Estas frases se han tomado al azar de algunos encuentros recientes que han tenido algunas  iglesias de la región (Bogotá, 16 septiembre, 2016) en relación a los conflictos de explotación minera que se están dando cada vez  con más frecuencia y violencia en varios países sudamericanos. Hay un clamor que se ha vuelto grito y que está movilizando en concreto, a los pueblos indígena y campesinos en defensa de sus derechos locales a la tierra (“el clamor de los territorios ancestrales”), en defensa de la naturaleza (“clamor por los derechos de la naturaleza”), derecho a la autodeterminación (“Circunscripciones Territoriales Indígenas” de la Constitución), subiendo al plano político, un discurso nuevo de crítica al modelo económico neoliberal que ya no lo aguantan más. Pasado el “boom” petrolero que comenzó en la amazonia en la década de los 70 bajo el signo militar con un propio y distinto contexto socio-económico. Ahora  se avecina el “boom” minero que hay que actualizarlo también para ponerlo en su propio contexto socio- económico.  La experiencia  enseña que  en ninguna época la minería es una alternativa de desarrollo para nuestras poblaciones. Individualmente se llega a ser rico por la rapiña y la corrupción.

La protección y fomento de estas realidades socio ambientales necesitan un creciente consenso político ya en marcha. Son iniciativas parecidas que promueven la justicia ambiental y el derecho a los territorios ancestrales, el clamor de los pobres y el compromiso responsable con la sociedad. La economía y la política, la sociedad y la cultura,  no pueden estar sometidas a una mentalidad del corto plazo y a la búsqueda de un inmediato provecho económico o electoral de consumir más de lo que se necesita o de la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social y destrucción de la naturaleza que producen.

El diario el Comercio de Quito del 18 de Diciembre del 2016 escribe en primera plana la noticia, ampliada en páginas interiores, sobre el conflicto de Panantza, de la Provincia de Morona Santiago Ecuador, entre miembros indígenas de la nacionalidad shuar y algunos mestizos, contra  la compañía Explorcobres, de capital chino,  que tiene su campamento minero en el recinto la Esperanza San Carlos. Se describe allí un operativo policial militar, planificado y llevado a cabo en toda regla, como ideado para la guerra de las galaxias y que sucede realmente en plena selva amazónica, que dejó un policía muerto, siete militares y policías heridos y cuatro pobladores detenidos cuando estaban en sus trabajos campesinos o mientras dormían (dos mujeres, el presidente de la parroquia y un vocal de la misma) ¡El parto de los montes!

En el operativo participan unos 1.000 efectivos de élite entre policías, militares y 4 camiones, “vehículos operativos blindados”, aparte de helicópteros que sobrevuelan los poblados shuar. En la parroquia S. Juan Bosco y en los centros shuar aledaños se están viviendo días de tensión y angustia, ruido atronador de vuelos rasantes de máquinas de guerra y militares con petos negros y armas sofisticadas en ristre que patrullan los caminos desiertas de los bohíos de paja y latas de zinc. Las fuerzas policiales y militares entran en las casas de los lugareños con el objeto de detener a los responsables del ataque al campamento minero. Muchos han huido a esconderse en las selvas vecinas. Se declaró por un mes el estado de excepción para que nadie se entere de nada, a parte de la versión oficial y el silencio que aumenta la zozobra de la dignidad humillada. La policía trabaja sobre una lista de 41 nombres, confeccionada por los informantes de los trabajadores asalariados de la empresa minera, que supuestamente participaron el 21 de Noviembre del 2016 en una anterior toma del campamento, de donde fueron desalojados pocas horas después por la fuerza armada y policía. Están acusados de “sabotaje” y “terrorismo,” sin pruebas.

Veamos el proceso llevado hasta ahora por los centros shuar de la Cordillera del Cóndor en relación al proyecto minero. Hacia el año 2000 organizaron un amplio territorio de unas 200.000 hectáreas para toda la zona, – lo correspondiente al área de un bloque de tierra ancestral de una comunidad, que el Estado concede por licitación a una compañía petrolera para que lo explote, sin ningún escrúpulo-. La lucha de estos centros shuar es una lucha larga de más de 17 años para proteger sus territorios ancestrales y cuidar sus recursos y su ecología. Estas decisiones se toman en reuniones comunitarias en las que determinaron que el 40 % del territorio quede para zonas ecológicas de: reserva forestal, turismo, agricultura y futura expansión demográfica.

