Honduras

Tras lucha sangrienta, Tocoa se declara libre de minería

Libre de minería, así se  declaró hoy el municipio de Tocoa durante un Cabildo abierto que se celebró en esa localidad.

Ante la presencia del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes, donde participan distintos partidos políticos, exigió a la autoridad municipal no tener empresas mineras en su ciudad.

De tal forma, que el acta que firmó el alcalde Adán Fúnez y el resto de la Corporación Municipal será llevada al Congreso Nacional. El objetivo es que los diputados ordenen a la empresa Inversiones Los Pinares de Guapinol, y a cualquier otra que pretenda proceder, retirarse de la zona.

Lo anterior, lo exigieron habitantes de la comunidad antes mencionada, de San Pedro y otros sectores que aseguran que el afluente de agua está siendo contaminado por dicha compañía minera.

Es por eso, que los miembros de esas comunidades manifestaron que la «empresa minera ya no representa los intereses de la población».

Alcalde no da declaraciones

Durante muchos meses, el alcalde Adán Fúnez -del Partido Libertad y Refundación- fue duramente criticado porque no quería hacer el cabildo abierto.

Además, de que él apoyó la instalación de la maquinaria de Inversiones Los Pinares en Guapinol, una zona en conflicto por la causa minera y la defensa del agua y la vida.

Es así que este día, optó por aprobar lo que todos los presentes exigieron en el cabildo abierto. Sin embargo, prefirió no dar declaraciones a los medios de comunicación.

Por su parte, la presencia de «Mel» Zelaya» fue contradictoria para algunas personas. La razón: por el protagonismo que obtuvo. Ya que supuestamente el pueblo «no pudo expresarse ni ser escuchado como esperaban» según informaron.

Lucha sangrienta

La comunidad de Guapinol ha sido la principal afectada en una lucha sangrienta entre fuerzas militares y policiales y pobladores.

Lo anterior, por la represión que hubo en distintas fechas pasadas ante las protestas que habían en contra de Los Pinares.

Además, hay defensores criminalizados y encarcelados, a quienes se les ha negado la libertad por un proceso legal que sus abogados y familiares consideran arbitrario.

 

Fuente:https://tiempo.hn/tras-lucha-sangrienta-tocoa-se-declara-libre-de-mineria/?fbclid=IwAR2E0QEdyqXx7KIyJ_kAGPEHse8-fbsL_-M7b5tfzuf2JnwSgKjffXQ0pM4

Honduras

En Consulta Soberana Namasigüe, Choluteca rechaza proyectos mineros y fotovoltaicos

A través de una consulta soberana realizada el domingo 17 de noviembre, la población de Namasigüe, Choluteca, al sur de Honduras, dejó clara su postura de rechazar los proyectos extractivos; las concesiones mineras y los parques fotovoltaicos.

Con un padrón electoral de 15,860 votantes, todos mayores de 18 años, el 97% de la población, es decir; 11,673 personas rechazaron rotundamente las mineras y fotovoltaicas. A favor de los proyectos votó únicamente el 1%, lo que equivale a 78 votos. 150 en blanco y 91 nulos. Para un total de participación de 11,992 personas.

Félix Pedro Pastrana, líder comunitario y director de la radio comunitaria Namasigüe, calificó como exitoso el ejercicio soberano. Explicó que, ahora se inicia un proceso donde se solicitará a la alcaldía municipal que de alguna forma valide la decisión expresada en la consulta. Además de iniciar acciones para que, a nivel central, se tomen decisiones encaminadas a proteger los bienes naturales del municipio.

“Este resultado es muy importante para nuestras comunidades, porque se ve reflejada la opinión de la ciudadanía que rechaza las mineras y fotovoltaicas. Esperamos que este sea el inicio para que nuestra palabra se respete por las autoridades.

Las mineras y las fotovoltaicas únicamente han traído contaminación, destrucción, muerte y división en las comunidades. Estos proyectos son los responsables de que año con año nuestras fuentes de agua se contaminen y en casos extremos desaparezcan”, expresa el líder comunitario.

Consultas

Las consultas ciudadanas se han convertido en una alternativa para que la población opine sobre sus bienes naturales. Desde el 2016, 8 municipios del país han desarrollado las encuestas soberanas.

Carlos Padilla, representante del Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, dice que los procesos han sido bastante fructíferos y han permitido desarrollar estrategias de lucha una vez se ha concluido con las consultas. Señala que, el simple hecho que las convocatorias sean masivas, significa un mensaje para las autoridades, quienes deben tomar en cuenta la opinión de las comunidades que se ven afectadas por los proyectos de muerte.

“Los resultados de las consultas son muy importantes, porque a corto plazo son un instrumento para obligar a las municipalidades a tomar decisiones. En El Triunfo, Choluteca y la Unión, Olancho, sirvieron para convocar a un cabildo abierto donde los resultados fueron ratificados por la población”, recuerda Padilla.

El experto dice que, el pueblo tiene derecho a ser consultado. Además, señala qué el origen de los conflictos socio ambientales en el país es la falta de consulta a la ciudadanía.

La primera consulta ciudadana realizada fue desarrollada en Santa Elena, departamento de La Paz, con el tema de las hidroeléctricas y el catastro.  Luego en San José del Potrero y Minas de Oro, en el departamento de Comayagua, con una consulta de sobre la minería. En Nahuaterique, La Paz, la población fue consultada si estaba de acuerdo con ser declarado como el municipio número 20 del departamento de La Paz. En la Unión, Olancho y El Triunfo, Choluteca se consultó sobre la minería y en el municipio de El Porvenir, Atlántida la ciudadanía fue consultada sobre las hidroeléctricas.

Amenazas en el sur

La minería y las fotovoltaicas nos son la única amenaza que tienen las comunidades en el sur de Honduras. El monocultivo de la ocra, melón, plantaciones de caña de azúcar y la entrega del territorio para la construcción de las Zonas Especiales de Desarrollo, (ZEDES), forman parte de la problemática que agobia a la ciudadanía.

La instalación de empresas extractivas golpea con fuerza a la población de Choluteca y Valle, que ancestralmente se han dedicado a la pesca y cultivo de granos básicos para sobrevivir. Esta zona está plagada de empresas camaroneras, agroindustriales, fotovoltaicas y mineras que con el aval del gobierno extraen las riquezas de la zona dejando a la gente sumergida en la miseria.

La implementación del modelo extractivo avanza a pesar de la oposición de las comunidades, quienes denuncian los daños ambientales y sociales que se presentan en sus regiones. Una clara muestra de esa apuesta gubernamental es la implementación de un parque minero industrial en la zona sur de Honduras, una región que ha pagado con sangre y miseria la extracción de los minerales.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/en-consulta-soberana-namasigue-choluteca-rechaza-proyectos-mineros-y-fotovoltaicos/

Honduras

«Hay que seguir articulando la organización y el pensamiento»

Con las energías renovadas, los rayos de un sol resplandeciente y la esperanza de seguir construyendo en colectividad, se continuo con el segundo día del Encuentro de Pueblos y Comunidades: Hacia un Estado Intercultural  en Honduras.

La jornada dio inicio con el panel: El impacto del modelo extractivista y estrategias de lucha y resistencias desde las organizaciones territoriales, acompañados por Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Diego Aguilar del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)  y Esly Banegas, de la Coordinadora Popular del Aguán (COPA).

Para Gustavo, los dueños del poder, llamados élite u oligarquía, le temen a la articulación de las organizaciones territoriales y en algunas instancias han tenido que ceder derechos pero en otras ocasiones deciden cancelarlos.

“Han venido pisoteando cantidad de derechos conquistados, por ejemplo: el estatuto del docente, el derecho a la protesta, criminalizada fuertemente, no solo en el presente. Además buscan convertir los bienes comunes en mercancías».

De igual manera recalcó que el papel protagónico que desempeña el Estado es para entregar concesiones a favor de las empresas y esto genera un choque entre dos proyectos: el de la vida y la muerte y frente a esta muerta que genera la industria extractiva, la resistencia que ha nacido desde los territorio contiene la potencialidad  de un proyecto transformador y alternativo.

Por su parte, Esly hizo un recuento de la lucha que han sostenido desde la recuperación de tierras por grupos campesinos del bajo Aguán y la defensa del río en los sectores de San Pedro y Guapinol.

“Hemos estados inmersos en una lucha que se refiere a la agraria. Más de 500 campesinos asesinados desde el golpe de estado y acá campea la impunidad. Y no se resuelve el conflicto agrario y ahora nos llevan al ambiental. Concesiones que han sido otorgadas mediante un proceso corrupto”.

