Honduras

Presentan Amparo a favor de ambientalistas de Guapinol criminalizados

12/10/2020
Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Defensores de derechos humanos y de los ambientalistas que han sido criminalizados por defender el río Guapinol, presentaron un recurso de amparo a fin de evitar la cárcel a Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.

Los defensores del medio ambiente de Guapinol, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón llevan más de un año detenidos sin cargos y en espera de juicio por protestar contra las acciones de una empresa minera que contaminó los ríos Guapinol y San Pedro.

Su proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia.

“La acción legal responde a las resoluciones de la Corte de Apelaciones de jurisdicción nacional tomada en marzo, pero no notificada hasta en agosto de 2020 en donde se vulnera el derecho al debido proceso, a la asociación y reunión pacifica, un fallo revocó arbitrariamente sobreseimiento definitivo de cinco, altamente reconocidos defensores inicialmente otorgado en marzo de 2019”, recordó la defensa de los ambientalistas en la lectura del comunicado frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, siguió en la lectura, “la Corte revocó el auto formal procesamiento para ocho defensores encarcelados, sin fundamento razonable, mientras la criminalización continua contra los defensores del agua de Guapinol, las campañas de difamación han resurgido poniendo en peligro las vidas de los defensores y de su familia”.

Además de los dos fallos de la Corte de Apelaciones que se apelaron hoy, la Sala de lo Constitucional admitió un amparo en septiembre contra otro fallo de la Corte de Apelaciones sobre la aplicación ilegal de la medida cautelar de prisión preventiva que había sido copiada y pegada de un fallo completamente diferente, denunciaron como parte de las irregularidades en el proceso judicial que siguen las víctimas del sistema de justicia.

PERSEGUIDOS, ESPERAN PREMIO Y HAY INFORME INTERNACIONAL REVELADOR

A opinión de la defensa de los ambientalistas acusados, con estas acciones antes descritas, el sistema de justicia muestra una vez más, la naturaleza imprudente y arbitraria de las decisiones y procedimientos de los tribunales en este caso en donde la Sala de lo Constitucional, no ha admitido aún su sentencia final.

En ese contexto, con los amparos presentados se solicita que las resoluciones de la Corte de Apelaciones de jurisdicción nacional, sean dejada sin efecto y que se garanticen los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y tratados internacionales de derechos humanos, la CSJ debe responder a la acción judicial en 48 horas.

Mientras eso acontece en el país con los protectores del medio ambiente, el Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo propuso a la fallecida activista hondureña Berta Cáceres y a los defensores del agua de Guapinol para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión que otorga anualmente el Parlamento Europeo.

En Septiembre, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el reporte denominado “Guapinol Resiste” en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.

Entre los hallazgos se destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.

Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
https://criterio.hn/presentan-amparo-a-favor-de-ambientalistas-de-guapinol-criminalizados/

Honduras

Informe sobre Guapinol basta para que Honduras actúe contra empresa de Lenir Pérez

14/09/2020
Por: Redacción CRITERIO.HN
redacció[email protected]
El Progreso, Yoro.- El informe internacional «Guapinol Resiste» en el que participaron expertos de universidades de EE. UU, Canadá e Inglaterra revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias de manera ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y, dicho documento, es suficiente para que el Ministerio Público atienda las denuncias que hace muchos años ha presentado la comunidad de Guapinol y que no han dado ningún resultado, dijo este lunes a Criterio.hn el doctor en derecho internacional y derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.

Joaquín Mejía, experto en derechos humanos

En la página 25, el informe Guapinol Resiste cita que “Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del ya fallecido oligarca hondureño y empresario Miguel Facussé, son los propietarios de ILP. Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el gobierno del presidente Hernández (Global Witness 2017)”.

A Lenir Pérez lo conocen muy bien las comunidades afectadas por la minería, pero recientemente también su nombre sonó en el mundo empresarial y político por el caso Palmerola. La filtración de una carta lo puso en apuros, ya que en ella se señalaba que el “representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez”, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la Covid-19.

La alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el pasado sábado el reporte denominado Guapinol Resiste en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.

“Este es un informe sumamente importante, ya que es realizado por una delegación internacional experta en el tema, que visitaron el país, que nadie les contó el cuento, estuvieron in situ y desde sus capacidades académicas elaboraron este informe con una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a varios sectores, principalmente al Gobierno de Honduras y a otras instituciones”, explica el Dr. Mejía Rivera.

El informe Guapinol Resiste destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violó, tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.

Nota relacionada Informe internacional «Guapinol Resiste» verifica violaciones a derechos humanos
Para el Dr. Mejía Rivera, el Ministerio Público en lugar proteger a la población de estas comunidades, está atendiendo prontamente todas las denuncias de la empresa Inversiones los Pinares que están basadas en mentiras lo que ha provocado que ocho personas se encuentren en prisión y que otras cinco estén siendo perseguidas.

“Este informe también es bastante claro para que la comunidad internacional, y particularmente algunos organismos financieros internacionales dejen de financiar al Estado de Honduras en temas como este. Porque lo hacen de manera ilegal”, dice el Dr Mejía Rivera.

Agrega que la gente se ha dado cuenta, no solamente la gente en Honduras sino a nivel internacional, de que el caso de Guapinol es el reflejo de la justicia selectiva que criminaliza y utiliza de manera selectiva el derecho penal, la parte operativa del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero por otro lado una justicia que actúa de manera tardía con empresas vinculadas a este poder político.

“Por eso es la reacción de solidaridad de diferentes sectores. Incluso de representantes en el Congreso y Senado de EE. UU. Porque en ese caso específico es la justicia selectiva y estamos viendo en bandeja de plata la criminalización. Recordemos que a través de ataques pudieron provocar la muerte de Berta Cáceres, Blanca Kawas, Margarita Murillo, entre otros”, concluyó el defensor de derechos humanos.

El informe Guapinol Resiste fue realizado por el equipo de investigación, compuesto por los doctores Bernie Hammond y Amanda Grzyb de Western University de Canadá, así como el doctor Michael Berghoef de Ferris State University de EE. UU, y la doctora Ainhoa Montoya de la Universidad de Londres, Inglaterra. También participó en el informe el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris. Estos expertos realizaron una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019. En el estudio participó también Giada Ferrucci, candidata a doctorado en Información y estudios de medios, Western University, Ontario, Canadá.

Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.

Los autores del informe sitúan la investigación en el contexto de eventos históricos y políticos a partir del golpe de estado del 2009, las raíces del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el informe, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.

Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

Guapinol Resiste

Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.

Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.

Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores ambientales y ordenó el procesamiento formal de los imputados junto a otros ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
https://criterio.hn/informe-sobre-guapinol-basta-para-que-honduras-actue-contra-empresa-de-lenir-perez/

Honduras

Informe internacional «Guapinol Resiste» verifica violaciones a derechos humanos

12/09/2020
Por: Redacción CRITERIO.HN
[email protected]
El Progreso, Yoro.- La alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó este sábado el reporte denominado Guapinol Resiste en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.

