La CNDH emitió 43 recomendaciones por violaciones a derechos en perjuicio de la ciudad de Chihuahua por la contaminación de Ávalos y la construcción del fraccionamiento Rinconada los Nogales.

EL PROPÓSITO DE CONOCER DE MANERA DIRECTA LOS DEVASTADORES EFECTOS DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO QUE PODRÍAN OCURRIR, EN NUESTRO TERRITORIO, SI LA MINERA CANADIENSE ARGONAUT GOLD LLEGARA A OPERAR SU PROYECTO CERRO DEL GALLO

Cerro de San Pedro, SLP.- Habitantes de las comunidades directamente afectadas por el proyecto minero Cerro del Gallo en la zona de San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, Guanajuato, y con el apoyo de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia visitaron la mina de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, con el propósito de conocer de manera directa los devastadores efectos de la minería a cielo abierto que podrían ocurrir, en su territorio, si la minera canadiense Argonaut Gold llegara a operar el proyecto Cerro del Gallo.

La Hermandad, a través de la organización Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) recibió la invitación del Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara e integrantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Con apoyos económicos de otras organizaciones de la Hermandad, como el Charco del Ingenio A.C. y Caminos de Agua A.C. de San Miguel de Allende, la Parroquia de San Cayetano, en San Luis de la Paz y del propio Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, se contrataron dos autobuses, para llevar a cerca de 90 personas, menores y adultos, mujeres y hombres, provenientes de comunidades de los municipios de Dolores Hidalgo y así como de los municipios de San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, San Diego de la Unión y también de Comonfort donde existe una mina de caolín.

Los integrantes del Frente Opositor, acompañaron la visita con amplias explicaciones sobre los procesos resistencia contra la minera San Xavier, la cual, no escatimó en el uso de mentiras y engaños a la población, así como en actos de corrupción con las autoridades, amenazas, violencia y persecución de los activistas defensores de derechos humanos, que informaban a la gente, con quienes entablaron y ganaron procesos legales en contra de la mina, que luego fueron revertidos impunemente, violando los derechos de la población, por los presidentes Fox y Calderón.

En la visita los ciudadanos pudieron observar una amplia zona de desastre que en apariencia no lo es, ya que Cerro de San Pedro está en proceso de convertirse en uno de esos “Pueblos Mágicos”, ese tipo de proyectos que despojan y desplazan a la población, para poner bares y restaurantes para turistas, que no saben del riesgo que corren, ya que los procesos de lixiviación continúan en el camino al sitio, con aspersores que, al día de hoy, continúan regando con cianuro una montaña de desechos. Habitante del lugar señalarón que el “pueblo mágico” solo beneficia a los inversionistas, pero no a los habitantes originarios.

El desastre de esta mina iniciada en los años 90 ha tenido graves impactos ambientales, como la desaparición de arroyos, una rica biodiversidad de fauna y flora endógena, problemas de salud, y una violencia abierta y soterrada, de pobreza, desigualdad social, conflictos intracomunitarios, amenazas y asesinatos, destrucción de la economía local, corrupción política e impunidad.

Fuente:https://masdeaca.com/comunidades-afectadas-por-el-proyecto-minero-en-dolores-hidalgo-visitan-cerro-de-san-pedro-en-san-luis-potosi/?fbclid=IwAR16HxwJ5KNQjDPFGq2-WyzPOtK0sDaLa9XHICnQfY61EHT0MKh2qPZbu3A

En los últimos años, Zacatecas se ha mantenido como uno de los estados que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México. Tal es así que en 2017 alcanzó una contribución del 20.7 por ciento, equivalentes a 76.3 mil millones de pesos (Servicio Geológico Mexicano, 2018). Sin embargo, esta situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas. Lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio.

En el marco de la actual fase de acumulación, Zacatecas sigue siendo, como en tiempos de la Colonia, una entidad con gran potencial, pues ahí se encuentran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, que son de gran importancia para los empresarios mineros. Para abril de 2019, se tenía un registro de 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras, que equivalen al 31.64 por ciento del total del territorio estatal (Panorama minero de Zacatecas, 2019).