Por medio de la discusión comunitaria los socios interiorizan sus derechos colectivos y los contrastan con las propuestas que traen los delegados de las empresas mineras que los acosan permanentemente, día y noche, a través del personal de “relaciones comunitarias”, de los que sufren continuas amenazas o jugosas ofertas; escuchan las engañosas promesas de trabajo y salarios preferenciales, reciben, por una sola vez y después de firmar en ceremonia solemnemente, la respectiva documentación y la limosna de 40 dólares por hectárea por indemnizaciones y mejoras comunitarias a cambio de permitir la actividad minera. Han sufrido el trauma del odio por la división entre socios y familiares por compra de conciencias y traición de algunos compañeros mestizos y mestizados shuaras que vendieron sus lotes, obtenidos para vivir y escapar de la pobreza, y que luego se pasaron de “vivos” al venderlas a la empresa minera por plata y trabajo. Ahora, “el proyecto minero” es el propietario de grandes zonas de territorio mal adquirido. La mayoría ha optado en sus decisiones comunitarias, reflexionadas durante años de años y el silencio de sus conciencias, no permitir la explotación minera. Las decisiones comunitarias se toman por consenso, no por mayoría democrática al estilo mestizo. Por eso es nula la firma del presidente sin la decisión de la autoridad máxima que es la comuna que la avala. Si una comunidad ancestral durante más de 17 años se ha mantenido en la decisión de no permitir la minería en sus territorios hay que respetarla como dice la Constitución y las leyes internacionales sobre pueblos indígenas: OIT, NNUU…

En noviembre del 2006, hace diez años los pueblos shuar y mestizo, afectados por las compañías mineras en Warints, San Carlos, Rosa de Oro y Tundayme se “convocaron a una limpieza de la selva”. El liderazgo de las mujeres fue definitivo. A pesar de la presencia del batallón del ejército se consiguió “limpiar” de  compañías mineras todo el territorio. Desde esos años quedó, sin embargo sembrado el pánico en la región y el miedo se hizo muy peligroso. El Estado no tiene un plan para manejar el conflicto minero. Por ello lo deja en manos del ilegal departamento de relaciones comunitarias, dependiente de las empresas, que funciona a base de coimas, falsas informaciones, promesas, incertidumbre y división, que produce, tanto en las comunidades como en las personas el miedo, la inseguridad y la sospecha, a la vez que les inoculan el veneno cultural del mestizo: la envidia, el egoísmo, el individualismo, el oportunismo económico, la ambición, un falso prestigio de amistad con ciertas personas (“panas”) del grupo de relaciones comunitarias, el alcohol y la prostitución. Así rompen el tejido social y cambian la escala de valores: destruyen la cultura colectiva. Una vez destruidos los lazos comunitarios y corrompida la conciencia cultural se les hace fácil manejar a la comuna y a los mandos  medios del gobierno que reciben sus sesgados informes. Al Estado no le interesa el diálogo más que con estos lacayos, a los otros los sataniza y les niega hasta la capacidad mental de intervenir en cualquier diálogo constructivo. Le basta con aprobar y reforzar la división obtenida por los “relacionadores comunitarios”. Es un cuerpo racista incrustado entre la comunidad y el dinero de las empresas que debiera ser eliminado para  beneficio de toda la sociedad. Todas las comunidades están divididas entre los pro-Estado/pro-empresa y el resto de la comunidad, entre organización del estado y organización étnica, Federación del Estado y federación étnica. ¡Una vergüenza!

El proyecto minero inconstitucional del Estado está trayendo muerte y violencia a la amazonia minera y a los que se oponen a ella. José Tendetza, líder shuar opositor del proyecto “Mirador”, apareció muerto el 3 de Diciembre del 2014 con señales de haber sido torturado. Freddy Taish, joven shuar, muerto el 7 de noviembre del 2013 en Bomboiza a manos de oficiales del ejército durante un operativo efectuado por la ARCOM (Agencia de Regulación y Control Minero) en contra de la minería ilegal, y el 30 de septiembre del 2009 muere Bosco Wisum en Macas, en un enfrentamiento con la policía, en una protesta a favor de declarar la provincia de Morona Santiago libre de minería y de actividad petrolera

El 30 de Noviembre del 2015 personal del consorcio chino ECSAT/Tongling – CRCC con apoyo de la fuerza pública desalojó de manera violenta a 16 familias en Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe. Sin previo aviso, niños, jóvenes estudiantes, personas enfermas y de la tercera edad perdieron sus campos y casas bajo la pala de las retroexcavadoras. Los desalojos forzosos se produjeron para dar paso al megaproyecto de explotación de cobre a cielo abierto el “Mirador”, sin considerar la inmensa afectación que se producirá en la rica diversidad de la zona y en los territorios ancestrales de la nacionalidad shuar.

