Honduras

El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), ante la opinión pública, nacional e internacional,


DENUNCIA
La persecución de que están siendo objeto los líderes y lideresas de muchas comunidades
indígenas y campesinas conque trabajamos, así como del hostigamiento y acciones
sumarias en contra de las y los defensores de Derechos Humanos, especialmente las y los
defensores de la Tierra, Territorios y demás Bienes Naturales.
Abuso Policial y Militar contra las comunidades
1. A partir de la situación de la llegada a Honduras de la Pandemia COVID 19, el gobierno
de la República ha decretado un Estado de Excepción con lo cual han quedado
restringidas a nivel nacional varias garantías constitucionales. Esta situación está
siendo aprovechada por la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado
para incrementar su autoritarismo y atentar contra las organizaciones comunitarias
que buscan alternativas para protegerse de la pandemia, ante la ausencia de
soluciones por parte de algunos gobiernos locales y la misma institucionalidad del
Estado, encargada del combate a la pandemia.
2. En muchas comunidades del país son los miembros de la sociedad civil local, quienes
han conformado equipos de vigilancia y control para evitar el ingreso de personas
extrañas a sus comunidades, ante el peligro de contaminación se prohíbe el ingreso
de personas a la comunidad. El problema se ha presentado cuando algunos miembros
de la policía nacional o militares, quienes portando armas de fuego y vestimenta
militar (aun no estando en horas de servicio), pretenden entrar a pernoctar a sus
comunidades en sus días libres, intimidando y amenazando a los pobladores en los
retenes comunitarios.
3. Todo lo anterior ha provocado altos niveles de confrontación elevándose el nivel de
peligro por amenazas a muerte y /o detención arbitraria de lideres y lideresas,
desencadenando conflictos que ya han ocasionado la muerte de ciudadanos en la zona
norte del país y ataques a ciudadanos indefensos en el municipio de Santa Elena, La
Paz.
Riesgo de las defensoras y defensores de Derechos Humanos
4. Al no permitirse la circulación ni el desplazamiento de defensores y defensoras de
derechos humanos a nivel nacional, y en algunos casos entre los municipios,
organizaciones como CEHPRODEC, CONROA, MILPAH y otras Defensoras de Derechos
Humanos no pueden ejercer la vigilancia y el respeto de los derechos fundamentales
de los pobladores, y sus liderazgos, especialmente de aquellas personas que gozan de
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) y del Mecanismo de Protección Nacional de Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos.
5. En este sentido hemos observado una profundización del autoritarismo policial,
militar y de otros operadores de justicia, quienes se han enfocado en la búsqueda y
persecución de lideres y lideresas perseguidos (as) desde hace varios años por su rol
de defensores y defensoras de los bienes naturales. Para ello podrían estarse
destinando arbitrariamente recursos humanos y económicos que deberían estar
siendo utilizados para satisfacer demandas propias de la emergencia nacional
provocada por la pandemia COVID 19 .
División en las comunidades
6. La actual situación de pandemia reclama la unidad nacional, asi como la unidad de las
comunidades, pero el autoritarismo desatado, especialmente desde los operadores
de justicia y desde algunas corporaciones municipales, mas bien está contribuyendo a
la división de las comunidades. Uno de los factores que mas favorecen esta división es
la politización en la entrega de la ayuda alimentaria de procedencia estatal, la cual
está siendo utilizada por el partido de gobierno para su clientelismo electoral y excluye
sistemáticamente a la oposición social y política.
Por lo anterior DEMANDAMOS URGENTEMENTE
1. Al Gobierno de la República. Otorgar salvoconducto a CEHHPRODEC y las demás
organizaciones de Derechos Humanos se permita poder operar y circular, en medio
de la pandemia con las medidas de protección adecuadas, y así poder contribuir a la
vigilancia y respeto de los derechos humanos en el país.
2. A la Corte Suprema de Justicia. Permitir el acceso de las y los Defensores de Derechos
Humanos a los juzgados de la República para ser garantes de la correcta impartición
de la justicia en un país que ha sido catalogado como uno de los más peligrosos para
quienes defienden la tierra y los territorios.
3. A los operadores de justicia. Cesar en su represión a los liderazgos comunitarios que
solamente buscan organizarse y protegerse frente a la Pandemia, en el marco de una
permanente desprotección y orientación por parte de las municipalidades y la
institucionalidad del Estado.
4. A la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Jueces, Fiscalía. El Cese de las arbitrariedades
en contra de los liderazgos comunitarios y de las y los defensores de Derechos
Humanos. Esta demanda es a nivel nacional pero lo hacemos con mucho mayor énfasis
en los departamentos de La Paz, Comayagua, Yoro y Olancho.
5. Al Mecanismo Nacional de Protección y a la OACNUDH, garantizar la veeduría y
protección de las y los defensores de Derechos Humanos en Honduras, especialmente
a todos los que gozan de medidas cautelares de naturaleza nacional e internacional.

Tegucigalpa, 5 de mayo de 2020

Honduras

La vida de los defensores de agua y tierra presos en situación de riesgo durante la emergencia COVID 19

International Allies
La liberación de los defensores de agua siete presos injustamente por el gobierno de Honduras se ha convertido en un campo de batalla clave para el Comité para la Defensa de los Comunes de Tocoa, una organización local que ha llevado la lucha contra un proyecto minero de propiedad de Inversiones Los Pinares en el conflictivo región del Bajo Aguán de Honduras. En octubre de 2018, los residentes y agencias de noticias alternativas informaron el despliegue de más de mil quinientos militares y patrullas de la policía del gobierno de Honduras armados con tanques y armas pesadas para desmantelar por la fuerza un campamento comunitario establecido por los residentes locales para prevenir operaciones de la mina. Una siguiente campaña de relaciones públicas dirigida por políticos locales, medios de comunicación corporativos y hombres de negocios contra los defensores del medio ambiente dio lugar a la acusación de los 32 miembros del Comité por cargos falsos de secuestro, robo y incendio agravado – esos cargos fueron posteriormente pasaron a asociaciones ilícitas contra el Honduras estado y pueden llevar a penas de cárcel excesivas bajo las leyes antiterroristas. El primer 12 de los 32 acusados que informó a los tribunales por su propia voluntad se borran después de que el equipo de defensa legal señaló a numerosas inconsistencias en la evidencia y violaciónes del derecho al debido proceso.
Un segundo grupo de siete activistas se presentaron a los tribunales en agosto de 2019, pero esta vez, el juez transfirió el caso a un tribunal militar, donde se permitió que la demanda de proceder y se le negó la fianza para los acusados. Aunque el juez ordenó a los demandados que se celebraran en una prisión de seguridad media, más cerca de sus familiares, que fueron enviados ilegalmente a una prisión militar conocido como “La Tolva”, diseñada para mantener a los criminales de alto perfil, los terroristas y los narco traficantes. Desde entonces, una campaña internacional está aumentando para que los acusados sean juzgados en libertad y desestimar los cargos. La campaña, que hasta ahora ha incluido peticiones internacionales firmados por cientos de organizaciones, las cartas de los legisladores europeos y movilizaciones nacionales no han tenido éxito para que los presos sean puestos en libertad, sin embargo, las circunstancias de emergencia actuales tienen a miembros de la familia preocupados por el contagio potencial debido a la superpoblación, prohibida visitas y la falta de servicios médicos para los internos.
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Honduras

The Nation: Las guerras mortales por el agua en Honduras

Por: Jared Olson
En el exuberante valle del Bajo Aguán, los sucesivos conflictos por la tierra y el agua han dejado más de 150 personas muertas. Y la lucha no ha terminado todavía.