La fuerte tradición minera que se ha forjado en Zacatecas resulta compleja para las poblaciones locales que habitan los territorios explotados y saqueados. Un elemento fundamental es que, por su importancia económica, la minería se convirtió en una actividad respetada o apreciada por la población, a pesar de la explotación humana y la devastación ambiental que trae consigo. Esta aceptación social, promovida en gran medida por gobernantes y empresarios, ha posibilitado la continuidad de la explotación de metales y minerales. En 27 años, de 1990 a 2017, la extracción de oro aumentó 42 veces, pasando de 519.4 kilogramos a 22 mil 98.4 kilogramos.

Hasta el momento hay 12 minas metálicas operando en Zacatecas. Destacan las actividades de Industrias Peñoles y las unidades El Saucito ubicada en Fresnillo, la cual, es considerada la mina más importante en la extracción de plata del país ya que en 2018 participó con la tercera parte del total nacional y el 7 por ciento a nivel mundial (Camimex, 2019). Le sigue la Unidad Fresnillo, que ocupó el tercer lugar nacional con 15.1 millones de onzas de plata extraídas. Y en el sexto lugar está La Colorada, establecida en Chalchihuites, perteneciente a la empresa canadiense Pan American Silver y en el mismo año extrajo 7.6 millones de onzas de plata (Panorama minero de Zacatecas, 2019).

Del mismo modo ubicamos la Unidad El Coronel localizada entre los municipios de Luis Moya y Ojocaliente, que extrae diariamente 55 mil toneladas de material que contiene oro y plata (Panorama minero de Zacatecas, 2019). También están las minas Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim y Peñasquito que pertenece a la corporación estadunidense Newmont-Goldcorp, calificada como la segunda mina más importante de plata y la tercera de oro a nivel nacional (Camimex, 2019). Ambas están ubicadas en la región de Mazapil, que junto a la región de Fresnillo albergan las minas más importantes de Zacatecas.

Mientras las grandes beneficiadas de la extracción mineral en Zacatecas han sido las corporaciones mineras (canadienses, estadunidenses y mexicanas), los territorios locales asumen las consecuencias negativas que genera este modelo extractivo: sobreexplotación laboral, despojo de tierra y agua, devastación ambiental y múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales. Hay que destacar que para 2015, el 61.5 por ciento de la población en el estado registraba carencias por acceso a la seguridad social (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2019).

En ese sentido, gracias a diversas investigaciones de campo y documentales, tanto en prensa como en algunos trabajos referenciales del tema, donde destacan los de Pérez (2014), Rodríguez (2016) y Zaremberg, et al., (2019), así como la revisión de los mapas de conflictos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) (2019) y el EjAtlas (2019), hemos identificado al menos 16 casos de conflicto en Zacatecas.

Por un lado, se observan los conflictos mineros laborales ligados al reclamo de mejores condiciones de trabajo, pero en este espacio también se ubican tensiones intersindicales. Aquí hallamos un conjunto de movimientos que oponen resistencia sea porque exigen una negociación más justa de salarios, condiciones de trabajo o reparto de utilidades; sea porque se oponen a seguir siendo representados por sindicatos que no luchan por sus intereses sino por los de las empresas, tal es el caso de San Martín (Grupo México) y Sabinas (Industrias Peñoles) en Sombrerete; Francisco I Madero (Industrias Peñoles) en Morelos; Juancipio/Valdecañas (Mag Silver Corp 44 por ciento/Fresnillo Plc 56 por ciento) en Fresnillo y El Coronel (Grupo Frisco) en Luis Moya-Ojocaliente.

Por otro lado, están los conflictos ecoterritoriales, los cuales, se dividen en dos grupos. En el primero están los conflictos ecoterritoriales de convivencia y bienes pecuniarios, luchas que buscan minimizar los impactos ambientales y lograr mayor indemnización, con una visión de minería más inclusiva, aquí ubicamos los casos de Peñasquito (Newmont-Golcorp) y Camino Rojo (Orla Mining) en Mazapil; Del Toro (First Majestic) en Chalchihuites; Aranzazú (Aura Minerals Inc) en Concepción del Oro; y San José (Arian Silver Corporation) en Pánfilo Natera.

En el segundo plano, identificamos las luchas ecoterritoriales de alternativas y defensa territorial donde grupos de población o los pueblos en lo general articulan un contundente “no” a la megaminería tóxica y buscan parar las actividades mineras, los casos de Salaverna (Grupo Frisco) en Mazapil; La Colorada (Plata Panamericana) y Ampliación San José (First Majestic) en Chalchihuites son los más representativos. También están los casos de Real de Ángeles (Grupo Frisco) en Noria de Ángeles; Nuevo Mercurio en Mazapil (Grupo Rosicler) y Vetagrande (varias empresas), donde hay demandas de remediación ambiental y daños a la salud ocasionados por actividades mineras en años pasados.

