Este indígena gobierna hoy Azuay, un territorio en Ecuador codiciado por las mineras. Él lleva 20 años luchando por preservar el medio ambiente y ahora ayuda a los más vulnerables contra la covid-19

Yaku Pérez acompaña a las comunidades a verificar que la empresa canadiense INV Metals Inc. no haya retomado sus actividades en el páramo de Quimsacocho.
Yaku Pérez acompaña a las comunidades a verificar que la empresa canadiense INV Metals Inc. no haya retomado sus actividades en el páramo de Quimsacocho. Soraya Constante
Soraya Constante
Quito 27 JUN 2020 – 00:13 CEST

Yaku Pérez Guartambel no es el primer indígena que ostenta un cargo de elección popular en Ecuador. Pachakutik, su partido, ha puesto prefectos y alcaldes en casi todas las provincias donde predomina el electorado indígena. Pero sí es el primero que gobierna un territorio con el 90% de población mestiza y el 5%, blanca, según el antropólogo Fernando García, experto en etnicidad. La cruzada por el agua en Azuay, que inició hace 20 años, le ha dado popularidad, sobre todo, entre los más jóvenes. Pero también aquello de andar en bicicleta, tocar el saxofón, no usar traje, y ya siendo prefecto, bajarse el sueldo a la mitad —su remuneración ahora es de 2.209 dólares al mes— y ahora mismo liderar un sistema de trueque entre comunidades agrícolas para paliar los efectos de la pandemia. Su último intercambio fue con Chimborazo, provincia del centro del país, con gran población indígena. “Llevamos dos camiones con plátanos, arroz, manzanas, sal, azúcar, mascarillas… Y ellos nos dieron papas, habas, machica y maíz. Más de 2.000 familias se beneficiaron del trueque”, cuenta el prefecto.

La prensa internacional se acercó a Yaku cuando cumplió sus primeros 100 días. “Estoy a sus plantas”, fue la primera frase que pronunció el prefecto que siempre lleva en su cuello la chakana (cruz andina) y una wiphala (la bandera de los pueblos andinos). Su charla se enfocó en la “Azuay Ecológica” que quiere fundar, su lucha antiminera y la defensa del agua. El lema “somos agua” aparece por todo lados. También habló de la reivindicación de las identidades originarias, de hecho regaló a todos un ejemplar de su libro La Resistencia.

Yaku renegó hace tres años del nombre mestizo que le pusieron sus padres, Carlos. “Había santos y reyes con ese nombre y yo no era ninguna de las dos cosas. Entonces me pregunté con qué me conectaba. Con el agua, me dije. Y ¿cuál es la traducción del agua en quechua? Yaku. Y me quedé con ese nombre”, explica. De segundo nombre escogió Sacha, que significa monte o cerro, para reivindicar aún más su origen. “Yo fui el primer abogado en mi comunidad y me decían el sacha abogado, o sea, el abogado del monte”. Para añadir más simbolismo a su historia de vida cuenta que los grandes revolucionarios andinos también cambiaron sus nombres. “Trato de seguir, guardando las distancias, los pasos de Cusi Yupanqui, que luego se transformó en Pachacútec, y de José Gabriel Condorcanqui, que tomó el nombre de Túpac Amaru”, dice. El primero fue el inca que consolidó la expansión del Tahuantinsuyo en el siglo XV y el otro protagonizó una revuelta anticolonial en el XVIII.
El prefecto Yaku Pérez ha encabezado varias actividades de trueque de productos básicos entre provincias durante la pandemia.
El prefecto Yaku Pérez ha encabezado varias actividades de trueque de productos básicos entre provincias durante la pandemia. Prefectura del Azuay

El prefecto que defiende el agua cumplió su primer año de funciones este mayo. Un sondeo hecho por un periódico local señala que cuatro de cada 10 azuayos desaprueban su gestión y las razones que exponen es la falta de obras. Él, sin embargo, dice no gobernar con indicadores y se muestra satisfecho con los logros como la eliminación progresiva de los plásticos de un solo uso, que evitará que las quebradas y ríos se conviertan en basureros, la creación de los presupuestos participativos para que las asambleas en parroquias y cantones escojan las obras que se ejecutarán, y la reducción de los sueldos que se extendió a los directores y coordinadores de su equipo. Esto le permitió ahorrar dos millones de dólares que se han usado para apoyar a las personas más vulnerables y para comprar insumos médicos para luchar contra la pandemia.

También ha intentado promover una consulta popular para suspender la actividad minera en toda la provincia. A cambio busca impulsar el turismo y la vuelta al agro. Su mayor baza fue el triunfo que consiguió antes de entrar en política, en un referéndum en Girón, un pequeño cantón de su provincia. Sus 15.000 habitantes se pronunciaron sobre la actividad de la minera canadiense INV Metals en el páramo de Quimsacocha. El resultado: ocho de cada diez rechazaron la actividad extractiva y se frenó la concesión que tenía la canadiense Iamgold para extraer minerales en lo alto de las montañas. Según las estimaciones de la minera, los yacimientos del lugar podrían contener 62 toneladas de oro, 377 toneladas de plata y 40.000 toneladas de cobre, que significarían un ingreso para el Estado de 554 millones de dólares.