El informe fue realizado por el equipo de investigación, compuesto por los doctores Bernie Hammond y Amanda Grzyb de Western University de Canadá, así como el doctor Michael Berghoef de Ferris State University de EE. UU, y la doctora Ainhoa Montoya de la Universidad de Londres, Inglaterra. También participó en el informe el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris. Estos expertos realizaron una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019. En el estudio participó también Giada Ferrucci, candidata a doctorado en Información y estudios de medios, Western University, Ontario, Canadá.

Entre los hallazgos se destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.

Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

La presentación del informe se hizo en modalidad virtual a través de la página de Facebook de Radio Progreso, durante la presentación virtual, el único de los autores del informe que estuvo presente fue Ainhoa Montoya, investigadora de Shool of Advanced Studies de la Universidad de Londres, Reino Unido.

Ainhoa Montoya dijo durante la presentación que “el informe que presentamos hoy es el resultado de la delegación internacional que organizó la Alianza Centroamericana contra la Minería sobre las actividades de la empresa Inversiones los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, a quien otras investigaciones han vinculado con el narcotráfico”.

Montoya revela que fueron invitados a participar cuatro profesores de Canadá, EE. UU, Reino Unido y una voluntaria de Derechos Humanos canadiense, después se dedicó a la recopilación de documentación y testimonios.

“Recomendamos a la comunidad internacional para que presione al gobierno hondureño para que permita una consulta libre, previa e informada”, dice Montoya.

Ainhoa Montoya fue acompañada por Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, el abogado Edy Tábora, defensor de derechos humanos, Louse Casselamn quien es representante de Common Frontiers, Fondo de Justicia Social, Public Service Alliance of Canada, así como Manuel Pérez Rocha, director del proyecto Comercio y Minería, Instituto de Estudios Políticos e IPS en Washington, DC.

En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.

Vigilancia de redes sociales

El abogado Edy Tábora dijo que en el informe quedó demostrado que estos proyectos representan a concesiones que se han hecho de formas ilegales, mediante procesos que para criminalizar a los defensores han utilizado pruebas falsas, mecanismos contrarios a la Constitución de la República.

“Hemos logrado sistematizar todos los ataques y presentar todas las denuncias respectivas contra el derecho de asociación y la libertad de expresión”, explica el abogado Tábora.

También se denunció que los gobiernos de la región han utilizado la Covid-19 para criminalizar la lucha, suspender selectivamente los derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo se expone que se intensificó el andamiaje institucional que facilita el despojo de los bienes comunes y se consolidó el modelo económico extractivista.

Los autores del informe sitúan la investigación en el contexto de eventos históricos y políticos a partir del golpe de estado del 2009, las raíces del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el informe, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.

Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.

Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.

Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores ambientales y ordenó el procesamiento formal de los imputados junto a otros ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.

El informe advierte que la vida de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno sigue en riesgo y que los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares.

Lea aquí el informe file:///C:/Users/User/Downloads/informe%20guapinol%20resiste.pdf

https://criterio.hn/informe-internacional-guapinol-resiste-verifica-violaciones-a-derechos-humanos/

Honduras

Guardia de compañía minera arrebata y rompe Bandera de Honduras, todo quedó registrado en video

Damaris Torres
01/09/2020
La acción del ciudadano hondureño es considerada traición a la patria.
Guardia de compañía minera arrebata y rompe Bandera de Honduras, todo quedó registrado en video
En el marco del Día de la Bandera Nacional, un guardia de seguridad privada de minería, la rompió a cuchilladas, en la aldea El Mochito en Las Vegas, Santa Bárbara, Occidente de Honduras.

El hecho se suscitó el 1 de septiembre, fecha en que se marca el inicio de las celebraciones patrias en Honduras.

Según información del corresponsal de HRN, Eduardo Cano, todo comenzó debido a una toma de calle en el sector en mención, el guardia de seguridad reaccionó molestó por la acción que ejecutaban los protestantes.

Ante el calor de la discusión, uno de los guardias de la seguridad le arrebató la Bandera a uno de los manifestantes y la rompió.

La acción del ciudadano hondureño es considerada como traición a la patria. Hasta el momento se desconoce el motivo de la protesta de los habitantes del sector de Las Vegas.
https://www.radiohrn.hn/guardia-de-compania-minera-arrebata-y-rompe-bandera-de-honduras-todo-quedo-registrado-en-video

Criminalización de la protesta, Honduras

Fallo de Corte de Apelaciones confirma a Honduras la deshonra de ser el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo

COMUNICADO DE PRENSA
El pasado 15 de agosto, miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, en Honduras, informaron en conferencia de prensa que la Corte de Apelaciones, en el departamento de Francisco Morazán, revoco el sobreseimiento definitivo a favor de los defensores ambientales Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos. La corte también ordeno el procesamiento formal de los imputados junto a otros 8 defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace 11 meses, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.

El abogado, Edy Tabora, miembro del equipo de defensa legal declaro en un comunicado de prensa que “La decisión de la corte reafirma la clara alianza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras”

Efectivamente, esta decisión del sistema judicial hondureño confirma un patrón de persecución política a nivel regional, en un contexto donde los gobiernos de la región CA4, están utilizando las medidas de confinamiento por la pandemia COVID 19, para el control social a través de la suspensión selectiva de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que se intensifica el andamiaje institucional que consolida el modelo económico extractivista que se fragua desde hace más de una década para facilitar el despojo de los bienes comunes de nuestra región.

En Tocoa, el servilismo del gobierno a los intereses de la empresa Los Pinares/Ecotek se evidencia al desplegar toda la maquinaria represiva y judicial del estado contra las comunidades que han denunciado férreamente las actividades ilegales y dañinas de la empresa y las irregularidades en el proceso de emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.

Los hallazgos preliminares de un reporte realizado por ACAFREMIN en el 2019, con el apoyo académico de tres universidades de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, encuentran que en el caso de los defensores del río Guapinol y San Pedro:

Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
El estado empleo a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

Con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones, el estado hondureño confirma su triste status como el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo, y junto a Guatemala y Nicaragua se adjudican la infamia de engrosar la lista de los 5 países más violadores de derechos ambientales, según el reporte “Defender el Mañana,” publicado recientemente por organización Global Witness, que documenta la persecución a los defensores del agua y la tierra en el mundo.

Esta es la nueva normalidad de nuestra región, una normalidad donde se consolida el avance neoliberal con el predominio de empresas extractivas multinacionales; que, junto a capitales locales, operan dentro de marcos normativos favorables a sus intereses en detrimento del bien común, en detrimento de las propuestas por la sustentabilidad de los pueblos, en detrimento de la bio-diversidad y en detrimento de la diversidad cultural de naciones indígenas que son las guardianes de la naturaleza desde tiempos ancestrales.

