Mexico

Prohibir minería en áreas naturales protegidas, un reto sumamente complicado

La actividad minera en Áreas Naturales Protegidas (ANP) supone uno de los mayores riesgos que existen para el patrimonio natural que estas protegen. No obstante, aunque urge, realizar la prohibición resulta sumamente complicado, dijo hoy a Efe Sergio Graf Montero, Premio al Mérito Ecológico 2018.

El investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) consideró que los principales problemas son los intereses económicos y, en términos legales, la actual Ley de Minas, que ha impedido ejecutar medidas contra la explotación en dichas áreas las veces que se han tratado de implementar en el Congreso de la Unión.

Según expuso el experto, la única forma de hacerle frente al problema es por medio de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un estudio técnico-científico de carácter preventivo y de planeación que permite identificar los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medioambiente.

Sin embargo, los resultados de los estudios son inciertos porque, según apuntó el experto, muchas instancias de Gobierno están en contra de la prohibición y ponen trabas.

Uno de los casos que ejemplifica esto es el del ANP «Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán», la cual Graf dirigió durante 9 años y en la que se quiso establecer una prohibición que finalmente no se materializó, pues «a la hora de establecer la manifestación de impacto ambiental fue imposible», misma situación que se ha repetido en todo el país.

El especialista agregó también que, aunque los actores locales pueden estar de acuerdo en prohibir actividades mineras, «el lobby de esa industria es poderoso y detiene todas las tentativas».

A juicio de Graf, la incompatibilidad de la moderna minería industrial con las áreas protegidas es evidente, pues «toda la minería que se hace ahora es a cielo abierto, y eso es muy peligroso para las reservas», ya que implica remoción de la biosfera como tal para poder extraer los metales.

«Tenemos a nivel nacional como un 12 % del territorio en Áreas Naturales Protegidas, la idea es que se excluya totalmente porque hay suficiente superficie no protegida para hacer esas actividades», precisó.

Según recuerda Graf, uno de los temas más importantes en el proceso de la lucha por la Ley de Biodiversidad era asegurar la prohibición de la minería en esos recintos, algo que finalmente no se ha logrado.

El cercano cambio de administración en el país, con la llegada del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, llena de esperanza al investigador.

«Yo espero que el cambio de administración y con un nuevo Congreso se pueda ayudar a revertir esto», aseguró el consultor de la aplicación piloto del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU por sus siglas en inglés) en Jalisco, Chiapas y la península de Yucatán.

La estadística más actualizada del gobierno federal revela que hay 25.716 títulos de concesión minera vigentes sobre 22,1 millones de hectáreas, lo que equivale a un 11,3 % del territorio nacional.

Muchas de estas concesiones se ubican cerca o al interior de las ANP y constituyen un desafío para la conservación, según señala la tesis «Áreas Naturales Protegidas y minería en México: perspectivas y recomendaciones» de la investigadora Elisa Armendáriz, publicada por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.

«Se encontró que 1.609 concesiones mineras coinciden con un tercio de las ANP, esto son 63, sobreponiéndose a casi un millón y medio de hectáreas», señala el documento.

Además, abunda en que «la aplicación de las nuevas tecnologías ha permitido a la minería explotar depósitos superficiales, los cuales son minados a tajo abierto, con equipos de alta productividad y la incorporación de lixiviación en pilas, tecnología metalúrgica que tiene costos más bajos».

El 30 % de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP mencionan que extraerán metales preciosos (oro y plata), proporción que se eleva a un 73 % si se agregan los principales metales industriales (cobre, plomo, zinc, fierro, antimonio, molibdeno, mercurio y manganeso) y los polimetálicos.

En contraste, el 9 % de los títulos de concesión pretenden extraer minerales no metálicos, principalmente carbón, fluorita, barita, yeso, sal y dolomita.

Adicionalmente, el documento destaca que un 11 % de los títulos de concesión mencionan que extraerán «toda sustancia posible».

Las ANP con más altos porcentajes de territorio traslapado de concesiones mineras son «Rayón», en Michoacán, con el 100 %; «Sierra La Mojonera», en San Luis Potosí, con un 86 %; «El Chico», en Hidalgo, con el 55 %; «Los Mármoles», también en ese estado con un 52 %, y la «Sierra de Quila», en Jalisco, con un 50 %. Restan ocho áreas más cuyos porcentajes van del 16 al 32 %.

Fuente:http://www.sandiegouniontribune.com/efe-3711871-14486831-20180805-story.html#
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En pocas décadas las transnacionales sacaron de México el doble de oro que los españoles en la colonia

En México hay proyectos mineros que ocupan al menos un 18% del territorio total del país. El 75% de las empresas son canadienses. Sputnik te muestra la realidad de un negocio extractivista que afecta a la sociedad mexicana.

Sólo entre los años 2001 y 2017, la minería transnacional extrajo de México el equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron de México durante los 300 años que duró la Colonia española, según aparece referenciado en el trabajo del periodista Jesús Lemus, en su libro «México a cielo abierto», publicado a principios de este año.

Ese crecimiento exponencial estuvo dado por la promoción que los gobiernos de los tres países norteamericanos le dieron en la firma del Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia el 1 de enero de 1994.

«Con el TLCAN se hizo una ley, que es casi la misma que en toda América Latina, que les dio a las empresas mineras una permisividad abierta y una preferencia sobre cualquier otra actividad productiva», explicó a Sputnik, Ivette Lacaba, activista antiminera mexicana.

Desde entonces, se han otorgado:

  • 22.000 títulos de concesión
  • para 1.400 proyectos mineros
  • que ocupan entre un 16 y un 18% de la superficie total del país
  • el 75% de las empresas extranjeras del rubro son de origen canadiense.

«Hay documentos que manejan que la superficie que ocupan representa el 25% del territorio pero es un poco exagerado.

De todos modos, 18% ya es bastante», sostuvo. Lacaba explicó a Sputnik que el crecimiento se dio de la mano del cambio del formato de explotación, que dejó atrás las viejas minas de túneles o socavón, para pasar a las minas a cielo abierto, cuyo método de explotación consiste en dinamitar el terreno y abrir un cráter o «tajo» de dónde se extrae el material en concentraciones bajas.»Se está extrayendo mucho oro y plata, pero de minas agotadas por la época de la colonia y donde se exprime el material de la roca. Hay más proyectos que abarcan más territorio, porque la mina por túnel no es lo mismo que la mina a cielo abierto, que tiene un impacto ambiental muchísimo más fuerte, porque utilizan mucha agua y cianuro o mercurio para lixiviar el oro y la plata», explicó.

El lixiaviado es un proceso químico y altamente tóxico por medio del que se separa el material de la roca que lo contiene. Este tipo de minería se caracteriza por remover toneladas de tierra para extraer cantidades bajas de mineral.