Pero el prefecto-activista ha perdido el pulso con el Estado en dos ocasiones. La Corte Constitucional negó su pedido de consulta popular en febrero pasado y la pandemia frenó todas las acciones de reclamo. Consultado sobre esto, Yaku asegura que seguirá empujando el referéndum para proteger las fuentes de agua. “Las veces que sean necesarias hay que volver a presentar en la Corte, va a primar la legitimidad. Hemos hecho estudios e informes para pedir al Ministerio del Ambiente, al Viceministerio de Minas y a la Defensoría del Pueblo que actúen ante focos de concesión minera. Están haciendo actividades ilegales, rebasan el área concesionada y los parámetros ambientales, tienen permisos de exploración, pero ya están haciendo explotación”, detalla.

El prefecto se mueve en bicicleta, toca el saxofón, no usa traje, y ya en el cargo, se bajó el sueldo a la mitad, su remuneración ahora es de 2.209 dólares mensuales

El abogado del cerro aprendió el valor del agua siendo apenas un niño. En 1974 acompañó a sus padres a traer el agua desde los páramos mediante un sistema de tuberías. “Cada fin de semana me fui a las mingas [trabajos comunitarios], cavando, colocando la tubería. Al año llegó el día más feliz de mi vida, abrir las llaves y ver el agua. Desde entonces, valoro mucho el agua”. Su primera acción de defensa del líquido vital fue en los años noventa, cuando el levantamiento indígena estaba en auge. “La empresa norteamericana Newmont quería meterse en la cabecera de los ríos en Jima y nosotros, con poco conocimiento, pero con mucha rebeldía, nos fuimos allí. Nos quedamos ocho días y logramos sacar a la minera. Esa fue nuestra primera victoria. Yo tenía unos 20 y pocos años”, recuerda.

Yaku fue detenido cinco veces durante el gobierno de Rafael Correa. La piedra de choque fue la Ley de Minería aprobada en 2009 y orientada a consolidar el modelo primario-exportador que ha seguido el Ecuador en el pasado, según el análisis publicado por William Sacher y Alberto Acosta, La minería a gran escala. La primera detención fue a inicios de 2009, poco antes de la aprobación de la ley, cuando como abogado acompañaba a un grupo de campesinos que se había declarado en huelga de hambre para rechazar la exploración minera. No fue una detención cualquiera, intervinieron fuerzas de élite de la Policía y hubo violencia. En esa ocasión estuvo privado de libertad pocas horas, pero las siguientes veces ya fue juzgado por sabotaje y terrorismo. En 2013 fue sentenciado a un año de cárcel, pero un juez le rebajó la pena a ocho días porque consideró que la lucha por el agua es altruista. “Lo lindo en la cárcel fue que siempre estuve con mis compañeros y las comunidades formaban campamentos alrededor de la cárcel”, cuenta. Sin embargo, en aquella época su mujer había muerto tras batallar contra el cáncer y eso minó su moral. “Fue muy duro estar encerrado porque ya había perdido a mi compañera y no podía ver a mis dos hijas que eran menores, una adolescente y la otra de ocho añitos”.

Con el sucesor de Correa, Lenín Moreno, el prefecto indígena es distante. En las manifestaciones de octubre de 2019, cuando toda la región se levantó, se colocó al lado de los suyos. Aunque después de eso se dio la mano con un funcionario de Moreno, para permitir que las brigadas sociales del gobierno lleguen a su provincia. Pero la tensión podría subir en los próximos meses porque el viceministro de Minas anunció que prepara un nuevo reglamento para consultar a las comunidades colindantes a los proyectos mineros. Para que no haya “abusos ni vivezas” que bloqueen los planes extractivistas del Gobierno. Pero eso será después. De momento la pandemia es la preocupación nacional y el prefecto que anda en bicicleta, toca el saxofón y no usa traje está enfocado en el trueque y en repartir semillas en las comunidades porque pronto viene la época de la siembra.
https://elpais.com/elpais/2020/06/16/planeta_futuro/1592300114_181519.html?prm=enviar_email

(Ottawa, 04/06/2020)
El presidente y vicepresidente electos de un municipio rural en el noroeste de Ecuador han sido amenazados con cargos penales, administrativos y constitucionales si aprueban cualquier medida para prohibir la minería. La amenaza se produjo en respuesta a las preocupaciones expresadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia «6 de Julio de Cuellaje», en la diversa región agrícola y de bosques nubosos de Intag, de que el gobierno de Ecuador se estaba aprovechando del COVID -19 emergencia para imponer el proyecto cobre-oro Llurimagua contra la oposición local.

El presidente de GAD, Ángel Widberto Flores Pilatuña, y el vicepresidente Graham Richards recibieron una carta del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables (MERNNR) el 27 de mayo, que los amenaza con cargos penales, administrativos y constitucionales si aprueban los cargos relacionados con la lucha contra la minería. normas a nivel parroquial:

“ Cualquier aprobación de un acto normativo o administrativo por parte de los GAD que intente prohibir las actividades mineras podría resultar en la imposición de acciones legales ante los tribunales de justicia … y también en el enjuiciamiento bajo el código penal. »

La carta respondía a un comunicado que el gobierno de la parroquia escribió al presidente Lenin Moreno el 18 de abril de 2020, para expresar sus preocupaciones con respecto a la firma del gobierno de un acuerdo de empresa conjunta con el gigante minero chileno, Codelco, para impulsar el controvertido proyecto Llurimagua. La carta señaló que el gobierno está aprovechando la situación de emergencia sanitaria pandémica para impulsar el proyecto sin el consentimiento de las comunidades locales, una medida que consideran ilegítima e ilegal, y destacó la resistencia de la región a la minería industrial durante más de 25 años.