Además recalcó que la postura de las organizaciones es firme en contra de la minería y que han deicidio defender el agua y la vida de las comunidades afectadas y la urgencia de seguir articulando a nivel nacional.

De la misma forma, Diego compartió las experiencias vividas desde el MADJ. “Lo de Guapinol, no es aislado de lo que sucede en Pajuiles y Arizona. Está forma de operar, es la forma más estructural”.

Y cuestionó el trato diferenciado que viven las mujeres y hombres de las pueblos indígenas y  garifunas y la hegemonía del conocimiento que se produce en las aulas de la universidad y ante esto se están formando abogados y economistas que solo están pensando en responder a los interés del capital.

 

Apuestas en común

Los diálogos, el debate, el intercambio de ideas, las experiencias compartidas y las apuestas en común retornaron a cada uno de los grupos que se formaron el día anterior para concretar y definir las posibles acciones que responda a las dinámicas de las organizaciones presentes.

Para la mesa uno,  el avanzar en los procesos de alianza y articulación de movimientos socio-territorial desde la visión de las mujeres, debe pasar por: la organización, capacitación, aliados estratégicos, incidencias, fortalecimiento de los liderazgos, relevo generacional, visibilizar las luchas, construcción de alianzas, la sororidad y recuperar los saberes y practicas ancestrales.

“Hemos concluido que lo primero es la organización de nosotras como mujeres, como nos agrupamos, nos aliamos entre nosotras. Aparte de eso la capacitación que viene a la par, una mujer empoderada, con conocimientos. Saber con quienes nos vamos aliar y para qué objetivos. Debemos acudir a todos los medios, así como lo hace el gobierno para invisibilizar las acciones que nosotras hacemos, nosotras tenemos que tener nuestras propias estrategias”,  indicó Kenia Zerón de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo.

Para Ada Díaz las alternativas que se plantearon en la mesa dos, son las incidencia con otras organizaciones nacionales y locales a las que no se ha logrado llegar, por ejemplo trabajar con los patronatos y las juntas de agua que se han mostrado indiferentes a los proceso organizativos. Y la articulación por regiones, que concluya en una Confederación Nacional.

Emilia Gómez del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz (MILPAH), hace un llamado a las organizaciones no gubernamentales para que acompañen de manera continua las luchas de los territorios y a la universidad a no seguir indiferente y gestionar becas para los jóvenes de las organizaciones.

Las propuestas de la mesa tres  y cuatro se enfocaron en desligar el fundamentalismo religioso que se muestra intolerante a las diferencias culturales. También replantearse un cambio radical en el modelo educativo con la creación de de nuevos contenidos con los saberes de cada cultura, diseñar materiales didácticos con las lenguas maternas, re-elaborar la malla curricular, permitir el intercambio de estudiantes con integrantes organizaciones como COPINH y OFRANEH, y la creación de centros educativos gestionados por las comunidades.

“Recordemos que la educación intercultural bilingüe es el modelo educativo que los pueblos indígenas y afrohondureños están procurando implementar en sus comunidades desde los años 90. En realidad hasta el momento no ha llenado las expectativas de los pueblos indígenas. Se necesita repensar el modelo y eso fue lo que discutimos en la mesa. Reconstruir esas expectativas”,  mencionó Scott , del pueblo Misquito.

En el caso de la mesa cinco y seis, establecer alianzas, organizar a las comunidades para defender su patrimonio, realizar acciones que frenen los proyectos que quieran instalarse en las zonas y la creación de nuevas radios comunitarias, permitirá mantener el patrimonio cultural y ancestral de los pueblos originarios.

A modo de conclusión final del encuentro, las organizaciones presentes acordaron seguir encontrándose en espacios que le permitan evidenciar el trabajo, mostrar los logros y buscar las estrategias conjuntas para construir autonomía desde sus visiones. El Encuentro finalizó en el Parque de Santa Rosa de Copán con la lectura del comunicado construido entre todos y todas las participantes.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/11/hay-que-seguir-articulando-la-organizacion-y-el-pensamiento/

Honduras

ALERTA | En Azacualpa: Aura Minerals continúa exhumando cementerio en busca de más oro

En complicidad con autoridades estatales y el acompañamiento de elementos policiales y militares, la Empresa canadiense Aura Minerals (MINOSA), comenzó nuevamente la exhumación de cadáveres del Cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán en busca de más oro.

Ante la oposición y resistencia de los familiares, vecinos y autoridades de la comunidad, que previamente declararon mediante cabildo abierto “NO CERRAR NI TRASLADAR EL CEMENTERIO”, la empresa MINOSA ha estado  provocado con reiteradas detonaciones el derrumbamiento del cerro del cementerio, con el objeto de obligar a las familias a aceptar el proceso. Ha amenazado, además, con presentarse junto a personal del Sistema Nacional de Gestión de riesgos (SINAGER) y seguridad del Estado, quienes avalarían la necesidad de decretar el área como zona de riesgo, y evitar, a la vez, que el pueblo se manifieste en contra.

La ambición de MINOSA ha provocado daños ambientales severos provocados por las excavaciones. Sin embargo, la oposición de la comunidad ha dejado: procesos judiciales en contra de líderes locales, daño a las estructuras físicas de las viviendas, la escuela, del centro comunitario y de la iglesia; destrucción y desaparición de la flora y fauna. Al igual que de 13 fuentes de agua que abastecen a las comunidades contaminadas.

Frente a este contexto de abusos y violación de derechos humanos, el Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD), exigimos:

  1. Al Estado y Gobierno de Honduras, respetar la voluntad del pueblo de Azacualpa y evitar que se continúen las exhumaciones de los cuerpos que aún quedan en el cementerio de la comunidad.
  2. A MINOSA, cesar sus actividades de abuso a la dignidad humana de las comunidades y reparar los daños causados a los familiares.
  3. A INHGEOMIN, incidir para poner un alto a los enormes daños ambientales que han generado en la zona las detonaciones de los cerros y montañas de la comunidad de Azacualpa, al igual que el uso de químicos para la extracción minera.
  4. A la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), vigilar y garantizar el cumplimiento efectivo de las recomendaciones realizadas al Estado de Honduras por mecanismos de protección de derechos humanos, teniendo en cuenta la relación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos.

Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a solidarizarse con la defensa del derecho a la paz y autodeterminación de los pueblos.

 

Fuente:http://cespad.org.hn/2019/11/04/alerta-en-azacualpa-aura-minerals-continua-exhumando-cementerio-en-busca-de-mas-oro/?fbclid=IwAR0ACb7we-GD2u1rWA2bD1NL9orBQxpeKVk7zz90exjH8CeOl_cWVeu_w_g

Honduras

Aura Minerals/MINOSA está por volver a exhumar ilegamente cádaveres del camposanto de Azacualpa

La minera Aura Minerals/MINOSA,  está intentando de nuevo,  a pesar de la indignación de los familiares de los muertos y de demandas en los tribunales en su contra,exhumar ilegalmente todos los cadáveres del camposanto de Azacualpa, en la Unión, Copán, en el Occidente de Honduras, para minar el oro abajo, y de ahí seguir cerro entero hasta destruir la aldea de Azacualpa, denunció la organización Rights Action en un extenso reportaje publicado este 22 de octubre de 2019.

 De acuerdo a la información de Rights Action despues de años de operacion destruyendo la economía local y el cerro de San Andres, ubicado en La Union, Copan, Aura Minerals/MINOSA,  tiene aislado al camposanto de Azacualpa pero el pueblo sigue defendiendo su cementerio y la aldea de Azacualpa.

El 15 Octubre 2019, Héctor Antonio Trigueros, defensor ‘criminalizado’ de Azacualpa, y Lisbeth Jimenez  de ASONOG, llevaron a Grahame Russell, de Rights Action a pasar por la mina y la comunidad de Azacualpa.

Por la defensa de su territorio la minera tiene criminalizados a unos 20 pobladores de Azaculapa, algunos tienen orden de captura. «La empresa minera está arrasando con nuestro territorio, destruyendo fuentes de agua, contaminando nuestros ríos, talando nuestros bosques y acabando con la paz y tranquilidad que un día disfrutabamos», dijo a Rights Action, Héctor Antonio Trigueros.

Lea el reportaje completo de Rights Action en este link

 

Fuente:http://pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/denuncias/item/2589-honduras-aura-minerals-minosa-esta-por-volver-a-exhumar-ilegamente-cadaveres-del-camposanto-de-azacualpa?fbclid=IwAR0UIAN_oKmyjZy3A7dqsAv-Q6g3rqM_YUZm0gvYZG7QZHaYPpoitkz_tgU

Honduras

Municipios de La Paz se suman a declaratorias de zonas libres de minería e hidroeléctricas

Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. Los pobladores y pobladoras han comprendido, porque lo viven día a día, que los bienes comunes de la naturaleza representan la vida de está humanidad cada vez más devastada ambientalmente.

