El proyecto de una multinacional para volver a explotar la mina de cobre situada en los límites de los municipios de Touro y O Pino (A Coruña) ha recibido este domingo en Santiago un contundente rechazo por parte de 134 colectivos integrados en los sectores de la pesca y agricultura, que lo consideran una amenaza para sus intereses socioeconómicos. La multitudinaria manifestación que ha recorrido la capital de Galicia ha contado con el respaldo de varios Ayuntamientos, organizaciones sindicales y todos los partidos de la oposición en el Parlamento de Galicia que han exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que impida la reapertura de la mina y firme ya la caducidad de la concesión.

Al igual que ocurriera en febrero de 2016 cuando una movilización similar logró que la Xunta paralizase el controvertido proyecto de ley de acuicultura, la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA) emprendió una campaña informativa bajo el lema “No queremos una herencia envenenada” para apoyar las reivindicaciones de los vecinos de ambos ayuntamientos del área metropolitana de Santiago e impedir que la mina recupere la actividad treinta años después de su cierre. La entidad denuncia los daños que a su juicio provocarían los vertidos de la explotación en los recursos pesqueros y marisqueros de la ría de Arousa.

La movilización ha rematado con la lectura de un manifiesto en el que advierten a los poderes públicos del desastre medioambiental y económico que supondría la actividad minera. Los datos e informes que alertan de las consecuencias contaminantes que tendría la explotación para los sectores pesquero-marisquero y agrícola pretenden servir de argumento para evitar que la empresa multinacional Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas obtenga del Gobierno gallego los permisos administrativos para comenzar a operar en agosto.

Los promotores de la marcha han recordado que cuando en los años ochenta la minera Río Tinto abandonó la vieja explotación, dejó allí un desastre que todavía permanece, con ríos y regatos contaminados por las aguas ácidas y metales pesados: “En todo este tiempo, la Xunta miró para otro lado, pese a las numerosas denuncias que hubo, y es lógico, por tanto, que la posible reapertura genere un firme rechazo social. Un sentimiento que se acrecienta si reparamos en las cifras da explotación: 689 hectáreas de extensión donde meterían más de 100 millones de toneladas de lodos altamente contaminantes. Y todo eso a 200 metros de dos aldeas, Arinteiro y Torreis, que estarían condenadas a desaparecer”.

Consecuencias «peores que las del ‘Prestige»

Los detractores de la mina creen que los puestos de trabajo ofrecidos por la empresa promotora son un engaño ante las secuelas que tendría la explotación. “El proceso de extracción del mineral exigiría voladuras diarias que afectarían a la estabilidad de los diques de contención de las balsas por lo que estas podrían reventar sin ninguna capacidad de reacción”, afirman en el manifiesto. Y avisan que en 12 horas su carga letal ya estaría en la ría de Arousa. “Sería peor, mucho peor que el Prestige ¿Cómo se podría vivir en un entorno así?”, proclama el manifiesto que además crítica que Galicia se haya convertido «en una cuadrícula minera como consecuencia de una política que pone los intereses privados por encima de los de toda la sociedad”.

También advierten a la Xunta que “en cuanto el cobre deje de ser rentable [los promotores de la mina] huirían como ya ocurrió hace treinta años, y solo quedarían los restos del naufragio en forma de más contaminación e incertidumbre para nuestro futuro; y frente a eso no hay compensación posible”. Por eso piden a Núñez Feijóo que se restaure el daño causado por la anterior explotación y que los responsables paguen la recuperación medioambiental.

Cobre San Rafael, la filial promotora de la mina, ha acusado a los colectivos que se oponen al proyecto de generar «una alarma infundada» a través de «argumentos sin base técnica». En un comunicado difundido mientras se desarrollaba la masiva manifestación, asegura que la explotación cuenta con «garantías» de control y seguridad para la «no afección a las aguas y al medio natural» y ofrece «diálogo y transparencia» a los colectivos que se oponen a la mina.

