La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación aprobó el proyecto de remediación ambiental en la ex mina de uranio de Los Gigantes, cuyos desechos tóxicos se filtraron en la década del ochenta a la cuenca del lago San Roque. La premisa de los trabajos será evitar cualquier tipo de derrame que pueda producirse sobre los afluentes del embalse y además se prohibió que el complejo sea utilizado como «un basural de desechos nucleares».
Según pudo conocerse, la remediación se llevará a cabo con la participación y la fiscalización de organismos independientes nacionales e internacionales y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Para ello, se impulsará nuevamente el Programa de Remediación de Material de Uranio (PRAMU) del gobierno nacional que se encontraba paralizado en los últimos años. El proyecto dispone además la prohibición expresa de autorizar futuras explotaciones en el lugar y/o trasladar residuos tóxicos al mismo, una de las demandas que tenían los vecinos de Punilla.



Entre las observaciones que hizo el especialista Robert Moran en la mina Veladero, se destaca que en relación al derrame del 12 y 13 de septiembre de 2015, se han hecho muchas correcciones que no se habían concretado durante 10 años, las cuales fueron señaladas como falencias en el informe que emitió el ministerio de Ambiente de la Nación. Moran informó que la precariedad en materia de seguridad en la mina Veladero durante años es alarmante. Dijo que el glaciar Almirante Brown esta seccionado y cortado a la mitad por el camino minero.
“Todo lo que sucede en la cordillera, dónde está el emprendimiento, termina en el Atlántico”, señaló. Se estima que la rotura del caño generó cerca de un millón de litros de solución cianurada. La contaminación atravesaría varias provincias hasta llegar al río Colorado.
La asamblea Jáchal «No se toca» consiguió pagarle un pasaje a Robert Moran, el hidrogeólogo y perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania; llega hoy al país para iniciar su tarea en el marco de la causa federal que investiga el derrame en la mina Veladero de Barrick Gold.
Es una de las advertencias de un reporte oficial cajoneado por el Gobierno y filtrado a los medios. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Segio Bergman, aportó una versión más «light» al expediente de la justicia federal. El estudio completo incluye una larga lista de críticas a la minera por gravísimas falencias. Al pie del artículo se puede leer el informe técnico completo.
La ciudad de Jáchal comenzó a recibir a los representantes de todo el país para iniciar un debate que se extenderaá hast el domingo. El encuentro de asambleas, colectivos y movimientos sociales promete un «productivo debate de los colectivos ciudadanos que aportarán sus experiencias».
Bergman participó ayer domingo de una acalorada asamblea en Jachal, provincia de San Juan. El lema del encuentro era claro: «Nuestra vida y el agua de nuestro pueblo no valen 145 millones de multa a la Barrick. Cierre, remediación y prohibición». Después de un viaje cancelaado el martes pasado, ayer el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, llegó hasta el departamento de Jáchal para reunirse con los vecinos que integran la asamblea Jáchal No Se Toca.
La empresa brasilaña transfirió derechos de varias minas que tenía en Mendoza y busca vender el proyecto de sales de potasio. Vale no presentó la Declaración de Impacto Ambiental, algo que debe cumplir periódicamente en caso de una mina activa o en construcción. El Gobierno de Mendoza está buscando inversores. El plazo máximo para el abandono de una mina es de 4 años según el Código de Minería, a partir de allí se puede decretar la caducidad de la concesión.
En este 17 de marzo de 2016, los integrantes de la Asamblea Riojana Capital recordamos y continuamos el inicio del corte y acampe que iniciamos hace 2 años conjuntamente con los vecinos de Las Higuerillas, Las Cañas, Agua Blanca, El Duraznillo y El Cantadero para evitar el atropello que el gobierno provincial del ex gobernador Beder Herrera y del actual gobernador Sergio Casas (por entonces vice gobernador) intentaron realizar en la Quebrada de Alipán, a tan sólo 20 km de nuestra ciudad capital, en donde la Comisión Nacional de Energía Atómica tenía previsto comenzar trabajos de explotación megaminera de uranio, la cual es altamente nociva y contaminante.
Juan Pablo Oritja teme escraches de vecinos de la región porque no procesó a funcionarios provinciales responsables de los controles mineros ni a directivos de Barrick Gold.