En respuesta a las amenazas, varias organizaciones ecuatorianas emitieron una declaración condenando la medida, declarando que «el gobierno, en colusión con las compañías mineras, NO PUEDE poner» proyectos estratégicos «por encima de los derechos humanos y constitucionales. … Las acciones del MERNNR demuestran … que los ecuatorianos viven en una dictadura minera «.

Esta es la última de una serie de acciones que los gobiernos y las compañías mineras han tomado durante la pandemia de COVID-19 para reprimir el sentimiento generalizado contra la minería en todo el mundo y en Ecuador, revela un nuevo informe . En mayo, el gobierno ecuatoriano aprobó un protocolo para que las compañías mineras operen durante la pandemia, que incluyó el suministro de convoyes militares para el transporte de minerales. Esto ocurrió justo después de que tres funcionarios públicos fueron arrestados en la provincia de Morona Santiago por intentar bloquear los camiones que iban a la mina Fruta del Norte de Lundin Gold por temor a que su entrada en la remota región amazónica pudiera ayudar a transmitir el virus.

A pesar de las amenazas, el GAD no está retrocediendo. “ No permitiremos que el gobierno o las empresas se vuelquen sobre nuestras decisiones legítimas e impulsen la megaminería. Esta pandemia no puede usarse como una excusa para imponernos estos proyectos a nosotros ni a nuestras generaciones futuras «, dijo el vicepresidente de GAD, Graham Richards.

Cuellaje enfrenta múltiples amenazas mineras: el gigante chileno de cobre Codelco, el gigante minero australiano BHP y la compañía minera junior canadiense Cornerstone Capital Resources tienen todos derechos de concesión en el área. Las actividades mineras se oponen ampliamente en la región debido a su sensibilidad ecológica y su rica y diversa producción agrícola a pequeña escala, bosques antiguos y un sector turístico vibrante.

Para más información contactar:

Graham Richards, Parroquia Cuellaje (español e inglés), +593 98846 1692
Kirsten Francescone, MiningWatch Canada (español e inglés), +1 (437) 345-9881

El alcalde de Cotacachi le pidió en una carta al presidente del Ecuador la entrega de información específica sobre el proyecto minero Llurimagua, «con la clara explicación de los beneficios económicos para el país y para nuestra población Inteña y Cotacacheña; de los impactos ambientales a las fuentes de agua, suelos agrícolas y bosques Primarios; de las fuentes financieras nacionales e internacionales; de los beneficios sociales en salud, educación, seguridad y cultura para las comunidades; de la política gubernamental de respeto irrestricto a los Derechos Humanos Universales; y del Cumplimiento de las Observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, en base a la auditoría practicada al proyecto minero Llurimagua en 2019».

El texto completo de la carta es el siguiente:

Oficio Nro. GADMSAC-A-2020-0117-OF
Cotacachi, 21 de abril de 2020

Licenciado
Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
En su despacho

De mi consideración:

A nombre del Municipio y del pueblo multiétnico de Cotacachi, le presentamos un saludo respetuoso y el deseo de que, en estos tiempos difíciles que atravesamos a nivel nacional y mundial, Dios le guie, fortalezca y bendiga, y le provea de toda la sabiduría y serenidad en la toma de decisiones para el beneficio de todos los ciudadanos del Ecuador.

Como es de conocimiento público, señor Presidente, el 16 de abril del año en curso, su gobierno pretendía redefinir la Concesión Minera del Proyecto Llurimagua, administrada por la sociedad CODELCO — ENAMI EP, quienes han venido desarrollando «trabajos de exploración, desarrollo y operación minera»; a partir de la firma oficial entre los Ministros de Minas de Chile y Ecuador, el 30 de octubre de 2018. El denominado Proyecto Minero Llurimagua se encuentra ubicado en la Parroquia García Moreno, del cantón Cotacachi, proyecto que ha provocado en nuestro territorio diversos conflictos sociales, económicos y ambientales.

En tal virtud, le solicitamos que se sirva entregarnos un Resumen Ejecutivo del gran Proyecto Minero Llurimagua, con la clara explicación de los beneficios económicos para el país y para nuestra población Inteña y Cotacacheña; de los impactos ambientales a las fuentes de agua, suelos agrícolas y bosques Primarios; de las fuentes financieras nacionales e internacionales; de los beneficios sociales en salud, educación, seguridad y cultura para las comunidades; de la política gubernamental de respeto irrestricto a los Derechos Humanos Universales; y del Cumplimiento de las Observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, en base a la auditoría practicada al Proyecto Minero Llurimagua en el año 2019.

