Mexico

Territorio común

Cuando defender la tierra es defender la vida

Una niña de ocho años se emociona, toma aire y suelta el grito. Su voz no está sola. Es mediodía del sábado 17 de marzo y una multitud se escucha en la cancha de futbol de Santa María Sotoltepec: “No a la mina. Sí a la vida”.

Quienes hoy levantan la voz son pobladores de varios rincones de la Sierra Norte de Puebla. Llegaron en coches, camionetas de redilas, pick-up, motocicletas e, incluso, pedaleando una bicicleta durante más de dos horas.

Son casi una centena de vehículos los que dan forma a esta “Caravana por la vida”. No es una simple ocurrencia que esta peregrinación de automóviles se detenga en Santa María. Aquí la empresa canadiense Almaden Minerals instaló sus oficinas, después de que el gobierno mexicano le otorgó concesiones para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Uno de los cerros vecinos a esta comunidad, ese que está junto al que tiene forma de mesa, fue elegido para hacer ahí el tajo de la mina a cielo abierto.
Desde hace más de siete años, los habitantes de la Sierra Norte de Puebla mantienen viva una resistencia en contra de minas, hidroeléctricas y otros proyectos que, tanto gobierno como empresas, han querido imponer en este territorio atiborrado de cerros, en donde los ríos nacen discretos, pero también llegan a ser caudalosos. Una región habitada por comunidades tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizas. Tres voces distintas unidas en un mismo coro: “No a los proyectos de muerte.”

Y eso se mira este sábado de marzo. En la “Caravana por la Vida” hay gente de Olintla, Libres, Zautla, Tetela de Ocampo, Cuetzalan, Ocotepec, Chiconcuautla y otros municipios de Puebla. Muchos son campesinos; otros estudiantes, maestros, niños, amas de casa, comerciantes o migrantes que siempre regresan a la tierra donde nacieron.

La “Caravana por la vida” deja la cancha de futbol de Santa María. Los vehículos toman la carretera que lleva a San Francisco, cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán. Si se les mirara desde la cima de uno de estos cerros, parecerían hormigas que avanzan, una tras otra, hacia su objetivo.

La niña de ocho años viaja en una de las camionetas pick-up que van a la retaguardia de la caravana. Al llegar a San Francisco, sus gritos se avivan. Cuando ingresa a la cancha de basquetbol con techo de lámina —espacio que también funciona como plaza pública—, su voz retumba: “Zapata vive, vive. La lucha sigue, sigue”. Esa vieja consigna que la niña grita a todo pulmón ha tomado nuevos aires entre los cerros, los ríos y las comunidades de la Sierra Norte de Puebla.

El espíritu del río

Entre algunos totonacos hay una creencia: al medio día, no se puede cruzar un río. No se hace porque a esa hora ahí está su espíritu. Cuando pasa el medio día, antes de cruzar, es necesario lavarse manos y cara, además de tomar un poco de esa agua que corre. Sólo entonces se puede pasar al otro lado de la corriente. Eso es lo que abuelos y padres enseñan a sus nietos e hijos: al río hay que respetarlo.

Los campesinos totonacos que tienen tierras a las orillas del río Ajajalpan —en la parte occidental de la Sierra— se preocuparon cuando el entonces presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo, los citó para convencerlos de que vendieran sus terrenos.

—Nos dijeron que iba a haber mucho dinero. —recuerda Miguel Sánchez Olvera, totonaco de la comunidad de Bibiano Hernández, municipio de Olintla— Nosotros sospechábamos, decíamos: “como que esto huele mal, como para qué tanto terreno”. Una compañera comentó que la Cooperativa Tosepan estaba muy organizada, que fuéramos con ellos a Cuetzalan para preguntar qué sabían de esto. Fue un grupo y cuando regresaron nos informaron que había planes de hacer una hidroeléctrica. Nosotros no sabíamos qué era eso. Empezamos a aprender, a saber, a conocer sobre eso de las hidroeléctricas.

En Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla, aún se cuenta lo que sucedió el 5 de diciembre de 2012. Ese día, ocho mujeres se pararon frente al bulldozer para evitar que continuara abriendo camino, para impedir que se hiciera una carretera.

—La máquina no pasa —dijeron esas mujeres a las que, poco a poco, se les fueron uniendo otros pobladores de comunidades vecinas. Para ellos, permitir la carretera era abrir la puerta a la hidroeléctrica que Grupo México planeaba levantar en el río Ajajalpan.

La oposición a la hidroeléctrica se mantuvo. No importó que el 26 de enero de 2013, se prendieran grandes fogatas para impedir que salieran de Ignacio Zaragoza las personas que llegaron para apoyar a los que se oponían a los planes de Grupo México. Mucho menos funcionó que el presidente municipal dijera que todos aquellos que no permitían la hidroeléctrica eran “indios” que no entendían que ese proyecto llevaría el desarrollo a sus tierras.

—Fue una lucha a ras de suelo —recuerda Miguel Sánchez.

En octubre de 2013, Grupo México anunció la cancelación de la hidroeléctrica en el río Ajajalpan.

—No lo celebramos. Para qué celebrábamos si esto apenas empezaba. —dice Miguel—

Resistencia con raíces

Cuando se recorren los caminos de la Sierra Norte de Puebla no es extraño escuchar a su gente hablar de su larga historia de resistencia, contar esos relatos que se transmiten, de generación en generación, cuando se trabaja en la milpa o cuando se toma café frente a un fogón.

En el siglo XIX, en estas tierras se venció y se hizo retroceder a los invasores franceses. Entre las lomas aún hay vestigios de los fuertes que se hicieron entonces.

A principios del siglo XX, estos cerros fueron testigos de batallas en la Revolución y varios aún recuerdan los nombres de quienes se enrolaron en las filas de Emiliano Zapata.

Cuando era niña, la profesora Rosa Martínez Reyes aprendió de “los mayores” como predecir la lluvia con sólo mirar hacia los cerros que rodean Tlamanca:

—Cuando va a llover, haga de cuenta que en el cerro se forma una franja como de neblina. Entonces la gente dice: “va a llover”. Y sí, al tercer día, llueve.

Desde la puerta de su casa, la profesora Rosa —hoy de 46 años– mira ese cerro que anuncia la lluvia y en donde, a mediados del siglo XX, había dos minas subterráneas para la extracción de oro, clausuradas cuando un derrumbe provocó la muerte de siete mineros. Recuerda que, a mediados de 2012, cuando viajaba por la carretera que llega a su comunidad, se sorprendió al mirar el cerro “como rasguñado”. Fue entonces que se enteró: la empresa de capital chino JDC Minerals tenía una concesión otorgada por el gobierno federal, con ella se instaló en el lugar para reabrir las antiguas minas y comenzar con la explotación de oro.

Tlamanca, con poco más de mil habitantes, es una comunidad del municipio de Zautla en donde la migración es una tradición. Durante varios meses los hombres viajan a la zafra en Veracruz; otros prefieren irse a Estados Unidos. Son las mujeres quienes se quedan en casa a cargo de los hijos, la cosecha de maíz y el frijol. Fueron las mujeres, junto con los jóvenes y los abuelos, quienes tuvieron la más activa participación durante los poco más de cuatro meses que duró la movilización en contra de “los chinos”, como se les llamó a los empresarios mineros que aseguraron tener, incluso, el permiso de cambio de uso de suelo otorgado por el presidente municipal.

—Nosotros decíamos: ¿por qué el presidente municipal tiene que dar el permiso? Se tiene que consultar al pueblo. Nadie nos había consultado. —comenta Catalina López— Los chinos decían que no habría afectaciones, que de aquí iban a sacar el material y en otro lado iban a procesar. Que tendríamos trabajo. Que iban a construir un hospital. Ellos nada más comentaban los beneficios, pero todo tiene ventaja y desventaja. En una asamblea repartieron refrescos y con eso nos querían convencer. Dijimos: necesitamos asesoría, que la gente que sabe de esto venga a explicarnos.

