La FIDH, su organización integrante ecuatoriana CEDHU, y MiningWatch Canadá, denuncian la falta de voluntad y acción del Punto Nacional de Contacto (PNC) canadiense responsable de administrarlas Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, en el caso del proyecto Mirador, un proyecto minero a gran escala en la Amazonía Ecuatoriana.

El 25 de julio de 2013, la FIDH, la CEDHU y MiningWatch presentaron una queja ante el PNC Canadiense en representación de un grupo de pobladores campesinos e indígenas afectados por el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador. Nuestras organizaciones denunciaron los impactos sobre los derechos humanos y de la naturaleza que CRCC-Tongguan de China a través de sus subsidiarias canadienses Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A. (ECSA) están generando en la Amazonía ecuatoriana.

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El día martes 7 de octubre, la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, a través de su representante legal, Hugo Robalino Fernández, entregó al Ministerio del Ambiente un documento de aproximadamente 100 páginas conteniendo las observaciones y comentarios realizadas al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo para el proyecto minero de exploración avanzada, Llurimagua, ubicado en la Zona de Intag, Cantón Cotacachi, Ecuador. 

 El documento de la Asamblea Cantonal identifica decenas de errores y omisiones de fondo contenido en el Estudio de Impacto Ambiental los cuales, del punto de vista de la Asamblea, invalida dicho documento. Basandose en la pobreza de información y errores, la Asamblea pide la suspensión de toda actividad de exploración hasta que la empresa consultora responsable del Estudio, Cardo Entrix, juntamente con la ENAMI y la CODELCO de Chile, respondan a los comentarios y corrijan los errores que fueron identificados y documentados. 

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Acción Ecológica se pregunta: ¿De dónde viene la violencia?

Hoy, 2 de octubre, fecha de nacimiento de Mahatma Gandhi, es también el día en que se celebra el «Día internacional de la No Violencia», como forma de rendir homenaje a quien impulsó esta filosofía y la planteó como estrategia para enfrentar la violencia del poder económico y político.

Naciones Unidas plantea que los gobiernos están en la obligación de «diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública», para alcanzar «una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia». Sin embargo, lo sucedido al término de la marcha convocada por las organizaciones sociales el 17 de septiembre y en los días posteriores, se contradice con dicha obligación, e inclusive con la Constitución, que le indica: «Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática…» (Art. 3). Luego de estas manifestaciones cerca de 300 personas, en su mayoría jóvenes, fueron detenidas, 53 de ellas continúan recluidas.

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Comunicado de Prensa

Berlin, 17 de septiembre de 2014

Informan al gobierno chileno sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto minero de la estatal CODELCO en el Ecuador

100.000 voces de todo el mundo se suman a la defensa ecológica de la zona de Intag

“La gigante chilena CODELCO tiene amplia experiencia en la extracción de cobre en ambientes áridos como el desierto de Atacama, pero carece de experiencia en entornos como el de Intag, una región de bosque nublado subtropical que forma parte de la bioregión Chocó” destaca Carlos Zorrilla de Defensa y Conservación Ecológica de Intag DECOIN, quien llegó a la embajada chilena en Berlín para conversar con su responsable de medio ambiente, Sr. Francisco Mackenney.

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En Pacto hay un bosque húmedo, ríos, cascadas y vestigios preincaicos del pueblo Yumbo. Esta parte del ecosistema de la cordillera occidental de los Andes preserva especies endémicas de plantas, como la palma de donde proviene la tagua, y una especie de chirimoya que está en peligro de extinción. En esta zona biodiversa de Quito se pretende realizar una actividad extractiva a pesar de la negativa de la comunidad.

El ocho por ciento del total de los mamíferos del Ecuador vive en esta zona. En Pacto también hay la tranquilidad de una vida aún de pueblo, sin prisa. En definición geopolítica, es un gobierno autónomo parroquial, parte del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Debido a su valor ecosistémico, en el 2011, el Concejo Metropolitano de Quito declaró que las microcuencas de Pacto, de los ríos Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal, sean áreas naturales protegidas. En el decreto se acordó que el uso del suelo sea un área para la conservación y el desarrollo agrícola, agropecuario y agroforestal sustentable. De manera explícita, prohibió las actividades extractivas de recursos naturales no renovables.Un año después, este decreto parece haber sido pasado por alto.