Esta petición formal la realizamos con el único propósito de: 1) Transparentar la información legal, ambiental y financiera; 2) Velar por el cumplimiento de la Constitución de la República, entre otros principios y preceptos legales, la «Consulta previa e Informada», así como el «Consentimiento de la Comunidad»; 3) Socializar desde el ámbito de nuestra competencia, la verdad de los hechos a los pueblos que habitan en el Valle de Intag del canton Cotacachi, y, 4) Evitar que se vuelva a repetir los ciclos históricos de explotación irracional de minerales, aplicación de políticas inhumanas etnocidas y genocidas, y la pérdida irreparable de ecosistemas únicos a nivel mundial.

Luego de haberle hablado desde la formalidad legal e institucional, permítame expresarme desde el alma y el corazón, con el soporte moral de la memoria de mis abuelos Kichwas. Inicio recordándole que la lucha del pueblo Inteño y Cotacacheño frente a la amenaza minera, tiene vigencia por más de 20 años, y sin temor a equivocarme, la lucha continuará por otros 20 años más. Pero seguro estoy que las nuevas generaciones tomarán la posta de la lucha por la vida, el agua, la madre tierra y la agricultura; con más fe, con más conciencia y con más determinación.

Señor Presidente, le invito a ponerse la mano en el pecho y a abrir los ojos. Hoy más que nunca debemos darnos cuenta que la simple tarea de meter la mano a las entrañas de la tierra y explotar irracionalmente los minerales, no es el camino de prosperidad Por más de 500 años, unos pocos politiqueros y grupos económicos ambiciosos, vienen succionado la riqueza para su beneficio, a costa de la pobreza y extrema pobreza de la gran mayoría de compatriotas. Aspiro que su gobierno NO sea quien abra el camino de la destrucción de la naturaleza, el saqueo de minerales por las transnacionales, la explotación del pueblo y NO sea responsable de actos genocidas y etnocidas. Repetir los mismos errores de sus antecesores, es poco inteligente. Equivocarse en la aplicación del modelo de desarrollo extractivista que no ha dado frutos durante siglos, es poco profesional. Aferrarse a prácticas corruptas y entreguistas a las multinacionales, es poco sensato. Cerrar la mente y la razón a los niños, mujeres, abuelos y hombres del campo, que simplemente piden justicia, pan, solidaridad y trabajo, es inhumano.

Deseo que esta crisis sanitaria y económica mundial se convierta en la oportunidad para provocar cambios espirituales a nivel personal y colectivo, y por supuesto, se necesita urgente un cambio de modelo economico y social. Definitivamente necesitamos construir un Modelo Productivo agrícola, agroindustrial y de manejo racional del agua. Porque como queda demostrado, más que petróleo, oro, plata y cobre; nuestro pueblo y el mundo necesita alimentos y agua para sobrevivir. Le invito a no destruir miles de hectáreas productivas desde dónde podemos seguir alimentando al Ecuador. Le invito a no contaminar millones de litros de agua, que aparte de servirnos para el consumo local, bien podríamos exportar a países que necesitan el liquido vital, con mejores réditos económicos que el mismo petróleo y demás minerales. Le invito a respetar y amar los bosques primarios sagrados, hogar de millones de hermosos seres vivos y fuente inagotable de oxigeno puro que tanta falta le hace al Ecuador y al mundo.

Apelamos a su bondad y buen sentimiento humanista. Termine su mandato con dignidad y visión de futuro; hay otras formas inteligentes de generar ingresos para el Estado. No perdamos bajo ninguna presión las «minas» de alimentos y las tierras fértiles vitales para la supervivencia. La renovación humana y la recuperación de la conciencia por todas las vidas, hoy es lo primordial. Salvemos desde nuestra pequeña casa el planeta y a la humanidad. Hagamos nuestra parte responsablemente, seguro millones de seres humanos nos seguirán.

En la seguridad de contar con su respuesta positiva, anticipo mi agradecimiento y reitero mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,
«AMA KILLA, AMA LLULLA, AMA SHWA»
«NO SER OCIOSO, NO SER MENTIROSO, NO SER LADRÓN»

Econ. Auki Tituaña Males
ALCALDE DE COTACACHI

Con Copia:
Presidente de la Asamblea Nacional.
Contralor General del Estado.
Presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas — AME.
Nuncio Apostólico / Representante del PAPA en Ecuador.
Presidente de la Conferencia Episcopal.
Director del Programa de la Organización de las Naciones Unidas — ONU en Ecuador.
Director de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura — UNESCO en Ecuador.
Instituto Interamericano de DDHH.
Comisión de DDHH de la ONU.
Representante de la Unión Europea en el Ecuador.
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107862

7/4/2020
A pesar de que las compañías mineras dicen que están suspendiendo las operaciones en Ecuador debido a Covid-19, el trabajo en el terreno continúa, enojando a las comunidades locales y grupos indígenas en riesgo.
Crédito de imagen: Acción Ecológica

«Rainforest Action Group está preocupado porque los mineros que se mueven por la región están poniendo en riesgo a los locales. Al parecer, cuatro mineros ubicados en Rocafuerte, la base operativa de la concesión Cascabel de Solgold en el norte de Ecuador, han dado positivo por el virus.[1] El lunes 30th Marzo, la entrada de un hostal en Ibarra fue bloqueado con camiones de basura por temor a que las autoridades trasladaran a los pacientes de COVID-19 al albergue», Dice la Sra. Liz Downes, miembro del Grupo de Acción de la selva tropical.

