa y protección de nuestros territorios. Este es un tema de estigmatización sistemática a nivel nacional y más aún en este territorio [Sierra Nevada de Santa Marta], donde los intereses no son solamente por minería sino por otros megaproyectos como puertos, vías y turismo”, comenta Bolívar.  Según el líder indígena, incluso la muerte del guardaparques de la Sierra Nevada, Wilton Orrego, a principios de este año, fue en represalia a que trabajaba en la protocolización de la consulta previa con los pueblos indígenas.

Actualmente los líderes del pueblo wiwa tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que cuentan con un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, oponerse a la minería ilegal en el río Jerez, que es manejada por grupos armados ilegales les ha traído nuevas amenazas. “Hay muchos desmovilizados [de grupos paramilitares y guerrilleros] que nos ponen en riesgo acusándonos de oponernos al desarrollo”.

El panorama de la Sierra Nevada cada día se complica más pues no solo enfrenta amenazas a su gran riqueza natural y cultural, sino que los pueblos indígenas que habitan en la zona, como los wiwa, siguen expuestos a intimidaciones y homicidios. “Asesinaron a una persona cerca del territorio y ahí las Águilas Negras [presunto grupo a nombre del que se dan las intimidaciones] dejaron un panfleto haciendo amenazas a nuestras familias. Hay rearmamento de los exparamilitares y de las disidencias de las Farc y en este momento el gobierno no está fortaleciendo la institucionalidad indígena”, concluye Bolívar.

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/11/mineria-sierra-nevada-colombia-impacto-ambiental-cultural-wiwa/?fbclid=IwAR2vR9MNL033t1xs1UNV6k8aK7KF1kzoNYK2gpxp4jTb6ZG7x4gGBWFVy0Q

Las fuerzas de seguridad comenzaron la operación el martes por la mañana en el pequeño pueblo de Buenos Aires, cerca de la frontera con Colombia, luego de meses de fuertes enfrentamientos entre mineros ilegales y pandillas.

El martes, Ecuador movilizó a cientos de soldados y policías a una zona montañosa para enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado que han alimentado la violencia en el norte del país, dijo el ministro del Interior.

La nación sudamericana espera alimentar su lenta economía al expandir su sector minero. Ha atraído a las firmas interesadas, incluida la australiana SolGold Plc, que está desarrollando una mina de cobre, oro y plata en el norte de Ecuador.

Las fuerzas de seguridad comenzaron la operación el martes por la mañana en el pequeño pueblo de Buenos Aires, cerca de la frontera con Colombia, luego de meses de fuertes enfrentamientos entre mineros ilegales y pandillas, que quieren controlar el área rica en minerales.

«La ocupación del área por parte de personas involucradas en estas actividades ilegales requiere una intervención más fuerte por parte del estado», dijo a la prensa la ministra del Interior, María Paula Romo, y agregó que los resultados de la operación se anunciarán más adelante.

El lunes por la noche, el gobierno del presidente Lenin Moreno declaró el estado de emergencia en el área, que también ha sufrido devastación ambiental por la afluencia de miles de personas y el crecimiento de la minería ilegal.

«Hay un serio impacto ambiental», dijo Romo.

Unas 10.000 personas trabajan actualmente en la minería ilegal en Buenos Aires, que según Romo tiene una población de alrededor de 2.000. Las pandillas armadas están cada vez más involucradas en el tráfico de personas y la prostitución.

La región fue testigo de 27 incidentes de violencia en el primer semestre de 2019, incluidos asesinatos con puñaladas y armas de fuego, dijo el lunes el gobierno.

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1624

El miércoles 13 de noviembre se desarrolló la Asamblea General del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que contó con la participación de 400 personas entre expertos, empresarios y organizaciones sindicales y políticas. Allí se aprobó una hoja de ruta para frenarle el paso a Minesa, se ratificó el compromiso para la defensa del páramo de Santurbán, se reiteró el rechazo al nombramiento de Carrasquilla como Ministro de Ambiente Ad Hoc, además se programó la movilización masiva en Bogotá convocada para el 16 de marzo del 2020 en defensa del Agua y la vida.

