Zapotitlán.- Se suma el municipio a las protestas que realizan los pobladores en contra de la minera que intenta establecerse en Caltepec, declaró Martín Carrillo Carrillo, tesorero del comisariado de los bienes de la cabecera municipal.
Aclaró que la minera no intenta establecerse en Zapotitlán y tampoco afectaría las inmediaciones del municipio, también que es importante cuidar lo poco que se tiene en los lugares de la mixteca poblana.
Mencionó que se ha dicho que esta empresa pretende trabajar en Acatepec, pero también podría ser en otro lugar, en colindancia con el estado con Oaxaca, por ejemplo, pues no hay información precisa.
Aunque Carrillo Carrillo indicó que no tiene información suficiente sobre el tema de la minera, expresó que esta situación le causó sorpresa, pues son lugares que se deben preservar por su riqueza cultural.
Expuso que en caso de que se intentara establecer algún proyecto de minería en la zona que corresponde a Zapotitlán, los pobladores se negarían rotundamente a aceptar algo parecido y con más razón porque este municipio comprende gran parte de la Reserva de la Biosfera (RBTC).
Este lunes marcharon y realizaron el cierre simbólico de la empresa canadiense
También participaron representantes de Salaverna, Mazapil e integrantes del Observatorio de Conflictos Generados por la Minería
Gente que vive de la ganadería, denuncia que el agua corre aceitosa, turbia, y que temen por sus animales; otras personas han advertido de la muerte de algunas cabezas de ganado
Refieren que la contaminación del agua generada por la minería causa enfermedades cutáneas y gastroinstestinales, así como afectaciones en ojos y oídos
Unas 350 personas procedentes de colonias y barrios la cabecera municipal de Chalchihuites, además de comunidades como La Colorada, Rancho Colorado, Piedras Azules, Rancho del Cura; y otras solidarias, como Salaverna, Mazapil, así como integrantes del Observatorio de Conflictos Generados por la Minería, realizaron ayer una manifestación para solicitar al cabildo, entre otros puntos de un pliego petitorio, que interponga la demanda contra la Minera First Majestic Unidad El Toro ante la Secretaría de Economía federal.
La petición está sustentada en lo dispuesto en la Ley Minera y su Reglamento, y refiere el caso de que la población o los trabajadores tengan en riesgo su integridad física; y para salvaguardarla, el que la SE realice una investigación para determinar las medidas que debe tomar la empresa, y que en caso de no acatar, podrían llevarla al cierre definitivo.
“Mi oro es el agua, el aire y la tierra” se leía en una de las pancartas que sintetiza la visión de las personas que se reconocen como integrantes de un movimiento que está suscitándose no sólo en el estado de Zacatecas sino en México y el mundo, como expuso Claudia Castellón, quien dio voz al pliego petitorio que le fue entregado al alcalde Israel Flores Miranda.
El balance local es el siguiente: 600 empleos mal pagados (15 veces menos que lo que un minero en Canadá recibe por el mismo trabajo), no justifican los daños irreversibles al medio ambiente en el que actualmente habitan sólo en la cabecera municipal de Chalchihuites, unas 5 mil personas.
Por otro lado, exponen que el poblado ha subsistido por más de 461 años (viviendo de la agricultura y la ganadería) sin la presencia de los consorcios transnacionales extractivistas, quienes a diferencia de sus antecesores, tienen procedimientos mucho más agresivos.
Entre los datos, recuperados de la propia página oficial de la empresa minera se refiere que sólo en 2017 extrajo 478 mil toneladas de mineral, y ofreció al micrófono el cálculo Efraín Arteaga Domínguez, representante en la entidad de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que para su procesamiento se requieren tres metros cúbicos de agua por cada tonelada.
Los testimonios de la población hablan de la existencia de aguas residuales de la industria minera que transitan por el arroyo del Cajón para desembocar finalmente en el Río Chalchihuites y el Río Súchil (este último ubicado en Durango), las poblaciones que toca en su avance son Piedras Azules, Racho Colorado, San Antonio de Guadalupe, San José de Buenavista, entre otras.
