La comunidad me’phaa (tlapaneca) de San Miguel el Progreso, o Júba Wajiín, en el municipio guerrerense de Malinaltepec, triunfó literalmente sobre el proyecto minero Corazón de Tinieblas mediante una fallo legal de trascendencia nacional. Al sentenciar en favor del amparo y la protección judicial demandada por dicha comunidad contra la explotación minera, en ese territorio de la Montaña de Guerrero, la jueza primera de distrito Estela Platero Salgado dio por esencialmente fundados los conceptos de violación de sus derechos, y que se demostró el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria.

En conversación con La Jornada, Valerio Mauro Amado Solano, presidente de la comisión de bienes comunales de Júba Wajiín, describe la espiral extractivista que comenzó a cernirse sobre esa y otras comunidades vecinas desde 2010: Primero, puros rumores de que iban a poner minas, sin ninguna notificación del gobierno. Fuimos los últimos en saber lo que pretendían hacer en nuestras tierras. Se dijo que estaban concesionadas por la Secretaría de Economía (SE). El comisariado investigó y la SE tardó un año en dar respuesta, diciéndonos que sí, era cierto. En 2011 una acta de la asamblea rechazó la minería y la presentó a la autoridad agraria. Nos arrimamos a Tlachinollan (centro de derechos humanos con sede en la ciudad de Tlapa), y en 2013 se interpuso nuestro primer amparo.

Miguel Santiago Lorenzo, representante ñuu savi (mixteco), quien preside el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, recuerda que siguen vigentes las concesiones San Javier, La Diana y Toro Rojo en tierras de Iliatenco y Malinaltepec, otorgadas a Hochschild Mining y Camsim Minas. En el Consejo seguiremos vigilantes de lo que pretenda hacer el gobierno.

Como excepción, en el núcleo agrario me’phaa de Paraje Montero (Malinaltepec) la asamblea dio anuencia a la empresa Camsim. Totomixtlahuaca (Tlacoapa), Colombia de Guadalupe y Ojo de Agua (Malinaltepec) y los bienes comunales de Iliatenco rechazaron los proyectos y anunciaron que harían lo posible para que la explotación fuera cancelada.

Maribel González Pedro, defensora de Tlachinollan, recuerda que en 2011 hubo sobrevuelos de exploración sobre esa área. La SE y el gobierno estatal propalaron que en Guerrero el potencial minero representaba un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera. Cabe mencionar que en 2008 la empresa Goldcorp ocupó Carrizalillo (municipio Eduardo Neri) para una suculenta extracción de oro. Hoy, la zona de Carrizalillo padece una fuerte presencia de organizaciones criminales, uno de los efectos secundarios de la minería.

En el corazón de las tinieblas

El Observatorio de Instituciones Territoriales reportaba en 2013 que la filial en México de la compañía minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining recibió de la SE dos concesiones: Reducción Norte de Corazón Tinieblas y Corazón de Tinieblas, que abarcan más de 59 mil hectáreas en los municipios de San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Tlacoapa, en donde se presumía la existencia de yacimientos de plata y oro.

Corazón de Tinieblas sería la concesión más grande en la Montaña, con 43 mil 759 hectáreas, afectando los núcleos agrarios indígenas de Totomixtlahuaca, Tenamazapa, San Miguel el Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y Acatepec.

El número de concesiones empezó a crecer desde 2005, hasta involucrar una tercera parte de la Montaña, es decir, 19 municipios que abarcan 692 mil hectáreas. La mayoría de sus más de 361 mil habitantes pertenecen a los pueblos nahua, me’phaa y ñuu savi.

El Centro Tlachinollan documenta que la Montaña ha sido concesionada por el gobierno federal sin el consentimiento de las comunidades. Para 2016, la SE tenía registro de 44 concesiones en la región Costa-Montaña. Ante las violaciones a sus derechos, diecisiete comunidades agrarias decidieron no dar su anuencia a la exploración y la explotación minera. Júba Wajiín adoptó la decisión en abril de 2011. En septiembre de 2012 obtuvo su registro ante el Registro Agrario Nacional.

Valerio Solano destaca que la comunidad ancestral de Júba Wajiín demandaba la titulación de sus tierras desde la década de 1940, y fue hasta 1994 que el Tribunal Unitario Agrario dictaminó en su favor y se emitió el decreto presidencial. El trámite tomó seis décadas de lucha. En 2009 la comunidad se unió a la Policía Comunitaria (CRAC-PC). Antes de la amenaza minera, sus conflictos solían ser de límites con comunidades vecinas, y de seguridad.

