Mexico

Minera Caballo Blanco insiste en instalarse en Alto Lucero pese a protestas y riesgos

La minera Caballo Blanco que pretende arrancar una mina de oro a cielo abierto en el cerro de La Paila, municipio de Alto Lucero, no para en su intento de convencer a los habitantes de Palma Sola para que acepten la llegada de la minera, para lo cual afirma que va a traer empleo y minimiza el uso de cianuro y explosivos.

Después de intentar por segunda vez obtener un permiso de explotación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), visita escuelas sin el permiso de los padres, y sostiene reuniones con ganaderos y sectores de influencia en la región.

Desde hace varios meses instaló su campamento en la comunidad de Palma Sola de unos tres mil habitantes, que sería una de las más afectadas si la minera se instala en el Cerro La Paila y reparte trípticos en casas para que la gente se familiarice con el uso de explosivos y el cianuro.

En septiembre del año pasado la minera, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un nuevo permiso de explotación minera en dos proyectos más: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.

En la gaceta ecológica 52, solicitó un Informe preventivo bajo el número 30VE2017MD176, para la barrenación de doce planillas y adecuación de 2 mil 200 metros de veredas, proyectos dispersos en estas dos zonas.

Cabe señalar que apenas hace unas semanas, esta empresa solicitó un permiso de explotación de minería a cielo abierto de oro y plata en el cerro de La Paila a unos cuantos metros de estos dos proyectos.

En septiembre del 2017, llevó un cine móvil al pueblo e intentó con palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, convencer a la población de las bondades de la minería.

Pero algunos habitantes critican que las reuniones se sido esporádicas, y la mayor parte con sectores de poder de decisión como ganaderos y propietarios de terrenos.

La minera ha informado que tiene doce concesiones mineras en 19 mil hectáreas de tierra donde planea la operación de su proyecto principal: La Paila, pero además tiene otros cuatro prospectos de exploración en la región: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur.

Para la operación se necesitan 15 mil litros de agua para la laguna de lixiviados y 2 mil 500 litros de agua para la operación diaria, para obtener este líquido se planea explorar una parte del acuífero Actopan, el cual tiene una profundidad de 350 metros.

Héctor Salas, geólogo responsable del proyecto, aseguró que existe en el mismo acuífero una zona de agua a 80 metros a profundidad que no se tocará pues es de donde la población abastece sus pozos.

A largo plazo también se planea captar agua de lluvia, y se pretende que el 80 por ciento del líquido utilizado sea de este tipo y solo el 20 por ciento provenga del acuífero.

Isabel Báez, tiene más de 30 años de vivir en Palma Sola, se quejó de que la minera no da información completa, solo lo que a ellos les conviene: “Dicen que va a ver dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a ver muerte, destrucción, pueblos fantasma”.

Cuestionó que la minera ha usado a las escuelas como “escudos” para engañar a los niños en las escuelas donde solo dan una parte de la información.

Señaló que la minera utiliza la división entre el pueblo para confundir “así menos preguntamos, y menos protestamos”.

Criticó las medidas de mitigación de las minera, pues dijo son “ilógicas, como querer trasplantar plantas”.

Un tema que preocupa a los lugareños es el agua, pues actualmente reciben tandeos de agua una vez por semana, y si el agua para las actividades la sacarán del Acuífero Actopan, la situación podría agravarse.

María de Jesús López Tlapa advierte que a ella no la han invitado a ninguna reunión, porque los mineros se han reunido solo con sectores de influencia, como el ganadero, pero ha realizado pocas reuniones abiertas para la ciudadanía en general.

“Hace reuniones informativas pero solo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan, al pueblo lo estamos informando la propia gente, es un peligro para todos”.

Daniela Isabel lleva doce años viviendo en la región, cuenta que en las reuniones de los mineros le dicen tener celular y estar en contra de la instalación de las minas es una contradicción.

“Pero yo les respondí que mi celular no se compara a la contaminación de la mina, si llegan será devastador, si nos dan a elegir preferimos el paisaje, lo verde”.

Cuenta que tiene varios folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presumen se generarán: “Eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas ilógicas, como que van mover los animales y las plantas, uno no necesita tener estudios para saber que eso no es posible”.

Mónica considera que es urgente que el pueblo se una en contra de las mineras, pues su llegada podría ocasionar despojo y hasta afectaciones a la salud, además del medio ambiente.

“En Veracruz no vamos a tener oro, no vamos a tener agua, pero tampoco salud, ni ambiente, todo se va terminar, los daños van a ser cuantiosos, tendríamos que ir a otros lados, y donde vamos a ir si hay concesiones mineras en todos lados”, señala.