Gente de Rancho Colorado que vive de la ganadería, denuncia que el agua corre aceitosa, turbia, y que temen por sus animales, otras personas han advertido de la muerte de algunas cabezas de ganado.
El recuento refiere asimismo manifestaciones cutáneas, enfermedades gastroinstestinales, y afectaciones en ojos y oídos, que asocian con la contaminación del agua provocada por la minería.
El Movimiento Civil Chalchihuites constituido a partir de que desde hace unos tres meses se manifestaran una serie de detonaciones que cimbraron las casas de los pobladores de la cabecera municipal, cuenta en un censo propio, unos 50 domicilios afectados en diferentes grados.
Así el recuento, ayer el recorrido de los pobladores de Chalchihuites, salió del jardín principal ubicado en el centro frente a la sede del gobierno municipal, para recorrer alrededor de un kilómetro y medio hacia oriente, donde se encuentra la puerta principal de la de la Minera First Majestic Unidad El Toro.Luego de gritar una serie de consignas en que manifestaron su opción por vivir libres de minería y en un ambiente sano, realizaron un cierre simbólico de la empresa filial de la canadiense Silver Corp.
Desde 2007 la minera Fist Majestic Unidad El Toro inició operaciones en Chalchihuites sin que la población supiera de su presencia, explotan las minas San Juan, San Nicolás y Dolores.
“Fist Majestic, unidad El Toro:
Por este medio, se le notifica que a partir de hoy, quedan canceladas todas y cada una de las concesiones mineras que ilegítimamente le concedió el Estado neoliberal mexicano.
Su presencia en nuestra tierra es un atentado a nuestra Soberanía Nacional, por en riesgo la integridad física y la vida de los trabajadores y de los habitantes de la comunidad, y esta envenenando por polución nuestra tierra, nuestra agua y nuestro aire”.
De regreso al corazón del poblado entregaron un pliego petitorio al presidente municipal interino, Israel Flores Miranda, cuatro integrantes del cabildo y el secretario del ayuntamiento.
El ex director de Obras Publicas que asumió el cargo luego que su antecesor priísta pidiera licencia para contender nuevamente por la alcaldía ahora por el partido Nueva Alianza, expuso ante los integrantes del Movimiento Civil Chalchihuites, estar “del lado del pueblo”, y en ese sentido no estar coludido con la empresa, como expusieron los manifestantes sucede regularmente en los tres órdenes de gobierno.Dijo que buscará documentarse para dar una respuesta sustentada, pero ofreció su apoyo para hacer “lo pertinente”, pero también acoto que debe atender tanto a quienes comparten esta visión como el caso contrario, no obstante las personas hicieron manifiesto que no buscan afectar a los trabajadores de la First Majestic Unidad El Toro por lo que refirieron que han solicitado en caso de su cierre precautorio para la investigación que se salvaguarden su derecho al salario otras prestaciones laborales, pero también que en caso de una disyuntiva definitiva, sigue siendo la mayoría de la población la que ya ha sido afectada, mientras los beneficios de carácter laboral sólo refieren a unas entre 500 a 600 personas.
La defensa que del territorio de wirikuta han hecho diversos artistas queda plasmada en la muestra colectiva que, hasta el próximo 6 de mayo, se exhibe en la Galería José María Velasco, bajo el título de Wirikuta. Se trata de, añadió la Secretaría de Cultura en un comunicado, más de 40 piezas, entre serigrafía, punta seca, xilografía y linóleo, además de arte objeto hechos con chaquira y estambre, así como textos, que se adentran en la cosmovisión del pueblo wixárika o huichol, pero también una llamada de atención.
Y es que el espacio sagrado conocido como Wirikuta, ubicado en San Luis Potosí, se encuentra seriamente amenazado ante la minería industrial contemporánea que se hace a cielo abierto y que es una de las actividades humanas más agresivas para el medio ambiente.
Ante esta situación, artistas plásticos fueron convocados para expresar gráficamente la problemática que enfrenta ese territorio simbólico milenario, donde el pueblo wixárika sufre el despojo por parte de mineras extranjeras.