La empresa niega que afecte al Camino de Santiago y, aunque admite que «se realizará una voladura al día, dividida en pequeñas cargas», sostiene que el polvo «se mitigará con riego de pistas, acopios y voladuras». Sobre los vertidos al río Ulla que los detractores del proyecto denuncian, Cobre San Rafael responde que habrá «cero salidas de aguas de proceso al exterior.

Fuente:https://elpais.com/ccaa/2018/06/10/galicia/1528640485_493819.html

Censura que se lancen «argumentos sin base técnica» y defiende que el proyecto «es compatible con cualquier actividad económica»

(España) Unas 80.000 personas, según las plataformas convocantes, abarrotaron este domingo las calles de Compostela para decir no a la mina de Touro y O Pino. Bajo el lema ‘Mina no, no queremos una herencia envenenada’, la multitudinaria protesta arrancó pasado el mediodía desde la Alameda para culminar dos horas y media más tarde en la Praza do Obradoiro.

Xosé Bocixa es miembro de la banda de rock gallega Zënzar y autor del documental A ceo aberto, un filme sobre la revuelta agraria de 1977 contra las expropiaciones de terrenos llevadas a cabo por Fenosa en la parroquia de As Encrobas, en Cerceda. Este domingo ha recorrido la manifestación contra la minería, para contar por qué la gente se ha manifestado en la capital.

Fuente:https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1107567/calles-compostela-escenario-nuevo-videoclip-mekanika-rolling-band

El pasado 22 de mayo, después de cien días protestando contra una planta de fundición de cobre de la compañía Sterlite Copper en el distrito indio de Tuticorin, una manifestación de 20.000 personas fue atacada por la policía con el resultado de 12 muertos. Después de la matanza y tras 20 años de lucha, la planta ha sido cerrada.

Un vídeo muestra una zona llena de policías que miran a los manifestantes que tienen enfrente. Uno de los agentes, rifle en mano y apostado sobre un vehículo policial, dispara contra la multitud. De fondo se oye una voz que dice en tamil: “Al menos uno debe morir”.

Murieron doce.

El martes 22 de mayo los habitantes del distrito de Tuticorin, en el Estado indio de Tamil Nadu, salieron en masa a protestar contra la planta de fundición de cobre de la compañía Sterlite Copper. Las calles se llenaron con 20.000 personas que exigían su cierre porque denuncian que está contaminando la zona. En realidad llevaban protestando 99 días. El día 100, aquel martes, la policía abrió fuego.

“Dispararon a matar y mataron. Indudablemente es un asesinato, ya que algunas personas atacadas parecen haber sido elegidas de forma deliberada”, afirma a este diario Nityanand Jayaraman, un activista que durante años ha investigado en profundidad el caso de esta planta industrial. “Todos saben que el Gobierno del Estado y la administración del distrito son leales a Sterlite. Creo que el Estado quería dar una lección a la gente y eliminar a algunos activistas clave en el proceso”, opina el miembro de la organización Chennai Solidarity Group.

Los enfrentamientos comenzaron cuando la marcha llegó a las oficinas de la administración. Antes de apretar el gatillo, los uniformados habían recurrido al gas lacrimógeno y los lathis, las tradicionales porras que usan para dispersar multitudes. Aquella jornada se saldó con doce muertos y un centenar de heridos. En las protestas del día siguiente falleció otro manifestante. Los vídeos corrieron por las redes sociales, como también corrió la sensación de que los disparos no fueron una respuesta espontánea ante una agitación incontrolable. En palabras del político Rahul Gandhi, India vio “un ejemplo brutal de terrorismo de Estado”.

“El asesinato de manifestantes pacíficos fue planeado previamente, algo premeditado. Es completamente antiético y en contra de la gente”, dice el reconocido ambientalista G. Sundarrajan, que lidera el movimiento ecologista Poovulagin Nanbargal en Tamil Nadu. “Nos sorprende que gente que protesta pacíficamente contra la planta Sterlite, contra la contaminación del medio ambiente y para defender sus sustentos, haya recibido disparos sin ningún signo de vergüenza o sentimiento de culpa por parte de quienes lo ordenaron”.