Fuente:https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=149588&s=4

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Convocan a manifestación contra la minería

El Frente Ciudadano de la Defensa del Agua y la Vida en Baja California convoca a  los habitantes de La Paz y Los Cabos a una manifestación en la explanada de Palacio de Gobierno para este miércoles 29 de agosto donde exigirá al gobernador Carlos Mendoza Davis que no se le otorgue el permiso de Cambio de Uso de Suelo Forestal a la empresa minera “Los Cardones”.

La manifestación convocada para las 10 de la mañana del miércoles es una manera de dejar claro que “el pueblo decidió un no rotundo al proyecto Los Cardones, ya que no existe la minería sustentable ni la responsable”.

Los manifestantes exigirán que “de ninguna manera se apruebe el permiso de Cambio de Uso de Suelo Forestal al megaproyecto minero Los Cardones, de Salinas Pliego”.

El Frente Ciudadano de la Defensa del Agua y la Vida exhorta a la comunidad para que este miércoles “defienda el agua y salud. Con la vida no se negocia”.

Fuente:http://peninsulardigital.com/extra/convocan-a-manifestacion-contra-la-mineria/247428

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Caso de El Coronel evidencia la impunidad con que opera la industria minera: académico

Hay un desfase en el último pago de la minera por concepto de predial, porque ha seguido comprando terrenos y los desembolsos eran por debajo de la superficie real que explota

Opina que Godezac y la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo

El caso de la mina El Coronel, propiedad de Carlos Slim, que no ha pagado el predial desde el año 2007 y, contrario a resarcir el adeudo, ha denunciado abuso de autoridad de parte del alcalde de Ojocaliente por realizarle el cobro, evidencia la impunidad con que opera la industria minera en el estado y el país, opinó Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

“Esto nos demuestra el enorme poder económico y político que rebasa fácilmente a cualquier ayuntamiento y la manera en que subordina a los gobiernos estatales, como Zacatecas”, expresó.

Según expuso, la modificación constitucional que promovió Carlos Salinas de Gortari en 1992 generó que la minería fuera declarada a nivel constitucional como una actividad prioritaria, por encima de cualquier otro interés, además que ha servido como un respaldo legal para el modelo extractivista.

Luego de esa modificación constitucional y con la implementación de una nueva ley minera, se expresaron legal y formalmente los intereses de las empresas mineras incluso por encima de cualquier otro interés.

El caso de la mina El Coronel muestra también una asimetría en el sentido de que el contribuyente más modesto de Ojocaliente debe pagar el predial año con año o de lo contrario puede ser objeto de alguna sanción, mientras que la minera de Carlos Slim actúa con total impunidad.

García Zamora refirió que hay un desfase en el último pago que hizo la minera por concepto de predial, pues la empresa ha seguido comprando terrenos y los pagos eran por debajo de la superficie real que explota.

Consideró que es una situación surrealista porque en lugar de cumplir con las obligaciones fiscales, que además son pocas, ha denunciado al alcalde por el hecho de cumplir con su función de hacer el cobro.

“Como sucede en Mazapil y Chalchihuites se ve la enorme contradicción del beneficio de miles de millones de dólares que se llevan las empresas canadienses y mexicanas, el daño ambiental que generan y la impunidad con la que funcionan”, puntualizó.

En Zacatecas, refirió que la minería ha contaminado el agua y el medio ambiente sin que haya alguna retribución para resarcir los pasivos, además que permanentemente evaden sus obligaciones fiscales con los ayuntamientos.

Indicó entonces que el problema que se ha presentado en Ojocaliente es también un problema del estado, porque demuestra la impunidad con que actúan las grandes corporaciones mexicanas y extranjeras en Zacatecas.

García Zamora manifestó que tanto el Gobierno del Estado como la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo.

“Esto es un cuestionamiento al Congreso del estado, al Poder Judicial del estado, porque hay esa impunidad y no han hecho nada. El gobierno de Miguel Alonso estaba totalmente subordinado a estas corporaciones y él se autoengañaba diciendo que esta era la alternativa para el desarrollo de Zacatecas, lo que durante 470 años se ha demostrado que es una falacia”, agregó.

Señaló entonces que para Zacatecas ha sido una maldición contar con recursos minerales, porque durante siglos solamente ha significado extracción de los minerales, destrucción de los territorios, expulsión de la población, violación de la cohesión social y la subordinación de las instituciones.