Según Mayerly López integrante del Comité de Santurbán,  los abogados de la organización están trabajando en una acción jurídica que esperan interponer a principios de año y demandar el proceso de licenciamiento del proyecto Minesa, por violar derechos fundamentales como al ambiente sano, agua potable y el derecho a la vida; la líder ambiental afirmó «de esta acción no podemos adelantar mucho, pero queremos informar a la comunidad que estamos adelantando todas las acciones legales, jurídicas y sociales para defender Santurbán»

Finalmente López aseguró que «revindicando nuestra historia y luchando por nuestros recursos naturales vamos a marchar hacia Bogotá, y el presidente Duque tendrá que escucharnos, porque los santanderes no vamos a permitir la mega minería en Colombia» y añadió que seleccionan esta fecha por ser el día de los comuneros, y un evento importante para Santander recordado esa lucha sus antepasados en la defensa del derechos y territorio.

Fuente:https://www.contagioradio.com/permitir-mineria-en-santurban-es-arriesgar-el-85-del-agua-de-los-colombianos/

Fuente:https://www.contagioradio.com/permitir-mineria-en-santurban-es-arriesgar-el-85-del-agua-de-los-colombianos/?fbclid=IwAR0UFvcQqIFOZOPGhiSJzfAYrvcC4SkAx00B49n0Q0tDwZnPPA4cVBGXWiQ

Carlos Aldairo Arenas Salinas, líder campesino del páramo de Santa Isabel y promotor de la Ruta del Cóndor fue asesinado por dos hombres que habrían llegado hasta la finca El África en la vereda Totarito en el departamento de Tolima. Según informaron medios locales, el hecho habría ocurrido la noche del pasado 8 de noviembre.

Por el momento no se conoce más información ni los motivos por los que se atentó contra el líder campesino a quien conocían de cariño con el apodo de «Cejas», sin embargo redes de ambientalistas señalan que podría tratarse de un grupo armado quienes serían los responsables del asesinato.

Un líder que trabajó por los nevados

Carlos Salinas trabajó en la Ruta del Cóndor, proyecto eco turístico y comunitario que promueve la protección de los recursos naturales del Parque Nacional Natural Los Nevados ubicado en la Cordillera Central del país, integrando los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima.

En la actualidad, los glaciares del país están en vía de extinción, pasando de tener una extensión de 374 kilómetros cuadrados a 45,3, es decir, Colombia ha perdido el 84% de su área glaciar, hogar de numerosas especies que protegía el líder campesino como parte de su labor como ambientalista.

Según el informe de la organización Global Witness, después de Filipinas, Colombia  fue el segundo país donde ocurrieron más asesinatos de activistas medioambientales durante el 2018, registrando el homicidio de 24 activistas y defensores del medio ambiente.

Fuente:https://www.contagioradio.com/carlos-salinas-lider-ambientalista-y-defensor-de-la-ruta-del-condor-fue-asesinado/?fbclid=IwAR1c3asvPPoxP5GzPHXp4AsKMAEBD5LQl1azaqKRfD1240324ENHJIwNnsI

En EL TIEMPO del pasado martes 8 de octubre, bajo el título ‘Debate sobre minería en Jericó debe basarse en argumentos’, salió publicado un extenso artículo del exministro de Minas y Energía Ramiro Valencia Cossio, en el cual trata de rebatir el que me publicó el mismo medio el pasado miércoles 2 de octubre bajo el título ‘Los riesgos del proyecto de minería en Jericó’.

Desde el mismo título y en seis puntos más, aunque no entiendo por qué se refiere a infraestructura, se empeña en afirmar, sin saberlo, que debo basarme en argumentos, “en un contexto científico y fáctico, y no en impresiones e imprecisiones”, que mis críticas al proyecto de Quebradona no cuentan con los suficientes argumentos técnicos y científicos, que una discusión compleja es “orientada desde la percepción y no desde las pruebas ingenieriles”. En todo ello está totalmente mal informado, desinformado, y muy equivocado, como veremos en seguida.

