Hace dos meses la empresa Pan Pacific Copper, de capitales japoneses, envió a la comunidad de Estero Derecho, una solicitud para poder ingresar a la propiedad de la comunidad para realizar exploraciones, situación que provocó un rechazo de la comunidad y también del municipio de Paihuano.

Consultado al respecto al seremi de Minería, Roberto Vega, señaló que «lo primero que hay que aclarar con lo que han denominado el proyecto Perejil, se trata de una solicitud de mensura, es decir los pasos previos a poder hacer cualquier tipo de desarrollo minero y claramente acá existe un cierto sesgo porque la actividad minera es parte de Chile, nuestra región es minera y no podemos sacrificar un proyecto sin haberlo conocido».

«Las declaraciones del alcalde dicen relación con un desconocimiento completo del proyecto, en el cual hay que dejar claro a la ciudadanía que todavía no ha ingresado ningún proyecto ni de planta, ni de tranque, solamente hay una solicitud de mensura respecto a determinadas pertenencias que están dentro de la legalidad y corresponden en un país minero como Chile, que quiere atraer inversiones que se respete» agregó el seremi.

Según Vega hay que respetar la legalidad en los procesos y abrir las puertas para que la inversión llegue a la región, «sobre todo no podemos negar las plazas de trabajo para la gente, hay que ser categórico y hacer un poco de memoria el desarrollo y progreso que tuvo la minera El Indio para la conurbación La Serena y Coquimbo, en la cual se le cambió la cara a nuestra región gracias a minería» acotó.

«Sin escuchar a las partes ni tener un diálogo previo, no podemos como autoridades decir no a un sector, acá somos una región que quiere desarrollar emprendimientos, quiere atraer inversiones y lo primero que hacemos como autoridad política de este sector es garantizar que exista el respeto a la legislación» puntualizó.

Por su parte, Carlos Castillo, presidente de la Asociación Gremial Minera de La Serena, comentó que «me tiene muy preocupado e indignado la actitud de las autoridades alcaldicias de Paihuano, es una actitud negativa contra la minería no una exploración puntual, declara zona libre de minería pero no sé a qué se refiere con eso, porque Paihuano se extiende hasta la cordillera donde está el proyecto El Indio, le cierra las puertas a todas las mineras no solo a una».

«Lo único que desea es hacer una concesión minera, ya no es una exploración, después viene un trámite con la autoridad de dos años para poder construir la propiedad, pero de antemano cerrar las puertas tan tajantemente, la cordillera de esa zona es muy extensa y amplia, Paihuano tiene una gran jurisdicción» añadió Castillo.

De acuerdo al presidente del gremio, «negarse de buenas y primeras, sobre todo un alcalde que es partidario de un gobierno que ha declarado el libre mercado y el fomento a los desarrollos mineros, me parece muy extrema la actitud».

Castillo apunta al diálogo como clave en el proceso, «Chile es un país minero, por lo tanto tenemos que dialogar porque es como que mañana nos opusiéramos a algún tipo de agricultura, nadie puede decir tajantemente yo declaro libre esta zona, no es así, la minería ha sobrevivido por siglos en este país por lo tanto la actividad puede continuar con limitaciones, reglas, pero tiene que sobrevivir porque de una manera u otra somos parte de la sociedad».

Respuesta del alcalde: «Existen temas de voluntades»
Si bien desde el municipio se habían referido al tema a través de un comunicado, Diario LA REGIÓN conversó con el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, quien señaló que «cuando esta noticia se hizo pública, los grupos ambientales reaccionaron y nosotros también como comuna».

«El tema es que justamente donde esta empresa quiere hacer su estudio es donde comienza el Río Cochiguaz y eso significa que esa agua posteriormente llega al río Claro y después al Elqui, que es el agua que proporciona el suministro para Paihuano, Vicuña, La Serena, Coquimbo, o sea que toda el agua que toman los vecinos sale de ese afluente» aclaró.

