Cientos de ciudadanos se manifestaron en las afueras del palacio de gobierno para expresar su rechazo al proyecto minero Los Cardones, que pretende extraer oro en la sierra La Laguna.
Mientras esto sucedía, se conoció que la minera ganó un amparo federal para efectos garantizando su derecho de audiencia, lo que obligaría al Ayuntamiento de La Paz a notificar y motivar la resolución con la que dejó sin efecto la “sesión secreta” en donde los ediles anteriores le otorgaron los permisos de cambio de uso de suelo; en contraparte, el alcalde de La Paz, Armando Martínez, anunciaba haber ganado este juicio contra la minera.
En la manifestación, los opositores a la minería solicitaron al gobernador que el Consejo Estatal Forestal que él preside se pronuncie en contra del trámite que Los Cardones presentó el pasado 20 de agosto ante la Semarnat, en donde solicita el cambio de uso de suelo para 500 hectáreas en la sierra La Laguna.
Poco antes de las 11:00 am, un grupo de manifestantes irrumpió frente a las puertas del palacio que momentos antes fueron cerradas por personal de seguridad, y luego de varios minutos de ánimos caldeados el secretario general de gobierno y otros funcionarios, bajaron hasta el sitio de la manifestación.
Ahí, Álvaro de la Peña recordó que el gobernador se comprometió a que nunca comprometería la naturaleza, la biodiversidad y el agua, y refrendó que su posición es No a ese proyecto, pero hizo hincapié en que no es competencia del estado sino de los ayuntamientos otorgar el cambio de uso de suelo.
El delegado de la Semarnat, Axxel Sotelo, aclaró que la opinión del Consejo Estatal Forestal en torno a este proyecto no es vinculante.
Cerca de 150 personas, en su mayoría acarreados de las colonias de la periferia de La Paz, se llevó a cabo la manifestación en pro de la minería a cielo abierto.
A la vieja usanza de los partidos políticos, jefas de colonia prometieron entre 150 a 200 pesos a la gente, así como transporte para que se presentaran a la manifestación convocada por el Congreso Agrario Permanente (CAP).
La marcha por el progreso compuesta por casi 200 personas lució desolada en comparación de los casi 1,000 ciudadanos que llegaron hasta la explanada del Gobierno de Baja California Sur, ayer 29 de agosto.
El representante del CAP en Baja California Sur, Juan Carlos Jiménez Fuentes, dijo en entrevista con Diario El Independiente que existe una manipulación de los ambientalistas y, por eso, la gente se congregó ayer.
Más tarde, en redes sociales, circuló cómo personas entregaban a los asistentes 200 pesos, así como abordaban camiones y peseros para regresar a sus colonias.
“No nos dijeron, nosotros no estamos informados, no tenemos información […] sí –ofrecieron dinero– la jefa de colonia estaba diciendo que 150 pesos”, comentó uno de los asistentes a BCS Noticias en su reporte.
Jiménez Fuentes dijo desconocer la situación cuando la reportera lo cuestionó, pero mencionó que “si recibieron dinero, pues qué bueno, ¿no?”.
En Baja California los defensores del agua y de la vida reanudaron las movilizaciones en contra de la instalación de la mina Los Cardones en la Sierra de La Laguna. Así evangélicos, ganaderos, pescadores, estudiantes, artistas, refrendaron la representatividad del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida. Piden entrevistarse con Gobernador y los recibe otro funcionario.
En la ciudad de La Paz, de nueva cuenta vivió una emblemática movilización ciudadana en contra de las intenciones de Ricardo Salinas Pliego de instalar una mina en las fuentes de agua del sur de la entidad.
Los hechos ocurren días después de que el grupo minero reactivara el procedimiento administrativo para que de nueva cuenta corra el procedimiento de instalación de la mina Los Cardones, en la Sierra la Laguna.
Se trata otra de las movilizaciones ciudadanas que de manera amplia y plural se movilizan en el país en defensa del agua y de la vida en contra de la minería o el fracking, como en el caso de Mexicali o la Huasteca Potosina.
Por ello en las protestas en la Paz, se presentaron a la movilización ciudadana un conjunto de saludos y representantes de expresiones sociales muy diversas.
Se trata de organizaciones económicas, como asociaciones de ganaderos, sociedades de solidaridad social y pescadores, quienes se hicieron presentes en rechazo a Los Cardones
También hicieron acto de presencia congregaciones confesionales como el pueblo evangélico por la paz, representada por la alianza de pastores.
Así mismo se expresaron el magisterio democrático, estudiantes, representaciones formales de escuelas.
Antes de ser recibidos por el Secretario de Gobierno de Baja California, el Frente en Defensa del Agua y de la vida en la entidad destacó las movilizaciones de diversas localidades, entre ellas La Paz, Los Cabos, o Loreto entre otras.
Al recibir el saludo solidario el grupo opositor en Loreto en el mitin, se les dió una muy emotiva bienvenida, señalando su accionar solidario en las marchas, actividades culturales o de plática en familia en contra de la minería tóxica.
El recibimiento a la ciudadanía de Loreto, fue el marco para que el orador, señalara tanto a las autoridades locales como federales, que bajo ningún concepto permitirán la minería tóxica en la entidad.
Destacaron que están luchado por el derecho humano al agua, al medio ambiente sano, a la salud.