En 2012 el gobierno decreta una reserva de la biósfera de 157 mil hectáreas en la Montaña, recuerda Armando Campos, también de Tlachinollan. Desde 2004 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal implantaron una programa de la ONU que promovía zonas de reserva comunitaria. Las mismas dependencias y la Universidad Intercultural de Guerrero impulsaron la reserva, la cual restringía actividades a las comunidades en sus propias tierras y la hacía perder la administración de ese territorio. La reserva afectaría 13 núcleos agrarios de cinco municipios. Como reacción, las comunidades se reúnen en octubre de 2012 y se topan con el problema de las mineras.

Santiago Lorenzo, del Consejo Regional, cuenta que los indígenas bloquearon la Universidad Intercultural y lograron la renuncia del rector por impulsar la reserva a espaldas de los pueblos. El gobierno cancela la reserva. Las comunidades organizadas se plantean entonces resistir a la minería. El consejo crece hasta abarcar 200 comunidades de 20 núcleos agrarios en ocho municipios de la Costa y la Montaña. Los pueblos me’phaa, nahuas, ñuu savi, amuzgos y afromexicanos protagonizan una resistencia que no ha sido derrotada. Tienen en común que no reaccionaron contra mineras en sus suelos, sino antes de su llegada.

Armando Campos, de Tlachinollan, apunta: Son cinco años de logros jurídicos y declaratorias de territorios libres de minería. Se cierra la pinza legal para que ninguna minera tenga margen de entrada. Estos pueblos se habían negado antes al pago por servicios ambientales. En 2014 interponen su primer amparo, y lo ganan. La SE impugna la sentencia ante la SCJN en 2015. Las empresas titulares de Corazón de las Tinieblas se desisten. En noviembre de ese año la SE publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad del terreno.

Así, detuvieron un amparo que sentaría precedente para declarar inconstitucional la Ley Minera, explica Maribel González. Se coordinan la SE y la Cámara Minera para echar abajo el amparo y evitar el análisis de la Ley Minera. En diciembre, las comunidades se amparan contra la declaratoria de liberación de terrenos, que abría la posibilidad de concesionarlas a otras mineras. “La SE argumenta que Júba Wajiín ‘no es comunidad indígena’ y por tanto no le asiste el derecho a consulta, lo cual ofende a los me’pha”. La juez en Chilpancingo recibe el amparo y ordena un peritaje antropológico que favorece a los indígenas. Aunque la Ley Minera no reconoce tal derecho, sí la Constitución y los tratados internacionales.

Logro inédito

Tlachinollan destaca que la sentencia dictada por la jueza en el amparo 429/2016, es un logro inédito para una comunidad indígena y un reconocimiento a la lucha incansable y milenaria de San Miguel el Progreso por defender su territorio y su vida frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto. Por primera vez, un juzgado federal ordena que, si la SE pretendiera otorgar ahí nuevas concesiones mineras, deberá cumplir con su obligación constitucional y convencional en materia de derechos de los pueblos indígenas.

La Cámara Minera reaccionó presentando ante la SCJN el Amicus Curie Estudio sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas y su problemática en torno a las concesiones mineras, donde solicita que se niegue el amparo y protección solicitado por Júba Wajiín, y cuestiona que la consulta previa sea necesaria en un otorgamiento de concesiones ya que no hay susceptibilidad de afectación potencial o real de los derechos de los pueblos o comunidades indígenas.

Valerio Solano expresa con orgullo: “En nuestro territorio hemos controlado la violencia: No entran el narco ni la minería”. Y concluyen los defensores de Tlachinollan: El Consejo Regional y su lucha son referentes de lo que se consigue cuando se juntan los pueblos para defender el territorio común.

Fuente: La Jornada

http://movimientom4.org/2017/07/victoria-mephaa-sobre-proyecto-minero-corazon-de-tinieblas/

Gran parte de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales, y pagan una cantidad ínfima de impuestos, en comparación con las ganancias que obtienen, advirtió el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

En el informe Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, la organización advierte, en primer lugar, que la participación de algunas empresas trasnacionales “despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental”.

Uno de los aspectos más destacados en el estudio es que tanto la minería como la extracción de hidrocarburos reciben trato de privilegio en las leyes mexicanas al ser consideradas actividades “de utilidad pública”, lo cual las pone por encima de otras labores económicas o sociales, e incluso del respeto a la naturaleza o los derechos humanos.

De esa forma, indican los autores del estudio, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica” o fracking.

Este esquema de privilegios ha hecho que en la actualidad haya un total de 25 mil 178 concesiones otorgadas a empresas de hidrocarburos, que ocupan 21 millones de hectáreas del territorio nacional, así como 885 proyectos mineros, la mayoría de los cuales son de firmas canadienses (65.3 por ciento) y estadunidenses (13.2 por ciento).