Respecto a los dichos del seremi de Minería, Ahumada fue enfático en señalar que «entiendo y respeto mucho la opinión de Roberto (Vega), aparte que lo conozco hace mucho tiempo, probablemente tiene que ver los intereses de la parte económica… está bien, pero soy el alcalde de una comuna elegido democráticamente, soy nacido y criado acá, conozco cada uno de los lugares de mi tierra, aparte que hace unos meses fuimos declarados zona de interés turístico».

«Independiente de los permisos, sabemos el impacto de las mineras, pero sabemos que estaríamos tapando el sol con un dedo diciendo que las mineras no van a entrar porque tienen una ley que perfectamente pueden hacer caso omiso a todo lo que nosotros hagamos, pero sí existen temas de voluntades» agregó el acalde.
La decisión del edil fue respaldada por el concejo municipal que en sesión extraordinaria, desarrollada el pasado lunes, mostró de forma unánime su rechazo a la posible instalación de empresas mineras en la alta cordillera de la comuna, específicamente en donde se ubica el Estero Derecho.

Fuente:http://www.diariolaregion.cl/seremi-y-asociacion-minera-cuestionan-posicion-de-alcalde-de-paihuano/

Más de 150 personas de los pueblos originarios del territorio Arica y Parinacota, junto a organizaciones sociales, culturales, ambientales y personas de los valles y ciudadanía en general, participaron en la “Gran Movilización por la Defensa del Territorio y Aguas: No a la Minería”, que se realizó este 27 de septiembre en Arica.

La acción autoconvocada por los pueblos de Belén, Chapiquiña, Pachama, Copaquilla, Lupica, Saxamar, Tignamar, Guallatire, Livilcar, Zapahuira, Socoroma, Putre, Caquena, Timar, Pachica y el valle de Azapa, buscó visibilizar la oposición de los pueblos a la minería que amenaza las formas de vida tradicionales y afectación al medioambiente, exigiendo al gobierno que reconozca los territorios ancestrales y no los apropie como fiscales. Asimismo, cuestionaron el Plan Maestro de Repoblamiento para Parinacota que anunció el gobierno, estrategia que no cuenta con la participación de los pueblos.

Marcha

La movilización pacífica partió en la plaza Los Leones donde se dirigió hasta SERNAGEOMIN, organismo que recibe las solicitudes de exploraciones minera; luego las y los manifestantes llegaron a la CONAF institución pública a la que emplazaron a informar los daños de flora y fauna que están realizan los proyectos mineros que hoy están afectando a la Región. Por calle Juan Noé la marcha se detuvo en CONADI, Poder judicial y oficinas de enlace de las comunas de Camarones y Putre, ocasión donde se solicitó a las autoridades comunales que expresen públicamente su postura ante la minería y apoyen en esta lucha a los territorios.

Finalmente, la movilización llegó al frontis de la Intendencia Regional para hacer entrega de una carta donde se exige que: el Ministerio de Bienes Nacionales reconozca el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, dando cumplimiento a la titulación de los territorios al amparo de la normativa internacional.

La reforma al Código de Agua reconozca la propiedad y el uso que ancestralmente hacen las comunidades indígenas territoriales de la región, respetando nuestra cosmovisión indígena.

La reforma al Código de Minería la cual otorga concesiones mineras en territorios indígenas, dañando irreparablemente nuestro patrimonio cultural y natural, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada.

Y eliminar la minería como eje de desarrollo en la región de Arica y Parinacota y, en nuestros territorios, respetar nuestro derecho a decidir nuestro propio desarrollo.

Cabe destacar que la Gobernación Provincial no autorizó el recorrido solicitado, a pesar que la carta fue enviada hace más de 15 días de anticipación, hecho que los pueblos calificaron de arbitrario y discriminatorio. Según las y los organizadores, no descartan realizar las acciones pertinentes por vulneración de derecho a la libertad de expresión a los pueblos originarios.

COMUNICADO PUBLICO

Los pueblos precordilleranos y cordilleranos, comunidades indígenas aymaras y quechuas, y las organizaciones sociales, culturales, ambientales y de los valles de la región de Arica y Parinacota, autoconvocados en la ciudad de Arica, en el marco de la defensa de los DERECHOS TERRITORIALES establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestamos lo siguiente:

Que el actual gobierno del Presidente Sr. Sebastián Piñera, tiene el deber de reconocer el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, donde su fundamento no descansa en la existencia de un título o una inscripción en el Registro Público de Tierras Indígenas de la CONADI, sino, en la ocupación y el uso tradicional que de las tierras y territorios han hecho o hacen desde tiempos inmemoriales.