«En varios documentos se señala que en estos años se ha extraído más mineral que durante la Colonia, cosa que puede ser cierta por las características de la explotación. Sin embargo, no lo sabemos con certeza, porque no hay nadie que controle cuánto material sacan las empresas ahora», señaló.

Lacaba explicó que el mecanismo establecido en México para el control de las empresas mineras, depende de lo que declaren haber obtenido del subsuelo y en base a eso, se les calcula cuánto dinero deben pagar por la riqueza que se llevan.Sin embargo, no hay ningún control de que las empresas efectivamente extraigan lo que declaran. «No hay quien mida cuánto sacan, ni sabemos si están extrayendo más de lo que reportan y eso que lo reportado es muchísimo», agregó.

Lacaba explicó a Sputnik que a partir del año 2014, se gravó la actividad con un impuesto del 7,5% sobre el material extraído, del que las empresas puedan deducir sus gastos de operación, por lo que el pago no es realmente muy elevado. También pagan derecho al agua y uso de suelo, que equivale a unos 50 pesos mexicanos (menos de 3 dólares) por hectárea, cada 6 meses.

«Nosotros decimos que es un saqueo a cielo abierto porque es tan barato sacarlo que se les hace costeable obtener 0,4 ó 0,3 gramos de material por tonelada de roca que dinamitan». sostuvo. El 75% de las empresas a cargo de los 800 proyectos mineros en México son canadienses.

«Desde la sociedad civil hemos remarcado que esto tiene que modificarse en el Tratado de Libre Comercio, que tienen que respetarse las normas ambientales y el proceso de consulta a los pueblos, que no es vinculante, cuando debería serlo», añadió.

 

La asunción de López Obrador como futuro presidente de México abría una puerta para buscar modificaciones a esta situación, explicó Lacaba. Sin embargo, las declaraciones hechas por Alfonso Romo, futuro coordinador de presidencia de López Obrador, prometiendo que México será «un paraíso para la inversión privada», desalentó a los activistas antimineros en el país.

«Hemos hablado con académicos y grupos ambientales en Canadá y Estados Unidos que nos apoyan, pero a los gobiernos no les importa, tampoco al de México. Con AMLO pensamos que se podría interceder, pero cuando vino la canciller canadiense [Chrystia Freeland] el discurso que mantuvo fue invitarlos a seguir invirtiendo», concluyó.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201808031080900797-mexico-mineria-canada-ecologia-e

Mexico

Rechazan proyectos mineros en San Miguel Chimalapa

Autoridades municipales de San Miguel Chimalapa, encabezadas por el alcalde, Fernando Miguel Contreras, y regidores, declararon su demarcación indígena libre de cualquier proyecto de explotación minera, en primer lugar, señalaron, porque no se efectuó una consulta para pedir la opinión de los habitantes zoques de la región, y en segundo lugar porque la minería, afirmaron, causa graves daños a la población y al territorio.

En un comunicado, el edil Contreras y los demás integrantes del cabildo de Chimalapa expresaron su rechazo al proyecto minero Santa Martha, que lleva a cabo la empresa Minaurum Gold SA de CV en su territorio, debido a que sus actividades perjudicarán ‘‘severamente’’ el medio ambiente, en particular los ríos y lagos de nueve municipios ubicados en la región del Istmo de Tehuantepec.

‘‘No permitiremos el establecimiento de la empresa minera Minaurum Gold en nuestro territorio. La rechazamos como cabildo y autoridades municipales’’, indicaron.

El proyecto Santa Marta abarcaría las comunidades La Cristalina, San Antonio, Sol y Luna de San Miguel Chimalapa, y también territorio del municipio de Zanatepec, donde se ubican 30 mil hectáreas para las cuales se emitieron cinco títulos mineros. Autoridades agrarias y municipales de Zanatepec también han rechazado la explotación minera.

Por lo pronto, se pretende extraer de la zona cobre, oro y plata con el sistema de tajo a cielo abierto, por lo cual las autoridades del municipio prevén que el medio ambiente puede padecer daños irreversibles.

Ocho municipios más resultarían afectados

Otros municipios cuya flora, fauna y sistemas hídricos resultarían afectados por la actividad minera serían Ixhuatán, Unión Hidalgo, Zanatepec, Tapanatepec, Reforma de Pineda, Niltepec, San Francisco del Mar y Zanatepec.

En un boletín, las autoridades de San Miguel Chimalapa reiteraron su rechazo al establecimiento de empresas mineras en su territorio, y advirtieron que no permitirán que exploren y mucho menos que exploten su tierra y territorio.

Fuente:http://www.jornada.com.mx/2018/07/30/estados/029n2est

Mexico

Exigen frenar proyectos mineros en Oaxaca

El pueblo y las autoridades de ocho municipios de la Sierra Sur, pidieron al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, detener los proyectos de explotación minera en esa región.

“Oaxaca, lo tiene todo, como también tiene algo debajo de sus suelos y ese algo, son sus minerales que pretenden saquear las compañías extranjeras”, afirmó el presidente municipal de Santo Domingo Teojomulco, Bonifacio Pérez Cruz.

Durante un encuentro, celebrado en esa municipalidad donde el mandatario entregó equipamiento de alta tecnología y una ambulancia en el Hospital Básico Rural de La Paz, al hablar en nombre de su pueblo y de San Mateo Yucutindoo, Santiago Amoltepec, San Jacinto Tlacotepec, Santiago Minas, San Lorenzo Texmelucan, Santa Cruz Zenzontepec y Santiago Textitlán, así como de su agencia municipal Santiago Xochiltepec, el edil sostuvo que las compañías extranjeras pretenden saquear los minerales de la Sierra Sur, mediante permisos concedidos por el gobierno federal a espaldas de los pueblos.

No a la minería

“Lo decimos desde ahora y desde aquí, teniéndolo como testigo y como máximo representante del pueblo oaxaqueño, no permitiremos el establecimiento de ninguna mina”, asentó.

A su vez, el presidente de San Lorenzo Texmelucan, Lucas Gutiérrez Salinas también manifestó su desacuerdo con los proyectos mineros, porque la explotación minera trae consecuencias severas, como la contaminación al medio ambiente y la muerte.

“Podemos vivir sin energía eléctrica ni gasolina, pero no podemos vivir sin agua”, asentó.

Ante esto, pidió la intervención del gobernador Murat Hinojosa para detener los proyectos mineros en la Sierra Sur.

“Queremos que nos apoye en eso, no a la explotación minera, estamos en contra de las empresas mineras que tratan de sacar el oro, para llevárselo a otro país”, terminó.

Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/98261/exgen-frenar-proyectos-mineros-en-oaxaca

Mexico

Minera de Slim acabó (es literal) con su pueblo, pero el puñado de valientes ha decidido frenarla

La manera en que una minera propiedad del magnate Carlos Slim arrasó con un pueblo ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas, al norte de México, es tan sólo un ejemplo de los daños ocasionados por la industria minera en complicidad con el gobierno.

