En plena temporada de huracanes, habitantes de San José de Gracia viven con el miedo de que la presa de jales mineros se derrumbe y acabe con su pueblo, localizado en una zona remota de la Sierra Madre Occidental en el municipio de Sinaloa.

Y no sólo eso: ven el riesgo de que la contaminación generada con la presencia de metales pesados alcance la presa Bacurato, que abastece los valles agrícolas de Sinaloa de Leyva y Guamúchil y da sustento a cientos de pescadores.

El represamiento forma parte de los procesos de extracción de oro de Dyna Resource de México SA de CV, una compañía de origen estadounidense que posee las concesiones relacionadas al distrito minero de San José de Gracia, con una cobertura de 69 mil 133 hectáreas de acuerdo con datos de su página de Internet.

“La presa de jales se encuentra justo en el río San José, con alto riesgo de derrame en un periodo de tormenta, cuya aureola podría arrasar mínimo tercera parte del pueblo y sus habitantes, además de dejar una seria contaminación que se extendería hasta la presa Bacurato”, denunció a Noroeste uno de los afectados.

Asegura que por documentar las irregularidades ha recibido amenazas de los representantes de Dyna Resources, por lo que pidió dar su testimonio de manera anónima. Para respaldar sus afirmaciones, mostró una serie de documentos y fotografías en las que se observa la operación de la mina.

Al mostrar un estudio técnico en vinculación con la Norma 141 de la Semarnat 2003, la fuente asegura que la empresa minera incumple con las regulaciones ambientales referentes al diseño, construcción y manejo de este tipo de represas.

Carece de los estudios hidrológicos y geotécnicos adecuados: análisis de tránsito por vaso, canales pluviales derivadores, periodos de tormenta máxima y bordo de contención. Pero también de estudios básicos como el uso de suelo y de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Ante esto, expone el informe, el agua que se acumule entre el bordo noroccidental de la presa derivado de la zona de alta energía podrá colapsar la presa de jales, durante una tormenta o ciclón.

Y luego advierte: Si la presa alcanza el punto de colapso, alrededor de 300 mil toneladas y miles de metros cúbicos de agua se combinarían en un alud arrasando con parte del poblado de San José de Gracia.

De llegar a este escenario, “la avalancha de agua y lodo podría arrastrar y ahogar a personas y animales, destruir el Sistema Ambiental Regional, asentamientos humanos y dañar durante mucho tiempo las actividades productivas aguas abajo del río”.

Si esto es grave, hay más acusaciones contra la compañía norteamericana: no realizar consulta a los tarámaris que habitan en la zona; perforar pozos de agua sin permiso de aguas nacionales; violaciones al derecho laboral; y operar en la ilegalidad.

Se intentó conocer la postura del representante legal de Dyna Resources, José Vargas Lugo, pero no fue posible hacer contacto telefónico con él, a pesar de la insistencia de este medio informativo.

NO USA SUSTANCIAS TÓXICAS: PROFEPA

Cuestionado sobre el caso San José de Gracia, el delegado de la Profepa en Sinaloa, Jesús Tesemi Avendaño, dio a conocer que es una problemática añeja que ha resurgido los últimos dos meses.

Esta dependencia mantiene vigilancia en el manejo de residuos peligrosos, daño ambiental y la Norma 141, referente a las presas de jales.

La minera Caballo Blanco que pretende arrancar una mina de oro a cielo abierto en el cerro de La Paila, municipio de Alto Lucero, no para en su intento de convencer a los habitantes de Palma Sola para que acepten la llegada de la minera, para lo cual afirma que va a traer empleo y minimiza el uso de cianuro y explosivos.

Después de intentar por segunda vez obtener un permiso de explotación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), visita escuelas sin el permiso de los padres, y sostiene reuniones con ganaderos y sectores de influencia en la región.

Desde hace varios meses instaló su campamento en la comunidad de Palma Sola de unos tres mil habitantes, que sería una de las más afectadas si la minera se instala en el Cerro La Paila y reparte trípticos en casas para que la gente se familiarice con el uso de explosivos y el cianuro.

En septiembre del año pasado la minera, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un nuevo permiso de explotación minera en dos proyectos más: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.

En la gaceta ecológica 52, solicitó un Informe preventivo bajo el número 30VE2017MD176, para la barrenación de doce planillas y adecuación de 2 mil 200 metros de veredas, proyectos dispersos en estas dos zonas.