El Gobierno tamil, que anunció la creación de una comisión para investigar las muertes, sostiene que fue la multitud la que empezó los disturbios prendiendo fuego a vehículos y arrojando piedras. “La policía tuvo que actuar para controlar la violencia bajo circunstancias inevitables”, señaló en un comunicado.

Pero esa justificación no le ha servido para frenar una creciente indignación que se ha convertido en asunto nacional y que le ha obligado a ordenar el cierre permanente de la planta en defensa del interés público. Días antes, un tribunal había paralizado la expansión del complejo industrial, un plan con el que Sterlite pretendía doblar su producción anual de 400.000 toneladas. Hoy los habitantes de Tuticorin celebran una victoria popular que ha tardado dos décadas en llegar.

veinte años de lucha

Porque este caso viene de lejos. Los últimos 100 días han sido la enésima explosión de rabia de una población que lleva veinte años luchando contra la compañía Vedanta Resources, un conglomerado con sede en Londres que es propietario de su filial india, Sterlite Copper.

Las enormes instalaciones de su planta de cobre, que opera desde 1997, cuentan con una fundición, una refinería, una planta de ácido fosfórico y otra de ácido sulfúrico. “Las plantas de fundición de cobre son contaminantes por naturaleza. Contaminan el ambiente, el agua subterránea y la tierra. El arsénico, el sulfuro y muchos otros componentes químicos que se usan en la planta son altamente tóxicos y peligrosos para la salud de la gente que vive alrededor”, explica el activista Sundarrajan. “Además esta planta está ubicada muy cerca del golfo de Mannar, una reserva marina que también está en peligro porque sus residuos van al mar”.

En todo este tiempo a los vecinos les ha perseguido el fantasma de Bhopal: la fuga de gas de la compañía Union Carbide que en 1984 provocó 25.000 muertos y 500.000 afectados, muchos de los cuales siguen pagando las secuelas de uno de los peores desastres industriales de la historia. De hecho, la población de Tamil Nadu tiene un destacado historial en sus luchas medioambientales, enfrentándose a centrales nucleares, a las minas ilegales de arena o a las plantas de embotellamiento de Coca-Cola y Pepsi.

Los daños ambientales que ha ocasionado Sterlite han sido confirmados en infinidad de ocasiones. En 2005 el Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Ambiental encontró altas concentraciones de cobre, plomo, cadmio, arsénico, cloruros y fluoruros en muestras de agua subterránea tomadas cerca de las instalaciones. Otros estudios posteriores concluyeron que el agua de los pozos próximos no servía ni para el cultivo ni para el uso doméstico porque “pone en peligro la salud humana y el medio ambiente”.

Los trabajos del investigador Nityanand Jayaraman se han centrado en documentar los impactos humanos y los excesos medioambientales de la polémica fundición, experta en violar las restricciones de emisiones. Jayaraman no ha dudado en señalar las facilidades que la compañía ha recibido por parte de las autoridades estatales y nacionales para obtener licencias ilegales. En 2013 el Tribunal Supremo llegó a admitir que la planta había contaminado al emitir gases nocivos y residuos peligrosos, pero en esa sentencia aprobaba que siguiese adelante con su producción porque el país necesitaba grandes cantidades de cobre. La multa por contaminación se fijó en casi 13 millones de euros.

El ambientalista Sundarrajan sostiene que las compañías multinacionales acuden a la India porque saben que tienen las manos libres. “Vedanta prefirió importar el cobre y la maquinaria desde Australia e instalar aquí su planta porque sabía que allí hay normas de contaminación, hay vigilancia. Aquí tienes permitido hacer todo; puedes contaminar el agua y la tierra, matar gente y crear problemas de salud en las comunidades cercanas, pero sobrevivirás porque eres Vedanta”, explica el ecologista.