Una historia de gente dispuesta a defender su hogar frente a la voracidad del capital trasnacional. Una historia que evidencia los conflictos sociales y ambientales provocados por la minería, actividad que sigue siendo prioritaria para el Estado mexicano pese a los pocos beneficios que genera. Una historia donde las grandes empresas mineras del país ni siquiera pagan impuestos.

Roberto de la Rosa es el último guerrero de Salaverna, un pueblo derrumbado por una minera propiedad de quien fuera el hombre más rico del mundo.

La historia que relata don Roberto, es la historia de un pueblo que lucha contra la extinción, provocada por la voracidad de las grandes empresas mineras que operan en México desde hace décadas con apoyo del gobierno. Una historia que se repite con insistencia desde la instauración del modelo económico neoliberal a finales de la década de 1980, mismo que fomentó el despojo de comunidades enteras para beneficio de unos cuantos.

El campesino vivió en su niñez un desalojo forzado por la instalación de una empresa minera. Hoy lucha para que la historia no se repita. Foto: Manuel Hernández Borbolla, RT

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Fuente:http://www.sinembargo.mx/01-08-2018/3450895

 

Mexico

Hacen negocio con fondo para remediar ecocidio en Sonora

El Fideicomiso Río Sonora (FRS), creado como único medio de pago para resarcir los daños ocasionados por el derrame de químicos a los ríos Sonora y Bacánuchi en agosto de 2014, gastó más de 184 millones de pesos en la compra de tinacos, y uno de los tres beneficiarios fue la empresa Rotoplas, propiedad de Carlos Rojas Mota Velasco, primo hermano de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, denunciaron los comités de cuenca del río.

Explicaron que el FRS destinó 184 millones 954 mil pesos a la compra de 3 mil contenedores de agua, mientras la suma entregada directamente a los afectados en su salud a causa de la contaminación por el derrame fue de apenas 7 millones 805 mil pesos.

Los comités de cuenca del río Sonora, asesorados por la asociación no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), detallaron que el FRS pagó por los tinacos 150 millones de pesos al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, AC. El Colegio de Ingenieros Ambientales de México, AC, fundado poco después del derrame por Rodolfo Lacy Tamayo, presidente del comité técnico del FRS, recibió a su vez 28 millones 614 mil pesos. En tanto, Rotoplas obtuvo 5 millones 502 mil pesos.

Más de un centenar de afectados se reunieron fuera de lo que debió ser la Unidad de Vigilancia Ecológica y Ambiental (Uveas) de Ures para exigir a Grupo México que se responsabilice por los daños provocados por la contaminación del agua desde hace cuatro años.

Para afectados por derrame, apenas 10% de lo erogado

Pobladores de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo afectados por un derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado en ambos ríos, reclamaron al consorcio minero el pago de daños ambientales y a la salud.

‘‘Estas empresas voraces acaban con nuestra vida y naturaleza a cambio millones, pero éstos no valen más que la vida de los 25 mil sonorenses afectados por el ácido sulfúrico’’, manifestó Roberto Gallegos, habitante de Huépac.

Cifras publicadas por el FRS refieren que en el rubro ‘‘Acciones de atención y seguimiento médico’’ se otorgó a los afectados en su salud 7 millones 805 mil pesos, es decir, 10 por ciento de ese rubro.

Mientras, el 90 por ciento restante se gastó en la construcción de la Uveas ubicada a la entrada de Ures, la cual debió inaugurarse en 2015, un año después del derrame, pero sigue en obra negra.

Benjamín Cokelet, director de Poder, calificó la compra de tinacos de ‘‘muestra de cinismo más allá de lo imaginable’’; además, señaló que ya se ha gastado 61 por ciento del FRS, es decir, mil 231 millones 367 mil 946 pesos de un total de 2 mil millones. El resto quedó congelado sin resarcir daños sanitarios, ambientales ni económicos.

En febrero de 2017 quedó clausurado, en total opacidad, sin cumplir su cometido y con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de Rafael Pacchiano.

En junio de 2016 Grupo México cerró la Uveas y dejó sin atención médica a los pobladores perjudicados. Además, incumplió el compromiso de vigilar la calidad de las fuentes de agua en la región.

Datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mencionan que el derrame tóxico provocó daños en la salud de al menos 360 habitantes de la ribera, quienes presentan altas concentraciones de metales pesados en sus organismos.

El 6 de agosto de 2014, una falla en una represa de la mina Buenavista del Cobre causó el mayor desastre ambiental en la historia de México. El agua de los ríos Sonora y Bacánuchi ya no sirve para consumo humano ni para actividades.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/hacen-negocio-con-fondo-para-remediar-ecocidio-en-sonora/

Mexico

Se le dijo “NO” por el riesgo nuclear y ni así: la minera de Canadá perfora con fuerza en Veracruz

Por más riesgos demostrados, los proyectos mineros en México parecen imbatibles. Es un lugar común su resurgimiento, después de haber sido detenidos por la presión de la sociedad. Reaparecen con ligeras modificaciones, pero con el mismo impacto potencial en los pueblos. Eso ocurrió con La Paila, de la minera Caballo Blanco, en Alto Lucero, Veracruz. En 2017, la Semarnat resolvió no darle permiso para extraer oro después de una evaluación de riesgo ambiental. Y se fue. Pero ahora ha vuelto, acaso con más fuerza.

 Era la década de los 80, del siglo pasado, cuando en Palma Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.

Aunque los habitantes bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, su voz no hizo eco y fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en operaciones.

Han pasado 28 años desde entonces, y Mario Landa Viveros, comisario ejidal de la comunidad de Mesa de veinticuatro en Alto Lucero, dice que nunca imaginó una nueva amenaza para su pueblo.

A unos kilómetros de su comunidad ubicada en lo alto de los cerros frente al mar, el proyecto minero a cielo abierto para la explotación de oro en el cerro La Paila, interrumpe su tranquilidad.

No queremos el proyecto, no queremos dinero, hemos vivido sin ninguna minera, tranquilos con nuestra vida, si llegan todo se va a secar”, exclama.

La preocupación no es menor. A poco más de tres kilómetros de la planta nuclear y a cuatro del reactor principal, se planea el tajo a cielo abierto, ahora en manos de la Minera Caballo Blanco, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp.

La presencia de los “mineros” no es desconocida en la región, desde hace más de 20 años los han visto ir y venir, haciendo exploraciones, pero desde 2012 su actividad se ha intensificado. En dos ocasiones han intentado obtener el permiso para explotar oro, plata y cobre de su territorio.

El proyecto ha estado en manos de tres mineras canadienses desde 1995, cuando fue descubierta la veta de oro. Se trata de Gold Group, Timmins Gold Corp y Candelaria Mining. La Paila tiene 12 concesiones por 50 años cada una, en 19 mil hectáreas de terrenos de Actopan y Alto Lucero.

A lo largo de estos años han adquirido terrenos en propiedad y otros los han rentado.

