Honduras

Población tolupana de Yorito, expulsa a empresa minera

Entre las frescas montañas indígenas tolupanes del municipio de Yorito, Yoro, resurge el grito y la rebeldía de “Cicumba” (líder de la resistencia tolupan en la época colonial). En esta ocasión, “como población nos hemos levantado a una sola voz contra una empresa minera que amenaza las fuentes de agua, el bosque y la vida misma”, dijo Luís Navas, del Comité Pro Defensa del Medio Ambiente, de dicho municipio.

“Unas 400 personas subieron a la montaña y detuvieron los trabajos de la maquinaria de la empresa minera que estaba extrayendo barita (nombre del mineral), y que estaba contaminando los ríos Tepemechín y Aguán. Dos retroexcavadoras y  dos tractores que realizan los trabajos, fueron obligados a salir del lugar”, manifestó Navas.

La concesión está ubicada en el Cerro Nuevo Plan. El Gobierno habría extendido un permiso de explotación minera a la empresa Comercializadora de Agregados de Honduras S.A. de C.V.  (CEASA).  Este territorio pertenece a la tribu Tolupan, Nuevo Plan, jurisdicción Yorito, por lo que la mayoría de la población se ha sumado a las jornadas de protestas que se han desarrollado.

El municipio de Yorito, colinda al norte con el municipio de Yoro, al sur con Sulaco, al este con Marale, y al oeste con el municipio de Victoria. La población indígena de la zona teme que dicha explotación minera, genere destrucción de la biodiversidad, tal como ya ha ocurrido en otros lugares de Honduras en donde operan empresas mineras.

Ante esta situación, y haciendo uso de su autodeterminación, el Comité Pro Defensa del Medio Ambiente de Yorito, dará otro gran paso en rechazo al modelo extractivista. “Nosotros nos encaminamos a auto declararnos «territorio libre de explotación minera y de represas hidroeléctricas». Esta decisión la tomaremos en un cabildo abierto que estamos por programar junto a la corporación municipal”, indicó Gerson Torres, líder comunitario.

 

Violentaron la consulta previa

La consulta previa, libre e informada, es un derecho específico de los pueblos indígenas reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas, mismo que ha sido ratificado por el Estado hondureño, en diversos tratados internacionales.

Para el caso, el Convenio 169 de la OIT, compromete a los Estados firmantes a preguntar a los pueblos interesados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo y consentimiento sobre dicha medida.

“Este derecho debe de aplicarse de manera obligatoria en las comunidades indígenas, antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero, se instale. Aquí se exige toda la información necesaria de manera objetiva para que desde su autodeterminación, el pueblo tome la decisión de dejarlo pasar o detenerlo”, indicó el doctor Joaquín Mejía, especialista en Derecho Humano Internacional.

“Si no se desarrolla, la Consulta Previa, cualquier proyecto extractivo que se apruebe desde el Gobierno, el Congreso o las municipalidades cae en la ilegalidad porque violentan tratados internacionales, que están por encima de la misma Constitución de la Republica. Desgraciadamente en Honduras, se violenta en todos los proyectos aprobados”, acotó Mejía.

 

¿Destrucción y muerte?

En un reciente artículo, el sociólogo y ecologista mexicano, Gustavo Castro Soto, quien sobrevivió de una bala cuando asesinaron a lideresa indígena Berta Cáceres, aseguró que la “empresa canadiense Blackfire Exploration, lleva años explotando las montañas para extraer barita en el estado de Chiapas, México”.

Indica que “los campesinos de la zona, denuncian la contaminación del agua y la muerte de ganado. El óxido de bario es un irritante. Puede provocar dolor y enrojecimiento en los ojos o la piel, pero es mucho más peligroso cuando se ingiere. Puede causar náusea y diarrea, parálisis muscular, arritmia cardíaca e incluso provocar la muerte”.

A renglón seguido dijo que, “muchos vertederos de residuos peligrosos contienen ciertas cantidades de Bario que afectan a quienes viven cerca de ellos y están expuestos a respirar polvo, por contacto con la piel, por comer tierra o plantas, o beber agua que está contaminada con bario”.

 

¿Para qué se usa la Barita?

Principalmente se usa en la industria del petróleo ya que al ser mezclada la barita no produce chispas. Esto permite que en las perforaciones petroleras no haya riesgos de explosión por las fricciones o por bolsas de gas.

Los compuestos del Bario también se usan en la industria del aceite y gas para fabricar lubricantes para taladros. Para hacer pinturas resistentes a los ácidos; o en la fabricación del litopón (polvo blanco que consta de 20% de sulfato de bario, 30% de sulfuro de zinc y menos del 3% de óxido de zinc) como pigmento de pinturas blancas. El cromato de bario, cromo limón o amarillo cromo, se emplea en pigmentos amarillos y fósforos de seguridad.

Los compuestos del Bario son también usados en la industria de la cerámica para prevenir la eflorescencia en arcillas para loza, o en la fabricación de azulejos; como fundente en la industria del vidrio o para producir diversos tipos de vidrio, o como vidriado en alfarería y en vidrio óptico. Otro uso que se le da es en la fabricación de balatas para frenos de automóviles. También como aislante del plomo en las radiaciones. Como protección en los cuartos de rayos X por absorber la radiación.

En la medicina se usa para ser bebido con el fin ayudar al contraste en las radiografías del aparato digestivo y en preparaciones medicinales. El óxido de bario se usa como recubrimiento para cátodos calientes y en tubos de rayos catódicos. Para fabricar alambres de bujía en aleación con el níquel. Pero también en aleación con plomo y calcio para producir el metal de Frary. También se usa para recubrir los filamentos de las lámparas frías. La industria lo usa con el fin de aumentar la refracción en diversos fines industriales o como catalizador.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/poblacion-tolupana-de-yorito-expulsa-a-empresa-minera/

Honduras

DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE EL ASESINATO DEL AMBIENTALISTA SANTOS ISIDRO CRUZ

Asesinato de Líder Ambientalista Santos Isidro Cruz

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, frente al asesinato de líder ambientalista hondureño Santos Isidro Cruz declara:

1.- Que con gran consternación hemos tomado conocimiento de los hechos que indican que nuevamente, un luchador por la defensa del ambiente, la calidad de vida, la salud de la población, la conservación de los
ecosistemas y la denuncia de su destrucción, ha pagado con su vida el querer proteger los derechos de las comunidades en la localidad El Guante, Cedros, Francisco Morazán, Honduras.

2.- Que a pesar de las reiteradas amenazas denunciadas ante los organismos del Estado hondureño, Santos Isidro Cruz fue víctima de la más brutal acción contra un defensor de derechos humanos, ambiente, salud, e integridad: el crimen y la crueldad contra su persona. Se ha informado con anterioridad que el Comité Ambientalista del Valle de Siria ha recibido amenazas por oponerse al desarrollo de proyectos extractivos, entre ellos de empresas mineras transnacionales.

3.- Que vemos cómo día a día en Honduras la seguridad e integridad de defensoras y defensores de los derechos humanos y la naturaleza es amenazada sin que haya siquiera intentos de protegerles por parte de
los organismos del Estado que deben cuidar de las personas que cumplen esta noble labor en bien de sus comunidades, el país y el planeta.

4.- Que nuestros llamados a hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad que afecta a defensoras y defensores de derechos humanos son ignorados consagrándose así la impunidad tan peligrosa y perjudicial para cualquier sociedad que pretenda resolver sus problemas y controversias en paz y democracia.

5.- Que las empresas, incluidas las transnacionales, por el contrario, gozan de protección para ejercer destrucción, persecución amedrentamiento y actos violentos contra comunidades indefensas afectadas por
actividades extractivas de diversa índole.

MANIFESTAMOS

La necesidad urgente de terminar con los actos de violencia de cualquier tipo contra la defensa de los derechos humanos y el ambiente en Honduras, sin distinción de orientación política, credo u otra identificación de las y los defensores de derechos humanos.

La urgencia de prestar apoyo y protección a quienes de forma desinteresada realizan actividades tendientes a garantizar una vida sana, digna y segura para las comunidades afectadas por la destrucción del ambiente por parte de actividades económicas diversas.

Que el Comité Ambientalista del Valle de Siria, organización a la que pertenecía Santos Isidro Cruz es miembro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL desde 2008 por tanto es un crímen que nos afecta a todas las organizaciones integrantes de Ocmal.

EXIGIMOS

El inmediato inicio de las acciones pertinentes para aclarar el crimen de que fue víctima Santos Isidro Cruz.

Del mismo modo, exigimos investigaciones independientes, diligente, efectivas y eficientes para aclarar el crimen cometido, castigar a quienes tengan responsabilidad material e intelectual.

Exigimos la garantía de que este tipo de hechos o cualquier otro que ponga en riesgo la integridad y los
derechos de las y los defensores de la naturaleza y las comunidades no se repetirá en Honduras.

SOLIDARIZAMOS

A la familia de nuestro compañero Santos Isidro Cruz, le manifestamos nuestra solidaridad y sentir por los duros momentos que deben vivir.

Al Comité Ambientalista del Valle de Siria el apoyo público irrestricto y el acompañamiento en sus luchas por la naturaleza, los ecosistemas, la salud de las comunidades y los derechos sociales y ambientales.

Nos mantendremos alertas para desplegar cualquier acción necesaria de solidaridad y apoyo frente a los intentos de eliminar la justa y legítima protesta social de nuestras y nuestros hermanos de Honduras.

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL. Junio de 2019.

Honduras

Asesinan a ambientalista en el Valle de Siria, Francisco Morazán

Tegucigalpa.-El ambientalista, Santos Isidro Cruz, fue asesinado el jueves en la comunidad de El Guante, municipio de Cedros, al norte de Francisco Morazán, en el sector del Valle de Siria.