E incluso mencionaron que se trata de la defensa del medio ambiente en interés superior de los menores de edad.
Guardianes de los cerros, artistas, jóvenes, se manifestaron ante el gobierno de la entidad; en tanto que una comisión fue recibida por los funcionarios estatales.
Gobierno se compromete a pronunciarse en contra de la minería tóxica
La comisión de manifestantes que ingresó a la casa de gobierno informó de tres compromisos alcanzados.
Según los comisionados, el gobierno de Baja California se comprometió a que en voz del Gobernador de emitirá un comunicado donde fija postura en contra de la minería a cielo abierto y que usa agentes químicos tóxicos en la entidad.
La comisión informó que los funcionarios de gobierno se manifestaron favorables a la creación de una nueva ley que blinde a Baja California de la minería tóxica, como lo promueve el Frente Ciudadano.
Para ello, recordaron los inconformes promoverán en estos días una reunión con los diputados recién electos para que se turne a comisiones y se vote en el pleno dicha iniciativa de ley.
En el mitin subrayaron que la empresa Desarrollo Zapal, ligado a Ricardo Salinas Pliego, no cuenta con los requisitos legales para echar a andar la mina Los Cardones.
Denunciaron que un grupo de seguridad privada contratada por la minera se encuentra acantonada en la reserva natural de la Sierra la Laguna, en el lugar donde se pretende el tajo abierto.
Los manifestantes acordaron exigir a las autoridades municipales de La Paz, realicen las gestiones necesarias para expulsar al grupo de policías privadas de la reserva natural.
Finalmente, los manifestantes dieron por concluido el evento bajo la consigna “La sierra no se vende, la sierra no se dá, porque tiene a su gente con mucha dignidad”.
Plena protección a las inversiones extranjeras y una revisión a la estructura fiscal para bajar los impuestos al sector minero son las principales demandas que las mineras solicitarán al nuevo Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
“Esperamos que (el nuevo Gobierno) muestre compromiso con la actividad, deberían de revisar la estructura fiscal porque el impuesto minero fue un golpe muy fuerte para la industria, ojalá evalúen que los impuestos en México son más altos que en otros países”, así lo declaró Michael Harvey, directivo de Goldcorp, la minera canadiense que acumula denuncias por contaminación y por consumir grandes volúmenes de agua en el país a costa del medio ambiente e incluso la salud de las poblaciones donde opera sus minas.
Las mineras pedirán al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador plena protección a las inversiones extranjeras y una revisión a la estructura fiscal para bajar los impuestos a este sector, así lo declaró Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos y Seguridad de Goldcorp, la transnacional canadiense que acumula decenas de denuncias por contaminar la tierra y consumir grandes cantidades de volúmenes de agua de las poblaciones donde opera.
“Es importante que México asegure plena protección a las inversiones extranjeras porque bajaría la confianza, para la minería lo más relevante es el tema de protección a las inversiones, la industria no se ve afectada por otros temas como otros sectores”, explicó el directivo de la minera canadiense en conferencia de prensa.
Informó que este jueves sostendrán una reunión con parte del equipo que conformará la Secretaría de Economía (SE) en la próxima administración, cuya dependencia estará a cargo de Graciela Márquez Colín.
La reunión, dijo, es para poner en la mesa las necesidades y retos que enfrenta el sector como la sobrerregulación fiscal, la falta de Estado de derecho y la inseguridad.
“Esperamos que muestren compromiso con la actividad, deberían de revisar la estructura fiscal porque el impuesto minero fue un golpe muy fuerte para la industria, ojalá evalúen que los impuestos en México son más altos que en otros países”, aseguró.
El directivo de la minera Goldcorp destacó que para mitigar la carga fiscal el gobierno en turno podría permitir que las compañías puedan deducir las inversiones de infraestructura o de obras en la localidad de las minas, como ocurre en Perú.
“Eso sería muy positivo porque las comunidades terminarían con obras de mejor calidad y con un costo administrativo mucho más bajo, porque se eliminaría toda esa burocracia de fondo”, indicó.
Michael Harvey habló también de que la industria minera deberá trabajar fuerte en la próxima administración para dar a conocer los beneficios de la actividad y el reto del Estado de derecho, uno de los grandes problemas en el país.
“Estoy viendo mucha apertura para reunirse con funcionarios canadienses y miembros de la industria, es un momento de esperanza porque la industria debe recuperar competitividad”, señaló.
LAS ACUSACIONES CONTRA GOLDCORP
En el anuario 2017 sobre “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburo hacia el fin de sexenio”, realizado por organizaciones de la sociedad civil, alertó que la laxitud de las regulaciones que rigen las actividades extractivas en México está llegando a niveles “descarados” en detrimento de la biodiversidad.
El alto número de concesiones mineras vigentes se mantiene cercano a las 25 mil; de éstas, el 85.2 por ciento se ubica sobre superficie del territorio con vegetación natural y más del 80 por ciento de la superficie terrestre concesionada a la minería se encuentra en zonas con una muy alta y alta integridad ecosistémica. Resulta más alarmante aún que de las Áreas Naturales Protegidas y sitios Ramsar, un total de 7.2 por ciento de su superficie terrestre a nivel nacional esté concesionado a la minería.
