Es de conocimiento público que ni la Enami ni Codelco hay siquiera iniciado el Estudio de Impacto Ambiental… Tampoco se ha realizado la Consulta previa al inicio de activides que puedan impactar el ambiente de las comunidades- un derecho Constitucional. La comunidad de Junin la más afectada, ha dicho una y otra vez que rechaza todo tipo de minería, actitud que ha sido una constante desde 1995 cuando el conflcito minero inició en Intag.
La Decoin considera que la presencia de las empresas mineras en Intag sin la aprobación de las comunidades dentro de la concesion minera será una provocación flagrante, que probablemente llevará a nuevos conflictos entre empresa- comunidades, y entre comunidades. Esto violaría varios derechos constitucionales, incluyendo el derecho al Buen Vivir , Sumak Kawsay, el derecho a vivir en una cultura de paz (art. 3), entre otros.