El académico concluyó que la minería es un terreno desértico donde no hay institucionalidad ni leyes y solamente prevalece la impunidad del saqueo, hay en el caso de Ojo caliente, demuestra la impunidad y la soberbia del gran capital. En consecuencia, “va a ser muy difícil que se avance en la Cuarta Transformación de la que habla López Obrador si no hay un verdadero cambio en el Estado mexicano”.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/caso-de-el-coronel-evidencia-la-impunidad-con-que-opera-la-industria-minera-academico/

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Nueva era minera: minería terrestre y minería marina en México

Por cuatro sexenios, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante concesiones de los territorios de comunidades, pero este sexenio se entregó una concesión minera en el mar

En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, cancelando el reparto agrario y legalizando la compra-venta de la propiedad social, dando inicio a un nuevo mercado de tierras. Como parte de la reforma, se aprobaron tres leyes reglamentarias: Ley AgrariaLey de Aguas Nacionales y Ley Minera.

Poca atención se puso a la Ley Minera, siendo que traería serias repercusiones en los territorios de pueblos y comunidades campesinas e indígenas. Entre ellos el artículo 6 decretó a la actividad minera como de utilidad pública, dándole preferencia sobre cualquier actividad. El artículo 10 estableció que esta actividad sólo se podía realizar mediante una concesión (sin establecer un límite de superficie), la cual podría otorgarse por 100 años (artículo 15), permitiendo disponer de los terrenos (artículo 19). Aunado a esto, los impuestos que se establecieron eran (siguen siendo) casi nulos. La Ley Federal de Derechos sólo establecía un pago semestral por hectárea concesionada, que iba de $6.77 hasta $148 a partir del décimo año. Asimismo, las inversiones en exploraciones mineras eran deducibles de impuestos.

Como resultado de esto y de la demanda internacional, la minería tuvo un comportamiento insólito. En 1994 la inversión privada minero metalúrgica era de 373 millones de dólares, y para 2012, había ascendido a 8,043 millones de dólares. En estos mismo años, el número de concesión aumentó de 16,773 a 26,071; y la superficie concesionada creció de 15,466 a 30,782 millones de hectáreas, respectivamente.

Como parte de esto, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante las concesiones de los territorios de los pueblos y comunidades, por cuatro sexenios seguidos. Sin embargo, en este sexenio hubo un cambio de gran trascendencia: la entrega de una concesión minera en el mar.

Sin precedente alguno, fueron concesionadas 91 mil hectáreas del mar de la Bahía de Ulloa en Baja California Sur, un espacio de gran importancia pesquera, ya concesionado a cooperativistas pesqueros, y considerado como una Región Marina Prioritaria por el gobierno federal.

El proyecto minero, denominado “Don Diego” (en honor al primo de Hernán Cortés), fue otorgado a Exploraciones Oceánicas, filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, para extraer 350 millones de toneladas de fosfatos durante 50 años, mediante un dragado de succión (aspirado de los fondos marinos).

Esta concesión se otorgó sin haber consultado a los cooperativistas pesqueros, quienes en el Manifiesto del Golfo de Ulloa, expresan que no hay precedente de ese tipo de minería en el mundo, por lo que no se sabe cuáles serán las repercusiones. Pese a esto, el gobierno entregó la concesión minera en el mar, y en el Taller de divulgación de las oportunidades para México en la minería de los fondos marinos internacionales y en exploración del océano profundo, argumentó que “para el año 2050 el consumo global de recursos naturales se triplicará…, incluyendo los recursos minerales…, [y] dadas las limitaciones naturales de la minería en tierra firme, el mundo, sin duda, está volteando la mirada a los océanos, ya que en buena parte estos minerales se encuentran en los fondos marinos y en el subsuelo de aguas internacionales” (SE, 2013).

Aunado a esto, de gran preocupación son las 122 millones de hectáreas que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, siglas en inglés) ha entregado mediante contrato en la zona de Clarión-Clipperton, cuya costa más cercana es México, a fin de explorar los fondos marinos, en busca de la riqueza minera.

Ante esto, el gobierno mexicano tiene un gran reto, que no sólo radica en voltear a ver las decenas de conflictos socioambientales provocados por la minería terrestre, sino que ahora se enfrentará a lo que parece será la nueva era minera.

 

Violeta Nuñez Rodriguez

Profesora-Investigadora Titular C, Tiempo Completo, del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/nueva-era-minera-mineria-terrestre-y-mineria-marina-en-mexico/

 

Mexico

Asambleas Comunitarias: la conspiración de personas valientes

El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó “Tierra Arrasada”, su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé “REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios”, a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.

A cinco años de aquel artículo -y a diez del surgimiento de la REMA- es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’ -mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer “Territorios Libres de Minería”. Es decir,territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país ha logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.

Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.

