Es con repugnancia e indignación que laKolektif Jistis Min (la Colectiva de Justicia en la Minería, o KJM) escucha a Jean Henry Céant proclamar ante el Parlamento que el proyecto de la ley de la minería posee extenso apoyo en todos los sectores del país. KJM, con toda su fuerza, denuncia los comentarios del Primer Ministro, los cuales se realizaron ante la Cámara de Deputados y el Senado, que “todo el mundo está de acuerdo” con el proyecto de la ley de la minería. La ley es “medicina para caballos,” redactada por el Banco Mundial y el gobierno haitiano.

En realidad, la historia es la siguiente: el 21 de febrero de 2013, la Comisión de Obras Publicas, Transportación y Comunicación del Senado llamó al ex director de la Oficina de Minas y Energía, Ludner Remarais, a dar testimonio sobre los permisos de explotación que su oficina había aprobado a puerta cerrada. El 22 de febrero del mismo año,el Senado pasó una resolución para detener todas las actividades mineras en las comunidades y pausar el otorgamiento de permisos al respecto. Siguiendo el slogan popular que Haití estaba “abierto para negocios,” el gobierno de Martelly-Lamothe invitó al Banco Mundial a redactar una ley que remplazara el Decreto de las Minerías de 1976. El objetivo principal de la nueva ley era de remover el control de supervisión parlamentario para liquidar los recursos del país.

KJM y muchos otros sectores en el país denunciaron, con toda su fuerza, la explotación minera. La minería presenta un perjuicio grave a la vida del pueblo haitiano. El proyecto de la nueva ley es un engaño, “medicina para caballos” inventado por el gobierno haitiano y el Banco Mundial, quienes concurrentemente redactaron la nueva ley e invirtieron en una compañía de minería con operación en Haití.

El comentario de Jean Henry Céant que la ley de la minería posee extenso apoyo, es falso; en efecto, la ley ha sido rechazada a causa de la falta de transparencia y de los derechos al acceso a la información y a la participación en toma de decisiones de las comunidades afectadas, según el artículo 40 de la constitución haitiana. Como una coalición de organizaciones haitianas que trabaja en el área de la anti-minería, KJM se ha comunicado varias veces con el Senado y con la Oficina de Minas y Energía pidiendo un borrador de la nueva ley.Hasta hoy, no hemos recibido ninguna respuesta. Entretanto, las empresas que mantienen permisos ilegítimos sí han podido acceder un borrador de la nueva ley.

La declaración de Céant demuestra no solamente su deshonestidad, sino también que él no ha considerado la posición de las organizaciones de movimiento social, de las comunidades afectadas ni del resto de la población que ya ha manifestado su posición. Nosotros hemos realizado una serie de actividades que han dejado bastante claro nuestra posición: cartas abiertas, ocupación, conferencias de prensa, comunicados de prensa, demonstraciones denunciando ambas la minería y el proyecto de la ley de la minería, etc.

La declaración del Primer Ministro Céant, la cual incluye falsedades sobre la ley de la minería, no ofrece ningún comentario sobre como nuestro país abordará el problema del cambio climático. Al parecer, Céant es un pion de la comunidad internacional, instalado para continuar el pillaje de los recursos haitianos; para destruir el medio ambiente; para destruir la agricultura a pequeña escala; para envenenar el agua y el aire que respiramos; para deforestar el país todavía más; para saquear la tierra que produce los alimentos para regalarlos a las empresas multinacionales y dejar al pueblo en peores condiciones.

La declaración asimismo nos ha hecho percibir claramente que Céant no proporciona ninguna respuesta a las preocupaciones del pueblo, incluso a cuestiones de la inseguridad, el desempleo, la infraestructura, el apoyo para los agricultores para producir alimentos y la corrupción, particularmente en el caso de PetroCaribe.

KJM le recuerda al pueblo haitiano, incluyendo a las comunidades afectadas por la minería, del proyecto de la ley de la minería que el gobierno haitiano quiere que el Parlamento apruebe – una ley que fue redactada en las sombras, sin transparencia, sin información, sin consulta y sin la participación del pueblo haitiano, particularmente de las comunidades afectadas. La ley que no respeta ni protege al medio ambiente, que falla en combatir la corrupción, que no respeta el derecho de las comunidades a la participación y a la autodeterminación, o los derechos del pueblo haitiano a participar y dar su opinión sobre todas las decisiones acerca de la nación.

En este sentido, KJM de nuevo advierte al Parlamento haitiano a no votar por la ley de la minería, un proyecto de ley que invitaría la muerte al abrir las puertas del país a las empresas extranjeras, las cuales han llegado a pillar, explotar y llevarse los pocos recursos de nuestro país pequeño y destruir el medio ambiente. KJM llama la atención de todo el pueblo, de las comunidades afectadas, de organizaciones de agricultores y campesinos que creen en su derecho al libre acceso a la tierra para la agricultura, para alimentar a los niños de esta nación, quienes representan nuestro futuro. Estas organizaciones progresivas podrían redirigir la trayectoria de nuestra nación, lejos de la crisis de la escasez de alimentos, y acabar con la filosofía colonial y capitalista del extractivismo. Las organizaciones de derechos humanos creen en vivir en armonía con el medio ambiente, en la buena salud, en el acceso a los alimentos, en el agua—todos derechos humanos fundamentales. Estas organizaciones, a la par de grupos de la ecología y de la protección del medio ambiente, deben luchar juntas para responderles a Céant y al Banco Mundial con respecto a este proyecto de muerte que desean implementar en nuestro país.

