En la Legislatura se presentó ayer un proyecto de ley que apunta a prohibir la actividad minera metalífera y nuclear en Chubut. La iniciativa ya ha tomado estado parlamentario y con su aprobación se debería derogar la Ley 5.001 por lo que los proyectos mineros, que están en actividad, deberían cerrar. Además, la nueva legislación solo se podría derogar con una consulta popular.

Integrantes de la Red Sombra Observadores de Glencore detalló en un estudio los “impactos y daños graves de siete operaciones mineras” de la firma en Argentina, Bolivia, Perú y Colombia. Denuncian que la empresa miente en sus reportes oficiales. Una investigación que puso la lupa sobre el accionar de la empresa en América latina precisó los desastres ambientales y la falsas promesas de Glencore, que en Argentina es propietaria de Minera Alumbrera junto con Yamana Gold y Xtrata en la extracción de oro y cobre en Mina La Alumbrera de Catamarca, Pachón en San Juan y Mina Aguilar en Jujuy.

Glencore es la mayor multinacional de materias primas del mundo y acumula denuncias por violación de derechos humanos, contaminación, lavado de dinero y corrupción, pero aún así mantiene un perfil bajo y está lejos de la condena pública que sí pesa sobre otras multinacionales extractivas.

La suiza Glencore fue fundada en 1974 y en 2005 se convirtió en la empresa líder en comercio de materias primas (metales-minerales, petrolíferas y productos agrícolas). Controla el 60 por ciento del comercio mundial de zinc, el 50 por ciento del de cobre y el 45 por ciento del de plomo.

El accionar de Glencore ameritó que una decena de organizaciones de América latina y Europa se conformaron en 2012 en la denominada Red Sombra Observadores de Glencore para compartir experiencias e investigar sus actividades. Por Argentina, participa en ella la organización catamarqueña Bepe (Bienaventurados los Pobres).

“Hemos establecido los impactos y daños graves de siete operaciones mineras de Glencore en nuestros países (Argentina, Bolivia, Perú y Colombia). La empresa provocó consecuencias negativas para las comunidades”, denuncian las organizaciones en una investigación de 84 páginas presentada en marzo en Colombia y que este mes será dada a conocer en Catamarca.

Glencore tiene la particularidad de ser parte de las multinacionales mineras y también del agro y el petróleo, y de intervenir en toda la cadena: producción, transformación, almacenamiento y transporte de materias primas. “La diversificación de su operación le da ventajas de mercado incomparables”, detalla la investigación.

El trabajo cuenta con un apartado especial de Argentina sobre Minera Alumbrera. “El Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa da cuenta de la magnitud de las afectaciones a los ecosistemas. Disminución de cuencas hídricas, depresión de acuíferos, reducción del caudal de los ríos, alteraciones en la calidad del agua y el aire, destrucción de hábitats y afectación de la flora y la fauna”, denuncia la investigación.

El estudio precisa que Minera Alumbrera cuenta con un permiso de la provincia para la extracción de agua subterránea de 100 millones de litros por día. “Es el consumo hídrico más alto de las operaciones de Glencore en América latina. El consumo excesivo de Minera Alumbrera tiene repercusiones en la población de una provincia caracterizada por su aridez y sus altas temperaturas”, afirma el trabajo.

Alerta, además, que otra contaminación confirmada se dio en la localidad de Ranchillos (Tucumán), por donde la empresa transporta el barro con minerales. Detalla que en el proceso de secado la empresa vierte agua con metales pesados en el canal pluvial llamado “DP2” que tributa en las cuencas de los ríos Salí y Dulce, y luego desaguan en el dique Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

La investigación es muy precisa y respalda cada dato con una prueba documental, con fuentes comprobadas que desmienten los informes oficiales de la compañía –llamados “informes de sustentabilidad” o “reportes de responsabilidad social empresaria”–, que publicitan un modelo “minero sustentable”.

El trabajo de las organizaciones sociales aborda las consecuencias de las voladuras de roca que desprenden altos niveles de emisión de gases nitrosos (genera lluvias ácidas) y la contaminación por el dique de colas, un enorme basurero minero de 30 hectáreas de superficie y hasta 150 metros de profundidad. “Fue emplazado en una zona de accidente geológico, lo que provocó filtraciones de los desechos. En los primeros años de explotación esta información fue ocultada y negada por Minera Alumbrera”, denuncia la investigación.