Vedanta Resources fue fundada por Anil Agarwal, un multimillonario indio que preside su compañía minera y metalúrgica desde la capital británica. Sólo en India la firma obtuvo 1.800 millones en beneficios en el último año fiscal. Esta no es la primera vez que la empresa encuentra oposición autóctona; ya le ocurrió en los Estados indios de Maharashtra, Goa y Odisha, o en países como Zambia, donde tampoco coló la promesa de la creación de empleos.

En una reciente entrevista, el empresario afirmó que las protestas eran obra de “asociaciones antidesarrollistas” que desean “desestabilizar la industria india”. “Desde el primer día he dicho que esto sólo sucede en la India. Siempre hay personas que se aprovechan de nuestra democracia”, decía el millonario, que cree que es imprescindible “mantener los negocios alejados de la política”. Curiosamente, son conocidas las cuantiosas donaciones que realiza Vedanta a los principales partidos indios: más de millón de euros al histórico Partido del Congreso y al hoy gobernante BJP entre 2004 y 2010, y 2,8 millones al BJP en 2014, año de elecciones generales.
Ese tipo de conexiones dinamitan la esperanza de muchos ciudadanos a la hora de exigir una rendición de cuentas a la multinacional, más allá de su ya logrado cierre definitivo en Tuticorin. “Las grandes compañías disfrutan de una gran libertad en lo que se refiere a la acción reguladora. Los delincuentes ilustres nunca son castigados de la misma manera que los delincuentes más pequeños”, concluye el investigador Jayaraman.

Fuente:https://www.elsaltodiario.com/asia/protestas-contra-planta-industrial-acaban-matanza-india

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos. En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por JCL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Fuente:https://www.ecologistasenaccion.org/?p=94488

El proyecto de un grupo chino-suizo prevé voladuras diarias con el empleo de hasta 15 toneladas de explosivos y productos químicos.

(España). – La reactivación de una megamina de extracción de cobre situada en los Ayuntamientos de Touro y O Pino, en plena área metropolitana de Santiago (A Coruña), ha puesto en pie de guerra a cuarenta colectivos de agricultores y mariscadores, dos de los sectores primarios más representativos de la economía gallega. La denuncia de estas plataformas sobre los graves efectos contaminantes que generaría la explotación minera, ha sido avalada por investigadores sobre economía aplicada y expertos en biología marina: “la nube de polvo de metales pesados se extendería 15 kilómetros y llegaría a la capital compostelana, mientras los vertidos contaminantes a la cuenca del río Ulla serían unos 3.000 millones de litros, los cuales tardarían medio día en llegar a los bancos marisqueros de la ría de Arousa que mueven anualmente 91 millones de euros”.

El proyecto de reactivar la vieja mina está pendiente de los informes medioambientales de la Xunta aunque sus promotores ya han dado por hecho que serán aprobados. Mientras anuncian la creación de más de 400 empleos directos, la empresa ha negado las acusaciones de las plataformas vecinales que ha tachado de ser “una contestación social puramente ideológica”. Atalaya Mining, con sede en Chipre, que cotiza en bolsa en Londres y cuyos socios de referencia son un grupo chino y otro con sede en Suiza, y Explotaciones Gallegas, la propietaria del terreno, que actualmente extrae áridos y a la que la Xunta abrió varios expedientes, son las compañías promotoras de Cobre San Rafael, que se encuentra en trámites con la Administración autonómica para explotar, en principio, unas 700 hectáreas de superficie.