Que el gobierno tiene el deber de tomar las medidas que sean necesarias para regularizar la propiedad territorial, con el fin de garantizar su debida protección y dar solución a las legítimas reivindicaciones territoriales, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT.

Que la titulación de territorios indígenas, ya tiene precedentes en los gobiernos anteriores, que mediante la acción del Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena lograron titular territorios indígenas en la segunda región, situación que demuestra que solo se requiere de voluntad política del actual gobierno para delimitar los territorios de las comunidades indígenas territoriales de esta región.

Las comunidades indígenas rechazamos la doctrina de la negación que realiza el Gobierno en materia territorial, al establecer que nuestro sistema jurídico no reconoce el “dominio por preexistencia o ancestralidad”, desconociendo la dimensión colectiva y espiritual; relación especial que poseen nuestras comunidades indígenas territoriales. Asimismo, condenamos la separación de la tierra y el agua, establecida en el Código de Aguas, pues la correspondencia de ambas es necesaria para la supervivencia, desarrollo y continuidad de nuestras formas de vida.

Exigimos la derogación del Decreto Exento Nº215 emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales que destina aproximadamente 9.000 hectáreas al Ministerio de Defensa para la instrucción y entrenamiento militar de la VI División del Ejército, territorios que le pertenecen histórica y ancestralmente a la Comunidad de Socoroma.

La comunidades indígenas territoriales rechazamos como eje de desarrollo la minería en nuestros territorios, ya que se contrapone a nuestra visión de desarrollo basada en la agricultura, ganadería y el turismo patrimonial, decisión que se toma bajo el amparo de los derechos a la autonomía territorial y la libre determinación, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En consecuencia, rechazamos la exploración minera de la empresa transnacional Rio Tinto Mining and Exploration Ltda., en territorio de la comunidad territorial de Belén, debido a que afecta su forma tradicional de vida, provoca un daño irreparable al patrimonio cultural y natural existente en su territorio y genera división en su comunidad.

Por lo tanto, exigimos al gobierno, a través su representante en la región, la Intendenta Sra. María Loreto Letelier Salsilli, lo siguiente:

1. a) Que el Ministerio de Bienes Nacionales reconozca el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, dando cumplimiento a la titulación de los territorios al amparo de la normativa internacional.
2. b) Que la reforma al Código de Agua reconozca la propiedad y el uso que ancestralmente hacen las comunidades indígenas territoriales de la región, respetando nuestra cosmovisión indígena.
3. c) La reforma al Código de Minería la cual otorga concesiones mineras en territorios indígenas, dañando irreparablemente nuestro patrimonio cultural y natural, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada.
4. d) Eliminar la minería como eje de desarrollo en la región de Arica y Parinacota y, en nuestros territorios, respetar nuestro derecho a decidir nuestro propio desarrollo.

Los pueblos precordilleranos y cordilleranos, comunidades indígenas aymaras y quechuas, y las organizaciones sociales, culturales, ambientales y de los valles de la región de Arica y Parinacota, continuaremos con el proceso de defensa y protección de nuestros territorios y aguas, no cederemos ante la arremetida de proyectos mineros y no descansaremos hasta que el Estado elimine la minería como eje de desarrollo en nuestros territorios y reconozca jurídicamente nuestros derechos territoriales ancestrales.

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Si se puede. Ahí donde la dictadura, la Concertación, la Nueva Mayoría y la derecha impusieron la servidumbre y el pillaje, un puñado de patriotas logra ganar una batalla en defensa de los intereses de todos los chilenos. Para ello no fue necesario recurrir a las fuerzas armadas que -se supone- están ahí para defender los intereses del país, sino a la legalidad impuesta por los propios vendepatrias. Los abogados Julián Alcayaga e Inti Salamanca, las diputadas Claudia Mix, Gael Yeomans y Camila Rojas, y el partido Poder Ciudadano logran una victoria histórica: la sumisión no es una fatalidad. Sí se puede luchar por los derechos de las amplias mayorías.
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Ayer Corfo fue notificada de la “prohibición de celebrar actos y contratos respecto del litio”, resolución fue dictada por el Ministro Alejandro Madrid, como medida cautelar solicitada en la Acción Constitucional de Nulidad de Derecho, del contrato entre Corfo y SQM, suscrito 17 de enero 2018, que entrega la mayor parte de las reservas de litio del Salar de Atacama, a la cuestionada empresa SQM.