¡Sí a la vida, NO a la minería!

Organizaciones firmantes:
BATAY OUVRIYE
CE /JILAP
GARR
MODEP
TET KOLE TI PEYIZAN AYISYEN
PAPDA
POHDH

Fuente:http://movimientom4.org/2018/10/denuncia-sobre-los-comentarios-del-primer-ministro-jean-henry-ceant-sobre-la-mineria-en-su-politique-generale-declaracion-de-politica-general/

Anula la autorización ambiental de la mina onubense al admitir un recurso de Ecologistas en Acción.

La participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante», de forma que «si no se somete» a aquéllas, «se desatienden ambos principios». Este párrafo forma parte de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha enturbiado la actividad en la mina de Riotinto, en Huelva. La historia de ese fallo se remonta a julio de 2014 cuando la federación andaluza de Ecologistas en Acción interpuso un recurso contra la Resolución de 27 de marzo de 2014 de una dirección de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta que otorgó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto de explotación del complejo minero, cuya reapertura impulsó entonces Emed Tartessus S L U, reconvertida ahora en Atalaya Riotinto Minera.

Los ecologistas pedían su nulidad apoyados en un rosario de motivos y el Alto Tribunal autonómico ha desechado algunos y hecho suyos otros. Sostiene el TSJA en su fallo, consultado por LA RAZÓN, que, en efecto y como aseveraban los conservacionistas, «se incumplió la normativa que regula el procedimiento» de otorgamiento del mencionado permiso, ya que «el Decreto 356/2010 en su artículo 19 exige la previa verificación de la compatibilidad ambiental para someter el expediente a información pública a fin de cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación». Ese informe se emitió el 13 de enero de 2014 y fue «con posterioridad al mismo y por tanto a la información pública, entre enero y febrero de 2014», cuando, según ha constatado el tribunal, «la empresa Emed Tartessus S L U presentó numerosa documentación que se consideraba indispensable para la tramitación del expediente». Entre ella constaban datos relativos a suelos contaminados, a la ampliación del estudio acústico, a escombreras activas y pasivas, al estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000 o a la aplicación de mejoras técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y al análisis de alternativas a éste, entre otras cuestiones. Todas ellas «no han sido objeto de información pública» y, aunque «efectivamente el dictamen ambiental posterior fue notificado a los interesados personados en el expediente», anota el TSJA, «se ha impedido la participación pública en una de las fases del procedimiento tal como exige el artículo 19 del Decreto», recalca.

En la sentencia se matiza que, si bien es cierto que «existe información pública en el expediente» y por tanto no se puede «hablar de nulidad de pleno derecho», sí se sostiene la «anulabilidad por acordarse en un momento previo al informe de compatibilidad como exige la norma y, lo que es más importante, sin posibilidad en esa fase de examinar toda la documentación aportada después de la información pública e informe de compatibilidad ambiental» y que suponía «una modificación del Proyecto de Explotación elaborado por la Nueva Dirección General de la Compañía resultando ser un ‘brownfeld’ y no un ‘greenfield’ y que se referían entre otras cosas al tema más sensible desde un punto de vista ambiental como eran los depósitos de estériles mineros». En definitiva, el Alto Tribunal regional estima el recurso de Ecologistas en Acción e invalida, «por no ser ajustada a derecho», la Resolución de la Junta ligada al yacimiento de Riotinto.

Fuentes de la organización «verde» destacan que lo que sí se entiende en el fallo «ajustado a derecho» es que, «en junio de 2014, el viceconsejero de Medio Ambiente denegara la suspensión de la autorización ambiental, ‘ya que la AAU por sí misma no autoriza la actividad minera, corresponde a una fase anterior al otorgamiento de los derechos mineros y al de aprobación del proyecto de explotación y del plan de restauración por las autoridades competentes en la materia’». Al hilo de esa afirmación, el miembro del área de Minería de Ecologistas Antonio Ramos subraya a LA RAZÓN que «en estos momentos» la empresa «está trabajando ilegalmente», tras tumbar el TSJA la AAU, y «la Administración es también responsable de ello». En ese sentido, los ecologistas recuerdan que «los permisos se le concedieron a la mina justo antes de las elecciones andaluzas que Susana Díaz –la presidenta del Gobierno regional– adelantó a marzo de 2015». «Primaron los intereses electoralistas sobre la legalidad ambiental, los derechos de información y la participación ciudadana», lamentan. Y suma Ramos: «Si hubiese un accidente en las balsas que contienen lodos en una cantidad 10 veces superior a la de Boliden que se rompió en Aznalcóllar en abril de 1988 en estas circunstancias, ¿qué pasaría?». Su entidad lleva años advirtiendo de que «las consecuencias podrían ser catastróficas» y en concreto desde 2015 poniendo en duda que «el proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas mineras, Gossan, Cobre y Aguzadera», durante la década de «vida útil» autorizados. La Junta ya ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Supremo y lanzado un mensaje de tranquilidad a la Cuenca Minera ¿a las puertas de otros comicios? Atalaya Riotinto Minera, de su lado, ha apuntado que el fallo no «pone en tela de juicio la gestión y seguridad de las instalaciones mineras» y que «no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía». Habrá próximo capítulo.