El informe analiza también el aspecto económico. Cita los registros oficiales de 2014, donde por cada cien dólares exportados la “renta minera fluctuó entre el 20 y 25 por ciento”. En 2015 Glencore afirma haber pagado en Argentina 525 millones de dólares, de los cuales solo 16,5 millones fueron al gobierno de Catamarca. “La escasa renta minera para Argentina, y en especial para la provincia, es fruto de los marcos legales y fiscales de baja imposición, de los cuales Glencore obtiene un tratamiento altísimamente favorable”, advierte.

También detalla las causas judiciales por evasión (Alumbrera no declara más de 50 minerales que exporta) y por contaminación (está procesado al gerente general, Raúl Pedro Mentz). Pero ambas causas avanzan muy lentamente, con responsabilidades de jueces y fiscales. En 2017 se confirmó la denunciado por organizaciones sociales desde hace años: que evade impuestos mediante cuentas en paraísos fiscales (en los conocidos Paradise Papers).

Glencore también es propietaria en Argentina de la explotación minera Pachón (en San Juan) y Mina Aguilar (Jujuy). Ambas con denuncias similares a Alumbrera.

Entre las conclusiones de la investigación se destaca que América latina es una de las zonas más lucrativas para Glencore, la compañía oculta sus finanzas en paraísos fiscales, realiza un pequeño aporte en renta minera en los países que opera, lleva décadas contaminando de forma impune, afectó ecosistemas, es un gigantesco contaminador de aguas, ha provocado emisiones contaminantes en todos los lugares donde operó y generó alta conflictividad social.

El pasado sábado 14 de abril se llevó a cabo un encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses, en la ciudad de Rawson. Allí se analizó la crítica situación en la que se encuentra la provincia y la embestida minera que están impulsando los gobiernos nacional y provincial, junto a un puñado de intendentes y jefes comunales vinculados con las corporaciones extractivistas. También se contabilizaron nuevas planillas de firmas de vecinxs de toda la provincia que exigen el tratamiento y aprobación del proyecto presentado en 2014 por iniciativa popular y se expresan en contra del proyecto de zonificación presentado recientemente en la Legislatura. Ya se han superado las 20.000 firmas y se definió que la campaña se extienda, ya que el pueblo de Chubut necesita ser escuchado por quienes deben representarlo.

A continuación, compartimos el documento construido de modo consensuado por la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses.

Documento de la Unión de Asambleas Ciudadanas de la Provincia del Chubut

Las/los vecinas/os integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses nos reunimos en asamblea en la ciudad de Rawson el día 14 de abril de 2018, con mandatos presentes de Trelew, Rawson-Playa Unión, Comodoro Rivadavia, Río Pico, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Esquel y Comarca Andina. Debatimos durante doce horas y analizamos en profundidad la crítica situación que nos afecta y convoca:

El pueblo trabajador de Chubut está sufriendo un brutal ajuste impulsado por el gobierno nacional, hoy bajo la conducción de Mauricio Macri, imitado a nivel provincial por Mariano Arcioni, acompañado por intendentes y jefes/as comunales. Dicho ajuste se observa en miles de despidos y suspensiones a lo largo y ancho de la provincia, cierre de fábricas, concentración de la riqueza, mercantilización de la educación y la salud, desdoblamiento de sueldos, precarización laboral, vaciamiento de la obra social SEROS y tarifazos en los servicios públicos. Ante esta gravísima coyuntura, y en medio de esta crisis diseñada ya desde gobiernos anteriores, vuelven a intentar la instalación de la megaminería en el territorio chubutense, la cual viene siendo rechazada por la movilización popular sostenida en las calles hace más de 15 años.

Por ello, las/los vecinas/os integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut expresamos lo siguiente:

