El pasado viernes 27 de marzo hubo una fuerte movilización pacífica en la ciudad de Cananea, organizada por la alianza Todos Unidos Contra Grupo México. Esta organización se compone con los pobladores de los municipios del río Sonora afectados por la contaminación, y por los mineros de Cananea, que están por arribar al octavo año de huelga y que hace cinco años la sostienen como huelga de hecho, mientras sus abogados mantienen latentes los recursos jurídicos y han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha iniciado un proceso de revisión del caso. En esta ocasión unos 2 mil ciudadanos de los municipios ribereños se concentraron desde temprano en el mausoleo de los mártires de Cananea de 1906, a la entrada de la ciudad, y marcharon hacia el predio conocido como Los Patos, a unos siete kilómetros de distancia. Allí mismo, dentro de la ciudad hacia el este, instalaron un campamento permanente que mantienen desde el 16 de marzo y de donde impiden que las plantas rebombeen el agua hacia la mina, lo cual está provocando el efecto favorable de que esa agua siga su curso normal y recargue los acuíferos subterráneos del río San Pedro. Otro efecto consiste en que al impedir el rebombeo, la enorme laguna de ácidos y venenos de Cananea esté bajando su nivel de tóxicos.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y Regional del Pacífico Norte, el cual presentó la Semarnat para su revisión a académicos, organizaciones ambientales y sectores productivos, protegería al golfo de Ulloa (GU) de la minería marina.
El Juzgado Primero deL Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de Colima, admitió el pasado 25 de marzo el amparo que la comunidad indígena de Zacualpan había presentado un día antes en contra de dos concesiones vigentes en sus tierras comunales.
¿Dónde está la justicia en Oaxaca? Hace tres años, el 15 de marzo de 2012, el activista antiminero Bernardo Vásquez Sánchez, fundador de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUCO), fue asesinado a balazos porque luchaba contra la empresa minera Cuzcatlán (filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines Inc.). Tres personas fueron inculpadas y encarceladas por este homicidio, pero no basta. Nosotros integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigimos ante Procuraduría General de Justicia de Oaxaca que los autores intelectuales de este crimen también sean juzgados.
Apenas se mira el letrero que anuncia la llegada a esta comunidad nahua, situada a pocos kilómetros de la capital, y también se advierte el divisionismo y el abandono oficial. Los ánimos están caldeados –tanto como en el principio de un conflicto que prevalece en la mixteca oaxaqueña (en el municipio de San Juan Copala), del que se ha llegado al asesinato de decenas de personas, despojo y desplazamiento de familias enteras, en el que gobiernos local y federal parecen apartarse de la solución–, las familias divididas y el pueblo entero en disputa.
El día de hoy 23 de marzo de 2015, el COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE ZACUALPAN, el CONSEJO INDÍGENA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE ZACUALPAN y representantes electos en ASAMBLEA POR USOS Y COSTUMBRES PARA QUE REPRESENTEN A NUESTRO PUEBLO INDÍGENA DE ZACUALPAN, presentaron ante el Juez de Distrito en turno en el Estado de Colima, un juicio de amparo del proceso de aprobación y otorgamiento de las CONCESIONES MINERAS que ilegalmente se han dado en la Comunidad Indígena de Zacualpan.
Comisarios y habitantes, de al menos ocho comunidades del distrito minero de La Cañada, conformaron en una asamblea un frente en defensa del medio ambiente y en contra de los daños que ha generado la empresa Industrial Minera México (IMSSA) por el inadecuado manejo de los desechos tóxicos extractivos que se encuentran a cielo abierto en las poblaciones ocasionando problemas de salud.
La minera Buenavista del Cobre pagó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 23 millones 565 mil 938 pesos de multa por 50 irregularidades detectadas ante el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi del año pasado.
El dictamen de la Ley General de Aguas, detenido en la Cámara de Diputados, permite a la industria minera explotar el recurso sin necesitad de concesión, alertó la especialista Elena Burns, integrante de la asociación civil Agua para Todos, Agua para la Vida.