El visitante podrá admirar obras en serigrafía como ¡Viva Wirikuta! de Adolfo Mexíac, Santuario huichol de Roberto Romero, Desierto viviente de Eduardo Juárez, Una raíz que sangra libertad de Aldo López Rivas y Mini invasión de Sarah Tisdall. Entre venados, peyotes o hikuris y soles, el espectador se adentra al universo huichol, a través de piezas que recuerdan que Wirikuta “¡no se vende!”, pues se trata de un sitio que “¡se ama y se defiende!”. Yobani presenta una serigrafía que, titulada EZLN, señala que “esta es una guerra de exterminio en contra de nuestros pueblos. No a la minería en Wirikuta”, mientras otras obras claman “salvemos Wirikuta. Corazón Sagrado de México”. Entre piezas gráficas en blanco y negro y otras de gran colorido, el público podrá observar el sufrimiento del pueblo huichol ante el despojo generado por las 22 concesiones mineras otorgadas a empresas canadienses, en obras como Mirando al sol de Francisco Plancarte y Wirikuta no se deja de Arturo Reyes Mata.
La muestra va acompañada de diversos documentos que dan cuenta de la problemática en la región como el de Ignacio Betancourt, Crónica de un crimen mil veces anunciado, además de arte objeto hecho a la manera tradicional del pueblo wixárika, con estambre y chaquira. Venados, calaveras, canastas de barro y ollas de tres agujeros finamente cubiertos con las pequeñas cuentas, así como muestras del arte de estambre en cuadros como Serpiente custodiando hikuri y Tayau (Padre Sol), también forman parte de la exposición.
Al mismo tiempo, quienes visiten la Galería José María Velasco tendrán la oportunidad de disfrutar de otras muestras, ya que el recinto presenta en su exposición de gabinete la obra de Carlos Mena Álvarez, una serie de óleos de corte neoexpresionista, nacidos de una decepción amorosa que el autor canalizó en una propuesta plástica. La pieza del mes en esa galería es Contemplación, un óleo de gran formato de Horacio Rodríguez Rocha, mientras que la artista invitada es Renata Pérez Hernández, quien presenta una serigrafía que detalla el centro del Calendario Azteca. Wirikuta está en exhibición hasta el próximo 6 de mayo en la Galería José María Velasco, en Peralvillo 55, colonia Morelos, en horario de martes a domingo de 9 a 18 horas, los miércoles hasta las 20 horas y la entrada es libre.
El plan de desarrollo energético que el gobierno federal impulsa en la zona norte de Puebla, ha desencadenado un movimiento social generalizado que busca la declaratoria municipal para decretar zonas libres de actividad minera, hidroeléctrica y de hidrocarburos.
El plan de desarrollo energético que el gobierno federal impulsa en la zona norte de Puebla, ha desencadenado un movimiento social generalizado que busca la declaratoria municipal para decretar zonas libres de actividad minera, hidroeléctrica y de hidrocarburos: un movimiento que nació hace apenas cinco años en Centroamérica.
A la fecha son 95 los municipios de la entidad que ya tienen comprometida una superficie de más 630 mil 774 hectáreas de suelo, donde se pretende la perforación de 10 mil 92 pozos para la extracción de gas mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking), la instalación de 12 minas a cielo abierto, la operatividad de siete plantas hidroeléctricas y la instalación de ocho ductos de hidrocarburos.
La totalidad de estos proyectos son rechazados por los habitantes de cada una de las regiones, lo que ha provocado un movimiento social impulsado por los pueblos originarios, el cual pretende solicitar a los gobiernos locales de los 95 municipios con proyectos de desarrollo, que se declaren territorios libres de minería, hidroeléctricas y fracking.
La más reciente manifestación del movimiento social que pretende la declaración de zonas libres de proyectos mineros, hidroeléctricos y de hidrocarburos tuvo lugar en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde los pobladores exigieron al alcalde la citada declaración para que frene el proyecto minero en ciernes.
Cabe recordar que en la localidad de Santa María Zotoltepec, según lo señalado por Rosario Taracena, vocera del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), la minera canadiense Almaden Minerals pretende crear una mina a cielo abierto que requerirá abrir un tajo de más de mil metros de diámetro -equivalentes a 140 campos de futbol- para explotar oro y plata.