En 2011, cuando obtuvieron el permiso para los primeros seis socavones, el entonces Alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo, les rentó su terreno para el paso principal y aceptó un cheque por 300 mil pesos y la promesa de mejorar los caminos de la región.

Divididos por la carretera costera 180 Veracruz- Poza Rica, los pueblos de la montaña y el mar, viven del campo, la ganadería, la pesca y pequeños comercios al pie de carretera, la idea de una mina en su territorio los tiene atemorizados.

“ESTE CAMINO ES DE AVES”

Los cerros que rodean Alto Lucero- Actopan a unos 70 kilómetros del Puerto de Veracruz, son únicos en el Golfo de México, son los mejor conservados.

Si hubiera un lugar prohibido para instalar minería, sería justamente el Cerro La Paila, por su gran diversidad biológica, advierte Javier Laborde Dovalí, investigador del Instituto de Ecología AC (Inecol).

La minera quiere construir en 361 mil 85 hectáreas, un tajo, la tepetatera, patio de lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR en 11 polígonos entre los cerros.

Pero más de 265 hectáreas son terrenos forestales de bosque de encinos tropicales, selva baja caducifolia, que son parte del corredor de aves migratorias más grande del mundo.

En el camino de las aves migratorias, este cerro es de los pocos remanentes donde pueden descansar antes de viajar, y ahora estará durante seis días en explotación, con luces las 24 horas, con explosiones, con tráfico de camiones en tres turnos, eso es una fuente de ruido y de disturbio”, cuestiona.

Dentro del proyecto hay 51 especies de flora y fauna en peligro de extinción, entre ellas una comunidad de 1 mil 231 cicadas, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil años, son consideradas la vegetación viviente más antigua de México.

La minera Gold Group intentó en 2012 un primer permiso de explotación que fue negado, entonces la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó para el cambio de uso de suelo fue analizada por expertos de diez instituciones académicas, se obligó a ir a la consulta pública y en febrero del 2012, el entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa decidió negar permisos y vetar el proyecto.

Pero la minera fue hábil y retiró el proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para evitar su cancelación definitiva. Seis años después, apenas en agosto del 2017, ahora la minera Candelaria Mining volvió a presentar la MIA.

Un grupo de expertos investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología AC, analizaron el documento. Dovalí, uno de los expertos, advierte que el estudio de la minera tiene fallas importantes, que implica amenazas significativas, e irreductibles al sistema ambiental.

La más grave es su cercanía con la planta nuclear Laguna Verde.

–¿Cuántas minas de tajo abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de cinco kilómetros de una nucleoeléctrica? – se cuestiona.

–Parte de los polígonos de la minera están dentro de la zona vía pluma de 15 kilómetros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), lo cual es muy riesgoso – responde.

Para obtener 240 kilos de oro mensualmente, la minera plantea el uso de al menos 28 sustancias químicas, entre ellas cianuro, además de toneladas de explosivos para socavar los cerros.

Laborde señala que la minera en un documento de más de 2 mil 702 páginas no incluyó los impactos que tendría en lugares cercanos como La Mancha, sitio ramsar con dos lagunas costeras y manglares, además subestimó el riesgo de huracanes. “Promete remediaciones, que es complicado que pueda cumplir, como la reforestación de encinares en tres años”, exclama.

Cuestiona que la minera explica que explotará seis años el tajo (a cielo abierto) y luego destinará tres años para remediación, lo cual es prácticamente imposible, pues se necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales como venados cola blanca que no podrían vivir en un bosque joven.

El investigador considera que la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar a la comunidad a través de apoyos, para ir ganando su confianza.

No han dicho a la Semarnat, ni a la gente que vive ahí, que tienen planeados otros polígonos, llevan muchos años trabajando con ellos, hablando con el cura, el presidente municipal, han pavimentado caminos, les han pintado la escuela, les han puesto pozos, les dan beneficios para ganar confianza y decir que la mina es buena; es como un gobierno aparte: llegan a un lugar pobre y aprovechan”, lamenta.

Laborde sentencia que aunque la minera dice que el proyecto solo durará seis años podría ser mucho más tiempo y el impacto sería más grave.

Además, existen otros peligros. El tajo a cielo abierto está a dos kilómetros de los gasoductos de Petróleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y cerca de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.

El PERE NO FUNCIONARÁ 

Caminar por los cerros y caminos donde se planea la instalación de la piletas de lixiviados, y la estructura central  de la minera es toparse con los letreros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la nucleoeléctrica Laguna Verde.

La minera alineó su plan de emergencia al PERE, por encontrarse en el radio de influencia, sus rutas de evacuación en caso de un accidente son las mismas, pero también son las rutas que la empresa utilizará para la circulación de material químico.

El Plan de Emergencia de Laguna Verde, está diseñado para enfrentar cualquier clase de emergencia radiológica, y tiene dos radios, el primero de 16 kilómetros a la redonda conocido como zona vía pluma por ser las comunidades de principal exposición al material radiactivo y otra zona conocida como vía ingestión con un radio de 80 kilómetros, donde podía haber contaminación de aguas superficiales, alimentos contaminados y por el material radiactivo depositado en el suelo.

En diversas ocasiones, los habitantes han denunciado las malas condiciones de los caminos, apenas en septiembre del 2017 en el Congreso Local se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a otorgar recursos para el mejoramiento de las rutas de evacuación.

En un recorrido por el radio del PERE, se observó que los caminos de salida y continuación de algunas rutas de evacuación están destruidos, los puentes colapsados y las comunidades no saben que harían en caso de una emergencia.

Es el caso de los caminos de comunidades como Topiltepec, Soyacuatla, La Reforma, Pastorías, Llano de Zárate, La Esperanza y Llano de Luna, entre Actopan y Alto Lucero.

El Diputado por el distrito de Misantla, Ernesto Cuevas, advirtió que desde hace más de ocho años no hay una inversión real para todos estos caminos y se necesitarían 600 millones de pesos para una rehabilitación completa de las rutas de evacuación del PERE.

LOS PROYECTOS EN EL SILENCIO

La minera Caballo Blanco oculta otros proyectos que no ha dado a conocer a la Semarnat ni a los pobladores de la comunidad, se trata de Bandera sur, Las Cuevas, La Cruz y Red Valley donde hay indicios de mineral.

La estrategia de la minera es hablar solo de La Paila, pero a sus inversionistas en su página Internet les revelan que la zona es de gran valía por su alta cantidad de concentración de oro. Los planes a largo plazo son extenderse al menos 9 kilómetros más.

La investigadora del Instituto de Ecología AC, Patricia Moreno Cassaola advierte que la empresa debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero impacto ambiental a esta región, y no sólo una parte del proyecto.

Si el proyecto se extiende, entonces llegaría hasta el corredor La Mancha donde cada año más de 13 millones de aves cruzan las montañas desde las tundras árticas hasta la Patagonia.