Respecto al sector hidrocarburos, en este estudio se evidenció que, debido a numerosas modificaciones legislativas, el Estado mexicano permite también que todas las actividades relacionadas con éste puedan llevarse a cabo sin ser reguladas por el ordenamiento ecológico del territorio. Como ha sucedido en otros años, las regulaciones ambientales se siguen debilitando ante el avance de las industrias extractivas.
Este informe también reveló que las empresas que consumen los mayores volúmenes de agua en el país suman 184 millones de metros cúbicos al año y son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México.
En Zacatecas, Goldcorp ha realizado una actividad intensa con su minera Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, de donde extrae de 9 mil a 110 mil toneladas diarias de oro y plata.
De acuerdo con una investigación del medio local NTR Zacatecas, los cerros de los desechos mineros llegan hasta donde la vista alcanza, “enfrente sólo hay un paisaje devastado por las máquinas dedicadas a la extracción de oro, que acabaron con 6 mil hectáreas del semidesierto zacatecano”, según la investigación del medio.
Añade que el camino de terracería sigue hasta convertirse en una carretera de dos carriles que conduce a la comunidad de Nuevo Peñasquito, otro pueblo fantasma, al igual que la cabecera municipal. “El centro comunitario de salud que presuntamente operará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está abandonado. En su interior hay varias sillas y un escritorio cubiertos de polvo”.
En el año 2016, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala acusó a la transnacional canadiense de generar altos niveles de contaminación en Mazapil. Según denunciaron, la minera vierte selenio y otros metales en mantos acuíferos de la zona, los cuales han provocado problemas de salud en la población.
La práctica de hostigamiento contra quienes se oponen a las minas es otra de las acusaciones en contra de Goldcorp. En el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, donde la empresa explora la mina La Preciosa, se ha intensificado también este fenómeno.
En esta localidad, grupos identificados como parte de Los Zetas han hecho presencia entre la población con prácticas de extorsión; exigen una cuota de cinco pesos diarios a cambio de respetar vidas y propiedades.
Obviamente el objeto de la extorsión no es el dinero en sí, sino el terror que siembran entre los habitantes, quienes han comenzado un éxodo silencioso que los obliga a malbaratar sus predios, los ambicionados por Goldcorp.
Entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.
La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano, así lo consigna el periodista J. Jesús Lemus en su libro de reciente publicación “México a Cielo Abierto”.
SinEmbargo ha publicado diversas investigaciones sobre el tema consultando a distintos especialistas en la materia, quienes acusaron que el Gobierno ha permitido operar en el país a 290 compañías mineras, 211 de ellas de origen canadiense.
Después de 10 años, la ciudadanía de La Paz no quiere que la minera Los Cardones opere.
México. Casi mil personas se congregaron en la explanada de Palacio del Gobierno de Baja California Sur para exigir que la administración de Carlos Mendoza Davis se comprometa a emitir su opinión dentro del Consejo Forestal Estatal en contra de la minera Los Cardones.
El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida adelantó que habrá más movilizaciones para frenar la minería en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.
La reciente solicitud de Desarrollo Zapal SA de CV para cambiar el uso suelo de forestal a industrial, permitiría el desmonte de 506 hectáreas. Esto hizo, una vez más, que las personas salieran a protestar, sin importar que era un día laboral. La gente gritó consignas recordando el compromiso que Mendoza Davis hizo cuando tomó protesta como gobernador de BCS: no a la minería tóxica.
Desde las diez de la mañana, profesores, estudiantes, amas de casa, políticos, biólogas, doctores, electricistas, músicos, activistas sociales unieron su voz en torno la misma exigencia. Una comitiva ingresó a la Secretaría General de Gobierno de BCS. Después de unos minutos, el titular de la dependencia descendió para hablar con la gente, pero la muchedumbre lo recibió con consignas en contra de la minería a cielo abierto en sierra La Laguna.
Los jóvenes estuvieron presentes que, después de 10 años de resistencia a Los Cardones, refrescaron la manifestación.
“Hoy dimos clase de cultura ciudadana al ritmo del Cielito Lindo, pero fijando bien nuestra postura ante los mandatarios en turno y mostrando que el pueblo manda: Los Cardones no han pasado ni pasará”, comunicó la vocera Elisa Jeanneht Armendáriz Villegas, vocera del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida.
La empresa minera de Pinzán Morado entregó a la Secretaría de Protección Civil de Guerrero y al Ayuntamiento de Coyuca de Catalán los planos de los túneles que excavaron, en los que se confirma que uno de ellos atraviesa una zona habitada donde hay al menos 10 viviendas y una telesecundaria en riesgo.
En una reunión del personal jurídico de la empresa minera y el Ayuntamiento se mostraron los planos en los que se confirmó que hay unos cinco túneles en diferentes rutas, pero uno de ellos atraviesa una zona donde ya se han visto afectado los cimientos de una vivienda debido a recientes derrumbes.
En el encuentro estuvieron además de los abogados de la empresa minera, representantes de Protección Civil regional, así como el delegado de gobierno René Rabiela Tapia y el Alcalde electo Eusebio Echeverría Tavárez, del PRD, quien además es vecino de la comunidad afectada.
El Alcalde electo encabezó las acciones para solicitar a la minera que libere dinero y apoye la compra de un terreno para reubicar a los afectados, pero también para construir nuevas viviendas y pagar estudios de suelo que requiere el Gobierno del estado para autorizar nuevas construcciones. Tal estudio sería hecho por alguna universidad nacional y podría costar unos 800 mil pesos, comentaron.