La mina no se puede alcanzar desde la puerta del camino, que está custodiada por soldados que llevan M-16 y un capataz con casco y una escopeta en el pecho.

Así que, si quieres ver el enorme complejo de extracción de minerales que se está construyendo aquí en el exuberante valle del Bajo Aguán de Honduras, tienes que pasar por Guapinol, una de las aldeas que muchos temen que la mina envenene. Se asciende por un sendero de rocas cubierto de barro, pasando por una línea de alambre de púas para llegar a un terraplén de hierba. Desde allí, se pueden ver las excavadoras, los camiones, las hileras de pilotes de hormigón y el enorme agujero marrón raspado de los verdes suelos del valle. La mina, cuya fábrica de procesamiento de óxido de hierro será la más grande de América Central, aún no ha sido construida. Pero ya se está derramando sangre sobre ella.

«Vivimos con miedo todos los días», dice Reinaldo Domínguez, un residente de El Guapinol, mirando a lo lejos la obra en construcción.

Aquí, en el corazón del Parque Nacional Carlos Escaleras, en la cabecera de docenas de ríos, se está desarrollando un mortal conflicto por el agua entre la oligarquía local, que intenta extraer el mayor valor posible de esta zona, y los habitantes de las pequeñas aldeas del valle, que dependen de los ríos para gran parte de su sustento y su vida. Esta tampoco es la primera vez que estas dos fuerzas se enfrentan en el valle. Más bien, este conflicto es una continuación de más de 25 años de sangrientas luchas entre los gobernantes de facto del valle y la gente que vive bajo ellos.

En sus enormes desigualdades de riqueza y disparidad en la propiedad de la tierra, Honduras no se diferencia mucho del resto de América Latina, su oligarquía de la era colonial impulsada indirectamente por la ayuda financiera y militar de más de un siglo de gobiernos estadounidenses. Con su fortuna económica estrechamente vinculada a los precios del banano en la primera mitad del siglo XX y a los productos agrícolas como la carne de vacuno y el café en esta última, Honduras se convirtió en un país que apoyaba a un pequeño grupo de ricos propietarios de plantaciones a espaldas de un grupo mucho mayor de trabajadores mal pagados. Esta situación se vio sacudida en cierta medida por la presidencia de Manuel Zelaya, que tras su elección en 2006 dio un giro en sus políticas hacia la izquierda. Pero el breve coqueteo del país con las políticas progresistas llegó a su fin en 2009, cuando un golpe militar derrocó a Zelaya. Desde entonces, la impunidad por los crímenes corporativos no ha hecho más que aumentar y la violencia utilizada para perpetuar la desigualdad se ha disparado.

Uno de los primeros campos de batalla después del golpe fue aquí en el valle del Bajo Aguán. En los años 90, beneficiándose de las medidas de ajuste estructural lideradas por el FMI y en un entorno en el que los activistas campesinos estaban siendo asesinados o desaparecidos, Dinant, una corporación hondureña de bienes de consumo fundada por Miguel Facussé Barjúm, había logrado comprar la tierra a los campesinos para construir una enorme plantación de palma aceitera africana. Durante los años noventa y principios de la década de 2000, los campesinos sin tierra habían llevado a cabo una constante campaña legal y burocrática para recuperar 28 fincas que habían sido tomadas por Dinant, sin éxito. Poco después del golpe de Estado que derrocó a Zelaya, los campesinos decidieron reasentar ellos mismos las tierras, trasladándose a edificios abandonados y estableciendo campamentos en sus antiguas tierras. Esto no le sentó bien a la oligarquía local asociada a Dinant, y la violencia comenzó casi inmediatamente después.

Entre 2010 y 2014, más de 150 campesinos fueron asesinados o «desaparecidos», y más detenidos, en un conflicto que enfrentó a los residentes del valle con el ejército hondureño, la policía local y los guardias de seguridad privada fuertemente armados, que a menudo trabajan en grupos, según el informe de The Guardian. El Aguán fue testigo de una forma de guerra de baja intensidad: Hubo acusaciones de tortura, se quemaron aldeas y se desplegaron más de 8.000 soldados en el valle.

A finales de 2013, los Facussésy sus aliados decidieron ampliar sus inversiones aprovechando una medida ejecutada apresuradamente para redimensionar las tierras protegidas en la Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, en el corazón de las montañas inmediatamente al sur del valle. La Empresa MineraEMCO había estado presionando para obtener una concesión minera en la región desde abril de 2013. Carlos Escaleras, con sus crestas oscuramente dentadas que se ciernen sobre el Aguán, se encuentra en el corazón de la cuenca hidrográfica de la región, la fuente desde la cual docenas de ríos se vierten hacia el norte a través de fértiles mesetas agrícolas hasta el Mar Caribe.

El proyecto, que se preparaba para construir una mina ecológicamente catastrófica que podría destruir los medios de vida agrícolas de los campesinos que viven en el valle, fue encabezado por personas de la misma familia que controlaba la corporación Dinant cuando esa empresa estaba presuntamente involucrada en los asesinatos del conflicto de tierras.

«Es la misma gente que dirige el proyecto minero», dice Raúl Ramírez, de Lempira, un asentamiento campesino y una de las comunidades cercanas a la mina. «Una de las personas que dirigen el proyecto es la hija de Miguel Facussé, de la Corporación Dinant… Son los mismos actores».

El gobierno concedió el permiso para construir la infraestructura de la mina a cielo abierto a Inversiones Los Pinares, (anteriormente la empresa minera EMCO, de la que son copropietarios Lenir Pérez y Ana Facussé. El padre de Ana, el ex jefe de Dinant, Miguel Facussé Barjúm, fallecido en 2015, era partidario del golpe de Estado que derrocó a Zelaya, y había sido calificado por la Embajada de Estados Unidos como «el empresario más rico y poderoso del país». Los cables del Departamento de Estado revelaron que sus propiedades estaban siendo utilizadas para importar cocaína ya en 2004, y un informe de Human Rights Watch de 2014 que investigó 29 asesinatos y una desaparición que ocurrieron durante el conflicto de tierras por la plantación de palma de Dinant en el Bajo Aguán -que investigaron como un corte transversal de los más de 150 asesinatos y desapariciones- encontró que en 13 de las muertes, «la evidencia sugiere la posible participación de guardias privados».

Cuando se le contactó para que comentara sobre el conflicto de tierras, Dinant preparó una respuesta que decía que nunca se ha encontrado que los empleados de la empresa hayan «realizado actividades ilegales, utilizado fuerza inapropiada o conspirado contra ninguna persona u organización». La declaración también decía que «La Compañía condena enérgicamente la violencia, las confiscaciones criminales de tierras, la intimidación y toda actividad ilegal. Dinant ha sido víctima de numerosos ataques violentos a lo largo de los años; muchos empleados de Dinant han sido víctimas de tales actos».

Al igual que en la Honduras posterior al golpe de Estado, la concesión minera se otorgó en circunstancias cuestionables: El 16 de diciembre de 2013, en los últimos días del Presidente Porfirio Lobo Sosa, los diputados hondureños encabezados por el conservador, Ricardo Díaz, impulsaron medidas para redimensionar Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, cortando 217 hectáreas de la «zona núcleo» en la que está prohibida la actividad de construcción. Con el redimensionamiento del terreno, las primeras concesiones mineras exploratorias fueron otorgadas a la empresa minera EMCO, el nombre anterior de Inversiones Pinares, apenas un mes después, el 28 de enero de 2014.