Como Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y declaramos nuestro apoyo incondicional a su lucha. Demandamos que el estado hondureño cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los defensores de derechos y nombramos al gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández como el único responsable por cualquier violación a la integridad física, psicológica y moral de los miembros del Comité.

También, hacemos eco a las demandas de los y las defensoras de derechos de Tocoa y el Bajo Aguan y exigimos:

La liberación inmediata de los ocho defensores del Río Guapinol y San Pedro que se encuentran bajo medidas injustas de prisión preventiva: Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo
El cese a la persecución política y criminalización de: Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos y otros implicados judicialmente en la defensa del Río Guapinol.
Con base en la decisión del Cabildo Abierto que declaro a Tocoa como un Municipio Libre de Minería, en noviembre del 2019; y con base en la ilegalidad de las concesiones mineras ASP y ASP2, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras adjudicadas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente las instituciones multilaterales defensoras de derechos humanos, a demandar el cese a la criminalización de defensores y defensoras de derechos en honduras.

Como alianza, reiteramos la urgencia de construir modelos de desarrollo sustentable, donde nuestros pueblos ejerciten el derecho a elegir libremente proyectos que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países; con ese fin, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia, a las organizaciones sociales, y los movimientos progresistas de Centroamérica a generar diálogos y unificar criterios de resistencia ante la “normalidad” emergente.

#Guapinolresiste #libertadparaGuapinol #AmasrepresionMaslucha
MAS INFO:

Legal Defense: Honduran Courts Rule to Sustain Political Persecution in Guapinol Case
Comunicado Público – El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la opinión públic nacional e internacional
La pandemia de la Covid-19 y el aumento de las industrias extractivas en los países de Centroamérica

Honduras

El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), ante la opinión pública, nacional e internacional,


DENUNCIA
La persecución de que están siendo objeto los líderes y lideresas de muchas comunidades
indígenas y campesinas conque trabajamos, así como del hostigamiento y acciones
sumarias en contra de las y los defensores de Derechos Humanos, especialmente las y los
defensores de la Tierra, Territorios y demás Bienes Naturales.
Abuso Policial y Militar contra las comunidades
1. A partir de la situación de la llegada a Honduras de la Pandemia COVID 19, el gobierno
de la República ha decretado un Estado de Excepción con lo cual han quedado
restringidas a nivel nacional varias garantías constitucionales. Esta situación está
siendo aprovechada por la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado
para incrementar su autoritarismo y atentar contra las organizaciones comunitarias
que buscan alternativas para protegerse de la pandemia, ante la ausencia de
soluciones por parte de algunos gobiernos locales y la misma institucionalidad del
Estado, encargada del combate a la pandemia.
2. En muchas comunidades del país son los miembros de la sociedad civil local, quienes
han conformado equipos de vigilancia y control para evitar el ingreso de personas
extrañas a sus comunidades, ante el peligro de contaminación se prohíbe el ingreso
de personas a la comunidad. El problema se ha presentado cuando algunos miembros
de la policía nacional o militares, quienes portando armas de fuego y vestimenta
militar (aun no estando en horas de servicio), pretenden entrar a pernoctar a sus
comunidades en sus días libres, intimidando y amenazando a los pobladores en los
retenes comunitarios.
3. Todo lo anterior ha provocado altos niveles de confrontación elevándose el nivel de
peligro por amenazas a muerte y /o detención arbitraria de lideres y lideresas,
desencadenando conflictos que ya han ocasionado la muerte de ciudadanos en la zona
norte del país y ataques a ciudadanos indefensos en el municipio de Santa Elena, La
Paz.
Riesgo de las defensoras y defensores de Derechos Humanos
4. Al no permitirse la circulación ni el desplazamiento de defensores y defensoras de
derechos humanos a nivel nacional, y en algunos casos entre los municipios,
organizaciones como CEHPRODEC, CONROA, MILPAH y otras Defensoras de Derechos
Humanos no pueden ejercer la vigilancia y el respeto de los derechos fundamentales
de los pobladores, y sus liderazgos, especialmente de aquellas personas que gozan de
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) y del Mecanismo de Protección Nacional de Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos.
5. En este sentido hemos observado una profundización del autoritarismo policial,
militar y de otros operadores de justicia, quienes se han enfocado en la búsqueda y
persecución de lideres y lideresas perseguidos (as) desde hace varios años por su rol
de defensores y defensoras de los bienes naturales. Para ello podrían estarse
destinando arbitrariamente recursos humanos y económicos que deberían estar
siendo utilizados para satisfacer demandas propias de la emergencia nacional
provocada por la pandemia COVID 19 .
División en las comunidades
6. La actual situación de pandemia reclama la unidad nacional, asi como la unidad de las
comunidades, pero el autoritarismo desatado, especialmente desde los operadores
de justicia y desde algunas corporaciones municipales, mas bien está contribuyendo a
la división de las comunidades. Uno de los factores que mas favorecen esta división es
la politización en la entrega de la ayuda alimentaria de procedencia estatal, la cual
está siendo utilizada por el partido de gobierno para su clientelismo electoral y excluye
sistemáticamente a la oposición social y política.
Por lo anterior DEMANDAMOS URGENTEMENTE
1. Al Gobierno de la República. Otorgar salvoconducto a CEHHPRODEC y las demás
organizaciones de Derechos Humanos se permita poder operar y circular, en medio
de la pandemia con las medidas de protección adecuadas, y así poder contribuir a la
vigilancia y respeto de los derechos humanos en el país.
2. A la Corte Suprema de Justicia. Permitir el acceso de las y los Defensores de Derechos
Humanos a los juzgados de la República para ser garantes de la correcta impartición
de la justicia en un país que ha sido catalogado como uno de los más peligrosos para
quienes defienden la tierra y los territorios.
3. A los operadores de justicia. Cesar en su represión a los liderazgos comunitarios que
solamente buscan organizarse y protegerse frente a la Pandemia, en el marco de una
permanente desprotección y orientación por parte de las municipalidades y la
institucionalidad del Estado.
4. A la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Jueces, Fiscalía. El Cese de las arbitrariedades
en contra de los liderazgos comunitarios y de las y los defensores de Derechos
Humanos. Esta demanda es a nivel nacional pero lo hacemos con mucho mayor énfasis
en los departamentos de La Paz, Comayagua, Yoro y Olancho.
5. Al Mecanismo Nacional de Protección y a la OACNUDH, garantizar la veeduría y
protección de las y los defensores de Derechos Humanos en Honduras, especialmente
a todos los que gozan de medidas cautelares de naturaleza nacional e internacional.