Comienzo por juzgar que si las cosas fueran como las plantea el exministro Valencia Cossio, con tanta ignorancia del tema por mi parte, no tendría explicación alguna el hecho de que no se haya conocido siquiera un intento de negación o controversia oficial, con los ingenieros o los consultores de AngloGold Ashanti, la multinacional surafricana dueña del proyecto, reacción que me anunció la vicepresidenta de asuntos corporativos de AGA cuando me dijo que “esos documentos se filtran y llegan muy rápidamente a nuestras manos, y ya lo estamos analizando en detalle”.

Se refería al documento ‘Consideraciones sobre el proyecto de minería de cobre Quebradona, de AngloGold Ashanti en Jericó, Antioquia’ y su resumen ejecutivo, que empezábamos a enviar a mucha gente en versión digital a principios de julio del presente año, elaborado por el ing. geólogo, consultor y profesor Fabián Hoyos Patiño, graduado de la Universidad Nacional y magíster de la Universidad Estatal de Arizona, y mi persona, tras muchos meses de estudio sobre el proyecto, que incluyeron asistencia a dos presentaciones de socialización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de AGA y sus consultores, y recibo de los documentos presentados, además de muchos otros que ya teníamos.

El estudio es completísimo, cubre todos los aspectos técnicos y sociales, con cálculos propios y detalle de las bases, las variables y las fórmulas utilizadas y con un listado completo de datos, fuentes de información y referencias. Y, claro está, muchos de los resultados difieren bastante de los oficiales que ellos presentan.

Para reforzar mis capacidades y mis posiciones, cuento siempre con el desinteresado apoyo de otros preclaros profesionales en las materias claves, a quienes vengo consultando desde hace dos años largos, cuando me dediqué a estudiar el tema, para reforzar lo aprendido en la presidencia de Carbocol, donde me tocó hasta la selección de equipos, en mis muchos trabajos de consultoría sobre minería, en la promoción, la fundación y la junta de una empresa minera grande, y luego en la presidencia de Asomineros, mas no en el Ministerio –donde solo aprendí que estábamos destruyendo el medioambiente del país–; en igual forma a lo que se está haciendo en todo el mundo, hasta con ‘las mejores y las más avanzadas tecnologías’, y que la mayoría de las grandes empresas mineras engañan fácilmente a los gobiernos.

Pues bien, aclarado esto, veamos los principales puntos que el señor Valencia Cossio incluye, y otros que no toca y son fundamentales, con los cuales quiere “AGAcharme” para agradar y defender a sus contratantes, porque es lo único bien dicho en su escrito: que a él le pagan por decirlo, mientras del otro lado del debate muchos trabajamos por conciencia y por amor a las causas ambiental y popular.

En fin, para no entrar en minucias, me referiré a los más protuberantes errores del señor Valencia Cossio, que a su vez son los de mayor y más grave impacto.

Uno es la repetición e insistencia en el cuento de que en las montañas de Jericó no hay acuíferos y que, por lo tanto, las aguas no serán afectadas. Es una afirmación atrevida, tremendamente grave, de sus geólogos y de la mayor trascendencia porque las afectaciones a las aguas sí serán enormes y dañísimas. La prueba que se le ocurrió al autor del artículo lo único que genera es un torrente de risa: que “en dichas áreas, los habitantes no tienen captaciones de agua subterránea tipo aljibe o pozo para suplir sus actividades agropecuarias ni domésticas”. ¡Pues claro! A ellos no se les ocurre hacer eso pudiéndola tomar de nacimientos y manantiales que corren por sus veredas. Pero pasemos a las pruebas definitorias.

Lo primero es que la evidencia a la vista y los conceptos de muchos geólogos e hidrogeólogos muy conocedores de la zona, la estructura de sus rocas, sus diaclasas y sus quebradas contradicen esa afirmación, y ello deja sin piso muchas otras cosas de su EIA y de la gente de AGA.

Lo segundo, que para contar con el respaldo de pruebas técnicas, Fabián Hoyos, acompañado de campesinos de la zona, tomó personalmente muestras de aguas que luego envío a los Estados Unidos, para hacerle pruebas isotópicas, que son utilizadas para datar la edad y el origen del agua, su renovación y el tiempo de tránsito en el sistema hidrogeológico.