De acuerdo a una publicación del sitio Defensores en Línea del Comité de Familiares de Honduras (Cofadeh) el cadáver de la víctima, que recibió tres impactos de bala, tenía señales de tortura.

El ambientalista fue encontrado con vida, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, donde murió.

Relato de Defensores en Línea:

Su esposa e hijas desconocen porque “Chilo” fue impactado con tres balas en el pecho y el abdomen, y señales de forcejeo en sus brazos, por lo que presentaron la denuncia a la policía del municipio de Cedros, a 95 kilómetros al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde residía el defensor de los bienes comunes de la naturaleza.

Cruz, de unos 40 años de edad, era Vocal del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS), entidad que tiene casi 20 años en oposición permanente de la explotación minera, en una región conocida internacionalmente por los efectos en la salud que deja el extractivismo a cielo abierto.

El miércoles, Chilo salió de su casa en motocicleta, con destino al instituto de educación media “Alma Latina” en la comunidad de “El Guante”, donde trabajaba de vigilante le pidió a su esposa que lo acompañara porque iba a recibir su decimos cuarto mes de salario, pero ella no pudo.

Y al no volver a su hogar, empezó la preocupación y búsqueda. La policía lo encontró a la orilla de la calle, con las heridas de bala y a bordo de una patrulla lo trasladaron a Tegucigalpa, para ser atendido en el Hospital.

La familia no constató si Chilo tenía el dinero -que se supone habría cobrado- cuando la policía lo encontró. En virtud de lo anterior, su hija presentó denuncia en la posta de Cedros para que se investigue este crimen.

El CAVS pide que se investigue el hecho que hoy los tiene de luto, ante el clima de criminalización de la defensa de los bienes comunes y temor que se impone con la persecución de los líderes ambientales.

El Comité ha recibido amenazas por denunciar el proyecto de muerte “San Ignacio” I, II Y III, y defender de río Playa, el que ya sufrió daños con la empresa minera “Entremares”, y que con las nuevas mineras desconocen el impacto real en la región donde se extrae oro a cielo abierto, y la broza que exportan las concesionarias, detalló su dirigencia.

Informes dados a conocer el 2 de noviembre de 2011 por parte el Movimiento Amigos de la Tierra Internacional destacan que estudios forenses realizados en el 2007 en muestras de sangre y orina a 62 personas de tres municipios del valle de Siria, todas salieron contaminadas con metales pesados, porque hay concentración  de cianuro, plomo, mercurio y arsénico en la sangre-.

Para evitar más daños a la salud humana, fauna y flora, el ambientalista José Isidro Cruz, lideraba la oposición al proyecto en el área del Chancuaco, Cedros, informó el CAVS, a Defensores en Línea, a pocas horas de dar sepultura al ambientalista.

Con más de 10 años de activismo ambiental, Cruz denunciaba el riesgo que enfrentaba al ser defensor de los bienes comunes, porque se enfrentan a grandes transnacionales coludidos con poderes facticos nacionales.

Honduras el país peligroso para los ambientalistas

Defensores del CAVS

Otros defensores y líderes sociales del Valle de Siria, que está entre los municipios de Cedros, Vallecillos y San Ignacio, han denunciado constante vigilancia, persecución, campañas de desprestigio y amenazas contra sus vidas. Estos defensores son: los profesores Carlos Amador, Roger Escober y Olguer Escober.

Recientemente Olga Velásquez, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita de país, que era objeto de intimidación y vigilancia por parte de hombres extraños en horas de la noche.

El CAVS sumará a sus demandas que el crimen contra Cruz, no quede en la impunidad. Y es que les toca luchar, según la organización Global Witness, en el país más peligroso para defender del planeta.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de los derechos humanos urge a los Estados a apoyar y proteger estas personas, pero en Honduras la justicia opera a la inversa, donde hay presos políticos por oponerse al régimen de Juan Hernández, defensores  con medidas sustitutivas a la prisión por defender el río, las playas, el territorio y el bosque, y asesinatos contra líderes indígenas y campesinas como Margarita Murillo, Berta Cáceres, José Ángel Flores, Salomón y Juan Samael Matute, por mencionar algunos casos.

Por su parte el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), declaró que “el asesinato de Chilo, muestra que vivimos en un país hundido en la criminalización, persecución, miedo, terror y el asesinato. Sigue siendo Honduras uno de los países más peligrosos para los y las defensoras”.

El MAS, expresó su solidaridad y muestras de apoyo a su organización hermana en la defensa del ambiente. Por lo que demanda la pronta investigación y que se dé con los responsables intelectuales y materiales de este crimen.

Denunció a este régimen como responsable directo del asesinato de ambientalistas y defensores en Honduras. Y exigió que se haga justicia, cese a la represión y a este sistema que cada día contribuye a sembrar miedo y terror bajo la lógica de la militarización y control territorial. Y no probó de responsabilidad a los países que siguen reconociendo esta ilegal reelección que contribuye a dar seguimiento al golpe de estado político-militar del 2009.

 

Fuente:https://criterio.hn/2019/06/15/asesinan-a-ambientalista-en-el-valle-de-siria-francisco-morazan/?fbclid=IwAR2nipivZYSDLFnO3O8kLM-V-LSIEA5XPOUq7WdcBS2YBBCaGyQmj9UCNu4

Honduras, Sin categoría

Una mina de sangre y oro que destruye cerros en La Unión, Copán

Desde el aire se observa la enorme devastación. En tierra firme se ven las heridas de los cerros, que pareciera derraman sangre. Huellas amargas de una tierra que supura oro y destrucción. Aquí huele a polvo contaminado. Las comunidades llevan años denunciando la situación de este proyecto de minería a cielo abierto que devora las grandes colinas de la Unión, Copan. Sin embargo, hay muchas personas que apoyan el proyecto. “es la única fuente de empleo y desarrollo que existe en este municipio”, afirman varios vecinos.

Para otros el proyecto minero es una política de tierra arrasada que devora cerros, contamina ríos y envenena los cuerpos de sus pobladores. El futuro ya ha sido dinamitado por la ambición de dinero, una explosión que ha impactado de lleno en el corazón de las próximas generaciones.

En estas comunidades ubicadas en la zona alta, su población guarda en sus baúles de la historia; el ambiente de armonía, el fascinante clima y una amplia producción de granos básicos y hortalizas, que desde el 2000 se fueron cambiando por la extracción de oro, plata y otros metales preciosos, que realiza la empresa de capital canadiense, Minerales de Occidente, S.A, MINOSA.

En esta zona, en un tiempo se respiró aire fresco y limpio. “Las montañas llenas de bosque permanecían nubladas y en algunas épocas del año teníamos temperaturas hasta de 15 grados. Pero, todo quedó en la historia, porque la minera devoró varios cerros. El cementerio que es el único pedazo de tierra que nos queda como memoria de nuestro pasado, ahora está a punto de ser expropiado porque debajo de él hay oro”.

Lo anterior lo manifestó un habitante de Azacualpa, quien por razones de seguridad pidió omitiéramos su nombre. Al estar en esta comunidad, se observan daños en la infraestructura de muchas viviendas, el templo católico y hasta el campo de fútbol tiene varias grietas. “Esto es provocado por las explosiones de dinamita que la empresa hace a diario. Por ejemplo, nuestra casa se mueve cada vez que hacen los estallidos”, indicó una joven mientras mostraba los daños provocados a su vivienda.

Las aldeas San Andrés, San Miguel y Azacualpa, son comunidades que se asentaron en una enorme capa de oro, que es explotado por MINOSA, subsidiaria de la canadiense Aura Minerals.  Las dos primeras ya desaparecieron y fueron reubicadas. En esta zona las nubes de polvo, el ruido de las excavadoras y de volquetas que llevan y traen toneladas de broza, opaca todo ambiente que se pueda generar. Cámaras de video y guardias de seguridad de la empresa no dejan escapar el mínimo movimiento que se da en toda la zona de la concesión.

MINOSA tiene una concesión para explotación metálica de 400 hectáreas, y abarca hasta la mitad de la comunidad de Azacualpa. Estas comunidades montañosas, están a 214 kilómetros de San Pedro Sula. Para llegar a Azacualpa se toma el desvió del municipio de la Unión, ubicado en la CA-4, carretera que conecta Honduras con El Salvador y Guatemala. Después de cruzar un pequeño trayecto pavimentado, se recorre una carretera nublada permanentemente por el polvo ocasionado por el paso de los vehículos.

 

¿Desarrollo del municipio?  

“Después que llegó la minera al sector la vida cambio para bien. Aquí se generan más de 300 empleos directos y más de mil indirectos. La mayoría de las personas que laboran en la mina son de las comunidades aledañas. Si MINOSA cerrara operaciones este municipio se viene abajo en todos los aspectos”, indicó José Torres, habitante de San Andrés.

Torres, quien también labora en la empresa minera, agregó que más del 50% del presupuesto municipal depende de los impuestos que paga la compañía. También se encarga de reparar las carreteras, construye puentes, da muchas becas a niños y jóvenes de las comunidades para que puedan estudiar.

“Antes que llegará la empresa aquí era una pobreza inmensa y solo habían dos o tres profesionales. Ahora hay cientos de profesionales y las condiciones de vida han mejorado. Por eso no entiendo como un pequeño grupo de personas se oponen a que MINOSA, siga operando y generando mejores condiciones de vida”, lamentó Torres.

Al mismo tiempo dijo que el 90% de la población del municipio está de acuerdo que la empresa siga operando, porque aparte de la generación de empleos que mueve la economía, también cada año aprueba un sinnúmero de proyectos sociales que aportan al desarrollo en infraestructura en La Unión, Copan.

Sin embargo, “los proyectos educativos, reparación de calles y otros pequeños beneficios, que da la empresa, es el Estado, quien debe darlos porque así lo manda la Constitución. Lo que pasa es que los gobiernos abandonan a las comunidades y luego aparecen este tipo de empresas como las salvadoras, a sabiendas que lo único que dejan es muerte y destrucción”, indicó José Ramón Ávila, director de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, Asonog.