Cabe señalar que apenas hace unas semanas, esta empresa solicitó un permiso de explotación de minería a cielo abierto de oro y plata en el cerro de La Paila a unos cuantos metros de estos dos proyectos.

En septiembre del 2017, llevó un cine móvil al pueblo e intentó con palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, convencer a la población de las bondades de la minería.

Pero algunos habitantes critican que las reuniones se sido esporádicas, y la mayor parte con sectores de poder de decisión como ganaderos y propietarios de terrenos.

La minera ha informado que tiene doce concesiones mineras en 19 mil hectáreas de tierra donde planea la operación de su proyecto principal: La Paila, pero además tiene otros cuatro prospectos de exploración en la región: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur.

Para la operación se necesitan 15 mil litros de agua para la laguna de lixiviados y 2 mil 500 litros de agua para la operación diaria, para obtener este líquido se planea explorar una parte del acuífero Actopan, el cual tiene una profundidad de 350 metros.

Héctor Salas, geólogo responsable del proyecto, aseguró que existe en el mismo acuífero una zona de agua a 80 metros a profundidad que no se tocará pues es de donde la población abastece sus pozos.

A largo plazo también se planea captar agua de lluvia, y se pretende que el 80 por ciento del líquido utilizado sea de este tipo y solo el 20 por ciento provenga del acuífero.

Isabel Báez, tiene más de 30 años de vivir en Palma Sola, se quejó de que la minera no da información completa, solo lo que a ellos les conviene: “Dicen que va a ver dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a ver muerte, destrucción, pueblos fantasma”.

Cuestionó que la minera ha usado a las escuelas como “escudos” para engañar a los niños en las escuelas donde solo dan una parte de la información.

Señaló que la minera utiliza la división entre el pueblo para confundir “así menos preguntamos, y menos protestamos”.

Criticó las medidas de mitigación de las minera, pues dijo son “ilógicas, como querer trasplantar plantas”.

Un tema que preocupa a los lugareños es el agua, pues actualmente reciben tandeos de agua una vez por semana, y si el agua para las actividades la sacarán del Acuífero Actopan, la situación podría agravarse.

María de Jesús López Tlapa advierte que a ella no la han invitado a ninguna reunión, porque los mineros se han reunido solo con sectores de influencia, como el ganadero, pero ha realizado pocas reuniones abiertas para la ciudadanía en general.

“Hace reuniones informativas pero solo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan, al pueblo lo estamos informando la propia gente, es un peligro para todos”.

Daniela Isabel lleva doce años viviendo en la región, cuenta que en las reuniones de los mineros le dicen tener celular y estar en contra de la instalación de las minas es una contradicción.

“Pero yo les respondí que mi celular no se compara a la contaminación de la mina, si llegan será devastador, si nos dan a elegir preferimos el paisaje, lo verde”.

Cuenta que tiene varios folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presumen se generarán: “Eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas ilógicas, como que van mover los animales y las plantas, uno no necesita tener estudios para saber que eso no es posible”.

Mónica considera que es urgente que el pueblo se una en contra de las mineras, pues su llegada podría ocasionar despojo y hasta afectaciones a la salud, además del medio ambiente.

“En Veracruz no vamos a tener oro, no vamos a tener agua, pero tampoco salud, ni ambiente, todo se va terminar, los daños van a ser cuantiosos, tendríamos que ir a otros lados, y donde vamos a ir si hay concesiones mineras en todos lados”, señala.

Fuente:https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=149588&s=4

El Frente Ciudadano de la Defensa del Agua y la Vida en Baja California convoca a  los habitantes de La Paz y Los Cabos a una manifestación en la explanada de Palacio de Gobierno para este miércoles 29 de agosto donde exigirá al gobernador Carlos Mendoza Davis que no se le otorgue el permiso de Cambio de Uso de Suelo Forestal a la empresa minera “Los Cardones”.

La manifestación convocada para las 10 de la mañana del miércoles es una manera de dejar claro que “el pueblo decidió un no rotundo al proyecto Los Cardones, ya que no existe la minería sustentable ni la responsable”.

Los manifestantes exigirán que “de ninguna manera se apruebe el permiso de Cambio de Uso de Suelo Forestal al megaproyecto minero Los Cardones, de Salinas Pliego”.

El Frente Ciudadano de la Defensa del Agua y la Vida exhorta a la comunidad para que este miércoles “defienda el agua y salud. Con la vida no se negocia”.