Tegucigalpa, 5 de mayo de 2020

Honduras

La vida de los defensores de agua y tierra presos en situación de riesgo durante la emergencia COVID 19

International Allies
La liberación de los defensores de agua siete presos injustamente por el gobierno de Honduras se ha convertido en un campo de batalla clave para el Comité para la Defensa de los Comunes de Tocoa, una organización local que ha llevado la lucha contra un proyecto minero de propiedad de Inversiones Los Pinares en el conflictivo región del Bajo Aguán de Honduras. En octubre de 2018, los residentes y agencias de noticias alternativas informaron el despliegue de más de mil quinientos militares y patrullas de la policía del gobierno de Honduras armados con tanques y armas pesadas para desmantelar por la fuerza un campamento comunitario establecido por los residentes locales para prevenir operaciones de la mina. Una siguiente campaña de relaciones públicas dirigida por políticos locales, medios de comunicación corporativos y hombres de negocios contra los defensores del medio ambiente dio lugar a la acusación de los 32 miembros del Comité por cargos falsos de secuestro, robo y incendio agravado – esos cargos fueron posteriormente pasaron a asociaciones ilícitas contra el Honduras estado y pueden llevar a penas de cárcel excesivas bajo las leyes antiterroristas. El primer 12 de los 32 acusados que informó a los tribunales por su propia voluntad se borran después de que el equipo de defensa legal señaló a numerosas inconsistencias en la evidencia y violaciónes del derecho al debido proceso.
Un segundo grupo de siete activistas se presentaron a los tribunales en agosto de 2019, pero esta vez, el juez transfirió el caso a un tribunal militar, donde se permitió que la demanda de proceder y se le negó la fianza para los acusados. Aunque el juez ordenó a los demandados que se celebraran en una prisión de seguridad media, más cerca de sus familiares, que fueron enviados ilegalmente a una prisión militar conocido como “La Tolva”, diseñada para mantener a los criminales de alto perfil, los terroristas y los narco traficantes. Desde entonces, una campaña internacional está aumentando para que los acusados sean juzgados en libertad y desestimar los cargos. La campaña, que hasta ahora ha incluido peticiones internacionales firmados por cientos de organizaciones, las cartas de los legisladores europeos y movilizaciones nacionales no han tenido éxito para que los presos sean puestos en libertad, sin embargo, las circunstancias de emergencia actuales tienen a miembros de la familia preocupados por el contagio potencial debido a la superpoblación, prohibida visitas y la falta de servicios médicos para los internos.
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Honduras

The Nation: Las guerras mortales por el agua en Honduras

Por: Jared Olson
En el exuberante valle del Bajo Aguán, los sucesivos conflictos por la tierra y el agua han dejado más de 150 personas muertas. Y la lucha no ha terminado todavía.

La mina no se puede alcanzar desde la puerta del camino, que está custodiada por soldados que llevan M-16 y un capataz con casco y una escopeta en el pecho.

Así que, si quieres ver el enorme complejo de extracción de minerales que se está construyendo aquí en el exuberante valle del Bajo Aguán de Honduras, tienes que pasar por Guapinol, una de las aldeas que muchos temen que la mina envenene. Se asciende por un sendero de rocas cubierto de barro, pasando por una línea de alambre de púas para llegar a un terraplén de hierba. Desde allí, se pueden ver las excavadoras, los camiones, las hileras de pilotes de hormigón y el enorme agujero marrón raspado de los verdes suelos del valle. La mina, cuya fábrica de procesamiento de óxido de hierro será la más grande de América Central, aún no ha sido construida. Pero ya se está derramando sangre sobre ella.

«Vivimos con miedo todos los días», dice Reinaldo Domínguez, un residente de El Guapinol, mirando a lo lejos la obra en construcción.

Aquí, en el corazón del Parque Nacional Carlos Escaleras, en la cabecera de docenas de ríos, se está desarrollando un mortal conflicto por el agua entre la oligarquía local, que intenta extraer el mayor valor posible de esta zona, y los habitantes de las pequeñas aldeas del valle, que dependen de los ríos para gran parte de su sustento y su vida. Esta tampoco es la primera vez que estas dos fuerzas se enfrentan en el valle. Más bien, este conflicto es una continuación de más de 25 años de sangrientas luchas entre los gobernantes de facto del valle y la gente que vive bajo ellos.

En sus enormes desigualdades de riqueza y disparidad en la propiedad de la tierra, Honduras no se diferencia mucho del resto de América Latina, su oligarquía de la era colonial impulsada indirectamente por la ayuda financiera y militar de más de un siglo de gobiernos estadounidenses. Con su fortuna económica estrechamente vinculada a los precios del banano en la primera mitad del siglo XX y a los productos agrícolas como la carne de vacuno y el café en esta última, Honduras se convirtió en un país que apoyaba a un pequeño grupo de ricos propietarios de plantaciones a espaldas de un grupo mucho mayor de trabajadores mal pagados. Esta situación se vio sacudida en cierta medida por la presidencia de Manuel Zelaya, que tras su elección en 2006 dio un giro en sus políticas hacia la izquierda. Pero el breve coqueteo del país con las políticas progresistas llegó a su fin en 2009, cuando un golpe militar derrocó a Zelaya. Desde entonces, la impunidad por los crímenes corporativos no ha hecho más que aumentar y la violencia utilizada para perpetuar la desigualdad se ha disparado.

Uno de los primeros campos de batalla después del golpe fue aquí en el valle del Bajo Aguán. En los años 90, beneficiándose de las medidas de ajuste estructural lideradas por el FMI y en un entorno en el que los activistas campesinos estaban siendo asesinados o desaparecidos, Dinant, una corporación hondureña de bienes de consumo fundada por Miguel Facussé Barjúm, había logrado comprar la tierra a los campesinos para construir una enorme plantación de palma aceitera africana. Durante los años noventa y principios de la década de 2000, los campesinos sin tierra habían llevado a cabo una constante campaña legal y burocrática para recuperar 28 fincas que habían sido tomadas por Dinant, sin éxito. Poco después del golpe de Estado que derrocó a Zelaya, los campesinos decidieron reasentar ellos mismos las tierras, trasladándose a edificios abandonados y estableciendo campamentos en sus antiguas tierras. Esto no le sentó bien a la oligarquía local asociada a Dinant, y la violencia comenzó casi inmediatamente después.

Entre 2010 y 2014, más de 150 campesinos fueron asesinados o «desaparecidos», y más detenidos, en un conflicto que enfrentó a los residentes del valle con el ejército hondureño, la policía local y los guardias de seguridad privada fuertemente armados, que a menudo trabajan en grupos, según el informe de The Guardian. El Aguán fue testigo de una forma de guerra de baja intensidad: Hubo acusaciones de tortura, se quemaron aldeas y se desplegaron más de 8.000 soldados en el valle.

A finales de 2013, los Facussésy sus aliados decidieron ampliar sus inversiones aprovechando una medida ejecutada apresuradamente para redimensionar las tierras protegidas en la Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, en el corazón de las montañas inmediatamente al sur del valle. La Empresa MineraEMCO había estado presionando para obtener una concesión minera en la región desde abril de 2013. Carlos Escaleras, con sus crestas oscuramente dentadas que se ciernen sobre el Aguán, se encuentra en el corazón de la cuenca hidrográfica de la región, la fuente desde la cual docenas de ríos se vierten hacia el norte a través de fértiles mesetas agrícolas hasta el Mar Caribe.