Los habitantes de Tlamanca acudieron a los maestros y estudiantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), en Zautla. Cuando en esta región no había opciones académicas, en 1982 el ex lasallista Gabriel Salom Flores impulsó la creación de esta escuela para que los campesinos e indígenas pudieran acceder a la educación media y superior. Se planteó —cuentan los primeros alumnos— como un modelo educativo que generara arraigo entre los jóvenes, que no los “descampesinara” y que contribuyera al desarrollo comunitario. El Cesder comenzó como una telesecundaria. Hoy ofrece licenciaturas y maestrías, de las cuales han egresado alrededor de 500 estudiantes de la región y de otros estados del país.

El Cesder organizó un foro para hablar de la minería a cielo abierto, una técnica que remueve la capa superficial del terreno para acceder a los yacimientos bajo la tierra y que utiliza cianuro para los procesos de separación de minerales. En esos foros se presentaron videos de comunidades en Centroamérica afectadas por este tipo de minería.

—Vimos que en todos lados donde ha entrado esa minería hay quejas, enfermedades, destrucción, divisionismo. Ya con eso pensamos: “no nos conviene”. Tuvimos que armarnos como pueblo. —recuerda Catalina López.

Tlamanca se armó con información y organización comunitaria. Se formaron comisiones para pedir apoyo en las 30 comunidades del municipio de Zautla. En asambleas se les hablaba de lo que era la explotación de oro y se les entregaban folletos con información. Se organizaron reuniones en casas para exhibir los videos sobre la minería a cielo abierto. Se hicieron foros para que la gente “narrara” lo que deseaba para sus comunidades.

—Aquí como que la gente es algo organizada: si alguien se enferma, vamos corriendo a ver en qué ayudamos. Si alguien fallece, agarras algo de tu despensa y vas a ayudar a la familia. También hacemos faenas: si se descompone un camino, todos vamos a componer el camino. Que un incendio, todos vamos a apagarlo. Cuidamos entre todos lo que hay: los caminos, el agua. Eso nos ayudó. —dice la profesora Rosa, egresada del Cesder.

El 22 de noviembre de 2012, más de cinco mil personas marcharon y realizaron una asamblea en Tlamanca, en la que se acordó que JDC Minerals tenía 24 horas para sacar su maquinaria e irse de la comunidad.

—Algunas personas —recuerda Rosa— decían: “nos van a dar trabajo y aquí el trabajo hace falta”. Pero, ¿trabajo a costa de qué? ¿De tumbar todo el cerro? ¿De secar los manantiales? La mayoría dijimos no y eso ayudó. Nosotros decíamos: “no se trata de que nos traigan dinero, es cuidar el territorio”.

—Quizá para algunos el desarrollo es hacer una carretera, una mina. Pero para nosotros ese tipo de desarrollo destruye el hábitat, el lugar donde vivimos, nos despoja de nuestra identidad, de nuestra forma de vivir. No queremos ese tipo de desarrollo. —explica Mario Rivera García. Él formó parte de la comisión encargada de divulgar la información. Tiene 26 años y está a punto de titularse del Ceder con una tesis sobre cómo los pobladores de Tlamanca sacaron a la empresa minera.

Rosa, Andrea, Catalina, Mario y Alejandro no se confían. Saben que las empresas mineras pueden regresar a Tlamanca, porque la concesión que el gobierno federal otorgó para la explotación del oro que está en su territorio es por 50 años.

En la década de los 70, los nahuas de la sierra baja utilizaron la organización comunitaria para hacer frente a los caciques, para resolver aquellas necesidades que ninguna autoridad gubernamental atendía y para abrir caminos a los proyectos autogestivos. Así, en 1977, nació la Unión de Cooperativas Tosepan —hoy agrupa a dos grupos originarios maseualmej y tutunakus de 430 comunidades y 25 municipios de la sierra y 4 de Veracruz— la cual trabaja en la producción orgánica y comercialización de café, miel, bambú y pimienta, el ecoturismo, la salud y la vivienda sustentable.

En los últimos 40 años, la Sierra Norte de Puebla ha visto nacer y florecer proyectos productivos, educativos y sociales; iniciativas que surgieron como un camino alternativo ante el abandono estatal.

A partir de 2008, la presencia del Estado comenzó a notarse con más fuerza en este territorio. En ese año, los gobiernos federal y estatal intentaron instalar, sin éxito, un proyecto turístico de gran escala en Cuetzalan.

En 2011, cuando el panista Rafael Moreno Valle ganó la gubernatura de Puebla se insistió en esos “grandes proyectos” para la Sierra Norte. En el pueblo de San Miguel, en el municipio de Zautla, se quiso construir la primera “Ciudad rural”, proyecto en el que también participaba la iniciativa privada y con el que se buscó sacar a la población de sus territorios originales y concentrarlos en espacios urbanos. Así, se dijo, se evitaría la existencia de las pequeñas localidades dispersas por la sierra.

Estos proyectos —los grandes hoteles y las “Ciudades rurales”— se toparon con la oposición de la gente y no prosperaron. Pero fueron el anuncio de lo que vendría para la Sierra.

Mapeos realizados por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) —el cual realiza trabajo en la sierra desde 2009—, la Tosepan y otras organizaciones no gubernamentales muestran que poco más de la mitad del territorio de la Sierra Norte de Puebla ha sido concesionado y se han otorgado permisos para instalar mineras, hidroeléctricas e, incluso, realizar extracción de hidrocarburos utilizando la técnica conocida como fracking.

Hasta ahora, sólo una hidroeléctrica, la llamada Atexcaco, ha sido inaugurada. Eso sucedió a finales de 2011, en el cauce del río Apulco que corre por los municipios de Tlatlauquitepec y Teziutlán. Es una hidroeléctrica construida por una empresa minera: Grupo Ferrominero.

Ninguna autoridad informó a los habitantes de la sierra sobre los planes que gobierno y empresas tenían para su territorio. Tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizos se enteraron cuando ingenieros, trabajadores, “gente de afuera” comenzaron a recorrer sus campos, perforar sus terrenos, atravesar sus ríos y subir a sus cerros.

La defensa de Tlamanca

Cuando era niña, la profesora Rosa Martínez Reyes aprendió de “los mayores” como predecir la lluvia con sólo mirar hacia los cerros que rodean Tlamanca:

—Cuando va a llover, haga de cuenta que en el cerro se forma una franja como de neblina. Entonces la gente dice: “va a llover”. Y sí, al tercer día, llueve.

Desde la puerta de su casa, la profesora Rosa —hoy de 46 años– mira ese cerro que anuncia la lluvia y en donde, a mediados del siglo XX, había dos minas subterráneas para la extracción de oro, clausuradas cuando un derrumbe provocó la muerte de siete mineros. Recuerda que, a mediados de 2012, cuando viajaba por la carretera que llega a su comunidad, se sorprendió al mirar el cerro “como rasguñado”. Fue entonces que se enteró: la empresa de capital chino JDC Minerals tenía una concesión otorgada por el gobierno federal, con ella se instaló en el lugar para reabrir las antiguas minas y comenzar con la explotación de oro.

Tlamanca, con poco más de mil habitantes, es una comunidad del municipio de Zautla en donde la migración es una tradición. Durante varios meses los hombres viajan a la zafra en Veracruz; otros prefieren irse a Estados Unidos. Son las mujeres quienes se quedan en casa a cargo de los hijos, la cosecha de maíz y el frijol. Fueron las mujeres, junto con los jóvenes y los abuelos, quienes tuvieron la más activa participación durante los poco más de cuatro meses que duró la movilización en contra de “los chinos”, como se les llamó a los empresarios mineros que aseguraron tener, incluso, el permiso de cambio de uso de suelo otorgado por el presidente municipal.

—Nosotros decíamos: ¿por qué el presidente municipal tiene que dar el permiso? Se tiene que consultar al pueblo. Nadie nos había consultado. —comenta Catalina López— Los chinos decían que no habría afectaciones, que de aquí iban a sacar el material y en otro lado iban a procesar. Que tendríamos trabajo. Que iban a construir un hospital. Ellos nada más comentaban los beneficios, pero todo tiene ventaja y desventaja. En una asamblea repartieron refrescos y con eso nos querían convencer. Dijimos: necesitamos asesoría, que la gente que sabe de esto venga a explicarnos.