A pesar de la criminalización y persecución que el Estado hondureño ha montado contra los luchadores y luchadoras que defienden el medio ambiente, las comunidades organizadas de varios municipios del país continúan con el proceso para evitar que estos proyectos de muerte se instalen y acaben con sus bienes naturales.

En el país más de 45 municipios, en las distintas regiones han realizado declaratorias contra los proyectos mineros e hidroeléctricos.

La declaratoria más reciente se realizó en el municipio de Santiago de Puringla en el departamento de La Paz, a través de un cabildo abierto donde decenas de comunidades indígenas lencas dijeron: No a los proyectos mineros e hidroeléctricos. La decisión se ratificará a través de una consulta que se desarrollará en los meses próximos.

Félix Vázquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo UTC, asegura que el cabildo abierto fue convocado por las organizaciones campesinas e indígenas, en el mismo se movilizaron al menos 2,000 personas de las diferentes comunidades.

Dijo que, la consulta soberana se realizará posiblemente en enero porque durante el tiempo restante se trabajará en una propuesta que será consensuada con todas las comunidades.

El líder comunitario dice que la iniciativa de la declaratoria surge a raíz de las intenciones que tiene una empresa minera de instalarse en la zona, asimismo, existe la amenaza de construir represas hidroeléctricas en los principales ríos que abastecen de agua a las comunidades.

 

Guajiquiro

Cansados que sus recursos naturales sean entregados a manos de empresarios y políticos de la zona, al menos 45 comunidades presionaron a las autoridades municipales de Guajiquiro, La Paz, para declarar al municipio libre de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Julián Mendoza representante del Comité para la Protección de la Microcuenca Cancire, dice que en la zona la diputada Gladys Aurora López, a través de su empresa “Inversiones Aurora”, ha intentado convencer a las comunidades para instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico, en una de las principales fuentes de agua del municipio.

Agregó que, aunque ya ha quedado plasmado en actas municipales que se prohíben las concesiones en el municipio, las comunidades y organizaciones continuarán con el proceso de organización.

La Paz es uno de los departamentos con mayor cantidad de municipios que se han declarado libres de proyectos mineros e hidroeléctricos.

 

Campaña de estigmatización

Las comunidades indígenas Lencas del departamento de La Paz enfrentan una oleada de conflictos generados por la defensa de sus territorios amenazado constantemente por el gran capital que, en nombre del desarrollo, busca despojarlos de sus bienes comunes.

En la zona continúa imparable la persecución, criminalización y las campañas de desprestigio contra los defensores y defensoras del ambiente.

Martín Gómez Vásquez representante del Movimiento Independiente Lenca La Paz Honduras MILPAH, asegura en las últimas semanas, a raíz de la lucha contra la instalación de represas hidroeléctricas, en Guajiquiro, se han incrementado los ataques y las campañas de odio contra líderes ambientalistas.

El líder comunitario asegura que los ataques vienen de gente ligada con los proyectos mineros e hidroeléctricos, liderados por la diputada nacionalista Gladys Aurora López.

Según del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Milpa, son unos 40 conflictos que hasta ahora han documentado, todos relacionados a su defensa de la autodeterminación del Lenca.

Según Global Witness, Honduras es el país más peligroso para defender el planeta. Desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/municipios-de-la-paz-se-suman-a-declaratorias-de-zonas-libres-de-mineria-e-hidroelectricas/

Honduras

Coyuntura desde los territorios | ¿Qué estrategias utiliza la empresa minera para criminalizar a las y los defensores del agua en Guapinol y San Pedro?

I. El contexto de la criminalización contra defensores y defensoras de Guapinol y San Pedro

En marzo de 2019, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), realizó un análisis de coyuntura sobre la lucha por la defensa de su territorio y de sus ríos, que desde el año 2018 comenzaron a hacer visible los habitantes de los sectores conocidos como San pedro y Guapinol[1], comunidades del departamento de Colón, Honduras, que defienden sus ríos de la irrupción de  una empresa minera que pretende explotarlos.

En ese análisis se puntualizaron tres escenarios que podían suscitarse en los siguientes meses: 1) Cancelación de la concesión minera, 2) Radicalización del conflicto y profundización de la criminalización y, 3) Militarización del territorio, la continuidad de proyecto minero y la desaparición del movimiento territorial.

La coyuntura territorial en las comunidades de Guapinol y San Pedro durante el período de abril a septiembre de 2019, se ha movido en los tres escenarios arriba mencionados. Sin embargo, los escenarios 2 y 3 son los que marcan el contexto actual. Las acciones de criminalización, judicialización y militarización acontecen en un clima social de rechazo generalizado hacia la instalación de una empresa minera en el Parque Nacional Carlos Escalera, ubicado entre las comunidades de Guapinol y San Pedro.

En un reciente estudio publicado por el CESPAD[2], el 96% de la población encuestada expresó estar en contra del proyecto minero, un 39.4% afirmó que las causas que originaron el conflicto están relacionadas con los daños al medio ambiente. Para el 30.7% el conflicto se debió a la ausencia de consulta ciudadana para la instalación de la empresa minera y el 22.8% estableció que se debió a la ilegalidad en el proceso de concesión en favor de Empresas Los Pinares.

En ese marco, entre abril y mayo del 2019, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y su cuerpo de abogados, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que declare inconstitucional la concesión minera otorgada a Empresa Los Pinares, y de esa manera acabar con el origen del conflicto, por estar dentro del perímetro del área protegida donde está ubicado el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Hasta la fecha, la CSJ no se ha pronunciado sobre ese recurso y la lucha territorial se ha mantenido en medio de ese limbo judicial. Entre junio, julio y agosto se realizaron diversas acciones de protestas que estuvieron orientadas a:

  • Presionar a la Corporación Municipal de Tocoa (toma de la municipalidad)
  • Evidenciar públicamente el descontento por el accionar de Empresa Los Pinares (toma del plantel de dicha empresa)
  • Caminata de manifestantes de Tocoa a Progreso (posicionando el conflicto territorial en los medios de comunicación) y.
  • La instalación de un campamento de resistencia frente al Ministerio Publico (MP) (exigiendo un juicio transparente contra los defensores de Guapinol y San Pedro).

En ese contexto de resistencia, el desalojo de los pobladores estuvo acuerpado por las fuerzas policiales y militares. Entre abril y julio la intimidación, hostigamiento, estigmatización y persecución encontraron su punto más álgido, mediante campañas de desprestigio por las redes sociales, patrullajes permanentes por las comunidades, retenes que controlan las entradas y salidas de las comunidades, la militarización del territorio, persecución y vigilancia hacia los defensores y defensoras[3].

En ese contexto adverso para la lucha territorial, la criminalización, durante los meses de agosto y septiembre, alcanzó altos niveles de tensión política: asesinatos y prisión preventiva. El 28 de agosto fueron asesinados los defensores Roberto Argueta y José Mario Rivera. Los crímenes provocaron que la Secretaría de Derechos Humanos[4], Karla Cueva, exigiera públicamente investigar los crímenes y reconociera la contribución de los ambientalistas en la protección del medio ambiente[5]. Hasta la fecha de realización de este análisis los entes policiales y judiciales no se han pronunciado al respecto.

El viacrucis carcelario de los defensores de Guapinol

El 26 de agosto del 2019, ocho defensores acusados de asociación ilícita, incendio agravado y privación de libertad se presentan voluntariamente a los juzgados. El 1 de septiembre, una jueza de jurisdicción nacional dictó prisión preventiva contra esos 8 defensores, únicamente por el delito de incendio agravado, a pesar que en marzo de 2019, a 13 defensores imputados por los mismos delitos, un juez de jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento definitivo, por falta de pruebas contundentes.

El dictamen de la jueza estableció que los defensores se trasladaran al centro penal de Olanchito, departamento de Yoro. Sin embargo, permanecieron recluidos en la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, Francisco Morazán, hasta que el  5 de septiembre, por órdenes del Instituto Nacional Penitenciario (desobedeciéndose la orden de la jueza), los defensores fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad denominada “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso. En esta prisión se ha denunciado la práctica de torturar a los privados de libertad, en especial a quienes se han llevado a prisión por pertenecer a la oposición política y social del país.

En ese marco de lucha territorial, el Gobierno de Honduras ha puesto en marcha una política de criminalización, presuntamente para apoyar a la empresa Pinares, que trata a los defensores y defensoras como criminales con una pretensión clara de convertirlos legalmente en delincuentes para eliminarlos de la escena político-social.