Grave contaminación   

MINOSA explota la mina a cielo abierto, una práctica catalogada como la más agresiva para la madre tierra según organizaciones ambientalistas. La empresa comenzó arrasando toda la capa vegetal del territorio a explotar y de sus alrededores. Mediante las explosiones de dinamita extrae la piedra o broza con los minerales. Luego los lleva a unas lagunas donde hay agua con cianuro, que sirve para separar el oro de la piedra, a través de un proceso llamado lixiviación.

En ese sentido, la Coalición Ambientalista de Copán, ha denunciado en reiteradas ocasiones, la muerte de peces producto de la contaminación del río Lara. Por las operaciones mineras, ha habido derrames de cianuro, como el derrame en los años 2009 y 2003, provocando la muerte de decenas de miles de peces.

“En dos ocasiones desde el Tribunal Latinoamericano del Agua, se comprobó la contaminación a nivel de laboratorio y junto a otras pruebas documentales, salieron sentencias contra la empresa minera, sin embargo, aquí no pasó nada. La supuesta minería “moderna” y “responsable” que promueve MINOSA es una farsa”, indicó Ávila de ASONOG.

La compañía minera rechaza las acusaciones, “Nosotros tenemos un sistema certificado y apegado a las normas internacionales. Tenemos un monitoreo mensual de las aguas de los ríos para medir el tipo de contaminación y si hay algún tipo de contaminación puede ser causado por otra industria o podría ser de carácter natural”, indicó Luís De Lima, gerente de MINOSA.

Al mismo tiempo dijo que “el agua con cianuro que utilizamos, es reutilizada de manera permanente. No hay ningún tipo de derrame a ningún río. Somos una empresa sería y responsable. Además, estamos supervisados de manera permanente por todas las instituciones del Estado y jamás han encontrado algo anormal”, manifestó Lima.

Campo santo sobre oro

La destrucción ambiental y la división de las comunidades se manifiesta ahora que la empresa quiere explotar el cementerio municipal de Azacualpa. Debajo de las tumbas hay una gran cantidad de oro y por allí pasa la concesión minera. Sin embargo, muchas familias se aferran a sus muertos, ya que sus mentes lo único que queda son los recuerdos, plasmados en una sepultura con una cruz.

Pero, la empresa minera no le importan los recuerdos, ve oro bajo los muertos y su misión es socavar el descanso eterno. Hay un buen número de personas que han dado la autorización para la exhumación de sus parientes en el cementerio. “Nos están comprando, a cada familia que autoriza le dan más de 200 mil lempiras, pero, muchas personas creemos que eso no tiene precio”, indicó una señora de la comunidad.

Ella es parte de un grupo de habitantes de Azacualpa que desde 2012 iniciaron un proceso de defensa del cementerio de la comunidad, buscando que prevalezca el lugar dedicado al descanso de los muertos y no la supuesta veda de oro que existe donde se ubica el cementerio.

En el cementerio, a inicios del año anterior se realizaron exhumaciones y por ahora han quedado las ruinas de algunos mausoleos, sólo los huecos en el lugar donde hubo restos humanos, y unas cruces enterradas en la tierra indicando que allí aún moran los que ahora sólo son recuerdos.

Después de una gran lucha y varios recursos legales, por fin, en mayo del 2018 el Juzgado resolvió ordenando a la municipalidad de la Unión, Copán, CESAR Y HACER CESAR DE INMEDIATO las exhumaciones de difuntos en el cementerio de la comunidad de Azacualpa.

El histórico conflicto entre las comunidades del municipio de la Unión, Copán y particularmente la lucha de Azacualpa en defensa de su cementerio ha tenido finalmente un chispazo de luz en medio de la cooptada justicia hondureña. Sin embargo, hay varios amparos interpuestos por la empresa minera y se prevé que el conflicto se reactive.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/una-mina-de-sangre-y-oro-que-destruye-cerros-en-la-union-copan/?fbclid=IwAR2Ijv5Ju7GtddCpFvflpA__M2jStTJJeyvoecGe3nd01kcwgs5e7-5PnY0

Honduras

AlertaDefensoras HONDURAS / Detención arbitraria e intimidación contra defensoras del territorio y los bienes naturales de Azacualpa

Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodríguez y Suyapa Trigueros

Actividad
Defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales

Agresiones
Detención arbitraria, intimidación

HECHOS – En la tarde del sábado 11 de mayo, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Santa Rosa de Copan detuvieron de manera arbitraria a siete integrantes de la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, entre las que se encontraban las defensoras Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodriguez y Suyapa Trigueros y los defensores Florentino Pérez, Antonio Trigueros, Edwin Hernández y Jesús Rodríguez.

La detención se produjo cuando las defensoras y sus compañeros trataban de oponerse a una detonación de dinamita cerca del cementerio de la comunidad por parte de la empresa Minerales de Occidente, subsidiaria de Aura Minerals, de capital canadiense.

Todas las personas detenidas fueron finalmente puestas en libertad sin cargos, al no haberse producido delito alguno, por lo que su detención debe interpretarse como parte de una estrategia de intimidación y criminalización contra la protesta social ejercida por el Estado en connivencia con los intereses privados de empresas cuya actividad es perjudicial para el medio ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades.

Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenamos esta vulneración al legítimo derecho a la protesta de las defensoras de la comunidad de Azacualpa y exigimos al Estado hondureño que deje de poner las instituciones públicas de seguridad y justicia al servicio de intereses privados social y ambientalmente nocivos, con el objetivo de reprimir, perseguir, intimidar y criminalizar a quienes defienden derechos humanos.

Fuente: http://im-defensoras.org/2019/05/alertadefensoras-honduras-detencion-arbitraria-e-intimidacion-contra-defensoras-del-territorio-y-los-bienes-naturales-en-de-azacualpa/?fbclid=IwAR1-rCBMwth6Ao5iGXDdayD_EQY-h-KExH9_tEthzzmRP_wCHtew0vO6Fj8

Honduras

Presentan recurso de inconstitucional contra decreto que permitió explotación minera en Parque Carlos Escaleras

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo beneficia a una minoría.

El cuerpo de abogados espera que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional revise los requisitos de admisibilidad del recurso y luego estudie los argumentos manejado con respecto a la violación de preceptos constitucionales y de tratados internacionales y resuelva conforme a derecho.

“Esperamos que lo hagan a la mayor brevedad posible porque esta situación de esta mina ha generado incluso violencia en la zona, confrontando a unos pobladores con otros. Porque la empresa tiene una especie de campaña que termina generando violencia y división entre los pobladores”, finalizó Zamora.

 

Guapinol y sus voces

Por otra parte, don Reinaldo Domínguez, uno de los criminalizados por la defensa del río Guapinol, detalló que “hay una ganancia, demuestra que la población ha despertado, las comunidades de Tocoa y la población en general se pusieron en acción, y eso no va a permitir que ninguna empresa extractivista se apropie de los recursos”.

El campamento de Guapinol libró una defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales, así lo manifestaron defensores y analistas ambientales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/presentan-recurso-de-inconstitucional-contra-decreto-que-permitio-explotacion-minera-en-parque-carlos-escaleras/

Honduras

Presentan recurso de inconstitucional contra decreto que permitió explotación minera en Parque Carlos Escaleras

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo beneficia a una minoría.

El cuerpo de abogados espera que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional revise los requisitos de admisibilidad del recurso y luego estudie los argumentos manejado con respecto a la violación de preceptos constitucionales y de tratados internacionales y resuelva conforme a derecho.

“Esperamos que lo hagan a la mayor brevedad posible porque esta situación de esta mina ha generado incluso violencia en la zona, confrontando a unos pobladores con otros. Porque la empresa tiene una especie de campaña que termina generando violencia y división entre los pobladores”, finalizó Zamora.

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

Guapinol y sus voces

Por otra parte, don Reinaldo Domínguez, uno de los criminalizados por la defensa del río Guapinol, detalló que “hay una ganancia, demuestra que la población ha despertado, las comunidades de Tocoa y la población en general se pusieron en acción, y eso no va a permitir que ninguna empresa extractivista se apropie de los recursos”.

El campamento de Guapinol libró una defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales, así lo manifestaron defensores y analistas ambientales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/presentan-recurso-de-inconstitucional-contra-decreto-que-permitio-explotacion-minera-en-parque-carlos-escaleras/

Honduras

COYUNTURA DESDE LOS TERRITORIOS|Azacualpa: ¿hacia dónde avanza el conflicto con la empresa Minerales de Occidente?

I. Introducción al conflicto territorial de Azacualpa

A. El origen del conflicto territorial en Azacualpa. Los acuerdos y confrontaciones entre la población y las empresas mineras

La comunidad de Azacualpa en el municipio de la Unión, departamento de Copán, Honduras, es escenario de un conflicto territorial constante y de largo aliento. Tiene sus orígenes en 1998, cuando en la zona inició operaciones la compañía minera Greenstone Minerals, de capital canadiense (Orellana Peña, 2016). La problemática en Azacualpa evidencia las implicaciones de la actividad minera en los territorios de Honduras, bajo una política estatal que promueve el extractivismo de forma desmedida.

Prueba de lo anterior son las acciones de destierro que provocó la minera en sus primeros años de operación. Esta empresa minera generó el desplazamiento de tres aldeas en el municipio: San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa. En el caso de San Andrés, la empresa minera gestionó con el Gobierno la reubicación total de la comunidad. Mientras que, en el caso de San Miguel y Azacualpa, el desplazamiento fue parcial (CESPAD, 2017).