Otro refuerzo valiosísimo es el del geólogo Julio Fierro Morales, de la firma Terrae, de Bogotá, quien por otro camino, el de la conductividad eléctrica, me dice que “en sus presentaciones públicas realizadas en el primer semestre de este año, AGA mostró datos físico-químicos de las aguas, cuyos resultados son muy similares a los datos de aguas de manantiales que han sido medidos por grupos de trabajo técnico independientes contratados por las comunidades. Los datos de conductividad muestran que los manantiales de la parte baja (tierra caliente) tienen valores consistentemente mayores conforme se alejan de la parte alta (tierra fría), y esto solo puede ser explicado por el recorrido de las aguas a través de los macizos rocosos. Una roca que permite que el agua se infiltre en la parte alta, la recorra y luego salga en la parte baja se llama, en Jericó y en Cafarnaúm, acuífero. Quizá valga la pena que Valencia se dé un paseo por la tierra caliente y vea que cada finca toma de agua en los nacederos, para que su voz no sea solo un eco de lo que dice la cuestionada empresa minera”.

Por estas razones no pueden decir que no se afectarán las aguas. El consumo en los procesos de la empresa sería varias veces superior al que ellos dicen, al volumen de lo que tomarían del río Cauca como única fuente, pero… claro: la realidad sería que con las filtraciones a los túneles y a la gigantesca caverna que se formaría con la explotación de la roca suplirían sobradamente el agua que necesitarían y no traerían del Cauca. El gran consumo sería en el proceso de flotación, que es el frecuentemente utilizado para separar los concentrados metálicos y las arenas y lodos residuales, que son las famosas colas o relaves que Valencia Cossio prácticamente omite, pasa por encima, hablando de un supuesto “proceso de relave”.

Otro es la de contaminación del aire, sobre la cual afirma que yo desconozco “que las actividades de explotación en el proyecto son subterráneas y que en ese sentido las emisiones de la explotación son tratadas en su interior sin que sean percibidas en la superficie”.

Puedo asegurar que jamás en parte alguna he dicho lo contrario. Clara y simplemente, me he referido a la administración y a otras operaciones grandes como la de flotación, empaque y despacho de concentrados, más la filtración y el secado de relaves que harían, según dicen sus técnicos, todo ello, cierta e indiscutiblemente, en la superficie.

Pero esos relaves tienen que ser almacenados sin límite de tiempo, es decir, eternamente, casi siempre en estado líquido, como lodos, en represas que se rompen con frecuencia y generan grandes desastres, como el muy divulgado hace unos meses en Brasil. Dice AGA que ellos los almacenarán (más de 17.000 toneladas por día) en una inmensa pila de 174 hectáreas de base y 120 metros de altura.

Y si eso resultara verdad, los relaves así preparados tendrían que ser transportados a la pila en camiones mineros que, dependiendo de su capacidad de cargue, requerirían muchos viajes por hora durante las 24 horas del día, todo el año. En días de lluvia harían tremendo pantanero y mucho rodaría al Cauca. Pero en días secos, la polvareda sería enorme y dañaría cultivos y pulmones. ¿Podrá sostenerse el señor Valencia Cossio en su afirmación?

Otro más, lo de revegetalizar la zona. No es decente ni honesto atacar a alguien poniendo en su boca lo que no ha dicho. Tampoco he afirmado en vez alguna que no se pueda revegetalizar la zona. Sí he dicho, y lo sigo sosteniendo, que es imposible revegetalizar la pila o montaña de relaves.

Y esa pila es solo una fracción del área que ocuparían las instalaciones de administración y operación de la empresa, un conjunto de edificaciones y patios industriales de más de 50 hectáreas que brillaría como parche en el verdor de arboledas y potreros, causando irremediable daño al paisaje, al que yo vengo llamando ‘monumento a la feúra’. Esto, para tocar algo del tema de daños al paisaje, que tantos esfuerzos les está costando, pero que solo dejarán el recuerdo de las alabanzas de Valencia Cossio.