Por esas montañas atraviesan también hasta cuatro millones de 22 especies de aves rapaces entre agosto y noviembre de cada año, por eso la región está catalogada como el corredor de aves rapaces más grande del mundo.

Una extensión de mil 414 hectáreas de La Mancha y El Llano también están considerados sitios Ramsar (lista de humedales del mundo por la Convención sobre los Humedales), conformados por dos lagunas costeras rodeadas de manglares y humedales de agua dulce.

Ahí, un grupo de ejidatarios trata de hacer conciencia de la conservación de la biodiversidad, y para ello crearon el proyecto La Mancha en movimiento.

El ecoturismo es una de principales actividades, junto a la pesca, por lo que ven a la minería como un grave peligro para la conservación del medio ambiente y la vida de las personas de las comunidades.

Adán Vez Lira, agente municipal de La Mancha, advierte que el proyecto está a pocos kilómetros, y podrían resultar afectados fácilmente al recibir agua de montaña arriba. “Cualquier contaminación que se de en la parte de la explotación minera vendría hacia nosotros y afectaría en la pesca, la ganadería, ecoturismo”.

Los habitantes de La Mancha viven de la pesca y el ecoturismo, y si algo les queda claro es que no van a permitir que la minería llegue.

 

UNA NUEVA ESTRATEGIA MINERA

Ante el segundo rechazo del proyecto, la minera usó la misma estrategia que 2012, retiró el documento de la Semarnat para evitar ir a consulta pública, y en un comunicado, en octubre del 2017, anunció a sus inversores que no había condiciones idóneas para el proyecto.

Para entonces la minera había enviado a la Semarnat, dos permisos más de exploración: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.

Siete meses después, en mayo de 2018, Julio Portales, consultor minero, informó que después del proceso electoral volverían a presentar el permiso de explotación.

Esta vez, su estrategia no era simple, la acompañaron de visitas a las comunidades y escuelas, censos, encuestas, cine móviles y reuniones entre sectores de influencia.

Para conseguir el apoyo, la minera ha entrado a las escuelas de comunidades como Palma Sola, la más grande dentro del radio del proyecto con más de tres mil habitantes, donde, sin la supervisión de los padres, da pláticas a los estudiantes.

También regala pintura y flores a las parroquias y a través del grupo Mexicominero.org ofrece cine móvil.

Julio Portales, uno de los consultores de la mina, dice que Veracruz podría ser el nuevo Dorado, y convertirse en los siguientes 30 años, en uno de los principales estados productores de oro del país.La recién administración de la minera asegura que en el pasado no hubo información suficiente del proyecto, por eso ha distribuido folletos sobre el cianuro, los explosivos, la flora, la fauna y los fenómenos meteorológicos, en todos promete la generación de 400 empleos.

No habla a tientas. En Veracruz se han otorgado 45 concesiones mineras en 11 municipios en los últimos años.

La minera sabe de la situación complicada de Veracruz y afirma tener el apoyo de las comunidades. “Nos han dicho, si vamos a hacer minería responsable, ya tráiganla, necesitamos el trabajo”.

También promete la rehabilitación del centro de salud de Palma Sola, la reconstrucción de escuelas, así como 20 millones de pesos para el municipio de Alto Lucero. “ Su presupuesto es de 78 millones de pesos. Imagínense. Podríamos darle un tercio. ¿Qué Gobernador podría hacer eso? Sería de gran impacto”, dejó en la mesa.

En una conferencia de prensa improvisada en Xalapa, confirmó que aunque el proyecto minero, se quiere hacer en 10 años, podría seguir por lo menos 24 años más.

Sin embargo, el discurso positivo de Portales dista mucho de la realidad que hay en las comunidades de la región.

Guillermo Rodríguez Curiel, de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), afirma que ahora, a diferencia de 2012, la minera da la cara, y dice que trae 115 millones de dólares para invertir. “ Yo lo leo así, 115 millones de dólares para comprar conciencias, para justificar la destrucción de la naturaleza”.

115 MDD, ¿ESO VALEN LAS CONCIENCIAS?

Para el activista, los mineros traen dinero para sustituir al estado, para construir carreteras, hospitales, y escuelas que son obligación de los gobiernos local y federal: “Lo que ellos traen son despojo, destrucción y muerte, la minería no es el nuevo Dorado , nuestro Dorado para Veracruz es la defensa del territorio, porque el agua vale más que el oro”.

Por eso, a lo largo de la costa comunidades se han informado y organizado para resistir al proyecto que les promete empleo y desarrollo a cambio de la destrucción de sus tierras.

 

“USTEDES CONTAMINAN MÁS QUE LA MINA”

Armando Alexandri, director de operación de la minera Candelaria, reconoce que de entrar en operación, la mina podría alcanzar una producción diaria de hasta 20 mil toneladas de roca, utilizaría ocho toneladas de explosivos y 2.8 toneladas de cianuro, pero asegura en esto no es más peligroso que un potrero de ganado.

Rosario Aguilar, de la comunidad Mesa de veinticuatro, se ofende cuando recuerda la última reunión con los mineros. Ahí les dijeron que el cianuro no era riesgoso, que estaba en todo, hasta en los árboles. “Nos dijeron que de qué nos espantábamos. Si contaminábamos más con el ganado que con la mina”. Entonces la mitad del auditorio se salió de la reunión.

Hasta la comunidad, los mineros han llegado con folletos, promesas de empleo y mejor vida.

Nosotros vivimos con temor, para qué queremos agarrar su trabajo, eso no nos va a servir de nada después si esto se acaba y contaminan todo”.

Rosario es parte vital de la resistencia contra la minera, lo primordial para ella es la defensa del agua.

“Mesa de veinticuatro” administra su agua, y ha dividido al pueblo en tres secciones. Se turnan la distribución para que alcance para todos a través del bombeo, de sus dos nacimientos de agua, sólo uno funciona al ciento por ciento. Por eso, el proyecto es una amenaza para ellos.

La minera ha informado que para su operación diaria necesitan 15 mil litros de agua en su laguna de lixiviación y 2 mil 500 metros cúbicos para la operación diaria. Para obtener este líquido se planea explotar una parte del acuífero Actopan.

 

“¿QUÉ MEJOR VIDA NOS PUEDEN PROMETER?”

Villa Rica es una zona de mar azul y playas de arena café que la hacen preferida de turistas locales.

Ahí ha vivido toda su vida Gilberto Martínez Castellanos, junto a su familia se mantienen de un pequeño local de comida, donde se cocina lo que los hombres pescan por la mañana.

Su actividad la combinan con su labor para la conservación de la tortuga lora.

Ubicados a poco más de 5 kilómetros de Laguna Verde, Gilberto dice que la gente teme que su modo de vida acabe con la llegada de la mina.

No queremos que vengan a contaminar, nos prometen una vida mejor, pero qué mejor vida que la que estamos viviendo aquí, que nos pueden dar que no tengamos”, se pregunta.