«De la manera en que lo hicieron, la empresa minera tuvo la oportunidad de que se le diera la concesión», dijo Ramón «Moncho» Soto Bonilla, diputado del partido opositorLIBRE por Colón, donde se encuentra el valle del Aguán. «Fue un engaño: aprobaron la ley de la noche a la mañana para que nadie se diera cuenta de que lo habían hecho».

En los años transcurridos desde 2014, el proyecto ha enfrentado la resistencia de ciudades más grandes como Tocoa y de pueblos más pequeños como Guapinol, que se sustentan del caudal del río Guapinol que conecta a Carlos Escaleras. Pero Pinares ha continuado la exploración a través de una laguna jurídica bajo la cual el óxido de hierro, su mineral objetivo declarado, fue clasificado como no metálico en el momento en que la empresa recibió su concesión.

«La ley de minería de Honduras dice que el óxido de hierro no es un metal», explica Esly Banegas, un dirigente sindical de la cercana Tocoa cuyo hijo y ex marido fueron asesinados en el conflicto de tierras. (Esta laguna jurídica se cerró en 2015, pero Pinares no ha alterado sus planes de exploración).

Saltando entre los cúmulos de rocas que se extienden a lo ancho del Guapinol, Reinaldo Domínguez nos lleva a un lugar en el río donde gruesas paredes de follaje verde se ciernen como un corredor en lo alto. Varias de las rocas están pintadas con mensajes acrílicos astillados, mensajes de amor al agua que pasa.

«Te queremos, Guapinol», dice uno de los mensajes. «El agua es vida».

En este lugar, el verano pasado, se informó que un joven recibió un disparo en las piernas mientras nadaba en el río donde pasa por el pueblo homónimo. El tiroteo tuvo lugar porque el joven estaba demasiado cerca de la infraestructura minera, según los miembros de la comunidad.

Cruzando a la orilla opuesta, a apenas 20 pies dentro del bosque, Domínguez nos muestra donde la valla perimetral de la fábrica de procesamiento que se está construyendo llega a una esquina a menos de un cuarto de milla del pueblo. Tiene 15 pies de altura, cubierta con gruesas y frescas bobinas de alambre de púas que corren a lo largo de la valla hasta donde alcanza la vista. Varios cientos de metros más allá de la valla, se pueden ver las crestas distantes de los terraplenes de tierra y se puede oír, muy débilmente, el sonido de los equipos pesados trabajando.

«Tememos por nosotros mismos», concede Domínguez. «Pero nacimos aquí, crecimos aquí. No queremos irnos».

Ocho personas, entre ellas líderes comunitarios, trabajadores de la mina y policías militares, han sido asesinadas en relación con la propuesta mina de Guapinol desde 2013, las dos más recientes en noviembre de 2019. Y aunque los motivos de algunos de los asesinatos han seguido siendo turbios, y ciertos investigadores han atestiguado que algunas muertes son el resultado de la superposición del territorio del cártel de la droga con el de la empresa minera, las muertes han alimentado una campaña mediática sostenida tanto por parte de Pinares como del gobierno hondureño para criminalizar el movimiento social contra las minas. Pinares sostiene que la fuente de la violencia ha sido una banda armada antiminas, acusación de la que hay poca o ninguna prueba.

«La realidad de Aguán es realmente complicada», dice Banegas. «Comienza con una criminalización de las organizaciones y de las personas… Lo mismo [ocurrió] con Berta Cáceres [la asesinada activista indígena hondureña del medio ambiente]». Fue el mismo patrón: criminalizarlos, hacer ataques a través de los medios y redes sociales, perfiles falsos, inventar noticias».

El fantasma de las consecuencias medioambientales de la minería se cierne sobre Honduras, donde el 30 por ciento del territorio nacional se destinó a concesiones mineras tras el golpe de 2009. La mina San Martín, en la región del Valle de Siria, por ejemplo, que sólo operó entre 2000 al 2009, y a pesar de la retórica de preocupación ambiental de la empresa matriz, se hizo famosa por producir altos y duraderos niveles de cianuro, arsénico y mercurio en las comunidades aledañas y por el acoso de los ambientalistas que se resistían a su presencia. Muchos en la región de Guapinol temen que, en caso de que la mina de Pinares avance , sus comunidades soporten una carga similar.

«Vamos a sufrir graves consecuencias [de la mina]: por el aire, el agua, por el ruido», dice Ramírez de Lempira.

Las tensiones por la mina Guapinol comenzaron a hervir en mayo de 2018, cuando, frustrados por la continua presencia de la mina y la aparente aquiescencia de las autoridades municipales ante ella, los residentes ocuparon el edificio municipal de Tocoa durante once días.

Cuando eso falló, los residentes contra la mina cambiaron de estrategia.

«El alcalde nos dijo una vez», dice Domínguez, «¿Por qué no van a tomar el camino que usó Inversiones Los Pinares en vez de tomar el edificio municipal? Y así lo hicimos.»

El campamento pronto se estableció para bloquear la carretera CA-13 construida por Pinares, a través del pueblo de El Guapinol y en Carlos Escaleras. Duró 88 días, desde el 1 de agosto hasta el 27 de octubre de 2018. Para entonces, las apuestas ya eran elevadas: El agua del río Guapinol se estaba llenando de sedimentos de un proyecto hidroeléctrico aguas arriba, parte de la creciente infraestructura para la próxima mina, haciendo imposible la perspectiva de usar el agua para beber, limpiar o para fines agrícolas.

«El agua bajó con aspecto de chocolate debido a la empresa», dice Gabriela Sorto, cuyo padre, Porfirio Sorto Cedillo, es uno de los siete «Defensores del Agua» que aún permanecen tras las rejas por sus protestas contra la mina. «El agua no se podía utilizar para nada, ni siquiera para lavarse las manos, porque las manos salían completamente llenas de barro. El río Guapinol es la única fuente que tenemos para vivir en nuestra comunidad.»

«Las mujeres de la comunidad decían: ‘Dios mío, qué vamos a hacer con este río sucio, porque el agua que una vez se recogió en tu piel era puro barro'», dice Dilma Cruz, la madre de Sorto Cedillo. «Los jóvenes también la bebían».

Para el 7 de septiembre, el campamento había sido acordonado y asediado. Ese día, un grupo de empleados de Pinares cortó el camino para que la comida y los suministros no pudieran entrar, y comenzó un primer intento de dispersar a los manifestantes.

Rigoberto Hernández, residente en El Guapinol, se encontraba en el campamento ese día cuando fue rozado por una bala disparada por personas que él cree que eran guardias de seguridad empleados por Pinares.

«El siete de septiembre», dice, «estábamos en el campamento defendiendo el medio ambiente, nuestra agua, cuando fui alcanzado por una bala en la espalda, a manos de [la gente que trabaja para la mina]. Era incoherente. No podía caminar. Me llevaron en un coche a una clínica, y comencé mi recuperación, poco a poco».

Casi un mes después, un tribunal especial emitió órdenes de arresto para 21 de los hombres involucrados en la protesta, lo que desencadenó una serie de redadas y operaciones de las autoridades para detenerlos. Por las noches, dice Domínguez, hombres anónimos se acercaron a los manifestantes con amenazas de que «los desalojarían «, una promesa que las autoridades estatales cumplirían unas semanas después.

«Parecía una guerra», un testigo le dijo a un periodista de la dispersión. A las 11:30 de la mañana del 27 de octubre, más de mil policías nacionales y militares llegaron en un convoy para expulsar a los manifestantes.