La acción fue presentada por las diputadas, Claudia Mix (Poder), Gael Yeomans (Izquierda Libertaria), Camila Rojas (Izquierda Autónoma) y el Partido Poder Ciudadano, representado por su presidenta Karina Oliva, y patrocinada por los abogados Julián Alcayaga e Inti Salamanca.

Esta acción de nulidad de derecho público, del contrato Corfo-SQM, se fundamenta en el hecho que dicho contrato infringe el inciso décimo del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los artículos 5° y 6° del DL 2.886 de 1979; el artículo N° 3 de la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras; y los artículos 7 y 8 del Código de Minería, normas que establecen que el litio no es concesible, y que solo puede ser explotada por el Estado, o mediante concesiones administrativas o contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo.
Importantes consecuencias

En aplicación de la medida cautelar, Corfo no podrá licitar este año, como lo tenía programado, la adjudicación de la cuota de litio para su industrialización, ni podrá crear el Centro de Transición Energética para el desarrollo del litio, ni ningún otro acto que tenga relación con el litio.

Adicionalmente, el ingreso de Tianqi a SQM queda en la cuerda floja, porque si el recurso es finalmente aceptado por la justicia, SQM ya no podrá explotar el litio del Salar de Atacama, lo que reduce considerablemente el valor de SQM, cuyo valor actual, sin el litio, se reduce a una mínima expresión.
Contexto

Como es sabido y pese al escándalo provocado al conocerse que SQM había pagado coimas a un amplio espectro de la clase política, la CORFO otorgó –el 17 de enero de 2018– la mayor parte de las reservas de litio chileno del Salar de Atacama, a la cuestionada empresa SQM, a la que Corfo le otorga un aumento de la cuota de extracción de 349.553 toneladas de litio metálico equivalente (LME) hasta fines del año 2030, triplicándose la cantidad permitida por contratos previos.

Además, en casi todo el Salar, le otorga derechos de aprovechamiento de aguas; se obliga a no permitir la exploración y explotación minera a otras empresas, y no permite que el Presidente de la República pueda licitar la explotación del litio. Todo lo cual es inconstitucional e ilegal.

En 1940, el artículo 6° de la Ley 6.482, reservó al Estado los yacimientos que contuvieran fosfatos y sales potásicas, y no permitía que algún particular pudiera constituir pertenencias mineras de ningún tipo en dichos yacimientos. El Salar de Atacama era el principal de esos yacimientos, por esta razón, cuando Anaconda quiso constituir 75.000 pertenencias de cobre, hierro y “otras substancias”, en dicho salar, no se le otorgaron las concesiones porque el yacimiento estaba reservado al Estado. Sin embargo, Corfo si pudo constituir 59.820 pertenencias OMA en el Salar de Atacama, en 1977, solo en razón que no es un particular, sino un ente del Estado.

En 1979, se dictó el DL 2.886, que reservó al Estado la explotación del litio, con la única excepción de las pertenencias que estuvieran constituidas por “particulares”, con anterioridad al año 1979. Las pertenencias OMA de Corfo, constituidas en 1977, no podían quedar exceptuadas de la reserva al Estado, porque la excepción solo concernía a los “particulares”.

Desde el término de la Guerra del Pacífico, el Salar de Atacama pasó a ser propiedad del Estado de Chile, y por un decreto de 1884, en terrenos del Estado, que incluye el Salar de Atacama, los nitratos y sales análogas quedaban reservados al Estado, lo que fue refrendado por los Código de Minería de 1888, 1930 y 1932. En 1940, la Ley 6.482 reservó al Estado todo el yacimiento del Salar de Atacama por contener fosfatos y potasio, y prohibía que los particulares pudieran constituir pertenencias de ningún tipo. En 1979, el DL 2.886 reservó al Estado el litio, con la sola excepción de los particulares que tuvieran constituidas pertenencias con anterioridad.