El proyecto, que se preparaba para construir una mina ecológicamente catastrófica que podría destruir los medios de vida agrícolas de los campesinos que viven en el valle, fue encabezado por personas de la misma familia que controlaba la corporación Dinant cuando esa empresa estaba presuntamente involucrada en los asesinatos del conflicto de tierras.

«Es la misma gente que dirige el proyecto minero», dice Raúl Ramírez, de Lempira, un asentamiento campesino y una de las comunidades cercanas a la mina. «Una de las personas que dirigen el proyecto es la hija de Miguel Facussé, de la Corporación Dinant… Son los mismos actores».

El gobierno concedió el permiso para construir la infraestructura de la mina a cielo abierto a Inversiones Los Pinares, (anteriormente la empresa minera EMCO, de la que son copropietarios Lenir Pérez y Ana Facussé. El padre de Ana, el ex jefe de Dinant, Miguel Facussé Barjúm, fallecido en 2015, era partidario del golpe de Estado que derrocó a Zelaya, y había sido calificado por la Embajada de Estados Unidos como «el empresario más rico y poderoso del país». Los cables del Departamento de Estado revelaron que sus propiedades estaban siendo utilizadas para importar cocaína ya en 2004, y un informe de Human Rights Watch de 2014 que investigó 29 asesinatos y una desaparición que ocurrieron durante el conflicto de tierras por la plantación de palma de Dinant en el Bajo Aguán -que investigaron como un corte transversal de los más de 150 asesinatos y desapariciones- encontró que en 13 de las muertes, «la evidencia sugiere la posible participación de guardias privados».

Cuando se le contactó para que comentara sobre el conflicto de tierras, Dinant preparó una respuesta que decía que nunca se ha encontrado que los empleados de la empresa hayan «realizado actividades ilegales, utilizado fuerza inapropiada o conspirado contra ninguna persona u organización». La declaración también decía que «La Compañía condena enérgicamente la violencia, las confiscaciones criminales de tierras, la intimidación y toda actividad ilegal. Dinant ha sido víctima de numerosos ataques violentos a lo largo de los años; muchos empleados de Dinant han sido víctimas de tales actos».

Al igual que en la Honduras posterior al golpe de Estado, la concesión minera se otorgó en circunstancias cuestionables: El 16 de diciembre de 2013, en los últimos días del Presidente Porfirio Lobo Sosa, los diputados hondureños encabezados por el conservador, Ricardo Díaz, impulsaron medidas para redimensionar Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, cortando 217 hectáreas de la «zona núcleo» en la que está prohibida la actividad de construcción. Con el redimensionamiento del terreno, las primeras concesiones mineras exploratorias fueron otorgadas a la empresa minera EMCO, el nombre anterior de Inversiones Pinares, apenas un mes después, el 28 de enero de 2014.

«De la manera en que lo hicieron, la empresa minera tuvo la oportunidad de que se le diera la concesión», dijo Ramón «Moncho» Soto Bonilla, diputado del partido opositorLIBRE por Colón, donde se encuentra el valle del Aguán. «Fue un engaño: aprobaron la ley de la noche a la mañana para que nadie se diera cuenta de que lo habían hecho».

En los años transcurridos desde 2014, el proyecto ha enfrentado la resistencia de ciudades más grandes como Tocoa y de pueblos más pequeños como Guapinol, que se sustentan del caudal del río Guapinol que conecta a Carlos Escaleras. Pero Pinares ha continuado la exploración a través de una laguna jurídica bajo la cual el óxido de hierro, su mineral objetivo declarado, fue clasificado como no metálico en el momento en que la empresa recibió su concesión.

«La ley de minería de Honduras dice que el óxido de hierro no es un metal», explica Esly Banegas, un dirigente sindical de la cercana Tocoa cuyo hijo y ex marido fueron asesinados en el conflicto de tierras. (Esta laguna jurídica se cerró en 2015, pero Pinares no ha alterado sus planes de exploración).

Saltando entre los cúmulos de rocas que se extienden a lo ancho del Guapinol, Reinaldo Domínguez nos lleva a un lugar en el río donde gruesas paredes de follaje verde se ciernen como un corredor en lo alto. Varias de las rocas están pintadas con mensajes acrílicos astillados, mensajes de amor al agua que pasa.

«Te queremos, Guapinol», dice uno de los mensajes. «El agua es vida».

En este lugar, el verano pasado, se informó que un joven recibió un disparo en las piernas mientras nadaba en el río donde pasa por el pueblo homónimo. El tiroteo tuvo lugar porque el joven estaba demasiado cerca de la infraestructura minera, según los miembros de la comunidad.

Cruzando a la orilla opuesta, a apenas 20 pies dentro del bosque, Domínguez nos muestra donde la valla perimetral de la fábrica de procesamiento que se está construyendo llega a una esquina a menos de un cuarto de milla del pueblo. Tiene 15 pies de altura, cubierta con gruesas y frescas bobinas de alambre de púas que corren a lo largo de la valla hasta donde alcanza la vista. Varios cientos de metros más allá de la valla, se pueden ver las crestas distantes de los terraplenes de tierra y se puede oír, muy débilmente, el sonido de los equipos pesados trabajando.

«Tememos por nosotros mismos», concede Domínguez. «Pero nacimos aquí, crecimos aquí. No queremos irnos».

Ocho personas, entre ellas líderes comunitarios, trabajadores de la mina y policías militares, han sido asesinadas en relación con la propuesta mina de Guapinol desde 2013, las dos más recientes en noviembre de 2019. Y aunque los motivos de algunos de los asesinatos han seguido siendo turbios, y ciertos investigadores han atestiguado que algunas muertes son el resultado de la superposición del territorio del cártel de la droga con el de la empresa minera, las muertes han alimentado una campaña mediática sostenida tanto por parte de Pinares como del gobierno hondureño para criminalizar el movimiento social contra las minas. Pinares sostiene que la fuente de la violencia ha sido una banda armada antiminas, acusación de la que hay poca o ninguna prueba.

«La realidad de Aguán es realmente complicada», dice Banegas. «Comienza con una criminalización de las organizaciones y de las personas… Lo mismo [ocurrió] con Berta Cáceres [la asesinada activista indígena hondureña del medio ambiente]». Fue el mismo patrón: criminalizarlos, hacer ataques a través de los medios y redes sociales, perfiles falsos, inventar noticias».

El fantasma de las consecuencias medioambientales de la minería se cierne sobre Honduras, donde el 30 por ciento del territorio nacional se destinó a concesiones mineras tras el golpe de 2009. La mina San Martín, en la región del Valle de Siria, por ejemplo, que sólo operó entre 2000 al 2009, y a pesar de la retórica de preocupación ambiental de la empresa matriz, se hizo famosa por producir altos y duraderos niveles de cianuro, arsénico y mercurio en las comunidades aledañas y por el acoso de los ambientalistas que se resistían a su presencia. Muchos en la región de Guapinol temen que, en caso de que la mina de Pinares avance , sus comunidades soporten una carga similar.