Los habitantes de Tlamanca acudieron a los maestros y estudiantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), en Zautla. Cuando en esta región no había opciones académicas, en 1982 el ex lasallista Gabriel Salom Flores impulsó la creación de esta escuela para que los campesinos e indígenas pudieran acceder a la educación media y superior. Se planteó —cuentan los primeros alumnos— como un modelo educativo que generara arraigo entre los jóvenes, que no los “descampesinara” y que contribuyera al desarrollo comunitario. El Cesder comenzó como una telesecundaria. Hoy ofrece licenciaturas y maestrías, de las cuales han egresado alrededor de 500 estudiantes de la región y de otros estados del país.

El Cesder organizó un foro para hablar de la minería a cielo abierto, una técnica que remueve la capa superficial del terreno para acceder a los yacimientos bajo la tierra y que utiliza cianuro para los procesos de separación de minerales. En esos foros se presentaron videos de comunidades en Centroamérica afectadas por este tipo de minería.

—Vimos que en todos lados donde ha entrado esa minería hay quejas, enfermedades, destrucción, divisionismo. Ya con eso pensamos: “no nos conviene”. Tuvimos que armarnos como pueblo. —recuerda Catalina López.

Tlamanca se armó con información y organización comunitaria. Se formaron comisiones para pedir apoyo en las 30 comunidades del municipio de Zautla. En asambleas se les hablaba de lo que era la explotación de oro y se les entregaban folletos con información. Se organizaron reuniones en casas para exhibir los videos sobre la minería a cielo abierto. Se hicieron foros para que la gente “narrara” lo que deseaba para sus comunidades.

—Aquí como que la gente es algo organizada: si alguien se enferma, vamos corriendo a ver en qué ayudamos. Si alguien fallece, agarras algo de tu despensa y vas a ayudar a la familia. También hacemos faenas: si se descompone un camino, todos vamos a componer el camino. Que un incendio, todos vamos a apagarlo. Cuidamos entre todos lo que hay: los caminos, el agua. Eso nos ayudó. —dice la profesora Rosa, egresada del Cesder.

El 22 de noviembre de 2012, más de cinco mil personas marcharon y realizaron una asamblea en Tlamanca, en la que se acordó que JDC Minerals tenía 24 horas para sacar su maquinaria e irse de la comunidad.

—Algunas personas —recuerda Rosa— decían: “nos van a dar trabajo y aquí el trabajo hace falta”. Pero, ¿trabajo a costa de qué? ¿De tumbar todo el cerro? ¿De secar los manantiales? La mayoría dijimos no y eso ayudó. Nosotros decíamos: “no se trata de que nos traigan dinero, es cuidar el territorio”.

—Quizá para algunos el desarrollo es hacer una carretera, una mina. Pero para nosotros ese tipo de desarrollo destruye el hábitat, el lugar donde vivimos, nos despoja de nuestra identidad, de nuestra forma de vivir. No queremos ese tipo de desarrollo. —explica Mario Rivera García. Él formó parte de la comisión encargada de divulgar la información. Tiene 26 años y está a punto de titularse del Ceder con una tesis sobre cómo los pobladores de Tlamanca sacaron a la empresa minera.

Rosa, Andrea, Catalina, Mario y Alejandro no se confían. Saben que las empresas mineras pueden regresar a Tlamanca, porque la concesión que el gobierno federal otorgó para la explotación del oro que está en su territorio es por 50 años.

Cuidar lo de todos

En las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, las asambleas son algo serio.  Son la herencia de una forma de organización indígena-campesina. Son el espacio donde se informa, donde se reparten las tareas. Las asambleas han sido una de las principales herramientas de resistencia que se tienen en la Sierra Norte de Puebla.

—Para nosotros las asambleas son un órgano de gobierno. —dice Miriam Bautista, habitante de la comunidad de Talcozamán, municipio de Tetela de Ocampo— Son un espacio en donde se toman decisiones que tienen que ser respetadas.

En asambleas se decidió formar la Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad. En Cuetzalan, mediante asambleas comunitarias, se formó el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC). La primera organización nació ante el rechazo comunitario a los planes de gran turismo en la zona; la segunda surgió para que las comunidades participaran en normar los usos de suelo.

El COTIC se parió con la asesoría del Centro Universitario para la Prevención de Desastres (CUPREDER), de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y se consolidó con las organizaciones existentes en Cuetzalan desde hace 40 años, sobre todo, retomando la experiencia que se tenía con los comités comunitarios del agua. Esta organización se integró de tal forma que la participación comunitaria es mayoritaria y sus decisiones deben ser respetadas por las autoridades. Su primera acción fue hacer un Ordenamiento Territorial que prohíbe cualquier tipo de megaproyecto en el municipio.

Cuando las noticias sobre las mineras e hidroeléctricas llegaron a la región, el COTIC no se quedó callado:

—Lo que hicimos, como parte del ordenamiento territorial, fue informar a la gente de los barrios sobre estos proyectos. Que sepan qué son, hasta qué grado son riesgosos para nuestra vida, nuestra salud, nuestra naturaleza y también para nuestra cultura. —recuerda Rufina Villa, indígena náhuatl, originaria de Cuetzalan y miembro del órgano ejecutivo del COTIC.

—Nos dimos cuenta que necesitábamos estudiar y entender en qué consisten esos proyectos. Cuando tuvimos esos datos, hicimos todo un proceso de información en las comunidades, porque sin información no podemos tomar decisiones, no podemos actuar y es nuestro derecho. Es un derecho que se nos niega, porque las empresas ocultan información. Nosotros dijimos: es un derecho que tenemos, lo vamos a reclamar y a ejercer —dice Leonardo Durán, asesor y miembro de la Tosepan y del órgano técnico del COTIC.

En asambleas, las comunidades totonacas dispersas a lo largo de las cuencas de los ríos Ajajalpan y Zempoala comenzaron a hablar de cómo defender la tierra y el agua. Después de que detuvieron la hidroeléctrica que buscaba levantar Grupo México, decidieron formar la organización Tutunakú, en la cual hoy participan pueblos de seis municipios. Su defensa del territorio también va de la mano con el fortalecimiento de su identidad indígena.

En asambleas, diferentes organizaciones impulsaron la formación del Consejo Tiyat Tlali para coordinar las acciones en defensa del territorio. El consejo se integra por organizaciones tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizas de la sierra, entre ellas Imdec, el Cesder, la Tosepan, la Unidad Indígena Nahuatl Totonaca, entre otras.

—Somos tres pueblos trabajando juntos: el pueblo maseual, el pueblo tutunaku y el pueblo mestizo. —explica Aldegundo González, director del centro de formación Kaltaixpetaniloyan de la Tosepan, actual presidente del COTIC y miembro del Consejo Tiyat Tlali— Caminamos juntos porque si algo afecta a un pueblo, nos va a afectar a todos. Los que habitamos acá estamos interconectados con nuestro entorno. De acuerdo con nuestra cosmovisión, todo lo que nos rodea tiene un sentido y está relacionado: las plantas, el aire, el agua, el subsuelo.

En asambleas decidieron aliarse con organizaciones no gubernamentales para hacer estudios y contar con información técnica.

En asamblea, los comités de defensa del agua determinaron crear el Consejo Maseual para la gestión municipal del agua en Cuetzalan. Además, se acordó exigir a los alcaldes que declaren a su municipio “libre de megaproyectos”. Hasta ahora, esta declaratoria se ha realizado en, por lo menos, seis lugares de la sierra: Zacapoaxtla, Xochiapulco, Cuetzalan, Zoquiapan, Tuzamapan y Ayotoxco.

En una asamblea —aquella que se realizó el 7 de septiembre de 2014 y en donde participaron poco más de tres mil personas— se integró el Consejo Maseual Altepetajpianij (“Guardianes del Territorio”) con representantes de 32 comunidades de los municipios de Cuetzalan, Yaonahuac y Tlatlauquitepec. A sus reuniones han llegado a participar hasta 223 pueblos, de 19 municipios.