El actual proceso en contra los defensores y defensoras de Guapinol y San Pedro, presenta al menos 4 estrategias: estrategia política (criminalización de la protesta social), estrategia de desinformación (estigmatización y desprestigio), estrategia mediática (discursos de odio y violencia) y estrategia de persecución penal (judicialización y cárcel).

En este análisis se desarrollan ampliamente esas estrategias. Previamente se indaga sobre el marco legal que se utiliza para judicializar a las y los defensores, las características y la lógica de política de criminalizaron, las principales modalidades represivas y los actores involucrados en el actual proceso de criminalización y judicialización.

 

II. El marco legal y las principales características de la estrategia de criminalización en Guapinol y San Pedro

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece en sus distintos informes que la criminalización significa “atribuir carácter criminal a alguien o algo”. También enfatiza, que la criminalización no solo es la represión, es una política más compleja, que incluye el entramado político/ jurídico/ social y hasta el cerco mediático comunicacional que permite que la protesta social sea mirada como un factor de delito.

A. El marco legal

En Guapinol y San Pedro, las figuras utilizadas para la judicialización de los defensores y defensoras del medio ambiente son: delitos de usurpación, daños, secuestro, incendio agravado, asociación ilícita, portación ilegal de armas y privación injusta de la libertad, los cuales están contenidos en el Código Penal. El marco legal utilizado para judicializarlo/as presentan dos características principales: la instrumentalización del sistema de justicia y las irregularidades en la aplicación del derecho penal.

En relación con la instrumentalización del sistema de justicia, es el primer caso de ambientalistas acusados en juzgados de jurisdicción nacional, en los que se juzgan delitos relacionados al crimen organizado y asociación ilícita, ubicando a los defensores y defensoras en la categoría de delincuentes de alta peligrosidad.

También resalta la manera en que el Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigación (DPI), al grado más cínico, han sido los entes encargados de fabricar pruebas falsas para judicializar a los defensores y defensoras a nivel nacional[6]. En este punto resalta el hecho de cómo la DPI usurpa funciones al realizar labores de inteligencia que solo pueden realizarse a través de la Dirección de Investigación Policial (DIPOL).

Asimismo, sobresale la manera en que la CSJ y el MP no actúan de oficio contra las denuncias y peticiones presentadas por las organizaciones territoriales.

En lo referente a las irregularidades en la aplicación del derecho penal, sobresale la manera en la que no se ha respetado el debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respecto al debido proceso y el respeto a los derechos humanos

Además de un Código Penal que facilita los procesos de judicialización, hay todo un marco normativo que favorece los intereses del capital nacional y extranjero. Entre ellas sobresale la Ley General de Minería (Decreto 238-2012), la que no obliga a las empresas extractivistas a respetar los derechos humanos de las comunidades.

B. Características y principios de acción de la política de criminalización

Las actuales estrategias de criminalización contienen un carácter contrainsurgente. Dos son sus características principales: acciones encaminadas a debilitar la acción de resistencia y lucha territorial a través de “operaciones de tipo militar, policiales y de inteligencia” y acciones encaminadas a influir en los ánimos de la población, a través de propaganda y campañas de desinformación, estigmatización y desprestigio que funcionan como una especie de “guerra psicológica”que buscan confundir y generar división en las comunidades.

Alrededor de esas dos características se desprenden tres principios de acción sobre los que se materializa la política de criminalización. Principio acción estratégica, busca debilitar/desaparecer el actual proceso de expansión y radicalización de la lucha socioambiental. Principio de acción represivo, el Estado y la empresa intentan imponer el proyecto extractivo a través de la violencia y el uso excesivo de la fuerza. Principio de acción institucional, se instrumentaliza gran parte de la institucionalidad pública para emprender acciones de criminalización y judicialización.

Esos principios de acción tienen grandes implicaciones políticas para el trabajo de defensoría que realizan los defensores y defensoras. Las implicaciones del principio estratégico, las y los defensores son considerados como enemigos políticos que perturban el orden público y atentan contra la seguridad del Estado. Sobre el principio represivo, una de las mayores implicaciones es que los defensores y defensoras son considerados como subversivos, criminales y delincuentes de alta peligrosidad. Y respecto al principio de acción institucional, se promueve un tipo ideal de control social, mediante modalidades represivas que operan como mecanismos de control funcionales a los intereses de las empresas extractivistas.

Las características y los principios básicos de acción, como elementos rectores de la criminalización, están poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los defensores y defensoras, lo cual se evidencia mediante las acciones de represión que se han venido recrudeciendo entre los meses de abril y septiembre del 2019.

C. Principales modalidades represivas

Por modalidad represiva vamos a entender aquellos mecanismos sobre los cuales se llevan a cabo los principios de acción de la estrategia política de criminalización. En el caso de Guapinol y San Pedro, identificamos las siguientes modalidades represivas:

  1. Creación de enemigos públicos y políticos: Estado y empresa han convertido a los defensores y defensoras en enemigos públicos, sosteniendo que se oponen al desarrollo de las comunidades y como personas que perturban el orden público y atentan contra la seguridad del Estado.
  2. Vigilancia individual y colectiva: Como manifestación de la persecución política, los defensores y defensoras son vigilados constantemente en el plano individual (labores diarias) y en el plano colectivo (quehacer organizativo).
  3. Vigilancia comunitaria: En el afán de mantener el control y generar miedo en las comunidades, las fuerzas policiales y militares realizan constantemente patrullajes por las comunidades Acciones que buscan infundir miedo y terror hacia los pobladores.
  4. Intimidaciones: Se han manifestado a través de hostigamiento, amenazas persecución, ataques y atendados, como mecanismos de advertencia que busca que los defensores y defensoras desistan de sus acciones de defensoría (el derecho a defender derechos).
  5. División y enfrentamientos en las comunidades: Ante la solidez y legitimidad de la organización territorial, las empresas emprenden acciones orientadas a generar división en las comunidades, por ejemplo, la conformación de grupos armados.
  6. Represión policial y militar: La violencia y uso de la fuerza como modalidad represiva para contrarrestar los procesos de resistencia territorial, las que en la mayoría de los casos es acompañada por los guardias de seguridad de la empresa minera.
  7. Acoso hacia las mujeres:  Las mujeres participan activamente en acciones de defensoría y cumplen un rol estratégico en el actual proceso de lucha territorial. Eso ha conllevado a que las fuerzas policiales y militares, viertan expresiones (intimidación, sexuales) que ponen en peligro su vida y labor de defensoría.
  8. Uso indebido del derecho penal: Procesos de persecución penal que no respetan el debido proceso y violentan los derechos humanos de las y los defensores.
  9. Asesinatos selectivos: Cuando las anteriores modalidades represivas no logran apagar las voces de las y los defensores, se opta por poner en práctica el asesinato selectivo de líderes territoriales.

Estas modalidades represivas son mecanismos de control social que en el corto plazo buscan los siguientes objetivos: desaparecer la actual lucha socioambiental, asegurar la instalación/operación del proyecto minero e infundir miedo y terror hacia otras comunidades del territorio nacional que en el corto plazo intenten sublevarse contra la actual política extractivista.

D. Los actores de la criminalización

Las modalidades represivas son ejecutadas por una serie de actores, los que haciendo uso de la institucionalidad pública son los responsables de la actual infracción de derechos humanos hacia los defensores y defensoras.

El actor principal es el Estado, a través de sus diferentes órganos tales como las secretarías de Estado, Presidencia, Fiscalías, alcaldes y juzgados. La empresa Inversiones Los Pinares es otro actor significativo.

Los miembros de la fuerza pública, la policía y los militares, aunque son parte del Estado, son un actor particular y determinante en este fenómeno, pues actúa con una lógica diferente a la de los demás sectores del Estado, priorizando el uso de la violencia.

 

III. Estrategias de criminalización presentes en el caso de Guapinol y San Pedro

En el caso de Guapinol y San Pedro están presentes las siguientes estrategias de criminalización:

A. Estrategia política: la protesta social

La protesta social es una forma de reclamo, como una vía no institucional, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional que no está reconocido con ese nombre, pero que está implícitamente reconocido en la libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia, en la libertad de expresión, en la libertad de reunión, en la libertad de opinión y en la libertad de asociación.

Principal objetivo

El objetivo político de esta estrategia de criminalización es debilitar la fuerza creciente de la lucha territorial, inmovilizar las denuncias y demandas de las organizaciones territoriales. De igual forma, se busca mandar un mensaje de terror y temor hacia las comunidades y a todos aquellos territorios que actualmente resisten contra la instalación de proyectos extractivos.