Habría que agregar el caso de la Zacatecana y la Laguna el Pedernalillo, ubicada en el municipio de Guadalupe, así como la contaminación y los daños sociales y ambientales que están generando las operaciones mineras de los proyectos Cozamin (Capstone Gold) y El Compás (Endeavour Silver), ubicados en la zona metropolitana de la capital del estado.

La dinámica de la conflictividad socioambiental minera en Zacatecas muestra que la intensificación del extractivismo minero no ha generado progreso ni desarrollo; por el contrario, el actual modelo de extracción de minerales ha incrementado las disputas por el control del trabajo y la vida humana, animal y vegetal de los territorios, pero no hay mejor calidad de vida sino la articulación de múltiples conflictos mineros laborales y ecoterritoriales. En algunos casos, los diversos tipos de conflictos se sobreponen unos con otros, lo cual, complica no sólo la disputa, sino una solución favorable a los grupos comunitarios, pues, se presentan confrontaciones entre quienes defienden el trabajo, con quienes defienden el territorio (sindicalismo versus ecologismo) y/o, entre quienes buscan mejores retribuciones económicas por la explotación territorial y las miradas que plantean formas de vida más sustentables y armoniosas con la naturaleza.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/11/16/conflictos-mineros-laborales-y-ecoterritoriales-en-zacatecas/?fbclid=IwAR06ROOsQ-cksyD29SzXT1Iwi8nOz4sPnbUIzvaN-1oVqrMkRu26hjp3zk8

Denuncian atropellos de la empresa canadiense a campesinos de San José Buenavista

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería denunció una serie de anomalías por la empresa canadiense First Majestic en contra del ejido San José Buenavista, ubicado en el municipio zacatecano de Chalchihuites.

A continuación el comunicado íntegro de dicha organización:

El pasado 14 de noviembre, trabajadores de la empresa minera canadiense First Majestic, encabezados por Aldo González Camacho, acudieron al ejido de San José de Buenavista a exigir a los/las integrantes del Comisariado Ejidal le firmaran la primera convocatoria para la realización de una asamblea ejidal que busca se autorice a la minera para hacer trabajos de exploración, acto que violenta los derechos agrarios, así como la Ley Agraria.

La empresa está usurpando las funciones del ejido al exigir que firmen a favor de 1) revisar un contrato entre el ejido y la minera para permitir la exploración en la totalidad de los terrenos de uso común, 2) Autorizar que el comisariado firme dicho contrato, 3) Se ratifique posteriormente ante notario público y se ingrese al Registro público de la propiedad del municipio, 4) Autorizar el cambio de uso de suelo (no especifica superficie), 5) autorización para realizar el cambio de uso de suelo ante la Semarnat y 6) Inscribir dicha acta en el Registro Agrario Nacional, situación que vulnera al ejido ya que lo obliga a tomar toda una serie de decisiones en un acto. Esto muestra la ausencia de ética, la corrupción y mala fe por parte de la Firts Majestic hacia los miembros del ejido, que se arriesgan a decidir el destino de su vida en una asamblea impuesta.

Cabe mencionar que el ejido de San José de Buenavista en Chalchihuites tiene desde febrero del 2018 luchando y resistiendo en contra de éste proyecto minero que pone en riesgo la vida. Las/los ejidatarios y avecindados habían logrado frenar el proyecto al darse cuenta que la empresa estuvo intentando manipular actas de asamblea en meses pasados, ahora regresan para intentar imponer la ampliación de la Unidad del Toro que está dejando problemas graves en la cabecera municipal Chalchihuites como la falta de agua y los temblores que el año pasado cuarteo las casas de más de 50 familias. Esta empresa opera en la cabecera municipal de Chalchihuites desde 2013, el proyecto Unidad del Toro que extrae oro, en una extensión de 2, 159 ha y 70 concesiones. En el municipio hay 215 concesiones de la First Majestic, la Panamerican Silver y Grupo México y 29 que están en solicitud, es decir, casi la totalidad del municipio se encuentra otorgado a las mineras.

