Representantes de las comunidades que se dicen afectadas por la minería en la región concluyeron ayer una cita de dos días en la que buscaron unificar y coordinar los esfuerzos para enfrentar la extracción minera.

El II Encuentro Mesoamericano de las Comunidades y Pueblos Afectados por la Minería, realizado en Aguacatán, Huehuetenango, contó con la presencia de delegados de Canadá, Honduras, México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Guatemala.

La cita tuvo el propósito de “compartir experiencias de lucha y resistencia, así como lo que significa la amenaza minera en la región”, explicó Francisco Mateo, miembro del Consejo de Pueblos del Occidente de Guatemala.

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La iniciativa presentada por el diputado Manlio Fabio Beltrones para modificar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es absolutamente privatizadora y va en contra de los derechos colectivos y de todos los ciudadanos de este país, señaló la diputada del PRD Socorro Ceseñas Chapa.

Busca cínicamente legalizar la posibilidad de entregar los litorales a los extranjeros

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Veintinueve familias de Zacatecas demandaron a la minera en 2009

México, DF. El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de circuito de Zacatecas, emitió una sentencia en la que resuelve que la empresa Peñasquito, propiedad del consorcio minero canadiense Goldcorp, tiene que devolver de manera inmediata cerca de 600 hectáreas, que ocupaba de manera ilegal, a ejidatarios de Cerro Gordo, en esa entidad.

El expediente del litigio señala que «para establecer la mina esta empresa reubicó a las familias de los ejidatarios zacatecanos dueños de las tierras. Para ello se valió de contratos de ocupación temporal, de falsificación de títulos agrarios y de engaños a los campesinos».

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En el proyecto los legisladores pretenden que las empresas del sector paguen anualmente el 5% de sus ganancias a estados y municipios donde se encuentran los polos de extracción.

Ciudad de México • La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que reforma la Ley de Minas y de Coordinación Fiscal con objeto de que todas las empresas del sector paguen anualmente 5 por ciento de sus ganancias a los estados y municipios donde se encuentran asentados los polos de extracción, con el fin de desarrollar programas de educación, generación de infraestructura pública, agua potable y alcantarillado.

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Nuestra visita con ustedes ha provocado muchas emociones.

En primer lugar, estamos profundamente agradecidos por el tiempo que pasaron con nosotros, la calidez con la que nos recibieron, y la honestidad, la franqueza y el respeto con el que nos recibieron. Nos honra su espíritu de generosidad.Estamos profundamente conmovidos y emocionados hasta las lágrimas por sus testimonios del impacto que las operaciones de las empresas mineras Canadienses tienen en ustedes. Después de escuchar sus historias, no cabe duda en nuestras mentes que han habido violaciones de derechos humanos en Durango y Oaxaca.

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Sí han enviado oficios a la Segam, señala síndico municipal

Samuel Estrada

Es palpable la devastación por la mina de fluorita en la comunidad de La Salitrera, en Villa de Zaragoza. En un recorrido que pudo hacer La Jornada San Luis por el sitio, se denotaron las graves afectaciones a la comunidad y al medio ambiente; el suelo, el agua y el aire han sido contaminados por la empresa minera multinacional Mexichem.

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Zacapoaxtla, Puebla.- Desde hace al menos dos años, la sombra de los megaproyectos amenaza lentamente a la Sierra Norte de Puebla. Sin información ni transparencia por parte de las autoridades o empresas, y sin consulta previa a los pueblos indígenas, las presas hidroeléctricas y la minería a cielo abierto intentan avanzar en esta región. “La gente sólo sabe que van a llegar unas máquinas y que van a venir más, o encuentran brechas abiertas por los ingenieros para llegar al agua”, dice Florencio Carlos Zabaleta, presidente de la Unidad Indígena Totonaca Nahua (Unitona), una de las organizaciones que en julio del 2012 integraron el Consejo Tiyat Tlali, red de colectivos de diversos orígenes, entre las que también se encuentran la Unión de Cooperativas Tosepan, la Maseual Siuamej Mosenyolchicauani, la Universidad de la Tierra en Puebla y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que acompañan los procesos de organización y resistencia de las poblaciones afectadas por los llamados proyectos de muerte. 

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