Nueve colectivos, pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Zas, además de otras dos entidades, presentaron hoy en el Concello de Zas un total de 1.181 firmas en contra el estudio de investigación minera, denomiada Isabella II, que afecta a los concellos de Zas, Vimianzo,
Coristanco y Santa Comba.
Las rúbricas fueron entregadas en el rexistro justo en el último día hábil para presentar las alegaciones al desarrollo de este plan de trabajo que pretende llevar a cabo una empresa con sede social en Madrid.
Ver vídeo: Políticos y vecinos de Coristanco y Zas entregan firmas contra la investigación minera en la comarca
Estimadas amigas y amigos,
Una plataforma ciudadrealeña expone sus dudas sobre la viabilidad de una extracción proyectada en el campo de Montiel por posibles daños medioambientales y económicos.
Los dos permisos de exploración aurífera solicitados por Grupo M-FM 2001 S.L., «Isabela II» (4.368 hectáreas), ya autorizado, y «Livia» (4.536 hectáreas), todavía en tramitación, copan buena parte del territorio de este municipio de la comarca coruñesa de la Terra de Soneira, frente a áreas de menor extensión en los ayuntamientos de Vimianzo, Coristanco, Santa Comba y Mazaricos. De la fase de exploración a la de explotación hay sólo un paso y este rincón de Galicia podría encontrarse con un conflicto socioambiental equivalente al vivido en Cabana de Bergantiños, Coristanco y Ponteceso estos últimos años.
El Ministro de Geología y Minas, Francisco Queiroz, consideró el viernes, en Luanda, las actividades mineras como las que más impacto tienen sobre el medio ambiente, debido a la actividad que desarrollan.
El Gobierno de Luxemburgo ha mostrado su intención de invertir en la minería espacial, concretamente practicada en asteroides. Su intención es apoyar la I+D en tecnologías que harían posible esta práctica, así como invertir directamente en algunas empresas.
Las noticias que se van conociendo del proyecto que la empresa Grupo M-FM 2001 S.L tiene para la comarca de Bergantiños van dejando pequeño el frustrado proyecto minero de Corcoesto. Según denuncia el colectivo ecologista Salvemos Cabana, la firma dedicada a la exploración, extracción y beneficio de recursos metálicos tienen solicitados permisos de investigación para 318 cuadrículas – un total de 8.904 hectáreas – en varios municipios de la comarca.
Esta superficie corresponde al permiso de investigación «Isabela II» para 156 cuadrículas mineras, ya concedido, al que se suma «Livia», en tramitación, que añadiría otras 162 cuadrículas en los concellos de Zas, Santa Comba y Mazaricos y multiplicaría en la práctica por diez el área prevista inicialmente para el frustrado proyecto minero de Corcoesto.
La empresa, por su parte, ya ha indicado que no será hasta el segundo ejercicio de la fase de investigación cuando se reflejen las zonas de la campaña de sondeos, que se puede desarrollar en cualquiera de los ayutamientos afectados.
Fundamental alegar
Desde Salvemos Cabana inciden en que presentar alegaciones contra este nuevo proyecto, tanto a nivel personal como colectivo, es «fundamental». El expediente puede consultarse para tal fin hasta mediados de febrero en la sección de Minas de la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de A Coruña.
La Comisión Europea (CE) ha anunciado la apertura de una investigación en profundidad sobre las ayudas públicas concedidas a la empresa minera española Iberpotash en Cataluña, para determinar si supusieron una ventaja selectiva frente a sus competidores contraria a las normas comunitarias.
El gobierno canadiense no ha abordado cuestiones de responsabilidad empresarial que ameritan ser atendidas. Una serie de organizaciones de Naciones Unidas ya han expresado directamente a Canadá que debe adoptar “medidas legislativas o administrativas para evitar que actos de empresas transnacionales constituidas en Canadá” tengan un impacto negativo en los derechos de las personas fuera de Canadá. La Canadian Network on Corporate Accountability instó a la CIDH a emitir una declaración igualmente clara con respecto a Canadá.
La empresa ha anunciado la interrupción de sus actividades en las minas de oro del norte del país, que además cuenta con el total rechazo social de la población, tras la retirada de permisos para la construcción de sus instalaciones de procesamiento por parte de las autoridades helenas para ser sometidos a revisión y la imposición de multas por un total de 21 millones de euros por las infracciones medioambientales cometidas entre los años 2012 y 2014.