En marzo de 2015, este consejo presentó una demanda de amparo en contra de tres concesiones mineras que se otorgaron a empresas del Grupo Ferrominero: Minera Autlán y Minas de Santa Martha. Gracias a ese amparo se ha logrado, hasta ahora, que no se realicen trabajos de exploración y explotación.

En este proceso legal, las comunidades son acompañadas por el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), organización que con este litigio quiere prevenir que se instalen minas en la parte alta de esta cuenca hidrológica, zona vital para la conservación ecológica de toda la región, explica el abogado Xavier Martínez.

—Con todas las sustancias químicas que ellos ocupan para lavar sus metales dañan el agua, la tierra, el aire y eso provoca enfermedades, provoca muerte. Todo eso no lo queremos en nuestra comunidad, con nuestra gente. Nosotros nos alimentamos de los quelites, ocupamos las plantas medicinales que se dan en los lugares donde vivimos y los podemos ocupar porque sabemos que están limpios, que no están contaminados, pero con este tipo de proyectos ya no podríamos ocupar ni las plantas medicinales ni consumir los quelites. —dice Rufina Villa, integrante del COTIC.

—Queremos que respeten nuestra forma de vida y la relación que tenemos con el bosque, el agua, los ríos. Para nosotros, la montaña no es un montón de tierra con oro. Estamos ante la defensa de un modo de vida, de una cultura, y eso implica defender el medio en el que se desarrolla esa cultura. —explica Alejandro Marreros, asesor del Cesder.

Entubar la vida

Como si se tratara de un tesoro que está bajo su resguardo, el profesor Alfredo Hernández Pineda coloca en la mesa cada una de las hojas que poco más de 500 pobladores de la comunidad de Zoquiapan firmaron el 28 de marzo de 2013. Ese día, a las 13:22 horas, se reunieron en el auditorio para exigirle al presidente municipal, Esteban Pérez Rivera, que respetara la decisión de la mayoría y no se permitiera ningún megaproyecto en su municipio.

Semanas antes, lo pobladores habían visto a ingenieros llegar a su comunidad y tomar medidas en algunos terrenos cercanos al río que conocen desde que nacieron; se enteraron que existían planes para construir y operar durante 60 años el Proyecto Hidroeléctrico San Antonio en el Zempoala, afluente que pasa por varias comunidades de la sierra y desemboca en el Golfo de México.

Los pobladores nahuas de Zoquiapan no fueron los únicos que se movilizaron en contra de esta hidroeléctrica que entubaría parte de su río, hasta canalizarlo a la central de turbinas para generar electricidad. Comunidades de cuatro municipios más también se opusieron. Para asesorarse, sus representantes fueron a Olintla a preguntar cómo le habían hecho para sacar a Grupo México.

—Acá ni siquiera tenían los permisos necesarios y ya estaban con sus máquinas queriendo entrar. Pero toda la gente se opuso y no se permitió. —recuerda el profesor Alfredo— Nosotros, en las comunidades, nunca somos consultados. Nada más nos dicen: “ahí va esto, recíbelo, te guste o no”.

Como muchos de sus vecinos, el profesor Alfredo tiene plantíos de café. Sus cultivos —explica— se vendrían abajo si se entuban los ríos que propician la niebla que, todas las tardes, cubre los cerros y las comunidades en la sierra baja.

El proyecto de la hidroeléctrica en el río Zempoala se detuvo, pero no se canceló. En 2017, Generación Eléctrica San Antonio S.A. de C.V. presentó una Manifestación de Impacto Ambiental a la Semarnat, la cual aún está en evaluación. Además, la empresa —con ayuda de quienes en algún momento ocuparon cargos públicos en el municipio— ha tratado de convencer a los campesinos de que vendan las tierras que están en la ribera del Zempoala.

—Nosotros —explica el profesor Alfredo— siempre hemos estado con el agua, con la naturaleza, por eso hemos luchando para conservar todo lo que tenemos, porque nosotros somos los que custodiamos lo que hay aquí. Si fuéramos destructores ya no hubiera vegetación. Nosotros vivimos del campo, sembramos maíz, frijol, café, plátanos… La tierra nos da de comer. Si no tenemos tierra, ¿a dónde vamos a ir a parar? Con los 12 mil pesos que están ofreciendo por los terrenos, ¿a dónde vamos a ir a dar?

—Estas empresas buscan dividir a las comunidades. Lo primero que hacen es buscar a un grupo de personas dentro de la comunidad, a través de las cuales puedan operar. Les ofrecen apoyos, becas y trabajo. —comenta Silvia Villaseñor, del Imdec, organización de la sociedad civil presente en la sierra norte de Puebla a partir de 2009.

En Ahuacatlán y San Felipe, comunidades que conviven con la parte alta del río Ajajalpan, también se enteraron que la empresa Deselec 1—del grupo Comexhidro—planeaba entubar parte del afluente para dar forma al proyecto hidroeléctrico Puebla I.

Este proyecto contempla una cortina de 60 metros de altura y entubar el río en un tramo de, por lo menos, cuatro kilómetros. El gobierno ya le entregó a la empresa una concesión para el uso de 11 mil litros de agua por segundo, durante 15 años. La electricidad que se generaría con este proyecto es sólo para el uso de empresas privadas —WalMart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips, Suburbia, Colchas México y una persona llamada Ileana Jinich Mekler—, de acuerdo con el permiso E71067/AUT/2013 otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.

En su página de internet, la Secretaría de Energía difunde documentos sobre una “Consulta a comunidades nahuas y totonacas sobre Proyecto Hidroeléctrico (Puebla)”. Silvia Villaseñor, del Imdec, explica que se trata de una “simulación de consulta”, ya que sólo se trata de reuniones que no cumplen con los lineamientos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, el cual marca que no se pueden realizar estos proyectos en los territorios indígenas sin una consulta previa, libre e informada.

Fue por ello que pobladores de las comunidades de los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán —representadas por el Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar— presentaron una demanda de amparo en contra del Puebla I por violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y otros derechos humanos, como el derecho al agua, al medio ambiente sano y al territorio, entre otros.

En abril de 2016, las comunidades logaron que se ordenara la suspensión provisional del proyecto hidroeléctrico Puebla I, hasta que se resuelva el litigio. La empresa no se quedó con los brazos cruzados. Convenció a varias personas de la comunidad a ir ante el juez, como terceros interesados, para presentar un documento en el que solicitaron la cancelación de la suspensión porque ellos sí querían que se realizara el proyecto. El juez sólo levantó la suspensión para el municipio de San Felipe; pero mantuvo la que corresponde al municipio de Ahuacatlán, donde se pretende construir la cortina de la hidroeléctrica.

Cuando los habitantes que se oponen a la hidroeléctrica revisaron el documento de quienes se supone están a favor del proyecto, encontraron que se habían falsificado las firmas de varios pobladores.

—Existe una presión de los gobiernos y de las empresas muy fuerte para que estos megaproyectos se realicen, no les importa si están violando derechos humanos o no. —señala Itzel Silva, abogada de Fundar.

Por ahora, el proyecto Puebla I está suspendido.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/documental-territorio-comun/

 

 

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Protestan contra empresas mineras

 Cientos de ciudadanos se manifestaron en las afueras del palacio de gobierno para expresar su rechazo al proyecto minero Los Cardones, que pretende extraer oro en la sierra La Laguna.

Mientras esto sucedía, se conoció que la minera ganó un amparo federal para efectos garantizando su derecho de audiencia, lo que obligaría al Ayuntamiento de La Paz a notificar y motivar la resolución con la que dejó sin efecto la “sesión secreta” en donde los ediles anteriores le otorgaron los permisos de cambio de uso de suelo; en contraparte, el alcalde de La Paz, Armando Martínez, anunciaba haber ganado este juicio contra la minera.

En la manifestación, los opositores a la minería solicitaron al gobernador que el Consejo Estatal Forestal que él preside se pronuncie en contra del trámite que Los Cardones presentó el pasado 20 de agosto ante la Semarnat, en donde solicita el cambio de uso de suelo para 500 hectáreas en la sierra La Laguna.

