La Comisión por la Vida y el Agua del departamento de Tacuarembó presentará este jueves la apelación al fallo de la Corte Electoral que días atrás se pronunció en contra del planteo de realizar un plebiscito para promover un decreto que prohíba la minería metalífera a cielo abierto.

Los promotores del plebiscito,defenderán las 13.000 firmas reunidas y el jueves volverán a movilizarse ante la Corte en forma “pacífica” que incluirá la lectura de una proclama, al tiempo que el abogado que los patrocina presentará la apelación del fallo.

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La Comisión por la Vida y el Agua del departamento de Tacuarembó presentará este jueves la apelación al fallo de la Corte Electoral que días atrás se pronunció en contra del planteo de realizar un plebiscito para promover un decreto que prohíba la minería metalífera a cielo abierto.

Los promotores del plebiscito,defenderán las 13.000 firmas reunidas y el jueves volverán a movilizarse ante la Corte en forma “pacífica” que incluirá la lectura de una proclama, al tiempo que el abogado que los patrocina presentará la apelación del fallo.

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La pacífica movilización abarcó unas ocho cuadras. Protestaron -entre otros temas- contra la regasificadora, la minera Aratirí, la aceitera y el Puerto de aguas profundas. La marcha abrió con una pancarta y decenas de jinetes con sus caballos, que llegaron desde diferentes lugares del país para participar. En total, la movilización cubrió de manifestantes unas ocho cuadras, partiendo del Obelisco y caminaron por 18 de julio, rumbo a la Plaza Independencia. La proclama de la marcha finaliza remarcando «¡Continuaremos en la lucha y no nos dejaremos robar nuestro destino, no venderemos el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad!».

En la Plaza Independencia se dispuso de un vallado importante, que impidió que los manifestantes se acercaran a la Torre Ejecutiva.

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La empresa Orosur, que extrae oro en Minas de Corrales en el departamente uruguayo de Rivera, obtuvo el mes pasado la autorización ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para trabajar en el yacimiento denominado Vaca Muerta. La explotación comenzará en los próximos meses.

La compañía informó ayer a sus accionistas que este mes comenzaron las tareas de «perforación de relleno» en esta mina a cielo abierto y que planea comenzar la exploración en la segunda mitad del ejercicio 2014. Está previsto que trabajen unas 60 personas en tres turnos, informó a El País el responsable ambiental de la empresa en la zona, Javier Martínez.

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El texto prevé impuestos sobre los emprendimientos que facturen más de US$100 millones que dejarán al Estado cerca del 50% de sus ganancias, adicionales al canon y tributos que ya regían.

El Parlamento de Uruguay convirtió en ley un proyecto que habilita la megaminería en ese país y fija impuestos de hasta 50% a las ganancias de los emprendimientos.

La nueva normativa fue celebrada por el presidente José Mujica y resistida por la oposición y grupos ecologistas, que temen que la actividad minera perjudique al medio ambiente.

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El Parlamento uruguayo sancionó hoy la ley de minería de gran porte que regula las actividades de extracción de más de 100 millones de dólares de inversión y estipula hasta 50 por ciento de carga impositiva. Decenas de organizaciones sociales y de productores rechazan la lay y recurrirán a la Suprema Corte de Justicia y recolectarán firmas para derogar la ley a través de un referéndum.

La aprobación en la Cámara de Diputados, que trató el proyecto con las modificaciones que introdujo el Senado en abril, fue posible por los 50 votos positivos del Frente Amplio más dos del Partido Independiente sobre 82 legisladores asistentes a la sesión.

La oposición rechaza la propuesta y critica los incentivos que se darán a los inversores de la industria extractiva (no pagar IVA e impuestos, por ejemplo); el que haya artículos que aseguran reserva y confidencialidad; y el plan de cierre para las minas.

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La megaminería se hace un lugar en el ordenamiento jurídico de Uruguay, país que nunca fue minero pero que podría convertirse en el octavo mayor productor de mineral de hierro del mundo.

El proyecto de Ley de Minería de Gran Porte avanza en el bicameral Parlamento uruguayo, pero sin consenso político y despertando críticas sociales y ecologistas.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, respaldada por el gobernante Frente Amplio (FA), declara la minería de gran porte “de utilidad pública”. Se le critica estar hecha a la medida de Aratirí, proyecto del grupo indio Zamin Ferrous para extraer 18 millones de toneladas de hierro anuales con una inversión prometida de 3.000 millones de dólares.

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