“Venimos a manifestar de manera contundente nuestro rechazo al proyecto minero de Almaden Minerals por los abusos y las violaciones que está cometiendo en nuestros territorios y comunidades campesinas e indígenas; y también que se cierren las puertas a este proyecto y sea expulsado de manera definitiva de nuestras comunidades”, señaló la activista Ignacia Serrano de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua y de la Tierra Atcolhua.
Antes que la comunidad de Ixtacamaxtitlán solicitara a su alcalde la declaratoria de zona libre de minería para este municipio, fueron los municipios de Actopan y Alto Lucero, en Veracruz, los primeros en lograr una declaratoria municipal sobre la no actividad minera, hidroeléctrica o petrolera en sus municipios.
Posterior a los municipios de Actopan y Alto Lucero se sumaron a este movimiento los ayuntamientos de Acacoyagua, en Chiapas, y Zanatepec e Ixtepec, en Oaxaca, donde los pobladores lograron que el cabido de esos municipios decretara la actividad extractiva como una forma de atentado al medio ambiente, la seguridad sociedad y a la salud pública.
El primer antecedente que se registró en este tipo de movimientos sociales data de 2013 en Honduras, luego que el municipio de El Negrito-Yoro declaró a la minería como actividad prohibida en esa localidad, seguido por el municipio de Cabañas en San Salvador, donde la comunidad de Cinquera se opuso a la operación de un proyecto minero en la zona.
Ahora, tras el movimiento que está resurgiendo en la zona norte de Puebla tras la postura declarada por los defensores del medio ambiente en Ixtacamaxtitlán, también el municipio de Caltepec podría declararse como zona libre de minería, luego que una asamblea popular, en la comunidad de Santiago Acatepec, decidió cerrar la puertas a la minera Sumex.
En esta región, la minera se quiere apoderar de más de mil 500 hectáreas en la zona de Zapotitlán, Acatepec, en los límites con Oaxaca, para explotar la arcilla de ese territorio por una concesión de más de 50 años, donde pretende pagar a la comunidad 35 pesos por tonelada de mineral extraído, por lo que se ha solicitado también la declaratoria municipal de zona libre de minería.
Abogados ambientalistas y biólogos marinos afirman que el proyecto abriría la ruta a más permisos de explotación minera marina, evadiendo entrega de manifestaciones de impacto ambiental.
Se estima que en el yacimiento minero Don Diego hay 558 millones de toneladas de fosfatos de interés para agricultura.
La compañía minera Exploraciones Oceánicas, subsidiaria en México de la multinacional Odyssey Marine Exploration, informó que ganó un juicio federal para poder explotar un yacimiento minero marino, frente a las costas de la Bahía del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, del cual podrían extraerfosfatos y sulfatos para fabricar fertilizantes agrícolas, no obstante su repercusión medioambiental la cual ha sido advertida por especialistas y abogados ambientales.
El permiso de explotación minera marina estuvo en disputa casi diez años y la prohibición para el aprovechamiento minero fue concedida, el 21 de marzo, por un Tribunal Federal en Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), encabezado por el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas.
Abogados ambientalistas y biólogos marinos afirman que este proyecto minero podría abrir la ruta a más permisos de explotación minera marina, evadiendo los requisitos de entrega de manifestaciones de impacto ambiental. El yacimiento explotable se llama Don Diego y están en aguas patrimoniales mexicanas.
El proyecto minero Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 588 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, cantidad equivalente al 60 por ciento de la superficie de la Ciudad de México. Esa arena fosfática está a menos de 100 metros de profundidad del mar y estaría acomodada en un yacimiento de más de dos metros de grosor.
En el año 2015, la organización de Abogados y abogadas ambientales para América Latina (AIDA) manifestó públicamente su preocupación por el eventual permiso de explotación minera en esta zona marina mexicana debido a su posible impacto sobre la fauna marina, migrante y permanente.