Una de las características que se han identificado en la entrega de concesiones y que es sumamente alarmante, es que se siguen entregando concesiones mineras en las comunidades y núcleos agrarios en contra de su decisión, de su autonomía. Además, en Zacatecas existen una serie de irregularidades en torno a las asambleas ejidales que están convocando las empresas mineras y la Procuraduría Agraria facilita estos procesos o haciéndose a un lado para no estorbar a la empresa.

Exigimos que se frene la imposición a los proyectos extractivos en Zacatecas. Denunciamos a la opinión pública los hechos ocurridos en Chalchihuites, que se suman a la larga lista de irregularidades en el estado y en el país a causa de estos proyectos que vulneran la vida de las comunidades y los ejidos.

Fuente:https://www.expresszacatecas.com/sociedad/fotonota/45677-viola-minera-first-majestic-autonomia-de-ejido-en-chachihuites

Las mineras como Almaden Minerals, instalada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, elevan el valor del dólar canadiense a costa del saqueo de los suelos en Latinoamérica, denunció Laura Bertha Reyes Sánchez, presidente de la International Union of Soil Sciences, al participar en el IX Simposio de Investigación del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl.

Por su parte, al inaugurar el Simposio, Gloria Fermina Tavera Alonso, directora regional del Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y representante personal del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, destacó la importancia de preservar la vida salvaje en la zona del Izta-Popo, así como tratar el tema de la contingencia volcánica con una visión de protección a los pueblos.

La pérdida de suelos en México es el doble que a nivel internacional

Durante su ponencia, la también académica, Laura Bertha Reyes destacó que a nivel internacional la tasa de pérdida del suelo es del 30 por ciento; sin embargo, en México es del doble y una de las causas son las mineras y los llamados proyectos de muerte que además de acabar con el suelo, lo contaminan y provocan desplazamiento de comunidades enteras.

“No les importa la contaminación del agua, los desplazamientos y que la gente se enferme. Lo que les importa es llevarse los minerales porque son fuente de riqueza para ellos”.

Sostuvo que al extraer los minerales en otros países los canadienses preservan sus grandes extensiones de zonas protegidas.

Manifestó que otro factor de la pérdida del suelo en México es el abandono del campo ante la falta de apoyos, contrario a lo que sucede en países ricos donde la agricultura es subsidiada.

“Subsidiada no con fines electorales. Se hizo durante mucho tiempo en México pero con la finalidad de comprar votos”, expuso.

Mineras elevan el valor de la divisa canadiense

Asimismo destacó que las mineras en México elevan el valor del dólar canadiense a costa del saqueo de los suelos en Latinoamérica.

Reyes Sánchez expuso que durante los últimos 20 años el dólar canadiense se equiparó al mismo valor que el dólar norteamericano y esto se debe a que las mineras de Canadá están en toda Latinoamérica explotando a tapa abierta la riqueza mineral.

Subrayó que a pesar de que los anteriores gobiernos federales fueron los responsables de otorgar permisos a las mineras internacionales para explotar los suelos en México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe retirar las concesiones como ha ocurrido en otros países.

“De la misma manera que antes un presidente –Lázaro Cárdenas– con un concepto de nación expropió las concesiones petroleras este gobierno puede echar para atrás las concesiones como lo hizo Costa Rica”, expuso.

Manifestó que las mineras en México hacen lo que el gobierno mexicano les permite desde hace muchos años, a cambio de empleos que no son bien remunerados.

Llaman a preservar la vida salvaje en el Popo–Izta

Al inaugurar el simposio, Gloria Fermina Tavera destacó la importancia de preservar la vida salvaje en la zona del Popo–Izta, así como abordar la contingencia volcánica con una visión de respeto a los pueblos.

“Los servicios ambientales que provee el parque es sustantivo para las personas y para la vida silvestre que se da en este territorio. Tenemos instalaciones del conejo teporingo en esta zona”, expuso.

Manifestó que para el gobierno federal es importante trabajar de la mano con los dueños de los territorios, los ejidos y las comunidades de esta parte que forma parte de la zona natural protegida.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/11/por-mineras-canadienses-se-duplico-la-perdida-de-suelos-y-se-elevo-el-valor-de-la-divisa-de-canada/

Fuente:Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Explicó que incluso hay una empresa que busca asentarse en el municipio de Chiconquiaco, muy cerca de Xalapa

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó permisos a 10 empresas mineras para que buscan explorar suelo veracruzano; sin embargo, aún no cuentan con los permisos ni estatales ni municipales.