Estos desplazamientos han tenido enormes consecuencias para las comunidades. En los últimos años, la dinámica de la contienda territorial ha estado marcada por las intenciones de la empresa, ahora denominada Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), para explotar un cerro en donde se ubica el cementerio general de Azacualpa, que cuenta con una antigüedad de doscientos años.

De esta manera, la empresa, junto con las secretarías de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) y de Salud, han realizado esfuerzos reiterados por exhumar la totalidad de los cuerpos en el cementerio de Azacualpa. Estas entidades han contado, a su vez, con el resguardo de las empresas de seguridad de la empresa y elementos del orden público (policías y militares) de Honduras.

De forma paralela a estas acciones, el Comité Ambientalista y de Derechos Humanos de Azacualpa, ha sido la organización que, desde el 2015, ha logrado posicionar la problemática ante los medios de comunicación, el Gobierno de Honduras y la comunidad internacional (CESPAD, 2017). En consecuencia, este sector ha exigido al Gobierno de Honduras las garantías para el respeto de sus bienes, su dignidad y sus vidas.

No obstante, lo anterior, la situación en Azacualpa es relevante por las complejas relaciones establecidas entre los principales actores en el conflicto, es decir, la empresa minera, el gobierno local y las organizaciones sociales. Conviene apuntar que la empresa minera ha realizado acciones sistemáticas para generar división en la comunidad, mediante actos de intimidación, coacción, amenazas y compras de conciencia de algunos liderazgos, e incluso ha ofrecido dinero aprovechándose de la necesidad de los pobladores en uno de los departamentos con mayor pobreza extrema en Honduras (CESPAD, 2017).

Por otra parte, las demandas de los pobladores no han sido escuchadas en las instituciones estatales, lo que ha conllevado a que realicen medidas de presión como los plantones y la obstaculización de las vías que dan acceso a la empresa. Como consecuencia, la empresa minera, en complicidad con la institucionalidad local y estatal, ha emprendido sistemáticamente procesos de persecución penal y judicial orientados a criminalizar a los pobladores que defienden el territorio.

Finalmente, es válido hacer notar que esta problemática no solamente se debe a la falta de acuerdos entre las partes involucradas en el conflicto, sino que como se concluyó en el Foro Dignidad Humana y Explotación Minera realizado en abril de 2019[1], los pobladores de Azacualpa son víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

B. Impactos de la concesión en Azacualpa

La concesión minera ha tenido numerosos impactos ambientales, políticos y sociales en la comunidad de Azacualpa. Como se mencionó en apartados anteriores, la empresa minera provocó, inicialmente, el desplazamiento forzado de tres aldeas en el municipio La Unión (San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa).

La actividad de esta empresa minera también ha generado enormes y graves impactos ambientales que comprenden la deforestación de la flora, el daño del paisaje visual, la explotación de los recursos naturales, extinción de la fauna, contaminación del agua, las consecuencias del acarreo de materiales y la destrucción de los espacios (Orellana Peña, 2016).

Asimismo, de acuerdo con investigaciones periodísticas en el municipio de La Unión, existen 37 casos documentados clínicamente cuyos resultados reflejaron la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera (radioprogreso, 2017). En definitiva, la situación en la comunidad de Azacualpa es muy compleja, pues ha tenido que enfrentarse a enormes daños sociales y ambientales, careciendo del apoyo de la institucionalidad local y estatal para la resolución de sus demandas.

Una vez visto este panorama, en el presente análisis se propone realizar un abordaje a la problemática en esta comunidad teniendo en cuenta las dinámicas del conflicto y los actores involucrados; las demandas y posicionamientos de los actores y, además, se propone realizar un análisis de la correlación de fuerzas de los involucrados. Finalmente, en el último apartado, se aporta los posibles escenarios que podrían presentarse en un corto y mediano plazo en la comunidad de Azacualpa, Copán.

II. Coyuntura: La exhumación de los cuerpos y la criminalización de la lucha territorial en Azacualpa

A. Dinámica de la contienda política en el conflicto de Azacualpa

El actual conflicto territorial en Azacualpa, es un conflicto socio-político y ambiental motivado por las acciones de la empresa minera MINOSA que, en su afán de extraer y explotar los bienes comunes, ha destruido la biodiversidad y ecosistemas de la zona, y por si eso no fuera suficiente, ha despojado a las familias de los camposantos, donde han estado enterrados sus deudos, por más de doscientos años.

Aunque el conflicto en la zona es de larga data, se ha vuelto a agudizar a partir del 2018, cuando la empresa MINOSA, junto con la Secretarías de Estado vinculadas al conflicto (MiAmbiente-Salud), con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad pública y privada, retomó (febrero y marzo del 2018) la exhumación de los cadáveres ubicados en el cementerio de Azacualpa. Hasta ese entonces se habían realizado 126 exhumaciones.

Este proceso no contó con el respaldo de la mayoría de los pobladores. Tal como lo menciona un miembro de la comunidad: “Desde el 2015, en Cabildo Abierto, la comunidad de Azacualpa ratificó que no daba autorización para que la empresa explotara el Cerro… y el 60% de las familias se mostraron en contra de la exhumación de los cadáveres[2].

En mayo del 2018, las familias que se oponían a las exhumaciones, junto con los sectores organizados de la comunidad aglutinados en el Comité Ambientalista de Azacualpa, se tomaron el cerro El Cementerio como una acción de protesta. El cerro posee un terreno inestable con riesgo potencial de derrumbamiento, es decir que cualquier excavación que se realice aterraría por completo al cementerio y conllevaría a que la comunidad fuera desplazada totalmente hacia otra zona.

Consecuentemente, las acciones de la comunidad trascendieron del espacio territorial al regional y, entre los meses de mayo y junio, presentaron dos amparos ante un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, como una estrategia legal para que la empresa detuviera el proceso de exhumaciones. De forma sorpresiva, el amparo resulto favorable a la comunidad y MINOSA se vio en la obligación de detener las exhumaciones y las labores de explotación en el cerro El Cementerio.

No obstante, la resolución no fue del agrado de la élite extractivista y entre los meses de julio, agosto y septiembre, MINOSA pasó de la defensiva a la ofensiva actuando en tres direcciones:

En primer lugarla empresa implementó campañas de estigmatización y desprestigio contra líderes de la zona y de organizaciones acompañantes (pancartas mostrando nombres como ASONOG, MADJ y CIPRODEH). Asimismo, acciones de violencia contra líderes, que fueron agredidos verbalmente y físicamente.

La segunda acción implicó quela empresa promoviera “contra- movimientos”, con los pobladores que estaban a favor de la explotación minera en la comunidad, quienes a través de bloqueos/tomas de carreteras demandaban que el Juzgado revocara el fallo que impedía las exhumaciones.

En tercer lugar, la empresa minera puso en marcha un fuerte proceso de división en la comunidad con el respaldo de la Corporación Municipal y la ayuda del Patronato de Azacualpa. Este proceso consistió en permanentes acciones de intimidación y amenazas hacia las personas a favor de la lucha territorial, al igual que la obtención de la autorización de parte de la municipalidad, para que MINOSA comenzara a remover el cerro El Cementerio en la zona donde ya no había tumbas. De forma que como señaló un dirigente de la comunidad, “la estrategia de MINOSA era clara: empezar con las excavaciones en el cerro, para que este se derrumbe en partes y de esa manera poder explotar en su totalidad la zona[3].

Por otra parte, la respuesta de la élite encendió las alarmas del Comité Ambientalista y durante los meses de julio, agosto y septiembre, el Comité se reposicionó en la coyuntura, a través de las siguientes acciones:

Primero: campañas de información y sensibilización, evidenciando los impactos ambientales dejados por el trabajo de MINOSA. Segundo:acciones de presión a nivel local y nacional mediante pronunciamientos, plantones y movilizaciones. Tercero: proceso de incidencia a nivel de las instituciones del Estado para contener la concesión del cerro El Cementerio.

Estas acciones le permitieron al Comité Ambientalista lograr mayor legitimidad y posicionar su lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes, en un contexto local controlado políticamente y organizativamente por el Patronato de Azacualpa, Corporación municipal y MINOSA.

Entre los meses de agosto y septiembre del 2018, los principales actores en conflicto realizaron acciones de presión. Pero en ese momento, la correlación de fuerzas favoreció más al Comité Ambientalista, ya que la comunidad se volcó en solidaridad con los pobladores que tenía tomado el cerro y con las personas criminalizadas. Sin embargo, la élite extractivista reaccionó rápidamente por su preocupación ante un probable “efecto contagio”, en una zona donde MINOSA se juega grandes intereses políticos y económicos, por su presencia en distintas comunidades.

Lo anterior generó que en, siempre en octubre del 2018, MINOSA y la municipalidad desarrollaran una contraofensiva política que en el corto y mediano plazo debilitara al Comité, para continuar con la explotación del cerro.  Es así que se llevó a cabo un desalojo violento de los pobladores que desde mayo se habían tomado el cerro, dejando 19 personas judicializadas, 17 hombres y 2 mujeres acusados de usurpación y daños en prejuicio de MINOSA.

Por lo tanto, ese proceso de judicialización implicaría un cambio significativo en la correlación de fuerzas y en la dinámica de la contienda política. En este sentido, MINOSA interpuso un amparo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, para revocar la decisión de no seguir exhumando los cuerpos. Importante es mencionar que el fallo fue favorable a la empresa.

Debido a esa razón, el Comité Ambientalista de Azacualpa elevó el caso, relacionado con la explotación del cerro El Cementerio, a nivel de la Corte Suprema de Justicia, para poner fin a la concesión, ya que la comunidad lo ha considerado como un otorgamiento que viola su derecho a la soberanía comunitaria y a la cultura. Cabe mencionar que el fallo de la CSJ fue a favor de MINOSA, lo que implica que la empresa puede continuar con las labores de extracción en el cerro el Cementerio.