Y otro: a propósito del almacenamiento de estos residuos, es importante copiar aquí la opinión bien autorizada de Julio Fierro, que coincide con lo que afirma Fabián Hoyos, bien explicado en el documento ‘Consideraciones…’, del que comenté en párrafo anterior.

Dice Fierro: “Es necesario explicarles a los pobladores del suroeste la imposibilidad de tener relaves encapsulados y supuestamente ‘secos’ como lo muestra la empresa minera en sus presentaciones. Los relaves con menor humedad se denominan filtrados, los cuales no son posibles cuando las precipitaciones son superiores a 50 mm de lluvia mensuales, de acuerdo con los estudios de la empresa Golder, que parece ser la biblia para los explotadores mineros. En el caso de Jericó, las estaciones de Ita y de Pueblo Rico nunca muestran promedios mensuales que sean menores al valor crítico para poder disponer relaves filtrados”. Al respecto, cabe preguntar ¿qué buscarán los señores AGA con esto y cómo creerles todo lo que dicen, como lo hacen Valencia Cossio y los demás consejeros que bastante le deben costar por ese trabajo?

Juzgarán los lectores si es el anterior artículo mío o este o el del exministro Valencia Cossio el que no se basa en argumentos válidos. Y de igual manera podrán pensar y juzgar sobre la calidad de la empresa minera.

Fuente:https://www.eltiempo.com/economia/sectores/exministro-propone-debate-sobre-mineria-en-jerico-425952

Este 17 de octubre defensores ambientalistas y habitantes del departamento de Santander volvieron a las calles en Bogotá para expresar su rechazo en contra de la licencia ambiental otorgada a la empresa minera árabe Minesa, en el Páramo  de Santurbán desde el 2015, que se ubicaría por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, afectando a ecosistemas, habitantes de zonas rurales y de la ciudad.

Una Audencia Publica de Páramos

Asimismo, la movilización buscó hacer un llamado a las instituciones ambientales como  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que en la audiencia pública sobre delimitación de Páramos, se comprometieran a realizar un espacio abierto con la comunidad en donde se expongan las consecuencias de la licencia sobre el Páramo de Santurbán en el marco del debate de control político que se le realizará la primera semana de noviembre a Rodrigo Suarez, director de de la ANLA y al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.

Mayely López, vocera del Comité por la Defensa del Páramo, expresó que la licencia sería  “un acto administrativo con el cual se pretende fraccionar las montañas y las delimitaciones territoriales de zonas protegidas» y afirmó que «a este acto, que supuestamente tendría que salir en diciembre, todavía le faltan estudios de impacto de mitigación y estudios a perpetuidad sobre cuáles serían las aguas subterráneas afectadas o  en general las consecuencias para el ambiente». (Lea también: No se puede fraccionar el Páramo de Santurbán»: Comité para la Defensa)

La movilización también rechazó la designación de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, como representante ministerial ad hoc para emitir un concepto al interior del Consejo Técnico Consultivo de la ANLA sobre el destino del Páramo de Santurbán, ya que para ambientalistas Carrasquilla estaría protegiendo los intereses de la multinacional Minesa y el proyecto de exploración minera de oro y cobre denominado Soto Norte, que se desarrollaría entre los municipios de California y Suratá. (Le puede interesar también: Razones por las que Carrasquilla no es idóneo para decidir sobre Santurbán)

Una mirada hacia las Comunidades de Santurbán

La activista agregó que las delimitaciones de los páramos se deben hacer “con la mirada de las comunidades afectadas” porque finalmente, aún si Minesa está hablando de garantías laboral y de enriquecimiento de estructuras por el bienestar de las comunidades con una ganancia en termino de regalías del 0,2%, permanecerían las afectaciones ambientales sobre las cuales no hay medidas de recuperación por parte de las autoridades institucionales.

“¿De verdad queremos realizar una afectación ambiental permanente para una ganancia que no va a mejorar realmente la calidad de vida de las comunidades, en cambio desempeñar ganancias por el bienestar de unos pocos que incluso se la llevan en otro país?”