“EL CERRO VA A DESAPARECER”

Arroyo Agrio es la comunidad más cercana al cerro La Paila. Ahí la minera se ha instalado en un terreno de renta donde almacena las cajas de muestra de las exploraciones, también utilizó las instalaciones de la escuela abandonada como centro de trabajo.

Rogelio, agente municipal de la comunidad, reconoce que la llegada de la minera los puso en un entredicho.

En 2011, la primera vez que inició el proyecto dio empleo, pagaba hasta mil 800 pesos a la semana. Para la comunidad de apenas un centenar de personas fue ayuda para paliar su pobre economía.

La minera abrió la posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en zonas mineras como Durango y Coahuila.

Así, algunos habitantes como Rogelio conocen de cerca las afectaciones de la minería. “La gente tiene miedo por el cianuro, pero la minera dice que todo estará controlado, pero tememos por el agua que viene de los cerros”.

 

Rogelio quien fue trabajador eventual de la mina realizando pruebas de biofísica y bioquímica y luego recorriendo los cerros para mapear la cicadas (plantas únicas, antiquísimas) sabe que los impactos de los proyectos serán graves. “Tómale muchas fotos a ese cerro, porque si llega la mina va a desaparecer”, le dijo el geólogo en unos de los recorridos para recoger pruebas físicas y bioquímicas en busca de oro.

En ese entonces, la minera iniciaba la construcción de caminos hacia el Cerro La Paila.

Cuando la mina regresó en 2016, el trabajo escaseó y los salarios se cayeron, ahora pagan 200 pesos el día, mil 200 pesos a la semana “La gente quiere empleo, y nosotros pensamos también en pedirle otros beneficios, como escuela, un parque, una cancha,  no pedimos mucho, estamos abandonados aquí”.

Arroyo Agrio tiene sólo una calle principal. A los lados, las casas se reparten hasta llegar otra vez al cerro donde el camino se pierde.

Rogelio quien ahora trabaja como contratista eventual en la central nuclear Laguna Verde reconoce que el pueblo está en una balanza, donde los empleos que se ofrecen pueden ser a costa de su árboles y agua.

La minera ha concentrado su fuerza de convencimiento en Palma Sola. Lo intentó en septiembre de 2017, cuando llegó un cine móvil, y  con palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, quiso convencer a la población de las bondades de la minería.

“DICEN QUE VA A HABER DINERO, NUNCA DESTRUCCIÓN”

Ha pactado reuniones en escuelas primarias, secundarias y bachillerato para hablar con estudiantes. Ha repartido cientos de trípticos para explicar temas fundamentales como los explosivos, el cianuro, la flora y la familia y los fenómenos meteorológicos.

Pero algunos habitantes se quejan de que las reuniones son esporádicas, y la mayor parte con sectores de poder como ganaderos y propietarios de terrenos.

Isabel Báez, tiene más de 30 años de vivir en Palma Sola, se queja de que la minera no da información completa, sólo lo que a ellos les conviene. “Dicen que va a haber dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a haber muerte, destrucción, pueblos fantasma”.

Acusó que la minera “engaña” a la gente y usa a las escuelas como escudo para dar informaciones falsas.

Hace reuniones informativas pero sólo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan. Al pueblo lo estamos informando la propia gente. Es un peligro para todos”.

Daniela Isabel cuenta que en las reuniones, los mineros le dicen que tener celular y estar en contra de la instalación de las minas es una contradicción.

“Pero yo les respondo que mi celular no se compara a la contaminación de la mina. Si llegan, será devastador. Si nos dan a elegir, preferimos el paisaje, lo verde”.

Cuenta que tiene varios folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presume, se generarán, “eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas ilógicas, como que van mover los animales y las plantas. Uno no necesita tener estudios para saber que eso no es posible”.

UNA CONSULTA LIBRE E INFORMADA

Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambietal (Cemda), advierte que la consulta a los pueblos de manera libre e informada se debe dar antes de la evaluación de impacto, y antes de que la empresa tenga permisos para explotación o exploración.

Señala que en la región, las comunidades campesinas y pesqueras, son equiparables con comunidades indígenas y tiene el derecho a solicitar una consulta sobre los proyectos invasivos a su territorio. “Dependen de su relación con el ambiente para el desarrollo de sus actividades. Si llegan las mineras, esto va a contaminar su agua y cambiar sus caminos, lo que vendrá en detrimento del derecho a un ambiente sano de las comunidades”.

Asegura que estos proyectos violentan los derechos de las comunidades que están plasmados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, como el derecho a un ambiente sano, el derecho al trabajo, a la alimentación y al agua.

Junto con varias comunidades, y organizaciones, Cemda solicitó a la Semarnat la consulta pública, y advirtió ahí que la minera presentó el proyecto fragmentado, pues mientras en 2011-2012 el proyecto comprendía Alto Lucero y Actopan en 55 mi hectáreas, ahora sólo lo presentaban La Paila con 19 mil hectáreas.

A su consideración es necesario revisar la Ley ambiental, pues aunque hay un rechazo general al proyecto, la empresa tiene la opción de presentarlo las veces que quiera ante la autoridad, sólo modificando parcialmente el documento, lo que significa una amenaza permanente para las comunidades.

La activista considera que el proyecto prende un foco de alerta porque pone en riesgo los derechos de las comunidades y la realidad es que la autoridad ambiental como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), está rebasada y no podría vigilar la operación correcta de una mina.

No entiendo por qué creen que si el daño ya pasó en otras mineras, ¿cuáles son las circunstancias de que aquí no pase? ¿Por qué creen que será diferente?, se pregunta Ximena.

OTRA MINERA, UN RIESGO PARA ACTOPAN

Pero al riesgo del proyecto Caballo blanco, se suma otro: el proyecto el Cobre en Actopan donde la Minera Gavilán y Minera Alondra, filiales de la canadiense Almaden Minerals, ha perforado más de 100 barrenos en busca de oro, plata y cobre.

La minera tiene ocho concesiones por 50 años en la región, el proyecto se ha vendido entre varias empresas y comparte territorio y concesiones con Caballo Blanco.

Ximena Ramos advierte que la conjunción de ambos proyectos generará un daño mayor a biodiversidad de la región que ni las empresas mineras ni la autoridad ambiental han tomado en consideración.

En el caso de Actopan, han presentado una denuncia por la contaminación en manantiales ante Profepa.

Vedo Leal Vázquez, comisario ejidal de El Porvenir en Actopan, asegura que antes de la llegada de la minera, los aguajes nunca se habían secado.

Denunció que la minera perforó barrenos a menos de 500 metros del nacimiento de agua de las comunidades. Las exploraciones las realizó en el cerro el Timbrillo, lo que –dijo- podría afectar el abastecimiento de agua de varias comunidades.

Además, la minera ha dividido al pueblo, incluso a su familia, pues una parte ha dado permisos de servidumbre en caminos a los mineros y otros se han organizado para taparle el paso en 200 hectáreas.