Polémicas reaperturas de varios yacimientos

Desde el Gobierno andaluz se ha impulsado la reapertura de minas como la de Riotinto, Cobre Las Cruces o Aznalcóllar, pero sobre ellas pesan algunas sombras, como demuestra el hecho de que hayan acabado en los tribunales. Distintos juzgados investigan ya en la comunidad causas con ellas como protagonistas.

Fuente:https://www.larazon.es/local/andalucia/varapalo-del-tsja-a-la-politica-minera-de-la-junta-de-andalucia-al-tumbar-un-permiso-de-riotinto-BE19957798

La explotación de la minería de tierras raras que se dedica a la extracción de elementos químicos como el escandio, el itrio y los pertenecientes al grupo de los lantánidos, ha reunido en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a defensores y detractores de esta actividad industrial.

El encuentro, que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real, ha pretendido «clarificar» la realidad de la minería de tierras raras desde una perspectiva científica «y lo más plural posible», según ha explicado el coordinador del encuentro, el profesor de la UCLM José Ángel Toro.

Esa pluralidad se ha manifestado en la defensa de este tipo de explotaciones por parte de quienes señalan que este tipo de materiales son imprescindibles en la fabricación de multitud de objetos, desde teléfonos móviles hasta aerogeneradores; y en su rechazo por aquellos que priman los impactos ambiental y social derivados de estas industrias.

Entre los primeros se encuentra el consultor senior del Instituto Europeo de Tecnología de Materias Primas, Tony Hand, quien, tras admitir que los conceptos «minería» y «sostenible» son incompatibles por la propia naturaleza de los recursos mineros, ha explicado que es posible diseñar un procedimiento minero que minimice su impacto, «aplicando garantías al tratamiento del agua, de los residuos o de la energía empleada».

Tanto Hand como su compañera en EIT España, Lorena Jurado, han recordado que las tierras raras se consideran recursos críticos para la Unión Europea en función de la dependencia exterior (y casi siempre de países inestables) para su abastecimiento y su relevancia para la industria.

A pesar de este carácter crítico, aún no hay ninguna mina de tierras raras en la Unión Europea y la mayor parte de los minerales se importan de China.

En la misma línea que Hand se ha manifestado el director del Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León (ICAMCYL), Santiago Cuesta-López, quien aboga por lo que denomina «nueva minería sostenible del siglo XXI» que incluye desde una regulación armonizada para la Unión Europea, a la aceptación social de los proyectos mineros allí donde se vayan a implantar, el análisis detallado del impacto ambiental, una explotación inteligente.

Sobre el taller ha planeado el proyecto de la empresa Quantum deabrir una mina de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real), una iniciativa descartada tras la denegación de las concesiones de explotación como consecuencia de la declaración de impacto ambiental negativa por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Grupo de Investigación Geomorfología, Territorio y Pesaje en Regiones Volcánicas (GEOVOL) de la UCLM fue una de las organizaciones que presentó alegaciones contra el proyecto atendiendo a las consecuencias ambientales de la explotación.

Uno de sus firmantes, el profesor del Departamento de Geografía Rafael Gosálvez Rey, está convencido de que la mina habría tenido repercusiones nefastas para la zona y ha señalado que el Campo de Montiel es «una de las mejores zonas de reproducción de águila imperial y de águila perdicera; y es precisamente aquí donde se está produciendo la reintroducción del lince ibérico».

Gosálvez ha señalado que la minería de tierras raras o cualquier otra actividad minera en esta zona es manifiestamente incompatible con la conservación del medio ambiente.

El profesor descarta, también, el traslado del proyecto a ubicaciones alternativas, como El Tesorillo, en Navas de Estena, junto al Parque Nacional de Cabañeros, por las mismas razones.

Fuente:http://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/411007407/Partidarios-y-detractores-de-la-mineria-de-tierras-raras-han-debatido-en-la-UCLM.html

Una inversión de 400 millones de euros y cientos de empleos directos e indirectos hasta rozar el millar para extraer del subsuelo sevillano cobre, zinc, plomo y plata. Éste es, de forma resumida, el proyecto que el pasado mes de marzo presentó Cobre Las Cruces, la filial de la multinacional canadiense First Quantum, para ampliar el yacimiento minero que explotan en los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena, en Sevilla, de forma que de una previsión de cierre en 2021 se pasaría a un horizonte mucho mayor, en 2034.

Sin embargo, el futuro del que ahora mismo es el mayor proyecto inversor en la minería andaluza está comprometido por las dificultades técnicas que se ha encontrado y, sobre todo, por las sospechas de irregularidades y de daños al medio ambiente que está investigando un juzgado sevillano.

Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, se han abierto diligencias en los tribunales después de que la Fiscalía de Medio Ambiente presentara una denuncia en la que apunta a la posibilidad de que Cobre Las Cruces haya podido saltarse la ley en las obras iniciales de su proyecto de ampliación, que contempla pasar de la extracción del mineral a cielo abierto a la explotación subterránea en galerías.

Precisamente ha sido en la construcción de una rampa -«de investigación», precisa la empresa- donde los planes de la compañía minera han empezado a torcerse.

La versión de Cobre Las Cruces apunta a problemas técnicos, pero la Fiscalía es más contundente y sospecha que se han producido filtraciones y detracciones de agua del acuífero Niebla-Posadas -sobre el que se asienta el yacimiento- muy por encima de los niveles autorizados. Hasta el punto de que, según consta en la denuncia del Ministerio Público a la que ha tenido acceso este periódico, podría haberse causado un daño «sustancial» al acuífero y el entorno que se abastece de estas aguas, además de suponer un «peligro de perjuicio grave para el equilibrio» de este sistema natural.

La denuncia presentada por el Ministerio Público es, a su vez, la respuesta a la que presentó a mediados del mes de enero Ecologistas en Acción, que acusa a la compañía minera por los daños al acuífero, pero que además habla de delitos de prevaricación ambiental por parte de los funciones y autoridades que han permitido que sucedan estos hechos.

Según los cálculos de la organización conservacionista, la construcción de la rampa se ha traducido en la pérdida de cien litros por segundo del acuífero y, aunque la obra tenía autorización de la Junta, no contaba, argumentan, con la autorización ambiental preceptiva ni de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un organismo que, por cierto, mantiene abierto un expediente sancionador a Cobre Las Cruces.

Los trabajos, paralizados

Fuentes de la CHG explicaron que han recibido una petición judicial para informar sobre las supuestas irregularidades en la mina y que están elaborándolo en estos momentos. Respecto a medidas cautelares, las mismas fuentes señalaron que no han ordenado la paralización de las obras, algo que correspondería a la Junta, dicen.

En cualquier caso, la propia empresa minera admite que los trabajos en la rampa están paralizados desde hace meses, desde la pasada primavera. Ello se debe, manifestaron fuentes autorizadas de Cobre Las Cruces, a la iniciativa de la propia empresa nada más detectarse la filtraciones de agua.

Desde la compañía minera se asegura, asimismo, que la transparencia ha sido máxima y que de todo el proceso se ha mantenido informada a la Administración.

Sobre el futuro del proyecto de ampliación de la mina de cobre, las fuentes mostraron su confianza en que las dificultades actuales se superen y desvincularon la viabilidad del proyecto.

Cobre Las Cruces ya cuenta con antecedentes de infracciones ambientales y, de hecho, llegó a ser condenada por detraer agua del acuífero así como por contaminarlo con arsénico.

Fuente:http://www.elmundo.es/andalucia/2018/09/19/5ba13a05e5fdea55648b4622.html

«Quantum Minería se queda sin agua en el Campo de Montiel«, celebran desde la Plataforma Sí A la Tierra Viva, tras el archivo del expediente de sondeo de  investigación de aguas subterráneas solicitado por Quantum Minería, promotora de los proyectos mineros de tierras raras en la provincia de Ciudad Real. El documento viene de la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Plataforma señala que este archivo coincide con las más de 4.000 alegaciones presentadas por la Plataforma.

Sí a La Tierra Vive explicaba que la Confederación «no podía ir en contra de sus propios actos» después de los «múltiples» informes negativos emitidos por el mismo organismo de cuenca y obrantes en el «fallido proyecto de explotación de tierras raras». En este sentido señalan que la resolución de la Confederación Hidrográfica es un «éxito de la razón y de la ciudadanía» «Han sido muchas las asociaciones de todo tipo, ayuntamientos, cooperativas, organizaciones agrarias que habían solicitado, con argumentos jurídicos el archivo del expediente», aseguran, y rematan que el nuevo «revés» para Quantum se suma a los ya obtenidos con la denegación de los derechos mineros.

En los antecedentes que señala el Ministerio de Transición Ecológica, se explica que Quantum Minería pidió una autorización de investigación de aguas subterráneas en junio de 2016 para «en su caso» solicitar una concesión de aguas subterráneas para el lavado de material mineral. La plataforma Sí a la Tierra Viva presentó alegaciones en noviembre de ese año, reclamando la «clara incompatibilidad» del permiso y la concesión de masa subterránea «al existir un pronunciamiento negativo del órgano medioambiental», así como las «carencias» del estudio, y la «falta de precisión» en los sondeos, entre otras.

El PSOE también presentó alegaciones, a través de su agrupación en la localidad de Torrenueva, en marzo de este año, recalcando que la Junta de Comunidades había denegado los permisos de explotación minera, así como que la Confederación Hidrográfica del Guadiana «negó en su momento» el uso de los recursos hídricos. Pedían igualmente que se valorase el uso de agua para fin industrial, «en contraposición» al uso de agua para consumo humano. En este sentido se expresó también la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que pidió que se denegase el permiso al considerar que se trataba de una actividad «incompatible» con la protección del medio ambiente y con los abastecimientos de la comarca.