Finalmente la activista afirmó: “seguiremos movilizándonos las veces que sean necesarias para garantizar la protección, no solo del Páramo de Santurbán sino de todos los territorios que necesitan la defensa por parte de la movilización cívica porque ese tema es algo que nos afecta a todos”.

Fuente:https://www.contagioradio.com/paramo-de-santurban/

Exministro de Minas Jorge Eduardo Cock analiza, punto a punto, los compromisos de AngloGold Ashanti.

El presidente de AngloGold Ashanti (AGA) en Colombia, Felipe Márquez, en su ‘Carta a todos los habitantes de Jericó’, del 18 de julio de 2019, radicada ante notario, y los altos funcionarios de la empresa, en sus presentaciones de ‘Socialización del estudio de impacto ambiental’ (EIA) han hecho una serie de compromisos y afirmaciones cuya posibilidad de cumplir es bien incierta, como se analizan en seguida:

1. Que “este proyecto tiene impactos mínimos en cuanto a calidad del aire y ruido, porque toda la actividad es dentro de la montaña”.

No es cierto ni posible. La mayor parte de las operaciones estaría por fuera de la caverna, en inmensas instalaciones y equipos, siendo la peor de todas la formación de la inmensa pila o montaña de residuos mineros o relaves, que son arenas sucias, lo que proponen como solución y cuyo transporte de la planta a la pila requiere muchísimos viajes de volquetas mineras por hora, todo el día. Ruido y polvo por cantidades.

2. Que “Estudiamos y nos aseguramos de que no existen acuíferos subterráneos en la zona del proyecto, por lo que el potencial impacto en aguas subterráneas será mínimo”.

La evidencia a la vista y los conceptos de muchos geólogos e hidrogeólogos muy conocedores de la zona contradicen esa afirmación y ello deja sin piso muchas otras cosas de su EIA y de su presidente.

Basados en esa afirmación de que en la zona no hay acuíferos, subestiman drásticamente las grandes filtraciones que se producirían en la caverna y en los túneles. Esas aguas, al entrar en contacto con aire y con rocas recién quebradas, igual que las que penetrarían por el gran hundimiento, la subsidencia y las grietas que la circundarían, se convertirían todas en aguas ácidas, inutilizables por los seres vivos o en agricultura, aguas que se producen y duran hasta por siglos.

3. No en su carta, pero sí en declaraciones al periódico Portafolio del martes 4 de junio del 2019, afirma el señor Márquez que “el proceso de producción… iría en una primera fase hasta 2047”. El documento de socialización del EIA (pág. 19) dice: “Fin operación minera (año 2045). ¿A quién o a qué creerle? Además, dentro de las leyes, nada justifica lo de “una primera fase”. Solo maromas y jugadas a la ley explicarían la extensión de los periodos que en ella se establecen.

4. Sobre el depósito de relaves dice el señor Márquez: “Al ser arenas secas se facilita su depósito, rehabilitación y revegetalización progresiva”. Lo primero es: ¿Arenas secas? ¿Cómo piensan secar más de 17.000 toneladas diarias? Como secan café, con techos corredizos, o en hornos a carbón o eléctricos.

5. Pero lo peor del tema es que una funcionaria de altísimo nivel en AGA define los relaves como “partículas de mineral que el agua ya ha lavado”, lo que aparece en su entrevista del domingo 30 de junio de 2019 en El Colombiano, sin rectificar. ¿Lavado? ¿Con qué agua? Y si fuera cierto, ¿dónde se vertería tal agua? ¡Por favor!

7. Otro cuento, no cierto, sobre arenas secas: ¿Revegetalizar? En La Guajira, cuando extraen el carbón, o lo que sea, siembran y crecen plantas del desierto. Pero ¿en esa tierra tropical de Cauca? Que no nos crean tan…

8. Más compromisos de Márquez sobre relaves: “Este depósito no tendrá ningún tipo de impacto sobre el río Cauca”. Y ¿qué pasaría con los aguaceros que caen en la zona? ¿No rodarían cantidades de arena ácida y con químicos hacia el río?