«Los grupos indígenas y las comunidades locales están furiosos porque los empleados mineros continúan ingresando a sus comunidades a pesar de los riesgos de coronavirus. También parece que las compañías mineras están aprovechando los toques de queda para instalar maquinaria en sitios controvertidos sin resistencia», Dice Rebekah Hayden, otra miembro del Grupo de Acción para la Selva Tropical.

El 18 de marzo, el grupo ambientalista Acción Ecológica denunció a Codelco y ENAMI por capitalizar el estado de emergencia para instalar maquinaria en Cotapaxi, al sur de Quito.[2]

Las compañías mineras chinas TerraEarth S, A. Y Ecuacorriente también han sido denunciadas por continuar sus operaciones a pesar del alto riesgo para los grupos indígenas locales. Un campamento en el complejo minero de San Carlos Panantza fue incendiado y destruido intencionalmente.

«Muchas de las tribus indígenas en Ecuador ya han sido devastadas por epidemias, como la poliomielitis que aniquiló alrededor de dos tercios de los Waorani en la década de 1950. Otra epidemia en la región diezmaría aún más a estos grupos.», Dice Liz Downes.

«El aumento de la actividad minera también está poniendo en riesgo las fuentes de agua. Los residentes de la zona norte de la provincia de Esmeraldas declararon el 4 de abril que las actividades mineras se han intensificado desde el anuncio del estado de emergencia, contaminando los ríos que constituyen su suministro de agua potable y lavado.[3]», Dice Liz Downes.

«La incapacidad del gobierno para actuar eficazmente en caso de crisis es evidente en el puerto principal de Ecuador, Guayaquil, donde los cuerpos se acumulaban en casas y apartamentos. Al menos 550 cuerpos no fueron recolectados por hasta ocho días. Los habitantes se vieron obligados a publicar sus problemas en las redes sociales en un esfuerzo por llamar la atención del gobierno sobre la situación.», Dice Liz Downes.[4]

Las empresas mineras y petroquímicas en Ecuador se consideran servicios esenciales y están exentas de la suspensión del trabajo normal. Fruta del Norte ha reducido sus trabajadores de 1,080 a 400-500, y Mirador está trabajando con 800 de los 2400 habituales.[5] En la mina Mirador en el sureste de Ecuador, Ecuacorriente está construyendo su presa de relaves masivos en lugar de continuar con las operaciones mineras, ya que las autoridades locales han suspendido las actividades mineras generales para evitar el transporte de mineral y movimientos dentro y fuera del sitio.

«Aunque SolGold y Lundin Gold han anunciado que los empleados trabajarían en gran medida desde su casa, esto parece referirse en gran medida a los empleados de nivel profesional. En el terreno, parece que muchas empresas contratistas continúan con las operaciones habituales, mientras que un número reducido de empleados trabajan en el sitio,»Rebekah Hayden dice.

«Los soldados han atrapado efectivamente a un número no revelado de mineros en el campamento minero de Mirador. No está claro si pueden aislar efectivamente. Esto fue el resultado de una medida del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local del cantón El Pangui el 19 de marzo para restringir el movimiento de mineros.», Dice Rebekah Hayden.

«Como MiningWatch Canada ha señalado[6], Los campamentos mineros a menudo están congestionados y ubicados lejos de instalaciones médicas adecuadas y a menudo tienen un acceso reducido al agua potable. El manejo y la contención de coronavirus en estas condiciones es muy poco probable. El riesgo para los lugareños de los soldados que pueden haber contraído el virus, o de cualquier empleado que ingrese o salga es muy alto. No se debe permitir que las actividades mineras continúen en este momento», Dice Rebekah Hayden.
https://rainforestactiongroup.org/es/mining-camps-in-ecuador-potential-breeding-ground-for-coronavirus/

29/03/2020
La empresa minera Explorcobres (EXSA), hermana de la empresa china Ecuacorriente, denunció que su campamento La Esperanza, ubicado en el proyecto San Carlos Panantza, en Morona Santiago, recibió un ataque vandálico por parte de personas «que están por fuera del área de influencia de ese proyecto».

Explicaron que fue un ataque violento con tacos de dinamita y armas de fuego. El acto vandálico se realizó a las 00:15 del 28 de marzo. En el momento de la agresión se encontraban en el campamento varios guardias que fueron evacuados.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables confirmó tras una inspección de la Agencia de Regulación Minera (Arcom), los hechos. También dijo el Ministerio que durante estos sucesos, personas no identificadas sustrajeron objetos y equipos de valor.

En este sentido la Cartera de Estado rechazó enfáticamente los actos vandálicos y la destrucción de la propiedad privada perteneciente al proyecto minero San Carlos Panantza. Además se explicó que estos hechos se realizaron durante el Estado de Excepción.

El Ministerio pidió a las autoridades correspondientes realizar la investigación a fin de dar con los responsables de estos hechos y garantizar las concesiones mineras legalmente concedidas.