Sin embargo, no hubo ningún acuerdo, solamente el diálogo sobre diversas posibilidades para solucionar el problema.
Ayer jueves, trabajadores del Ayuntamiento comenzarían a tocar puertas en la Secretaría de Economía y otras oficinas federales para solicitar el presupuesto para construir nuevas viviendas en un nuevo terreno.
En los mapas de los túneles se confirmó que no hay riesgo en el resto de la población del Municipio, aún cuando algún túnel se acerca a otra zona habitada, a unos 100 metros de una casa. El resto de los túneles están lejos del poblado.
La semana pasada, el Ayuntamiento de Coyuca de Catalán presentó una denuncia de hechos en la agencia del Ministerio Público contra la empresa que explota la mina de Pinzán Morado, ante los daños causados por el socavón que se abrió en el centro del pueblo, donde y comienzan a derrumbarse patios completos de algunas casas, y donde 11 viviendas y una escuela están en riesgo.
Uno de los tres túneles, perforado a unos 300 metros de la superficie debajo del pueblo, está provocando el desplome del suelo donde se abrió el socavón el pasado 2 de julio.
Ante la falta de un acuerdo, el alcalde, Juvenal Pineda anunció que permitirán que continúe la denuncia contra La Compañía Minera La Calentana, propiedad de la señora Elia Sánchez Cerda, que explota la mina de oro y plata en esa localidad, ubicada a una hora de la cabecera de Coyuca de Catalán, hacia Zihuatanejo.
LA DENUNCIA
El Ayuntamiento de Coyuca de Catalán presentó una denuncia de hechos la semana pasada ante el Ministerio Público contra la empresa que explota la mina de Pinzán Morado, por los daños causados por el socavón que se abrió en el centro del pueblo, donde y comienzan a derrumbarse patios completos de algunas casas y 11 viviendas y una escuela están en riesgo.
El socavón se abrió luego de un colapso en uno de los túneles de la mina que opera desde hace más de 50 años de manera más intensa en el pueblo, pero algunos vecinos aseguran que la extracción de mineral data de unos 100 años.
Uno de los tres túneles, perforado a unos 300 metros de la superficie, y debajo del pueblo, está provocando el desplome del suelo donde se abrió el socavón el 2 de julio.
El espacio se cercó y se determinó que son 11 casas en riesgo de caerse, así como un jardín de niños.
El tema de la minería tóxica vuelve a tomar fuerza en el lado sur de la Península de Baja California Sur; asociaciones, grupos sociales, civiles y artistas han tomado el tema como suyo, para concientizar sobre lo que advierten “un crimen ecológico y daño irreversible”, si se aprueba el cambio de uso de suelo a favor de una empresa minera.
Mediante redes sociales, y wattsapp, circula un breve escrito que dice “Unámonos este miércoles 29 de agosto en la explanada del palacio de gobierno de BCS, a partir de las 10:00 am, para recordarle al gobernador Carlos Mendoza Davis que nos dio su palabra de no permitir los mega proyectos mineros que pudieran contaminar nuestra agua, suelo, flora, fauna, y afectar la salud de la población”.
Por la tarde, la Asociación Civil Sociedad Organizada Sudcaliforniana (SOS), encabezada por Armando Sánchez convoca en el municipio de Los Cabos a una concentración en la glorieta de FONATUR en punto de las 18:00 horas para continuar con los actos de manifestación pacífica en contra de la minería que se planea, entre en operación en la Sierra de la Laguna.
A nivel nacional, en redes sociales artistas mexicanos también se unieron al llamado a no permitir ningún tipo de minería tóxica que atente contra la fauna y flora en tierras sudcalifornianas. Héctor Bonilla, Africa Zavala, Sergio Mayer, Moisés Arizmendi, Ximena Ayala, Alberto Agnesi, Humberto Busto, Emilio Echeverría, Alberto Estrella, Sofia Espinoza, entre otros, se pronunciaron a una sola voz en un video que dura poco más de 2 minutos en que destacan “Somos Todos Santos, somos Los Cabos, somos Baja California Sur, somos el mundo”.
La Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, en el ejercicio de sus responsabilidades y facultades, coadyuven en la aparición con vida del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de las comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Sergio Rivera Hernández desapareció la tarde del 23 de agosto cuando iba de regreso a su comunidad Coyolapa, Municipio de San Pedro Zoquitlán en una moto, la cual fue arrollada por una camioneta sin dejar rastros de él.
Tememos por su integridad física y emocional, pues no es la primera vez que sufre amenazas, acoso y atentados contra su persona y demás compañerxs defensorxs de su tierra. De la misma forma que lxs compañerxs del MAIZ, responsabilizamos de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, a la Minera Autlán que tiene fuertes intereses en la Sierra Negra de Puebla y que está detrás del proyecto hídrico, que en contubernio con los munícipes de Tlacotepec de Díaz y de San Pedro Zoquitlán pretenden hacerse de los recursos naturales de las comunidades campesinas e indígenas de la región, y que incluso se han prestado como gestores a favor de los proyectos de muerte, en concreto a favor de Minera Autlán.
Como antecedente y aunado a ello, señalamos también que la Secretaría de Energía (SENER) del gobierno federal apoya y encubre a la minera y no es de extrañar que haya fuertes intereses políticos y económicos detrás del citado proyecto, además del minero.