Métodos utilizados

Para criminalizar la protesta social, el Estado e Inversiones Pinares han hecho uso del marco normativo legal existente, han recurrido a las principales instituciones públicas y solicitado apoyo de las fuerzas militares y policiales, además de empresas de seguridad privada, para ejercer acciones de represión de protestas, persecución, intimidación, hostigamiento, vigilancia comunitaria y militarización del territorio.

B. Estrategia de desinformación: estigmatización y desprestigio

Gozar de información objetiva y transparente es un elemento básico para la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la vida democrática. Lo anterior permite la solución de los conflictos mediante mecanismo de diálogo y participación de los actores involucrados, en el marco de la deliberación política, respeto y tolerancia.

Principal objetivo

El objetivo de esta estrategia de criminalización ha sido la estigmatización y desprestigio de los defensores y defensoras de los bienes comunes. Con esta acción ha quedado clara la política de terror que se esconde detrás del proyecto minero, a través de fines concretos: generar rechazo por parte de la población hacia el trabajo de defensoría; desacreditar, discriminar, excluir y exponer de manera pública a los defensores como enemigos del desarrollo y del Estado.

Métodos utilizados

En las sociedades democráticas los medios de comunicación son generadores de opinión pública y el puente sobre el cual llegan los problemas sociales a los representantes del pueblo. En ese marco los conflictos se gestionan democráticamente y la opinión pública abre el debate sobre los temas de fondos que generan los conflictos y expone objetivamente las principales demandas de los actores en disputa.

C. Estrategia mediática: discursos de odio y violencia

Principal objetivo

El objetivo político de la criminalización mediática, ha sido pretender desplazar el tratamiento del conflicto socioambiental hacia lo judicial, como una estrategia de control social por parte del poder dominante. En ese marco, el discurso mediático ha estado orientado en mostrar dos aspectos: la violencia y el temor de alterar la paz social, que se le atribuye a la protesta social y a las acciones del movimiento socioambiental.

La cobertura mediática del conflicto en Guapinol y San Pedro han estado marcadas por una presentación de carácter violenta, construyendo una imagen del conflicto “callejero y vandálico”, obviando el tema de fondo: la cancelación de la concesión minera y los impactos ambientales. La segunda vía, mediante un discurso mediático que se trasmitió a través de columnas de opinión, notas periodísticas, programas televisivos y noticieros con mensajes que hacían referencia al caos, desorden y alteración de la paz social y obviando los planteamientos y demandas de las comunidades.

Métodos utilizados

Para la criminalización mediática se ha movilizado a algún sector de los medios de comunicación al igual que al sector privado empresarial, el que mediante sus discursos y posicionamientos han profundizado la criminalización mediática.

D. Estrategia de persecución penal: la judicialización y cárcel

El derecho penal cumple con la función de proteger a la sociedad de sí misma, mediante la aplicación de una serie de leyes que regulan la vida del hombre en sociedad. En el derecho penal la aplicación de la ley no es arbitraria ni antojadiza ya que se encuentra regulada por una serie de principios:  la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respecto al debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Principal objetivo

La criminalización encuentra su punto político más alto en el tema de la judicialización de defensores y defensoras. En el caso de Guapinol y San Pedro, se ha caracterizado por violentar los principios básicos del derecho penal y por la manipulación del sistema de justicia penal. Entre los aspectos más importantes podemos mencionar: la imputación de delitos (asociación ilícita, incendio agravado, usurpación), la realización de audiencias en juzgados de competencia nacional (ventilan casos de crimen organizado) y por la construcción de pruebas falsas por parte del Ministerio Público.

El objetivo detrás de esta estrategia de criminalización ha sido impedir el ejercicio legítimo de los defensores y defensoras al derecho a defender los derechos humanos y desacreditar las causas que motivan el ejercicio de resistencia territorial.

Métodos utilizados

La CIDH establece que el principal método utilizado es el derecho penal, en el que se presentan una serie de actores estatales que intervienen en el proceso, como legisladores, jueces, fiscales, ministros, policías y militares. También intervienen actores no estatales como las empresas privadas nacionales y guardias de seguridad privada.

 

IV. Demandas al Estado y recomendaciones al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa

Se le demanda al Estado de Honduras que asuma su responsabilidad política y le dé respuesta a las causas de fondo que han generado el conflicto socioambiental en las comunidades y los actuales procesos de criminalización, judicialización y asesinatos.

Primera demanda. La derogación del Decreto No. 252-2013, que reduce la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera y la cancelación de los permisos de operación a Inversiones Los Pinares para las concesiones ASP1 y ASP2.

Segunda demanda. Reconocer públicamente el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho. De igual forma, velar por que los tipos penales la legislación estén formulados de manera conforme con el principio de legalidad.

La tercera demanda. Abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores y que sugieren que así como las organizaciones de derechos humanos, actúan de manera indebida o ilegal solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos.

La cuarta demanda. El Estado debe asegurar que el Sistema de Justicia trámite diligentemente las denuncias interpuestas por defensores y defensoras, con el objetivo de judicializar a los actores responsables de generar el conflicto en las comunidades en resistencia. De igual forma, investigar los asesinatos ocurridos en el marco del conflicto.

La quinta demanda. El Estado, mediante los entes encargados, debe de promover la cultura de diálogo y respeto a través de acciones vinculantes encaminadas a detener las actuales campañas de estigmatización y desprestigio promovidas desde los diferentes espacios de generación de información y opinión pública.

A continuación, se proponen una serie de recomendaciones al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, con el objetivo de fortalecer el actual proceso político y legal contra la criminalización de las y los defensores.

Primera recomendación. El reciente encarcelamiento en “La Tolva” de los 8 defensores del agua y vida, obligan al Comité de Bienes Comunes realizar un replanteamiento estratégico de su lucha y consolidar las redes de apoyo al conflicto. El replanteamiento puede girar en tres vías: organizativo-estratégico, hegemónico- político y colectivo-mediático.

  1. Organizativo- estratégico: es importante promover espacios de encuentro y articulación entre las distintas organizaciones territoriales y organizaciones que acompañan el actual proceso de lucha socioambiental en Honduras. Obtener “consenso crítico” sobre los actuales retos y desafíos que enfrentan las organizaciones territoriales es el punto de partida para pensar acciones nacionales orientadas a frenar la ola creciente de criminalización, judicialización y asesinatos.
  2. En lo hegemónico-político: es pertinente unificar en una propuesta global todas las reivindicaciones, o al menos las más urgentes para todos, con el objetivo de establecer agendas hegemónicas de lucha en común orientadas a darle respuestas a las causas de fondo que generan las actuales políticas de criminalización contra las y los defensores de los bienes comunes en el país. El “consenso hegemónico”, orienta las acciones políticas y permite el logro los objetivos trazados en cada uno de los procesos de resistencia territorial.
  3. En lo colectivo-mediático: la acción política debe de trascender el carácter vanguardista y coyuntural, sino que debe de enfocarse en los problemas de fondo que generan las actuales políticas de criminalización y judicialización. Las autonomías políticas fragmentan y las fragmentaciones aíslan las luchas, es por ello que es necesario la constitución de un solo bloque social que actúe colectivamente: solos y aislados lo mediático es débil.

Segunda recomendación. Ante el actual “Estado de excepción”, producto de las actuales políticas extractivistas, es de suma importancia la construcción de redes comunitarias de vigilancia, resguardo y cuidado, orientadas a preservar la vida y la integridad física de las y los defensores que actualmente se encuentran en riesgo y peligro de ser asesinados.

Tercera recomendación. Reforzar el actual proceso de incidencia política que se realiza a nivel nacional e internacional, como un móvil encaminado a presionar al Estado para que tome medidas políticas vinculantes encaminadas a darle respuesta a los problemas de fondo que han generado el conflicto y el actual proceso de criminalización.

Cuarta recomendación. Es de suma importancia darle mayor fuerza y consistencia a la acciones políticas y legales encaminadas a detener los principales actores que promueven las distintas estrategias de criminalización presentadas en el actual conflicto, como medida de presión orientada a disminuir los riesgos que presentan las y los defensores en su trabajo de defensoría.

