La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 28 “conflictos mineros” en 14 estados del país, y el número irá creciendo conforme las mineras comiencen a operar las miles de concesiones que tienen. Algunos de estos conflictos son relativamente recientes y otros llevan varios años sin resolverse. En la mayoría de ellos, las comunidades indígenas protestan porque no se ha llevado a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho.
Ayer me encontré con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a analizar la constitucionalidad de la Ley Minera y su posible aplicación cuando las concesiones afecten los derechos de las comunidades indígenas. Van a retomar su competencia para revisar un amparo promovido por la comunidad me’phaa (tlapaneca) de San Miguel del Progreso, ubicada en el municipio de Malinaltepec, en la región de la Montaña de Guerrero.