Crear “Territorios Libres de Minería”, sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear “Territorios Libres de Minería”, por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.

A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, “solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades”.

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir “Territorios Libres de Minería”, sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/asambleas-comunitarias-la-conspiracion-de-personas-valientes/

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17 Ayuntamientos se han declarado libres de minería tóxica

Ante la posibilidad de la entrada de empresas mineras en la entidad, 17 municipios se han declarado libres de minerías tóxica, señaló Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). Refirió que dicho número de municipios han hecho tal declaración, mediante la emisión de actas de Cabildo, mismas que para el próximo año se prevé incrementen por lo menos a 50.

Entrevistado previo al foro “El Agua en nuestras cuencas, los decretos presidenciales una amenaza para la vida”, indicó que estas actas de Cabildo son necesarias para continuar con la lucha que se tiene en contra de los proyectos de minería a cielo abierto que se pretenden instalar en los cerros “La Paila” y “El Cobre”, en los municipios de Alto Lucero y Actopan, respectivamente. “En junio se anunció que las actividades de la minera Caballo Blanco en La Paila y El Cobre se reanudaban al día siguiente de las elecciones, esto a todos nos preocupó porque se habla con toda la certeza de que reanudarían actividades al tener 115 millones de dólares para reactivar su proyecto”, expuso.

Refirió que el anuncio de los representantes de la empresa se consideró como una amenaza, ya que dichos recursos se podrían destinar para corromper a las autoridades. Dio a conocer que están preparando una nueva manifestación pacífica en contra de los proyectos mineros, denominada “Fiesta por la Vida”, la cual se realizará el próximo primero de septiembre en Palma Sola, municipio de Alto Lucero.

A dicho acto acudirá el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, mismo que se ha manifestado en contra de este tipo de actividades. El activista dijo confiar en que el gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, mantenga su postura en contra de los proyectos mineros a cargo de empresas extranjeras, tal y como lo manifestó en campaña. Manifestó que las actas de Cabildo no son suficientes para frenar los proyectos, por lo que se requiere que la sociedad civil organizada, así como los tres órdenes de Gobierno se opongan a este tipo de actividad que afecta los recursos naturales y a las poblaciones.

En ese sentido, declaró que el artículo 115 de la Constitución federal da autonomía a los municipios, de ahí que aunque algunos proyectos mineros tienen el aval de la Federación estos se pueden frenar por los ayuntamientos negando los permisos de cambio de uso de suelo o la licencia de construcción.

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/local/17-ayuntamientos-se-han-declarado-libres-de-mineria-toxica-lavida-1929855.html

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Asambleas Comunitarias: la conspiración de personas valientes

El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó “Tierra Arrasada”, su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé “REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios”, a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.

A cinco años de aquel artículo -y a diez del surgimiento de la REMA- es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’ -mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer “Territorios Libres de Minería”. Es decir, territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país ha logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.

Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.

Crear “Territorios Libres de Minería”, sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear “Territorios Libres de Minería”, por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.

A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, “solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades”.

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir “Territorios Libres de Minería”, sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/asambleas-comunitarias-la-conspiracion-de-personas-valientes/

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Colima ocupa el primer lugar nacional en territorio concesionado para actividades mineras

Con 41% de su superficie territorial concesionada para actividades mineras, Colima ocupa el primer lugar nacional en ese rubro, muy por encima del estado de Zacatecas, con 22.5%; Sonora, 21.6%; Jalisco, 19.2%, y Sinaloa, 17.8%.

Pero, además, mientras en el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 el promedio nacional de hectáreas disminuyó 5.4%, de 21 millones 982 mil 339 a 20 millones 790 mil 143, fue uno de los pocos estados donde se incrementó la superficie concesionada, en 4.6%, al elevarse de 226 mil 429 a 236 mil 889 hectáreas.

Las otras entidades que también aumentaron en diferentes porcentajes su superficie concesionada son: Zacatecas, Yucatán, Oaxaca, Guanajuato, Coahuila, Campeche y Aguascalientes. El resto registró una disminución.

El hierro es uno de los principales minerales que se extraen en Colima, ya que cuenta con el yacimiento más grande de este metal en el país, en la región explotada por la empresa minera trasnacional Peña Colorada, de capital proveniente de India, Italia y Argentina.

De acuerdo con el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio”, elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., hasta diciembre de 2017 había en el país un total de 24 mil 709 concesiones mineras vigentes en la superficie terrestre, además de 14 concesiones en los mares territoriales de México, que abarcan 737.6 mil hectáreas de superficie marina: ocho frente a las costas de Chiapas y seis más en el Océano Pacífico, tres frente a Baja California y tres frente a Baja California Sur.