“La ballena gris y otras especies de ballena y tortuga marina que habitan la zona o que la recorren, se comunican entre sí, se mantienen unidas y encuentran alimento por medio de sonidos. Para obtener la arena fosfática, el proyecto emplearía grandes barcos de dragado, generando un gran ruido en el área y poniendo en riesgo la sobrevivencia de estas especies al posiblemente alterar su entorno y modificar su comportamiento”, indicaron en ese momento los abogados de AIDA.
SUSPENSIÓN Y REVISIÓN. En abril de 2015, AIDA presentó ante la autoridad ambiental de México sus comentarios sobre el proyecto Don Diego, en los que puso énfasis en señalar que ese proyecto minero carecía de la información técnica suficiente para garantizar que no dañará gravemente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas.
La empresa a cargo del proyecto retiró su propuesta en junio de 2015 y, dos meses después, presentó una nueva bajo otro nombre. AIDA analizó el segundo proyecto y brindó comentarios al respecto.
Una de las empresas asociadas al proyecto es la fabricante de fertilizantes agrícolas llamada Chatham Rock Phosphate, que realizó algunos estudios en campos agrícolas de Nueva Zelanda, con las arenas de fosfatos extraídas de México y concluyó que la roca de fosfato obtenida en el yacimiento marino de Don Diego, es “un mineral con alto grado de nutrientes para la agricultura, incluso antes de ser sometido a los procesos industriales de enriquecimiento de nutriente.
“Ésta es la mejor noticia para Chatham puesto que teníamos nuestro permiso de explotación minera desde diciembre de 2013. Esto establece un precedente para la minería de fosfato marina después de la extensa y detallada evaluación ambiental”, comentó en un comunicado el Presidente de Chatham, Chris Castle.
El permiso para explotar el yacimiento de fosfatos Don Diego se suma a otra autorización que obtuvo Chatman para extracción de recursos mineros en aguas territoriales de Nueva Zelanda el año pasado. Los procesos enfocan la atención en la realidad de que la minería marina está en crecimiento y que del mismo modo crecerán los litigios por asegurar los mínimos impactos de la minería sobre el medio marino.
El Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna determinó la suspensión definitiva de la construcción de una planta de cianuro de sodio en el poblado Dinamita del municipio de Gómez Palacio por parte de la empresa Chemours Company.
La sentencia se emitió este miércoles y representaría la cancelación del proyecto, aunque está pendiente de realizarse la audiencia constitucional en la que el juez federal resolverá el fondo del asunto. Esto implicaría que el juicio podría tardar incluso años.
La suspensión definitiva se emitió ante la promoción del amparo indirecto especializado en materia ambiental 312/2018, por parte de la agrupación civil Pro Defensa del Ciudadano de esta ciudad.
Dicho amparo hace alusión al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y sostiene que la operación de la planta de cianuro de sodio pondría en riesgo a la población y “es un veneno que haría imposible la restitución de la vida de las personas”.
Apenas el pasado viernes 16 de marzo el juzgador determinó la suspensión provisional de las obras.
La empresa Chemours tenía considerada una inversión de 150 millones de dólares en dicha planta.
La suspensión definitiva se emitió ante la promoción del amparo indirecto especializado en materia ambiental 312/2018, por parte de la agrupación civil Pro Defensa del Ciudadano de esta ciudad. (ARCHIVO)
A mediados de marzo, integrantes de más de 20 pueblos indígenas, junto con comunidades campesinas, organizaciones y colectivos provenientes de 23 estados del país se encontraron en la Ciudad de México, y a partir de sus propios testimonios construyeron un mapa de las amenazas que enfrentan sus territorios.
Para los pueblos indígenas la tierra tiene connotaciones particulares, que la hacen formar parte de algo mayor llamado territorio. El territorio es un espacio físico totalizador, construido colectivamente en una relación de reciprocidad con la naturaleza, que incluye las funciones productivas de la tierra, pero también el concepto de tierra natal, cultura, religión, sitios sagrados y ancestros, ambiente natural, agua, bosque, minerales.