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Las consecuencias para la población de Checa de décadas de explotación minera ilegal y antitécnica se pusieron en evidencia cuando se produjo el desplome de una parte de la loma de Aglla sobre la vía E35.

Una vez que se reabrió el paso hacia El Quinche, los habitantes de Checa expresaron su preocupación por la existencia de tres zonas de riesgo. Dos de estas corresponden a las minas de piedra pómez o cascajo que quedaron abandonadas en las faldas de la loma de Iguiñaro y en el borde de la quebrada del barrio San Luis. La tercera está en Aglla, donde se produjo el derrumbe que provocó el cierre de la E35.

Loma de Iguiñaro

Expuestas, sin ninguna señal de advertencia ni vallas de protección, permanecen las cuevas de forma triangular que se introducen en las entrañas de la loma de Iguiñaro.

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La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE, que aglutina a 21 organizaciones y federaciones de 11 nacionalidades amazónicas, frente al desalojo perpetrado el día martes 1 de Julio de 2014 a las familias del Centro Shuar Ijisam, parroquia Tundayme, cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, expresa lo siguiente:

La profundización de la política extractivista del actual régimen –que supera a los gobiernos neoliberales del pasado-, ha dado lugar a sistemáticas violaciones de nuestros derechos fundamentales y ha generado una serie de conflictos socio ambientales en las comunidades indígenas de toda la región amazónica. Esto ocurre mientras puertas afuera se patrocina la imagen del Ecuador por poseer una de las constituciones más avanzadas del mundo, que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial, su derecho a la consulta libre, previa e informada, los derechos de la naturaleza, el Sumak Kawsay, entre otros.

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Tras once meses de esperar una respuesta a una queja entregada en Ottawa, la FIDH, su liga ecuatoriana, CEDHU y MiningWatch Canadá, en representación de un grupo de pobladores campesinos e indígenas afectados por el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador, urgen a la oficina canadiense proseguir con el caso. Denuncian la gran demora del Punto de Contacto Nacional canadiense, responsable de administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) mientras sucede una reunion mundial de la OCDE, el Global Forum on Responsible Business Conduct, en Paris.

El 25 de julio de 2013, la FIDH, la CEDHU y MiningWatch presentaron una queja ante el Punto de Contacto Nacional canadiense (PCN), responsable para administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, denunciando los impactos sobre los derechos humanos y la naturaleza que la empresa Corriente Resources y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A. (ECSA) está generando en la Amazonía ecuatoriana.

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La mañana del 14 de junio de 2014, la plaza de Cotacachi fue el punto de reunión de varias decenas de personas que tenían la intención de llegar a Junín, una de las comunidades del territorio conocido como Íntag, epicentro de un grave conflicto socioambiental que sacude a Ecuador.

Desde hace varias semanas –44 días en total– la policía nacional mantiene un fuerte dispositivo en Junín. Es un pueblo de 260 habitantes, a más de cuatro horas en autobús de la ciudad más próxima –Cotacachi u Otavalo, ambos cantones de la provincia de Imbabura, en el norte del país– y rodeado de una naturaleza subtropical, llena de ríos, como todo el valle de Íntag. Es el centro de la disputa porque en su subsuelo hay cobre que es codiciado por varias empresas desde hace veinte años.

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Al momento de utilizar un discurso de convencimiento a la sociedad respecto a temas sensibles, en este caso la muy cuestionada megaminería, impulsada como nunca antes por el actual gobierno del Ecuador, éste ha acudido a varios conceptos que por repetición se intenta lograr que sean aceptados por el ciudadano común.

El alto potencial minero, la relación de la minería con el «tan ansiado» desarrollo y sus aportes a la economía del estado, son quizás los principales argumentos de las empresas mineras y los gobiernos que las auspician.

Por otro lado, las amenazas ecológicas, los desechos a gran escala generados por esta industria, la relación agua – megaminería – conflictos sociales son temas que los impulsores de la megaminería niegan o pretenden minimizar. 

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