“La superficie concesionada a la minería en el país cambia constantemente, aunque no en gran medida; esto se debe a que algunas concesiones se cancelan o pierden su vigencia y no se renuevan, mientras que aparecen algunas nuevas”, establece el documento.

En el periodo comparado, la superficie total concesionada a la minería en el país disminuyó en 1.19 millones de hectáreas, pero este cambio no sucedió de la misma manera en todo el territorio, pues Coahuila, Zacatecas y Colima aumentaron su superficie concesionada (en 24 mil, 16.4 mil y 10.5 mil hectáreas adicionales, respectivamente), mientras que, en el otro extremo, Baja California disminuyó casi medio millón de hectáreas de superficie concesionada, seguida de Michoacán, Jalisco, Sonora y Durango, con más de 100 mil hectáreas menos en cada caso.

El informe de Fundar aclara que una concesión minera no es igual a un proyecto minero, sin embargo, las concesiones son el primer paso para la exploración y eventual extracción de minerales.

“El área abarcada por una concesión no otorga al concesionario derechos de propiedad sobre la superficie, sino únicamente sobre los recursos minerales del subsuelo, pero sí lo faculta para solicitar, en caso necesario, la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre (Ley Minera, Artículo 19) de los terrenos ubicados dentro de la concesión necesarios para llevar a cabo la exploración, extracción y beneficio de minerales”.

En cuanto al número total de minas o proyectos mineros existentes en el país, añade, el dato es incierto, pues, aunque el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2018) reporta la existencia de al menos 18 mil 874 minas entre abandonadas (64%), en producción (6%) o en prospecto (30%), la información detallada sobre los proyectos mineros actuales es incompleta.

Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) sólo reporta los proyectos mineros con capital extranjero (947), mientras que el SGM reporta 950 como los “proyectos mineros de mayor importancia en México” (SGM, 2018), sin especificar con qué criterio se determinó esta clasificación.

De cualquier manera, puntualiza el documento, comparando la información disponible del SGM con respecto a los proyectos mineros de mayor importancia en México, “entre 2016 y 2017 encontramos que las minas de oro representan el 54% de los proyectos mineros actuales en el país, seguidas de las de plata y cobre (21% y 9% respectivamente), y que los proyectos para extraer estos minerales han aumentado significativamente en el último año”.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/547096/colima-ocupa-el-primer-lugar-nacional-en-territorio-concesionado-para-actividades-mineras

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Socava mina unidad en Güilá, Oaxaca

Por acuerdo de las asambleas general y ejidal, esta comunidad indígena zapoteca dio un no a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que pretende explotar una mina de oro en su territorio, ante la contaminación que causará al medio ambiente, especialmente en la tierra y en el agua, por dedicarse casi por completo a la agricultura.

Aunque también está en desacuerdo porque la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal asignó la concesión denominada Reducción Tlacolula 2 en el 2009, sin su consentimiento previo.

Inicialmente, la SE otorgó la concesión a la empresa Geometales del Norte S. A. de C. V. (Geonorte), después de que la Dirección General de Minas, declarara la libertad del terreno abandonado por lotes mineros.

Sin embargo, Fortuna Silver Mines se apropió posteriormente de su titularidad, por ser junto con Minerales de Oaxaca S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., una de sus empresas filiales.

Esta autorización, registrada con el número 233392, abarca 12 mil 642 hectáreas de tierras pertenecientes no solamente a San Pablo Güilá y sus núcleos agrarios Rancho El Colorado, Tierra Blanca, Rancho Blanco y San Felipe, sino también a las comunidades indígenas zapotecas vecinas, San Baltazar Chichicapan, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, entre otras.

De esta manera, la compañía canadiense empezó en el 2013 los trabajos de exploración en el paraje Lom Ru Min (Boca de la Mina), para constatar la existencia de yacimientos de oro.

El descubrimiento

Ante el hallazgo, los habitantes se preocuparon porque no tenían conocimiento de la presencia de la minera, ni habían otorgado su permiso para que hicieron trabajos en sus tierras.

“En ese año, hubo dos asambleas del Comisariado Ejidal, donde se discutió esta situación y se determinó que no se aceptaría la mina”, contó Carlos López Gómez, presidente de la mesa directiva de la primera sección, una autoridad tradicional que auxilia a la autoridad municipal constitucional.

Sin embargo, no todo quedó ahí, porque también fue destituido el secretario del Comisariado Ejidal, Juan José Santiago Pérez, por tener supuesta relación con la empresa.

