Luego de varios meses de discusión y de diversas críticas de organizaciones medioambientales y sociales por el trasfondo del proyecto, la iniciativa fue revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados, donde luego del anuncio del gobierno de que no habría recursos, esta se retiró.
El proyecto había sido ingresado a la Cámara de diputados en mayo de 2014 por la denominada Bancada Glaciar con el fin de establecer una ley que protegiera y normara la intervención de estos. Sin embargo, una serie de modificaciones e indicaciones que se fueron introduciendo con el paso del tiempo provocaron que diversas ONGs medioambientales comenzaran a rechazar la posible ley.
Lo anterior porque el proyecto modificado no respondía correctamente a la intención inicial, sino que, por el contrario, podía dejar a los glaciares más vulnerables de lo que ya están.
A la discusión de la Comisión de Hacienda fue invitada la ministra Marcela Cubillos, quien expuso que desde la cartera de Medio Ambiente no se entregarían recursos a la iniciativa, por lo que fue retirada sin ninguna objeción por parte de la comisión. En ella incluso estaba el diputado Giorgio Jackson, quien fue parte de la Bancada Glaciar, pero que ahora se ha manifestado en desacuerdo con lo que es el proyecto.
Nathalie Joignant, del Observatorio Parlamentario Ciudadano, quien asistió a la sesión, comentó “ellos como gobierno le quitan el patrocinio al proyecto y el financiamiento y con eso lo matas, porque no puede seguir adelante, y eso fue en completo acuerdo con la comisión”.
Además, Joignant dijo que, aunque el proyecto no era lo que inicialmente se quería, podría haber sido revisado y modificado para que siguiera su curso y mejorara.
Por su parte, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, quien también asistió a la reunión, indicó que esta decisión de parte de la ministra responde a los intereses del gobierno del presidente Sebastián Piñera. “Si bien es cierto que la ley no era todo lo que queremos, es un proyecto que tenía una definición, un establecimiento legal como bienes nacionales, prohibición de establecer acciones en ellos y, obvio, un gobierno que impulsa una agenda pro inversión es lógico que quiera eliminar un proyecto que tenía al menos algunos artículos que protegían glaciares”.
En la sesión, la ministra Cubillos indicó que la protección de los glaciares será considerada en la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, la directora de Chile Sustentable afirmó que no pueden confiarse de sus palabras. “Con que precedente vas a confiar, los precedentes que hay son para desconfiar”, sentenció.
Tanto Nathalie Joignant como Sara Larrain lamentaron que, si bien el proyecto necesitaba modificaciones, su rechazo deja a los glaciares a la deriva hasta que se levante una nueva iniciativa que ofrezca políticas de mantención y protección.
Por su parte, desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, se han mantenido firmes en el rechazo a este proyecto desde que se conoció que sus modificaciones quitaban peso a la real protección, por lo que se manifestaron muy conformes con el rechazo.
María Jesús Martínez, vocera de la organización, explicó que la decisión era necesaria, pues si el proyecto seguía en curso iba a ser difícil de mejorar: “Para nosotros no es algo malo, parecía que de aprobarse o avanzar iba a ser un retroceso imposible después de arreglar, porque no era un proyecto que se pudiera arreglar. El proyecto de fondo venía con un vicio que era favorecer a la minería y legalizar la destrucción de los glaciares”.
Además, Martínez aseguró que seguirán luchando por incentivar que dentro del parlamento se levante una nueva iniciativa que, esta vez, ponga su foco de verdad en la protección, y que esperan que el gobierno deje de trabajar en pro de proyectos extractivos y dañinos para el medio ambiente.
Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/06/21/ley-de-glaciares-retiro-de-proyecto-deja-en-incertidumbre-su-proteccion/
El proyecto de Ley de Protección de Glaciares impulsado por un amplio grupo de diputados, y que llevaba cuatro años de tramitación en el Congreso, enfrentando una férrea oposición del Consejo Minero, fue retirado ayer por la Ministra Cubillos, en coherencia con la lógica del gobierno de favorecer la inversión a cualquier costo.
Su cercanía con Rafael Guilisasti, presidente del directorio de las sociedades Cascadas de Julio Ponce Lerou, y su paso por la agencia Paréntesis, siguen causándole un gran dolor de cabeza al vicepresidente ejecutivo de Corfo. Ahora fue el turno de los diputados de la Comisión de Minería y Energía, quienes lo emplazaron a transparentar sus nexos y a inhabilitarse en caso de haber conflictos de intereses, solicitud que provino hasta desde parlamentarios de Chile Vamos. La Corfo en tanto confirmó que encargará un informe en derecho, redoblando el blindaje ante eventuales críticas.
La empresa, que pertenece a grupo Luksic, pretende operar hasta el 2031, alcanzando los 176 mil toneladas anuales de cobre. Si sabemos que por una tonelada de cobre genera 100 toneladas de relaves mineros, esperamos que también informen a la comunidad cómo esperar tratar la sideral cantidad de relaves que se producirán y cómo esperan remediar la contaminación que se generará.
Su más rotundo rechazo manifestó la Comunidad Indígena Territorial de Belén, comuna de Putre, Región Arica y Parinacota, frente la realización de exploraciones mineras en el sector de Millune y su entorno, por parte de la transnacional Río Tinto, empresa de capitales anglo australianos.
El regreso de los hermanos al directorio de la firma fue producto de la decisión unánime de los ocho miembros, entre los que se encuentran Alberto Salas, cuestionado esta mañana por ser quien tenía como objetivo mejorar la imagen pública de la minera no metálica, Laurence Golborne, ex ministro de Piñera formalizado en el marco del caso Penta, Patricio Contesse Fica, hijo del histórico gerente general de la compañía también formalizado por delitos tributarios y Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet.
El Tribunal Ambiental de Santiago, por dos votos contra uno, rechazó la reclamación de Minera Candelaria en contra de la resolución sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que la multó con 5.049 UTA, unos $2.798 millones, por diversas infracciones a las resoluciones de calificación ambiental del complejo minero ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.
Senadora DC Yasna Provoste aseguró que la contratación del ex directivo como asesor incumple un acuerdo con el Gobierno, por lo que citará a la Comisión de Minería al ministro de Economía y al vicepresidente ejecutivo de Corfo. Junto con esto, parlamentarios del bloque ingresaron un oficio que pide al Presidente Piñera requerir al CDE que estudie acciones legales.
El abogado Jaime Madariaga recalcó que se viola «un tratado internacional de derechos humanos».