Como REMA estamos convencidxs que ésta como otras desapariciones, es una estrategia terrorista más de empresas en contubernio con gobiernos para seguir despojando a las comunidades de sus bienes naturales y sus territorios.
Exigimos al gobierno federal, al gobierno del Estado de Puebla y a los gobiernos municipales involucrados un alto al clima de hostigamiento, criminalización y agresión permanente contra todxs lxs defensorxs de la vida. Basta de proteger a las empresas que actúan a lo largo de todo el país con total impunidad. Exigimos la presentación inmediata con vida del compañero Sergio Rivera Hernández, rechazando así, la posibilidad de que su desaparición se convierta en una más de la elevada cifra que hoy nos invade. Este caso, como tantos otros, dan cuenta de la violencia que siempre acompaña a los megaproyectos de muerte y que a menudo recae en los grupos de población más vulnerables.
¡Alto a la desaparición de defensorxs del territorio!
¡No a los megaproyectos de muerte y a la complicidad gubernamental en ellos!
Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, han ganado dos amparos; sin embargo la amenaza minera sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones mineras se realizaron recientemente. Estas concesiones solicitadas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.
Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.
Herlinda Solano Santiaguez ha vivido por 79 años en San Miguel del Progreso –Júba Wajiín, en lengua me’ phaa–, una comunidad que se ha destacado por la férrea defensa de sus territorios, su resistencia y la lucha para evitar el ingreso de la extracción minera a cielo abierto.
Situado en el Municipio de Malinaltepec, Guerrero, San Miguel del Progreso tiene una extensión de 4 mil 449 hectáreas. Es una de las comunidades de la región de La Montaña, habitada por al menos 3 mil 500 personas pertenecientes a la etnia tlapaneca Me’ phaa.
Ahí nació y creció Doña Herlinda. Toda su vida ha trabajado la tierra. Así le enseñó su padre desde pequeña. La siembra de café, plátano y otras plantas frutales son su sustento. “He trabajado desde chiquita. Eso es lo que he sembrado”, dice.
Doña Herlinda, como el resto de los habitantes de la comunidad San Miguel del Progreso y de la región de La Montaña en Guerrero, tiene una clara convicción: somos hijos de la “madre tierra”, y hay que cuidarla y respetarla.
Para Herlinda, el recurso natural tiene más valor que el oro.
Para la población Júba Wajiín no hay mayor razón de defender la tierra que ser parte de ella. No hay otro interés más que el de preservarse a sí mismo y su pueblo. Sin la naturaleza no dan cabida a su existencia: “Al momento de que se acaba la naturaleza nos morimos nosotros también”, repiten. Así de fuerte es su conexión con el territorio. Así es su cosmovisión.
“La tierra da de comer todos los días. Uno debe de cuidar mucho la tierra porque ahí sale lo que uno come. Si no trabajas la tierra no hay vida. Eso es lo más importante. Luego, el agua: si no hay agua no va a vivir uno. El agua y la tierra es lo que nos da la vida. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra, me enseñó a tomar el agua. El agua es mi vida, mi sangre. Todo. Por eso la defiendo, si me quitan el agua, me quitan la tierra, me muero. Me quitan la vida”, repite Herlinda.
San Miguel el Progreso ha peleado legalmente por más de ocho años contra el ingreso de las mineras transnacionales, pues sus pobladores saben que permitir las actividades extractivas significaría la destrucción de sus montañas y sus cerros sagrados, la contaminación de sus ríos, plantas y el aire; el despojo de las tierras, el desplazamiento forzado, la fragmentación y, por ende, su propia desaparición como pueblo originario.
Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan han ganado dos amparos para evitar que el territorio sea concesionado a la minera Hochschild Minig, de origen chileno que opera con capital inglés. Sin embargo, la amenaza para estos pueblos originarios sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones se realizaron recientemente. Éstas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.
El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild, fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia, donde Mauricio Hochschild fue considerado uno de los “Barones del Estaño”. El Grupo Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a estas operaciones. Actualmente es esa subsidiaria peruana la que amenaza a los pobladores de Guerrero, y tiene como principal accionista al empresario peruano Eduardo Hochschild Beeck.
LA MONTAÑA EJIDAL Y COMUNAL
La Montaña, al noreste de Guerrero, abarca casi 700 mil hectáreas en 19 municipios entre ellos Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Iliatenco. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, esta región tiene al menos 361 mil 617 habitantes, la mayoría indígenas pertenecientes a las etnias Naua, Me’phaa, o Na Xavi”. Ahí la posesión de la tierra es ejidal y comunal.
La ciudad de Tlapa de Comonfort es la entrada a los ejidos de la Montaña. A partir de ahí, sube y se ramifica una serie de senderos de terracería, escarpados y angostos que se entretejen por extensas áreas llenas pinos, encinos, asi como huertas de café, plátano, mango, y diversos arboles frutales. Ahí la flora es muy diversa.
En sus bosques habitan animales como el venado, el pájaro bandera, armadillo, el puma de montaña, tejón, jabalí, el tucán de montaña, e incluso, los pobladores aseguran que aún hay presencia de jaguares.
A lo alto, en medio de las comunidades San Miguel del Progreso, Paraje Montero, Ilieateco y Guadalupe, se ubica el cerro más elevado de la región: El Telpizahuatl.