AnálisisCoyuntura – CESPADGuapinol

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/coyuntura-desde-los-territorios-que-estrategias-utiliza-la-empresa-minera-para-criminalizar-a-las-y-los-defensores-del-agua-en-guapinol-y-san-pedro/?fbclid=IwAR3rDUJofz5LPghKUtq-njAJH0vlto3uCelbvqrOZWRNJPWHCStdwnM7XPA

Honduras

137 concesiones mineras y de energía invaden territorios indígenas en Honduras

Cerca del 20 por ciento de las concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburos en Honduras se encuentran en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.
Comunidades Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis, Lencas, Tawahkas y garífunas han sufrido criminalización, judicialización, despojo y asesinatos de algunos de sus líderes que demandan el respeto a la consulta por la masiva instalación de de proyectos extractivistas y la inexistencia de títulos de tierras ancestrales.
Para el director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora, el procedimiento para la instalación de los proyectos extractivistas y la resistencia de los pueblos, “siempre es [de] la misma manera”, es decir “el Congreso Nacional da una licencia una concesión sin hacer ninguna consulta a los Pueblos Indígenas o a las comunidades, luego las municipalidades dan un permiso de operaciones también inconsulta, y luego la comunidades se organizan, hace resistencias, pero después la empresa privada presenta las denuncias ante el Ministerio Público”, criminalizando a los defensores.
En el informe “Territorios En Riesgo II”, presentado en abril de este año, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) expone el estado de las concesiones solicitadas y otorgadas hasta el 2018, el área total destinada para la extracción minera podría aumentar en un 400%, pasando de 75,125 hectáreas (ha) en explotación actual a 375,165 ha potencialmente.
El documento indica que las y los defensores del ambiente y de los derechos humanos son atacados y criminalizados por el Estado y por las fuerzas de seguridad privada, especialmente en zonas rurales, donde la pobreza es más grave y cuyas poblaciones dependen de las tierras agrícolas, de los bosques y de las fuentes de agua para su subsistencia, donde la agricultura es el principal motor de los ingresos y los empleos rurales, a pesar de sus bajos salarios.
¿La consulta previa?
El Estado de Honduras ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1995, sin embargo, en el año 2016 presentó una propuesta de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que trabajo en conjunto con Naciones Unidas, propuesta que fue rechazada por algunos pueblos indígenas y afrohondureños.
El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH), conformada por representantes de seis de los nueve pueblos indígenas: maya chortí, lencas, pech, miskitus, tolupanes y garífunas, en el que trabajaron conjuntamente y de manera unánime rechazaron la propuesta del anteproyecto de Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), impulsado desde el gobierno.
“Territorios En Riesgo II” indica que la superposición con las tierras de los pueblos indígenas en particular puede indicar una violación de los derechos de los indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
También señala que “con frecuencia, los Estados de la región adoptan decisiones sin consultar, afectando a los referidos pueblos, lo que propicia conflictos sociales y agudiza la desconfianza hacia sus gobiernos”.
Sobre la consulta previa y en el marco del el Foro Regional contra la Minería, la líder garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Mirian Miranda, expuso “el gobierno a través de la Republica de Honduras dice que los pueblos indígenas no tenemos derecho a veto es a decir que no, eso es vergonzoso, pero a lo que tenemos derecho es a la libre determinación que son cosas diferentes a tomar las decisiones en nuestros propios territorios nuestras propias comunidades, las comunidades pueden ejercer la autonomía y la resistencia”.
La consulta previa en el marco de la propuesta de Ley de Consulta Previa Libre e Informada introducida recientemente por el Poder Ejecutivo, -añadió- “es únicamente para legalizar una institucionalidad corrupta y además asesina porque son los responsables de todo lo que están haciendo en nuestras comunidades por eso hemos dicho el Estado es el responsable del asesinato de Berta Cáceres y lo vamos a seguir diciendo”, sostuvo.
“En el caso de Honduras las empresas llegan directamente a las comunidades son las que llevan en algunos lados comida y vienen y traen a la gente para que peleen, se están peleando los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo y están usando los medios de comunicación para eso, cosas que debe garantizar el Estado lo pone en manos de empresas corruptas igual a ellos, y por eso es que nosotros tenemos que arreciar la lucha tenemos que fortalecernos porque vienen cosas difíciles para este país”, puntualizó.
Lencas y Tolupanes, los más afectados por concesiones mineras
En Honduras hay 101 concesiones mineras con intersección con territorios habitados y reconocidos por los pueblos Indígenas y afrodescendientes. De estas, hay 47 concesiones de pequeña escala clasificadas como «artesanal», «banco de préstamo» o «pequeña minería», indica el documento.
Igualmente, hay 54 concesiones y reservas mineras de mayor escala dentro de tierras indígenas y afrodescendientes. De estas, 8 están en estado de explotar, 33 en explorar, incluyendo 2 zonas de reserva minera y 26 en solicitud.
Es decir, si todas las concesiones en estado de exploración, solicitud y suspenso se suman a las concesiones en explotación, se vería un aumento del 575% de minas en tierras indígenas y afrodescendientes.
En cantidad de concesiones, el pueblo indígena lenca se ve más afectado, tiene 34 concesiones en territorios designados lencas y otras 23 en zonas multiétnicas, aledañas a tierras lencas.
Por su parte, María Felicita López, coordinadora de Género del Movimiento Indígena Lenca de la Paz Honduras MILPAH, “uno de los principios de defender el territorio es porque nuestro derecho otra porque el territorio sin la tierra y sin el agua no tendríamos vida, son territorios ancestrales y por ello nos corresponde”.
María agregó “MILPAH busca es declarar a los municipios libres de proyectos extractivistas y que también la gente tome conciencia de los efectos que traen los proyectos porque estos entran con mentiras con regalías, que van a haber centros de salud mejorados, mejor acceso a carreteras, empleos para los pobladores, sabemos que es una mentira porque después de eso hay contaminación y enfermedades para las mujeres los niños y los jóvenes. Eso ya lo tenemos comprobado hemos pasado experiencias con otros lugares, otros departamentos de Honduras y fuera de Honduras, donde ya están los efectos de las mineras y de las hidroeléctricas y las eólicas. Como MILPAH estamos contra esos proyectos, no estamos en contra del desarrollo del municipio, sino contra las injusticias que se dan bajo el engaño y el saqueo de los territorios”.
El pueblo tolupán también se ve también afectado, ya que cuenta con menores extensiones de tierra, pero tiene 24 concesiones, de las cuales 16 son de mayor escala.
Por otra parte, en el inciso 8.2. denominado Generación de energía eléctrica, indica que hay 36 proyectos de generación de energía eléctrica dentro de tierras indígenas y afrodescendientes, de las cuales 32 son proyectos hidroeléctricos, 2 son proyectos eólicos, 1 de biomasa y 1 fotovoltaica.
En resumen, la mayoría de los proyectos hidroeléctricos se encuentran en territorio lenca o multiétnicos aledaños al territorio lenca. El único proyecto de biomasa es la planta AZUNOSA, ubicada en tierras del pueblo tolupán. Y el único proyecto fotovoltaico, la planta Nacaome de la empresa SOPOSA, se encuentra en el extremo sureste de las tierras del pueblo lenca.
También refleja que de los proyectos hidroeléctricos en construcción, aprobados, en proceso y en estudio, llegan a operar, se vería un aumento en un 300% el número de proyectos en tierras indígenas.
Otro de los conflictos que se avecinan en tierras indígenas son las concesiones en el tema de Hidrocarburos en el territorio miskito, sobre los Cayos Miskitos y territorio garífuna mar adentro de la Laguna de Bacalar (Walumugu, en lengua garífuna).
Sin embargo, en el marco de la 105 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), responsable del seguimiento al Convenio 169, el Estado hondureño señaló que se “socializó” el proyecto de exploración de parte de la compañía internacional Shell, que adquirió a British Gas (BG) como un proceso modelo de consulta libre, previa, e informada.
El documento señala también que “en la zona marítima de La Mosquitia, a efecto de realizar el proceso de exploración de hidrocarburos, se adoptó un proceso de consulta durante el período comprendido de septiembre a noviembre de 2013, donde se realizaron diez (10) asambleas de consulta con los consejos territoriales de La Mosquitia”. Asimismo lo declara en el informe la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) 2018.
En respuesta a su solicitud de información con registro SOL-SEDIS-62-2019 del 15 de junio del presente año y recibida a través del Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO), Conexihon recibió a través de Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) la información que hace constar que solamente tres proyectos han formado parte de los acompañamientos de esta institución en el marco de los procesos de consulta previa, ninguno de ellos corresponde a la aprobación de la concesión por hidrocarburos.
En cambio, la OFRANEH, representando comunidades garífunas aledañas a la concesión, denunció que la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), hoy Mi Ambiente, “envió una nota a nuestra organización de fecha 5 de agosto del 2013, con el propósito de iniciar la supuesta socialización a la cual denominaron consulta.
Previamente, el 27 de mayo del mismo año, SERNA hizo público el contrato con BG”, el cual fue aprobado en el congreso el 18 de junio como Decreto 90-2013 y entró en vigor a partir de su publicación en el Diario la Gaceta el 25 de junio de 2013. La OFRANEH además ha manifestado graves preocupaciones por los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto.
Relacionado con el conflicto político y de los territorios indígenas y afrodescendientes, por la poca participación y transparencia. Las organizaciones indígenas prevén que, a partir de la explotación, podrían surgir otros conflictos relacionados con los nuevos migrantes a la zona costera, por contaminación provocada por las actividades y por la construcción de la infraestructura para el transporte de los derivados de petróleo.
Dado que en 2019 se cumplen seis años de la concesión para exploración (el período máximo que permite la Ley de Hidrocarburos), se espera una divulgación de los resultados de estas actividades. Dependiendo de estos, las empresas AziPetrol/Caribx podrán especificar un espacio para explotación (máximo de 50% de lo que se otorgó para la exploración), lo cual generará debate y oposición.
Criminalización y violencia por la defensa de los territorios
El 1 de marzo de 2019, más de 40 comunidades de Honduras que enfrentan conflictos por proyectos extractivistas, se declararon el jueves en “estado de alerta” ante el asesinato de dos dirigentes Tolupanes y el encarcelamiento de 12 defensores de la tierra en el sector de Guapinol, en el departamento de Colón, que luchan contra una explotación minera que amenaza el suministro de agua en la región.
Los más de 200 delegados de estas comunidades de 12 departamentos, aseguraron que el crimen de los Tolupanes, Salomón y Juan Samael Matute y el enjuiciamiento y arresto de los pobladores de Guapinol, es producto de “decisiones autoritarias” del gobierno de Juan Hernández “que complace sin límites” a compañías transnacionales y nacionales entregándoles territorios y recursos naturales.