Las fuerzas de seguridad dispararon ráfagas de gas lacrimógeno antes de abrir fuego a bala viva. En el subsiguiente bombardeo, ocho civiles resultaron heridos y un activista, Levin Alexander Bonilla, resultó muerto. Sin embargo, esa misma tarde, después de que rompieran el campamento y siguieran persiguiendo a los manifestantes hasta la aldea de Ceibita, también murieron dos policías militares.

«Lo extraño de esto fue que ellos [los soldados] murieron en las palmas», dice Mario Munguía Alemán, un periodista de la televisión local del Canal 35 que vivió en el Bajo Aguán durante décadas y que nos ayudó a reportar esta historia. «Después, el ejército y la policía entraron en las comunidades para registrar cada casa. Y no se anunció que habían encontrado a nadie con armas de fuego. Extraño, porque el bloqueo había sido en la carretera, pero sin embargo nunca se explicó por qué los soldados murieron en esa plantación.»

Según un investigador de derechos humanos que ha presentado su investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y que compartió el documentocon nosotros bajo la condición de anonimato, las muertes de los dos policías militares en la dispersión del campamento pueden haber sido un caso de lucha interna de los cárteles que fue reformulado para criminalizar el movimiento contra las minas.

Este investigador, de acuerdo con numerosos líderes de derechos humanos entrevistados en el valle, dijo que era probable que las licencias de exploración minera otorgadas durante los últimos días del presidente Lobo estuvieran controladas por Javier y Devis Lionel Rivera Maradiaga, líderes del cártel de drogas de Cachiros, y que muy poco después Pinares recibió una licencia de explotación vecinal. En 2015 los hermanos Rivera Maradiaga se convirtieron en informantes protegidos por la DEA, lo que llevó a la extradición del hijo del ex presidente Lobo, Fabio Lobo. Devis Lionel Rivera Maradiaga testificó que Lobo había recibido un avión de drogas en una de las propiedades de Miguel Facussé Barjúm y reconoció que dos políticos clave que apoyaban a Pinares, el alcalde de Tocoa Adán Fúnez y el diputado de Colón Óscar Nájera, eran socios de Cachiro. Facussé había negado previamente cualquier implicación con el aterrizaje del avión de la droga en su propiedad.

Los informes reunidos por el investigador de derechos humanos indican que ex funcionarios de los Cachiro muy cercanos a los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos como los Taboras y que, según se dice, eran de la aldea de Ceibita, participaron en el tiroteo de octubre de 2018 en el que murieron oficiales de la policía militar, que el investigador encontró pruebas que sugerían que era el resultado de las luchas internas entre los ex asociados de los Cachiros. El tiroteo tuvo lugar después de que las fuerzas de seguridad dispersaran violentamente el campamento, persiguiendo a los manifestantes hasta Ceibita y disparando gas lacrimógeno contra sus hogares. El investigador sugirió que el enfrentamiento fue entre los Taboras y los militares hondureños.

No pudimos contactar con Ana Facussé para un comentario directo sobre este artículo. Cuando se le preguntó si Facussé quería comentar este artículo o el conflicto minero de Guapinol, un representante de relaciones públicas de Pinares sugirió que los líderes corporativos de la empresa son transparentes sobre la actividad de la empresa y están dispuestos a discutir esas actividades en entrevistas, pero sólo cuando se hacen en persona. El representante había ofrecido una entrevista con el copropietario de Pinares, Lenir Pérez, en enero, después de nuestro reportaje principal, pero debido a que el representante insistió en que sólo podía realizarse en persona en lugar de a través de Skype, esto no fue posible para La Nación. No se ofreció una entrevista con Facussé.

Pinares, que accedió a dar una respuesta por escrito a las acusaciones, sostiene que sus trabajadores mantienen la máxima transparencia en sus operaciones, y que la empresa en su conjunto se adhiere a los más altos estándares de ética ambiental corporativa. Afirman que los defensores del agua de Guapinol son «falsos ecologistas», sugiriendo que muchos son criminales armados que, financiados por fuentes desconocidas, fueron enviados desde fuera del Aguán para sabotear la construcción de una mina por lo demás responsable, no contaminante y creadora de puestos de trabajo.

Fue en agosto de 2019 cuando los cargos contra siete de los manifestantes finalmente los llevaron a prisión. Según Juana Zúniga, lideresa de la comunidad de Guapinol y esposa del prisionero José Abelino Cedillo, varios de los manifestantes decidieron presentarse ante el tribunal de Tegucigalpa porque se sentían inocentes y no querían tener expresiones externas de temor a la ley.

Al ser arrestados en Tegucigalpa, fueron enviados a La Tolva, una prisión con reputación de ser tan peligrosa que el COFADEH, una organización hondureña de derechos humanos, la ha descrito como un «centro de tortura». Y aunque fueron trasladados a Olanchito, una prisión más segura, aún permanecen encarcelados.

«Los tratan horriblemente, sabiendo que defienden nuestro río y nuestro medio ambiente», dice Zúniga. «Y lo que dicen es: ‘Luchamos para no tener que emigrar de nuestro país’. Si dejamos de luchar contra la compañía minera, hay 3.500 personas que tendrían que abandonar la comunidad».

Mientras siete defensores del agua permanecen tras las rejas, Pinares ha estado llevando a cabo una campaña de difamación contra ellos, diciendo en Twitter que «los ambientalistas hondureños son realmente criminales que han matado a gente inocente». Cuando, a mediados de octubre, algunos de los campesinos involucrados en las protestas contra la mina viajaron a DC para aceptar el Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos por su activismo, un hombre se paró fuera del evento de entrega de premios entregando volantes que mostraban cadáveres mutilados que la compañía acusó a los ambientalistas de haber matado.

Los manifestantes no han sido los únicos objetivos de los servicios de seguridad: El 18 de noviembre, el periodista de Radio Globo César Obando Flores, que había estado cubriendo el conflicto del agua en Guapinol, emitió un comunicado de prensa detallando cómo, en numerosas ocasiones, se había sentido a punto de ser secuestrado por hombres con atuendos militares que le advirtieron que «no se metiera con Inversiones Los Pinares». El 6 de enero, Mario Munguía Alemán, que mientras ayudaba a nuestro reportaje para este artículo también investigaba el conflicto para la estación de televisión local Canal 35, estaba montando su bicicleta en la cercana Tocoa cuando una camioneta nueva de doble cabina se desvió abruptamente delante de él. Un hombre saltó fuera. «Estás hablando un montón de mierda en ese canal», le dijo a Munguía Alemán. «Será mejor que te vayas.» El camión patinó en un torbellino de polvo, lanzando piedras a Munguía Alemán. Munguía Alemán, cuyo amigo y colega Nahúm Palacios Arteaga fue asesinado en 2010 por investigar los vínculos con el narcotráfico en el valle, se escondió poco después. Desde entonces ha huido del país.

A pesar de los asesinatos, los arrestos y las amenazas, los residentes continúan presionando para detener la construcción de la mina. Después de años de presión, un cabildo abierto, o «comunidad abierta»se celebró finalmente en Tocoa el 29 de noviembre del año pasado. Ante una multitud de más de mil personas, entre ellas el ex presidente derrocado Manuel Zelaya, el municipio «se declaró libre de la minería». El alcalde y el resto del gobierno municipal firmaron un acta para ser llevada al Congreso que ordenaría a Pinares y a cualquier otra corporación minera a abandonar la zona. Pero eso no ha cambiado mucho sobre el terreno: La construcción de infraestructura no minera continúa en el proyecto, y los campesinos asumen que este trabajo de base continuará.