En suma, por disposiciones legales, desde que el Salar de Atacama pasó a pertenecer al Estado chileno, nunca un particular pudo constituir pertenencia minera hasta que en 1979, el DL 2.886 reservó al Estado la explotación del litio.

Esta es la razón principal por la que Corfo no puede otorgar derechos de explotación en el litio, porque la Constitución solo faculta para ello, al Presidente de la República.

https://madmimi.com/p/b7e6ec?fe=1&pact=18201660-147337130-7449218253-e0ba7af30e02c41994022f4855dc130aafe8b412

Los impactos de la minería a nivel global y los pasivos ambientales y en la salud de las personas que dejaron las explotaciones Las Chivas de Puerto Sánchez, Silva de Puerto Cristal y Escondida de Puerto Guadal fueron el centro de la exposición de Sara Larraín en el seminario “Agua, minería y agricultura: ¿Una relación virtuosa?” realizado este sábado en Puerto Ingeniero Ibáñez. La directora del programa Chile Sustentable sería una de las panelistas del encuentro, junto con la empresa Laguna Gold que impulsa el proyecto “Terrazas” en el área y el Servicio de Evaluación Ambiental, instituciones que formalmente se restaron de participar.

La especialista apuntó a la necesidad de la comunidad de informarse sobre las iniciativas que se pretenden materializar en su territorio, rol que debiera asumir el Estado pero que en la práctica no ocurre. “El Estado debiera asumir una incorporación de las comunidades locales en la definición de su propio desarrollo.  No es el establishment de funcionarios, sino en cada uno de los territorios debieran ser las personas el ente primordial que decide sobre su propio desarrollo” explicó.  En este sentido, puntualizó que “en la medida que asume las consecuencias asume la responsabilidad sobre la decisión de lo que va a ser este territorio durante su vida y durante la vida de sus hijos y nietos”.

En este sentido, recordó el proceso de ratificaciones nacionales del Acuerdo de Escazú (suscrito en el marco de la Asamblea General de la ONU) que se inicia el 27 de septiembre y que apunta al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.  Algo que en el caso de Aysén con los proyectos mineros que se proyectan no ha ocurrido.

Esto es más grave aún cuando “en el caso del extractivismo, como la minería de minerales sólidos o de líquidos como el petróleo, todas las experiencias del mundo muestran una devastación ambiental que va junto con una devastación social y cultural” concluyó Sara Larraín

El encuentro, en el cual participaron unas 80 personas, fue organizado por la agrupación local “Puro Ibáñez”.  Su vicepresidenta Mirza Hernández expresó su satisfacción por el interés generado.  “No esperábamos que llegara tanta gente como la que vino y ojalá que para la próxima actividad haya muchos más participantes.  Fue algo bonito, con harta participación. Fue bueno, muy bueno” indicó.

Para la vecina Rayén Cayún, la actividad fue interesante. “Primera vez que tenemos un debate de esta índole, porque finalmente se convirtió en un debate, lo cual es importante porque es bueno que todos expongamos de alguna manera nuestros puntos de vista, con respeto” indicó.  La relevancia está dada, en su opinión, en que “hay muy poca información. Somos generalmente un pueblo, o un ciudadano mejor dicho, desinformado y se agradece el interés de haber llegado hoy acá a nuestra convocatoria de seminario.  Estamos muy contentos de que nos hayamos unido hoy día”.

Presente estuvo también el consejero regional y médico Rodrigo Araya, quien lamentó la ausencia tanto de representantes del Estado como de la minera Laguna Gold, controladora de El Toqui, que está tramitando una declaración de impacto ambiental para instalar 101 plataformas de prospección minera a 3,5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez. Sin embargo aquello, “la exposición fue clara. Sara Larraín hizo un catastro completo de la realidad e impacto ambiental de las mineras en el país y a nivel mundial.  Nos vamos con una imagen muy clara sobre los riesgos o lo difícil que es, o imposible diría yo, que la minera funcione en un lugar sin afectar la ecología, el agua, el medioambiente, sin afectar la actividad agrícola de esa localidad”.