La empresa deploró los actos violentos, pero dijo que continuará trabajando por el bien del país.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/29/nota/7798704/incendian-roban-campamento-minero-esperanza

… Frente a iniciativas mezquinas e insolidarias, proponemos un diálogo democrático que acoja las iniciativas populares

Alberto Acosta
18/03/2020

Pandemia y crisis económica
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha colocado a la humanidad ante la angustia de una posible muerte generalizada. Ataca a todos sin diferencias: han caído contaminados gobernantes, artistas, deportistas, sacerdotes, gente común, jóvenes, viejos, hombres, mujeres. Pero, sobre todo, amenaza a los más pobres, a quienes no tienen condiciones para protegerse ni aislarse.

La actual crisis mundial no es el resultado de la pandemia; venía gestándose desde antes, como consecuencia del capitalismo depredador y salvaje que nos han impuesto los poderes globales.

Desde las autoridades se privilegian las medidas de control y disciplinamiento, la estrategia del miedo. La primera preocupación del poder mundial es la salud del mercado, no la vida de los seres humanos. Nunca hablan de las otras pandemias: la especulación criminal del capital global, el extractivismo, la sobreexplotación de los trabajadores, el hambre, un modelo productivo que exacerba la contaminación ambiental. Nunca dicen que la crisis sanitaria que vive el planeta se debe al desmantelamiento de los sistemas públicos de salud y al debilitamiento del tejido comunitario y de las organizaciones que pueden responder a la emergencia desde las bases de la sociedad.

La primera reacción del gobierno ecuatoriano, hace un par de semanas, fue la aplicación oportunista de un mini paquete de medidas fiscalistas, atacando a los trabajadores públicos y a las clases medias a fin de obtener liquidez inmediata y hacer buena letra frente al Fondo Monetario Internacional. Completó el esquema con medidas policiales, ignorando, por ejemplo, el llamado de la CONAIE a coordinar acciones en zonas y territorios vulnerables y desprotegidos. El gobierno no cree -más bien le teme, como evidenció durante el paro de octubre- en la capacidad organizada de la sociedad.

Décadas de políticas populistas en el campo de la salud evidencian el colapso de un sistema que se basa en la curación y en la oferta de servicios, mas no en la prevención y promoción de la salud. Esto se potenciaría mucho más si se recuperaran los saberes ancestrales y se respetaran los territorios de los pueblos y comunidades que los desarrollan. La reducción del presupuesto, el despido masivo de personal médico, el despilfarro y la corrupción en los hospitales públicos confirman que los gobiernos han priorizado un modelo empresarial para favorecer a grandes grupos privados y transnacionales de la salud. Ante la pandemia, hasta voceros neoliberales, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se han visto obligados a reconocer que la salud no puede estar sometida al imperio del mercado.

Desde la sociedad empieza a emerger la fuerza de la solidaridad frente a la inopia del gobierno. El barrio, la familia, el ayllu se convierten en el espacio colectivo para protegerse y cuidarse, para alimentarse en conjunto y cuidar de los más vulnerables. Desde el gobierno, en cambio, hay una deuda sobre la transparencia de la información, que únicamente genera mayor angustia e incertidumbre.

En el Ecuador hay más de 60% de desempleados y subempleados que no están en condiciones de poner en práctica la mayor parte de las medidas impuestas. Si el gobierno no abastece de alimentos a las familias que presenten casos, la cuarentena y la restricción a la movilidad serán un fracaso.

La decisión desde abajo surge de la fuerza y la conciencia de los sectores subalternos del país, que propician un programa para atender las propuestas alternativas que vienen desde la resistencia al extractivismo y la construcción de otros modos de vida (soberanía alimentaria, agroecología, agricultura familiar campesina, turismo comunitario, seguridad social), en armonía con la naturaleza. Vienen desde la lucha de las mujeres contra el patriarcado y por la soberanía de los cuerpos, para construir desde el cuidado un mundo compartido por todos y todas, sin las violencias que destruyen a nuestra sociedad. Vienen desde las luchas de las nuevas generaciones por un mundo libre de los ataques a la madre naturaleza y a la vida. Vienen, en este momento de resistencia a la precarización y sobreexplotación del trabajo, de la resistencia al capitalismo del desastre.

Hay que potenciar los vínculos comunitarios y la solidaridad en esta hora difícil. Debemos estar preparados para que se concrete un efectivo cambio de rumbo en todos los ámbitos. No se puede tolerar que autoritarismo, extractivismo y neoliberalismo marquen el camino para cuando hayamos controlado la pandemia.

La crisis no la deben pagar los pobres, sino los responsables de la codicia y la desposesión como modos de vida. En el Ecuador, la crisis debe recaer sobre los que más se beneficia- ron de la bonanza petrolera y de las medidas neoliberales aplicadas en los últimos años. Es inadmisible que un grupo de economistas neoliberales, que han hecho una apología permanente de la desigualdad social, hoy propongan al pueblo ecuatoriano medidas duras para salir de la crisis, beneficiando a los grandes grupos económicos.

Frente a estas iniciativas mezquinas e insolidarias, proponemos un diálogo democrático que acoja las iniciativas nacidas de la dinámica y de la necesidad concreta de los sectores populares, campesinos e indígenas del Ecuador.