Igualmente, recordaban que este proyecto se destinaría a una actividad cuya concesión fue denegada a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minería en noviembre de 2017. Otros Ayuntamientos, como Castellar de Santiago, Cózar, Villanueva de la Fuente, y asociaciones como Ecologistas en Acción o la Asociación Española contra el Cáncer se interesaron igualmente por el procedimiento y enviaron sus propias alegaciones; lo mismo hizo el PP de Torrenueva y la diputada de Unidos Podemos, Eva García Sempere.

Finalmente, la Confederación Hidrográfica del Guadiana constata la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente en la que se señala que dicho proceso industrial es «inviable medioambientalmente», lo que supuso que se denegasen los títulos concesionarios. «Por tanto, la solicitud de autorización de investigación de aguas subterráneas ha perdido su finalidad y objeto al ser inviable medioambientalmente el desarrollo de la actividad industrial de lavado de mineral al que se destinarían las aguas subterráneas» y se acuerda así el archivo del expediente.

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/Nuevo-archivado-expediente-investigacion-subterraneas_0_815768561.html

El Gobierno da sólo 110 días de vida a la minería. La propuesta que el Gobierno Estatal presentará esta mañana en la Mesa del Carbón a los agentes sociales y a la patronal mantiene el 31 de diciembre como fecha de cierre de las minas que hayan recibido ayudas para tal fin por ser no competitivas sin tener las empresas que las hayan recibido más opción de futuro que la devolución de las mismas. El borrador del documento titulado ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, al que ha tenido acceso La Voz de Asturias, deja claro en las tres primeras líneas de la introducción que «este Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas sociales excepcionales necesarias para una transición justa de los trabajadores de la minería del carbón y las comarcas mineras a partir del 31 de diciembre de 2018» aludiendo, seguidamente, al marco normativo de la Decisión 2010/787 de la Unión Europea, con la que no plantea ninguna negociación para dar continuidad al sector. Así, el documento contempla prejubilaciones, indemnizaciones y bajas voluntarias para los trabajadores; propone un plan para la transición energética de la empresa estatal Hunosa; y cita en un anexo las unidades de producción de la minería privada que tienen plan de cierre derivado de esa Decisión 787 y que de forma «irrevocable, insiste, debe concluir el 31 de diciembre de 2018».

Los planteamientos del borrador del Acuerdo los hace el Gobierno asumiendo el «alto nivel de dependencia económica de la industria minera del carbón» que aún tienen las áreas en las que se localiza la producción de carbón en Asturias, Aragón y Castilla y León, por lo que señala que para que se produzca una transición justa, resulta «urgente y esencial» paliar la repercusión «que el inminente cierre de las minas no competitivas puede provocar en dichas zonas mineras.

Para «abordar el impacto social y regional que conllevan esos procesos de cierre» concreta el documento que se diseñará «un Plan de Acción Urgente» para llevar a cabo esa transición justa entre los años 2018 y 2021, el cual se consensuará con las comunidades autónomas, las entidades locales y los actores sociales. Éste propondrá, entre otras actuaciones, un Plan para la Transición Energética de la empresa estatal Hunosa; un plan para la restauración de explotaciones en las comarcas mineras; un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética; o el lanzamiento de estos territorios en la Plataforma Europea de Regiones Mineras para que éstos tengan acceso a los fondos que se establezcan para las regiones mineras en transición. Con el Plan Urgente se buscará promover una economía alternativa en las zonas y favorecer su impulso económico, «teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo en las mismas».

Entre los objetivos que fija el borrador está también el de atenuar «el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo y las repercusiones» que tiene el cierre de las minas de carbón en las economías regionales. Por ello, contempla como «imprescindible extender el alcance de las medidas sociales» previstas para los trabajadores, «de modo que el mayor número de trabajadores de las plantillas propias de las empresas de la minería privada del carbón puedan tener acceso a prestaciones económicas e indemnizaciones ajenas al sistema legal como consecuencia de la pérdida de su puesto de trabajo».

Bajas voluntarias y prejubilaciones

En la propuesta del Gobierno se establecen dos tipos de ayudas destinadas a la plantilla de unidades de producción de carbón que cierren: ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario y ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada o prejubilaciones.

Las primeras están dirigidas «a los trabajadores del sector que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones», de forma que se produzca «una salida no traumática». Podrán acogerse aquellos trabajadores cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, dentro del plazo máximo de los 36 meses siguientes a dicha fecha siempre y cuando lleven tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Para ellos el importe de la indemnización será la suma de una cantidad fija común de 10.000 euros más una cantidad variable calculada individualmente, correspondiente a 35 días de salario por año trabajado con un límite de 30 mensualidades. La cuantía de la indemnización se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado que acrediten dicha circunstancia.

Las segundas prestaciones que propone el Gobierno en el «Acuerdo de Medidas Excepcionales para una Transición Justa de la Minería del Carbón» serían destinadas específicamente «a trabajadores de edad equivalente avanzada», con lo que se podrán acoger a estas ayudas quienes tengan 50 o más años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que corresponda, con una antigüedad en la empresa de al menos tres años y nueve cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Para acceder a estas prestaciones, la extinción de su contrato habrá de producirse con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.

Este es el Acuerdo que hoy presentará el Ministerio de Transición Ecológica en la Mesa del Carbón a los sindicatos y a la patronal, aunque en el mismo documento se apostilla que «la vigencia efectiva del mismo está condicionada a su aprobación por parte de la Comisión Europea».

Fuente:https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2018/09/13/propuesta-gobierno-da-solo-110-dias-vida-mineria/00031536815179539303814.htm

El Gobierno de España firma el fin del carbón autóctono. La nueva política de transición ecológica del Ejecutivo de Pedro Sánchez cierra cualquier resquicio de esperanza y condiciona la continuidad de la actividad en los tajos más allá del 31 de diciembre de 2018 a la devolución de las ayudas a la Minería.

De esta forma, da un vuelco a la política del ministro popular Álvaro Nadal que, en su convencimiento de que las empresas rentables y competitivas debían mantener su actividad a partir del 2019, había abierto la puerta a negociar con la Unión Europa para buscar una solución.

Así lo ratifica el Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, en el documento que, bajo el título ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, fija el 31 de diciembre de 2018 como fecha de cierre de la minería española.

El documento, al que ha tenido acceso leonoticias, se presentará este jueves en la Mesa del Carbón en la que está previsto la asistencia de la ministra que, previsiblemente, se encontrará con la oposición en bloque de patronal y sindicatos al entender que condena al sector minero al cierre y, con él, a las centrales térmicas de carbón.

La realidad, advierten desde la parte social, es que la nueva hoja de ruta del Gobierno impediría la continuidad de ninguna de las empresas que en la actualidad mantiene su actividad en León – Hijos de Baldomero García, Uminsa y la Hullera Vasco Leonesa- y pone en riesgo la continuidad de las instalaciones de generación eléctrica de La Robla y Compostilla.

De esta forma y tal y como acordó en diciembre de 2010 la Unión Europea, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la minería española escribiría este año su último capítulo pese al frente común de las regiones mineras de intentar modificar la medida para garantizar la actividad de las empresas rentables.

Medidas «excepcionales»

En el documento, el Gobierno asume el «alto nivel» de dependencia económica de la industria minera del carbón en áreas como León, Asturias y Aragón a pesar de los «esfuerzos» realizados en los últimos Planes del carbón y entiende «urgente y esencial» paliar la repercusión inminente del cierre de aquellas minas no competitivas.

Un escenario que hace necesario, recoge el acuerdo que busca el Gobierno, ampliar el número de destinatarios de las ayudas previstas en el real decreto de 2014, para que el cierre de las compañías no impida a los trabajadores acceder a las ayudas por prejubilación.

Consiste, continúa, en abordar el impacto social y regional que llevará el cierre de las unidades de producción. Por ello, las ayudas se complementarán además con un Plan de Acción Urgen en Transición Justa 2018-2021 que se consensuará con las comunidades, los ayuntamientos y los actores sociales.

Un plan que promoverá una economía alternaba en las zonas y favorecerá un impulso económico, teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo.

Dos líneas de ayudas

En este sentido, el gobierno plantea dos tipos de ayudas de carácter social. La primera de ellas, relativas a las bajas indemnizadas voluntarias para evitar la salida traumática de aquellos trabajadores que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones.

En este sentido, podrán acogerse aquellos cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y en un máximo de 36 meses siempre que acumulen una antigüedad de al menos tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón y sea trabajador de la plantilla con anterioridad al 2013.

Estos trabajadores percibirán una cantidad fija común de 10.000 euros así como 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. El pago se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado.

La segunda línea de ayudas que establece son para los trabajadores de avanzada edad o prejubilaciones y se podrán acoger aquellos que tengan 50 o más años, al menos tres años de antigüedad en la empresa así como un mínimo de nueve años cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. La extinción de sus contratos además deberá llevarse a efecto antes del 31 de diciembre del actual ejercicio.

Ayudas que, desde la parte social, ya califican de «trampa« al dejar fuera a un importante número de trabajadores del sector que, en ningún caso, podrána acogerse a ninguna de las líneas.

Fuente:https://www.leonoticias.com/mineria/gobierno-opcion-futuro-20180912193033-nt.html

La tranquila Ávila despertó, hace casi dos años, con la amenaza de la minería a cielo abierto. En apenas seis meses, cuatro eran los expedientes que pretendían abrir tres explotaciones de feldespato en la Sierra de Ávila, la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja. Una reducida población, muy envejecida, parecía ser el caldo de cultivo para una escasa resistencia. Algo de lo que, a todas luces, la empresa pantalla que tramitaba el expediente: Antonio y Javi S.L., se jactaba, al afirmar que sería muy fácil abrir en este territorio una mina a cielo abierto por la escasa oposición que, según ellos, se plantearía al ser sus habitantes “pocos, viejos y analfabetos”…

No contaron con que detrás de ellos había una gran masa de personas dispuesta a plantar cara a quien quisiera violar el medio de vida y el medio ambiente de los pueblos que albergaron a las generaciones que les dieron vida y hoy, aunque la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja siguen luchando por dar carpetazo a sus expedientes, la Sierra de Ávila ha conseguido que la Declaración de Impacto Ambiental tumbe su proyecto.