Agregó Araya que “eso hay que seguir investigándolo, porque hay más áreas que es necesario investigar” sobre la compatibilidad entre minería, agua y agricultura.

La avanzada del oro en la cuenca del Chelenko

Uno de los aspectos que más llamó la atención a los asistentes, además de la información sobre los pasivos ambientales producto de los relaves abandonados alrededor del lago General Carrera y los inactivos en la zona de Alto Mañihuales, fue ver el contexto general de iniciativas mineras que se proyectan en el área.

Actualmente existen las operaciones de Cerro Bayo (de la canadiense Mandalay Resources), paralizada luego de la muerte en 2017 de dos trabajadores en las faenas Delia 2. Sin embargo, desde fines de agosto tiene aprobada una declaración de impacto ambiental para rehabilitar la mina Javiera, a pocos kilómetros de Bahía Jara.

Por su parte la australiana Equus Mining, a través de Southern Gold, pretende desarrollar el proyecto “Los Domos”, adyacente a la actual reserva nacional Jeinimeni, en terrenos fiscales que serían parte del Parque Patagonia y a escasos kilómetros del circuito turístico Cueva de las Manos/Piedra Clavada/Valle Lunar y en una zona de alto interés paleontológico y arqueológico.  La compañía también tiene intereses en el sector Cerro Diablo, cerca de Puerto Ingeniero Ibáñez.

También en las cercanías de la localidad está la zona del proyecto Estero, del gigante minero canadiense Goldcorp.

Y, por último, se encuentra la australiana Laguna Gold, propietaria de El Toqui, que bajo el proyecto Pirámide, pretende incursionar con las operaciones de “Terrazas” y otras en Península Levicán y en dos sectores de los alrededores de Puerto Ingeniero Ibáñez.

Fuente:http://www.cronicadigital.cl/2018/09/25/todas-las-experiencias-mineras-del-mundo-muestran-devastacion-ambiental-junto-con-devastacion-social-y-cultural-sara-larrain/

En abril pasado, el Gobierno de Sebastián Piñera le dio un espaldarazo a la implementación de tronaduras, las que se desarrollarán cuatro veces a la semana, lo que generó polémica entre los opositores del proyecto.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) autorizó el uso de tronaduras en la mina Invierno, ubicada en la Isla Riesco, Región de Magallanes, a pesar del rechazo de organizaciones medioambientales.

Con la decisión del SEA, se revierte lo expresado en enero pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, quien con el voto del ex intendente Jorge Flies, rechazó las tronaduras en la zona.

Nelly Núñez, directora regional subrogante del organismo, explicó a radio Cooperativa que se permite “la incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”.

Sin embargo, quienes estén en contra de lo resuelto por el SEA, tienen un plazo de 30 días para apelar ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

Ya en abril pasado, el gobierno se había mostrado a favor de las tronaduras en la zona, lo que generó el rechazo de los contrarios al proyecto minero.

En abril pasado, el Gobierno de Sebastián Piñera le dio un espaldarazo a la implementación de tronaduras, las que se desarrollarán cuatro veces a la semana, lo que generó polémica entre los opositores del proyecto.

La mina Invierno es propiedad del grupo Copec y Ultramar, está ubicada en la Isla Riesco y ocupa una superficie de 1.508 hectáreas.

Fuente:https://www.eldinamo.cl/ambiente/2018/09/24/servicio-de-evaluacion-ambiental-autoriza-uso-de-tronaduras-en-mina-invierno-de-isla-riesco/

El doctor en geografía, glaciólogo y consejero del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, precisó que «en el sector donde está el rajo abierto de la mina Los Bronces, existían varios glaciares, de tipo rocosos, que tienen desde su masa un 40 y 60% de hielo, y esos glaciares fueron destruidos por la actividad minera, se fueron y ya no existen».

Los conocidos glaciares de los cerros La Paloma y El Plomo- que se alzan hasta los 5.000 mts de altura y que nutren los caudales de los ríos de capital- se encuentran en peligro.