En México, los pueblos indígenas tienen derechos agrarios sobre las tierras que ocupan bajo la forma de ejidos o comunidades agrarias. Por varias décadas, la tenencia social de la tierra –que abarca la mitad de la superficie del país– obstaculizó el avance de distintos proyectos, pero a partir de las reformas a las leyes energéticas y extractivas de 2014, promovidas por el presidente Peña Nieto y aprobadas por las cámaras de diputados y senadores, el despojo de los territorios indígenas y campesinos está legalizado. En sentido contrario a la demanda de autonomía como libre determinación de los pueblos indígenas, el Estado realizó una profunda contrarreforma agraria a favor de las empresas trasnacionales. Las causas del despojo pueden ser también megaproyectos de infraestructura, o el acaparamiento de tierras y aguas por la agroindustria.
Las empresas disputan a los pueblos el destino de sus territorios y bienes naturales, mediante una guerra de exterminio, y han tenido un efecto devastador en el campo mexicano. El mapa de los conflictos socioambientales resultado del encuentro es sólo una muestra representativa de la violencia que ha generado este modelo.
En el noroeste, la disputa es por el agua, entre la población y empresas como Constellation Brands y Driscoll’s, que producen cerveza y fresas para exportación en el desierto. La lucha del pueblo yaqui contra el Acueducto Independencia que desvía el agua de su río para ser utilizada en las ciudades de Hermosillo y Obregón es emblemática. En Chihuahua, el pueblo rarámuri se opuso a la construcción de un aeropuerto, al cruce de un gasoducto y a la tala de sus bosques y triunfó jurídicamente. En Coahuila, los campesinos rechazan el establecimiento de un basurero tóxico. En San Luis Potosí, la minera San Xavier destruyó el Cerro de San Pedro a pesar de que la sociedad civil había ganado el juicio en su contra.
Los totonacos y chontales de Veracruz y Tabasco refieren la contaminación de sus tierras y agua por la explotación de petróleo. La construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit, amenaza con inundar a comunidades coras. Los wixarikas defienden sus territorios sagrados de la minería y las presas.
Los jóvenes jornaleros de Jalisco viven un sistema de peonaje acasillado moderno trabajando para los emporios agroindustriales. Los nahuas de Colima resisten contra la minería. Los nahuas de Michoacán se organizan y defienden contra la violencia y el despojo de sus bosques. Los purépechas lograron detener a los talamontes, que son parte de la economía criminal, y recuperar sus bosques y organización comunitaria. En Guanajuato, la población defiende su derecho al agua acaparada y contaminada por la agroindustria y la industria automotriz.
En Guerrero, los me’phaa impidieron el decreto de una reserva de la biósfera y triunfaron en contra de las concesiones mineras en su territorio. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota ha impedido su construcción durante 15 años, a pesar de la enorme represión en su contra. Los pueblos de La Montaña se protegen de la inseguridad y violencia que campea en el estado haciendo uso de sus estructuras e instituciones comunitarias. En Oaxaca, los zapotecos, mixes, mixtecos, chontales y zoques resisten en contra de las concesiones mineras que pretenden invadir sus territorios. Los chinantecos se oponen a la contaminación y destrucción de sus ríos por la construcción de presas hidroeléctricas. Los mixtecos, chatinos y afrodescendientes defienden el río Verde y se oponen a la construcción de la presa Paso de la Reina. Los ikoojts y los zapotecos luchan contra las empresas eólicas.
Comunidades tepehuas, nahuas, otomíes y totonacas de Puebla e Hidalgo se organizan y oponen al gasoducto Tuxpan-Tula. Los nahuas y totonacos organizados en la Tosepan Titataniske resisten en contra la instalación de una hidroeléctrica en el río Apulco, y de la explotación minera y de hidrocarburos.
En Chiapas, la minería destruye el tejido social, mientras los pueblos tzeltal, chol, lacandón y chuj, pierden el control sobre sus bienes naturales y territorios por la política de conservación. Los mayas de la Península de Yucatán se enfrentan a la invasión de los cultivos y ganadería industriales como la soya transgénica o las megaexplotaciones de cerdos y pollos, pero también a los parques eólicos.
