DECLARACIÓN PÚBLICA

 Ante la inusitada “propuesta minera”… Basta de políticas a espaldas de la ciudadanía

El pasado miércoles fue entregada a la Moneda una propuesta de política minera de un grupo de 13 personas, convocadas por Ricardo Lagos (el mismo que en 2001 ratificara a espaldas de la ciudadanía el nefasto Tratado Binacional Minero Chile-Argentina); según se informa en El Mercurio, este grupo trabajó de manera secreta y a puerta cerrada durante un año para definir los lineamientos país en el sector económico que más conflictividad socioambiental ha generado en los últimos 10 años. Frente a esto OLCA declara:

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Organizaciones ambientalistas de Maipú presentaron una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente con el objetivo de que la Minera Española Chile Limitada, que opera en la comuna, sea desalojada de la zona por el grave daño a la biodiversidad que afecta a la Quebrada de La Plata.

El vocero de la Red por la Defensa de la Quebrada de La Plata, Matías Flores, denunció que la empresa continuó adelante con la extracción de minerales, a pesar que el propio alcalde, Cristián Vittori, logró clausurar los trabajos en la zona.

La directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, Natalia Alfieri, explicó que este lugar en la comuna de Maipú es un sitio prioritario y la minera está desarrollando labores de explotación, sin respetar ningún tipo de permiso.

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El Consejo Minero, gremio empresario del sector, manifestó que las centrales de Energía Renovable No Convencional ERNC están teniendo una importancia creciente, pero no resultan suficientes para satisfacer las necesidades de energía del país.

Tras el rechazo de HidroAysén por parte del Consejo de Ministros, el Consejo Minero afirmó que resulta fundamental, y urgente, que se impulse el desarrollo de otros proyectos de energía de base que puedan suministrar electricidad segura y económica equivalente a la que habría podido aportar HidroAysén, cumpliendo por cierto con las normas ambientales. «El desarrollo de proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos de este tipo –no necesariamente de proyectos en específico- es tan importante para la industria minera como para otros consumidores de energía del país que retiran energía del SIC (sistema al que se habría conectado HidroAysén) o del SING, afirmó el gremio.

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Angloamerican podría dejar sin agua  a El Melón.-

Con la finalidad de interceptar las infiltraciones del Tranque de Relaves El Torito, la transnacional Anglo American Chile, división El Soldado ha presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la consulta de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental el Proyecto denominado “Habilitación Transitoria de Pozos de Captación de Infiltraciones Tranque de Relaves El Torito”, este proyecto se ubica en la provincia de Quillota, Región de Valparaíso. Dicha petición se enmarca en la necesidad de revertir la contaminación del agua  producto de la operación minera. Esta obra consiste en la habilitación transitoria de una cortina de nueve pozos profundos de extracción de agua subterránea, aunque se perforarán seis pozos adicionales para reemplazo en caso de que uno quede inutilizable, sumando con ello un total de 15 pozos profundos a construir, además la minera proyecta en el corto plazo la construcción permanente de una zanja de intercepción. El trabajo se justifica por parte de la empresa, debido a que  lo proyectado originalmente para la disminución de la contaminación del vital elemento no está dando resultados positivos.-

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Una serie de violaciones a los derechos humanos que Minera Los Pelambres, del grupo Luksic y Antofagasta Minerals, ha cometido contra el pueblo de Caimanes, en el valle del Pupío, en la región de Coquimbo fueron expuestas por la Fundación Danielle Miterrand en conjunto con varias ONGs, el 23 de mayo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En la instancia multilateral se le solicitó al Consejo de los Derechos Humanos que exhorte al Estado Chileno a cumplir sus obligaciones internacionales respecto a la protección del ambiente y de los derechos humanos; que obligue a la empresa a hacerse responsable de los daños derivados de sus actividades; que revoque los permisos de construcción y funcionamiento del tranque; que detenga la vulneración de los derechos de las comunidades a raíz de las intervenciones mineras; que impida que los costos humanos, ambientales, culturales y sociales de los proyectos sean pagados por las comunidades, entre otras peticiones. Además, extendieron una invitación al relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, a que efectúe una misión de terreno en Caimanes para que constate los impactos del tranque de desechos tóxicos El Mauro sobre los derechos humanos de los habitantes de la comunidad.

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Sus descargas y puerto se ubican a pocos kilómetros del lugar donde se inhabilitó la conocida termoeléctrica Barrancones, que fue rechazada por el ex Presidente Sebastián Piñera.

El actor Francisco Reyes y las organizaciones ciudadanas MODEMA (Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de la Higuera), Chao Pescao y Reserva Marina, lanzaron este martes un corto audiovisual para pedir que se detenga el megaproyecto minero y portuario Dominga, propiedad de la empresa Andes Iron. Este pretende instalarse a sólo 29 kilómetros de las Reservas Marinas de la zona de Punta de Choros, IV Región, donde habitan ballenas, chungungos, numerosas aves marinas, y donde nidifica el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt.

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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respaldó ante la Corte Suprema a las comunidades diaguitas que denunciaron la presunta ilegalidad del permiso otorgado al proyecto minero de El Morro de la canadiense Gold Corp, que se ubicará en la zona cordillerana de la Región de Atacama.

El informe, que se encuentra en manos de los ministros del máximo tribunal del país, se opone a la decisión de la Intendencia de Atacama de respaldar la iniciativa productiva.

El proyecto de la canadiense Gold Corp para extraer oro y cobre, de 3.900 millones de dólares de presupuesto, enfrenta un recurso de protección que ya fue desechado por la Corte de Apelaciones de Copiapó en abril de este año.

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