Exhortan a gobierno a no dar concesiones y respetar convenio 169 OIT; explican las consecuencias que hay para un pueblo cuando se extrae algún tipo de mineral a cielo abierto. Mujeres que integran el Comité Ixtepecano en Defensa de la vida y el territorio, manifestaron mediante una misiva su rechazo al proyecto minero en Ciudad Ixtepec, el cual abarca una concesión de 8 mil 150 hectáreas, denominada Lote Niza.
Esta concesión minera con número de título 232089, fue otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía, en el año 2008 a la empresa Minera Plata Real, para extraer oro y plata de territorio ixtepecano, por un periodo de 50 años.
Las mujeres zapotecas exigieron a las autoridades federales se reconozcan y respeten sus formas autónomas, comunitarias y ancestrales de organización y los procesos de autoconsulta que han realizado y de los cuales han convenido no al proyecto minero en Ixtepec.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización de impacto ambiental al proyecto de minería submarina Don Diego, planeado en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, debido al posible impacto ambiental en la región, sobre todo para las tortugas, informaron los centros Mexicano de Derecho Ambiental y para la Diversidad Biológica.
NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO
A cinco meses de concluir su gobierno, Miguel Alonso Reyes emitió una “declaratoria de zona de riesgo” en la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, para que en los próximos días sean desalojadas 19 familias que desde hace cuatro años se oponen a ser expulsadas de ese poblado en el que opera la Minera Tayahua, filial de Grupo Frisco y propiedad de Carlos Slim Helú.
El gobierno estatal llevó lanchas a los pescadores que no fueron aceptadas al considerar que esos regalos pretenden únicamente corromper el movimiento que tiene causas justas. Mario Valentín Ramírez manifestó que el conflicto por la contaminación de la minera Media Luna ubicada en el municipio de Cocula, continúa.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Centro para la Diversidad Biológica consideran correcta la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de negar la autorización en materia de impacto ambiental al proyecto de minería submarina “Don Diego”, que pretendía llevarse a cabo en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, debido a los posibles impactos ambientales para la región.
Ciudad Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos -entre otros- del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos.
Un estudio realizado por expertos de diferentes áreas de la salud de los Estados Unidos determinó que las acciones del Grupo México en la remediación de la zona contaminada por el derrame tóxico en 2014, son insuficientes. Según la investigación, el desastre ambiental afectó a 22 municipios del Estado de Sonora, dejando a la población con graves problemas de salud y un “ecosistema sin vida”. El 70 por ciento de los habitantes de siete poblados tienen problemas de salud debido al desastre ambiental ocasionado por la empresa Grupo México, que afectó a los alrededores de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto del 2014.
El alcalde enfatizó que no importa que sean empresas extranjeras o nacionales, deben acatar los ordenamientos legales del estado y municipio donde trabajan.