Hoy presentamos nuestro 18º Reporte del Primer semestre 2016, con el registro y análisis de lo acontecido en los últimos meses respecto a conflictos sociales vinculados a la minería. En esta ocasión se analizó además el contexto electoral y el cambio de gobierno. Los posibles escenarios que se podrían presentar en un corto plazo preocupan a las instituciones integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.
Ana Leyva y José De Echave de CooperAcción recordaron que el Gobierno de Humala deja como legado a Pedro Pablo Kuczynski más de 200 conflictos sociales sin resolver. Además, las normativas conocidas como “paquetazos ambientales”, adoptadas por el actual Ejecutivo, han debilitado la fiscalización ambiental, desprotegiendo al medioambiente, vulnerando los derechos de las comunidades y amenazando a la propiedad comunal. “El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, agregó De Echave.



Desde el 11 de julio se viene realizando el seminario-taller “La minería, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Democracia Ambiental en los Países Andinos”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL. En este evento se hizo mención al proyecto Las Bambas, los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) y los mecanismos de participación. Según lo expresado en una de las ponencias, los cambios realizados con los ITS son de impacto no significativo y en componentes auxiliares, y por lo tanto, la población protesta porque está desinformada. Nada más ajeno a la realidad, ya que la planta de procesamiento de molibdeno y la de filtros son componentes principales del proyecto, y su traslado de Tintaya a Las Bambas no debió ser aprobado por un ITS.
Si Kuczynski no muestra capacidad rápida de intervención y una estrategia adecuada, los conflictos latentes se convertirán en activos’, comenta José De Echave en nota publicada hoy en el Diario La República.
Más de 1,500 pobladores de las comunidades de los distritos de San Pedro de Chaná, Pontó y San Marcos, acataron un paro de 48 horas contra la empresa minera Antamina. Los pobladores exigen a la minera ser reconocidos como zona de influencia directa de las operaciones mineras como también la construcción de diversas obras de desarrollo para el centro poblado de Vichón.
En lo que va del año, Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash. La ampliación de la mina de Cerro Verde ha permitido un incremento en la producción de cobre en el primer trimestre de 154%, con una inversión una inversión de US$5,600 millones. En la actualidad Cerro Verde da cuenta del 24.33% de todo el cobre que se produce en el Perú, superando a Antamina (Ancash).
Imágenes satelitales difundidas por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) demuestran que entre agosto de 2014 y agosto de 2015 se deforestaron 8 hectáreas de bosque en las cercanías del río Santiago, en la región Amazonas, producto de actividad minera presumiblemente ilegal.
Muchos comentaristas han alabado la reciente encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’ por centrarse en temas relacionados con el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, si bien no evita mencionar el nombre de los responsables directos: el capitalismo global y los mercados que lo sostienen. No debe sorprender que la encíclica haya recibido críticas de parte del sector privado, el cual cuestionó la legitimidad del Papa para opinar sobre algo que dicho sector percibe como un tema científico, técnico y, por encima de todo, económico. No obstante, el impacto del capitalismo en los cuerpos, ecosistemas y formas de vida forma parte, sobre todo, de un raciocinio biopolítico, que también es moral. Esto es por demás evidente en los debates que ocurren en Perú en torno a las economías neo-extractivistas, donde se enuncian preocupaciones sobre la “vida en sí misma” (Rose 2006): el agua, la tierra y los diversos medios de subsistencia necesarios para el bienestar de cuerpos humanos.
Recurso de Agravio Constitucional fue presentado ante la 1° Sala Mixta de Canchis – Cusco
“Los defensores de la tierra y el medio ambienteahora están siendo asesinados al alarmanteritmo de más de tres por semana.” Infome “En terreno peligroso” – Global Witness
A raíz de la sanción de OEFA ante la empresa minera Aruntani SAC, la población de la zona afectada (distritos de Ocuviri en Lampa, y Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri en Melgar), ratifica que el ente contaminador de la cuenca Jatun Ayllu y Llallimayo es la empresa Minera Aruntani.