“Eso fue lo que se dijo, pero no fue cierto. El secretario, que es mi hermano, tenía información de la mina por el cargo, pero no estaba convenciendo a que se aceptara o algo así”, señaló.

Después de esto, Fortuna Silver Mines dejó de intentar ingresar a esta comunidad zapoteca hasta principios de este año, a través del cabildeo del entonces secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Francisco Montero López.

“Fuimos la autoridad municipal y las mesas directivas a una reunión, el 26 de abril, a la Ciudad Administrativa. Ahí nos pretendió convencer que habláramos con el representante de la minera canadiense Javier Castañeda y su abogado, Antonio Martínez, porque tenían interés en la extracción de oro”, apuntó.

Obra pública, negocio privado

Para convencer, el funcionario ofreció que Fortuna Silver Mines, a cambio de la autorización para la explotación minera, apoyaría a San Pablo Güila con la pavimentación de calles y el mejoramiento de las escuelas, así como de la introducción de la energía eléctrica y el drenaje.

“Eso fue lo que propuso, a pesar de ser una institución que está para defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero, no se aceptó y mejor le pedimos que se vieran otras opciones de apoyo, especialmente la producción del campo”, añadió.

Sin embargo, en la comunidad se generó una gran desinformación y surgieron rumores sobre que la autoridad municipal había otorgado la autorización a la compañía canadiense. Y fue así, que el agente municipal, Víctor Hernández Gómez fue destituido en asamblea general, el 17 de junio pasado, y reemplazado por el actual, Inocente Antonio Melchor.

“Se mal interpretaron las cosas, no fue así, no hubo ningún permiso a la minera, por el contrario, fue un no rotundo, por todas las consecuencias que puede originar en el medio ambiente”, indicó.

Aunque, la empresa minera no ha dejado de presionar a la comunidad, porque casi todas las noches sobrevuelan drones (vehículos aéreos no tripulados), para aparentemente hacer estudios de prospección.

“Muchos ciudadanos los han visto volando a gran altura en el territorio, pensamos que era algo aislado, pero no, vuelan seguido a la media noche. Pero la decisión del pueblo ya está tomada, es un no rotundo”, refirió.

Tomate, el oro rojo

SAN PABLO GÜILÁ, Santiago Matatlán, Oax.- “Desafortunadamente ciertas personas, algunos ciudadanos, entendieron mal la información, sobre nuestro rechazo a la propuesta de la mina que hizo el secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero, y así me destituyeron.

Fueron comentarios sin sustento, que yo estaba detrás de la mina, que había vendido concesiones, cuando todo fue al revés. De esa reunión hay documentos donde se dio un no a la mina, porque contaminará el agua y a la producción de tomate que tenemos y que incluso ha detenido la migración a los Estados Unidos.

Dependemos del agua y en ocasiones es escasa cuando no llueve. El funcionario nos dijo que íbamos a tener oro, pero le respondí que ya teníamos oro rojo con el tomate”: Víctor Hernández Gómez, ex agente municipal.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/socava-mina-unidad-en-guila-oaxaca/

Mexico

Ordena Juez reabrir caso de contaminación del Río Sonora

A cuatro años de la tragedia ambiental ocasionada por el derrame de ácido sulfúrico en el Río Sonora, por parte de una factoría de la minera Grupo México.

Según la organización Acciones Colectivas, la resolución -emitida por un juez de amparo- se registró el pasado 13 de julio, publicó Reforma

“El efecto será que se recaben todas las pruebas, incluso las que están en poder de Grupo México y que las autoridades ambientales exhiban los documentos que acreditan la magnitud de los daños”, indicó la organización.

Lo anterior producto de la resolución de un tribunal federal mismo que ordenó reabrir la acción colectiva emprendida contra la empresa propietaria Grupo México.

Cabe mencionar que el dia 6 de agosto se cumplen 4 años, desde que Minera Buenavista subsidiaria de Grupo México, derramara miles de litros de ácido sulfúrico en el Río Sonora, dañando irreversiblemente la cuenca.

En el recuento Excélsior reseñó los hechos y subrayó: “Hoy a cuatro años del derrame de contaminantes de la Minera Grupo México en el Río Sonora, todavía existe polvo amarillo tóxico en las comunidades… sólo hay que raspar o patear un poco la tierra para ponerlo al descubierto”.

Y es que en una de las denuncias se expone que la mitigación de daño, consistió en un barrido superficial del contaminante, quedando a diversas profundidades del suelo.

Esto junto a una serie de calamidades como son la carencia de agua para beber, los daños irreversibles hacia la cuenca del río, la corrupción en la los directamente afectados, menos reciben.