La Plataforma vecinal Mina No y la Plataforma en defensa de la Ría de Arousa (PDRA) ya ha anunciado una gran movilización en Santiago para el 10 de junio contra el proyecto minero cuya puesta en marcha prevé voladuras diarias a cielo abierto en las que se emplearán entre 9 y 16 toneladas de explosivos cada una. Además, denuncian que el proceso de separación del cobre contempla la utilización de unas 15.000 toneladas de productos químicos altamente peligrosos y sospechosos de provocar cáncer. Otro de los capítulos negros del proyecto para los críticos es gasto estimativo anual de agua que prevé el proyecto (2,25 hm3, seis veces más que los dos Ayuntamientos afectados juntos), la eliminación en el entorno minero de 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación natural, pero, sobre todo, la creación de dos grandes balsas de lodos con un dique de 3,2 kilómetros y 80 metros de altura (como la catedral de Santiago). “Balsas que podrían romper, advierten, como ya ocurrió en Aznalcóllar, en 1998, con graves riesgos para la Aldea de Arinteiro, a 200 metros del dique”.

El consejero delegado de Atalaya Mining, el ourensano Alberto Lavandeira, ha sido el encargado de presentar el proyecto a los medios en marzo pasado. “Lo que más me duele es que la gente dude de los técnicos, de la administración y de los sistemas de control», ha comentado en medio de reproches los colectivos críticos con la mina: “Deben pensar que los metales nacen en los árboles», bromeó el ingeniero, con experiencia en las minas del Congo y actual responsable de la reactivación de la mina de Riotinto, en Huelva.

Según él, ha mantenido contactos con colectivos ecologistas, lo que le hace pensar que las críticas no vienen de ahí, sino de grupos «ideológicos». Una apreciación que contrasta con la de las más importantes asociaciones de defensa medioambiental en Galicia que no han parado de advertir sobre los riesgos que entraña este proyecto minero.

Las cifras que ha dado la compañía contemplan una inversión de 200 millones de euros en 15 años de vida de la mina que podrían ampliarse, y ha prometido que estos empleos, una vez conseguidos todos los permisos de la Xunta, serán ocupados por vecinos de la zona e indefinidos en un 90%. «No va a haber suficiente gente» en los pueblos de los alrededores, ha llegado a comentar el directivo. Durante los últimos dos años y medio, según los números ofrecidos por Lavandeira, Cobre San Rafael ha destinado cinco millones a investigación y lleva casi 600 sondeos realizados, 240 de ellos en fincas de particulares. La empresa dispone ya de 400 hectáreas, pero opta a comprar, alquilar o cambiar otras 300, la mayor parte de eucaliptales, asegura, pero también prado y cultivos, un 6% según la minera.

Fuente:https://elpais.com/ccaa/2018/05/28/galicia/1527461976_581397.html

El panorama que dibujan las plataformas contra la mina de Touro no es nada halagüeño. El proyecto de extracción de cobre tras el que está la empresa Atalaya Mining supondría unos daños «irreparables e irreversibles», indican. Según los datos que manejan, afectaría a 689 hectáreas «a cielo abierto » y la actividad requeriría «15 millónes de kilos de productos químicos, algúnos de ellos peligrosos y sospechosos de cáncer», se construirían dos balsas para los lodos contaminantes «Gigantescas» a solo unos 200 metros de la aldea de Arinteiro, las voladuras serían diarias (una media de entre seis y nueve cada jornada) y la nube de polvo con metales pesados que generarían se extendería 15 kilómetros y llegaría a Compostela, al tiempo que «se prevé verterá cerca de unos 3.000 millónes de litros de aguas contaminadas que permanecen en la antigua mina», los cuales -calculan- tardarían en llegar a al río de Arousa solo medio día.

Así fue expuesto ayer, en la capital gallega, por Aida Suárez y Julia Barbosa, de la plataforma vecinal Mina Touro-O Pino Non; Xoaquín Rubido (Xocas), presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa; y el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial. Todos ellos hicieron un llamamiento a la ciudadanía y a las autoridades políticas de los 13 concellos cuyas traídas se abastecen del agua del Ulla para sumarse a una nueva manifestación, que esperan sea multitudinaria, bajo el lema «No queremos una herencia envenenada». Será el 10 de junio en Compostela y con ella buscan «seguir haciendo presión» para que la junta rechace el proyecto, en este momento pendiente del informe ambiental.