«Vamos a sufrir graves consecuencias [de la mina]: por el aire, el agua, por el ruido», dice Ramírez de Lempira.

Las tensiones por la mina Guapinol comenzaron a hervir en mayo de 2018, cuando, frustrados por la continua presencia de la mina y la aparente aquiescencia de las autoridades municipales ante ella, los residentes ocuparon el edificio municipal de Tocoa durante once días.

Cuando eso falló, los residentes contra la mina cambiaron de estrategia.

«El alcalde nos dijo una vez», dice Domínguez, «¿Por qué no van a tomar el camino que usó Inversiones Los Pinares en vez de tomar el edificio municipal? Y así lo hicimos.»

El campamento pronto se estableció para bloquear la carretera CA-13 construida por Pinares, a través del pueblo de El Guapinol y en Carlos Escaleras. Duró 88 días, desde el 1 de agosto hasta el 27 de octubre de 2018. Para entonces, las apuestas ya eran elevadas: El agua del río Guapinol se estaba llenando de sedimentos de un proyecto hidroeléctrico aguas arriba, parte de la creciente infraestructura para la próxima mina, haciendo imposible la perspectiva de usar el agua para beber, limpiar o para fines agrícolas.

«El agua bajó con aspecto de chocolate debido a la empresa», dice Gabriela Sorto, cuyo padre, Porfirio Sorto Cedillo, es uno de los siete «Defensores del Agua» que aún permanecen tras las rejas por sus protestas contra la mina. «El agua no se podía utilizar para nada, ni siquiera para lavarse las manos, porque las manos salían completamente llenas de barro. El río Guapinol es la única fuente que tenemos para vivir en nuestra comunidad.»

«Las mujeres de la comunidad decían: ‘Dios mío, qué vamos a hacer con este río sucio, porque el agua que una vez se recogió en tu piel era puro barro'», dice Dilma Cruz, la madre de Sorto Cedillo. «Los jóvenes también la bebían».

Para el 7 de septiembre, el campamento había sido acordonado y asediado. Ese día, un grupo de empleados de Pinares cortó el camino para que la comida y los suministros no pudieran entrar, y comenzó un primer intento de dispersar a los manifestantes.

Rigoberto Hernández, residente en El Guapinol, se encontraba en el campamento ese día cuando fue rozado por una bala disparada por personas que él cree que eran guardias de seguridad empleados por Pinares.

«El siete de septiembre», dice, «estábamos en el campamento defendiendo el medio ambiente, nuestra agua, cuando fui alcanzado por una bala en la espalda, a manos de [la gente que trabaja para la mina]. Era incoherente. No podía caminar. Me llevaron en un coche a una clínica, y comencé mi recuperación, poco a poco».

Casi un mes después, un tribunal especial emitió órdenes de arresto para 21 de los hombres involucrados en la protesta, lo que desencadenó una serie de redadas y operaciones de las autoridades para detenerlos. Por las noches, dice Domínguez, hombres anónimos se acercaron a los manifestantes con amenazas de que «los desalojarían «, una promesa que las autoridades estatales cumplirían unas semanas después.

«Parecía una guerra», un testigo le dijo a un periodista de la dispersión. A las 11:30 de la mañana del 27 de octubre, más de mil policías nacionales y militares llegaron en un convoy para expulsar a los manifestantes.

Las fuerzas de seguridad dispararon ráfagas de gas lacrimógeno antes de abrir fuego a bala viva. En el subsiguiente bombardeo, ocho civiles resultaron heridos y un activista, Levin Alexander Bonilla, resultó muerto. Sin embargo, esa misma tarde, después de que rompieran el campamento y siguieran persiguiendo a los manifestantes hasta la aldea de Ceibita, también murieron dos policías militares.

«Lo extraño de esto fue que ellos [los soldados] murieron en las palmas», dice Mario Munguía Alemán, un periodista de la televisión local del Canal 35 que vivió en el Bajo Aguán durante décadas y que nos ayudó a reportar esta historia. «Después, el ejército y la policía entraron en las comunidades para registrar cada casa. Y no se anunció que habían encontrado a nadie con armas de fuego. Extraño, porque el bloqueo había sido en la carretera, pero sin embargo nunca se explicó por qué los soldados murieron en esa plantación.»

Según un investigador de derechos humanos que ha presentado su investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y que compartió el documentocon nosotros bajo la condición de anonimato, las muertes de los dos policías militares en la dispersión del campamento pueden haber sido un caso de lucha interna de los cárteles que fue reformulado para criminalizar el movimiento contra las minas.

Este investigador, de acuerdo con numerosos líderes de derechos humanos entrevistados en el valle, dijo que era probable que las licencias de exploración minera otorgadas durante los últimos días del presidente Lobo estuvieran controladas por Javier y Devis Lionel Rivera Maradiaga, líderes del cártel de drogas de Cachiros, y que muy poco después Pinares recibió una licencia de explotación vecinal. En 2015 los hermanos Rivera Maradiaga se convirtieron en informantes protegidos por la DEA, lo que llevó a la extradición del hijo del ex presidente Lobo, Fabio Lobo. Devis Lionel Rivera Maradiaga testificó que Lobo había recibido un avión de drogas en una de las propiedades de Miguel Facussé Barjúm y reconoció que dos políticos clave que apoyaban a Pinares, el alcalde de Tocoa Adán Fúnez y el diputado de Colón Óscar Nájera, eran socios de Cachiro. Facussé había negado previamente cualquier implicación con el aterrizaje del avión de la droga en su propiedad.

Los informes reunidos por el investigador de derechos humanos indican que ex funcionarios de los Cachiro muy cercanos a los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos como los Taboras y que, según se dice, eran de la aldea de Ceibita, participaron en el tiroteo de octubre de 2018 en el que murieron oficiales de la policía militar, que el investigador encontró pruebas que sugerían que era el resultado de las luchas internas entre los ex asociados de los Cachiros. El tiroteo tuvo lugar después de que las fuerzas de seguridad dispersaran violentamente el campamento, persiguiendo a los manifestantes hasta Ceibita y disparando gas lacrimógeno contra sus hogares. El investigador sugirió que el enfrentamiento fue entre los Taboras y los militares hondureños.

No pudimos contactar con Ana Facussé para un comentario directo sobre este artículo. Cuando se le preguntó si Facussé quería comentar este artículo o el conflicto minero de Guapinol, un representante de relaciones públicas de Pinares sugirió que los líderes corporativos de la empresa son transparentes sobre la actividad de la empresa y están dispuestos a discutir esas actividades en entrevistas, pero sólo cuando se hacen en persona. El representante había ofrecido una entrevista con el copropietario de Pinares, Lenir Pérez, en enero, después de nuestro reportaje principal, pero debido a que el representante insistió en que sólo podía realizarse en persona en lugar de a través de Skype, esto no fue posible para La Nación. No se ofreció una entrevista con Facussé.

