Un grupo de habitantes de la comunidad de Coatetelco de esta localidad rechaza a la empresa minera Alamos Gold Company (antes Esperanza Silver), la cual busca explotar alrededor de 303 hectáreas de tierras de cultivo y de uso común de la comunidad para extraer metales como antimonio, arsénico y oro.
La citada empresa, que adquirió las siete concesiones de la empresa minera canadiense a tajo abierto Esperanza Silver, busca iniciar con la etapa de explotación de las alrededor de 303 hectáreas de la comunidad indígena, donde pretende extraer diferentes metales. Sin embargo, los lugareños aseguraron que esta situación, traerá afectaciones al medio ambiente y a la salud pública.
Cientos de hombres y mujeres salieron a las calles del municipio de Pijijiapan para exigir al gobierno federal que cancele las concesiones a empresas mineras y también que frene la construcción de “minipresas hidroeléctricas” en la región.
La tarde de este jueves, 40 campesinos del ejido Matamoros en el municipio de Melchor Ocampo se manifestaron en el vestíbulo del Congreso del estado.
A seis años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, el homicidio no solo sigue impune sino que la mina de barita contra la que Mariano luchó por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, amenaza nuevamente con iniciar sus operaciones en el ejido Grecia, Chicomuselo, en medio de mayores divisiones y tensiones entre la población como las que genera también la extracción de barita en el ejido Santa María. Del mismo modo sigue impune la corrupción generada entre la empresa minera canadiense apoyada por su embajada y el ex presidente municipal Julio César Velázquez Calderón ya que, pese a las pruebas contundentes, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Chiapas, desistieron de esta investigación.
Diferentes organizaciones, denuncian a la minera canadiense Black Fire de operar nuevamente en el ejido Gracia, Chicomuselo, Chiapas. Familiares del activista Mariano Abarca Roblero, quien luchaba por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, y en contra de la minera, fue ultimado el 27 de noviembre de 2009.
En los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor del 90% del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos.
Organizaciones exigen eliminación de los permisos mineros en la entidad que generan muerte, deforestación, contaminación y cambio climático.
Capulálpam tiene una historia de más de dos siglos de minería de oro y plata. Saúl Aquino, líder indígena zapoteca y presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad, recuerda que los desechos químicos de la actividad minera devastaron los acuíferos y contaminaron el agua, las tierras comunales y el bosque. La mina pertenecía a una empresa mexicana, pero ahora es de propiedad de Sundance Minerals, con sede en Vancouver, Canadá. Los conflictos más graves en Oaxaca se produjeron en comunidades indígenas donde las corporaciones procedieron a explorar y explotar sin el consentimiento previo de las poblaciones indígenas. Capulálpam es el primer territorio reconocido libre de minería en México. En los últimos años, Capulálpam ha desarrollado su propio modelo basado en los bienes naturales de propiedad comunal.
Pobladores del ejido Nueva Francia en el municipio de Escuintla, alertaron sobre las detenciones arbitrarias y amenazas que han sufrido por pronunciarse contra la empresa minera Obras y Proyectos Mazapa S. A. de C. V. que opera en la zona.
El proyecto minero del Cerro de Espejeras en Tetela de Ocampo podría posponerse tres años más, por la movilización social y por las debilidades financieras y legales de la empresa Frisco, propiedad de Carlos Slim, se dio a conocer en una reunión informativa realizada en este municipio serrano.