Por Luis Hallazi Méndez*
El Gobierno vuelve a demostrar su incapacidad para hacerle frente a un conflicto que hoy es noticia pero que desde hace varios meses venía mostrando serios síntomas de malestar, no solo de la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris, sino de todo el distrito, lo que fue transmitido en su oportunidad por sus autoridades (1).
Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo ha ido escalando en intensidad el primer conflicto socio ambiental del 2013. El conflicto en Kañaris se inició con la marcha pacífica de más de 400 comuneros hacia el campamento minero de la empresa Candente Copper, ubicado en el distrito de Kañaris, en la sierra de Lambayeque. El escenario de conflicto es claro, y a la luz de los hechos violentos del 25 de enero, queda claro que las estrategias de comunicación adoptadas entre las autoridades correspondientes y las poblaciones de impacto de estos proyectos, no están dando los resultados esperados.
La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el segundo semestre del año pasado, provocó aparentemente una suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.
Estimado/a señor/a:
Me dirijo a usted para saludarlo/a cordialmente y, al mismo tiempo, hacer de su conocimiento la comunicación que ha emitido la Defensoría del Pueblo a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la situación que viene desarrollándose en el distrito de Cañaris, ante los reclamos de un sector de la población respecto a las actividades de exploración de la empresa Cañariaco Copper Perú S.A.
La protesta de la comunidad San Juan de Cañaris contra el proyecto minero Cañariaco intenta ser desvirtuada con el manido argumento de que se trata de una “minoría” azuzada por “radicales antimineros”. Como este argumento ya no lo cree nadie ahora se pretende negar que les asista el derecho a la consulta previa. Para esclarecer este tema compartimos dos artículos con posición opuesta sobre el tema.
– Entrevista al abogado Juan Carlos Ruiz Molleda donde explica que toda decisión que viole un derecho fundamental debe declararse nula.
El Estado incumplió el Convenio 169 en Cañaris al no haber realizado el mecanismo de consulta previa a la concesión del proyecto minero Cañariaco y una acción de amparo podría suspender el proceso porque toda decisión que viole un derecho fundamental es nula, estimó Juan Carlos Ruiz, integrante del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).
El conflicto en torno al proyecto Cañariaco, a cargo de Candente Cooper, en el distrito de San Juan de Cañaris, región Lambayeque, obliga a tratar nuevamente la importancia que tienen los procesos de consulta previa en nuestro país. Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) trató este tema en entrevista con Radio San Borja.
– Entrevista a Juan Carlos Ruiz en Radio San Borja (Archivo mp3, 18 minutos, 13 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).
Esta vez las manifestaciones se concentran en la región de Lambayeque y buscan detener el desarrollo de la mina Cañarico.
Las demandas de los pobladores del distrito de Cañaris, en Lambayeque, que se oponen al proyecto minero Cañariaco, no interesan al gobierno que lejos de tomar medidas al respecto anunció la instalación de frentes policiales en zonas mineras para garantizar las inversiones.
A esta conclusión se llega luego de ver cómo representantes del gobierno como el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dejan de lado el tema social y ambiental para afirmar orondamente que detrás de la protestas se encuentran “los mismos que se opusieron al proyecto Conga en Cajamarca”.
Emma Gómez M.
Las declaraciones del Ministro del Interior Wilfredo Pedraza han causado preocupación y dan cuenta de la mirada limitada que le está dando el actual gobierno a la prevención y transformación de conflictos. El ministro ha anunciado que: “Tenemos en previsión varias actividades, en primer lugar la creación de los frentes policiales en zonas mineras, con la finalidad de garantizar las actividades allí donde se producen.” Continúa señalando que “El conflicto minero va a ser un conflicto permanente y por eso nuestra necesidad de crear frentes policiales para garantizar la actividad al ciudadano, para garantizar la inversión minera y para garantizar también la protesta pacífica allí donde quieran hacerlo, porque es lícita una protesta”.