Los pobladores señalaron, entre otras cosas que no todos los afectados están siendo atendidos.

Se menciona que alrededor de 300 personas tienen seguimiento médico, pero que existen afectados por acumulaciones de contaminantes en el cuerpo, mismos que se encuentran en el medio ambiente o en los alimentos.

Grupo México no ha reparado efectivamente a los pobladores de Sonora después del derrame de lixiviado de cobre en su mina Buenavista del Cobre hace cuatro años; sin embargo, ya anunció una inversión de 210 millones de dólares para su nueva mina El Pilar, en el mismo estado del país. La transacción de compraventa de esa mina hace tres años estuvo exenta de impuestos, se reportan cantidades diferentes a los organismos de control y guarda relación temporal con una sociedad en el paraíso fiscal de las Bahamas que se abrió a nombre de la mano derecha de Germán Larrea Mota Velasco -dueño real de Grupo México- una semana después de la compra de El Pilar, según datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a los que tienen acceso Proceso y PODER.

Al este de la ciudad de Nogales, Sonora, está el municipio de Santa Cruz. Ubicada sobre una colina que domina el municipio, se encuentra la explotación minera de El Pilar. Sólo 15 kilómetros la separan de la frontera con Estados Unidos y 40 kilómetros de Buenavista del Cobre. Forma parte de la misma veta de cobre que se explota en Cananea y en zonas aledañas desde hace más de 100 años. A lo largo de la última década la mina ha sido objeto de varias operaciones de compraventa, que han reportado cuantiosos beneficios a las empresas involucradas.

Tras múltiples cambios de titularidad, en julio de 2015 la mina terminó bajo el control de Southern Copper Corporation, empresa propiedad de Grupo México, después de que la comprara a la canadiense Mercator, dueña de la mina desde 2009, cuando adquirió a Stingray Minerals y sus subsidiarias mexicanas Minera Stingray, S.A. de C.V. y Recursos Stingray de Cobre, S.A. de C.V.

Irregularidades en la compraventa

Una semana después de la compra de El Pilar, el 3 de agosto de 2015, Francisco Javier García de Quevedo Topete, directivo de Grupo México y mano derecha de Larrea, se hizo director de Cuprum Resort, Inc., una empresa constituida ese mismo día en las Bahamas. Cuprum significa cobre en latín. García de Quevedo Topete y Cuprum Resort aparecen en las bases de datos de empresas en paraísos fiscales de Bahamas Leaks, del ICIJ1.

Desde PODER se ha intentado esclarecer el objeto de dicha sociedad, cuya fecha de creación tiene el carácter de evidencia circunstancial que la vincula a la transacción de El Pilar. No obstante, el secreto bancario en torno a las empresas ubicadas en Bahamas dificulta saber más sobre la situación de dicha compañía.

Sí se ha podido detectar una diferencia de 400,000 dólares entre el importe de compra declarado a la Securities and Exchange Commission (SEC) y los reportes de la consultora Deloitte sobre la transacción. Según varios reportes a acreedores por parte de Deloitte, el precio de venta de Stingray (empresa propietaria de El Pilar) fue de 100 millones de dólares, abonados en efectivo por Southern Copper2.

No obstante, en reportes posteriores a la SEC el precio de compra se cifra en 100.4 millones de dólares. Los 400,000 dólares de diferencia aparecen especificados como “costes administrativos relacionados a la adquisición” en el reporte del tercer trimestre de 2015 de Southern Copper remitido a la SEC3.

La mano derecha de Larrea

García de Quevedo Topete es un hombre poderoso. Después casi 50 años en Grupo México ostenta múltiples cargos de gran importancia en el corporativo4. También tiene dos nombres. Alterna su uso a conveniencia, de acuerdo a un poder notarial que una vez firmó5. De cara al público y para dirigir empresas en México se hace llamar Xavier, pero para registrar compañías en el paraíso fiscal de las Bahamas prefirió el nombre legal: Francisco Javier.

El directivo ha tenido responsabilidad directa en múltiples polémicas: desde el accidente en 2006 en la mina de Pasta de Conchos donde 65 trabajadores murieron sepultados hasta el derrame tóxico en la mina Buenavista del Cobre que contaminó los ríos Sonora y Bacánuchi en 2014, pasando por un intento de extorsión por parte de su hermano, Héctor García de Quevedo, al mismísimo Larrea6. Durante los desastres ambientales, García de Quevedo era presidente de Minera México, subsidiaria de Grupo México y dueña de Pasta de Conchos; y vicepresidente de la filial Southern Copper, propietaria de Buenavista del Cobre.