Inversiones Los Pinares afirmó en un comunicado difundido después de la reunión que a pesar del voto de la comunidad, «las inversiones de los Pinares continuarán trabajando fuertemente y contribuyendo al desarrollo de Tocoa».

El equipo pesado de construcción todavía se puede oír pasar a todas horas del día. Las patrullas militares continúan a través de las aldeas adyacentes al complejo minero. Las oficinas en Tocoa de COPA, una organización campesina a la vanguardia de la lucha contra la mina, que Pinares acusó de haber sido financiada «desde lugares oscuros», fueron atacadas y saqueadas por asaltantes desconocidos dos veces en dos meses, primero el 20 de diciembre y luego el 26 de enero.

«Lamentablemente», escribió Pinares en una respuesta oficial preparada para este artículo, «este grupo de falsos ambientalistas sin escrúpulos lanza ataques porque tienen intereses personales, y sin tener ninguna prueba acusan a personas respetables que han decidido invertir en una zona donde pocos inversores se atreven a hacerlo debido a la inseguridad jurídica causada por invasores de oficio que obtienen beneficios económicos de esta actividad».

Para muchos de los que viven cerca de la infraestructura de la mina, a la sombra de Carlos Escaleras, en las orillas de los ríos Guapinol, San Pedro y Aguán, la realidad augura un futuro mucho más oscuro.

«Imagina tener grandes camiones pasando por tu casa día y noche, día y noche. Un sonido constante. Nos afecta bastante», dice doña Reina Ordoña, de La Lempira.

«Si la empresa sigue adelante con el proyecto, instala la maquinaria, la violencia va a aumentar», dice Carlos Leonel George, el tesorero de la COPA, y ex-preso encarcelado por resistirse a la mina. «Porque la gente está convencida de que destruirá su fuente de agua, y sin esa agua no tendrán forma de vivir. No es una broma para ellos. Se trata de la supervivencia.»

Todas las fotos de este artículo son de Seth Berry, un galardonado fotógrafo centrado en la documentación de las amenazas a la condición humana en América Central y más allá. Encuentre más de su trabajo aquí.
http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/1477-the-nation-las-guerras-mortales-por-el-agua-en-honduras

Honduras

Informe internacional encuentra que el gobierno hondureño viola los derechos de los defensores ambientales de Tocoa

ACAFREMIN
28/02/2020
Hallazgos preliminares de un informe comisionado por la Alianza Centroamericana contra la Minería (ACAFREMIN) presentados en el Encuentro de los Pueblos por el Agua en Tegucigalpa – Honduras, encuentran que el estado hondureño es responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades de Tocoa, departamento de Colon, afectadas por los impactos de las concesiones mineras ASP I and ASP II propiedad de la empresa Inversiones los Pinares.
El equipo de investigación, compuesto por el Dr. Bernie Hammond y Dra Amanda Grzyb – Western University de Canada, Dr. Michael Berghoef – Ferris State University de EE UU, Dra. Ainhoa Montoya – Universidad de Londres, Inglaterra y el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris, realizó una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019, con la misión de verificar informes de violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón propiedad del empresario Lenir Pérez, vinculado a la familia Facusse.

Los autores sitúan la investigación dentro del contexto de eventos históricos y políticos recientes en Honduras, pero se enfocan en la última década a partir del golpe de estado del 2009: las raíces del conflicto actual en el Bajo Aguan y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el estudio, gobiernos sucesivos han profundizado políticas neoliberales, establecidas en la década de los 1990s, al intensificar la inversión en industrias extractivas por parte de las élites nacionales y las corporaciones transnacionales. Estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad. Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

En la cuidad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a las comunidades que se oponen a las actividades extractivas de Inversiones los Pinares y los impactos ambientales de su proyecto minero con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas. Las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando desafían la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas.

Específicamente el reporte encuentra que en el caso las licencias otorgadas a la empresa Inversiones los Pinares.

1. Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
2. Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
3. El estado ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
4. Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos corporativos.
5. Ocho de los 31 defensores criminalizados continúan detenidos ilegalmente, el resto, junto a sus familiares y amigos, continúan estigmatizados y obligados a vivir en un estado de temor y ansiedad.

A pesar de la represión, el equipo de investigación encontró una comunidad fuerte y firme en su oposición a la mina, determinada a defender las fuentes de agua de su río Guapinol, su forma de vida y sus familias, con todos los medios a su alcance.

“La comunidad de Tocoa es una comunidad unida, heredera de décadas de organización y lucha agraria contra grandes terratenientes en su territorio. Está unidad es creativa, capaz e increíblemente valiente ante la amenaza continua y real. Son y siguen siendo una comunidad en resistencia”, declaro el Dr. Bernie Hammond, coordinador del estudio.

La supuesta institucionalidad creada por el gobierno hondureño para controlar la violencia contra los defensores ambientales y los derechos humanos, los abogados que los defienden y los periodistas que informan acerca de ellos, parecen ser gestos vacíos destinados a crear una fachada de legitimidad. Como en otras regiones de Honduras, las vidas de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno siguen en riesgo. Los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares.

Finalmente, el estudio respaldado por tres universidades internacionales (Western University de Canadá, Ferris State University de los Estados Unidos y la Universidad de Londres, Inglaterra) hace 20 recomendaciones, entre las que figuran para el estado hondureño:
Liberar inmediatamente a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente que han sido encarcelados por sus acciones en relación con los proyectos mineros de Inversiones los Pinares, y desestimar definitivamente los procedimientos para los 31 defensores de crímenes falsos;
Reconocer públicamente el derecho de los defensores a defender sin violencia su territorio y sus recursos naturales, tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos;
Una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía militar y las fuerzas paramilitares, así como por miembros de COVIPERCE, contra defensores de derechos humanos y periodistas en Tocoa que se han pronunciado contra los proyectos mineros;
Dadas las irregularidades incurridas en la emisión de las licencias mineras ASP y ASP 2, que INHGEOMIN cancele las licencias mineras que se han otorgado en el área protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras;
La derogación del Decreto Legislativo 252-2013 que modificó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras;
La inscripción inmediata del Parque Nacional Carlos Escaleras, así como de todas las demás áreas de Honduras declaradas protegidas por el SINAPH, en el Catálogo del Patrimonio Forestal Público Inalienable y el Registro de Bienes Raíces, para evitar futuros conflictos;
La derogación del Acuerdo Ministerial 1402-2018 que declara como confidencial la información técnica ambiental del proyecto minero, como la contenida en todas las solicitudes de licencias mineras.

Honduras, Mexico

BERTA CÁCERES… Vive, Volverá y Será Millones.