Declararlo espacio protegido

Exigen, además, la recuperación ambiental de los terrenos y canales de agua afectados por la antigua explotación minera y que la zona se declare espacio protegido «por su vinculación con rede Natura 2000».

Suárez señaló que, entre las consecuencias, no solo estaría el peligro de contaminación hidrográfica, también el desvío de dos regatos, la destrucción de puestos de trabajo de ganaderos y agricultores, así como la afección directa al área del Camino de Santiago a su paso por O Pino. Rial recordó la importancia de la ría de Arousa para muchas familias. De ella dependen el 44 % de las mariscadoras de a pie, más del 41 % de las embarcaciones de artes menores y el 68,7 % de las bateas de mejillón de Galicia, dijo, y las lonjas arousanas mueven más 91 millones de euros anuales. «Se se aprueba este proyecto pondrá en peligro toda la actividad», sentenció.

«Esta no es una mina cualquiera, es una megamina, algo impensable en Galicia, de dimensiones proporcionales a catástrofe que puede producir en el medio ambiente», señaló Rubido, quien reclamó a la Xunta que apueste por el modelo productivo que genera empleo y riqueza en Galicia frente al proyecto «explotador que viene de fuera , se lleva el cobre que  nos deja destrucción y miseria». «Es una amenaza para todos», concluyó Barbosa.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/40723-advierten-que-mina-de-touro-utilizara-15-000-toneladas-

No es el único, pero sí el más visible. El joven ganadero Eduardo Quintás es un ejemplo de los efectos del polémico proyecto de extracción de cobre en los municipios de Touro y O Pino, muy cerca de Santiago, que ha provocado multitud de alegaciones y una fuerte oposición política, científica y vecinal. Quintás, asentado en la zona cero de la futura mina, perderá la pequeña explotación que heredó de su familia, de unas 40 vacas, que asumió con tenacidad de emprendedor. “Esto es la ruina total”, se lamenta. Una campaña de recogida de firmas trata de sensibilizar a la población de su caso, considerado un paradigma del cambio que supondrá el proyecto impulsado por la empresa San Rafael S.L., que eliminará 341 hectáreas de masa forestaly 150 de cultivos y vegetación.

Quintás ha publicado un vídeo en YouTube en el que resume en cuatro minutos el drama de los que acusarán de forma más directa el impacto del proyecto minero, consistente en la reapertura, amparada por el incremento del precio del cobre, de una explotación que funcionó entre 1972 y 1986 y de muy ingrato recuerdo para los habitantes de la zona. En el vídeo explica que hace solo cuatro años que se hizo cargo de la explotación de sus padres, mixta pero orientada principalmente a la producción láctea. Cuenta también que es el único titular de la misma y que allí es donde trabaja. El megaproyecto supondrá “el cierre definitivo” de su medio de vida.

Una fuerte contestación acompaña el proyecto de San Rafael S.L., una empresa con un capital social de 3.000 euros en la que irrumpió hace un año el gigante de la minería Atalaya Mining, que explota Riotinto. Durante el período de exposición pública se produjo una avalancha de millar y medio de alegaciones que alertan de la proximidad de la balsa del megaproyecto minero a las viviendas, la desaparición de manantiales, el cambio del curso de los ríos y la extensión de los terrenos ocupados, ya que la nueva mina será mayor que la que dejó de funcionar hace 30 años. Se teme especialmente el efecto de un eventual accidente que afecte al Ulla, un río que desemboca 80 kilómetros al oeste en la ría de Arousa, donde se encuentra el mayor banco marisquero de Galicia.