Acerca de la aportación de este tipo de iniciativas a las arcas del país, el estudio de Fundar revela que la minería únicamente significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, a pesar de la inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013. En tanto, la explotación de hidrocarburos representó 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del año pasado.
El informe señala también que la extracción de minerales e hidrocarburos “genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos saludables”, al tiempo que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual hace aumentar los efectos del cambio climático.

De igual manera, Fundar destacó que la imposición de ese tipo de megaproyectos suele generar altos niveles conflictividad social en las comunidades donde se asientan, como lo demuestra el hecho de que en 2016 se documentaron 37 conflictos generados por la minería y al menos 11 más por la explotación de hidrocarburos.

Fuente: http://ljz.mx/2017/07/03/generan-empresas-extractivas-mas-danos-que-beneficios/

Veracruz, Ver.-El físico matemático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bernardo Salas Mar, exigió al gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares, intervenga para que de una manera u otra, detenga el “Proyecto Minero de Exploración Caballo Blanco”, ubicado en el municipio de Alto Lucero, por poner en riesgo la estabilidad de la Central Nuclear de Laguna y con ello a toda la población cercana.

Y es que advirtió que recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó a la industria minera la puesta en marcha de este proyecto en el que utilizará grandes cargas de dinamita, cuyas explosiones podrían provocar sismos de mediana y gran intensidad, lo cual podría ocasionar fallas y fisuras en las instalaciones de Laguna Verde e incluso en los reactores.

Dijo que la administración estatal pasada, Javier Duarte de Ochoa, se opuso rotundamente y canceló este proyecto, precisamente por estar a un costado de la misma planta lo que pone en riesgo a la población de toda esta zona del estado.

Acusó que la autorización irregular la firmó el delegado federal de la Semarnat, José Antonio González Azuara, de acuerdo al oficio SGPARN.02.IRA.0395/17, con fecha 23 de enero de 2017.

El científico veracruzano exigió una investigación a este funcionario federal, ya que dijo es el mismo que autorizó la construcción del Almacén de Combustibles Gastados dentro de la Central Nuclear Laguna Verde, sin exigir las manifestaciones de impacto ambiental.

Dijo que estas autorizaciones que tienen consecuencias graves sobre la salud y la vida de los veracruzanos, podrían también tipificarse como ecocidio y solo se pueden explicar como acto de corrupción, pues la causal de incompetencia resulta increíble.

“El pasado 13 de junio informe al Órgano Interno de Control de la Semarnat respecto a esta nueva irregularidad quedando ampliada la primera queja en contra de José Antonio González Azuara, con el oficio 16/113/TAQ0955/2017, con expediente 2017/SEMARNAT/DE88, de fecha 16 de marzo y firmada por la licenciada María Linda Alcántar Vargas, titular del área de quejas de Semarnat, quien hasta hoy no ha hecho absolutamente nada”, acusó.

“Igualmente el 16 de junio de 2017 informe a la Comisiona Nacional de Derechos Humanos de esta nueva irregularidad, pues se atenta contra la salud y la vida de los veracruzanos, queja que quedó radicada en la Sexta Visitaduria General a cargo de Nayeli Maricela Hacha Álvarez, quien tampoco ha hecho nada al respecto, es más ni siquiera se han pronunciado al respecto”, finalizó.

Fuente:http://www.noreste.net/noticia/piden-al-gobernador-que-detenga-proyecto-minero-de-exploracion-caballo-blanco/

 Las acusaciones fueron presentadas a la PGR y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los habitantes del Río Sonora y el Sindicato Minero.

SONORA, Jul. 08.- Reina Castro Longoria, integrante del departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, señaló que el expediente legal contra Grupo México será analizado por la Suprema Corte de Justicia la Nación.

El expediente está conformado por 2 600 denuncias. Las denuncias fueron presentadas a la PGR y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los habitantes del Río Sonora y la Sección 65 del Sindicato Minero.

Esto se debe a los daños que fueron ocasionados por el derrame de tóxicos de 2014. La investigadora Castro Longoria, mencionó que el hecho que la Suprema Corte tenga el caso es una buena señal. Castro Longoria ha encabezado varias investigaciones sobre el caso de la contaminación provocada por el derrame tóxico.