“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca, yo sabía lo duro que iba a ser.
Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”
Berta Cáceres
2 de marzo 2020.
Hoy se cumplen 4 años en que Berta Cáceres fue sembrada en su tierra natal “La Esperanza” en
Intibucá, Honduras. Su cobarde asesinato se conjuro al mismo momento del atentado que sufrió
nuestro compañero Gustavo Castro, sobreviviente y testigo a quien durante sus testimoniales le
fueron violados sus derechos por parte del gobierno hondureño, lo cual, en ese momento ya
mostraba que la injusticia e impunidad sería parte del colofón de esta historia tan recurrente para
quienes se atreven a defender la vida en toda América Latina.
Berta Cáceres fue, es y sigue siendo una mujer Lenca a quien se le arrebató la vida por como vivió,
por como resistió y luchó durante toda su vida y porque su fuerza combativa desafió a los intereses
del poder capitalista y patriarcal, ambos principales culpables del despojo de la vida, de la
destrucción de los bienes naturales y del saqueo del territorio.
A Berta, la ambientalista, madre de cuatro hijos, abuela, hija, hermana, co-fundadora y vocera del
Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), le quitaron la
vida muchos actores; los sicarios envalentonados y serviles al modelo global. También participaron
las instituciones económicas y políticas del estado hondureño que, por encima de la vida de su
población, obedece y se alía con corporaciones globales que explotan, despojan y se enriquecen de
manera enfermiza a partir de la depredación de los bienes naturales de aquellos países que gracias
a sus pueblos originarios los tienen en abundancia. Fue asesinada por la colonialidad, la cual, como
un patrón de clasificación y ordenamiento de la población y territorios, refuerza el racismo contra los
pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y del resto de América Latina. Fue asesinada
por la violencia patriarcal, la cual ha oprimido históricamente la integridad de las mujeres.
También se cumplen 4 años en que las resistencias le han mostrado al mundo entero que el estado
hondureño y toda su clase política incluyendo el congreso, el ejecutivo, el ejército, la policía y el
poder judicial es corrupta, agresiva y violatoria de derechos, quienes además continúan asesinando
a defensores de los derechos.
Para la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, la muerte de Berta también ha tenido
un efecto simbólico, ya que su acción política como defensora de la naturaleza, de las mujeres, de
los derechos de los pueblos indígenas, sin duda continúa siendo un ejemplo para miles de personas
que somos conscientes sobre la importancia de unificar esfuerzos para concretar transformaciones
sociales frente a este modelo globalizador que es avasallador.
Berta vivió, resistió y luchó porque otro mundo sea posible. La claridad de su lucha y de su visión
ilumina el compromiso de los pueblos para con sus territorios y protegerlos y conservarlos a través
de su comunalidad y respeto por la vida y la naturaleza. Berta continúa siendo la voz y la fuerza de
todas y todos. Berta es la primera línea de paz, ante la guerra de la reivindicación de las luchas
indígenas que avanzan de la mano de nuevos procesos anti patriarcales y descolonizadores.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Honduras

Exigen cancelación de permisos de operación

COMUNICADO PUBLICO

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la opinión pública local, regional, nacional e internacional, hace de conocimiento público lo siguiente:

1. Que las comunidades y población aglutinada en el Comité, siguen en resistencia y en oposición a los proyectos mineros ASP1 y ASP2 dados en concesión a Inversiones los Pinares en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos. Tales proyectos son la expresión más evidente de la corrupción y amenazan literalmente con desaparecer al rio San Pedro y Guapinol y las comunidades ubicadas en las microcuencas de los ríos mencionados.

2. La resistencia y oposición es también contra la empresa Inversiones ECOTECK que construye el proyecto “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro” y pretende mover ochocientas mil toneladas de material anualmente, admite que necesita cien galones de agua por minuto, consumiendo en un año 52 millones quinientos sesenta mil galones de agua. La cantidad de agua que consume toda la comunidad de Guapinol en cuatro años. Ambas empresas están bajo la representación legal de Lenir Pérez.

3. Inversiones ECOTECK recibió el 13 de febrero de 2018 la licencia provisional para el proyecto “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro” debiendo entregar a MiAmbiente el punto de acta de socialización del proyecto en cabildo abierto para obtener licencia funcional. Al no lograrlo, Inversiones ECOTECK ha seguido un proceso perverso, corrupto y ha engañado a la secretaria del Ambiente, a las autoridades locales, a las comunidades y medios de comunicación porque entregó a MiAmbiente el punto de acta certificado #083-2016 del “Cabildo Abierto de consulta” celebrado en la Comunidad de Ceibita el 30 de junio 2016 y adjunta constancias y listados de asistencia de 2016 y 2017 donde Inversiones los Pinares engañó a dirigentes de Patronato y Juntas de Agua con proyectos de desarrollo suplantando al gobierno local y nacional. Dicha información no se relaciona con socialización ni consulta alguna.

4. El Comité mantiene firme posición en defensa del agua, el ambiente, el territorio y la paz. El gobierno Municipal no puede renovar el permiso de operación y MIAMBIENTE no puede renovar licencia ambiental a Inversiones los Pinares ni otorgar licencia ambiental a Inversiones ECOTECK. Son proyectos violatorios de la soberanía territorial, ambiental, destruyen los ríos San Pedro y Guapinol, son amenaza y potencial de desplazamiento forzoso de las comunidades del sector San Pedro, Guapinol, Ceibita, Cayo Campo y Asentamiento la Lempira, entre otras del sector Zamora.

5. La oposición está sustentada en la voluntad popular a través de diferentes actividades públicas y administrativas apegadas al derecho constitucional y Municipal. La voluntad popular soberana está plasmada en el acta de Cabildo Abierto #079-2019 donde se declaró al “Municipio de Tocoa libre de minería” el 29 de noviembre de 2019. El Comité repudia la corrupción, la campaña permanente de criminalización, intimidación, judicialización y encarcelamiento de personas en resistencia y responsabiliza a ambas empresas por cualquier hecho lamentable contra miembras o miembros del Comité, de las comunidades o de sus organizaciones miembras.

6. El Comité llama a todas las comunidades, organizaciones, instituciones y personas de buena voluntad a mantener la resistencia y la oposición con firmeza pacifica, mantener la serenidad ante la campaña de mentiras y no firmar ningún documento que les comprometa con la corrupción.

7. Exigimos libertad para la Montaña Botaderos, libertad para los ríos, libertad para el ambiente, libertad para el territorio. Exigimos libertad para las nueve personas, defensores presos políticos encarcelados por mandato de las empresas extractivas. Un día que está pronto la verdad, la justicia y la libertad se impondrán sobre el dinero que corrompe y el sol brillará sobre la casa común. ¡Alto a la corrupción, la mentira y la impunidad de Inversiones los Pinares e Inversiones ECOTECK!

¡Por el agua, el ambiente, el territorio, la paz y la libertad de los presos, justicia ya!

Tocoa, 04 de febrero de 2020
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Honduras

Tocoa: lucha contra modelo que explota, desplaza y criminaliza

La declaratoria “libre de minería”, de Tocoa, Colón, representa un logro importante para el pueblo organizado y no organizado que, desde hace más de 4 años viene denunciando las concesiones mineras otorgadas por el Estado de Honduras, en la montaña “Parque Nacional Carlos Escaleras”, dijo en Radio Progreso la líder social Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y el Comité Municipal Ambiental.

Más de 6 solicitudes escritas y una cumbre por el agua que reunió a más de 5 mil personas en el municipio el pasado 20 de enero de 2019, obligaron a las autoridades municipales a convocar a un cabildo abierto para hacer la declaratoria.

El cabildo se realizó el 29 de noviembre, bajo la demanda “Fuera Minas”, “Tocoa libre de minería”, “Fuera Adán”, haciendo referencia al actual alcalde municipal Adán Fúnez, denunciado por supuestos vínculos con la empresa Minera “Inversiones Los Pinares”.

Las comunidades de Tocoa que se oponen públicamente a la explotación minera, acusan al alcalde de tener fuertes intereses económicos en las concesiones ASP 01 y ASP 02, así como en la fábrica peletizadora Ecotek, que construye el empresario minero Lenir Pérez en el Sector de Ceibita, para procesar la piedra con hierro que extraerá de la montaña.