Poco antes de las 11:00 am, un grupo de manifestantes irrumpió frente a las puertas del palacio que momentos antes fueron cerradas por personal de seguridad, y luego de varios minutos de ánimos caldeados el secretario general de gobierno y otros funcionarios, bajaron hasta el sitio de la manifestación.

Ahí, Álvaro de la Peña recordó que el gobernador se comprometió a que nunca comprometería la naturaleza, la biodiversidad y el agua, y refrendó que su posición es No a ese proyecto, pero hizo hincapié en que no es competencia del estado sino de los ayuntamientos otorgar el cambio de uso de suelo.

El delegado de la Semarnat, Axxel Sotelo, aclaró que la opinión del Consejo Estatal Forestal en torno a este proyecto no es vinculante.

Fuente:https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/se-manifiestan-para-rechazar-proyecto-minero

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Pagan por manifestarse a favor de la minería; solo van 200

Cerca de 150 personas, en su mayoría acarreados de las colonias de la periferia de La Paz, se llevó a cabo la manifestación en pro de la minería a cielo abierto.

A la vieja usanza de los partidos políticos, jefas de colonia prometieron entre 150 a 200 pesos a la gente, así como transporte para que se presentaran a la manifestación convocada por el Congreso Agrario Permanente (CAP).

La marcha por el progreso compuesta por casi 200 personas lució desolada en comparación de los casi 1,000 ciudadanos que llegaron hasta la explanada del Gobierno de Baja California Sur, ayer 29 de agosto.

El representante del CAP en Baja California Sur, Juan Carlos Jiménez Fuentes, dijo en entrevista con Diario El Independiente que existe una manipulación de los ambientalistas y, por eso, la gente se congregó ayer.

Más tarde, en redes sociales, circuló cómo personas entregaban a los asistentes 200 pesos, así como abordaban camiones y peseros para regresar a sus colonias.

“No nos dijeron, nosotros no estamos informados, no tenemos información […] sí –ofrecieron dinero– la jefa de colonia estaba diciendo que 150 pesos”, comentó uno de los asistentes a BCS Noticias en su reporte.

Jiménez Fuentes dijo desconocer la situación cuando la reportera lo cuestionó, pero mencionó que “si recibieron dinero, pues qué bueno, ¿no?”.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/08/30/pagan-por-manifestarse-a-favor-de-la-mineria-solo-van-200

Mexico

Arrecian protestas contra mina y en defensa del agua en Baja California

En Baja California los defensores del agua y de la vida reanudaron las movilizaciones en contra de la instalación de la mina Los Cardones en la Sierra de La Laguna. Así evangélicos, ganaderos, pescadores, estudiantes, artistas, refrendaron la representatividad del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida. Piden entrevistarse con Gobernador y los recibe otro funcionario.

En la ciudad de La Paz, de nueva cuenta vivió una emblemática movilización ciudadana en contra de las intenciones de Ricardo Salinas Pliego de instalar una mina en las fuentes de agua del sur de la entidad.

Los hechos ocurren días después de que el grupo minero reactivara el procedimiento administrativo para que de nueva cuenta corra el procedimiento de instalación de la mina Los Cardones, en la Sierra la Laguna.

Se trata otra de las movilizaciones ciudadanas que de manera amplia y plural se movilizan en el país en defensa del agua y de la vida en contra de la minería o el fracking, como en el caso de Mexicali o la Huasteca Potosina.

Por ello en las protestas en la Paz, se presentaron a la movilización ciudadana un conjunto de saludos y representantes de expresiones sociales muy diversas.

Se trata de organizaciones económicas, como asociaciones de ganaderos, sociedades de solidaridad social y pescadores, quienes se hicieron presentes en rechazo a Los Cardones

También hicieron acto de presencia congregaciones confesionales como el pueblo evangélico por la paz, representada por la alianza de pastores.

Así mismo se expresaron el magisterio democrático, estudiantes, representaciones formales de escuelas.

Antes de ser recibidos por el Secretario de Gobierno de Baja California, el Frente en Defensa del Agua y de la vida en la entidad destacó las movilizaciones de diversas localidades, entre ellas La Paz, Los Cabos, o Loreto entre otras.

Al recibir el saludo solidario el grupo opositor en Loreto en el mitin, se les dió una muy emotiva bienvenida, señalando su accionar solidario en las marchas, actividades culturales o de plática en familia en contra de la minería tóxica.

El recibimiento a la ciudadanía de Loreto, fue el marco para que el orador, señalara tanto a las autoridades locales como federales, que bajo ningún concepto permitirán la minería tóxica en la entidad.

Destacaron que están luchado por el derecho humano al agua, al medio ambiente sano, a la salud.

E incluso mencionaron que se trata de la defensa del medio ambiente en interés superior de los menores de edad.

Guardianes de los cerros, artistas, jóvenes, se manifestaron ante el gobierno de la entidad; en tanto que una comisión fue recibida por los funcionarios estatales.

Gobierno se compromete a pronunciarse en contra de la minería tóxica

La comisión de manifestantes que ingresó a la casa de gobierno informó de tres compromisos alcanzados.

Según los comisionados, el gobierno de Baja California se comprometió a que en voz del Gobernador de emitirá un comunicado donde fija postura en contra de la minería a cielo abierto y que usa agentes químicos tóxicos en la entidad.

La comisión informó que los funcionarios de gobierno se manifestaron favorables a la creación de una nueva ley que blinde a Baja California de la minería tóxica, como lo promueve el Frente Ciudadano.

Para ello, recordaron los inconformes promoverán en estos días una reunión con los diputados recién electos para que se turne a comisiones y se vote en el pleno dicha iniciativa de ley.

En el mitin subrayaron que la empresa Desarrollo Zapal, ligado a Ricardo Salinas Pliego, no cuenta con los requisitos legales para echar a andar la mina Los Cardones.

Denunciaron que un grupo de seguridad privada contratada por la minera se encuentra acantonada en la reserva natural de la Sierra la Laguna, en el lugar donde se pretende el tajo abierto.

Los manifestantes acordaron exigir a las autoridades municipales de La Paz, realicen las gestiones necesarias para expulsar al grupo de policías privadas de la reserva natural.

Finalmente, los manifestantes dieron por concluido el evento bajo la consigna “La sierra no se vende, la sierra no se dá, porque tiene a su gente con mucha dignidad”.

Fuente:https://regeneracion.mx/arrecian-protestas-contra-mina-en-baja-california/

Mexico

Minera canadiense acusada de contaminar al país le pedirá a AMLO una rebaja de impuestos

Plena protección a las inversiones extranjeras y una revisión a la estructura fiscal para bajar los impuestos al sector minero son las principales demandas que las mineras solicitarán al nuevo Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Esperamos que (el nuevo Gobierno) muestre compromiso con la actividad, deberían de revisar la estructura fiscal porque el impuesto minero fue un golpe muy fuerte para la industria, ojalá evalúen que los impuestos en México son más altos que en otros países”, así lo declaró Michael Harvey, directivo de Goldcorp, la minera canadiense que acumula denuncias por contaminación y por consumir grandes volúmenes de agua en el país a costa del medio ambiente e incluso la salud de las poblaciones donde opera sus minas.

Las mineras pedirán al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador plena protección a las inversiones extranjeras y una revisión a la estructura fiscal para bajar los impuestos a este sector, así lo declaró Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos y Seguridad de Goldcorp, la transnacional canadiense que acumula decenas de denuncias por contaminar la tierra y consumir grandes cantidades de volúmenes de agua de las poblaciones donde opera.

“Es importante que México asegure plena protección a las inversiones extranjeras porque bajaría la confianza, para la minería lo más relevante es el tema de protección a las inversiones, la industria no se ve afectada por otros temas como otros sectores”, explicó el directivo de la minera canadiense en conferencia de prensa.

Informó que este jueves sostendrán una reunión con parte del equipo que conformará la Secretaría de Economía (SE) en la próxima administración, cuya dependencia estará a cargo de Graciela Márquez Colín.

La reunión, dijo, es para poner en la mesa las necesidades y retos que enfrenta el sector como la sobrerregulación fiscal, la falta de Estado de derecho y la inseguridad.

