De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo se tienen identificados un total de 89 conflictos activos, de los cuales el 62.9% están ligados al sector minero. Los detalles aquí.

El último reporte de la Defensoría del Pueblo señala que –al mes de febrero– se tienen identificados 89 conflictos activos. De estos, 56 conflictos involucran al sector minero, lo que representa el 62.9% del total. Esta situación –en opinión de Comex Perú– resulta preocupante dada la importancia que tiene este sector en el país.

En su último semanario, Comex Perú explicó que la relevancia de la minería se percibe, por ejemplo, en las regiones de Cusco, Junín y Arequipa, donde ejerce un efecto positivo en diferentes sectores como el agropecuario, la manufactura, la construcción, el comercio y los servicios.

Ello debido a las operaciones de minas importantes en los últimos años (Constancia, Toromocho y la ampliación de Cerro Verde, respectivamente), tal como lo constata el Informe de Complementariedad Sectorial de la Minería, elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR).

“Así pues, las paralizaciones que puedan sufrir las actividades mineras impactan negativamente en muchos otros sectores de la localidad en la que operan, lo que hace imprescindible que el Estado garantice un diálogo constante con los pobladores para evitar estos conflictos, además de asegurar que las autoridades utilicen correctamente los recursos derivados de estas actividades en obras y servicios que mejoren la calidad de vida de los pobladores, lo que no sucede”, anotó el gremio.

Asimismo, Comex Perú consideró que el Gobierno Nacional, a través de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe tener una posición de liderazgo mucho más activa para garantizar la solución de estos problemas en un ambiente alejado de la violencia y la criminalidad, pero siempre asegurando el imperio de la ley.

 

Fuente:https://gestion.pe/economia/hay-56-conflictos-activos-involucran-sector-minero-febrero-2019-262883

Ex viceministro de gestión ambiental del Minam y miembro de la ONG Cooperacción da su punto de vista sobre el conflicto minero por Las Bambas.

1. ¿Cuál es para usted el motivo que da origen al conflicto?
Las sobreexpectativas que se generaron, los compromisos que no se cumplieron y una carretera que se construyó sin que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones implemente sus propias directrices, ignorando a los propietarios: las comunidades.

2. ¿Es justificable el bloqueo de carretera como protesta?
Está claro que bloquear una carretera vulnera la ley. Mi opción siempre será optar por caminos dialogados, pacíficos e institucionales. Al mismo tiempo quiero comentar que en los últimos años hemos acompañado innumerables veces a las comunidades a hacer gestiones, tocar puertas de los ministerios, pidiendo diálogo, que se cumplan acuerdos. Todos esos intentos fueron en vano y he podido ver en directo la decepción y los maltratos a los que han sido sometidos sus representantes. El bloqueo también lo entiendo como un acto de desesperación de peruanos que han sido y siguen siendo excluidos. Una comunidad no es una organización criminal.

3. ¿El cambio de propietario y de forma de transporte del mineral abonó a la conflictividad? ¿Por qué?
Sin duda influyó, pero Las Bambas es un proyecto que ha cambiado constantemente y no solo de propietario. Hasta el momento ha tenido ocho modificaciones y estoy informado de que la empresa ha solicitado una más en febrero. Es decir, se han operado cambios en promedio cada cuatro meses y medio en los últimos tres años. Con razón, las comunidades de la zona dicen que ya no saben qué tipo de proyecto tienen al frente. Todo eso ha abonado a la conflictividad.

4. ¿A qué se debió que se declare nacional la vía por la que transitan los camiones? ¿Por qué ello es percibido y denunciado como un ardid?
El transporte pesado requiere de aspectos técnicos que implicaban que la vía se convierta en nacional. Pero cuando hablamos de la carretera también hay que recordar que está vinculada a los cambios del proyecto. En el diseño original, la empresa no solo tenía que construir el mineroducto, sino también una carretera asfaltada para trasladar suministros. Todo eso quedó en el aire cuando se tomó la decisión de construir la carretera que ahora une Las Bambas con la localidad de Pillones en la provincia de Caylloma, en Arequipa. Ese trayecto de tránsito pesado tenía que ser una vía nacional y pasar por propiedad de varias comunidades (no solo Yavi Yavi). El Estado debió pagar el justiprecio o en su defecto expropiar. No hizo ni lo uno ni lo otro.

5. ¿MMG debiera ser tan o más visible y proactiva que el gobierno en la solución del conflicto?
La empresa es un actor central en el conflicto y por lo tanto no puede rehuir su responsabilidad en la búsqueda de una salida.

