Con abrazos y aplausos fue recibido hoy, 10 de febrero del 2015, Javier Ramírez, campesino del valle de Intag, situado al occidente de la provincia de Imbabura , en el norte de Ecuador, luego de que abandonó el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Ahí permaneció privado de su libertad desde el 9 de abril del 2014, acusado del delito de rebelión.
Cientos de personas, entre familiares, amigos y simpatizantes, se concentraron desde las 08:30 a las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura en donde se esperaba la sentencia . Decenas de policías custodiaban el recinto.
Media hora después se conoció el veredicto : el Tribunal Primero de Garantían Penales de Ibarra le condenó a 10 meses de privación de la libertad, por supuestamente haber agredido a funcionarios y una camioneta de la Empresa Nacional Minera (Enami). El hecho habría sucedido el 6 de abril del 2014, mientras los técnicos de esa institución recorrían esta jurisdicción.
Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.
El Gobierno quiere que la minería a gran escala termine de arrancar en el país y tomó tres decisiones a finales del año pasado para destrabar los proyectos estratégicos que están en carpeta desde el 2010 y que aún no han comenzado a producir. En esta lista están Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Loma Larga (Quimsacocha) y Panantza-San Carlos, que han tenido avances limitados según reconocen las mismas autoridades del sector.
Esta incursión policial evidencia que el Estado ecuatoriano lejos de ser garante de los derechos humanos es generador de un ambiente de represión y violencia. La acción policial propicia un clima de criminalización al Pueblo Shuar, implanta el miedo a la persecución, refuerza el racismo contra las comunidades amenazadas por el proyecto Mirador.