Entre febrero y marzo del 2019 el conflicto territorial se polarizó. En febrero la empresa retomó sus trabajos de explotación y reactivó inmediatamente las acciones de protesta en la comunidad. Y en marzo, además, se continuó con el proceso de persecución penal contra el liderazgo territorial, teniendo como telón de fondo la presión de MINOSA para enviarlos a la cárcel, en complicidad con el Sistema de Justicia. Lo característico de este proceso es que los líderes se defienden en libertad y las estrategias de defensa por parte de los abogados han permitido hacerle frente a la embestida de un sistema judicial parcializado con los intereses de MINOSA.

Con estas acciones, el Comité Ambientalista ha salido reforzado. Por un lado, su oposición a la explotación del cerro El Cementerio sigue siendo firme y, por otro lado, evidencia la trama/intereses políticos que se esconden detrás del actual proceso de judicialización.

Al cierre de la coyuntura se han suscitado dos hechos importantes. El Instituto Hondureño de Geología Minas (INHGEOMIN), otorgó licencia de exploración de tres mil hectáreas de tierra a una serie de empresas extractivas, entre ellas MINOSA, para un futuro proceso de explotación minera en San Agustín, Cucuyagua, Santa Rosa y la ampliación en el municipio de la Unión. Por otro lado, el reciente fallo de la CSJ a favor de MINOSA para que continué con sus labores de explotación.  Todo apunta a que nos encontramos ante un nuevo ciclo de lucha territorial en Azacualpa, con características distintas al pasado.

B. Actores involucrados en el conflicto

En el conflicto de Azacualpa están presentes cuatro actores principales:

  • El Comité Ambientalista de Azacualpa
  • La Corporación municipal de La Unión
  • El Patronado de Azacualpa y
  • La empresa MINOSA.

En este apartado se realizará una descripción de los actores y sus posicionamientos en el conflicto territorial en Azacualpa.

  1. Comité Ambientalista de Azacualpa

El Comité Ambientalista de Azacualpa se fundó en el 2015, con el objetivo de defender el territorio y proteger los bienes comunes de la naturaleza, ante la avanzada del extractivismo en la zona occidental del país. Desde sus inicios, se han enfrentado a un contexto local y regional adverso, debido al fuerte proceso de división en las comunidades que lidera MINOSA y que ponen en práctica la Corporación municipal de la Unión y el Patronato de Azacualpa.

El Comité articula a organizaciones de base y a distintas familias que muestran su descontento y oposición al trabajo extractivo que realiza MINOSA. En esa articulación se pueden destacar tres elementos integradores: identidad, objetivos y un mismo adversario. Con respecto a la identidad: el comité está integrado por pobladores conscientes del impacto ambiental de la explotación minera; los objetivos se orientan a promover la defensa del territorio y la protección de los bienes comunes ante el impacto de la minería a cielo abierto. Finalmente, los adversarios son aquellos actores y sectores que promueven el modelo extractivista en la región.

Un aspecto importante en la conformación del Comité de Azacualpa, ha sido el respaldo y acompañamiento de la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG), organización que desde el comienzo del conflicto han fortalecido las capacidades del liderazgo del Comité, a través de procesos de formación, asesoría técnica y legal para sostener la lucha territorial y los procesos de incidencia para que el Comité posicione y defienda sus derechos. Además, ha abierto espacios de denuncia para que la comunidad de Azacualpa de a conocer los impactos negativos de la explotación minera en sus territorios.

2. Corporación municipal de La Unión

La Corporación Municipal de La Unión ha respaldado y legitimado el accionar de MINOSA, mediante una serie de acciones que dan cuenta de la manera en que la institucionalidad ha dado paso a la inversión extractivista, sin tener en cuenta el alto costo social, político, cultural y ambiental en el territorio.

Entre esas acciones podemos mencionar las siguientes:

  • desconocer el cabildo abierto que se realizó en el año 2015, en el cual la población ratificó que no quería que MINOSA explotara el cerro El Cementerio y exhumara los cuerpos.
  • promover la división en las comunidades, a través de la coacción de los principales liderazgos y
  • Contribuir a la falsificación de pruebas de incriminación de líderes y lideresas, de las cuales se ha valido el sistema de justicia para judicializar al liderazgo territorial.

3. El Patronato de Azacualpa

Este patronato empezó con una fuerte lucha en contra la empresa minera, pero debido a la estrategia de coacción impulsada por MINOSA y la Corporación municipal, su principal liderazgo terminó aliándose a los intereses de la empresa.

En el actual conflicto, el patronato juega un doble rol: divide a las comunidades y genera miedo mediante acciones directas de violencia[4]. Una de sus principales estrategias es desprestigiar el trabajo organizativo y político que realiza el Comité Ambientalista, es decir, ha sido el encargado de vender a la población el discurso desarrollista del extractivismo y mediante acciones de violencia directa, ha aumentado la tensión en las comunidades, a tal punto que ha generado un clima generalizado de inseguridad, temor y miedo. En definitiva, estas situaciones impactan negativamente en el trabajo de oposición que realiza el Comité Ambientalista.

4. Empresa minera MINOSA

MINOSA tiene una influencia muy fuerte en el municipio de la Unión, Copán.  En pocas regiones del país las empresas extractivas han logrado coaccionar al principal liderazgo de base y dividir de manera tan profunda a las comunidades, como ha ocurrido en Azacualpa.

Valiéndose del respaldo de la Corporación municipal, del trabajo divisionista que ejerce el Patronato de Azacualpa y del apoyo de la institucionalidad pública del país, MINOSA ha profundizado y radicalizado el conflicto a través de las siguientes acciones:

  • no haber cumplido con los acuerdos pactados con la comunidad de Azacualpa
  • la destrucción sistemática del medio ambiente
  • influencia directa en las acciones de violencia y división en las comunidades emprendidas por la Corporación y el patronato.

C. Demandas y posicionamientos de los actores involucrados

En la coyuntura entre mayo del 2018 a febrero de 2019, los principales actores en disputa pronunciaron una serie de demandas y posturas que dieron cuenta de los intereses que están en juego en el conflicto. Los posicionamientos demuestran que la salida al conflicto sigue estando entre los actores involucrados, teniendo como punto de partida la capacidad de las instituciones públicas en gestionar el conflicto.

El Comité Ambientalista de Azacualpa considera que establece una serie de demandas alrededor de los siguientes puntos:

  • que se retire la concesión en la zona del cerro El Cementerio por estar ubicado en un espacio sociocultural que representan las costumbres y creencias de la comunidad
  • que la empresa minera mitigue el daño/impacto ambiental de la explotación minera sobre las comunidades y, que cese la explotación minera alrededor de la comunidad de Azacualpa.

Po su parte, el posicionamiento de la Corporación Municipal gira alrededor de lo siguiente:

  • la empresa minera tiene que realizar su trabajo, ya que la concesión está con base en Ley
  • genera empleos para las comunidades
  • aporta una retribución monetaria a la municipalidad que permite desarrollar obras sociales en beneficio de la comunidad de Azacualpa.

El posicionamiento principal del Patronato de Azacualpa, es:

  • que el Comité Ambientalista detenga sus acciones de protesta
  • demandan a las instituciones del Estado y a la Corporación Municipal la permanencia y continuidad de la empresa minera
  • consideran que la empresa es un “oxigeno económico” para muchas familias de la comunidad y en general, para el municipio de La Unión.

Con el contexto anterior, el posicionamiento definitivo de MINOSA, es que van a continuar desarrollando el proyecto minero y la inversión en la zona, bajo el entendido de que están actuando con base en ley, llevando a cabo su trabajo de extracción respetando los estándares nacionales e internaciones de la explotación minera.

D. Correlación de fuerzas

En el conflicto territorial de Azacualpa se identifican dos bloques en disputa: Bloque dominante y bloque de resistencia territorial.

El bloque dominante

Este bloque está representado por MINOSA, la Corporación Municipal y el Patronato de Azacualpa. Asimismo, este bloque opera con el apoyo permanente de la institucionalidad pública del Estado (Gobernación Departamental, sistema de justicia, INGEOMINH y MiAmbiente) y con el acompañamiento en el terreno de las fuerzas de seguridad, policías y militares. Este bloque, a corto plazo tiene como objetivo debilitar el trabajo organizativo y político del Comité Ambientalista y a mediano y largo plazo continuar con sus trabajos de explotación, sin ningún tipo de oposición comunitaria.

Para alcanzar sus objetivos, el bloque dominante ha hecho uso de la institucionalidad pública para implementar el proyecto extractivista, instrumentaliza el marco jurídico para criminalizar a los líderes/as de las comunidades en oposición y ha logrado persuadir a instituciones como el Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), a las secretarías de Derechos Humanos y de Salud, para que MINOSA trabaje sin ningún tipo de supervisión y control de la institucionalidad pública.

El bloque de resistencia territorial

Este bloque está representado por el Comité Ambientalista de Azacualpa. A corto plazo tiene como objetivo lograr que no se continúe con la explotación del cerro El Cementerio y, a largo plazo lograr que la empresa repare los daños/impactos ambientales en temas de mitigación, estabilización de suelos y reforestación. Siempre a largo plazo, el Comité tiene como objetivo la cancelación de la concesión minera en la comunidad de Azacualpa.

Con respecto al alcance de sus objetivos, el bloque de resistencia en los últimos meses ha ido obteniendo mayor legitimidad y reforzando su posicionamiento político y organizativo en la comunidad de Azacualpa, lo que se ha traducido en una capacidad para articular y movilizar a los pobladores que están en oposición a la explotación del cerro y la exhumación de los cuerpos. Además, cuentan con el respaldo de distintas organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, al igual que con el acompañamiento de los movimientos sociales territoriales del país.