No es un cerro cualquiera: para los pobladores es un lugar sagrado donde vive San Marcos [Ajkhunn, en lengua madre], la deidad que representa el rayo; es el que los protege, al que adoran y al que los sabios y sabias comunitarias llamados los “principales” [Xiñaa, en lengua materna] le rezan para pedir que lleguen las lluvias y las buenas cosechas.
En la Montaña la economía se basa en la agricultura de autoconsumo, principalmente la derivada de la siembra de maíz, café, y árboles frutales. Las comunidades se rigen por sus propios usos y costumbres que conservan desde tiempos inmemoriales, explica Ángel Contreras Solano, uno de los pobladores de San Miguel del Progreso y autoridad en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de Territorio (CRAADT).
En 2010, los habitantes de San Miguel el Progreso empezaron a ver que aeronaves sobrevolaban sus terrenos en busca de minerales, cuenta Miguel Santiago Lorenzo, presidente del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT).
“Los aviones y los helicópteros traían aparatos colgados con los que estaban detectando minerales en nuestra región”, recuerda.
Los pobladores dedujeron que realizaban labores de exploración cuando funcionarios, principalmente de la Procuraduría Agraria, empezaron a promover a las empresas mineras en la región, detalla Ángel Contreras Solano, secretario del CRAADT.
Los funcionarios federales trataban de animar a los comuneros para “rentar” sus tierras a la minería con la promesa de “beneficios” y progreso. Pero pronto se darían cuenta que –como los españoles con los aztecas– el supuesto desarrollo era sólo “espejitos”.
“No fue la empresa la que venía a vernos sino el Gobierno federal por medio de la Procuraduría Agraria los que venían. Ellos ofrecían servicios o animaban a las autoridades agrarias [las comunales] para que entraran a los proyectos [mineros], pero eran proyectos con otras finalidades,” narra Contreras Solano.
En ese tiempo, Anastasio Basurto Contreras presidía el Comisariado de Bienes Comunales [del periodo de 2010 a 2013] de San Miguel del Progreso, la máxima autoridad en la comunidad.
Anastasio reitera que personal de la Procuraduría Agraria se contactó con él para informarle que en esas tierras podría haber minerales valiosos, como oro y plata, y que los comuneros podrían venderlos.
“Ellos [los de la Procuraduría Agraria] decían que iban a ser los intermediarios para que nuestras piedras las vendiéramos a mejor precio. Y hasta me dijeron: ‘mira ahí esta el comisariado de allá [otra comunidad] que ya va a firmar el convenio’”, relata el poblador.
Anastasio platica que funcionarios federales le pidieron que llevara unas piedras para analizarlas. Él llevo algunas muestras a las oficinas de la Procuraduría Agraria en Tlapa. Ahí le solicitaron 800 pesos para pagar los análisis y determinar que minerales tenían, pero él se negó a pagar.
–No tenemos dinero –, le dijo a un funcionario, se retiró del lugar y dejó ahí las piedras, recuerda el comunero.
El sacerdote Melitón Santillán fue el primero que advirtió a los comuneros que la minería provocaba daños irreversibles.
Don Anastasio convocó a una reunión de asamblea en la comunidad, pues ahí todas las decisiones se toman de manera colectiva. Frente a la asamblea, integrada por los pobladores, los ex comisionados, concejales y los principales, planteó la propuesta y la advertencia.
Los pobladores de San Miguel del Progreso cuentan que los “Principales” decidieron subir al Telpizahuatl para rezar y pedir consejo a San Marcos. Fue entonces que optaron por buscar apoyo e información y pidieron ayuda a sacerdotes, y activistas, tanto de Tlachinollan como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
“Nosotros, aquí en la comunidad pensábamos –al inicio– que nada más iban hacer unos agujeros y sacar el mineral; pero ya viendo las diapositivas que nos enseñaron los de Tlachinollan nos dimos cuenta que era mucho el daño. Que destruyen montañas, ríos y todo eso”, agrega Anastasio Basurto.
El entonces Comisariado regresó a las oficinas gubernamentales convencido de rechazar la exploración minera. Allí, recuerda Basurto, uno de los funcionarios le dijo –mientras señalaba las muestras de cada una de las comunidades de La Montaña– que la piedras tenían oro, plata, níquel y fierro.
Anastasio rememora que lo enfrentó.
–Sí pero, ¿sabe qué?, el pueblo ya no quiere vender sus piedras –le dijo.
Luego tomó las rocas y se retiró.
La comunidad realizó solicitudes de información a la Secretaría de Economía con apoyo de abogados y activistas de Tlachinollan. Era 2011. Ahí fue cuando confirmaron que su territorio fue concesionado a Hochschild Mining, la minera que opera con capital inglés.
“Ya habían concesionado todo este territorio desde el Gobierno de Felipe Calderón”, agrega Anastasio Basurto.
La Secretaría de Economía (SE) había otorgado, sin la autorización ni consulta de las comunidades indígenas, dos concesiones para exploración y explotación: una bajo el título 232560 con el nombre Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas bajo el título 236861.
Corazón de Tinieblas era la más grande, con una extensión de 43 mil 759 hectáreas y afectaría a más de 12 núcleos agrarios, entre ellos el de San Miguel del Progreso.
La comunidad buscó asesoría de los activistas para enfrentar la amenaza minera.