“Esperamos que muestren compromiso con la actividad, deberían de revisar la estructura fiscal porque el impuesto minero fue un golpe muy fuerte para la industria, ojalá evalúen que los impuestos en México son más altos que en otros países”, aseguró.

El directivo de la minera Goldcorp destacó que para mitigar la carga fiscal el gobierno en turno podría permitir que las compañías puedan deducir las inversiones de infraestructura o de obras en la localidad de las minas, como ocurre en Perú.

“Eso sería muy positivo porque las comunidades terminarían con obras de mejor calidad y con un costo administrativo mucho más bajo, porque se eliminaría toda esa burocracia de fondo”, indicó.

Michael Harvey habló también de que la industria minera deberá trabajar fuerte en la próxima administración para dar a conocer los beneficios de la actividad y el reto del Estado de derecho, uno de los grandes problemas en el país.

“Estoy viendo mucha apertura para reunirse con funcionarios canadienses y miembros de la industria, es un momento de esperanza porque la industria debe recuperar competitividad”, señaló.

Mexico

Con protesta rechazan minería a cielo abierto en sierra La Laguna

Después de 10 años, la ciudadanía de La Paz no quiere que la minera Los Cardones opere.

México. Casi mil personas se congregaron en la explanada de Palacio del Gobierno de Baja California Sur para exigir que la administración de Carlos Mendoza Davis se comprometa a emitir su opinión dentro del Consejo Forestal Estatal en contra de la minera Los Cardones.

El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida adelantó que habrá más movilizaciones para  frenar la minería en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

La reciente solicitud de Desarrollo Zapal SA de CV para cambiar el uso suelo de forestal a industrial, permitiría el desmonte de 506 hectáreas. Esto hizo, una vez más, que las personas salieran a protestar, sin importar que era un día laboral. La gente gritó consignas recordando el compromiso que Mendoza Davis hizo cuando tomó protesta como gobernador de BCS: no a la minería tóxica.

Desde las diez de la mañana, profesores, estudiantes, amas de casa, políticos, biólogas, doctores, electricistas, músicos, activistas sociales unieron su voz en torno la misma exigencia. Una comitiva ingresó a la Secretaría General de Gobierno de BCS. Después de unos minutos, el titular de la dependencia descendió para hablar con la gente, pero la muchedumbre lo recibió con consignas en contra de la minería a cielo abierto en sierra La Laguna.

Los jóvenes estuvieron presentes que, después de 10 años de resistencia a Los Cardones, refrescaron la manifestación.

“Hoy dimos clase de cultura ciudadana al ritmo del Cielito Lindo, pero fijando bien nuestra postura ante los mandatarios en turno y mostrando que el pueblo manda: Los Cardones no han pasado ni pasará”, comunicó la vocera Elisa Jeanneht Armendáriz Villegas, vocera del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/08/29/con-protesta-rechazan-mineria-a-cielo-abierto-en-sierra-la-laguna

Mexico

Socavón gigante obliga a todo un pueblo a buscar refugio. Sí, es en México. Y sí, por una minera

La empresa minera de Pinzán Morado entregó a la Secretaría de Protección Civil de Guerrero y al Ayuntamiento de Coyuca de Catalán los planos de los túneles que excavaron, en los que se confirma que uno de ellos atraviesa una zona habitada donde hay al menos 10 viviendas y una telesecundaria en riesgo.

 

En una reunión del personal jurídico de la empresa minera y el Ayuntamiento se mostraron los planos en los que se confirmó que hay unos cinco túneles en diferentes rutas, pero uno de ellos atraviesa una zona donde ya se han visto afectado los cimientos de una vivienda debido a recientes derrumbes.

En el encuentro estuvieron además de los abogados de la empresa minera, representantes de Protección Civil regional, así como el delegado de gobierno René Rabiela Tapia y el Alcalde electo Eusebio Echeverría Tavárez, del PRD, quien además es vecino de la comunidad afectada.

El Alcalde electo encabezó las acciones para solicitar a la minera que libere dinero y apoye la compra de un terreno para reubicar a los afectados, pero también para construir nuevas viviendas y pagar estudios de suelo que requiere el Gobierno del estado para autorizar nuevas construcciones. Tal estudio sería hecho por alguna universidad nacional y podría costar unos 800 mil pesos, comentaron.

Sin embargo, no hubo ningún acuerdo, solamente el diálogo sobre diversas posibilidades para solucionar el problema.

Ayer jueves, trabajadores del Ayuntamiento comenzarían a tocar puertas en la Secretaría de Economía y otras oficinas federales para solicitar el presupuesto para construir nuevas viviendas en un nuevo terreno.

En los mapas de los túneles se confirmó que no hay riesgo en el resto de la población del Municipio, aún cuando algún túnel se acerca a otra zona habitada, a unos 100 metros de una casa. El resto de los túneles están lejos del poblado.

La semana pasada, el Ayuntamiento de Coyuca de Catalán presentó una denuncia de hechos en la agencia del Ministerio Público contra la empresa que explota la mina de Pinzán Morado, ante los daños causados por el socavón que se abrió en el centro del pueblo, donde y comienzan a derrumbarse patios completos de algunas casas, y donde 11 viviendas y una escuela están en riesgo.

Uno de los tres túneles, perforado a unos 300 metros de la superficie debajo del pueblo, está provocando el desplome del suelo donde se abrió el socavón el pasado 2 de julio.

Ante la falta de un acuerdo, el alcalde, Juvenal Pineda anunció que permitirán que continúe la denuncia contra La Compañía Minera La Calentana, propiedad de la señora Elia Sánchez Cerda, que explota la mina de oro y plata en esa localidad, ubicada a una hora de la cabecera de Coyuca de Catalán, hacia Zihuatanejo.

LA DENUNCIA

El Ayuntamiento de Coyuca de Catalán presentó una denuncia de hechos la semana pasada ante el Ministerio Público contra la empresa que explota la mina de Pinzán Morado, por los daños causados por el socavón que se abrió en el centro del pueblo, donde y comienzan a derrumbarse patios completos de algunas casas y 11 viviendas y una escuela están en riesgo.

El socavón se abrió luego de un colapso en uno de los túneles de la mina que opera desde hace más de 50 años de manera más intensa en el pueblo, pero algunos vecinos aseguran que la extracción de mineral data de unos 100 años.

Uno de los tres túneles, perforado a unos 300 metros de la superficie, y debajo del pueblo, está provocando el desplome del suelo donde se abrió el socavón el 2 de julio.

El espacio se cercó y se determinó que son 11 casas en riesgo de caerse, así como un jardín de niños.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/17-08-2018/3458459

Mexico

Se unen sudcalifornianos contra la minería tóxica

El tema de la minería tóxica vuelve a tomar fuerza en el lado sur de la Península de Baja California Sur; asociaciones, grupos sociales, civiles y artistas han tomado el tema como suyo, para concientizar sobre lo que advierten “un crimen ecológico y daño irreversible”, si se aprueba el cambio de uso de suelo a favor de una empresa minera.

Mediante redes sociales, y wattsapp, circula un breve escrito que dice “Unámonos este miércoles 29 de agosto en la explanada del palacio de gobierno de BCS, a partir de las 10:00 am, para recordarle al gobernador Carlos Mendoza Davis que nos dio su palabra de no permitir los mega proyectos mineros que pudieran contaminar nuestra agua, suelo, flora, fauna, y afectar la salud de la población”.

Por la tarde, la Asociación Civil Sociedad Organizada Sudcaliforniana (SOS), encabezada por Armando Sánchez convoca en el municipio de Los Cabos a una concentración en la glorieta de FONATUR en punto de las 18:00 horas  para continuar con los actos de manifestación pacífica en contra de la minería que se planea, entre en operación en la Sierra de la Laguna.

A nivel nacional, en redes sociales artistas mexicanos también se unieron al llamado a no permitir ningún tipo de minería tóxica que atente contra la fauna y flora en tierras sudcalifornianas. Héctor Bonilla, Africa Zavala, Sergio Mayer, Moisés Arizmendi, Ximena Ayala, Alberto Agnesi, Humberto Busto, Emilio Echeverría, Alberto Estrella, Sofia Espinoza, entre otros, se pronunciaron a una sola voz en un video que dura poco más de 2 minutos en que destacan “Somos Todos Santos, somos Los Cabos, somos Baja California Sur, somos el mundo”.