La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), advirtió en un pronunciamiento que la persecución de los defensores de la tierra y el ambiente “ha sido histórica, pero en estos momentos arrecia de tal forma que toda la institucionalidad del Estado manifiesta su intención de desaparecer el movimiento ambientalista y toda organización o articulación social que se oponga a los negocios del mandatario de la República y sus grupos de poder”.
El 30 de julio, la Organización Internacional Global Witness presentó su informe ¿Enemigos del Estado? En el que destaca “por qué las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, quienes deberían ser consideradas heroínas por proteger a sus comunidades y a los ecosistemas, son asesinadas, arrestadas e intimidadas de forma rutinaria”.
“Es una ironía brutalmente salvaje: Quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras que las y los activistas son calificados como criminales. Es por eso que este año, Global Witness ha documentado por primera vez el uso y el abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a las comunidades que representan. Al igual que con los asesinatos, las personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales de los países, junto con las instituciones y las organizaciones que existen para protegerlas”, indicaron.
Honduras, con un total de cuatro defensores del territorio asesinados en 2018, ocupa el noveno lugar con cuatro homicidios contra defensores, en primer lugar está Filipinas con treinta homicidios y el número total de asesinatos en el año 2018 fue de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.
Global Witness detalla que existen cinco etapas para criminalizar a los defensores, la primera de ellas: Campañas de desprestigio, seguido de cargos criminales, órdenes de captura, procesos con irregularidades y criminalización masiva, además sugiere según los datos recopilados que estos mismos patrones son ampliamente aplicables a todas las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
La organización internacional “ha documentado sistemáticamente cómo los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia ejercida contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Del mismo modo, están siendo criminalizados por los gobiernos y las empresas con las que éstos se confabulan para silenciar a quienes amenazan sus intereses”.
Para, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que, si bien el proceso puede variar, la criminalización de las personas indígenas tiende a incluir, al menos, uno de los cinco elementos enlistados”.
En el mismo informe la organización Global Witness evidenció que en el año 2017 fue atacado como parte de una campaña de desprestigio durante un trabajo que realizó con defensores en Honduras.
Asesinatos, la máxima muestra de violencia
Según los registros, en Honduras han sido asesinados más de 120 ambientalistas, entre ellos se encuentran los datos de los siguientes que representan a los pueblos indígenas y afrohondureños de Honduras:
El asesinato en el año 2015 de Berta Cáceres líder de COPINH, luchaba con el pueblo lenca por el contrario proyectos que afectaban el pueblo indígena al que representaba en toda Honduras especialmente en el departamento de Intibucá. Hasta la fecha se encuentran detenidos los actores materiales sin embargo su familia y compañeros de lucha exigen la detención y juicio contra los autores intelectuales.
En 2016, el Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH) con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denunció la escalada de terror, despojo de territorialidades y persecución tras el asesinato de 20 defensores del territorio, dirigentes del municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz.
En los últimos seis años el Congreso Nacional concesionó a la actual presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López, conocida como la “la dama azul” más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas, sin consulta previa, para la construcción de hidroeléctricas y 10 concesiones mineras en ese departamento.
En 2015, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunció también Javier Vásquez Benítez, integrante del Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz – Honduras (MILPAH) en un contexto de conflictividad social por la oposición de MILPAH y de otras organizaciones a la concesión de proyectos hidroeléctricos en su territorio por parte de las autoridades hondureñas. Vásquez era hijo de Gilberto Vásquez, presidente del Consejo Indígena de la comunidad de Gualinga, en el municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz, y sobrino del Felipe Benítez, actual presidente de MILPAH.
A esto se suma otro asesinato cometido contra Silvestre Manueles Gómez fue encontrado desmembrado en la orilla del Río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz, todos asesinados el mismo año en diferentes fechas.
La indefensión ha golpeado duramente a defensores, periodistas y operadores de justicia «amparados» en el Mecanismo Nacional de Protección en Honduras. A inicios de 2019, el asesinato de dos indígenas tolupanes por defender el bosque en la Comunidad de San Francisco Locomapa, Yoro beneficiados de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no pudieron ser implementadas por el Estado, pese a haber sido otorgadas hacía seis años atrás.
En el 2015, también se reportó el asesinato de cuatro indígenas Tolupanes de la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Tres años antes, el 25 de agosto de 2013, tres integrantes de con arma de fuego, las víctimas fueron: María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales, el asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad, testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región.
Por su parte, Ramón Matute, indígena tolupán de la tribu San Francisco Locomapa, expresó a Conexihon “Nosotros hemos venido denunciando las amenazas, el saqueo, las muertes que existen en la Tribu de San Francisco nosotros a partir del 2008 hemos visibilizado más las denuncia es donde todo mundo conoce de nuestra lucha de nuestro título ancestral, hemos tenido tanta discriminación por parte del Estado en este momento nos tiene peleando entre tribus porque el Estado eliminó nuestro título ancestral esta es la causa de que el Estado nos está matando a través de los empresarios por nuestra madera nos están asesinando, asesinaron a mi padre, a mi madre y a mi hermano no existen ni ordenes de captura para los hechores materiales mucho menos para los intelectuales”.
En junio del presente año Matute junto a otros compañeros Tolupanes fueron acusados por el Estado de obstaculizar un plan de manejo y daños al Estado de Honduras, Matute, finalizó “Como es posible que el Estado este haciendo lo que está haciendo con la tribu Tolupán donde la constitución nos ampara en el artículo 336 que el Estado debe de protegernos y que es lo que está haciendo criminalizándonos solo por defender el título ancestral”.
La apuesta por titulación de tierras ancestrales
En el oriental departamento de Gracias a Dios, donde se ubica la exuberante zona conocida como La Mosquitia hondureña, es habitada por tres de los nueve pueblos indígenas, iniciaron una apuesta por la titulación de tierras ancestrales, como parte de un nuevo proceso de control territorial, frente a los procesos extractivistas, entre los que cuentan la llegada de “terceros”, es decir personas extrañas a las comunidades indígenas.
De acuerdo con Elsser Brown, representante del pueblo misquito y técnico de la organización Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI), una organización tiene 34 años de existencia en la Mosquitia, “el proceso de conflicto que se tiene en la titulación de las tierras ancestrales casi no ha cambiado nada y eso es una debilidad un desafío una tarea pendiente”.
“Lamentablemente, pese a que la titulación colectiva en los Consejos Territoriales fue un proceso de participación activo, muy poca gente lo conoce. Me atrevo a decir que un 15 o 20 por ciento de la población ha escuchado el contenido del título. Si lo lee dice qué le transfiere el patrimonio a las comunidades descritas en armonía con la legislación nacional, pero que pero no te las doy completamente, es decir hay como cuatro candados jurídicos que no permite transacciones sobre la tierra, es decir como particular no soy dueño de ese terreno, le pertenece al Consejo Territorial y entonces no puedo vender mi terreno no puedo embargar, ni hipotecar, no puedo hacer nada sobre ese terreno, no puede ser garantía de un préstamo. Aunque el propósito es asegurar que la generación futura tenga tierra y que no vaya a caer a mano de gente ladina o alguna empresa, en la práctica no hay saneamiento de las tierras en manos de terceros”.
Para Jorge Hilton, líder del pueblo indígena Pech, en la casi olvidada zona de Las Marías, de este departamento, pese a las titulaciones colectivas “bastantes personas han entrado sin consultar a la comunidad, de repente llegó una familia e hicieron una cadena, porque llegó una persona y después trajo el hermano y a otros cinco sin consultar”.
“Ellos entraron buscando tierras y nosotros como personas nativas nosotros conservamos la reserva y el área verde. Desde que empezaron a entrar subió la venta de terrenos, ellos mismos de la riqueza de los pech se hacen ricos”, lamentó.
Otro de los pueblos indígenas ubicados en La Mosquitia hondureña son los Tawahkas, en representación de este habló con Conexihon, Morelys Salinas Agüero, procedente del municipio de Krausirpi, representante del consejo indígena  Federación Indígena Tawaska de Honduras (FITH), dijo “vivimos en cuatro comunidades pertenecientes del pueblo, la ubicación estamos y geográficamente en el departamento de Olancho y de Gracias a Dios”.
Salinas agregó “es un pueblo étnico y tenemos la parte de legalidad jurídico y nosotros participamos como cualquier consejo territorial y la diferencia es que todavía no estamos con la personería jurídica y que legalicen el territorio”.
Salinas, manifestó sobre el arribo de personas no allegadas a su pueblo indígena “había una cultura qué puede ser cualquier persona tenía que consultarlo con los ancianos, al alcalde auxiliar y a los patronatos ya que nuestras comunidades hace muchos años no hay puestos policiales”.
“A ellos se les dice de dónde son y qué andan haciendo y de qué organización vienen. Bueno anteriormente sí consultaba la gente, pero ahora no quieren respetar a las comunidades y cuando menos lo pensaste está ubicado alguna familia y viene gente extraña pero no hay consulta pero anteriormente”, agregó.
Relatoría en alerta por amenazas a pueblos indígenas
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, visitó Honduras del 29 de abril al 12 de mayo de 2018. La visita tenía como principal objetivo evaluar la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en el país.
En el informe realizado por dicha visita dice textualmente en el numeral 45 sobre los defensores de los Pueblos Indígenas “las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y sus recursos naturales, a la lucha contra el racismo y la discriminación, así como a la reivindicación de sus derechos económicos, sociales y culturales y de acceso a la justicia. Los defensores y defensoras indígenas de los pueblos lenca, maya, tolupán, garífuna, nahua, pech tawahka y miskito se enfrentan a menudo a la muerte, criminalización, estigmatización, acoso judicial y discriminación por su lucha por los derechos de sus pueblos”.
Fuente:http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/1212-137-concesiones-mineras-y-de-energia-invaden-territorios-indigenas-en-honduras?fbclid=IwAR12V4_CJn1Gg9ZobI4I4d3m1A1XtYuRhezMeeQ1drtfXQvmoSS0scxPbE4
Honduras

