Internacional

Un juzgado investiga el mayor proyecto minero de Andalucía por daños al medio ambiente

El fiscal ve irregularidades en Mina Las Cruces, con una inversión de 400 millones comprometida para prolongar su actividad hasta 2034

Ecologistas en Acción acusa también a la Administración y la CHG ha abierto un expediente sancionador

Una inversión de 400 millones de euros y cientos de empleos directos e indirectos hasta rozar el millar para extraer del subsuelo sevillano cobre, zinc, plomo y plata. Éste es, de forma resumida, el proyecto que el pasado mes de marzo presentó Cobre Las Cruces, la filial de la multinacional canadiense First Quantum, para ampliar el yacimiento minero que explotan en los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena, en Sevilla, de forma que de una previsión de cierre en 2021 se pasaría a un horizonte mucho mayor, en 2034.

Sin embargo, el futuro del que ahora mismo es el mayor proyecto inversor en la minería andaluza está comprometido por las dificultades técnicas que se ha encontrado y, sobre todo, por las sospechas de irregularidades y de daños al medio ambiente que está investigando un juzgado sevillano.

Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, se han abierto diligencias en los tribunales después de que la Fiscalía de Medio Ambiente presentara una denuncia en la que apunta a la posibilidad de que Cobre Las Cruces haya podido saltarse la ley en las obras iniciales de su proyecto de ampliación, que contempla pasar de la extracción del mineral a cielo abierto a la explotación subterránea en galerías.

Precisamente ha sido en la construcción de una rampa -«de investigación», precisa la empresa- donde los planes de la compañía minera han empezado a torcerse.

La versión de Cobre Las Cruces apunta a problemas técnicos, pero la Fiscalía es más contundente y sospecha que se han producido filtraciones y detracciones de agua del acuífero Niebla-Posadas -sobre el que se asienta el yacimiento- muy por encima de los niveles autorizados. Hasta el punto de que, según consta en la denuncia del Ministerio Público a la que ha tenido acceso este periódico, podría haberse causado un daño «sustancial» al acuífero y el entorno que se abastece de estas aguas, además de suponer un «peligro de perjuicio grave para el equilibrio» de este sistema natural.

La denuncia presentada por el Ministerio Público es, a su vez, la respuesta a la que presentó a mediados del mes de enero Ecologistas en Acción, que acusa a la compañía minera por los daños al acuífero, pero que además habla de delitos de prevaricación ambiental por parte de los funciones y autoridades que han permitido que sucedan estos hechos.

Según los cálculos de la organización conservacionista, la construcción de la rampa se ha traducido en la pérdida de cien litros por segundo del acuífero y, aunque la obra tenía autorización de la Junta, no contaba, argumentan, con la autorización ambiental preceptiva ni de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un organismo que, por cierto, mantiene abierto un expediente sancionador a Cobre Las Cruces.

Los trabajos, paralizados

Fuentes de la CHG explicaron que han recibido una petición judicial para informar sobre las supuestas irregularidades en la mina y que están elaborándolo en estos momentos. Respecto a medidas cautelares, las mismas fuentes señalaron que no han ordenado la paralización de las obras, algo que correspondería a la Junta, dicen.

En cualquier caso, la propia empresa minera admite que los trabajos en la rampa están paralizados desde hace meses, desde la pasada primavera. Ello se debe, manifestaron fuentes autorizadas de Cobre Las Cruces, a la iniciativa de la propia empresa nada más detectarse la filtraciones de agua.

Desde la compañía minera se asegura, asimismo, que la transparencia ha sido máxima y que de todo el proceso se ha mantenido informada a la Administración.

Sobre el futuro del proyecto de ampliación de la mina de cobre, las fuentes mostraron su confianza en que las dificultades actuales se superen y desvincularon la viabilidad del proyecto.

Cobre Las Cruces ya cuenta con antecedentes de infracciones ambientales y, de hecho, llegó a ser condenada por detraer agua del acuífero así como por contaminarlo con arsénico.

Fuente:http://www.elmundo.es/andalucia/2018/09/19/5ba13a05e5fdea55648b4622.html