Fuente:http://peninsulardigital.com/extra/se-unen-sudcalifornianos-contra-la-mineria-toxica/247568

Mexico

COMUNICADO ¿UNO MÁS EN LA CUENTA DE MUERTE POR DEFENDER LA VIDA?. ¡EXIGIMOS LA APARICIÓN CON VIDA DEL DEFENSOR SERGIO RIVERA HERNÁNDEZ!

La Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, en el ejercicio de sus responsabilidades y facultades, coadyuven en la aparición con vida del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de las comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Sergio Rivera Hernández desapareció la tarde del 23 de agosto cuando iba de regreso a su comunidad Coyolapa, Municipio de San Pedro Zoquitlán en una moto, la cual fue arrollada por una camioneta sin dejar rastros de él.

Tememos por su integridad física y emocional, pues no es la primera vez que sufre amenazas, acoso y atentados contra su persona y demás compañerxs defensorxs de su tierra. De la misma forma que lxs compañerxs del MAIZ, responsabilizamos de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, a la Minera Autlán que tiene fuertes intereses en la Sierra Negra de Puebla y que está detrás del proyecto hídrico, que en contubernio con los munícipes de Tlacotepec de Díaz y de San Pedro Zoquitlán pretenden hacerse de los recursos naturales de las comunidades campesinas e indígenas de la región, y que incluso se han prestado como gestores a favor de los proyectos de muerte, en concreto a favor de Minera Autlán.

Como antecedente y aunado a ello, señalamos también que la Secretaría de Energía (SENER) del gobierno federal apoya y encubre a la minera y no es de extrañar que haya fuertes intereses políticos y económicos detrás del citado proyecto, además del minero.

Como REMA estamos convencidxs que ésta como otras desapariciones, es una estrategia terrorista más de empresas en contubernio con gobiernos para seguir despojando a las comunidades de sus bienes naturales y sus territorios.

Exigimos al gobierno federal, al gobierno del Estado de Puebla y a los gobiernos municipales involucrados un alto al clima de hostigamiento, criminalización y agresión permanente contra todxs lxs defensorxs de la vida. Basta de proteger a las empresas que actúan a lo largo de todo el país con total impunidad. Exigimos la presentación inmediata con vida del compañero Sergio Rivera Hernández, rechazando así, la posibilidad de que su desaparición se convierta en una más de la elevada cifra que hoy nos invade.  Este caso, como tantos otros, dan cuenta de la violencia que siempre acompaña a los megaproyectos de muerte y que a menudo recae en los grupos de población más vulnerables.

¡Alto a la desaparición de defensorxs del territorio!

¡No a los megaproyectos de muerte y a la complicidad gubernamental en ellos!

Atentamente

 

RED MEXICANA DE AFECTADXS POR LA MINERÍA (REMA)

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/comunicado-uno-mas-en-la-cuenta-de-muerte-por-defender-la-vida-exigimos-la-aparicion-con-vida-del-defensor-sergio-rivera-hernandez/

Mexico

Júba Wajiín, pueblo cargado de oro, dice a mineras: no entrarán; aquí valen más el agua y la tierra

Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, han ganado dos amparos; sin embargo la amenaza minera sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones mineras se realizaron recientemente. Estas concesiones solicitadas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.

Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.

Herlinda Solano Santiaguez ha vivido por 79 años en San Miguel del Progreso –Júba Wajiín, en lengua me’ phaa–, una comunidad que se ha destacado por la férrea defensa de sus territorios, su resistencia y la lucha para evitar el ingreso de la extracción minera a cielo abierto.

Situado en el Municipio de Malinaltepec, Guerrero, San Miguel del Progreso tiene una extensión de 4 mil 449 hectáreas. Es una de las comunidades de la región de La Montaña, habitada por al menos 3 mil 500 personas pertenecientes a la etnia tlapaneca Me’ phaa.

Ahí nació y creció Doña Herlinda. Toda su vida ha trabajado la tierra. Así le enseñó su padre desde pequeña. La siembra de café, plátano y otras plantas frutales son su sustento. “He trabajado desde chiquita. Eso es lo que he sembrado”, dice.

Doña Herlinda, como el resto de los habitantes de la comunidad San Miguel del Progreso y de la región de La Montaña en Guerrero, tiene una clara convicción: somos hijos de la “madre tierra”, y hay que cuidarla y respetarla.

Para Herlinda, el recurso natural tiene más valor que el oro.

Para la población Júba Wajiín no hay mayor razón de defender la tierra que ser parte de ella. No hay otro interés más que el de preservarse a sí mismo y su pueblo. Sin la naturaleza no dan cabida a su existencia: “Al momento de que se acaba la naturaleza nos morimos nosotros también”, repiten. Así de fuerte es su conexión con el territorio. Así es su cosmovisión.

“La tierra da de comer todos los días. Uno debe de cuidar mucho la tierra porque ahí sale lo que uno come. Si no trabajas la tierra no hay vida. Eso es lo más importante. Luego, el agua: si no hay agua no va a vivir uno. El agua y la tierra es lo que nos da la vida. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra, me enseñó a tomar el agua. El agua es mi vida, mi sangre. Todo. Por eso la defiendo, si me quitan el agua, me quitan la tierra, me muero. Me quitan la vida”, repite Herlinda.

San Miguel el Progreso ha peleado legalmente por más de ocho años contra el ingreso de las mineras transnacionales, pues sus pobladores saben que permitir las actividades extractivas significaría la destrucción de sus montañas y sus cerros sagrados, la contaminación de sus ríos, plantas y el aire; el despojo de las tierras, el desplazamiento forzado, la fragmentación y, por ende, su propia desaparición como pueblo originario.

Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan han ganado dos amparos para evitar que el territorio sea concesionado a la minera Hochschild Minig, de origen chileno que opera con capital inglés. Sin embargo, la amenaza para estos pueblos originarios sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones se realizaron recientemente. Éstas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.

El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild, fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia, donde Mauricio Hochschild fue considerado uno de los “Barones del Estaño”. El Grupo Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a estas operaciones. Actualmente es esa subsidiaria peruana la que amenaza a los pobladores de Guerrero, y tiene como principal accionista al empresario peruano Eduardo Hochschild Beeck.

LA MONTAÑA EJIDAL Y COMUNAL

La Montaña, al noreste de Guerrero, abarca casi 700 mil hectáreas en 19 municipios entre ellos Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Iliatenco. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, esta región tiene al menos 361 mil 617 habitantes, la mayoría indígenas pertenecientes a las etnias Naua, Me’phaa, o Na Xavi”. Ahí la posesión de la tierra es ejidal y comunal.

La ciudad de Tlapa de Comonfort es la entrada a los ejidos de la Montaña. A partir de ahí, sube y se ramifica una serie de senderos de terracería, escarpados y angostos que se entretejen por extensas áreas llenas pinos, encinos, asi como huertas de café, plátano, mango, y diversos arboles frutales. Ahí la flora es muy diversa.

En sus bosques habitan animales como el venado, el pájaro bandera, armadillo, el puma de montaña, tejón, jabalí, el tucán de montaña, e incluso, los pobladores aseguran que aún hay presencia de jaguares.

A lo alto, en medio de las comunidades San Miguel del Progreso, Paraje Montero, Ilieateco y Guadalupe, se ubica el cerro más elevado de la región: El Telpizahuatl.

No es un cerro cualquiera: para los pobladores es un lugar sagrado donde vive San Marcos [Ajkhunn, en lengua madre], la deidad que representa el rayo; es el que los protege, al que adoran y al que los sabios y sabias comunitarias llamados los “principales” [Xiñaa, en lengua materna] le rezan para pedir que lleguen las lluvias y  las buenas cosechas.

En la Montaña la economía se basa en la agricultura de autoconsumo, principalmente la derivada de la siembra de maíz, café, y árboles frutales. Las comunidades se rigen por sus propios usos y costumbres que conservan desde tiempos inmemoriales, explica Ángel Contreras Solano, uno de los pobladores de San Miguel del Progreso y autoridad en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de Territorio (CRAADT).