Declaramos nuestro apoyo a las propuestas y caminos abiertos por el Parlamento de los Pueblos, por el movimiento indígena, las mujeres, las y los jóvenes, los sindicatos y los movimientos sociales. Llamamos a fortalecer y juntar las resistencias y a construir una democracia diferente, un Estado plurinacional sin permiso, capaz de sostener y apoyar la unidad del movimiento indígena y los movimientos sociales, y preparar propuestas para enfrentar la decadencia del capitalismo planetario.

https://montecristivive.com/ante-la-crisis-y-la-pandemia/

Ricardo Zambrano
08/03/2020
90 % del mercurio importado por Ecuador sirve para ‘envenenar’ a la Amazonía, según estudio
Entre 1994 y 2018 Ecuador importó 403 toneladas de mercurio que en su gran mayoría (90 %) fue utilizado para la minería de oro informal e ilegal. Esta cifra lo ubica como el sexto país que más importó este químico dentro del Bioma Amazónico, luego de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Guyana.

Los cinco mayores proveedores de mercurio para Ecuador, durante los años 1996 a 2015, fueron: Alemania (94,36 toneladas), España (58,491), Bélgica (32,8), Estados Unidos (24,78) y Países Bajos (21,37), según el informe ‘El Bioma Amazónico frente a la contaminación por mercurio: balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos’ realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Como consecuencia de la utilización de este material, peces y delfines en varios países amazónicos tienen presencia de este peligroso metal pesado en sus tejidos, mientras que poblaciones locales e indígenas también revelan contenidos de mercurio en sus cuerpos, en muchos casos al nivel de intoxicación, señala la WWF. Esto se da porque el peligroso metal se filtra a los ríos de la zona que proveen de agua tanto a personas como la flora y fauna.

En varias zonas de la Amazonía de Perú son claros los daños que ha causado la minería ilegal. Además, hay altos niveles de contaminación debido al uso del mercurio para producir oro. Foto: Cortesía WWF

En el 2013, Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente, firmó la Convención de Minamata, el primer acuerdo internacional para reducir el uso y comercio de mercurio para prevenir daños a la salud y al medioambiente.

Ese mismo año el Gobierno creó el plan Cero mercurio, que estipulaba vía ley orgánica, la prohibición definitiva del uso de mercurio en actividades mineras. Sin embargo, un año después, en 2014, el país registró un aumento “espectacular y anómalo” de la importación de este químico ya que se trajeron 112 toneladas.

“Es sólo una estimación. No existen cifras definitivas pero es evidente un desbalance entre el volumen de importaciones (de mercurio) y los usos legales… un muy alto porcentaje es desviado hacia la minería ilegal”, indica Jorge Rivas, director de conservación Programa de Paisajes Terrestres de WWF Ecuador.

El uso del mercurio se demanda en la minería aurífera artesanal e informal en las ciudades de Zaruma, Portovelo, Piñas y Ponce Enríquez y los poblados mineros de Nambija y Bella Rica, señala el estudio.

Los mineros de la región de Portovelo-Zaruma, según la organización internacional, han declarado que el mercurio que usan algunas veces es importado ilegalmente del Perú.

“Una parte importante de mercurio que se utiliza ingresa al país por pasos clandestinos de las fronteras. Es necesario mejorar todos los controles, pero incluso si se prohíbe cualquier importación, si no existen los controles respectivos no tendrá mayores efectos sobre el ambiente”, dice Rivas.

Amazon river dolphin (Inia geoffrensis)
The team manages to net a group of four Amazon River Dolphins in Quebrada Valencia, a small tributary of the Loretayacu River
Amazonas, Colombia.

En los tejidos de los delfines de río, cuyo hábitat es la Amazonía, se han encontrado restos de mercurio. Foto: Cortesía WWF

El especialista señala que sin un trabajo conjunto, articulado y mancomunado entre los países del Bioma no se resolverá el problema.

No obstante, añade la WWF en el informe, los gobiernos conocen poco sobre esta realidad. Indica que salvo algunos reportes periodísticos, las inferencias que se hacen es que estos mercados de mercurio ilegal navegan fluidamente por las fronteras de Colombia, Bolivia, Perú, Brasil y Ecuador.

“En las regiones fronterizas (amazónicas) de estos países, la autoridad del Estado es tenue, los mecanismos de coordinación binacional son débiles y posiblemente hay articulación con otros mercados de bienes ilegales. Esto ha permitido el tráfico entre fronteras de mercurio y de mineros informales”, asegura el estudio.

El reporte explora cómo, a pesar de que el mercurio existe de forma natural en la Amazonía, durante los últimos años se ha aumentado progresivamente su presencia debido al crecimiento de la demanda de oro en el planeta, y por ende el incremento acelerado de la minería aurífera informal e ilegal.

Esta clase de minería es la mayor fuente de contaminación por mercurio a nivel global. El mercurio es utilizado para el amalgamiento del oro, es transportado por los ríos y entra en la cadena alimenticia del ser humano y de especies claves como el delfín de río, a través de los peces.

