A pesar de que México es el primer productor de plata y el décimo de oro, nuestro gobierno no percibe ingreso alguno de las empresas mineras por concepto de regalías sobre el valor de producción de los minerales extraídos a boca de mina. Dichas empresas se benefician con cantidades multimillonarias a partir de la explotación de los minerales y apenas pagan un derecho semestral por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. Y toda la información oficial al respecto está reservada o es confidencial.
En México se desarrollan de manera extensiva actividades industriales de extracción de hidrocarburos y de otros minerales, las cuales desempeñan un papel importante en nuestro desarrollo económico y finanzas públicas. Dichas actividades también implican numerosos impactos ambientales y sociales. Por ello, un tema central en la gestión democrática de estos bienes naturales que pertenecen en dominio a la nación es el acceso a la información y la transparencia de la gestión de estos sectores. Tenemos el derecho de saber cómo se están explotando, qué empresas están involucradas en la explotación, a cuánto ascienden las utilidades que se están generando, cuál es el destino de la venta de estos bienes naturales y cuáles son los impactos ambientales y sociales que las actividades extractivas conllevan. De igual forma, tenemos el derecho conocer las medidas que el Estado ha tomado para mitigar o remediar estos impactos.
Exigieron una nueva Ley Minera que garantice el respeto a la Constitución y los tratados internacionales
Presidente de AMVO, Ariel Ruíz Castillo, coincide con lo cuestionables que pudiera ser IRMA.