Municipios de La Paz se suman a declaratorias de zonas libres de minería e hidroeléctricas

Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. Los pobladores y pobladoras han comprendido, porque lo viven día a día, que los bienes comunes de la naturaleza representan la vida de está humanidad cada vez más devastada ambientalmente.

A pesar de la criminalización y persecución que el Estado hondureño ha montado contra los luchadores y luchadoras que defienden el medio ambiente, las comunidades organizadas de varios municipios del país continúan con el proceso para evitar que estos proyectos de muerte se instalen y acaben con sus bienes naturales.

En el país más de 45 municipios, en las distintas regiones han realizado declaratorias contra los proyectos mineros e hidroeléctricos.

La declaratoria más reciente se realizó en el municipio de Santiago de Puringla en el departamento de La Paz, a través de un cabildo abierto donde decenas de comunidades indígenas lencas dijeron: No a los proyectos mineros e hidroeléctricos. La decisión se ratificará a través de una consulta que se desarrollará en los meses próximos.

Félix Vázquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo UTC, asegura que el cabildo abierto fue convocado por las organizaciones campesinas e indígenas, en el mismo se movilizaron al menos 2,000 personas de las diferentes comunidades.

Dijo que, la consulta soberana se realizará posiblemente en enero porque durante el tiempo restante se trabajará en una propuesta que será consensuada con todas las comunidades.

El líder comunitario dice que la iniciativa de la declaratoria surge a raíz de las intenciones que tiene una empresa minera de instalarse en la zona, asimismo, existe la amenaza de construir represas hidroeléctricas en los principales ríos que abastecen de agua a las comunidades.

 

Guajiquiro

Cansados que sus recursos naturales sean entregados a manos de empresarios y políticos de la zona, al menos 45 comunidades presionaron a las autoridades municipales de Guajiquiro, La Paz, para declarar al municipio libre de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Julián Mendoza representante del Comité para la Protección de la Microcuenca Cancire, dice que en la zona la diputada Gladys Aurora López, a través de su empresa “Inversiones Aurora”, ha intentado convencer a las comunidades para instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico, en una de las principales fuentes de agua del municipio.

Agregó que, aunque ya ha quedado plasmado en actas municipales que se prohíben las concesiones en el municipio, las comunidades y organizaciones continuarán con el proceso de organización.

La Paz es uno de los departamentos con mayor cantidad de municipios que se han declarado libres de proyectos mineros e hidroeléctricos.

 

Campaña de estigmatización

Las comunidades indígenas Lencas del departamento de La Paz enfrentan una oleada de conflictos generados por la defensa de sus territorios amenazado constantemente por el gran capital que, en nombre del desarrollo, busca despojarlos de sus bienes comunes.

En la zona continúa imparable la persecución, criminalización y las campañas de desprestigio contra los defensores y defensoras del ambiente.

Martín Gómez Vásquez representante del Movimiento Independiente Lenca La Paz Honduras MILPAH, asegura en las últimas semanas, a raíz de la lucha contra la instalación de represas hidroeléctricas, en Guajiquiro, se han incrementado los ataques y las campañas de odio contra líderes ambientalistas.

El líder comunitario asegura que los ataques vienen de gente ligada con los proyectos mineros e hidroeléctricos, liderados por la diputada nacionalista Gladys Aurora López.

Según del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Milpa, son unos 40 conflictos que hasta ahora han documentado, todos relacionados a su defensa de la autodeterminación del Lenca.

Según Global Witness, Honduras es el país más peligroso para defender el planeta. Desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/municipios-de-la-paz-se-suman-a-declaratorias-de-zonas-libres-de-mineria-e-hidroelectricas/?fbclid=IwAR0nXpmWqOxHM0bodOzhKk12OVKCkSJ86lFmPXg4MmISNMZN29Qr6PcuOGE

Honduras

Dictan prisión preventiva a ambientalistas de Guapinol; los remiten a cárcel de Támara

Una jueza con competencia nacional dictó esta noche prisión preventiva por el delito de incendio agravado a siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero, que se construye al margen de la ley en  la comunidad de Guapinol, ubicada en el municipio de Tocoa, Colón.

Los siete pobladores fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” de Támara, Francisco Morazán, tras una intensa audiencia inicial desarrollada en los Tribunales en Materia Antiextorsión de Tegucigalpa.

El director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, que además forma parte de los abogados defensores de los ambientalistas, denunció que el juicio está plagado de irregularidades.

El defensor de los derechos humanos citó entre las irregularidades que el agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Wilmer Márquez, usurpó funciones al realizar labores de «inteligencia» que solo pueden realizarse a través de la Dirección de Investigación Policial (DIPOL). “Lo que queda claro en la audiencia inicial, es que estos agentes para realizar los informes se basan en chismes», dijo Tábora.

Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

Inicialmente los ambientalistas habían sido acusados por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas.

El proceso judicial involucra a nueve personas. Entre las que figura insólitamente, Antonio Martínez Ramos, fallecido el 5 de abril del año 2015 y otro ambientalista que está recluido en el centro penal de La Ceiba, Atlántida. Sin embargo, el requerimiento fiscal del Ministerio Público, presentado en septiembre de 2018, incluye un total de 32 ambientalistas.

El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.

El conflicto ha dejado al menos seis personas muertas y la criminalización de decenas de ciudadanos, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales.

Los defensores han sido arrinconados a los Juzgados con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.

 

Fuente:https://criterio.hn/2019/09/01/dictan-prision-preventiva-a-ambientalistas-de-guapinol-los-remiten-a-carcel-de-tamara/?fbclid=IwAR1qKDGULp2Y7nsU9ssQ0Ye9paYVkGBe5GqOmOTON-47INAstz3hHtuzbWo