• Denunciamos la persecución, criminalización y judicialización de la protesta de trabajadores y vecinas/os que eligen luchar ante este cuadro de situación, como es el caso de las personas denunciadas por el secretario de Seguridad, Federico Massoni, por manifestarse en las puertas de Casa de Gobierno, entre quienes se encuentran dos integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut.
• Denunciamos al intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán; a Marcelo Aranda, presidente de la comuna rural de Gastre; a Ricardo Sepúlveda, presidente de la comuna rural de Gan Gan; a Nilda Tolosa, presidenta de la comuna rural de Las Plumas; a Mario Oviedo, presidente de la comuna rural de Los Altares; a Miguel Ancamil, presidente de la comuna rural de Lagunita Salada; y a Leonardo Bowman, presidente de la comuna rural de Telsen, quienes presentaron de manera inconsulta a la población un proyecto dictado por la “Cámara Minera”, tal cual el mensaje recibido por el diputado Muñiz en plena sesión el 25 de noviembre de 2014, en connivencia con el ministro nacional de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y con el asesoramiento del subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello. Estos funcionarios impulsan la zonificación minera y el desarrollo de la megaminería, privilegiando mezquinos intereses de las corporaciones extractivistas, en detrimento de la salud de la población y contrarios al buen vivir. El proyecto presentado dice estar en concordancia con lo estipulado en la ex Ley 5.001 (XVII/68), pero al mismo tiempo propone entregar más del 60% del territorio a los intereses de las empresas trasnacionales mineras, siendo esto profundamente opuesto al espíritu de esta ley.
• Rechazamos que la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente siga en manos de Alfredo Di Filippo, diputado provincial que está actuando como un ferviente lobbista pro minero.
• Advertimos del riesgo de que se sesione fuera de la legislatura, y en instalaciones del Poder Judicial, situación que sólo se daría con el acuerdo de la totalidad de los bloques políticos y que permitiría votar leyes en contra del pueblo. Consideramos que si esto sucediera se incurriría en una acción profundamente antidemocrática que no garantiza el acceso público ni la redacción taquigráfica. Frente a este peligro, nos mantendremos en estado de alerta legislativa.
• Promovemos un estilo de vida con actividades productivas genuinas, transgeneracionales y fuertemente ligadas a la identidad de los territorios, por eso vemos con asombro que otros proyectos y actividades verdaderamente productivas surgidas e impulsadas desde la Meseta Chubutense no tienen eco político, administrativo ni legislativo.

Seguimos diciendo NO A LA MEGAMINERÍA, con las razones y conocimientos que venimos acumulando desde hace más de quince años.

Exigimos el tratamiento y aprobación del proyecto presentado por las Asambleas Ciudadanas de Chubut mediante el mecanismo de Iniciativa Popular y que prohíbe la minería contaminante metalífera y radiactiva en todo el territorio.

Nos declaramos en estado de alerta y movilización permanentes: convocamos a todos los vecinos y vecinas del territorio chubutense a compartir información independiente de las corporaciones y sus operadores gubernamentales y mediáticos, a discutir y organizarse en cada espacio comunitario, laboral, escolar, universitario, asambleario.

Reconociendo al extractivismo destructivo como el motor de los conflictos mundiales, repudiamos el bombardeo al pueblo Sirio por parte de los Estados Unidos y en acuerdo con Inglaterra y Francia.

NO AL SAQUEO Y NO A LA CONTAMINACIÓN MEGAMINEROS.

NO AL ENGAÑO DE LA ZONIFICACIÓN.

CHUBUT NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

NO ES NO… HACE MÁS DE 15 AÑOS LES DECIMOS “NO”.

¡¡¡NO PASARÁN, NO PASARÁN, NO PASARÁN!!!

Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut.

Rawson, 14 de Abril de 2018. Chubut. Patagonia Rebelde.

El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a los exsecretarios de Minería de la Nación Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso durante el kirchnerismo, por «abuso de autoridad», con embargos de dos millones de pesos, por omitir controles a la mina Veladero en San Juan.

La decisión se tomó en una investigación abierta a raíz del derrame de cianuro entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, que contaminó varios ríos, entre ellos el Potrerillo, a raíz de una falla en una válvula de esa mina de la empresa Barrick Gold, según el fallo al que accedió Télam.

«Sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente -habida cuenta de los derrames de solución cianurada que precedieron el de septiembre de 2015- la máxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumplió el mandato legal», afirmó Casanello.

«La ausencia de control, el déficit en el desempeño estatal, pese al mandato legal, es una premisa necesaria para comprender lo que ocurrió en septiembre de 2015», sostuvo el magistrado en el fallo.

Allí señaló, además, que recién después de los sucesos de ese año y «de manera tardía» se ordenaron fiscalizaciones a la mina, en las que se detectaron falencias como «falta de controles automáticos que permitieran la detección temprana de incidentes por parte de la empresa» que al momento del derrame «quedaba a merced de recorridas visuales».

«El retraimiento del Estado -más allá de lo que toca a la autoridad local- permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo debía ser objeto de un profundo y minucioso control», advirtió el juez.