“Ellos mismos, los de Tlachinollan, nos dijeron que podíamos levantar una acta en la Asamblea contra la minería”, comentó Anastasio Basurto.
El 17 de abril de 2011, realizaron una Asamblea General de Comuneros que cumplió todos los requisitos establecidos en la Ley Agraria vigente. En esa asamblea levantaron un acta de rechazo a la actividad minera en su comunidad. Después solicitaron la inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional (RAN), quien aceptó la inscripción en septiembre de 2012.
Además, se conformó el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) tras la apabullante amenaza de las transnacionales y nacionales, incluso de las farmacéuticas que están interesadas en crear medicinas usando plantas que tienen en su territorio, detalla Artemio Flores Solano, integrante del área de Fortalecimiento Territorial de San Miguel Progreso.
El CRAADT, hoy en día, está integrado por 25 núcleos agrarios, que aglomeran a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica.
“En total somos como 37 núcleos agrarios, pero los activos, los que están en todas la reuniones son 25. Contamos con más de 300 comunidades”, agrega Miguel Santiago Lorenzo, líder de CRAADT.
RECHAZO A LA MINERÍA
En Júba Wajiín tienen claro que si permiten los nuevos proyectos de extracción minera tendrán como consecuencia la devastación de su territorio y la contaminación, pero además traerán consigo el ingreso de la delincuencia en sus pueblos, división, enfrentamientos entre ellos y, finalmente, la desaparición de su comunidad.
La concesión Corazón de Tinieblas afectaba casi el 80 por ciento de la comunidad San Miguel del Progreso, explica Agapito Cantú Manuel, Comisariado de Bienes Comunales de 2012 al 2015. Fue en su periodo cuando se interpuso el primer amparo.
“Más de tres cuartas partes de nuestro territorio se iba a destruir, casi todo el pueblo”, asegura.
La devastación que ha dejado la explotación minera en El Carrizalillo, Guerrero, fue un claro ejemplo para los comuneros de San Miguel el Progreso.
Valerio Mauro Amado Solano, actual Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, relata que varios pobladores, con el acompañamiento de activistas, acudieron a las instalaciones de la mina El Carrizalillo para conocer su experiencia. Al ver los estragos, decidieron pelear y rechazar tajantemente la mina para evitar una depredación similar a la que padece el Ejido de Carrizalillo.
“La gente de ahí (El Carrizalillo) ya no vive tranquila. Todo eso nos sirvió para que nosotros nos negáramos a la mina”, detalla Valerio Mauro.
“Las mineras gastan mucha agua, contaminan con cianuro. Hemos ido a Carrizalillo para observar cómo lo explotan, cómo contaminan los grandes empresarios. El Comisariado de ahí nos informó que sí contaminan mucho el agua, el aire: que de cinco de la mañana a seis de la tarde explotan dinamita para quebrar las piedras y que hay muchos enfermos, que nacen niños prematuros. Toda esa información nos sirvió para informar a nuestra gente, para que se hiciera conciencia de que no se explotara nuestros recursos naturales”, agrega Agapito Cantú.
Artemio Flores reafirma convencido: “la forma cómo sacan [el oro] y cómo funciona la minería nos va afectar, donde hay minas hay cáncer… hay muchas enfermedades”.
En la región de la Montaña existen 44 concesiones mineras que fueron otorgadas por el Gobierno federal a diferentes empresas para actividades de exploración y explotación minera. Del total concesiones, 22 fueron canceladas y 22 están vigentes.
En plena temporada de huracanes, habitantes de San José de Gracia viven con el miedo de que la presa de jales mineros se derrumbe y acabe con su pueblo, localizado en una zona remota de la Sierra Madre Occidental en el municipio de Sinaloa.
Y no sólo eso: ven el riesgo de que la contaminación generada con la presencia de metales pesados alcance la presa Bacurato, que abastece los valles agrícolas de Sinaloa de Leyva y Guamúchil y da sustento a cientos de pescadores.
El represamiento forma parte de los procesos de extracción de oro de Dyna Resource de México SA de CV, una compañía de origen estadounidense que posee las concesiones relacionadas al distrito minero de San José de Gracia, con una cobertura de 69 mil 133 hectáreas de acuerdo con datos de su página de Internet.
“La presa de jales se encuentra justo en el río San José, con alto riesgo de derrame en un periodo de tormenta, cuya aureola podría arrasar mínimo tercera parte del pueblo y sus habitantes, además de dejar una seria contaminación que se extendería hasta la presa Bacurato”, denunció a Noroeste uno de los afectados.
Asegura que por documentar las irregularidades ha recibido amenazas de los representantes de Dyna Resources, por lo que pidió dar su testimonio de manera anónima. Para respaldar sus afirmaciones, mostró una serie de documentos y fotografías en las que se observa la operación de la mina.
Al mostrar un estudio técnico en vinculación con la Norma 141 de la Semarnat 2003, la fuente asegura que la empresa minera incumple con las regulaciones ambientales referentes al diseño, construcción y manejo de este tipo de represas.
Carece de los estudios hidrológicos y geotécnicos adecuados: análisis de tránsito por vaso, canales pluviales derivadores, periodos de tormenta máxima y bordo de contención. Pero también de estudios básicos como el uso de suelo y de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Ante esto, expone el informe, el agua que se acumule entre el bordo noroccidental de la presa derivado de la zona de alta energía podrá colapsar la presa de jales, durante una tormenta o ciclón.
