Desde que se modificó la ley minera en 1992, en esta República agujereada el gobierno federal ha concesionado alrededor de una tercera parte del territorio nacional en beneficio de los barones de la minería, quienes han visto crecer como espuma sus fortunas. El argumento oficial es que –como en el caso del petróleo– la riqueza mineral pertenece a la nación, siempre y cuando ésta permanezca en el subsuelo. Una vez extraída la cosa cambia y queda en manos de particulares, los que –se supone– pagan derechos al erario, y todos quedan contentos (versión oficial) con esta brillante fórmula.
En los hechos los únicos que son felices son los citados barones, puesto que –sólo como ejemplo– en el periodo 2008-2013 el valor acumulado de la producción minera nacional sumó poco más de un billón 234 mil millones de pesos (algo así como 83 mil millones de dólares al tipo de cambio actual) y el erario, por concepto del supuesto pago de derechos, obtuvo a cambio apenas 7 mil 100 millones de pesos (alrededor de 473 millones de dólares), o lo que es lo mismo, 0.6 por ciento de esa riqueza extraída.
Pierre Beucage, antropólogo canadiense que ha realizado investigaciones por más de 30 años en la Sierra Norte de Puebla con organizaciones como El Taller de Tradición Oral, del municipio de Cuetzalan y con hombres y mujeres nahuas sobre temas como las plantas medicinales, la lengua nahuatl, la música de xochipitzauat y cosmovisión, entre otros.
En un informe que examina documentos internos procurados del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD) se establece tanto la complicidad de diplomáticos canadienses en México al intentar Excellon Resources de Toronto evadir su responsabilidad por violaciones de un contrato de arrendamiento y deficiencias en las condiciones de trabajo, como el apoyo de diplomáticos a la represión de una protesta pacífica.
Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad de la Ley Minera y su aplicación, cuando las concesiones a una empresa del ramo afecte derechos de comunidades indígenas.
Grupo de empresarios, ecologistas e investigadores del CIAD denominada “Voces por el Agua” urgieron a endurecer protocolos de seguridad y realizar estudios del sedimento de 50 kilómetros de la presa de Pánuco por donde se derramaron materiales de jales, antes de que levanten la alerta y contamine a los sectores productivos como la ganadería, la pesca, la agricultura, a la presa Picachos y llegue al mar.
Grupo México, empresa responsable de uno de los desastres ecológicos más grandes en la historia de México, en el Río Sonora, busca operar una mina de cobre dentro del Área Natural Protegida en Valle de los Cirios, al sur de Baja California, donde hay escasez de agua. 
El pasado 18 de febrero de 2015 se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo en el Municipio de Xochitepec, Morelo, México. Entre los temas a tratar en el acta del día los proyectos mineros estuvieron presentes.
Hasta el mes de enero, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitarios (Cofepris) diagnosticó a 272 pacientes afectados en su salud por la contaminación del río Sonora a consecuencia del derrame tóxico de la minera Grupo México.
La empresa minera de inversión canadiense Media Luna, asentada en la comunidad de Nuevo Balsas municipio de Cocula, pagaba un millón de pesos al mes al jefe de plaza de la organización delictiva La Familia Michoacana en los municipio de Cocula y Cuetzala, Uriel Vences Delgado, La Burra o El 50, para que permitiera los trabajos de la empresa y el libre tránsito de sus empleados.