En la fiscalía del caso, a cargo de Ramiro González, siguen abiertas otras dos investigaciones por derrames posteriores, uno el 8 de septiembre de 2016 y otro el 28 de marzo de 2017.

El juez procesó además a la exfuncionaria Beatriz Domingorena, por el mismo delito y con un embargo de un millón de pesos. Domingorena estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

«Se verificaron claras omisiones de los funcionarios públicos», concluyó el juez en la resolución en el marco de la causa donde actúa como querellante la «Asamblea Jáchal no se toca».

A Mayoral «se le reprocha el incumplimiento de promover estudios e investigaciones para evaluar, planificar y coordinar el racional aprovechamiento de los recursos mineros del país, contemplando la preservación del medio ambiente» y de «promover e instrumentar un sistema de monitoreo ambiental», sostuvo el magistrado.

En el procesamiento se tuvo en cuenta un informe técnico que aludió a «falencias relacionadas con la operatividad» en la mina que «repercutieron» a la hora de facilitar «el flujo de la solución rica derramada sin impedimentos hacia el cauce del río Potrerillos».

Además, en ese informe, se advirtió que el sistema carecía de controles automatizados y todo se hacía de manera manual, y que el derrame «se detectó a raíz de observar una variación significativa en el caudal del río Potrerillos» por parte de un empleado.

Los técnicos que redactaron el informe que está en la causa que investiga Casanello advirtieron que la válvula que supuestamente se rompió por estar expuesta a temperaturas extremas y congelamiento y provocó el derrame, pareció no haberse revisado para comprobar si su diseño era el adecuado.

Además, se sostuvo que la compuerta que comunicaba con el río al canal en el cual ocurrió el derrame fue reemplazada después de ese episodio, «lo cual permite suponer que el estado de la misma al momento del incidente no sería el adecuado».

En cuanto a la contaminación «se informó la presencia de plomo y cadmio en todas las muestras y cromo total en las muestras» tomadas en los ríos Potrerillos, Las Taguas, Blanco con valores «por fuera de lo normado».

En el caso de Lorusso, Casanello ya lo procesó en otra causa penal por irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Glaciares.

En tanto, tras conocerse el fallo de Casanello, desde la Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca celebraron los procesamientos, a los que consideraron «correctos».

Alivio en Jáchal

«Por fin vemos que una parte de la justicia hace cumplir la ley», dijo ayer Saúl Ceballos, referente de La Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca. Para Ceballos, la resolución de Casanello de procesar a dos exfuncionarios de la Nación «debería alcanzar también a otros funcionarios que tuvieron responsabilidad en los derrames como «el exministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, y el exgobernador, José Luis Gioja.

Fuente:https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Procesan-y-embargan-por-2-millones-a-Mayoral-por-el-derrame-en-Veladero-20180413-0099.html

La Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut presentó este miércoles en la Legislatura Provincial un listado con más de 17 mil firmas que exigen el tratamiento y aprobación del proyecto de ley por Iniciativa Popular presentado en el año 2014, a la vez que rechazan  la zonificación impulsada por 8 jefes comunales y funcionarios del gobierno nacional y provincial cercanos a las empresas mineras.

Las asambleas chubutenses y los grupos de vecinos/as autoconvocados/as de las diferentes localidades de Chubut llevaron a cabo, en tan solo diez días, una enorme campaña de recolección de firmas para expresar su mensaje en la Legislatura provincial.  Las/los asambleístas de la UAACH, que se reunieron para realizar la primera presentación durante la mañana del miércoles 11 de abril, entregaron 1713 folios con 17100 firmas que incluían alrededor de 16000 firmas de ciudadanas/os chubutenses y aproximadamente mil adhesiones de residentes en otras provincias y países.

La embestida minera que están emprendiendo funcionarios gubernamentales y operadores de las empresas generó un enorme malestar en gran parte de la población de Chubut.  Y la primera reacción popular, surgida y consensuada por las asambleas ciudadanas, para expresar la clara voluntad en contra del proyecto de  zonificación que presentaron los ocho jefes comunales, a fines de marzo, fue esta campaña de recolección de firmas. Debido al enorme  entusiasmo de la población por sumarse a la campaña y a la brevedad del tiempo para generar una entrega urgente en la Legislatura, quedaron muchas personas sin participar.  Por eso seguirán reuniéndose firmas durante los próximos días en diferentes localidades de la provincia y se realizarán nuevas presentaciones en la Legislatura en próximos días.