Inversiones Los Pinares ha publicitado que esa fábrica será la más grande de Centroamérica en la producción de hierro. El terreno donde se construye la fábrica pertenecía a la cooperativa de Guapinol, quien vendió cada manzana de tierra a 2 millones de lempiras, evidenciando el poder adquisitivo del empresario.

“Desde la municipalidad se renuevan los permisos de operación”, a pesar que las comunidades han exigido al alcalde no otorgarlos más, porque se está violentando el legítimo derecho al agua y la libertad de la gente que vive en Guapinol y Ceibita, dice Esly Banegas afirmando que, son millones de lempiras los que están en juego con esa concesión, por ende, las autoridades municipales y del gobierno central han dejado clara su postura a favor de la empresa, a pesar que se está pasando por encima de la dignidad y vida de la gente.

La concesión minera en la montaña Carlos Escaleras se dio en 2013, cuando era presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, actual gobernante inconstitucional de Honduras. Previo a la concesión, ese congreso aprobó la reducción de la zona núcleo del parque en 217 hectáreas, las que fueron entregadas en concesión a Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé propietarios de Inversiones Los Pinares.

 

El primer permiso de operación municipal la empresa lo obtuvo el 20 de enero de 2014. Adán Fúnez se justifica diciendo que él asumió el cargo 5 días después del hecho. Si bien es cierta su justificación, también es cierto que él era regidor en ese tiempo, y guardó información al no advertirle al pueblo sobre la concesión minera que amenaza las fuentes de agua en el municipio. “También ha renovado los permisos de operación anuales a la empresa”, apunta Esly.

En Tocoa desde el 2012 reina la incertidumbre por las amenazas de explotación minera. En ese año las comunidades de la Abisinia comenzaron a organizarse ante los rumores que tomaron fuerza con la visita de algunos empresarios mineros en la zona y de políticos del Partido Nacional.

Pero fue hasta 2016, cuando se publicó la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras, a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) “, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, que las comunidades se informaron sobre la cantidad de concesiones mineras que el Estado ha otorgado en el departamento de Colón.

El estudio refleja que hasta 2016, solo en departamento de Colón existen 28 concesiones mineras en etapa de exploración, 25 en solicitud y 7 en operación. Siendo el municipio de Tocoa el más afectado con un total de 34 concesiones para la explotación minera a cielo abierto.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/tocoa-la-lucha-contra-un-modelo-que-explota-desplaza-y-criminaliza/?fbclid=IwAR3RN2SXO-qNQbdEbvumD4VvcTggvICvQBtuhiIveKVorCGSnDBaK2p8lkA

 

Honduras

Tras lucha sangrienta, Tocoa se declara libre de minería

Libre de minería, así se  declaró hoy el municipio de Tocoa durante un Cabildo abierto que se celebró en esa localidad.

Ante la presencia del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes, donde participan distintos partidos políticos, exigió a la autoridad municipal no tener empresas mineras en su ciudad.

De tal forma, que el acta que firmó el alcalde Adán Fúnez y el resto de la Corporación Municipal será llevada al Congreso Nacional. El objetivo es que los diputados ordenen a la empresa Inversiones Los Pinares de Guapinol, y a cualquier otra que pretenda proceder, retirarse de la zona.

Lo anterior, lo exigieron habitantes de la comunidad antes mencionada, de San Pedro y otros sectores que aseguran que el afluente de agua está siendo contaminado por dicha compañía minera.

Es por eso, que los miembros de esas comunidades manifestaron que la «empresa minera ya no representa los intereses de la población».

Alcalde no da declaraciones

Durante muchos meses, el alcalde Adán Fúnez -del Partido Libertad y Refundación- fue duramente criticado porque no quería hacer el cabildo abierto.

Además, de que él apoyó la instalación de la maquinaria de Inversiones Los Pinares en Guapinol, una zona en conflicto por la causa minera y la defensa del agua y la vida.

Es así que este día, optó por aprobar lo que todos los presentes exigieron en el cabildo abierto. Sin embargo, prefirió no dar declaraciones a los medios de comunicación.

Por su parte, la presencia de «Mel» Zelaya» fue contradictoria para algunas personas. La razón: por el protagonismo que obtuvo. Ya que supuestamente el pueblo «no pudo expresarse ni ser escuchado como esperaban» según informaron.

Lucha sangrienta

La comunidad de Guapinol ha sido la principal afectada en una lucha sangrienta entre fuerzas militares y policiales y pobladores.

Lo anterior, por la represión que hubo en distintas fechas pasadas ante las protestas que habían en contra de Los Pinares.

Además, hay defensores criminalizados y encarcelados, a quienes se les ha negado la libertad por un proceso legal que sus abogados y familiares consideran arbitrario.

 

Fuente:https://tiempo.hn/tras-lucha-sangrienta-tocoa-se-declara-libre-de-mineria/?fbclid=IwAR2E0QEdyqXx7KIyJ_kAGPEHse8-fbsL_-M7b5tfzuf2JnwSgKjffXQ0pM4

Honduras

En Consulta Soberana Namasigüe, Choluteca rechaza proyectos mineros y fotovoltaicos

A través de una consulta soberana realizada el domingo 17 de noviembre, la población de Namasigüe, Choluteca, al sur de Honduras, dejó clara su postura de rechazar los proyectos extractivos; las concesiones mineras y los parques fotovoltaicos.

Con un padrón electoral de 15,860 votantes, todos mayores de 18 años, el 97% de la población, es decir; 11,673 personas rechazaron rotundamente las mineras y fotovoltaicas. A favor de los proyectos votó únicamente el 1%, lo que equivale a 78 votos. 150 en blanco y 91 nulos. Para un total de participación de 11,992 personas.

Félix Pedro Pastrana, líder comunitario y director de la radio comunitaria Namasigüe, calificó como exitoso el ejercicio soberano. Explicó que, ahora se inicia un proceso donde se solicitará a la alcaldía municipal que de alguna forma valide la decisión expresada en la consulta. Además de iniciar acciones para que, a nivel central, se tomen decisiones encaminadas a proteger los bienes naturales del municipio.

“Este resultado es muy importante para nuestras comunidades, porque se ve reflejada la opinión de la ciudadanía que rechaza las mineras y fotovoltaicas. Esperamos que este sea el inicio para que nuestra palabra se respete por las autoridades.

Las mineras y las fotovoltaicas únicamente han traído contaminación, destrucción, muerte y división en las comunidades. Estos proyectos son los responsables de que año con año nuestras fuentes de agua se contaminen y en casos extremos desaparezcan”, expresa el líder comunitario.

Consultas

Las consultas ciudadanas se han convertido en una alternativa para que la población opine sobre sus bienes naturales. Desde el 2016, 8 municipios del país han desarrollado las encuestas soberanas.

Carlos Padilla, representante del Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, dice que los procesos han sido bastante fructíferos y han permitido desarrollar estrategias de lucha una vez se ha concluido con las consultas. Señala que, el simple hecho que las convocatorias sean masivas, significa un mensaje para las autoridades, quienes deben tomar en cuenta la opinión de las comunidades que se ven afectadas por los proyectos de muerte.

“Los resultados de las consultas son muy importantes, porque a corto plazo son un instrumento para obligar a las municipalidades a tomar decisiones. En El Triunfo, Choluteca y la Unión, Olancho, sirvieron para convocar a un cabildo abierto donde los resultados fueron ratificados por la población”, recuerda Padilla.

El experto dice que, el pueblo tiene derecho a ser consultado. Además, señala qué el origen de los conflictos socio ambientales en el país es la falta de consulta a la ciudadanía.