La denuncia de Eduardo Quintás es diferente, con el acento puesto en el modelo económico que se implanta a la fuerza en una zona rural. Su granja está situada “en la aldea de Arinteiro, parroquia de Loxo, Ayuntamiento de Touro”, recita. Ese paisaje de enorme belleza es el lugar elegido por San Rafael S.L., en asociación con Explotaciones Gallegas, titular de los terrenos, para reactivar la explotación minera. “Quieren coger prácticamente toda el área de Arinteiro y dejar únicamente las casas. La base territorial para los animales desaparecerá”, cuenta con resignación. También recuerda cómo el cierre minero de 1986 benefició la aparición de negocios relacionados con la agricultura y la ganadería. “Inicialmente quedó todo abandonado”, apunta, pero a partir de ahí, la ganadería, que se limitaba a dos o tres vacas por cada casa, empezó a florecer en naves de mayor tamaño.

Ahora lo que se producirá es el proceso contrario. Porque la explotación abarcará una zona muy grande, que afecta al Ayuntamiento de Touro y, en menor medida, al de O Pino. “Se van a arrasar cientos de hectáreas de terreno”, advierte. “El proyecto dice que son simples pastizales, pero es todo arable”, añade Eduardo, que alerta igualmente de otro peligro vinculado al proyecto y que afecta al sector primario: el de la utilización de los acuíferos. “Nos dejan sin la tierra, pero además desvían el manantial que pasa por Arinteiro para su propia nave y nos dejan sin el agua, sin las fuentes que tenemos para beber en las casas y en las explotaciones ganaderas”.

Los impulsores de la campaña de apoyo a Eduardo denuncian el mérito de que todavía existan jóvenes ganaderos como él trabajando en el sector primario, “en un momento en que la despoblación del mundo rural es cada vez más preocupante”. “Está sufriendo una gran injusticia. Es un afectado directo y necesita que todos lo apoyemos”, reclaman.

Eduardo Quintás alerta igualmente de otro peligro vinculado al proyecto y que afecta al sector primario en la zona: el de la utilización de los acuíferos

El valor de las propiedades es otro de los problemas que generará el megaproyecto. “¿Quién va a querer comprar nuestras casas? Ya no tienen valor alguno: quedamos encajonados entre dos balsas de lodo y de aguas ácidas, y además sin agua”, relata el joven de Arinteiro. Del peligro de esas balsas advierte Serafín González, edafólogo del CSIC y presidente de la Sociedad Galega de Historia Natural (SGHN), una reputada entidad científica y ecologista con más de 40 años de trayectoria. A la SGHN acudió la Xunta para reclamar un informe externo del proyecto y el resultado fue demoledor. “El problema son los compuestos del azufre en las rocas. Al oxidarse, generan ácido sulfúrico y drenaje ácido en la mina”, explica González. También preocupan los productos químicos que se usan para separar el cobre de las rocas, “que no son inofensivos: tienen efectos en el ambiente y en la salud”. “Se van a generar dos grandes depósitos de estériles que quedan ahí indefinidamente, con esas rocas y esos compuestos”, alerta.

Pérdida de 150 puestos de trabajo

La pérdida de valor de las casas que tanto temen los vecinos no se verá contrarrestada por la creación de empleo, según los afectados. Relata Quintás en su vídeo, y corroboran diferentes estudios, que serán unos 150 puestos de trabajo los que se eliminarán, ya que en la zona hay numerosas explotaciones, alguna con hasta mil cabezas de ganado, que se verán afectadas total o parcialmente.

“Todo esto es totalmente negativo para nosotros porque aquí todos vivimos de la ganadería y la agricultura, no es que solo nos afecte a los ganaderos. Talleres mecánicos, fábricas de pienso, veterinarios… Todo en general se verá afectado. Es una cadena, de la que van a tirar y tirar y tirar, y van a destruir más puestos de trabajo que los que dicen que van a crear”. Al joven emprendedor de la ganadería en particular le afecta en tres hectáreas en una finca única y otras tres repartidas en varias zonas. “Me dejan sin un lugar donde criar el ganado”.

Fuente:https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2018-05-02/ganadero-galicia-mina-polemica_1556737/