Poseedoras de concesiones que abarcan la mitad del territorio nacional, las compañías mineras trasnacionales, en especial las canadienses, tienen absoluto dominio sobre todos los recursos naturales, renovables y no renovables ubicados en los territorios autorizados… y más allá, porque no hay autoridad federal, estatal, municipal o ejidal que las controle y menos aún que las someta.
El modelo de desarrollo “extractivista” que se aplica para obtener el mayor lucro posible ha sido implantado desde hace décadas por las mineras trasnacionales sin verificación o supervisión alguna, lo que ha dejado a lo largo y ancho de México la destrucción sistemática de ecosistemas completos, sin que ninguna de las compañías haya sido responsabilizada de resarcir los daños causados no sólo al medio ambiente, sino a comunidades completas que no reciben beneficio alguno por la destrucción de su hábitat.
El proyecto de investigación “Industrias Extractivas en la Sierra Norte de Puebla” se realizó por parte de la organización regional PODER que trabaja a lo largo de América Latina para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas empresarial desde una perspectiva de derechos humanos. Este proyecto junto con el Consejo Tiyat Tlali ha estrechado alianzas para visibilizar las concesiones de empresas que cuentan con iniciativas extractivas de los recursos naturales en la Sierra Norte de Puebla.
En lo que va del año, el sector minero ha registrado 16 accidentes de trabajo, de los cuales 11 reportaron decesos, reportó la Secretaría del Trabajo (ST).
Pese a los argumentos científicos que presentaron expertos y organizaciones sobre el riesgo y la inviabilidad del proyecto de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones en Baja California Sur, que ocupa parte de la reserva Sierra la Laguna, fue autorizado por la Semarnat.
Derivado de las leyes secundarias en materia energética se prevé que la actividad minera se extienda más allá del 16% del territorio nacional que actualmente ocupa, pero también es de esperar que esta expansión detone los conflictos sociales, principalmente en zonas indígenas del país.
Esto no es una expropiación, es una “ocupación temporal de tierras”, coopere señor campesino para que las petroleras o mineras, según convenga al Estado, vengan a destrozar su territorio. Coopere porque si no vende, su campo será ocupado. Ya lo dice la Constitución.
Recientemente, sobre el lado oriente del Parque Nacional «Cañón del Sumidero» se registró un derrumbe de rocas que cayó en las aguas del río Grijalva, como consecuencia de las detonaciones por uso de explosivos de la mina de cal que se ubica desde 1963 en dicha área natural protegida.
Entre el 2011 y el 2013, al menos 27 personas (11 mujeres y 16 hombres) defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas, asegura el informe “El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013”, publicado el 3 de julio por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT).
La Red Mexicana de Afectados por la Minería dio a conocer que los daños ambientales por la explotación minera superan en costo hasta en un 30 por ciento al valor de las exportaciones de los minerales.