También, señaló que la administración ha limitado la atención en daños “ísicos a sólo 270 habitantes, cuando cada semana aparecen más personas afectadas.

lasillarota.com

Fuente:http://nopasanada.mx/grupo-mexico-2600-denuncias-derrame/

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso (“Juba Wajiín”) obtuvo un amparo de la juez primero de Distrito, Estela Platero Salado, que protege su territorio de la explotación minera.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan precisó que el pasado 28 de junio, dentro del juicio de amparo 429/2016, la juez otorgó la protección de la justicia a los pobladores de esa comunidad contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos para la actividad minera, debido a que resultaron “esencialmente fundados” los conceptos de violación.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/494474/otorgan-amparo-a-comunidad-mephaa-contra-la-explotacion-minera-en-guerrero

La Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, otorgó el amparo a la comunidad indígena de San Miguel del Progreso -“Juba Wajín”- frente a la “amenaza minera” que pretendía explorar y explotar su territorio. La sentencia se dictó dentro del juicio de amparo 429/2016.

“No permitiremos la entrada de empresas trasnacionales y nacionales que pretendan explotar nuestro territorio”, sentenció en conferencia de prensa Miguel Santiago, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.

Y es que desde 2010, la comunidad de San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero inició un litigio en contra de ña Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera.

Derivado de este proceso judicial, la primera sentencia de amparo contra concesiones mineras fue notificada el 12 de febrero de 2014; lo que llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Después de ello, “en una maniobra estratégica las empresas desistieron de sus títulos de concesión, “lo que obligó a la SCJN a sobreseer el amparo y evitó que entrara al análisis de la constitucionalidad en inconvencionalidad de la Ley Minera”, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Talchinollan.

Es en la Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015, publicada por la Secretaría de Economía el 24 de noviembre de 2015, en la que se declaraba a los terrenos Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de tinieblas, libres “con el fin de otorgar nuevamente concesiones mineras”.

La abogada Claudia Gómez Godoy dijo que desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) “no creemos que haya minería buena,verde, sustentable o responsable, sino que toda la minería significa despojo, enfrentamiento, significa conflictos intercomunitarios, significa muerte y significa contaminación, por lo cual; el amparo que hoy se gana es sin duda una noticia que hay que celebrar porque abre surco, camino, para un montón de pueblos que a lo largo del país se están oponiendo a estos proyectos de muerte”.

Contra las disposiciones del gobierno federal, indicó Tlachinollan, el 30 de junio pasado las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso y Tlachinollan fueron notificados de la sentencia “inédita” dictada por la juez Platero Salado, “en la que ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de Terrenos y que en caso de que pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad, deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad entre ellos la consulta”.

Maribel González Pedro, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, comenta en que “la lucha de San Miguel del Progreso que ha emprendido desde 2010 es frente a la amenaza minera, ya con esta sentencia es la segunda que gana frente a tribunales judiciales  y frente a la política extractivista del gobierno mexicano. Los pueblos de la Montaña tienen concesiones vigentes; sin embargo, también tienen una lucha que al día de hoy se encuentra más fortalecida gracias a este amparo que no sólo es un logro de la comunidad sino del consejo de autoridades agrarias en defensa del territorio y ellos están siguiendo otras vías de fortalecer la comunidad y su organización comunitaria…”.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/07/11/indigenas-ganan-a-trasnacionales-mineras/

En el territorio de esta comunidad mexicana, compuesta por 3.800 personas, han existido 44 concesiones mineras, la mayoría de Canadá y Perú.

La comunidad mexicana de San Miguel del Progreso, en el municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, ha obtenido un amparo histórico que protege sus territorios de la actividad minera, informa el periódico ‘Sin Embargo’.

El patrocinio de la comunidad, compuesta por 4.500 hectáreas y 3.800 personas, fue otorgado a finales del pasado mes de junio por la Jueza Primera de Distrito, Estela Platero Solano. Según los indígenas, en su territorio han existido 44 concesiones mineras, la mayoría de la cuales provienen de Canadá y de Perú. La mitad de ellas han sido canceladas.

En una conferencia de prensa celebrada en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, se justificó la decisión de otorgar patrocinio y protección a la comunidad y a sus territorios por «resultar esencialmente fundados los conceptos de violación y, por ende, quedar demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena agraria».

Por su parte, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad, Valerio Amado Solano, subrayó que el amparo a favor de los indígenas se debe a la lucha que emprendieron los pobladores hace unos siete años. «Rechazamos a las empresas mineras en nuestra comunidad», recalcó Valerio Amado.

Este es el segundo amparo que obtienen los indígenas frente a la amenaza de la esfera de minería en su territorio. La primera victoria de esta comunidad tuvo lugar el 12 de febrero de 2014.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/244126-mexico–historico-amparo-indigenas-mineria

OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades agrarias y municipales de los distritos de Ocotlán y Ejutla exigieron que se cancele el proyecto minero de la empresa Fortuna Silver Mines, así como se respeten las tierras de las comunidades zapotecas que han declarado sus territorios prohibidos para actividades extractivas.