6. Se dice que ha sido negativo el haber concentrado las relaciones comunitarias de la mina en la monetización de las compensaciones en lugar de la generación de proyectos de desarrollo sostenible. ¿Cree que ha sido así?
Al inicio, con Fuerabamba tuvo que haber una transacción económica porque la comunidad se tenía que reubicar. Sin embargo, cuando se presenta un proyecto como Las Bambas se sobredimensionan expectativas económicas para que sea aceptado. En este caso se dijo que se iban a generar miles de puestos de trabajo, que los pobladores de la zona serían prioridad, que se iba a crear un Senati para capacitarlos, transferencias de dinero, etc. En la etapa de construcción de la mina se generaron 18 mil puestos de trabajo y un fuerte dinamismo económico, pero cuando se pasó a la etapa de producción, los empleos bajaron a entre tres mil y cuatro mil y los pobladores de la zona dejaron de ser una prioridad (se dice que el 90% de los trabajadores no son de Apurímac). El dinamismo económico cayó.

7. ¿Podría mencionar alguna medida para resolver este conflicto que debió intentarse y no se ha hecho, y alguna a la que mejor hubiera sido no recurrir?
Hay que corregir lo que se hizo mal. Debemos sacar lecciones de los errores. Lo de la carretera fue pésimamente tratado por el MTC y la modificación del estudio de impacto ambiental que provocó el cambio del mineroducto por la carretera fue un proceso con mucha opacidad con responsabilidad de la empresa. Ese proceso administrativo debió anularse.

8. Cree que pronto se logrará una solución duradera a este conflicto?
Casos previos muestran que cuando los conflictos escalan a estos niveles, las salidas se complican. Las relaciones entre empresas mineras siempre son complejas, en el Perú y en el mundo. Es todo un reto encontrar soluciones para este caso que además se puede proyectar para todo el corredor minero. Las empresas deben entender que la flexibilización de las regulaciones sociales y ambientales son nocivas.

9. ¿Piensa que la minería en los próximos años mantendrá la misma gravitación que tiene en nuestra economía?
La minería seguirá siendo gravitante por un buen tiempo más. Forma parte de la matriz productiva del país. Sin embargo, debemos aspirar a una matriz productiva más diversificada, amigable con la naturaleza y respetuosa de los derechos de las poblaciones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/dos-miradas-sobre-el-conflicto/

Puno aún sigue siendo la segunda región con más conflictos sociales reportados con 17, mientras Áncash se mantiene primero con 24.

De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo correspondiente a enero de este año, Puno aún sigue siendo la segunda región con más conflictos sociales reportados con 17, mientras Áncash se mantiene primero con 24.

De estos conflictos, 13 son considerados activos y 4 latentes. De los 13 activos, 8 son de origen socioambiental, es decir, relacionados a contaminación minera principalmente y, todos los latentes tienen la misma causa. Los restantes tienen que ver con los gobiernos regional y locales.

A nivel nacional el panorama es similar pues el 63.5% de los conflictos en el país se dan por causa de la actividad minera.

Reclamos. En el reporte se detalla, en primer lugar, el conflicto de la cuenca del Ramis que afecta a tres provincias habitadas por cientos de pobladores que pagan los efectos de la minería que no es vigilada por el Estado.

Similar situación es descrita en cuencas del río Chacapalca, Llallimayo además de las zonas cercanas a las explotaciones mineras de Minsur que se ubica en el distrito de Antauta (Melgar) y Ajoyani (Carabaya).

Tensión. A inicios de marzo las autoridades de la provincia de Melgar, se reunieron para tratar la problemática; sin embargo, a la actividad solo acudió el alcalde provincial, Esteban Álvarez Ccasa y representantes de las autoridades locales de Llalli, Cupi y Umachiri, lo cual indignó aún más a los lugareños.

En tanto, al inicio de este mes, se exigió un proyecto de remediación y descontaminación en las zonas afectadas por la minería informal que se practica en la cabecera de cuenca del distrito de Ananea. Esta petición fue anexada la plataforma principal de lucha cuando se bloqueó la carretera interoceánica para exigir mejoras en el servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Azángaro.

Los que sucede en Las Bambas, región Apurímac, de alguna manera ha estado motivando a los dirigentes locales a pensar en movimientos de reclamo.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/puno/la-mayoria-de-los-conflictos-sociales-se-vincula-la-actividad-minera-878930/

Total rechazo es lo que ha mostrado el Frente de Defensa de Agricultores de San Lorenzo ante la incursión de una empresa minera que estaría formulando el proyecto ‘El Algarrobo’ para el tercer trimestre del año en esta localidad.

Su presidente, Enrique Cornejo, manifestó que este lunes junto a los 16 presidentes de la comisión se estarán reuniendo en Lima con la Ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz para darle a conocer que San Lorenzo no avala la actividad minera, por lo que deberán priorizar la agricultura como principal actividad económica y medio de vida de aproximadamente 12 mil agricultores de Tambogrande, ya que esto causaría un nuevo conflicto social a nivel regional.

Fuente:https://lahora.pe/agricultores-le-dicen-no-a-la-mineria/

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha emitido un llamado solicitando intervención urgente ante el conflicto entre la comunidad de Fuerabamba y  la empresa minera Las Bambas.