El bloque de resistencia, ante el fallo reciente de la CSJ a favor de MINOSA, replantea su estrategia política y legal para trazar un nuevo camino de incidencia que permita la cancelación de concesión en el cerro El Cementerio. Entre otras fortalezas del Comité, también se incluye el acompañamiento y asesoramiento legal que ha logrado que el liderazgo territorial que ha sido judicializado, se defienda en libertad.

En este caso, la correlación de fuerzas a niveles políticos y de control institucional ha favorecido a MINOSA, pero en términos organizativos y locales ha favorecido con mayor fuerza al Comité Ambientalista. MINOSA, en sus intentos de frenar el proceso de resistencia territorial, se ha visto en la necesidad de criminalizar y judicializar al liderazgo territorial, mientras que el Comité ha desarrollado una serie de acciones para capitalizar la solidaridad (ante el proceso de criminalización) y el descontento de la población contra la empresa luego del incumplimiento de los acuerdos.

Alrededor de ese balance podemos establecer cuatro ideas centrales que nos permitan identificar la actual correlación de fuerzas:

Primero, el reciente fallo de la CSJ a favor de MINOSA, obliga al Comité Ambientalista a reabrir un nuevo proceso de incidencia orientado a lograr la cancelación del cerro el Cementerio. No obstante, este paso implica generar consenso entre los pobladores de la comunidad, una presión sobre el gobierno local y, finalmente, una estrategia de incidencia política y legal por parte del Comité Ambientalista para evidenciar la ilegitimidad del proceso de concesión en la zona del cerro.

Segundo, el bloque dominante, por un lado, seguirá valiéndose de la coacción que ejerce en las comunidades. Particularmente, luego de que la misma comunidad tomara posición en contra de la explotación del cerro y respaldara el proceso de lucha del Comité Ambientalista, buscará actuar de manera más estratégica y cautelosa para dividirla. Por otro lado, hay que tener presente que la concesión en Azacualpa, al igual que los intereses de MINOSA, están respaldados por el gobierno nacional y el gobierno local.

Tercero, la simpatía de la comunidad hacia el Comité Ambientalista ha venido en aumento. Las últimas acciones emprendidas por MINOSA han sido respondidas por la comunidad, lo que puede desembocar en un conflicto abierto y prolongado por la región. Los bloques enfrentados cuentan con recursos para seguir presionando y, por tanto, continuará abierta la conflictividad socio-ambiental, con el riesgo que se desate una crisis política regional, más profunda y prolongada que la del 2012.

Cuarto, el control por el territorio y los bienes comunes siguen en disputa, en un contexto regional en el que existen intentos por dar nuevas áreas de explotación a MINOSA. Todo parece indicar que nos encontramos a la puerta de una profundización del modelo extractivista y radicalización de la lucha territorial en Azacualpa.

En conclusión, las demandas de los actores involucrados en el conflicto y la actual correlación de fuerzas, brindan elementos para identificar tres escenarios que se pueden suscitar en el corto y mediano plazo.

III. ¿Hacia dónde avanza el conflicto? Escenarios probables

Escenario A. Cancelación del permiso de explotación en el área del cerro El Cementerio

Este escenario significa que la coyuntura actual encuentra una salida al conflicto mediante la cancelación del permiso de explotación a MINOSA, en el área del cerro El Cementerio. En este sentido, la cancelación se podría realizar a través de la siguiente vía: La autoridad minera (INHGEOMIN) suspende de forma temporal o definitiva las actividades de MINOSA en el cerro el Cementerio.

Para que este escenario se pueda materializar, se tendrán que presentar las características o condiciones siguientes:

  1. Ante el reciente fallo de la CSJ favorable a MINOSA, el Comité Ambientalista replantea su estrategia jurídica y refuerza su posicionamiento político estratégico para que la institucionalidad estatal incorpore las demandas de la comunidad, y se pronuncie de forma favorable.
  2. INHGEOMIN, ante el impacto ambiental y violación de derechos humanos en Azacualpa producto de la extracción minera, actúa según La Ley de Minería y el Reglamento del cierre de Minas y declara el cierre temporal, progresivo o definitivo y convoca a la Comisión Interinstitucional en el Marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)[5]
  3. El Comité Ambientalista establece alianzas con actores claves a nivel nacional e internacional para presionar al Estado e incidir en la autoridad minera.
  4. El Comité Ambientalista aumenta la presión política a nivel local, regional y nacional para que la institucionalidad minera agilice el proceso de suspensión temporal o definitiva de la concesión en el cerro el Cementerio.

Este escenario es el más deseable, pero poco probable, debido al control que ejerce MINOSA sobre la institucionalidad estatal. También, por las limitaciones políticas y organizativas del Comité Ambientalista, ante la fuerza de MINOSA y la presión que ejercen la Corporación Municipal y el Patronato de Azacualpa sobre la comunidad. Sin embargo, siendo el escenario más deseable el Comité Ambientalista debería reforzar y actualizar su estrategia de resistencia y continuar trabajando en esta dirección.

Escenario B. Un nuevo acuerdo para dar solución al conflicto territorial

Este escenario consiste en que los actores involucrados en el conflicto, tanto del bloque dominante y resistencia territorial, tengan voluntad y se sienten obligados a dialogar y a construir acuerdos políticos para darle una salida pactada al conflicto.

Para que este escenario ocurra deben producirse las características o condiciones siguientes:

  1. Los dos bloques en disputa llegan a acuerdos básicos de las condiciones mínimas para una salida al conflicto, se producen cambios sustanciales sobre la concesión, firman un nuevo acuerdo y definen mecanismos de consultas vinculantes.
  2. Sectores institucionales del Gobierno avalan una salida negociada del conflicto, modificando aspectos claves de la concesión (por ejemplo, el asunto del cementerio).
  3. Organizaciones nacionales y regionales (Iglesia Católica y organizaciones de Derechos Humanos), presionan para que los actores involucrados en el conflicto pacten una salida dialogada.
  4. Actores internacionales, sobre todo organizaciones de derechos humanos, presionan también para que se produzca una salida pactada al conflicto.

Este escenario se ubica en una situación intermedia. Es medianamente probable, porque los actores principales del conflicto se verían en la necesidad de pactar una salida al actual conflicto, en una situación muy polarizada, con limitados espacios para el diálogo. También es medianamente deseable porque las características de explotación practicadas por MINOSA son incompatibles con el medio ambiente y los intereses estratégicos de las comunidades.

Escenario C. Militarización del territorio, expansión del proyecto extractivista y la desaparición de la resistencia territorial.

Por las condiciones actuales, este escenario se desarrollaría en el marco de un eventual proceso de radicalización de la lucha territorial que estaría determinado por los siguientes aspectos: seguimiento de las labores de explotación en el cerro El Cementerio, profundización de los impactos ambientales, agudización de la criminalización y asesinatos selectivos del principal liderazgo territorial.

Este es un escenario de la polarización de la lucha territorial sobre una constante y fuerte militarización de la zona, lo que puede desembocar en la desaparición del actual proceso de resistencia territorial en Azacualpa. En conclusión, el proyecto extractivo de MINOSA se termina de imponer.

Para que este escenario ocurra deben de producirse las características y condiciones siguientes:

  1. La CSJ falla a favor de MINOSA.
  2. La estructura legal e institucional que dio origen a la concesión se mantiene vigente, y para ello se hace uso de la fuerza militar y policial para controlar la zona de explotación.
  3. Se implementan nuevas estrategias desde la institucionalidad estatal para la criminalización de los grupos en oposición, incluyendo el asesinato selectivo del liderazgo territorial.

Este escenario es el menos deseable, pero medianamente probable. Menos deseable, ya que implicaría la imposición del proyecto minero de MINOSA en una zona en la cual la población ha venido realizando grandes esfuerzos por defender su territorio y los bienes comunes. Medianamente probable por el costo social que este escenario representaría para la institucionalidad estatal y MINOSA. El Comité Ambientalista debe considerar los aspectos menos deseables de este escenario y buscar neutralizarlos con su estrategia de resistencia.

 

Fuente:http://cespad.org.hn/2019/04/29/coyuntura-desde-los-territoriosazacualpa-hacia-donde-avanza-el-conflicto-con-la-empresa-minerales-de-occidente/?fbclid=IwAR3MpuS2TAxtc8xiZPhfIBDbJ_L0QWI0xcQ8DbkYNZKUsRamLLq_JSAyL8k

Honduras

Resistencias comunitarias sanan la tierra arrasada. Diario de viaje en Honduras

Una crónica de viaje en primera persona desde territorios defendidos por sus propios habitantes. Una serie de relatos fragmentados acerca de las defensoras de las tierras, los cuerpos y las ideas en Honduras.

Día 1

Esta vez será diferente, me prometo antes de salir de Guatemala. Esta vez seremos ¡50 activistas!, entre periodistas y defensoras de los territorios y los derechos de las mujeres. Estas son las notas y reflexiones mentales que amasé durante mi participación de la misión ‘El abrazo’, coordinada por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.

El viaje reúne entre el 22 y 26 de enero a 52 activistas, entre ellas periodistas, sanadoras y defensoras de los derechos humanos. Con objetivos humanitarios mezcla, como un caldo nutritivo, a representantes de por lo menos 28 organizaciones sociales, feministas, campesinas, indígenas y negras y de la comunidad LGTBI+ de 13 países que recorren los territorios que muestran focos de resistencia, desobediencia civil y defensa de la vida en este país de nueve millones de habitantes. La caravana se dividió en dos grupos que tomaron diferentes rutas y que tuvieron diversas vivencias, todas aunadas por la aproximación a las defensoras del territorio y la constatación de la represión que se vive en Honduras.

En la cabina de conducción de la van viaja una chamana que, según dicen, nos abrirá los caminos en el concreto hondureño, para evitar los controles militares a los lados del camino. Al finalizar el trayecto confirmamos que a nuestra caravana no la detuvieron los hombres de negro armados que vigilan el movimiento en Honduras. El grupo que viaja rumbo norte sufre el acoso del Ejército.

