El sábado 15 de diciembre 2012, en la ciudad de Cajamarca, desconocidos irrumpieron en el domicilio de la abogada Mirtha Vásquez, sub directora de la institución Grufides. No es la primera vez que ocurre: hace tres semanas también ingresaron al domicilio de la familia Vásquez, dejando las puertas abiertas y sin tocar algún objeto de valor, en un claro intento de intimidación.
Este tipo de actos, contra integrantes de Grufides, no son hechos aislados. El pasado viernes 14, rompieron accesorios de la camioneta de Sergio Sánchez, otro integrante del equipo de Grufides y hace cinco semanas también ingresaron a la vivienda de la Ivett Sánchez secretaria de la misma institución.
Dos tercios del total de las comunidades indígenas andinas en el Perú están afectados por la actividad minera. Desde que la dictadura de Alberto Fujimori impuso una nueva Constitución que recortó los derechos territoriales y dio todas las facilidades a la inversión minera, incluidos vergonzosos contratos de estabilidad tributaria, los sucesivos gobiernos han mantenido lo esencial de este modelo neoliberal extractivista.
Dos tercios del total de las comunidades indígenas andinas en el Perú están afectados por la actividad minera. Desde que la dictadura de Alberto Fujimori impuso una nueva Constitución que recortó los derechos territoriales y dio todas las facilidades a la inversión minera, incluidos vergonzosos contratos de estabilidad tributaria, los sucesivos gobiernos han mantenido lo esencial de este modelo neoliberal extractivista.
El 4 y 5 de diciembre de 2012, los jefes y representantes de las comunidades de los pueblos yanesha, asháninka, y shipibo de la provincia de Puerto Inca, región Huánuco, realizaron su 19 Congreso Anual 2012, donde plantearon su rechazo unánime a las actividades de minería ilegal.
Por Marco Arana Zegarra*
La producción de plata de la minera peruana Volcan, la cuarta mayor productora mundial del metal, crecerá un 40% el próximo año a 30,000,000 de onzas como parte de la ampliación de sus unidades, dijo este sábado la compañía.
Un proyecto de ley remitido el 12 de diciembre al Congreso de la República busca fortalecer la fiscalización ambiental y plantea elevar las multas a las empresas que cometan infracciones ambientales de 10 000 UIT (S/. 36.5 millones) a 30 000 UIT (S/. 109.5 millones) para las faltas muy graves.