El despojo y saqueo de los territorios indígenas en todo el país ha propiciado el aumento de la violencia y la represión, pero los pueblos originarios han decidido mantenerse en resistencia permanente y utilizar la fuerza de la comunalidad para defender sus territorios e identidad.
*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
Las y los integrantes del Movimiento Civil Chalchihuites del municipio de Chalchihuites en Zacatecas hemos decidido que la empresa First Majestic no opere más en Chalchihuiites; exigimos al gobierno federal cancele de inmediato las concesiones otorgadas a dicha empresa.
En el año 200, la Unidad Minera El Toro, compuesta por las minas San Juan, San Nicolás y Dolores, empezó a operar sin que los habitantes ni el cabido fuésemos consultados. A lo largo de este tiempo hemos sufrido diferentes afectaciones:
El aspirante a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Acuña González, sentenció que quien sea el próximo abanderado de este instituto político, debería pronunciarse en contra de la Minería en Baja California Sur, pues aseguró que es un tema que rebasa el rubro electoral.
“Quien sea favorecido como abanderado a la alcaldía de La Paz por el Movimiento Regeneración Nacional, deberá pronunciarse en contra de la minería tóxica”, aseguró Acuña González.
El aspirante, reiteró que el tema de la Minería Tóxica es algo que rebasa cualquier interés político o electoral, por lo que sentenció que todos aquellos candidatos que estén participando no sólo dentro de Morena, deberían manifestarse contra los proyectos que promuevan o apoyen esta actividad.
“Rechazo todos aquellos proyectos que contaminen los recursos naturales de este municipio de La Paz”, al tiempo que aseguró que los militantes morenistas, rechazan todos aquellos planes que impactan en la naturaleza de Baja California Sur pues además, estos derivarían en un problema de salud pública también.
Marcos Acuña González, quien es aspirante a la presidencia municipal de La Paz para el próximo periodo que concluirá hasta el 2021, señaló que el próximo alcalde, sin importar el partido político al que pertenezca, deberá tener un programa de desarrollo en el cual incluya alternativas distintas para impulsar el desarrollo del municipio, sin tomar en cuenta los proyectos mineros.
Finalmente, al ser cuestionado sobre su competidor de contienda, Rubén Muñoz Álvarez, a quien se la ha vinculado anteriormente, a favor de los proyectos mineros, Acuña se limitó a responder lo siguiente: “Yo opino de lo que yo sé sobre este tema, mas no puedo saber quiénes están representado estos intereses en el municipio de La Paz”.
Zapotitlán.- Se suma el municipio a las protestas que realizan los pobladores en contra de la minera que intenta establecerse en Caltepec, declaró Martín Carrillo Carrillo, tesorero del comisariado de los bienes de la cabecera municipal.
Este lunes marcharon y realizaron el cierre simbólico de la empresa canadiense
La defensa que del territorio de wirikuta han hecho diversos artistas queda plasmada en la muestra colectiva que, hasta el próximo 6 de mayo, se exhibe en la Galería José María Velasco, bajo el título de Wirikuta. Se trata de, añadió la Secretaría de Cultura en un comunicado, más de 40 piezas, entre serigrafía, punta seca, xilografía y linóleo, además de arte objeto hechos con chaquira y estambre, así como textos, que se adentran en la cosmovisión del pueblo wixárika o huichol, pero también una llamada de atención.
El plan de desarrollo energético que el gobierno federal impulsa en la zona norte de Puebla, ha desencadenado un movimiento social generalizado que busca la declaratoria municipal para decretar zonas libres de actividad minera, hidroeléctrica y de hidrocarburos.
Abogados ambientalistas y biólogos marinos afirman que el proyecto abriría la ruta a más permisos de explotación minera marina, evadiendo entrega de manifestaciones de impacto ambiental.
El Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna determinó la suspensión definitiva de la construcción de una planta de cianuro de sodio en el poblado Dinamita del municipio de Gómez Palacio por parte de la empresa Chemours Company.
El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio convoca al:
El aspirante a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Acuña González, sentenció que quien sea el próximo abanderado de este instituto político, debería pronunciarse en contra de la Minería en Baja California Sur, pues aseguró que es un tema que rebasa el rubro electoral.