En este país la institucionalidad comenzó en 2009 un proceso de quiebre que afecta directamente a los derechos humanos de la población. Por poner un ejemplo: la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE), cuya prohibición el expresidente Mel Zelaya había vetado, fue cooptada por el Gobierno militar encabezado por Roberto Micheletti, quien prohibió la promoción, divulgación y utilización de la PAE. Hasta el momento vigente.

La militarización se expandió así como los permisos para que las empresas extractivistas sigan exprimiendo de las fuentes de riqueza natural hondureñas. La criminalización de movimientos sociales y feministas y una mayor injerencia de Estados Unidos en la política interna son notables. Son comunes las propuestas legislativas cargadas de dogmas religiosos que violan el derecho al libre culto, la igualdad, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía tomando en cuenta el sexo y orientación sexual.

Antes de salir se reparten libros para las visitantes: informes de violaciones de derechos humanos a las defensoras. Tomo uno de los libros: ‘Defender para vivir. Informe sobre la situación de las defensoras en Honduras 2016/2017’. A contracorriente de lo que podría esperarse, el informe comienza con una canción y cierra con una poesía. No somos números, no somos estadísticas. Nos atraviesan historias, sentimientos, deseos. Y los politizamos.

Este es mi territorio
Si alguien tiene que irse no soy yo
Que se vayan toditos
Los que roban y matan sin dolor.

Cierro el libro y me recuerdo que todas estamos aquí por el derecho a defender derechos. Y en esa frase que en principio suena cacofónica se revela una cadena de protección infinita. Somos todas gotas del mismo río.

Nuestra primera parada es en Chinda, Santa Barbara, donde nos esperan con café orgánico, elotes y unas torrejas inolvidables. Las mujeres más pobres, lo son sólo en término de recurso económico pues ostentan generosidad en las comidas, justeza en sus palabras y calidez en los abrazos que ellas nos dan a nosotras.

Hacemos una ronda informativa acerca de los atentados que viven cada día. Las mineras las atacan, las hidroeléctricas quieren avanzar más allá de lo acordado. Sus tristezas, sinceridades y actos políticos me ayudan a no perder la esperanza en la especie humana que cuida el medio ambiente como un ser fundamental en nuestras vidas. La vida de ellas pende de un hilo y no puedo más que usar mi grabador y estas palabras que escribo. El verde nos abraza. Los árboles son discretos confidentes de la lucha.

Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), señala que las mujeres en esta región son, principalmente, constructoras de vida. “Son las mujeres las que están dando la cara en la defensa. Como movimiento de mujeres somos parte del MAS que es mucho más visible que la red de mujeres, hay agendas mixtas que demandan los problemas ambientales. Se están violentando áreas protegidas. Tenemos una lucha muy grande ante el sistema legal. Las empresas instaladas en nuestra zona se encargan de ejercer el control, el miedo, el poder y la desmovilización”.

Día 2

Dormimos en un extraño hotel situado entre las montañas. El dueño, un judío-hondureño con al contextura de un oso, secundado por un perro-caballo y un arma escondida en el sótano, no duda en explayarse sobre “las mujeres y todo eso”. Comentario que lo confirma: el mejor plan es partir. A las 5 de la mañana estamos todas, calor humano mediante, subidas a la van.

Aún puedo sentir el aroma del día de ayer. En una ronda, antes de plantar árboles en las orillas del río Ulúa, nos perfumamos con una pócima, un aceite delicado con tantos ingredientes que de los que solo recuerdo la canela, y unas hierbas que según nuestra chamana se llaman “seguime” “quereme”. ¡Con esos nombres cómo no querer rociarse! Es una compañera afro colombiana la que lo comparte. Al momento de frotarnos unas gotitas del óleo se nos habla del amor como fuerza revolucionaria. El amor como respuesta a los enemigos. Estoy mareada: a veces no sé desanudar lo que siento frente al concepto de “amor”.

Para mí, en cualquier caso, la expresión más amorosa es la mujer parada a mi lado que, a sus 26 años,carga tres hijas y las ideas bien puestas: reclama controles vinculados a salud sexual y reproductiva para todas las mujeres de su comunidad. María Magdalena Ruiz pertenece a Chinda y en su defensa de los derechos reclama el acceso a la salud sexual y reproductiva para las mujeres. “En Chinda muchas mujeres padecen de cáncer de mama. Muchas, debido a que no tienen la capacidad para hacerse un examen, han muerto de cáncer en la matriz. Las alcaldías sí hacen la citologías pero luego no les dan seguimiento. Nosotras como red de mujeres nos sentimos desprotegidas. Lo quieren privatizar todo”, había contado en la ronda una joven madre de dos hijas.

El abrazo, el amor, el apoyo, o como sea que lo nombremos, es dado a esas mujeres amenazadas por querer caminar libres las sendas de sus pueblos. Es compartir contención con esas madres que crían a sus hijes solas y luchan por la salud de todas. Paradas en la cima de sus creencias, gritando sus verdades, organizando sus resistencias y desplegando sus rebeldías.

Día 3. Copán

Las mujeres mayas abrazan nuestra visita a las ruinas de su cultura ancestral. Hoy son ellas el testimonio del despojo. Las puertas del lugar sagrado, el más visitado de Honduras, son privadas para ellas también. Solo a cambio de pago, tal como lo pueden hacer solo las turistas, acceden visitar las raíces de su cultura.

Se presentan bajo la sombra de los árboles. Llegaron en camionetas y algunas recorrieron más de cinco horas para encontrarse con nosotras. También nos dan la bienvenida los pájaros hondureños. Un torogozostenta su belleza y nos sacude la atención desde una rama lejana. Guacamayas rojas, amarillas y multicolores nos seducen desde lo alto.

Copán es un lugar sagrado y sus ruinas lo demuestran a cada paso. Un templo de una cultura que tuvo su esplendor antes de que la primera colonización la atacara. Aquí los templos son testimonios de piedra que relatan cómo eran los espacios donde tomaban las grandes decisiones comunitarias. En esos mismos espacios las mujeres eran reconocidas como las creadoras de la vida. Hoy aún quedan rastros de una cultura que creó arquitectura, magia, ciencia, astronomía, medicina y tecnologías soberanas, sustentables, en armonía con la naturaleza.

El presente político de Copán se dibuja con un trueno: el de la amenaza de la mina cerniéndose sobre la población que hizo que las mujeres y sus familiares pasaran a la acción directa. Amenazas, judicialización y persecución son algunas de las consecuencias para quienes luchan. Madres solteras, mujeres que se enfrentan sin muchos recursos a la justicia, otras que simplemente apoyan acompañando a los juzgados, con una llamada telefónica, un asesoramiento legal.

En Copán hacemos un ritual sagrado liderado por nuestra chamana abre caminos que se llama Margarita. Protegidas por árboles milenarios Margarita llama, convoca, conecta con abuelitos y abuelitas. Se prenden candelas que cargan nuestras intenciones. Se riega guaro en nuestros cuerpos y en el fuego. Nosotras descruzamos brazos, piernas, mentes y dedos. Acariciamos con nuestros pies la alfombra verde. Nos bañamos con la sombra de los árboles. Reconocemos en una reflexión murmurante nuestros errores. Acto seguido nos concentramos las energías que nos permita sembrar, cultivar y cosechar la fuerza para sostenernos en pie. Nos estrechamos las manos, nos cobijamos y el abrazo es este mismo hogar que nos prestan las aves coloridas.

De este lugar me llevo el privilegio de la visita a un lugar sagrado. No obstante cargo conmigo el reclamo de las mujeres defensoras quienes, además de denunciar las arbitrariedades de las empresas extractivistas en estos territorios, señalan la dificultades que aparecen en las organizaciones mixtas a la hora de cuestionar los liderazgos de los varones que ocupan puestos de poder desde tiempos inmemoriales.

Rode Murcia, defensora de los derechos humanos en esta región, así lo explica: “La mayoría de las que estamos enfrente de esas organizaciones somos mujeres, algunas estamos sufriendo el patriarcado y el machismo dentro de las mismas. Y cuando nosotras decidimos tratar de llevar proyectos a las comunidades, los mismos hombres nos ponen tropiezo, nos quieren difamar. Nos están difamando en la zona, y algunas están siendo judicializadas por defender la tierra, sin ninguna prueba en realidad. Pero como mujeres creemos que, como decimos acá, tenemos los ovarios bien puestos”.

Día 4

Llegamos al COPINH (Coordinadora General del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) cortando camino por un paisaje de tapices verdes, cadenas montañosas y montes frondosos como sueños.

Así es La Esperanza – Intibucá, que además tiene un mercado bien nutrido y bullicioso como corresponde a los mercados en Centroamérica. Llegar a la casa de Berta Cáceres y que nos reciba un cartel amarillo “Bienvenidas al Copinh” refuerza la emoción que nos da estar en esos territorios. De conocer a las personas tercas por vivir una vida sin opresiones, que reclaman con el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre los territorios. Pese a las balas y las intimidaciones, en el COPINH se siguen jugando la vida por la defensa de una vida digna y libre de extractivismos.

Las activistas de ‘El abrazo’ arribamos a esta casa del pueblo lenca, la casa donde vivió Berta por muchos años y en donde “las energías que dejó son para todas y en donde las energías que las recién llegadas traen se reparten”. Así nos augura la abuelita que enciende las velas y ofrendas reunidas en torno a una foto de Berta. Ella nos mira desde una foto, en la imagen me imagino la mitad sus piernas danzando en el agua del río Blanco. Disfrutándolo, cuidándolo, conectando con los seres del río.