La primera consulta ciudadana realizada fue desarrollada en Santa Elena, departamento de La Paz, con el tema de las hidroeléctricas y el catastro.  Luego en San José del Potrero y Minas de Oro, en el departamento de Comayagua, con una consulta de sobre la minería. En Nahuaterique, La Paz, la población fue consultada si estaba de acuerdo con ser declarado como el municipio número 20 del departamento de La Paz. En la Unión, Olancho y El Triunfo, Choluteca se consultó sobre la minería y en el municipio de El Porvenir, Atlántida la ciudadanía fue consultada sobre las hidroeléctricas.

Amenazas en el sur

La minería y las fotovoltaicas nos son la única amenaza que tienen las comunidades en el sur de Honduras. El monocultivo de la ocra, melón, plantaciones de caña de azúcar y la entrega del territorio para la construcción de las Zonas Especiales de Desarrollo, (ZEDES), forman parte de la problemática que agobia a la ciudadanía.

La instalación de empresas extractivas golpea con fuerza a la población de Choluteca y Valle, que ancestralmente se han dedicado a la pesca y cultivo de granos básicos para sobrevivir. Esta zona está plagada de empresas camaroneras, agroindustriales, fotovoltaicas y mineras que con el aval del gobierno extraen las riquezas de la zona dejando a la gente sumergida en la miseria.

La implementación del modelo extractivo avanza a pesar de la oposición de las comunidades, quienes denuncian los daños ambientales y sociales que se presentan en sus regiones. Una clara muestra de esa apuesta gubernamental es la implementación de un parque minero industrial en la zona sur de Honduras, una región que ha pagado con sangre y miseria la extracción de los minerales.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/en-consulta-soberana-namasigue-choluteca-rechaza-proyectos-mineros-y-fotovoltaicos/

Honduras

«Hay que seguir articulando la organización y el pensamiento»

Con las energías renovadas, los rayos de un sol resplandeciente y la esperanza de seguir construyendo en colectividad, se continuo con el segundo día del Encuentro de Pueblos y Comunidades: Hacia un Estado Intercultural  en Honduras.

La jornada dio inicio con el panel: El impacto del modelo extractivista y estrategias de lucha y resistencias desde las organizaciones territoriales, acompañados por Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Diego Aguilar del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)  y Esly Banegas, de la Coordinadora Popular del Aguán (COPA).

Para Gustavo, los dueños del poder, llamados élite u oligarquía, le temen a la articulación de las organizaciones territoriales y en algunas instancias han tenido que ceder derechos pero en otras ocasiones deciden cancelarlos.

“Han venido pisoteando cantidad de derechos conquistados, por ejemplo: el estatuto del docente, el derecho a la protesta, criminalizada fuertemente, no solo en el presente. Además buscan convertir los bienes comunes en mercancías».

De igual manera recalcó que el papel protagónico que desempeña el Estado es para entregar concesiones a favor de las empresas y esto genera un choque entre dos proyectos: el de la vida y la muerte y frente a esta muerta que genera la industria extractiva, la resistencia que ha nacido desde los territorio contiene la potencialidad  de un proyecto transformador y alternativo.

Por su parte, Esly hizo un recuento de la lucha que han sostenido desde la recuperación de tierras por grupos campesinos del bajo Aguán y la defensa del río en los sectores de San Pedro y Guapinol.

“Hemos estados inmersos en una lucha que se refiere a la agraria. Más de 500 campesinos asesinados desde el golpe de estado y acá campea la impunidad. Y no se resuelve el conflicto agrario y ahora nos llevan al ambiental. Concesiones que han sido otorgadas mediante un proceso corrupto”.

Además recalcó que la postura de las organizaciones es firme en contra de la minería y que han deicidio defender el agua y la vida de las comunidades afectadas y la urgencia de seguir articulando a nivel nacional.

De la misma forma, Diego compartió las experiencias vividas desde el MADJ. “Lo de Guapinol, no es aislado de lo que sucede en Pajuiles y Arizona. Está forma de operar, es la forma más estructural”.

Y cuestionó el trato diferenciado que viven las mujeres y hombres de las pueblos indígenas y  garifunas y la hegemonía del conocimiento que se produce en las aulas de la universidad y ante esto se están formando abogados y economistas que solo están pensando en responder a los interés del capital.

 

Apuestas en común

Los diálogos, el debate, el intercambio de ideas, las experiencias compartidas y las apuestas en común retornaron a cada uno de los grupos que se formaron el día anterior para concretar y definir las posibles acciones que responda a las dinámicas de las organizaciones presentes.

Para la mesa uno,  el avanzar en los procesos de alianza y articulación de movimientos socio-territorial desde la visión de las mujeres, debe pasar por: la organización, capacitación, aliados estratégicos, incidencias, fortalecimiento de los liderazgos, relevo generacional, visibilizar las luchas, construcción de alianzas, la sororidad y recuperar los saberes y practicas ancestrales.

“Hemos concluido que lo primero es la organización de nosotras como mujeres, como nos agrupamos, nos aliamos entre nosotras. Aparte de eso la capacitación que viene a la par, una mujer empoderada, con conocimientos. Saber con quienes nos vamos aliar y para qué objetivos. Debemos acudir a todos los medios, así como lo hace el gobierno para invisibilizar las acciones que nosotras hacemos, nosotras tenemos que tener nuestras propias estrategias”,  indicó Kenia Zerón de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo.

Para Ada Díaz las alternativas que se plantearon en la mesa dos, son las incidencia con otras organizaciones nacionales y locales a las que no se ha logrado llegar, por ejemplo trabajar con los patronatos y las juntas de agua que se han mostrado indiferentes a los proceso organizativos. Y la articulación por regiones, que concluya en una Confederación Nacional.

Emilia Gómez del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz (MILPAH), hace un llamado a las organizaciones no gubernamentales para que acompañen de manera continua las luchas de los territorios y a la universidad a no seguir indiferente y gestionar becas para los jóvenes de las organizaciones.

Las propuestas de la mesa tres  y cuatro se enfocaron en desligar el fundamentalismo religioso que se muestra intolerante a las diferencias culturales. También replantearse un cambio radical en el modelo educativo con la creación de de nuevos contenidos con los saberes de cada cultura, diseñar materiales didácticos con las lenguas maternas, re-elaborar la malla curricular, permitir el intercambio de estudiantes con integrantes organizaciones como COPINH y OFRANEH, y la creación de centros educativos gestionados por las comunidades.

“Recordemos que la educación intercultural bilingüe es el modelo educativo que los pueblos indígenas y afrohondureños están procurando implementar en sus comunidades desde los años 90. En realidad hasta el momento no ha llenado las expectativas de los pueblos indígenas. Se necesita repensar el modelo y eso fue lo que discutimos en la mesa. Reconstruir esas expectativas”,  mencionó Scott , del pueblo Misquito.

En el caso de la mesa cinco y seis, establecer alianzas, organizar a las comunidades para defender su patrimonio, realizar acciones que frenen los proyectos que quieran instalarse en las zonas y la creación de nuevas radios comunitarias, permitirá mantener el patrimonio cultural y ancestral de los pueblos originarios.

A modo de conclusión final del encuentro, las organizaciones presentes acordaron seguir encontrándose en espacios que le permitan evidenciar el trabajo, mostrar los logros y buscar las estrategias conjuntas para construir autonomía desde sus visiones. El Encuentro finalizó en el Parque de Santa Rosa de Copán con la lectura del comunicado construido entre todos y todas las participantes.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/11/hay-que-seguir-articulando-la-organizacion-y-el-pensamiento/