Pinares, que accedió a dar una respuesta por escrito a las acusaciones, sostiene que sus trabajadores mantienen la máxima transparencia en sus operaciones, y que la empresa en su conjunto se adhiere a los más altos estándares de ética ambiental corporativa. Afirman que los defensores del agua de Guapinol son «falsos ecologistas», sugiriendo que muchos son criminales armados que, financiados por fuentes desconocidas, fueron enviados desde fuera del Aguán para sabotear la construcción de una mina por lo demás responsable, no contaminante y creadora de puestos de trabajo.

Fue en agosto de 2019 cuando los cargos contra siete de los manifestantes finalmente los llevaron a prisión. Según Juana Zúniga, lideresa de la comunidad de Guapinol y esposa del prisionero José Abelino Cedillo, varios de los manifestantes decidieron presentarse ante el tribunal de Tegucigalpa porque se sentían inocentes y no querían tener expresiones externas de temor a la ley.

Al ser arrestados en Tegucigalpa, fueron enviados a La Tolva, una prisión con reputación de ser tan peligrosa que el COFADEH, una organización hondureña de derechos humanos, la ha descrito como un «centro de tortura». Y aunque fueron trasladados a Olanchito, una prisión más segura, aún permanecen encarcelados.

«Los tratan horriblemente, sabiendo que defienden nuestro río y nuestro medio ambiente», dice Zúniga. «Y lo que dicen es: ‘Luchamos para no tener que emigrar de nuestro país’. Si dejamos de luchar contra la compañía minera, hay 3.500 personas que tendrían que abandonar la comunidad».

Mientras siete defensores del agua permanecen tras las rejas, Pinares ha estado llevando a cabo una campaña de difamación contra ellos, diciendo en Twitter que «los ambientalistas hondureños son realmente criminales que han matado a gente inocente». Cuando, a mediados de octubre, algunos de los campesinos involucrados en las protestas contra la mina viajaron a DC para aceptar el Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos por su activismo, un hombre se paró fuera del evento de entrega de premios entregando volantes que mostraban cadáveres mutilados que la compañía acusó a los ambientalistas de haber matado.

Los manifestantes no han sido los únicos objetivos de los servicios de seguridad: El 18 de noviembre, el periodista de Radio Globo César Obando Flores, que había estado cubriendo el conflicto del agua en Guapinol, emitió un comunicado de prensa detallando cómo, en numerosas ocasiones, se había sentido a punto de ser secuestrado por hombres con atuendos militares que le advirtieron que «no se metiera con Inversiones Los Pinares». El 6 de enero, Mario Munguía Alemán, que mientras ayudaba a nuestro reportaje para este artículo también investigaba el conflicto para la estación de televisión local Canal 35, estaba montando su bicicleta en la cercana Tocoa cuando una camioneta nueva de doble cabina se desvió abruptamente delante de él. Un hombre saltó fuera. «Estás hablando un montón de mierda en ese canal», le dijo a Munguía Alemán. «Será mejor que te vayas.» El camión patinó en un torbellino de polvo, lanzando piedras a Munguía Alemán. Munguía Alemán, cuyo amigo y colega Nahúm Palacios Arteaga fue asesinado en 2010 por investigar los vínculos con el narcotráfico en el valle, se escondió poco después. Desde entonces ha huido del país.

A pesar de los asesinatos, los arrestos y las amenazas, los residentes continúan presionando para detener la construcción de la mina. Después de años de presión, un cabildo abierto, o «comunidad abierta»se celebró finalmente en Tocoa el 29 de noviembre del año pasado. Ante una multitud de más de mil personas, entre ellas el ex presidente derrocado Manuel Zelaya, el municipio «se declaró libre de la minería». El alcalde y el resto del gobierno municipal firmaron un acta para ser llevada al Congreso que ordenaría a Pinares y a cualquier otra corporación minera a abandonar la zona. Pero eso no ha cambiado mucho sobre el terreno: La construcción de infraestructura no minera continúa en el proyecto, y los campesinos asumen que este trabajo de base continuará.

Inversiones Los Pinares afirmó en un comunicado difundido después de la reunión que a pesar del voto de la comunidad, «las inversiones de los Pinares continuarán trabajando fuertemente y contribuyendo al desarrollo de Tocoa».

El equipo pesado de construcción todavía se puede oír pasar a todas horas del día. Las patrullas militares continúan a través de las aldeas adyacentes al complejo minero. Las oficinas en Tocoa de COPA, una organización campesina a la vanguardia de la lucha contra la mina, que Pinares acusó de haber sido financiada «desde lugares oscuros», fueron atacadas y saqueadas por asaltantes desconocidos dos veces en dos meses, primero el 20 de diciembre y luego el 26 de enero.

«Lamentablemente», escribió Pinares en una respuesta oficial preparada para este artículo, «este grupo de falsos ambientalistas sin escrúpulos lanza ataques porque tienen intereses personales, y sin tener ninguna prueba acusan a personas respetables que han decidido invertir en una zona donde pocos inversores se atreven a hacerlo debido a la inseguridad jurídica causada por invasores de oficio que obtienen beneficios económicos de esta actividad».

Para muchos de los que viven cerca de la infraestructura de la mina, a la sombra de Carlos Escaleras, en las orillas de los ríos Guapinol, San Pedro y Aguán, la realidad augura un futuro mucho más oscuro.

«Imagina tener grandes camiones pasando por tu casa día y noche, día y noche. Un sonido constante. Nos afecta bastante», dice doña Reina Ordoña, de La Lempira.

«Si la empresa sigue adelante con el proyecto, instala la maquinaria, la violencia va a aumentar», dice Carlos Leonel George, el tesorero de la COPA, y ex-preso encarcelado por resistirse a la mina. «Porque la gente está convencida de que destruirá su fuente de agua, y sin esa agua no tendrán forma de vivir. No es una broma para ellos. Se trata de la supervivencia.»

Todas las fotos de este artículo son de Seth Berry, un galardonado fotógrafo centrado en la documentación de las amenazas a la condición humana en América Central y más allá. Encuentre más de su trabajo aquí.
http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/1477-the-nation-las-guerras-mortales-por-el-agua-en-honduras

Honduras

Informe internacional encuentra que el gobierno hondureño viola los derechos de los defensores ambientales de Tocoa

ACAFREMIN
28/02/2020
Hallazgos preliminares de un informe comisionado por la Alianza Centroamericana contra la Minería (ACAFREMIN) presentados en el Encuentro de los Pueblos por el Agua en Tegucigalpa – Honduras, encuentran que el estado hondureño es responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades de Tocoa, departamento de Colon, afectadas por los impactos de las concesiones mineras ASP I and ASP II propiedad de la empresa Inversiones los Pinares.
El equipo de investigación, compuesto por el Dr. Bernie Hammond y Dra Amanda Grzyb – Western University de Canada, Dr. Michael Berghoef – Ferris State University de EE UU, Dra. Ainhoa Montoya – Universidad de Londres, Inglaterra y el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris, realizó una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019, con la misión de verificar informes de violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón propiedad del empresario Lenir Pérez, vinculado a la familia Facusse.