Políticas transfronterizas que reduzcan el comercio del mercurio y su uso en la minería ilegal; establecer mecanismos de trazabilidad de origen y de comunicación en torno a un ‘oro envenenado’ son parte de las sugerencias que realiza el informe, aunque, reconoce que lograr la reducción del uso del químico también dependerá de la demanda internacional. “Estas normas y prácticas deberían generalizarse y ser la norma internacional para la compra de oro”, dice Rivas. (I)

DATOS

Debido a su alta toxicidad y riesgo para la salud humana y el medio ambiente, la Organización Mundial de la Salud ha declarado al mercurio como una de las seis sustancias químicas más peligrosas para la salud.
El mercurio se utiliza en una gran variedad de procesos y productos, como las amalgamas dentales, aparatos de medición, cosméticos y en el proceso de amalgamación en la minería de oro.
112 toneladas de mercurio se importaron al país en 2014, la cifra más alta registrada hasta el momento, según el informe de la WWF.
40 dólares es el precio de un kilo de mercurio en Ecuador, especialmente en las regiones amazónicas donde hay minería ilegal.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/08/nota/7770234/produccion-oro-envenenado-continua

28/02/2020
DENUNCIA PÚBLICA

La empresa minera CORNERSTONE S.A. en un comunicado de prensa con fecha 27 de febebrero del presnte año, en el que hace mención a los proyectos mineros bajo su concesión en las provincias de Carchi e Imbabura, indica que durante la segunda mitad del año 2020 dará paso a la perforación de los yacimientos dentro de la fase de exploración.

Es indignante constatar la vulnerabilidad a la que están sujetas la naturaleza, las comunidades y terriorios amenazados por actividades extractivistas. El 19 de junio del 2019 la Corte Provincial de Justicia de Imbabura acogió la Accion de Protección a favor del Bosque Protector Los Cedros, al constatar el incumplimiento del derecho a la consulta ambiental a las comunidades. Sin embargo desde el dictamen de la sentencia poco o nada han hecho las instituciones estatales “competenetes”, por reparar los daños y darla cumplimiento.

Rechazamos el irrespeto a los derechos humanos, a las leyes nacionales y acuerdos interanacionales asi como a la soberanía del Ecuador por parte de la empresa minera CORNERSTONE S.A. de capitales canadienses, que pese a haber sido retirada la licencia ambiental por orden del juez de la Corte Provincial de Justicia de Imabura para su operación sobre el proyecto minero Rio Magdalena que ocupa el 60% del Bosque Protector Los Cedros – Intag, no ha detenido sus actividades dentro del bosque y comunidades aledañas al proyecto.

Con amargura se puede constatar que en Ecuador no se respeta los Derechos Humanos y de la Naturaleza a pesar de poseer una de las Constituciones más granatistas en el marco del derecho y ser uno de los 17 paises más megabiodiversos del mundo.

Que el Estado ecuatoriano inobserve el incumplimiento a las leyes constitucionales por parte de las corporaciones transnacionales, mucho antes de que estas incien la fase de explotación, revela una muerte/catástrofe anunciada. En Ecuador se repite el modus operandi transnacional en el que el Estado se limita a cumplir las ordenes de los grupos de poder económico. Hace 50 años nos impusieron la explotación petrolera como una posibilidad de “desarrollo” y ahora vienen con el cuento miserable de la “Minería Responsable”.

EXIGIMOS #JUSTICIA LOS CEDROS #JUSTICIA AMBIENTAL

Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador

0992 799 751 – 098 052 4885 – omasne.ecuador@gmail.com

FEB, 14, 2020 |
PUEBLOS. Protestaron en contra de la minería y explotación petrolera.
Desde la Amazonía, cientos de indígenas de las comunidades A’i Cofán, de Sinangoe y Waorani llegaron a Quito y realizaron un plantón a las afueras de la Corte Constitucional (CC) para exigir la emisión de un fallo que ampare el derecho de estos pueblos a vivir sin minería y explotación de petróleo.

Álex Lucitante, defensor de DD.HH. y miembro de la comunidad A’i Cofán, señaló que ellos ya ganaron una sentencia en temas mineros y petroleros: “Queremos que se seleccione la sentencia de los compañeros waoranis tanto como está seleccionada la nuestra y se puedan acumular las dos y empezar jurisprudencia”.

Silvana Neiwa, lideresa del pueblo Waorani, dijo que el objetivo de su movilización es que la CC dé cumplimento a los dos casos que “protejan nuestros derechos a vivir en paz”.

Jornada
Al mediodía se movilizaron hasta el Ministerio del Ambiente. Lucitante señaló que la entidad debe ir a territorio pues “somos nosotros los que tenemos que cuidar que no entren los mineros legales o ilegales, y eso no debería ser así”.

María Espinoza, defensora de DD.HH, indicó que, según la Constitución, el Estado tiene la obligación de realizar una consulta previa e informada con los pueblos donde están recursos naturales que puedan ser explotados.

Lucitante recordó el fallo histórico de Sinangoe, de noviembre de 2018, cuando la Corte Provincial de Sucumbios revertió 52 concesiones mineras para exploración y explotación de oro, que fueron entregados por el Estado sin consulta previa, “aunque afectan a nuestro territorio ancestral e importantes fuentes hídricas”.

Por lo tanto, explica Lucitante, el Ministerio del Ambiente debe promover un plan de reparación para las zonas afectadas. (AVV)

Indígenas de la Amazonía protestaron afuera de la Corte Constitucional