9. Para la generación de polvo, dice Márquez que tendrán “medidas de control, como riego con agua… y cubrimiento de áreas de operación con mallas”. ¿Agua? ¿Cuál? ¿No dicen que van a recircularla en un 80 por ciento? Y ¿mallas? ¿Sí tapan polvo?

10. En otro párrafo dice el señor Márquez: “El hundimiento que será progresivo, controlado”. ¿Controlado? ¿Cómo lo van a amarrar y frenar?

11. Y agrega que “se evitará el acceso de personas y animales al área de subsidencia”, que le harán “cierre perimetral”. Y continúa con “que la subsidencia se vea y se integre al paisaje y pueda ser considerado en el futuro un atractivo turístico, con potencialidad de volverse un espacio de avistamiento de aves”. En total contradicción con lo primero.

12. Hablando del paisaje, afirma: “Nos comprometemos a que nuestra presencia no será un factor disruptivo que altere sustancialmente la vista en la región”.

Tres enormes daños le hacen imposible cumplir: Uno, la inmensa ciudadela industrial que tendrían que construir, con grandes bodegas, talleres, patios y subestaciones, vías internas, bandas transportadoras, oficinas y otros ítems, que ocuparían más de cincuenta hectáreas según sus dibujos para la socialización, harían un horroroso parche en el verdor de la zona.

Otro, la gigantesca pila o montaña de arena que proponen hacer con sus “relaves secos”, un horrendo tumor en la pradera, con 174 hectáreas de base y 120 metros de altura en su “primera fase”. Y el otro, el famoso hoyo de la subsidencia, con una boca de varios cientos de hectáreas y con sus grietas radiales y, encima, la red de carreteables, caminos y desviaciones de quebradas para evitar que sus aguas se vayan por el hueco a su frente minero.

13. Un compromiso cumplible pero que niega las maravillas que prometen como beneficios que obtendría la población: hablando del empleo que generaría el proyecto minero, dice el señor Márquez: “Cerca de 3.000 en construcción (empleados directos y contratistas durante 4 años), 550 en operación (empleados directos y contratistas durante 21 años)”. Un tsunami inflacionario y de forasteros durante la construcción, muy poco en operación y… se cierra la mina. ¡Tremendo daño social!

14. Una sugerencia incumplible por absurda. Hablando de qué usos se le podrían dar al terreno que abandonarían (473 hectáreas, equivalentes a 739 cuadras) con el cierre de la mina, dice el señor Márquez: “Algunos ejemplos de qué se podría hacer son: … o granjas de generación de energía solar”. ¿Será que así, como un desierto, tan destruido lo pensarían dejar?

Fuente:https://www.eltiempo.com/economia/sectores/los-riesgos-del-proyecto-de-mineria-en-jerico-418650

Paradójicamente, el importante uso de los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de los bienes comunes ha intensificado la disputa por el verdadero sentido de la democracia durante los últimos años. Esto debido a que la fundamental participación de los pueblos en la defensa y la protección de los bosques, los suelos y las aguas ha desembocado en una reflexión sobre ¿qué es participar? ¿cómo se concibe la participación?, ¿cuál es su significado legal y/o legítimo en los territorios? Al mismo tiempo, estos pensamientos plantean retos importantes en cuanto a la concepción de las luchas ambientales más allá de lo jurídico, y presentan interesantes horizontes para la articulación de los actores en los territorios, en su diversidad y diferencias.

Recientemente, la Corte Constitucional ha emitido una serie de sentencias contradictorias frente al derecho de participación ciudadana que promulga la Constitución de Colombia (ej: T-342 de 2019), donde limita aún más la posibilidad de los municipios de decidir sobre la realización o no de actividades extractivas en sus territorios. Por esta razón, la Corte insta al Congreso de la República que defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio.