Los autores sitúan la investigación dentro del contexto de eventos históricos y políticos recientes en Honduras, pero se enfocan en la última década a partir del golpe de estado del 2009: las raíces del conflicto actual en el Bajo Aguan y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el estudio, gobiernos sucesivos han profundizado políticas neoliberales, establecidas en la década de los 1990s, al intensificar la inversión en industrias extractivas por parte de las élites nacionales y las corporaciones transnacionales. Estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad. Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

En la cuidad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a las comunidades que se oponen a las actividades extractivas de Inversiones los Pinares y los impactos ambientales de su proyecto minero con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas. Las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando desafían la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas.

Específicamente el reporte encuentra que en el caso las licencias otorgadas a la empresa Inversiones los Pinares.

1. Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
2. Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
3. El estado ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
4. Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos corporativos.
5. Ocho de los 31 defensores criminalizados continúan detenidos ilegalmente, el resto, junto a sus familiares y amigos, continúan estigmatizados y obligados a vivir en un estado de temor y ansiedad.

A pesar de la represión, el equipo de investigación encontró una comunidad fuerte y firme en su oposición a la mina, determinada a defender las fuentes de agua de su río Guapinol, su forma de vida y sus familias, con todos los medios a su alcance.

“La comunidad de Tocoa es una comunidad unida, heredera de décadas de organización y lucha agraria contra grandes terratenientes en su territorio. Está unidad es creativa, capaz e increíblemente valiente ante la amenaza continua y real. Son y siguen siendo una comunidad en resistencia”, declaro el Dr. Bernie Hammond, coordinador del estudio.

La supuesta institucionalidad creada por el gobierno hondureño para controlar la violencia contra los defensores ambientales y los derechos humanos, los abogados que los defienden y los periodistas que informan acerca de ellos, parecen ser gestos vacíos destinados a crear una fachada de legitimidad. Como en otras regiones de Honduras, las vidas de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno siguen en riesgo. Los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares.

Finalmente, el estudio respaldado por tres universidades internacionales (Western University de Canadá, Ferris State University de los Estados Unidos y la Universidad de Londres, Inglaterra) hace 20 recomendaciones, entre las que figuran para el estado hondureño:
Liberar inmediatamente a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente que han sido encarcelados por sus acciones en relación con los proyectos mineros de Inversiones los Pinares, y desestimar definitivamente los procedimientos para los 31 defensores de crímenes falsos;
Reconocer públicamente el derecho de los defensores a defender sin violencia su territorio y sus recursos naturales, tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos;
Una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía militar y las fuerzas paramilitares, así como por miembros de COVIPERCE, contra defensores de derechos humanos y periodistas en Tocoa que se han pronunciado contra los proyectos mineros;
Dadas las irregularidades incurridas en la emisión de las licencias mineras ASP y ASP 2, que INHGEOMIN cancele las licencias mineras que se han otorgado en el área protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras;
La derogación del Decreto Legislativo 252-2013 que modificó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras;
La inscripción inmediata del Parque Nacional Carlos Escaleras, así como de todas las demás áreas de Honduras declaradas protegidas por el SINAPH, en el Catálogo del Patrimonio Forestal Público Inalienable y el Registro de Bienes Raíces, para evitar futuros conflictos;
La derogación del Acuerdo Ministerial 1402-2018 que declara como confidencial la información técnica ambiental del proyecto minero, como la contenida en todas las solicitudes de licencias mineras.

Honduras, Mexico

BERTA CÁCERES… Vive, Volverá y Será Millones.

“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca, yo sabía lo duro que iba a ser.
Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”
Berta Cáceres
2 de marzo 2020.
Hoy se cumplen 4 años en que Berta Cáceres fue sembrada en su tierra natal “La Esperanza” en
Intibucá, Honduras. Su cobarde asesinato se conjuro al mismo momento del atentado que sufrió
nuestro compañero Gustavo Castro, sobreviviente y testigo a quien durante sus testimoniales le
fueron violados sus derechos por parte del gobierno hondureño, lo cual, en ese momento ya
mostraba que la injusticia e impunidad sería parte del colofón de esta historia tan recurrente para
quienes se atreven a defender la vida en toda América Latina.
Berta Cáceres fue, es y sigue siendo una mujer Lenca a quien se le arrebató la vida por como vivió,
por como resistió y luchó durante toda su vida y porque su fuerza combativa desafió a los intereses
del poder capitalista y patriarcal, ambos principales culpables del despojo de la vida, de la
destrucción de los bienes naturales y del saqueo del territorio.
A Berta, la ambientalista, madre de cuatro hijos, abuela, hija, hermana, co-fundadora y vocera del
Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), le quitaron la
vida muchos actores; los sicarios envalentonados y serviles al modelo global. También participaron
las instituciones económicas y políticas del estado hondureño que, por encima de la vida de su
población, obedece y se alía con corporaciones globales que explotan, despojan y se enriquecen de
manera enfermiza a partir de la depredación de los bienes naturales de aquellos países que gracias
a sus pueblos originarios los tienen en abundancia. Fue asesinada por la colonialidad, la cual, como
un patrón de clasificación y ordenamiento de la población y territorios, refuerza el racismo contra los
pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y del resto de América Latina. Fue asesinada
por la violencia patriarcal, la cual ha oprimido históricamente la integridad de las mujeres.
También se cumplen 4 años en que las resistencias le han mostrado al mundo entero que el estado
hondureño y toda su clase política incluyendo el congreso, el ejecutivo, el ejército, la policía y el
poder judicial es corrupta, agresiva y violatoria de derechos, quienes además continúan asesinando
a defensores de los derechos.
Para la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, la muerte de Berta también ha tenido
un efecto simbólico, ya que su acción política como defensora de la naturaleza, de las mujeres, de
los derechos de los pueblos indígenas, sin duda continúa siendo un ejemplo para miles de personas
que somos conscientes sobre la importancia de unificar esfuerzos para concretar transformaciones
sociales frente a este modelo globalizador que es avasallador.
Berta vivió, resistió y luchó porque otro mundo sea posible. La claridad de su lucha y de su visión
ilumina el compromiso de los pueblos para con sus territorios y protegerlos y conservarlos a través
de su comunalidad y respeto por la vida y la naturaleza. Berta continúa siendo la voz y la fuerza de
todas y todos. Berta es la primera línea de paz, ante la guerra de la reivindicación de las luchas
indígenas que avanzan de la mano de nuevos procesos anti patriarcales y descolonizadores.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA