La semana pasada leímos con estupefacción la denuncia del sindicato de mineros acerca del derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora desde la mina Buena Vista del Cobre, propiedad del Grupo México, la empresa que ha ganado presencia y notoriedad en los medios por otros desastres, como el ocurrido hace años en Pasta de Conchos, así como por la pugna permanente sostenida contra la organización que representa y defiende los intereses legales y profesionales de sus trabajadores.
Una vez más, ante los hechos que afectan el medio ambiente, la salud y las condiciones de vida de siete municipios que reciben el agua envenenada, la empresa no sólo mintió en cuanto a las causas del problema sino que ha venido incumpliendo los compromisos de ayuda pronta y eficaz, como el de dotar de agua potable a la población que ve cómo la mancha anaranjada del ácido sulfúrico diluida en el río prosigue su carrera letal.