Sin embargo, esto tan solo es la punta del iceberg en una España en la que sobrevuelan unos 2.000 expedientes ya solicitados, según Ecologistas en Acción. Ya son varias las Comunidades Autónomas que luchan contra la minería a cielo abierto: Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Extremadura, Andalucía… en lo que Beatriz Pérez, antropóloga y profesora de la Universidad a Distancia (UNED), denomina como “una amenaza global. Un saqueo a los recursos naturales, que lleva produciéndose desde la última década del siglo XX”.

Si bien la reacción por parte de las diferentes provincias españolas no se ha hecho esperar, constituyendo su forma de lucha a través de plataformas ciudadanas, la población todavía no es muy consciente de los peligros que la minería a cielo abierto esconde, tras la denominada minería sostenible, algo a lo que Beatriz Pérez denomina como “una estrategia de marketing”.

América Latina sería un buen ejemplo para describir los efectos que este tipo de minería conlleva, y que podrían llegar a nuestro país. No en vano, tal y como explica la antropóloga, “es una de las regiones en la que en los últimos 20 años se ha producido una mayor explotación de minerales por parte de las multinacionales, a una gran escala, en países como México, Perú, Brasil o Colombia”, provocando conflictos que aquí, todavía, no podemos llegar a prever.

Los mayores problemas

La despoblación del territorio sería uno de los primeros parecidos entre la problemática de América Latina y España. Vaciar el lugar en el que se podría llevar a cabo la mina a cielo abierto, “ya que si no vive nadie, no se hará daño a nadie”, explica Beatriz Pérez. Esto, que en Ávila ocurriría en pequeños pueblos, con personas de avanzada edad, en Latinoamérica afecta, especialmente, a los pueblos indígenas. Territorios ancestrales que luchan por la sostenibilidad del medio ambiente porque “es quien mantiene el equilibrio de la naturaleza”, asegura Rigiberto Wilches, estudiante de comunicación del pueblo indígena colombiano Uwa.

Flexibilizar la legislación laboral y medioambiental es otra de las características. La Ley de Minas española de 1973, en plena época franquista, allana el terreno a las multinacionales mineras que quieran instalarse en territorio español. Una ley que despoja a los propietarios de los terrenos en los que se encuentre el mineral, al considerarse el mismo un bien común, y por lo tanto pertenecer al Estado los minerales que hay en el subsuelo.

Y cuando no se tienen estas leyes se hacen, tal y como ocurrió en Colombia, país en el que la mayor parte de los recursos minero energéticos están en territorio de los pueblos indígenas. En el año 2001 se aprobó un nuevo código de minas, con un Estado asesorado por la firma de abogados que en ese momento representaba a la mitad de las empresas inscritas en el registro minero nacional colombiano. Momento en el que la minería pasó a ser de interés nacional.

Óscar Montero, Consejero de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, (ONIC), reconoce que, a pesar de que el Gobierno Colombiano debe consultar, tal y como marca la ley, con la población indígena los proyectos y normas legislativas que afecten a sus territorios, no lo hizo. “El estado colombiano sigue creyendo que es dueño del territorio y del subsuelo”, reconoce Montero, en lo que denomina como “una segunda colonización de las multinacionales canadienses”, en su país.

En España, la Junta de Castilla y León aprobó, hace un año, la Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020. En ella se da todo tipo de facilidades a las multinacionales mineras para que se asienten en esta comunidad.
Pancarta antiminas.

Por otro lado, la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población impactada por este tipo de minería es brutal. Rigiberto Wilches alude a varios factores que están haciendo mucho daño a la población indígena: una gran contaminación, un mayor número de enfermedades o la desnutrición, por poner algunos ejemplos, en un país en el que hay 102 pueblos indígenas, 36 de ellos en riesgo de extinción, que conviven con la minería a cielo abierto.

Óscar Montero relata que “en el departamento del Chocó, la parte del mundo con mayor número de biodiversidad, se explota minería ilegal de oro, con una situación muy compleja de contaminación de los ríos, al utilizarse altos índices de mercurio que afectan a la pesca y la alimentación de la comunidad alrededor de los mismos”. “Muchos pueblos están en peligro de extinción por temas respiratorios y gastrointestinales, que llevan al exterminio físico a comunidades enteras”, prosigue, “sin olvidar las malformaciones de los niños recién nacidos”. “En el caso del pueblo Wayuu, con la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la desnutrición de sus habitantes es notable”, reconoce Montero. “Una desnutrición derivada de la falta de agua potable para el pueblo, que sí usa la mina del Cerrejón para sus necesidades y sus empleados”. “Al final la tierra acaba estéril”, apunta Wilches y “no sirve para nada, no se puede cultivar”

Otro tipo de violaciones de derechos humanos

Rigiberto Wilches no quiere dejar pasar por alto otro tema espinoso, el de los desplazamientos forzosos para iniciar la explotación. El comunicador del pueblo Uwa apunta a los grupos armados fuera de la ley, como los encargados de llevar a cabo las amenazas para ocupar el territorio.