El documento empieza describiendo el contexto de la detención de Gregorio Rojas Paniura,Presidente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba y de sus asesores jurídicos, así como la criminalización y mandato de detención contra  Edinson Vargas Huamanga, vicepresidente de la comunidad, y de Nohemí Portilla Vargas, secretaria de actas la comunidad.

Ante estos hechos, la OMCT exhorta al Estado Peruano a realizar cinco acciones concretas:

1.  Liberar de forma incondicional e inmediata al Sr. Gregorio Rojas Paniura, Presidente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba.
2.  Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en contra de las y los comuneros de Fuerabamba y, concretamente en contra los Sres. Gregorio Rojas Paniura y Edinson Vargas Huamanga, y de la Sra. Nohemí Portilla Vargas;
3. No prorrogar la declaratoria del Estado de Emergencia en el corredor minero, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades que habitan las regiones afectadas con los Estados de Emergencia.
4. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
5.  De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Perú.

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/organizacion-mundial-contra-la-tortura-se-pronuncia-sobre-conflicto-en-las-bambas/?fbclid=IwAR37sbJRpJ_2NZHx-SGU0qa1dO_O6NiHtIMDeKOVOVG6a6almAF8JfyzCns

Los dirigentes y la población de los cuatro distritos de la provincia de Melgar, amenazan con iniciar una medida de protesta, exigiendo el cierre definitivo de la empresa minera Aruntani SAC, que viene contaminado la cuenca Llallimayo.

Esta advertencia lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Barrios Unidos de Ayaviri ABUA, Asunto Pacori Mamani, luego de escuchar el informe que expusieron los responsables de OEFA y ANA ante el Consejo Regional, sobre la contaminación de la cuenca en mención.

Asimismo, dijo que este acuerdo de jornada de lucha está definido y consagrado por parte de los dirigentes y la sociedad civil de los cuatro distritos, con la finalidad de lograr el cierre de la mina. “Solo falta definir la fecha del inicio de la protesta”, agregó el dirigente.

Fuente:https://pachamamaradio.org/index.php/noticias/index/18279

El fiscal contra el Crimen Organizado de Abancay y Apurímac, Jafet Velásquez, informó a El Comercio que que no se han encontrado elementos de convicción que confirmen que Gregorio Rojas haya formado parte de una organización criminal .

El fiscal contra el Crimen Organizado de Abancay y Apurímac, Jafet Velásquez, informó a El Comercio que ha resuelto que Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, en Apurímac, sea puesto en libertad tras 8 días de detención preliminar en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

«En las próximas horas se cumplirá la orden. Hay un trámite que debe cumplirse primero», indicó Velásquez.

Agregó que no se han encontrado elementos de convicción que confirmen que Rojas haya formado parte de una organización criminal y más bien habría sido manipulado por los hermanos Chávez Sotelo, acusados de extorsionar a la empresa minera La Bambas.

Gregorio Rojas fue detenido en Lima junto a los asesores de la comunidad de Fuerabamba, los hermanos Chávez Sotelo, el pasado 21 de marzo a pedido del Ministerio Público.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/caso-bambas-fiscal-dispuso-liberacion-gregorio-rojas-noticia-621546?fbclid=IwAR2XwMs11PS89L6tyH1Sg5DDThBOi6g69fIRsCxmZeIESWLKtONXmHWGMo4

El alcalde distrital de Mollebamba en la provincia de Santiago de Chuco denunció la desatención de las instituciones encargadas de fiscalizar la contaminación ambiental producida por la minería. Esta actividad ha generado impacto negativo en sus principales cuencas.

“Hay minas que están abandonadas que están contaminando al río San Francisco y la quebrada que está contaminada por la minería informal. Hemos venido con la comunidad, para reunirnos con personal del ANA, pero las autoridades no han llegado”

El burgomaestre criticó la ausencia de las autoridades pues el problema de contaminación está en auge afectando a niños y ancianos, cuyos diagnósticos hospitalarios han encontrado plomo en su sangre.

Mollebamba tiene 1408 y está a tres horas del distrito de Santiago de Chuco. El alcalde aclaró que ellos no tienen competencia ni recursos para intervenir.

Fuente:http://www.laindustria.pe/videos/752-alcalde-de-mollebamba-denuncia-contaminacin-en-cuencas-por-la-minera

El primer ministro de Perú, Salvador del Solar, afirmó que el Ejecutivo no decidió la detención del dirigente Gregorio Rojas en una protesta de varios días contra la minera que explota el yacimiento de cobre Las Bambas.

La liberación de Rojas es exigida por la comunidad andina de Fuerabamba.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201903281086352047-gregorio-rojas-las-bambas/

Relación. John Catbree, investigador asociado al Centro de Estudios de Latinoamérica en la Universidad de Oxford, advierte que las comunidades desconfían de los acuerdos a largo plazo.

Fuente:https://larepublica.pe/economia/1438951-comunidades-sienten-respalda-empresas-mineras