Héctor García de Quevedo Topete, hermano de Xavier y ahora ex director general de Asuntos Especiales de la empresa, fue protagonista de uno de los episodios financieros más extraños de Grupo México. Héctor realizó una operación de venta de acciones con el fondo británico Infund que Larrea nunca ejecutó. Después de 12 años de pleitos el caso terminó con las acciones en posesión de Larrea y Héctor García de Quevedo en arresto domiciliario7.

Exención de impuestos

En la transacción entre Mercator y Grupo México, las empresas estuvieron libres de cargas fiscales en México, debido a que la mina se ubica en la zona económica especial de Sonora. Ésta se estableció para facilitar la instalación de industrias maquiladoras en el área fronteriza, como forma de ofrecer trabajo a los migrantes que cruzan a Estados Unidos. Las mineras se beneficiaron de esta situación, sin que su actividad económica tenga el objeto que dio lugar a la creación de la zona económica.

Según el tercer reporte a acreedores de Mercator en el marco de su proceso de bancarrota gestionado por Deloitte, una carta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fechada el 17 de febrero de 2016 -con Luis Videgaray Caso como secretario de la dependencia-, permitió que la compraventa de El Pilar estuviera exenta de pagar impuestos en México. Sin embargo, la hacienda canadiense sí se benefició con 8 millones de dólares canadienses, al estar Stingray Copper domiciliada en este país8.

Por su parte, Mercator sí tuvo presencia probada en el paraíso fiscal de Barbados -Mercator Minerals (Barbados) Ltd., que se dio de alta en 2008- según ICIJ. La filial se deshizo cuando la matriz se declaró en quiebra.

Deloitte y Grupo México alteraron informes

Deloitte, una de las cuatro compañías auditoras más grandes del mundo, estuvo involucrada en ambos lados de la transacción de El Pilar. Auditó el proceso de bancarrota de Mercator9 -incluyendo la venta de la mina- y las cuentas de Southern Copper Corporation en el tercer trimestre de 201510, cuando se reportó la compra. El doble rol de Deloitte no se indicó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), como solicitan las reglamentaciones de la reguladora para este tipo de casos.

La relación entre Southern Copper y la filial mexicana de Deloitte ya había demostrado en el pasado no ser del todo limpia, de acuerdo a la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), organismo que verifica las auditorías de las compañías basadas en Estados Unidos.

El 6 de diciembre de 2016, la PCAOB publicó una resolución11 censurando a Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza, S.C., la filial mexicana de Deloitte, por varias violaciones de sus reglas y estándares que se produjeron entre 2011 y 2015. Deloitte y Southern Copper estuvieron al tanto de las irregularidades desde 2011, sin hacer nada para remediarlas. Deloitte fue condenada al pago de 750,000 dólares y la PCAOB impuso medidas adicionales para garantizar y verificar el cumplimiento de la reglamentación, como la obligatoriedad de reportar cada cuatro meses.

Cuatro trabajadores de la firma también recibieron sanciones o reprobaciones debido a las irregularidades cometidas mientras trabajaban en las auditorías de Deloitte para Southern Copper. En la auditoría del ejercicio de 2010 de la subsidiaria Industria Minera de México, S.A. de C.V, eliminaron 26 páginas, modificaron 90 y añadieron 17, todas de forma fraudulenta. La auditoría de Southern Copper para el 2010 corrió similar suerte: 21 páginas eliminadas, 36 modificadas y 41 añadidas. Además, en ambos casos los empleados de Deloitte cambiaron las fechas de múltiples documentos para tratar de cubrir sus huellas en la alteración de los mismos.

Antes, el gobierno mexicano también encontró irregularidades en Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza. El 30 de noviembre de 2016 el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó a la empresa para participar en proceso de licitaciones o contratos por servicios y obra pública con la Administración Pública Federal y de los estados12, después de que le fue adjudicado un contrato para la implementación de un sistema de juicios en línea. La Auditoría Superior de la Federación declaró que el sistema no funcionaba y ya se había gastado 330 millones de pesos13.

Grupo México anunció este junio una inversión de 1,560 millones de dólares para El Pilar, Buenavista del Cobre y una planta fundidora en Sonora. Este importe es casi 12 veces el monto que la empresa depositó en el fideicomiso para la reparación de daños del derrame de lixiviado de cobre en los ríos Sonora y Bacánuchi. Según investigaciones de PODER solo el 10% del dinero del fideicomiso en salud se ha destinado directamente a personas afectadas por el derrame del 6 de agosto de 2014.

Historia de Alberto Arnaldo y Claudia Ocaranza, editada por Eduard Martín-Borregón.

Fuente:Regeneración.mx