EL PUEBLO ESTÁ DIVIDIDO, COMO SUELE OCURRIR

Antes de que la minera llegara, Ascensión Sánchez y su familia cuidaban de la pequeña estancia con aguas termales que es su patrimonio en Los Baños municipio de Actopan.

Pero hace dos años, la minera Gavilán instaló un barreno apenas a unos metros de su vivienda y una decena más en terrenos aledaños.

Organizados los ejidatarios, iniciaron la lucha para defender su territorio, así han logrado la firma de 28 actas de asamblea para decir no a la minera.

Son empresas que llegan con palabras de prosperidad y beneficio, de desarrollo económico, pero en la realidad tienen más de 20 años haciendo trabajos y no hay los empleos prometidos”, refuta Ascensión.

La minera se ha valido de mentiras para entrar a los terrenos, y convencer la gente, advierte Ascensión quien ahora tiene una agenda repleta de reuniones, asambleas y cabildeo para fortalecer la lucha.

Nosotros no necesitamos que vengan a romper la tranquilidad y la riqueza que la región tiene. Llegaron como sorpresa y maldición, traen muchos conflictos y división”, dice.

 

En la comunidad de Tinajitas, la minera rentó el salón social como sede de sus instalaciones, una marcha de habitantes y la clausura simbólica de las oficinas. Ha sido una de las acciones más fuertes en contra de la empresa.

Luego, los habitantes consiguieron que el alcalde José Paulino Domínguez prometiera que no daría permisos de construcción ni cambio de uso de suelo a la minera, y que pediría a Semarnat información de los proyectos y buscaría la consulta pública al pueblo.

Ubicados a unos cinco kilómetros en colindancia con Alto Lucero y el proyecto Caballo Blanco, Ascensión advierte que se organizan para encabezar juntos la lucha.

Apenas el 25 de mayo, realizaron una megamanifestación conjunta para presionar al cabildo de Actopan.

Varias comunidades no quieren a la minería. La minería sólo trae muerte, despojo, saqueo y males, por eso nos organizamos para defendernos porque la minería no trae beneficio a nuestros pueblos”, señala.

HE AQUÍ EL ROSTRO OPACO DE LAS CONCESIONES

 

Durante ocho años la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) ha informado y organizado a las comunidades para evitar la llegada de la minera.

Emilio Rodríguez Almazán dice que cuando iniciaron la lucha, la minera ya tenía  más de 100 barrenos perforados,  y lo primero que hallaron en las comunidades fue un temor al proyecto, pero también un sentimiento de cariño y arraigo a su tierra.

Aunque la lucha ha tenido logros como el posicionamiento en contra del proyecto del Congreso Local, de expertos científicos, del gobierno estatal actual, y recientemente del cabildo de Alto Lucero que se declaró libre de minería tóxica, los mineros no se dan por vencidos.

Es preocupante que la empresa siga ahí pese al nivel de contundencia que hay de la opinión pública. También es grave que los pobladores vivan en una incertidumbre porque saben que de un día para otro se puede autorizar el proyecto”, advierte.

Emilio afirma que la autorización de concesiones mineras es una arbitrariedad del Estado mexicano que violenta el derecho de las personas y se buscarán los instrumentos jurídicos para evitar que las mineras lleguen a la región.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/se-le-dijo-no-por-el-riesgo-nuclear-y-ni-asi-la-minera-de-canada-perfora-con-fuerza-en-veracruz/

 

Mexico

Por la vida: ¡territorios libres de minería!

En el Día Mundial Contra la Megaminería a cielo abierto, varios colectivos, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), hicieron público un comunicado dirigido a las y los mexicanos, y al próximo gobierno de la República, en un contexto marcado por la precariedad laboral, inseguridad, violencia generalizada, impunidad, falta de procuración de justicia, corrupción, violación de derechos humanos, criminalización de la protesta social, destrucción y contaminación de los ecosistemas y los bienes naturales, así como la imposición de políticas y leyes neoliberales entreguistas que atentan contra la identidad y cultura del y de los pueblos de México.

Manifiestan y visibilizan su repudio a la megaminería: “porque justo esta actividad extractiva, es la que mejor representa el despojo y desplazamiento forzado de la población, la que más encarna la eliminación de la vida en su conjunto, y la que se encuentra encabezada por un grupo de ‘selectos empresarios’ que recurrentemente violan las leyes –sin que existan consecuencias al respecto–, violentan a las y los habitantes opositores a este tipo de proyectos, y establecen, en la mayoría de los casos, un abierto contubernio con el crimen organizado para implantar control territorial”.

De las reformas estructurales neoliberales, se menciona, en particular, la nefasta ley minera de 1992, que en su artículo sexto otorga carácter preferente a la exploración y explotación mineras sobre cualquier otro uso de la tierra. Esta ley, entre otras, ha traído afectaciones graves a cientos de comunidades, cuyos daños han sido documentados por científicos comprometidos que se han decidido a acompañar este tipo de procesos, así como igualmente los han documentado y denunciado cientos de grupos de la sociedad civil. En todos los casos el gobierno mexicano ha mostrado opacidad, omisión con la sociedad, y en consecuencia, complicidad para con las empresas y los empresarios.

Muy graves son las denuncias de las instituciones universitarias, quienes se están acostumbrando a recibir jugosas donaciones, que las mete en conflictos de interés y no en pocos casos, salen a proteger a los empresarios al ocultar, maquillar y manipular datos sobre los terribles daños a la salud y al ambiente que las empresas ocasionan durante su operación cotidiana.

Demandan al gobierno electo: “a). JUSTICIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Ya no es posible dar continuidad a este modelo extractivo depredador; ya no es posible continuar reafirmando la ‘institucionalización’, tanto de los principios rectores empresariales como la responsabilidad social empresarial o la existencia de la minería verde/sustentable, menos aún se dé continuidad a la falsa premisa de que el que contamina paga (…) b). CANCELAR CONCESIONES MINERAS: Cortar de facto con esta política indiscriminada y entreguista de concesiones mineras, como si los bienes naturales de México fueran de los gobernantes y no de la nación (…) TODAS las concesiones mineras deben ser canceladas DE FORMA INMEDIATA, porque todas sin excepción, han violado las leyes, han violado los derechos humanos y han trastocado y vulnerado la participación y la toma de decisiones de los pueblos y de la gente (…) c). ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS DERECHOS HUMANOS: (…) Los pueblos tienen auto-adscripción, autonomía y libre determinación que hacen valer sus decisiones, a partir de las estructuras de gobernanza que para ello tienen definidas, mismas que están reconocidas por el Estado mexicano. (…) Los proyectos de muerte no merecen ni siquiera preguntarse, se prohíben desde el proyecto de nación de forma tajante. d). FIN DE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL (…) que PROFEPA Y SEMARNAT dejen de ser totalmente lo que han sido hasta ahora; fieles artífices, amigos y coadjutores del modelo extractivo depredador que busca minerales, agua, gas, petróleo, a la vez que impone plantaciones como palma africana y transgénicos (…) e). DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Es deseable que el gobierno electo construya una estrategia integral e integradora para que la nación deje de ser corporativa y regrese a su principal función, una nación social. f). RECUPERAR LA SOBERANIA Y LA PAZ SOCIAL: (…) Este ‘nuevo amanecer democrático’ debe también poner un alto al intervencionismo extranjero. Hace falta un ¡ya basta! para que el gobierno canadiense deje, de forma directa y a través de su embajada en México, de impulsar su agenda minera por encima de nosotros como mexicanos. Su política intervencionista y voraz es violatoria a la protección de los derechos humanos y colectivos, en aquellos territorios que son devastados por la operación de empresas mineras canadienses.”