Esto fue confirmado por el subprocurador de Medio Ambiente en el estado, Ernesto Cuevas Hernández, que indicó que han hecho un llamado a los alcaldes para evitar que las empresas puedan realizar actividades de minería a cielo abierto tal como pretenden.

«Aunque tengan los permisos de cambio de uso de suelo, requieren el Manifiesto de Impacto Ambiental, y todavía no cuentan con ellos, además la población está en contra de estos proyectos»

Explicó que incluso hay una empresa que busca asentarse en el municipio de Chiconquiaco, muy cerca de Xalapa, la capital del estado, y que según dijo comprometería el ambiente y el suministro de agua en toda la zona.

«Es una minería a cielo abierto, ya están haciendo los estudios, vamos a seguir en ese tema y no vamos a permitir que vengan a realizar toda esta devastación».

Insistió en que la PMA está en contra de que se les permita trabajar porque los daños que generará son muchos mayores a los trabajos que pueden crear.

«Estuvimos platicando con los presidentes municipales para comentarlas las afectaciones que pueden generar, porque las mineras usan millones y millones de litros de agua, la devastación que harían sería de alto impacto, todas las congregaciones de Juchique de Ferrer, Chiconquiaco y Yecuatla se verían afectadas por el suministro de agua».

Fuente:https://veracruz.lasillarota.com/estados/acechan-10-mineras-a-veracruz-mineras-ambiente-semarnat-veracruz/332703?fbclid=IwAR2bjVCcEAcEY5ZKU-tKKdrInizA4h9knnQ3uXYExsyTSXN1foRJJaF7Qk8

Conflicto con las comunidades locales y los intentos del Gobierno federal por aumentar las regulaciones, representan el mayor riesgo para las empresas mineras en México, consideró la calificadora Moody’s.

En un estudio sobre el sector en América Latina, consideró que estos elementos constituyen un riesgo para las mineras que deseen invertir en el país.

“La consideraciones ambientales y sociales aumentan los riesgos regulatorios en México”, detalló la calificadora.

En este sentido, aseguró que la falta de un marco regulatorio coherente, podría generar un aumento en las cargas a la industria, como el impuesto ecológico que los estados tienen derecho a imponer.

Moody’s agregó que las mineras enfrentan posibilidades de conflicto con las comunidades cercanas a las áreas de exploración, sobre todo luego de los intentos por realizar consultas a los pueblos afectados.

“Un intento del Gobierno federal a finales de 2018 para exigir que se realicen consultas a los integrantes de las comunidades, junto con los derechos de los estados para imponer sus propios impuestos ecológicos, sugieren que la carga regulatoria de las empresas mineras podría aumentar en los próximos años”, apuntó el estudio.

De acuerdo con una investigación de dos académicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Montfort University, en México existen 879 conflictos sociambientales.

Gisela Zaremberg (de Flacso) y Valeria Guarneros-Meza (de la inglesa Montfort University)  hallaron un total de 879 conflictos: 374 por minería; 188 por hidroeléctricas; 127 por campos petroleros; 116 por eólicas; y 74 por gasoductos.
Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán.

El documento detalla que en los conflictos derivados por proyectos de minerías, las empresas más involucradas son: Grupo México (con 30 casos registrados); Ternium (con 25); Goldcorp Inc (con 22); Grupo Frisco (con 18); Almaden Minerals Ltd (con 17); Minera Autlán (con 13); First Majestic Silver Corp (con 12); y Escellon Resources Inc (con 10).

Las académicas hallaron también que en 28 conflictos por minería, que involucraron a 14 proyectos diferentes, estuvo involucrado el crimen organizado. Los casos se registraron en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.

Para revisar los conflictos por este tipo de proyectos, las académicas revisaron 463 notas periodísticas sobre el tema. Y de los 374 reportes de conflictos hallados, se involucra a un total de 134 proyectos.

Mientras las mineras anunciaron que para el cierre de 2019 invertirán 5 mil 260 millones de dólares que “contribuirán” al fortalecimiento de la economía mexicana.

El monto de inversiones previstas para este año, es superior a los 4 mil 897 millones de dólares realizada el año pasado, indicó la Cámara Minera de México (Camimex) en un boletín.

Entre el monto total de las inversiones previstas para el 2019, la cámara resaltó la realización de 18 proyectos que representan una inversión de 3 mil 324 millones de dólares en siete estados del país: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Guerrero y Jalisco.