Fuente:http://peninsulardigital.com/extra/convocan-a-manifestacion-contra-la-mineria/247428

Hay un desfase en el último pago de la minera por concepto de predial, porque ha seguido comprando terrenos y los desembolsos eran por debajo de la superficie real que explota

Opina que Godezac y la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo

El caso de la mina El Coronel, propiedad de Carlos Slim, que no ha pagado el predial desde el año 2007 y, contrario a resarcir el adeudo, ha denunciado abuso de autoridad de parte del alcalde de Ojocaliente por realizarle el cobro, evidencia la impunidad con que opera la industria minera en el estado y el país, opinó Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

“Esto nos demuestra el enorme poder económico y político que rebasa fácilmente a cualquier ayuntamiento y la manera en que subordina a los gobiernos estatales, como Zacatecas”, expresó.

Según expuso, la modificación constitucional que promovió Carlos Salinas de Gortari en 1992 generó que la minería fuera declarada a nivel constitucional como una actividad prioritaria, por encima de cualquier otro interés, además que ha servido como un respaldo legal para el modelo extractivista.

Luego de esa modificación constitucional y con la implementación de una nueva ley minera, se expresaron legal y formalmente los intereses de las empresas mineras incluso por encima de cualquier otro interés.

El caso de la mina El Coronel muestra también una asimetría en el sentido de que el contribuyente más modesto de Ojocaliente debe pagar el predial año con año o de lo contrario puede ser objeto de alguna sanción, mientras que la minera de Carlos Slim actúa con total impunidad.

García Zamora refirió que hay un desfase en el último pago que hizo la minera por concepto de predial, pues la empresa ha seguido comprando terrenos y los pagos eran por debajo de la superficie real que explota.

Consideró que es una situación surrealista porque en lugar de cumplir con las obligaciones fiscales, que además son pocas, ha denunciado al alcalde por el hecho de cumplir con su función de hacer el cobro.

“Como sucede en Mazapil y Chalchihuites se ve la enorme contradicción del beneficio de miles de millones de dólares que se llevan las empresas canadienses y mexicanas, el daño ambiental que generan y la impunidad con la que funcionan”, puntualizó.

En Zacatecas, refirió que la minería ha contaminado el agua y el medio ambiente sin que haya alguna retribución para resarcir los pasivos, además que permanentemente evaden sus obligaciones fiscales con los ayuntamientos.

Indicó entonces que el problema que se ha presentado en Ojocaliente es también un problema del estado, porque demuestra la impunidad con que actúan las grandes corporaciones mexicanas y extranjeras en Zacatecas.

García Zamora manifestó que tanto el Gobierno del Estado como la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo.

“Esto es un cuestionamiento al Congreso del estado, al Poder Judicial del estado, porque hay esa impunidad y no han hecho nada. El gobierno de Miguel Alonso estaba totalmente subordinado a estas corporaciones y él se autoengañaba diciendo que esta era la alternativa para el desarrollo de Zacatecas, lo que durante 470 años se ha demostrado que es una falacia”, agregó.

Señaló entonces que para Zacatecas ha sido una maldición contar con recursos minerales, porque durante siglos solamente ha significado extracción de los minerales, destrucción de los territorios, expulsión de la población, violación de la cohesión social y la subordinación de las instituciones.

El académico concluyó que la minería es un terreno desértico donde no hay institucionalidad ni leyes y solamente prevalece la impunidad del saqueo, hay en el caso de Ojo caliente, demuestra la impunidad y la soberbia del gran capital. En consecuencia, “va a ser muy difícil que se avance en la Cuarta Transformación de la que habla López Obrador si no hay un verdadero cambio en el Estado mexicano”.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/caso-de-el-coronel-evidencia-la-impunidad-con-que-opera-la-industria-minera-academico/

Por cuatro sexenios, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante concesiones de los territorios de comunidades, pero este sexenio se entregó una concesión minera en el mar

En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, cancelando el reparto agrario y legalizando la compra-venta de la propiedad social, dando inicio a un nuevo mercado de tierras. Como parte de la reforma, se aprobaron tres leyes reglamentarias: Ley Agraria, Ley de Aguas Nacionales y Ley Minera.