Óscar Montero dice que “las empresas mineras no amenazan directamente, pero desde la ONIC tienen presente que utilizan a estos grupos para llevar a cabo este tipo de actuaciones”. El líder de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia reconoce que “esta organización ha llevado a cabo estudios en los que han comprobado que llegan los paramilitares, hacen una masacre, logran un confinamiento o un desplazamiento y, en un breve periodo de tiempo, hay una multinacional haciendo estudios previos o exploraciones”, relata, “por lo que creemos que eso obedece a una estrategia en la que hay una complicidad entre las multinacionales con grupos paramilitares, que buscan que las comunidades campesinas y rurales abandonen su territorio, para dejar el campo abierto a estas multinacionales”. Y advierte de las estrategias con las que las multinacionales cuentan para ganarse a la población: “otorgan becas, reparten dinero para acondicionar viviendas, ofrecen cursos o vinculan a miembros de la comunidad con las empresas mineras, aunque relacionados con la mano de obra barata, nunca en altos cargos”. Algunas de estas estrategias ya se están poniendo en práctica en España.

Ayuda y denuncia

Algunas de las personas amenazadas por defender sus territorios, de este y otro tipo de extractivismo, han recalado en el Programa de Protección Temporal de líderes, y lideresas, en Defensa de los Derechos Humanos, que hace diez años puso en marcha, en España, el Gobierno Vasco. Un programa de protección temporal del que Jesús González, miembro de la organización Mugarik Gabe, participante en la cobertura que se da a estas personas durante su estancia en el País Vasco, resalta su importancia, al ofrecerles la posibilidad de dar a conocer su situación, reunirse con otras organizaciones e instituciones o recibir talleres de la mano de organizaciones especializadas en protección, revisando algunas pautas a tener en cuenta para una mayor seguridad a su regreso. Cuando finaliza el programa, González explica que se organiza un viaje con un representante de cada fuerza política, junto con la dirección de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, CEAR y la organización que ha propuesto a la persona para formar parte del programa de protección. Durante una semana permanecen en el país, intentando hacer ver que, aunque este líder ha regresado, desde el País Vasco se lleva a cabo un seguimiento sobre la situación personal del mismo, intentando trasladar a los sectores económicos interesados en estos procesos de criminalización, que se continúa con la protección de esta persona, por lo que si le ocurre algo, inmediatamente se activaría un proceso de protestas. “Es una especie de aviso”, admite, “y de momento todos los que se han acogido a este programa están vivos”, asegura.

González ve una similitud entre lo que ocurre en América Latina y las multinacionales mineras que están llegando a España, “por todo lo que tiene que ver con destrucción del territorio o altos niveles de contaminación”, admite.

De la minería a cielo abierto destaca las características positivas para las transnacionales extractivas mineras, como su rapidez, “porque llegan a un territorio, ponen cargas de dinamita, vuelan la montaña, lo que supone volar el bosque, y en cinco o diez años han extraído todo el mineral”, “Esto abarata enormemente los costes”, subraya, “ya que ahorran un gran número de impuestos”.

La manera de actuar de estas pasa, tal y como sostiene, por “comprar terrenos, generalmente implicando a terceros, nunca de forma abierta. Cuando los mismos han sido comprados, o los dueños han sufrido presiones para vender, es el momento en el que la transnacional aparece”. “Cuando la comunidad empieza a enterarse de qué es lo que está ocurriendo, han pasado dos o tres años”, advierte. Al tiempo que recuerda que “activar la protesta no se hace de la noche a la mañana. Hay que organizar e informar y si la multinacional consiguen ralentizarla dos o tres años, cuando nos hemos dado cuenta, ha acabado con la explotación minera y se ha ido. Y el terreno queda sin restaurar”.

Denuncia que, sobre todo en América Latina, “a veces se saltan la ley y cuando la población articula procesos de protestas, viene la represión directa, utilizando a diferentes estamentos del Estado al servicio de los intereses de las transnacionales”. Considera que de ahí viene la persecución a líderes y lideresas, con acusaciones sobredimensionadas. Al tiempo que desvela que “en este momento hay decenas de personas que están encarceladas o que sufren amenazas permanentes”. “Tan solo en el mes de junio se produjo el asesinato de seis líderes en Guatemala, en Colombia ocurre lo mismo y desde el 1 de enero de 2016 se han llevado a cabo más de 300 asesinatos de líderes en Colombia”, remarca.

González admite que no es capaz de asegurar que en España no podría llegarse a este tipo de situaciones, si tenemos en cuenta “que en nuestro país ya se están llevando a cabo procesos de criminalización en contra de la libertad de expresión en el mundo de la cultura. Se están dando casos de procesos de instalación de dominio absoluto de neoliberalismo que, entre otras cosas, trae parejo toda una serie de recortes en derechos políticos, sociales y civiles”, por lo que, en su opinión, “no podemos decir que los procesos de criminalización que hoy afectan al mundo del espectáculo, no afecten a otros mundos como el que tiene que ver con la protesta social contra las empresas mineras”, puntualiza.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/mineria-a-cielo-abierto-lo-que-la-ambicion-esconde/