Seguir leyendo esta noticia aquí , http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/16/glaciologo-apunta-a-anglo-american-por-derretimiento-de-glaciares-se-estan-acelerando-por-culpa-de-la-actividad-minera/

Máximo Tribunal estimó que la reclamante debió apelar al fallo y no recurrir de casación.

Por cuatro votos contra uno, la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto por la Sra. Ana Stipicic en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia, que rechazó la reclamación presentada contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que aprobó un Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por Minera Invierno S.A. y Portuaria Otway Ltda.

El fallo de la Excma. Corte concluyó que no correspondía, en este caso, el recurso de casación, sino que se debió recurrir ante la I. Corte de Apelaciones de Valdivia, la cual es competente para conocer las acciones tendientes a revisar las decisiones del Tribunal que impiden la continuación del proceso. El Máximo Tribunal consideró, además, que la resolución que aprobó el PdC no era reclamable ante el Tribunal Ambiental, porque constituía un acto trámite, y no un acto administrativo que pusiera término al procedimiento administrativo sancionatorio.

En esta causa, la reclamante pretendía dejar sin efecto la decisión de la SMA de aprobar el PdC de Mina Invierno, mediante el cual la empresa busca regularizar incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero que se emplaza en Isla Riesco, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La sentencia de la Excma. Corte Suprema fue pronunciada con el voto a favor de los Ministros Sra. María Eugenia Sandoval, Sr. Arturo Prado y los abogados integrantes Sr. Pedro Pierry y Sr. Julio Pallavicini; y el voto en contra del Ministro Sr. Sergio Muñoz, quien estuvo por acoger el recurso de casación -pues a su juicio era irrelevante que el acto reclamado fuere de trámite-, y dejar sin efecto la aprobación del PdC resuelta por la SMA.

Fuente:https://3ta.cl/corte-suprema-confirmo-sentencia-del-tribunal-ambiental-de-valdivia-por-proyecto-mina-invierno/

La comunidad de Peine presentó una denuncia en contra Minera Zaldivar en la Superintendencia de Medioambiente. La idea de sus impulsores es que se fiscalice el cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y exponer el incumplimiento de la cantidad de años de extracción de agua por parte de la empresa. 

Sergio Cubillos, presidente de la comunidad de Peine, señaló que “descubrimos en conjunto con nuestros abogados, que la RCA del año 1993 señala que Minera Zaldivar puede realizar extracción de agua por un periodo de 20 años. No existe ningún documento que sea por 30 años, sólo se menciona en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del año 2010 pero no existe ninguna evaluación de extensión de plazo”.

Agregó que “para que se extienda la extracción de agua debería existir una solicitud evaluación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, la cual no se realizó. Por lo que, en estos casos, existe una irregularidad por parte de la autoridad, realizando un incumplimiento a la ley 19.300.

Finalmente apuntó que la minera se encuentra presente en la zona sur de la cuenca del Salar de Atacama desde el año 1995, específicamente en el sector de Negrillar- Tilopozo donde extraen cobre. Para dicho proceso extrae actualmente 213.5 litros de agua por segundo.

.Peine, debido a su ubicación geográfica, es una de las comunidades afectadas directamente por el extractivismo que realiza la gran minería en la cuenca del Salar de Atacama.

Fuente:http://www.derechoalagua.cl/2018/09/13/comunidad-de-peine-presento-denuncia-en-contra-de-minera-zaldivar-2/

La República del Congo y Chile tienen algo en común, y lamentablemente no es algo positivo , se trata de las dramáticas consecuencias contaminantes de la industria del Litio y del Cobalto.

EL medio Alemán ZDF.investigó el caso comparando la gran promesa de la industria de la electro movilidad con su problemática relación poco sustentable con las materias que utiliza.

La electromovilidad de considera una fuente de salvación: amigable con el medio ambiente , limpia y sostenible.Pero las materias primas necesarias para las baterías son escasas y a menudo provienen de fuentes problemáticas.

Seguir leyendo la noticia en este link http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2018/09/12/periodistas-alemanes-reportan-grave-contaminacion-por-industria-del-litio/