De igual forma, culparon a la Semarnat, Conagua y Profepa por incumplir con sus responsabilidades, al permitir daños ambientales generados por el proyecto minero San José de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/493892/autoridades-agrarias-ocotlan-ejutla-repudian-proyecto-minero-en-oaxaca

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer la denuncia de la asociación civil Defensa Colectiva contra la compañía y su minera por contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi hace 3 años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo una demanda colectiva contra Grupo México y su mina, Buena Vista del Cobre, por contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, luego de que se derramaran miles de metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre.

La demanda fue interpuesta por la asociación civil Defensa Colectiva porque, según ella, el derrame ocasionó un severo daño al medio ambiente y a los ecosistemas de las aguas y tierras en Sonora; sin embargo, el Juez de Distrito desechó dicha denuncia y el Tribunal Unitario confirmó esta acción, por lo que la organización interpuso un amparo.

Aunque Grupo México también promovió otro amparo por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte decidió atraer ambos amparos para resolverlos.

«El caso tiene enorme importancia y trascendencia ya que permitirá establecer la interpretación adecuada de las acciones colectivas en materia ambiental y la capacidad de apreciación de los mismos de parte del Juez de Distrito en la etapa de certificación», indicó la Corte en un comunciado publicado este miércoles.

El derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014 por una falla en las tinajas de la mina Buenavista del Cobre, fue calificado por las autoridades federales como «el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos».

La empresa indicó en ese entonces que el derrame fue provocado por lluvias atípicas en la zona, argumento que fue rebatido por las autoridades.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a Grupo México con casi 23 millones de pesos y en noviembre de 2015, el gobierno federal dio por concluida la fase de reparación de daños del Río Sonora a cargo de la empresa Grupo México.

Agricultores y ganaderos se vieron afectados puesto que sus animales y los sembradíos. Algunos ganaderos recibieron una indemnización de 14,500 pesos si tenían de una a 50 cabezas de ganado; los que tenían 300 cabezas recibieron 100,000 pesos. Algunos aseguraron que la cantidad recibida no compensaban las pérdidas.

Sin embargo, la asociación civil indica que la contaminación del agua con sustancias tóxicas como sulfato de cobre acidulado ha causado severos daños no solo a las localidades sonorenses, también a todos los mexicanos.

La Corte determinará si es apegado a derecho que se deseche una demanda de acción colectiva cuando una o varias de las pretensiones de la parte actora pudieran ser incompatibles con la vía procesal.

Fuente:http://expansion.mx/empresas/2017/07/05/la-suprema-corte-atrae-demanda-contra-grupo-mexico-por-derrame-de-2014

Regeneración, 2 de julio de 2017.- Lázaro Eduardo Ávila, responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), informó que 381 habitantes de las inmediaciones del río Sonora presentan desechos tóxicos en sangre y orina.

Esto ocurre a casi tres años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la compañía minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, al río Sonora.

Las personas afectadas son atendidas y monitoreadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mediante la realización de análisis de sangre y orina cada cuatro meses.

Ávila dijo que, además, se les brinda atención en una vivienda habilitada como clínica, en tanto se concluya la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, sin embargo, los trabajos permanecen detenidos.

El responsable de la Unidad de Vigilancia rechazó que los resultados de los análisis más recientes realizados por la Cofepris, que detectó residuos de plomo superior a la Norma Oficial Mexicana, se deba a la contaminación provocada por la mina de Grupo México ubicada en Cananea.

Hace unos días se dio a conocer que, según un estudio a cargo del Grupo Microanálisis, los pobladores de los municipios aledaños al río Sonora continúan consumiendo agua con altos niveles de plomo, arsénico y hierro,
Cabe mencionar que Grupo México prometió la instalación de 27 plantas potabilizadoras, pero en abril pasado ordenó reducir a nueve las que se edificarían para abastecer a 25 mil habitantes de los ocho municipios ribereños afectados, pero a la fecha ninguna se ha entregado.

Según los planes m

esos y le restan 750 millones para instalar las purificadoras con tecnología de ósmosis inversa.

La mayor parte de los recursos ya fueron utilizados y todavía no se construyen ni el hospital para atender a las víctimas del derrame ni las plantas potabilizadoras.

Los principales problemas de salud que padecen los afectados por los tóxicos derramados por Buenavista del Cobre son dermatológicos, gastrointestinales, oftalmológicos y neurológicos.

Fuente:http://regeneracion.mx/suman-casi-400-casos-de-personas-intoxicadas-por-derrame-de-minera-en-sonora/