Y luego advierte: Si la presa alcanza el punto de colapso, alrededor de 300 mil toneladas y miles de metros cúbicos de agua se combinarían en un alud arrasando con parte del poblado de San José de Gracia.
De llegar a este escenario, “la avalancha de agua y lodo podría arrastrar y ahogar a personas y animales, destruir el Sistema Ambiental Regional, asentamientos humanos y dañar durante mucho tiempo las actividades productivas aguas abajo del río”.
Si esto es grave, hay más acusaciones contra la compañía norteamericana: no realizar consulta a los tarámaris que habitan en la zona; perforar pozos de agua sin permiso de aguas nacionales; violaciones al derecho laboral; y operar en la ilegalidad.
Se intentó conocer la postura del representante legal de Dyna Resources, José Vargas Lugo, pero no fue posible hacer contacto telefónico con él, a pesar de la insistencia de este medio informativo.
NO USA SUSTANCIAS TÓXICAS: PROFEPA
Cuestionado sobre el caso San José de Gracia, el delegado de la Profepa en Sinaloa, Jesús Tesemi Avendaño, dio a conocer que es una problemática añeja que ha resurgido los últimos dos meses.
Esta dependencia mantiene vigilancia en el manejo de residuos peligrosos, daño ambiental y la Norma 141, referente a las presas de jales.
En contradicción con los inconformes, el funcionario afirma que el proceso de la mina no utiliza sustancias tóxicas o peligrosas.
“Como en el caso de la mina de Río Tinto en Urique, Chihuahua, el proceso de producción de la mina no implica el uso de sustancias tóxicas o peligrosas que puedan permanecer en los jales y representar un riesgo para el medio ambiente y la población”, señaló.
Descartó que se trate de un caso de minería ilegal, ya que la compañía cuenta con permisos y verificaciones.
La más reciente inspección se documentó el pasado 15 de junio, en atención a la denuncia de empresarios sinaloenses de la minera Goldgroup, quienes se ostentaban como socios al 50 por ciento de de San José de Gracia y presentaron un informe para exigir la reubicación de la presa de beneficios ante los inminentes riesgos.
Pero al momento de la inspección, indica el comunicado: la empresa “no descargaba aguas residuales a ningún cauce o cuerpo de agua federal, ya que las aguas del proceso son de circuito cerrado y se recuperan mediante dos cárcamos de rebombeo que se encuentran dentro de la presa de jales, la cual al momento de la inspección se encontraba a un 10 por ciento de su capacidad”.
Sobre el peligro de derrumbe, Tesemi Avendaño indicó que le corresponde a Protección Civil del estado realizar una evaluación y tomar las medidas necesarias. Lo mismo que la Comisión Nacional del Agua tiene responsabilidades en lo relativo al uso de los mantos freáticos y cuerpos de agua.
Cientos de ciudadanos se manifestaron en las afueras del palacio de gobierno para expresar su rechazo al proyecto minero Los Cardones, que pretende extraer oro en la sierra La Laguna.
Cerca de 150 personas, en su mayoría acarreados de las colonias de la periferia de La Paz, se llevó a cabo la manifestación en pro de la minería a cielo abierto.
En Baja California los defensores del agua y de la vida reanudaron las movilizaciones en contra de la instalación de la mina Los Cardones en la Sierra de La Laguna. Así evangélicos, ganaderos, pescadores, estudiantes, artistas, refrendaron la representatividad del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida. Piden entrevistarse con Gobernador y los recibe otro funcionario.
“Esperamos que (el nuevo Gobierno) muestre compromiso con la actividad, deberían de revisar la estructura fiscal porque el impuesto minero fue un golpe muy fuerte para la industria, ojalá evalúen que los impuestos en México son más altos que en otros países”, así lo declaró Michael Harvey, directivo de Goldcorp, la minera canadiense que acumula denuncias por contaminación y por consumir grandes volúmenes de agua en el país a costa del medio ambiente e incluso la salud de las poblaciones donde opera sus minas.
Después de 10 años, la ciudadanía de La Paz no quiere que la minera Los Cardones opere.
La empresa minera de Pinzán Morado entregó a la Secretaría de Protección Civil de Guerrero y al Ayuntamiento de Coyuca de Catalán los planos de los túneles que excavaron, en los que se confirma que uno de ellos atraviesa una zona habitada donde hay al menos 10 viviendas y una telesecundaria en riesgo.
El tema de la minería tóxica vuelve a tomar fuerza en el lado sur de la Península de Baja California Sur; asociaciones, grupos sociales, civiles y artistas han tomado el tema como suyo, para concientizar sobre lo que advierten “un crimen ecológico y daño irreversible”, si se aprueba el cambio de uso de suelo a favor de una empresa minera.
La Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, en el ejercicio de sus responsabilidades y facultades, coadyuven en la aparición con vida del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de las comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Sergio Rivera Hernández desapareció la tarde del 23 de agosto cuando iba de regreso a su comunidad Coyolapa, Municipio de San Pedro Zoquitlán en una moto, la cual fue arrollada por una camioneta sin dejar rastros de él.
Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.
En plena temporada de huracanes, habitantes de San José de Gracia viven con el miedo de que la presa de jales mineros se derrumbe y acabe con su pueblo, localizado en una zona remota de la Sierra Madre Occidental en el municipio de Sinaloa.