El mismo consorcio minero chino provocó los violentos desalojos de Nankints el 11 de Agosto del 2016 con pérdida de hogares, dentro del proyecto minero Panantza San Carlos. Las familias se organizan y ubican en el mismo lugar para nuevamente ser desalojados con más violencia. Actualmente existen presos, perseguidos y amenazados. El día 21 de Noviembre del 2016 un grupo shuar asalta y se toma por unas pocas horas el campamento minero de La Esperanza, hasta que son desalojados por la policía y las fuerzas militares. Estos asesinatos, atropellos a la Constitución y a los derechos humanos de los pueblos indígenas se han solucionado por la represión armada pero continúan en la impunidad. Los proyectos económicos persiguen hoy a los defensores de sus territorios ancestrales como si ellos fueran los criminales.

El día miércoles, 14 de Diciembre se da un enfrentamiento armado que deja un policía muerto y 7 policías y militares heridos. Y ahora sí, se escucha a Júpiter Tonante que lanza rayos y truenos desde la altura del dorado Olimpo Chino. El Sr. Presidente fogosamente dice que “aquí no cabe diálogo, aquí cabe cualquier cosa, después de capturar a los asesinos”. No cabe nada – tiene que decirlo ante la cara adusta y la mirada rasgada del Presidente Chino- ni el pedido de diálogo o intervención de organismos internacionales de mediación que hace la CONAIE. La aplanadora de Júpiter tonante se lleva por delante todo: Acción Ecológica debe desaparecer: “se otorga a las autoridades  poderes para disolver unilateralmente y en cuestión de días cualquier tipo de organización que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno”… Las tierras ancestrales ya no existen, el Sr. Presidente afirma que las tierras de esas comunidades no son “territorios  ancestrales”, que la zona no es “una selva virgen”. El pueblo ancestral shuar debe desaparecer, pues los componentes de esa nacionalidad que llevaron a cabo el ataque son “un grupo de paramilitares”,  “semi delincuentes que no luchan por ideales, sino por imponerse a la fuerza”. Medidas tomadas en medio de un conflicto con la nacionalidad shuar que tratan de detener las actividades mineras en lo que consideran sus tierras ancestrales y parece que se cansaron de no ser escuchados. ¡Demasiado tonante para que sea cierto sin investigar un poquito más!

Achakaspi

Puyo, 27 de enero de 2017
Confeniae ante el allanamiento a Radio “Voz de Arutam”, atentados a la libertad de expresión
y militarización en Morona Santiago
El Consejo de Gobierno de Confeniae rechaza el allanamiento a la radio comunitaria la “Voz de Arutam” realizado por más de 100 policías la madrugada de hoy, llevándose sus equipos y atentando contra la integridad de la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH.

El acto prepotente por parte de la fuerza pública constituye un gravísimo atentado contra la libertad de expresión que coarta el derecho a informar por parte de los medios comunitarios transgrediendo la misma constitución del Estado.
Es la segunda ocasión que se atenta contra los bienes del pueblo Shuar pues la sede ya fue allanada en el mes de diciembre durante la injusta detención del máximo líder de la FICSH, Agustín Wachapá.

El pueblo Shuar es permanentemente violentado en sus legítimos derechos por parte de un estado que demuestra su incapacidad para resolver los conflictos generados por él mismo al militarizar los territorios de las nacionalidades.

Se confirma que el gobierno no pretende encontrar salidas al conflicto y sólo responde con prepotencia y abuso de autoridad contra un pueblo que lucha y defiende el territorio, su fuente de vida, como se evidencia en los siguientes hechos:
– No se pone en debate la problemática minera que aqueja a la Amazonía y solo se responde con más militarización.
– Se decreta un estado de excepción que violenta derechos al pueblo y que lejos de viabilizar salidas profundiza la crisis existente.
– Se persigue, encarcela, judicializa y criminaliza a líderes y dirigentes amazónicos por el hecho de defender los intereses de sus bases.
– Se allana y atenta contra los bienes y patrimonios de las organizaciones de manera prepotente

Confeniae ha recalcado la necesidad de debatir el tema minero como primer paso para entender las causas de fondo que generan el conflicto en el centro sur de la Amazonía. Así mismo hemos instado a la búsqueda de soluciones sin que nuestro llamado haya sido escuchado por el gobierno ecuatoriano.