Bajo este contexto, es posible determinar dos escenarios producto de las limitaciones a la participación por parte de la corte. Por un lado, desde el inicio del año, el gobierno junto a sectores mineros y petroleros han anunciado la propuesta de un proyecto de ley sobre la coordinación y concurrencia del gobierno central con los representantes de los municipios -alcaldes- para la concertación de las actividades extractivas. Aunque hasta el momento no se ha presentado por parte del gobierno dicho proyecto, si se ha venido denunciando en diferentes medios de comunicación la estrategia de la Agencia Nacional Minera y Agencia Nacional de Hidrocarburos de reunirse con los alcaldes para promulgar tales territorios como municipios mineros y dar vía libre a las actividades extractivas. Es necesario aclarar que la estrategia del gobierno también se encuentra articulada con una reforma de la ley de regalías, actualmente en debate en el Congreso, que incrementaría el nivel de beneficios a los municipios que aportan mayores recursos al Sistema General de Regalías, intentando presentar a la minería y petróleo como más codiciables.

Quienes sí presentaron un proyecto de ley sobre la concertación y concurrencia respecto a actividades extractivas fueron los partidos de oposición, radicado el 24 de julio del 2019. El proyecto establece la necesidad de audiencias públicas ambientales, la participación de las universidades para los estudios previos a actividades extractivas, el reconocimiento a las posibles objeciones de los municipios y participación de la “ciudadanía”. Ahora bien, será necesario que el proyecto de ley pase por los diferentes debates y que no se convierta en un adefesio en donde la participación quede eclipsada por una simple concertación bilateral entre el gobierno central y los alcaldes, o que parta de un diálogo desigual entre comunidades y el sector empresarial. En definitiva, queda la pregunta ¿qué posibilidades reales van a tener las comunidades para decir no a un proyecto extractivo?.

Por otro lado, frente a esta situación los procesos organizativos han seguido construyendo y fortaleciendo propuestas de autonomías energéticas, alimentarias y de ordenamiento territorial popular, que se traducen en acciones concretas en la disputa por la participación y por la gestión comunitaria de los bienes comunes. En este sentido, y durante los últimos meses se han consolidado las consultas populares legítimas, inspiradas en ejercicios de participación ciudadana con el objetivo de radicalizar la democracia. Estamos hablando, por ejemplo, de la Consulta Autónoma realizada en La Guajira en el 2014, entre otras cosas, contra la expansión caboniféra en territorios étnicos, los mandatos populares en el Suroeste Antioqueño, construidos por varias comunidades en temas sobre uso del suelo y agua, patrimonio cultural y ambiental, participación social y educación territorial, así como propuestas de ordenamiento en relación con la construcción social y cultural de los territorios.

Sumado a lo anterior, la última consulta popular legítima respecto a la exploración y explotación de minería metálica e hidrocarburos llevada a cabo en Mercaderes (Cauca) el pasado 3 de agosto, fruto de la organización de varios procesos en la Coordinadora Integral Social Mercadereña y de las históricas luchas por las aguas en la región, deja enseñanzas que robustecen los ejercicios autónomos de las comunidades: 1) Se consolida una pedagogía popular y ambiental en donde las comunidades son capaces de aprender y enseñar en el voz a voz, de casa en casa, donde las expresiones culturales y artísticas se convierten en una oportunidad para el convite, la solidaridad y la alegría del compartir. 2) Redimensión (resignificación) de los territorios: ha sido la posibilidad de recorrer nuevamente los territorios, recordarlos, inquietarse nuevamente por sus montañas, fuentes y paisajes, en algunos momentos hasta se ha podido descubrir nuevos caminos, cuerpos de agua o animales. 3) Radicalizar la democracia ante la negativa del Estado de hacer cumplir el derecho de participación de la ciudadanía, las comunidades se organizan para hacer efectivo su derecho, el Estado se convierte en algo superfluo, no necesario para la expresión de una democracia radical. 4) Articulación de actores diversos más allá de sus diferencias para la protección del agua y de la vida, que abarca también la lucha por las economías propias y las posibilidades de transformación desde la raíz.

Uno de los retos fundamentales radica en ¿cómo dar continuidad a la construcción de los sentidos de la participación en clave de ejercicios de autonomía territorial? Si bien, las posibles respuestas son asuntos para seguir reflexionando y construyendo, hay ejemplos y pistas en lo más profundo del tejido territorial, resulta importante seguir aprendiendo de ellas, tanto de sus obstáculos como de sus aciertos.

Fuente:https://www.contagioradio.com/sentidos-ambientales-de-la-participacion/