Poca atención se puso a la Ley Minera, siendo que traería serias repercusiones en los territorios de pueblos y comunidades campesinas e indígenas. Entre ellos el artículo 6 decretó a la actividad minera como de utilidad pública, dándole preferencia sobre cualquier actividad. El artículo 10 estableció que esta actividad sólo se podía realizar mediante una concesión (sin establecer un límite de superficie), la cual podría otorgarse por 100 años (artículo 15), permitiendo disponer de los terrenos (artículo 19). Aunado a esto, los impuestos que se establecieron eran (siguen siendo) casi nulos. La Ley Federal de Derechos sólo establecía un pago semestral por hectárea concesionada, que iba de $6.77 hasta $148 a partir del décimo año. Asimismo, las inversiones en exploraciones mineras eran deducibles de impuestos.

Como resultado de esto y de la demanda internacional, la minería tuvo un comportamiento insólito. En 1994 la inversión privada minero metalúrgica era de 373 millones de dólares, y para 2012, había ascendido a 8,043 millones de dólares. En estos mismo años, el número de concesión aumentó de 16,773 a 26,071; y la superficie concesionada creció de 15,466 a 30,782 millones de hectáreas, respectivamente.

Como parte de esto, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante las concesiones de los territorios de los pueblos y comunidades, por cuatro sexenios seguidos. Sin embargo, en este sexenio hubo un cambio de gran trascendencia: la entrega de una concesión minera en el mar.

Sin precedente alguno, fueron concesionadas 91 mil hectáreas del mar de la Bahía de Ulloa en Baja California Sur, un espacio de gran importancia pesquera, ya concesionado a cooperativistas pesqueros, y considerado como una Región Marina Prioritaria por el gobierno federal.

El proyecto minero, denominado “Don Diego” (en honor al primo de Hernán Cortés), fue otorgado a Exploraciones Oceánicas, filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, para extraer 350 millones de toneladas de fosfatos durante 50 años, mediante un dragado de succión (aspirado de los fondos marinos).

Esta concesión se otorgó sin haber consultado a los cooperativistas pesqueros, quienes en el Manifiesto del Golfo de Ulloa, expresan que no hay precedente de ese tipo de minería en el mundo, por lo que no se sabe cuáles serán las repercusiones. Pese a esto, el gobierno entregó la concesión minera en el mar, y en el Taller de divulgación de las oportunidades para México en la minería de los fondos marinos internacionales y en exploración del océano profundo, argumentó que “para el año 2050 el consumo global de recursos naturales se triplicará…, incluyendo los recursos minerales…, [y] dadas las limitaciones naturales de la minería en tierra firme, el mundo, sin duda, está volteando la mirada a los océanos, ya que en buena parte estos minerales se encuentran en los fondos marinos y en el subsuelo de aguas internacionales” (SE, 2013).

Aunado a esto, de gran preocupación son las 122 millones de hectáreas que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, siglas en inglés) ha entregado mediante contrato en la zona de Clarión-Clipperton, cuya costa más cercana es México, a fin de explorar los fondos marinos, en busca de la riqueza minera.

Ante esto, el gobierno mexicano tiene un gran reto, que no sólo radica en voltear a ver las decenas de conflictos socioambientales provocados por la minería terrestre, sino que ahora se enfrentará a lo que parece será la nueva era minera.

Violeta Nuñez Rodriguez

Profesora-Investigadora Titular C, Tiempo Completo, del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/nueva-era-minera-mineria-terrestre-y-mineria-marina-en-mexico/

El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó “Tierra Arrasada”, su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé “REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios”, a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.

A cinco años de aquel artículo -y a diez del surgimiento de la REMA- es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’ -mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer “Territorios Libres de Minería”. Es decir,territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país ha logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.

Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.

Crear “Territorios Libres de Minería”, sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear “Territorios Libres de Minería”, por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.

A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, “solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades”.

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir “Territorios Libres de Minería”, sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/asambleas-comunitarias-la-conspiracion-de-personas-valientes/

El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó “Tierra Arrasada”, su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé “REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios”, a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.

A cinco años de aquel artículo -y a diez del surgimiento de la REMA- es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’ -mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer “Territorios Libres de Minería”. Es decir, territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país ha logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.

Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.

Crear “Territorios Libres de Minería”, sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear “Territorios Libres de Minería”, por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.

A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, “solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades”.

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir “Territorios Libres de Minería”, sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/asambleas-comunitarias-la-conspiracion-de-personas-valientes/

Con 41% de su superficie territorial concesionada para actividades mineras, Colima ocupa el primer lugar nacional en ese rubro, muy por encima del estado de Zacatecas, con 22.5%; Sonora, 21.6%; Jalisco, 19.2%, y Sinaloa, 17.8%.