En 2010, los habitantes de San Miguel el Progreso empezaron a ver que aeronaves sobrevolaban sus terrenos en busca de minerales, cuenta Miguel Santiago Lorenzo, presidente del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT).

“Los aviones y los helicópteros traían aparatos colgados con los que estaban detectando minerales en nuestra región”, recuerda.

Los pobladores dedujeron que realizaban labores de exploración cuando funcionarios, principalmente de la Procuraduría Agraria, empezaron a promover a las empresas mineras en la región, detalla Ángel Contreras Solano, secretario del CRAADT.

Los funcionarios federales trataban de animar a los comuneros para “rentar” sus tierras a la minería con la promesa de “beneficios” y progreso. Pero pronto se darían cuenta que –como los españoles con los aztecas– el supuesto desarrollo era sólo “espejitos”.

“No fue la empresa la que venía a vernos sino el Gobierno federal por medio de la Procuraduría Agraria los que venían. Ellos ofrecían servicios o animaban a las autoridades agrarias [las comunales] para que entraran a los proyectos [mineros], pero eran proyectos con otras finalidades,” narra Contreras Solano.

En ese tiempo, Anastasio Basurto Contreras presidía el Comisariado de Bienes Comunales [del periodo de 2010 a 2013] de San Miguel del Progreso, la máxima autoridad en la comunidad.

Anastasio reitera que personal de la Procuraduría Agraria se contactó con él para informarle que en esas tierras podría haber minerales valiosos, como oro y plata, y que los comuneros podrían venderlos.

“Ellos [los de la Procuraduría Agraria] decían que  iban a ser los intermediarios para que nuestras piedras las vendiéramos a mejor precio. Y hasta me dijeron: ‘mira ahí esta el comisariado de allá [otra comunidad] que ya va a firmar el convenio’”, relata el poblador.

Anastasio platica que funcionarios federales le pidieron que llevara unas piedras para analizarlas. Él llevo algunas muestras a las oficinas de la Procuraduría Agraria en Tlapa. Ahí le solicitaron 800 pesos para pagar los análisis y determinar que minerales tenían, pero él se negó a pagar.

–No tenemos dinero –, le dijo a un funcionario, se retiró del lugar y dejó ahí las piedras, recuerda el comunero.

El sacerdote Melitón Santillán fue el primero que advirtió a los comuneros que la minería provocaba daños irreversibles.

Don Anastasio convocó a una reunión de asamblea en la comunidad, pues ahí todas las decisiones se toman de manera colectiva. Frente a la asamblea, integrada por los pobladores, los ex comisionados, concejales y los principales, planteó la propuesta y la advertencia.

Los pobladores de San Miguel del Progreso cuentan que los “Principales” decidieron subir al Telpizahuatl para rezar y pedir consejo a San Marcos. Fue entonces que optaron por buscar apoyo e información y pidieron ayuda a sacerdotes, y activistas, tanto de Tlachinollan como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

“Nosotros, aquí en la comunidad pensábamos –al inicio– que nada más iban hacer unos agujeros y sacar el mineral; pero ya viendo las diapositivas que nos enseñaron los de Tlachinollan nos dimos cuenta que era mucho el daño. Que destruyen montañas, ríos y todo eso”, agrega Anastasio Basurto.

El entonces Comisariado regresó a las oficinas gubernamentales convencido de rechazar la exploración minera. Allí, recuerda Basurto, uno de los funcionarios le dijo –mientras señalaba las muestras de cada una de las comunidades de La Montaña– que la piedras tenían oro, plata, níquel y fierro.

Anastasio rememora que lo enfrentó.

–Sí pero, ¿sabe qué?, el pueblo ya no quiere vender sus piedras –le dijo.

Luego tomó las rocas y se retiró.

La comunidad realizó solicitudes de información a la Secretaría de Economía con apoyo de abogados y activistas de Tlachinollan. Era 2011. Ahí fue cuando confirmaron que su territorio fue concesionado a Hochschild Mining, la minera que opera con capital inglés.

“Ya habían concesionado todo este territorio desde el Gobierno de Felipe Calderón”, agrega Anastasio Basurto.

La Secretaría de Economía (SE) había otorgado, sin la autorización ni consulta de las comunidades indígenas, dos concesiones para exploración y explotación: una bajo el título 232560 con el nombre Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas bajo el título 236861.

Corazón de Tinieblas era la más grande, con una extensión de 43 mil 759 hectáreas y afectaría a más de 12 núcleos agrarios, entre ellos el de San Miguel del Progreso.

La comunidad buscó asesoría de los activistas para enfrentar la amenaza minera.

“Ellos mismos, los de Tlachinollan, nos dijeron que podíamos levantar una acta en la Asamblea contra la minería”, comentó Anastasio Basurto.

El 17 de abril de 2011, realizaron una Asamblea General de Comuneros que cumplió todos los requisitos establecidos en la Ley Agraria vigente. En esa asamblea levantaron un acta de rechazo a la actividad minera en su comunidad. Después solicitaron la inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional (RAN), quien aceptó la inscripción en septiembre de 2012.

Además, se conformó el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) tras la apabullante amenaza de las transnacionales y nacionales, incluso de las farmacéuticas que están interesadas en crear medicinas usando plantas que tienen en su territorio, detalla Artemio Flores Solano, integrante del área de Fortalecimiento Territorial de San Miguel Progreso.

El CRAADT, hoy en día, está integrado por 25 núcleos agrarios, que aglomeran a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica.

“En total somos como 37 núcleos agrarios, pero los activos, los que están en todas la reuniones son 25. Contamos con más de 300 comunidades”, agrega Miguel Santiago Lorenzo, líder de CRAADT.

RECHAZO A LA MINERÍA

En Júba Wajiín tienen claro que si permiten los nuevos proyectos de extracción minera tendrán como consecuencia la devastación de su territorio y la contaminación, pero además traerán consigo el ingreso de la delincuencia en sus pueblos, división, enfrentamientos entre ellos y, finalmente, la desaparición de su comunidad.

La concesión Corazón de Tinieblas afectaba casi el 80 por ciento de la comunidad San Miguel del Progreso, explica Agapito Cantú Manuel, Comisariado de Bienes Comunales de 2012 al 2015.  Fue en su periodo cuando se interpuso el primer amparo.

“Más de tres cuartas partes de nuestro territorio se iba a destruir, casi todo el pueblo”, asegura.

La devastación que ha dejado la explotación minera en  El Carrizalillo, Guerrero, fue un claro ejemplo para los comuneros de San Miguel el Progreso.

Valerio Mauro Amado Solano, actual Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, relata que varios pobladores, con el acompañamiento de activistas, acudieron a las instalaciones de la mina El Carrizalillo para conocer su experiencia. Al ver los estragos, decidieron pelear y rechazar tajantemente  la mina para evitar una depredación similar a la que padece el Ejido de Carrizalillo.

“La gente de ahí (El Carrizalillo) ya no vive tranquila. Todo eso nos sirvió para que nosotros nos negáramos a la mina”, detalla Valerio Mauro.

“Las mineras gastan mucha agua, contaminan con cianuro. Hemos ido a Carrizalillo para observar cómo lo explotan, cómo contaminan los grandes empresarios. El Comisariado de ahí nos informó que sí contaminan mucho el agua, el aire: que de cinco de la mañana a seis de la tarde explotan dinamita para quebrar las piedras y que  hay muchos enfermos, que nacen niños prematuros. Toda esa información nos sirvió para informar a nuestra gente, para que se hiciera conciencia de que no se explotara nuestros recursos naturales”, agrega  Agapito Cantú.

Artemio Flores reafirma convencido: “la forma cómo sacan [el oro] y cómo funciona la minería nos va afectar, donde hay minas hay cáncer… hay muchas enfermedades”.

En la región de la Montaña existen 44 concesiones mineras que fueron otorgadas por el Gobierno federal a diferentes empresas para actividades de exploración y explotación minera. Del total concesiones, 22 fueron canceladas y 22 están vigentes.