Son horas de compartir historias, de escuchar las violaciones que las mujeres defensoras resisten. De conocer la forma en que le dan la vuelta al ataque y cómo, pese a las balas e intimidaciones, se mantienen firmes y vivas en las luchas. Marleny Lemus Parada, una integrante activa de la organización, cuenta cómo han sido los días que siguieron al asesinato de Berta Cáceres y el intento de desarticulación del COPINH: “No ha sido fácil pero sin embargo ahí estamos en la lucha en defensa del bosque, de los ríos y la tierra, y de tantas cosas por las que tenemos que luchar aquí para que no nos invadan. Por todo eso fue el pleito para que ellos nos mataran a Berta. Ellos creyeron que matando a Berta mataban a la organización y creyeron que ya no íbamos a hacer nada nosotras”.

La lucha sigue y sigue. Al día siguiente nos muestran orgullosas el espacio de huerta orgánica que recrea el COPINH y que produce para locales con la idea de poder vender en un mercado de precios justos. Nos hablan de la dedicación que le otorgan a las capacitaciones en comunidades, a la vez que hacen un monitoreo local y constante de la situación de las empresas extractivistas en el territorio hondureño para denunciarla.

Visitar Honduras tiene que ver con el abrazo y en ese acto no bajar los brazos en ninguna circunstancia. Este país de diversos verdes violado hasta el cansancio sobrevive por la terquedad de su gente que, enfrentándose con ideas a los palos, se opone activamente al saqueo.

Esta vez ya no tendré pesadillas. Esta vez siento que los movimientos feministas, periodistas, activistas y sanadoras que llegamos a esta tierra honramos la memoria de las mujeres cuyas vidas han sido apagadas. Hay chamanas que nos guían y nos cuidan. Nosotras cuidamos a las demás y tejemos una cuerda invisible de apoyo y solidaridad en este desierto de violencia.

En Honduras los aportes de las luchas de campesinas, lencas, garífunas, mayas Ch’orti’ nos enseñan sobre el enfrentamiento directo al despojo y la política del terror. Damos el abrazo final a las compañeras hondureñas que están en la defensa de los derechos. Estamos atentas, vigilantes y en alerta permanente frente a la represión, criminalización, persecución y violencia que enfrentan.

Fuente: https://movimientom4.org/2019/04/resistencias-comunitarias-sanan-la-tierra-arrasada-diario-de-viaje-en-honduras/

Honduras

Proyecto minero desplaza familias enteras en Colón

Salir huyendo de casa nunca lo imaginó. Irse fue la decisión más difícil que tuvo que tomar, porque creció pensado que era privilegiada al nacer en Guapinol; un pedazo de tierra tropical bajo la falda del imponente y codiciado parque nacional Carlos Escaleras, en el departamento de Colón, zona nororiental de Honduras.

Pero ella, no fue la única en irse. Antes lo hicieron cinco familias más por las mismas razones, aunque bajo circunstancias de violencia. Pareciera que la llegada del supuesto desarrollo que promueven las autoridades significara el desplazamiento forzado de las comunidades, comentaba mientras armaba una pequeña maleta que la acompañarían en un viaje que desconoce si tiene retorno.

Meses antes se le vio participar en el campamento de Guapinol, en las protestas de las calles y a las afueras de un tribunal con jurisdicción nacional donde 12 de sus vecinos y compañeros eran criminalizados por oponerse a la instalación de una minera. El Estado de Honduras y la empresa Inversiones Los Pinares, acusó a delegados de la palabra de Dios y líderes comunitarios de daños, usurpación y asociación ilícita.

A los líderes ambientalistas se les dictó sobreseimiento definitivo a inicios de marzo de 2019, porque la fiscalía no pudo sustentar las pruebas que los incriminaban; un organigrama de “inteligencia” de la Policía Nacional, donde se ve a los ambientalistas bajo la denominación “La Banda de la Aldea de Guapinol”.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que, el Ministerio Público utiliza el derecho penal para acusar de usurpación y hasta del delito de asociación ilícita a la ciudadanía que está defendiendo su territorio, ante la instalación de proyectos extractivistas.

A pesar que Guapinol geográficamente está inserto en una región de conflicto agrario y de presencia de narcotráfico, para ella (a quien llamaremos únicamente así), y los suyos es un paraíso terrenal. Sabe que la falta de institucionalidad le da poder al crimen organizado y los terratenientes para matar y robar la tierra a los campesinos. O para comprar la justicia y protegerse bajo el uniforme militar.

Ella cuenta que en el Aguán los días calurosos se calman con un buen chapuzón en el río; acompañada de gente amada, frutas de temporada y una buena dosis de risas. ¡Así la vida es bonita! El río Guapinol abastece de agua a la comunidad y otros sectores aledaños que lo utilizan para el consumo humano, aguar el ganado y regar los cultivos.

También dice que la gente con orgullo se describe como trabajadora y emprendedora. Varias familias se alimentan de los ingresos que produce el monocultivo de la palma africana, otras de lo que deja la ganadería y la siembra de granos básicos, y la mayoría de las familias viven producto de las remesas que reciben de sus familiares que emigraron a Estados Unidos y España.

En cada palabra que pronunciaba sobre su pueblo trata de explicar el por qué es necesario arriesgar hasta la vida por esa tierra, sobre todo contar cómo las mujeres están viviendo la implantación de un modelo económico extractivo que las criminaliza, persigue y desplazada forzosamente, cuando debería de ser el Estado quien les garantice el goce pleno de sus derechos.

La libertad de sus compañeros y compañera criminalizada significó una enorme alegría, el pueblo lo celebró a lo grande, pero ella es consciente que las amenazas siguen latentes. La empresa sigue con los trabajos en la zona gracias a la seguridad que recibe de la Policía Nacional y Militar. A través de redes sociales se ha denunciado que los militares en pleno abuso de poder impiden que la gente permanezca en el río.

Ella denunció en repetidas ocasiones que a la comunidad llegaron personas ajenas que, además de trabajar con la minera se dedican a hostigar a la ciudadanía que públicamente se ha pronunciado contra la mina. “A dormir como las gallinas”, dijo entre risas y lamentos, porque las mujeres que tuvieron que huir les tocó dejar abandonadas hasta las gallinitas y otros animales que eran el sustento de sus familias. También tuvieron que irse defensores de derechos humanos y comunicadores, amenazados por los uniformados y los allegados a la empresa.

Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), establecen que durante el 2018 más de 950 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por causas asociadas a la violencia. Organizaciones ambientalistas aseguran que esa violencia está muchas veces relacionada con los conflictos que viven las comunidades por la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos.

 

La concesión: el conflicto

Corría la fiesta de San Isidro Labrador en Tocoa cuando el pueblo comenzaba a indignarse. El agua del río era color chocolate y olía mal. Don Reinaldo, uno de los líderes criminalizados cuenta que les tocaba bañarse así; no había de otra, cuando el cuerpo se secaba quedaba pegajoso por la cantidad de lodo o sedimento que el agua llevaba.

Desde 2012 se conocía que la montaña Escaleras estaba destinada para la explotación minera de óxido de hierro. Hasta ese entonces únicamente sabían que la concesión minera pertenecía a la familia Rivera Maradiaga “Los Cachiros”, una banda de narcotraficantes encarcelada en Estados Unidos. Nadie podía hablar de la minera porque el miedo de ser asesinado era real.

La montaña lleva el nombre de Carlos Escaleras, fruto de una demanda internacional contra el Estado de Honduras por el asesinato del ambientalista en octubre de 1997. Veinte años después del crimen, mediante un acto público el Estado reconoció su responsabilidad y pidió perdón. Pero no evitó que se desgranara un conflicto socio ambiental por las concesiones que ha otorgado.

De acuerdo a los análisis e investigaciones del Comité Municipal en Defensa del Agua de Tocoa, Colón y la Coalición Contra la Impunidad, el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 252 – 2013 dictaminado, discutido, aprobado y publicado en sólo 23 días, determina el origen del conflicto en la comunidad de Guapinol y que el mismo se aprobó sin seguir el procedimiento que manda la Constitución de la República. Este decreto dio luz verde para concesionar la zona núcleo del parque nacional.

Además, la comunidad asegura desconocer como la concesión fue a parar a manos del empresario Lenir Pérez, yerno del terrateniente fallecido Miguel Facussé, señalado de obtener grandes cantidades de tierra de forma irregular. Las comunidades han denunciado que las autoridades municipales están al servicio del empresario.

Pérez es un joven dedicado al rubro de la construcción, quien ha logrado posicionarse gracias al renombre de su familia política; abriendo puertas para entablar negocios con el Estado. En el sector Florida en Tela intentó extraer óxido de hierro, pero las comunidades organizadas lo evitaron. Aunque algunos afirman que la amenaza de explotar la mina sigue latente.

Una Honduras en pedazos

El reciente informe “Territorios en Riesgo II, minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras”, elaborado por Oxfam, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), refleja que en el 65 por ciento del territorio de Honduras hay concesiones mineras y de generación de energía.

El estudio especifica que la minería se extiende sobre 156 municipios y la generación de energía sobre 100, mientras otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos. Asimismo, 32 concesiones mineras y 10 proyectos de energía hidroeléctrica se encuentran dentro de micro cuencas.

Mientras el gobierno nacionalista de Juan Orlando sigue impulsando proyectos extractivos en las comunidades, las familias enfrentan la ruptura del tejido social que los expone a las amenazas a muerte, criminalización y desplazamiento forzado.

Ella salió de su comunidad fuera de Honduras. Su gente asegura continuará la lucha para evitar que la mina se instale, de eso dependiente la oportunidad de contar con agua no contaminada, comunidad sin conflictos y familias más consciente que lucharon por un bien común que les llama a no dejarlo arrebatar.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/proyecto-minero-desplaza-familias-enteras-en-colon/?fbclid=IwAR2SUFp5Ti4ZMKf93Os79nM_-OhRYk7KDBEEJ-CE-bHuZc7_MGiVhT10nw4