Pero, además, mientras en el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 el promedio nacional de hectáreas disminuyó 5.4%, de 21 millones 982 mil 339 a 20 millones 790 mil 143, fue uno de los pocos estados donde se incrementó la superficie concesionada, en 4.6%, al elevarse de 226 mil 429 a 236 mil 889 hectáreas.

Las otras entidades que también aumentaron en diferentes porcentajes su superficie concesionada son: Zacatecas, Yucatán, Oaxaca, Guanajuato, Coahuila, Campeche y Aguascalientes. El resto registró una disminución.

El hierro es uno de los principales minerales que se extraen en Colima, ya que cuenta con el yacimiento más grande de este metal en el país, en la región explotada por la empresa minera trasnacional Peña Colorada, de capital proveniente de India, Italia y Argentina.

De acuerdo con el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio”, elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., hasta diciembre de 2017 había en el país un total de 24 mil 709 concesiones mineras vigentes en la superficie terrestre, además de 14 concesiones en los mares territoriales de México, que abarcan 737.6 mil hectáreas de superficie marina: ocho frente a las costas de Chiapas y seis más en el Océano Pacífico, tres frente a Baja California y tres frente a Baja California Sur.

“La superficie concesionada a la minería en el país cambia constantemente, aunque no en gran medida; esto se debe a que algunas concesiones se cancelan o pierden su vigencia y no se renuevan, mientras que aparecen algunas nuevas”, establece el documento.

En el periodo comparado, la superficie total concesionada a la minería en el país disminuyó en 1.19 millones de hectáreas, pero este cambio no sucedió de la misma manera en todo el territorio, pues Coahuila, Zacatecas y Colima aumentaron su superficie concesionada (en 24 mil, 16.4 mil y 10.5 mil hectáreas adicionales, respectivamente), mientras que, en el otro extremo, Baja California disminuyó casi medio millón de hectáreas de superficie concesionada, seguida de Michoacán, Jalisco, Sonora y Durango, con más de 100 mil hectáreas menos en cada caso.

El informe de Fundar aclara que una concesión minera no es igual a un proyecto minero, sin embargo, las concesiones son el primer paso para la exploración y eventual extracción de minerales.

“El área abarcada por una concesión no otorga al concesionario derechos de propiedad sobre la superficie, sino únicamente sobre los recursos minerales del subsuelo, pero sí lo faculta para solicitar, en caso necesario, la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre (Ley Minera, Artículo 19) de los terrenos ubicados dentro de la concesión necesarios para llevar a cabo la exploración, extracción y beneficio de minerales”.

En cuanto al número total de minas o proyectos mineros existentes en el país, añade, el dato es incierto, pues, aunque el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2018) reporta la existencia de al menos 18 mil 874 minas entre abandonadas (64%), en producción (6%) o en prospecto (30%), la información detallada sobre los proyectos mineros actuales es incompleta.

Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) sólo reporta los proyectos mineros con capital extranjero (947), mientras que el SGM reporta 950 como los “proyectos mineros de mayor importancia en México” (SGM, 2018), sin especificar con qué criterio se determinó esta clasificación.

De cualquier manera, puntualiza el documento, comparando la información disponible del SGM con respecto a los proyectos mineros de mayor importancia en México, “entre 2016 y 2017 encontramos que las minas de oro representan el 54% de los proyectos mineros actuales en el país, seguidas de las de plata y cobre (21% y 9% respectivamente), y que los proyectos para extraer estos minerales han aumentado significativamente en el último año”.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/547096/colima-ocupa-el-primer-lugar-nacional-en-territorio-concesionado-para-actividades-mineras

Por acuerdo de las asambleas general y ejidal, esta comunidad indígena zapoteca dio un no a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que pretende explotar una mina de oro en su territorio, ante la contaminación que causará al medio ambiente, especialmente en la tierra y en el agua, por dedicarse casi por completo a la agricultura.

Aunque también está en desacuerdo porque la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal asignó la concesión denominada Reducción Tlacolula 2 en el 2009, sin su consentimiento previo.

Inicialmente, la SE otorgó la concesión a la empresa Geometales del Norte S. A. de C. V. (Geonorte), después de que la Dirección General de Minas, declarara la libertad del terreno abandonado por lotes mineros.