Aunque hay actividad minera en 25 de las 32 entidades de la República Mexicana, el 90 por ciento se centra en diez estados: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Guerrero y Michoacán.

Sonora, en el noroeste del país, concentra el 30 por ciento de la actividad del diez estados señalados, seguido por Zacatecas con un 19 por ciento, Chihuahua con un 12 por ciento, indicó la Cámara.

Durango con el 8 por ciento, Coahuila con el 7 por ciento, Michoacán con el 4 por ciento, San Luis Potosí y Baja California Sur, con el 3 por ciento cada uno y Colima y Guerrero, con un 2 por ciento cada uno, completan las mayor actividad minera del país, señaló.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/04-11-2019/3673199

Ciudad de México, .- El 28 de septiembre de 2018 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) indicó en un oficio “la no presencia de población indígena” en la zona de construcción del proyecto minero Ixtaca; sin embargo, el 11 de octubre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) localizó 71 localidades en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla.

Las comunidades exigieron la cancelación de las concesiones a la minera Almaden y recordaron que el 22 de octubre más de 40 comunidades de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y de la cuenca del río Apulco entregaron al Secretario Víctor Toledo Manzur tres mil 500 firmas con las que rechazaban el proyecto de mina a cielo abierto.

El INPI realizó la investigación debido a que un grupo de representantes legales de la Comunidad Nahua de Tecoltemi solicitaron un amparo contra las concesiones mineras a la empresa canadiense Almaden.

Además solicitaron se aclarara el oficio CGPE/2018/OF/0802 que en septiembre de 2018 Sergio Alberto Ortiz Rosales, Coordinador General de Planeación y Evaluación de la CDI, emitió.

En el documento citado, el titular de la dependencia desconoció la existencia de los grupos indígenas de la zona con lo que se permitía a Almaden Minerals explotar un yacimiento de oro y plata a cielo abierto.

“La información del INPI desmiente las aseveraciones que la Minera ha realizado de manera sistemática, que niegan la existencia de población indígena en el lugar”, citaron las organizaciones.

El oficio de 2018 afirmó que al revisar los documentos de habilitación de la minera se determinó “la no presencia de población indígena en la zona de dicho proyecto en su área de influencia, de acuerdo con la Evaluación de Impacto Social y el estudio de Impacto Ambiental”

Sin embargo, la indagatoria la realizó la propia minera.

“Esta preocupante afirmación había sido difundida públicamente por parte de Minera Gorrión, filial de Almaden, a pesar de que el Catálogo de la CDI establece que sí hay comunidades indígenas en el municipio y en el área de influencia directa del proyecto”, destacó el documento.

Ante la petición de los grupos indígenas, el INPI “identificó población indígena o personas indígenas náhuatl tanto en el municipio como en el área de interés del proyecto (…) en el municipio de Ixtacamaxtitlán del estado de Puebla, la población indígena estimada sumó seis mil 210 y cuatro mil 841 personas, en 2010 y 2015, respectivamente”

Los datos recabados por el INPI significaron un 24 y 19.7 por ciento de la población y en 2015, la población indígena por autoadscripción sumó siete mil 608 personas, es decir el 31 por ciento del total de la población del municipio.

Además, los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en la localidad de Ixtacamaxtitlán ubicó 71 localidades con presencia de población indígena. De estas, Santa María Zotoltepez, Zacatepec, Loma Larga, Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e Ixtacamaxtitlán (San Francisco) se localizan dentro del área del proyecto.

La investigación también arrojó que el impacto ambiental no sólo sería a las nueve poblaciones directamente afectadas, si no que a todas las cercanas al Río Apulco.

“Las organizaciones reconocemos la labor del INPI en esta nueva revisión para aclarar la información y reconocer a las poblaciones indígenas de la zona”, agradecieron en el documento.

También expusieron el “incumplimiento” del Estado mexicano de sus obligaciones en materia de protección de Derechos Humanos y de los pueblos indígenas que ha beneficiado a empresas, como la minera canadiense.

“Desde la emisión de las concesiones mineras que otorgaban derecho a explorar y explotar, debió contarse con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas”, recalcaron.

Las organizaciones y comunidades pidieron la cancelación inmediata de las concesiones mineras y la negativa a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada en febrero por la empresa ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/05-11-2019/3673613?fbclid=IwAR2yZrF5AP3a49Tpo6juSff68fuVmHN0xFNv4BQsMdduwD7KSM4cEGqKdNY