Viviana Moreno, vecina de la asamblea de Esquel,  reconoció en rueda de prensa que es un día festivo para los vecinos y aseguró que la presentación de firmas en la Casa de las Leyes es “una expresión de que la minería para los chubutenses no es sinónimo de desarrollo; seguimos pensando que queremos una provincia diferente”, manifestó y celebró que la conciencia ambiental sea cada vez mayor.

Por otra parte, la Unión de Asambleas Ciudadanas acompañó las planillas de firmas con un  documento donde se expresa que el martes 3 de abril se presentó ante la Justicia un pronto despacho para que haya respuesta al reclamo legislativo por el tratamiento de la Iniciativa Popular.  En el documento también se deja claro el mensaje que la población movilizada desea transmitirles a los legisladores provinciales: “Diputados chubutenses, llegó la hora de elegir de qué lado estar: o se está a favor del proyecto de las empresas y gobernantes pro-megamineros y en contra del pueblo del Chubut o se está en contra de la megaminería y a favor del pueblo”.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/40101-mas-de-17-000-firmas-por-la-iniciativa-popular-y-contra-la-zonificacion-minera

La empresa Minera del Altiplano quiere desviar el Río Los Patos para “ahorrar”. Peligra otro acuífero en Antofagasta de la Sierra donde se extrae litio.

La comunidad de Antofagasta de la Sierra en Catamarca se encuentra en estado de alerta porque Minera del Altiplano, la firma que extrae litio en la zona, quiere desviar el Río Los Patos con consecuencias incalculables para el medioambiente.

Más barato desviar el río de agua dulce que sostener el proceso para reutilizar el agua

Efectivamente, la empresa hace todos los estudios para desviar el curso de agua hasta la planta que la firma internacional tiene en Antofagasta. La finalidad es, por supuesto, contar con agua superficial dulce.  Mientras tanto, los vecinos aseguran que la consecuencia de esta decisión política-empresarial será un desastre para la vegetación y animales, río abajo. De hecho mucha gente sobrevive de la pesca en ese paraje.

Minera del Altiplano actualmente tiene un proceso para reusar el agua, pero con la idea de bajar costos calculó que, en lugar de reutilizar ese recurso, directamente la empresa le convenía traer el agua del Río Los Patos sin importar qué pudiera pasar con el ecosistema regado por el mencionado afluente.

Por qué el Gobierno se lo “permite” y no le “exige” a Minera El Altiplano

La pregunta es para el Gobierno de la provincia y la Secretaria de Minería ¿Por qué se le autoriza tamaña hazaña que puede terminar en un desastre natural solo por permitir que la empresa ahorre algunos pesos?  ¿Por qué no siguen con el sistema de reutilización del agua? ¿Por qué el Gobierno provincial no le exige que continúe con el sistema de recuperación de otro recurso preciado (agua)? ¿Los legisladores avalan esto? ¿Figuraba así en el nuevo contrato (foto) que se aprobó también en la Legislatura provincial? Entre los responsables mencionamos a la Secretaría de Minería (Rodolfo Micone), la Secretaría de Ambiente (Juan Rosales), Recursos Hídricos (Patricia Lobo), Fiscalía de Estado (Carlos Bertorello), entre otros organismos oficiales.

Entiendan, se explotan dos recursos: litio y…agua

No se respeta nada. Ni Nación, ni Provincia ni el Municipio. La empresa Minera del Altiplano se da el lujo de desviar un río (información que será tapada por los medios adictos al poder), y a las autoridades únicamente les preocupa la “caja”. La Ley de Glaciares, es como si no existiera. No se olviden que las consecuencias vienen después, con el tiempo.  Hay que tener sensibilidad y capacidad para visualizar el futuro. Políticos pocos serios. ¡Patéticos!

Hay algo que no terminan de entenderse. Se explotan dos recursos, el litio y el agua. Por dos monedas. Somos muy malos haciendo negocios. Ya secaron el acuífero del Río Trapiche. Ahora van por el acuífero del Río Los Patos. Nos afectan el recurso agua y las autoridades se conforman con que regalías miserables y que la empresa “abra una oficina” en Catamarca.  ¡Vendepatrias!

Fuente:ttps://www.elintransigente.com/politica/2018/4/10/alarma-porque-minera-quiere-desviar-un-rio-en-catamarca-486076.html

Nuevamente embanderados con la frase El Famatina No Se Toca, manifestantes marcharon por el centro de Chilecito luego de la presentación que realizó la minera SEARGEN.