Sin embargo, Fortuna Silver Mines se apropió posteriormente de su titularidad, por ser junto con Minerales de Oaxaca S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., una de sus empresas filiales.

Esta autorización, registrada con el número 233392, abarca 12 mil 642 hectáreas de tierras pertenecientes no solamente a San Pablo Güilá y sus núcleos agrarios Rancho El Colorado, Tierra Blanca, Rancho Blanco y San Felipe, sino también a las comunidades indígenas zapotecas vecinas, San Baltazar Chichicapan, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, entre otras.

De esta manera, la compañía canadiense empezó en el 2013 los trabajos de exploración en el paraje Lom Ru Min (Boca de la Mina), para constatar la existencia de yacimientos de oro.

El descubrimiento

Ante el hallazgo, los habitantes se preocuparon porque no tenían conocimiento de la presencia de la minera, ni habían otorgado su permiso para que hicieron trabajos en sus tierras.

“En ese año, hubo dos asambleas del Comisariado Ejidal, donde se discutió esta situación y se determinó que no se aceptaría la mina”, contó Carlos López Gómez, presidente de la mesa directiva de la primera sección, una autoridad tradicional que auxilia a la autoridad municipal constitucional.

Sin embargo, no todo quedó ahí, porque también fue destituido el secretario del Comisariado Ejidal, Juan José Santiago Pérez, por tener supuesta relación con la empresa.

“Eso fue lo que se dijo, pero no fue cierto. El secretario, que es mi hermano, tenía información de la mina por el cargo, pero no estaba convenciendo a que se aceptara o algo así”, señaló.

Después de esto, Fortuna Silver Mines dejó de intentar ingresar a esta comunidad zapoteca hasta principios de este año, a través del cabildeo del entonces secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Francisco Montero López.

“Fuimos la autoridad municipal y las mesas directivas a una reunión, el 26 de abril, a la Ciudad Administrativa. Ahí nos pretendió convencer que habláramos con el representante de la minera canadiense Javier Castañeda y su abogado, Antonio Martínez, porque tenían interés en la extracción de oro”, apuntó.

Obra pública, negocio privado

Para convencer, el funcionario ofreció que Fortuna Silver Mines, a cambio de la autorización para la explotación minera, apoyaría a San Pablo Güila con la pavimentación de calles y el mejoramiento de las escuelas, así como de la introducción de la energía eléctrica y el drenaje.

“Eso fue lo que propuso, a pesar de ser una institución que está para defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero, no se aceptó y mejor le pedimos que se vieran otras opciones de apoyo, especialmente la producción del campo”, añadió.

Sin embargo, en la comunidad se generó una gran desinformación y surgieron rumores sobre que la autoridad municipal había otorgado la autorización a la compañía canadiense. Y fue así, que el agente municipal, Víctor Hernández Gómez fue destituido en asamblea general, el 17 de junio pasado, y reemplazado por el actual, Inocente Antonio Melchor.

“Se mal interpretaron las cosas, no fue así, no hubo ningún permiso a la minera, por el contrario, fue un no rotundo, por todas las consecuencias que puede originar en el medio ambiente”, indicó.

Aunque, la empresa minera no ha dejado de presionar a la comunidad, porque casi todas las noches sobrevuelan drones (vehículos aéreos no tripulados), para aparentemente hacer estudios de prospección.

“Muchos ciudadanos los han visto volando a gran altura en el territorio, pensamos que era algo aislado, pero no, vuelan seguido a la media noche. Pero la decisión del pueblo ya está tomada, es un no rotundo”, refirió.

Tomate, el oro rojo

SAN PABLO GÜILÁ, Santiago Matatlán, Oax.- “Desafortunadamente ciertas personas, algunos ciudadanos, entendieron mal la información, sobre nuestro rechazo a la propuesta de la mina que hizo el secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero, y así me destituyeron.

Fueron comentarios sin sustento, que yo estaba detrás de la mina, que había vendido concesiones, cuando todo fue al revés. De esa reunión hay documentos donde se dio un no a la mina, porque contaminará el agua y a la producción de tomate que tenemos y que incluso ha detenido la migración a los Estados Unidos.

Dependemos del agua y en ocasiones es escasa cuando no llueve. El funcionario nos dijo que íbamos a tener oro, pero le respondí que ya teníamos oro rojo con el tomate”: Víctor Hernández Gómez, ex agente municipal.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/socava-mina-unidad-en-guila-oaxaca/