Rema y los colectivos señalan: No hay tiempo ni espacio para mezclas o matices. En algunos temas y procesos, tal como lo señalamos contra el modelo extractivo, esperamos contundencia y no deseamos continuidad, a medias o en transición simulada.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/por-la-vida-territorios-libres-de-mineria/

Mexico

ACTA PÚBLICA: Omisos Grupo México y el Estado

Ahora que la Unión Europea ha sancionado a España por sus deficientes o nulos procesos para deshacerse o transformar desechos; es conveniente recordar el impacto de la tragedia que en los poblados a lo largo del río Sonora y su ramal el Bacanuchi, provocó la mina Bellavista del Cobre, filial del Grupo México propiedad de Germán Larrea Mota, el 6 de agosto de 2014, al derramar millones de metros cúbicos de metales pesado y sulfato de cobre en las aguas de los ríos mencionados.

Aquello fue una catástrofe primero acotada como ecológica que dio la vuelta al mundo. Pero no pasaron muchos días cuando las autoridades de siete municipios por los que pasaban el Sonora y el Bacanuchi, advirtieron la emergencia sanitaria y más tarde económica.

Cientos de trabajadores de la mina eran por supuesto pobladores de la región y al mismo tiempo afectados ellos,  sus familias y sus amigos.  A la fecha se contabilizan 24 mil afectados directamente y 250 mil de manera indirecta.

El derramé de tóxicos por la mina, afectó la producción agrícola y ganadera, el comercio y los servicios, lo que en meses provocó un desastre también económico.

El control de daños fue cosmético.  Tocó por instrucción presidencial a Alberto Navarrete Prida, entonces titular de la Secretaría del Trabaja y Previsión Social (STPS), atender directamente con los directivos de la minera aquélla calamidad que caía sobre los pobladores.  Claro, había que contener una demanda laboral millonaria y atemperar la situación alarmante usando a los mismos trabajadores-pobladores.

A poco menos de un mes de la tragedia, Grupo México hizo el compromiso firmado ante autoridades legales y de funcionarios federales; de crear un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para reparar daños de forma individual y a nivel regional, así como instalar 28 plantas de tratamiento de agua con tecnología para filtrar metales pesados, además de la edificación de una clínica para tratar a quienes tuvieran secuelas de salud por el derrame de tóxicos.

En 2017 la Organización de la las Naciones Unidas (ONU), a tres años de la tragedia, realizó una inspección in situ, para percatarse que Grupo México ha incumplido y el Estado igual no ha movido ni una de sus piezas del tablero para hacerlo cumplir.

Los damnificados por el derrame de tóxicos de la mina Bellavista del Cobre se encuentran en perores condiciones que el mismo día del derrame y hasta ahora todas las puertas que tocan, incluso del gobierno local y federal, no se las abren.

Ese gran derrame de la mina les cambió para mal la vida a los pobladores de al menos seis municipios a lo largo del río Sonora y nadie les extiende un apoyo, los dos mil pesos que les dieron en un principio, es claro que sirvieron para callar los reclamos internacionales y nada más.

Aquí en México, en la práctica, las grandes empresas tienen más derechos y canonjías que los gobernados.  Ya ni hablar de los males a la salud que provocan las antenas repetidoras de telefonía celular o los mismos medidores de energía eléctrica en cada inmueble; repercusiones negativas investigadas y avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El empresario el primero de la fila.  El pueblo hasta el final. ¡Ya basta!

Acta Divina… Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, no ha realizado hasta ahora, ninguna declaración sobre el catalogado mayor desastre ambiental de los últimos tiempos provocado por la mina filial Bellavista del Cobre.

Para advertir… También el presidente Enrique Peña Nieto ha evadido hasta ahora, hablar de la tragedia en el río Sonora y sus márgenes, que por cierto, ya ha cobrado vidas.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/acta-publica-omisos-grupo-mexico-y-el-estado/

 

Mexico

Comunidades de Oaxaca se unen contra la minería

Defensores de la tierra y del territorio de 30 comunidades campesinas zapotecas de los valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, así como 25 organizaciones sociales, constituyeron en el municipio de San Antonino Castillo Velasco la Asamblea de los Valles Centrales contra la minería en Oaxaca.

En la escuela Esteban Vásquez se reunieron integrantes de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico AC y Servicios para una Educación Alternativa Educa, que repudiaron todo proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, los sistemas productivos, el tejido social, el medio ambiente y ‘‘nuestros sistemas normativos y territorios’’.

Recordaron que hace una década territorios de Oaxaca fueron concesionados a mineras sin el consentimiento de los pueblos, pues no se hicieron consultas, como estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Señalaron que 90 mil hectáreas de los Valles Centrales de Oaxaca se encuentran en peligro, principalmente por las operaciones de las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., que convirtieron a Oaxaca en el octavo productor nacional de oro y plata, lo que ‘‘para nuestras comunidades se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones, daños irreversibles al medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos’’.

Expusieron que durante una década han denunciado ante instancias federales y estatales la violencia con que operan esas empresas en Oaxaca, pero no han recibido respuesta. Por ello, ‘‘las comunidades zapotecas de los Valles Centrales declaramos nuestros territorios prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera’’.

En Oaxaca se han otorgado 322 concesiones mineras que abarcan alrededor de 160 mil hectáreas, para extraer plata, oro, cobre y zinc, principalmente. De estas concesiones, 87 se encuentran en los Valles Centrales, y de ellas se derivan 18 proyectos mineros. En primera etapa de desarrollo se encuentra uno de ellos en la comunidad Trinidad Norte, y en segunda etapa de explotación comercial los de San José y El Águila. Asimismo, 15 están en fase de exploración en el estado.

Pedro Márquez, integrante de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, explicó que la declaratoria se decidió ‘‘por la vida, la paz y el desarrollo comunitario, con respeto a la madre tierra’’.

Agregó que también acordaron buscar la cancelación del Corredor Industrial Minero en los Valles Centrales y exigir justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez, ‘‘asesinados en 2012 por su trabajo en defensa de los territorios en San José del Progreso’’.

Fuente:http://www.jornada.com.mx/2018/07/27/estados/030n1est