Enfatizamos que el conflicto se profundiza sin que se avisoren soluciones al mismo, por tanto los hechos que devienen de la militarización del territorio son de absoluta responsabilidad y generados por el gobierno de turno.

Instamos a los organismos nacionales e internacionales a denunciar a todo nivel la violación de derechos que ocurre en el Ecuador elevando una voz mundial de rechazo y protesta contra los hechos cometidos por el gobierno contra el pueblo Shuar.

En estos momentos helicópteros sobrevuelan las comunidades, cientos de militares ingresan al territorio, la policía allana los bienes del pueblo Shuar, la función judicial persigue a los dirigentes. Esta es la realidad que ocurre en Morona Santiago y que la radio “Voz de Arutam” venía comunicando, razón por la cual hoy se atenta contra la misión para que este medio fue creado, acto de absoluta prepotencia que merece el repudio de todo el pueblo ecuatoriano.
Consejo de Gobierno de Confeniae #SOSPuebloShuar

Cuenca de Guapondelig, febrero 3 y 4 del año colonial de 2017
Nosotros, los pueblos de la Abya Yala Andina, hijos e hijas del cóndor, del quetzal y del águila, nos encontramos en Guapondelig hoy 3 y 4 de febrero del 2017, en un gran abrazo comunitario, junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas, artistas, soñadores, criadores de la vida, para defender el agua y la Pachamama. Durante estos días hemos intercambiado experiencias, reflexionado, debatido y construido propuestas que van a guiar nuestro andar en esta gran Minka por la Vida.

Convidamos a nuestros hermanos y hermanas del continente y del mundo, nuestros acuerdos:

CONSIDERANDO:

La dimensión de la devastación ecológica y de nuestro hábitat humano, a consecuencia del modelo civilizatorio/colonial cuyo eje es el mercado y la acumulación de riqueza mal habida de pocos.
Que es hora de tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista y particularmente en la minería de gran escala, así como en la ampliación de la frontera petrolera que arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.
Que el extractivismo profundiza el modelo colonial capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación a la hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones.
Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.
Que la agroecología es parte de la soberanía alimentaria y de la cosmovisión del Sumak Kawsay
Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida.
Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales.

DECLARAMOS:

A nuestra Abya Yala Andina libre de minería metálica a gran escala, del saqueo y depredación.
A la intervención territorial y la destrucción que generan las corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza.
Nuestra total oposición y resistencia a toda forma de despojo de los territorios, tierras, aguas y fuentes naturales por el modelo colonial/capital/extractivista.

RATIFICAMOS:

La resistencia y movilización permanente de los pueblos y nacionalidades del Abya Yala como legítima y sagrada y como el único camino de construcción del Sumak Kawsay. Consecuentemente ratificamos el 12 de Octubre como el Día de la Libertad y Resistencia Continental.
Nuestro apoyo incondicional a los pueblos afectados por el extractivismo, reconocemos en su lucha la esperanza de abandonar la “civilización extractivista”, por la civilización del Sumak Kawsay.
La gestión comunitaria del agua como garantía para preservar los derechos de la naturaleza, el derecho human al agua y de las comunidades.
La importancia y el valor de los conocimientos, saberes, sentires ancestrales y toda su cosmovisión, como parte del acervo científico y cultural de la humanidad.

EXIGIMOS:

La inmediata aprobación de Declaración Universal de los Derechos de la Pachamama.
El cese de la explotación extractiva, en el Ecuador, los Andes y la Abya Yala. Que se restauren los sitios afectados por la industria extractiva y se devuelva su vocación natural.

El Derecho de comunidades a continuar con sus formas de vida y a decidir sobre el destino de sus tierras y territorios aplicando el derecho a la libre determinación.

El respeto y aplicación del Consentimiento Previo, Libre e Informado como un derecho irrenunciable, expresión de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada.

Poner fin a su complicidad y patrocinio de los gobiernos con los intereses de las empresas extractivistas nacionales y transnacionales, permitiendo la violación de derechos humanos y de la naturaleza.

Poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la naturaleza.

La desprivatización y desconcentración del agua para su redistribución social.

Que los gobiernos de las Américas develen las negociaciones sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Agua, que encubren la privatización de las funciones de la Naturaleza y apropiación de los territorios.

Que los gobiernos prioricen el Buen Vivir de los pueblos, su Soberanía Alimentaria y los Derechos de la Naturaleza.

Que las universidades contribuyan a promover el Sumak Kawsay, a través de los encuentros de saberes y prácticas ancestrales, a la producción del conocimiento y la recreación de la ciencia con ética, soberanía y autonomía, libre de los conflictos de intereses de las transnacionales, comprometida con la defensa de la Vida y la Naturaleza.

Que los Estados y empresas privadas (bancos, museos, iglesias y otras) resarzan y devuelvan a los pueblos indígenas la producción de sus bienes patrimoniles como los Khipus, objetos ceremoniales, textiles, metalúrgicos y otros y permitan la administración de todos las pertenencias, como legítimos herederos de sus ancestros.

NOS COMPROMETEMOS A:

Defender el agua, la vida y radicalizar la resistencia local e internacional. Dejando para el solsticio del 21 de junio del ano colonial 2017 en el Intiy Raymi realizar una marcha desde el sur del Ecuador a su capital para presentar el mandato de los pueblos al nuevo gobierno de Ecuador. Y apoyar toda jornada de resistencia anticapitalista, extractivista y colonial desde sus territorios para globalizar la resistencia.

Solidarizar con el pueblo Shuar por la persecución del gobierno de Ecuador, exigir su desmilitarización, se levante el estado de excepción en su territorio y demandar ante organismos de DDHH internacionales para que nunca mas se repita estos actos de violencia colonial.

Impulsar acciones para derogar instrumentos jurídicos que facilitan el extractivismo, así como la construcción de hidroeléctricas y otras obras de infraestructura destinadas al saqueo y devastación. Apoyaremos las acciones legítimas de los pueblos para impedir su operación.
Rechazar públicamente y de manera contundente el concepto de Servicios Ambientales, que constituye una expresión de la mercantilización de la vida.
Promover la aplicación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y la real aplicación del Convenio 169-OIT, así como de los instrumentos que amparan los derechos colectivos (Territorio, Consulta, Políticas Interculturales, etc.)

Solicitar desde los pueblos indígenas y mas organizaciones sociales la visita in situ a los territorios en resistencia de los Relatores de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Pueblos Indígenas, Libre Asociación, Derecho Humano al Agua a fin de que constate la situación en que se encuentran las y los defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza.

Exhortar a todo los GAD parroquiales, cantonales y provinciales a declarar en sus territorios, sus fuentes de agua, páramos y zonas de biodiversidad libre de minería metálica.

Dar seguimiento a las propuestas de este encuentro mediante la realización de eventos regionales, nacionales, locales y provinciales, foros, redes sociales, publicaciones. Exigir la anulación de todas las concesiones mineras sin consentimiento previo en las comunidades por su carácter de ilegítimas y la aplicación del mandato minero en el Ecuador.

Desconocer todas las ventas anticipadas de los recursos naturales a nivel nacional y de la Región Andina, recordado que nuestras vidas no están en venta.

Vamos a globalizar la resistencia, en minka a descolonizarnos. Resistid y la resistencia nos hará libres.

Atentamente las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones, mujeres y hombres de: VIETNAM, BÉLGICA, URUGUAY, BOLIVIA, PERÚ, COLOMBIA, ECUADOR y sus comunidades en Resistencia (Intag/Imbabura;Tundaime/Zamora; San Luis de Pambil/Bolívar: Río Blanco/Azuay: Kimsakocha/Azuay; Fierro Urco/Loja; Pillzhun/Kañar; Mozo /Nabón.

Sr Embajador
República del Ecuador
Sr.:Fernando Yépez Lasso

Sr. Embajador,
Hacemos llegar a usted una declaración por la situación minera que viven comunidades en Ecuador.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, ambos con sede en Santiago de Chile declaran:

1.- Que las informaciones provenientes desde las comunidades y organizaciones de la sociedad civil del Ecuador demuestran que la implementación del modelo extractivo minero provoca conflictos socioambientales graves y que los más perjudicados son los pobladores y comunidades afectadas donde se instalan dichos proyectos.

2.- Que es de conocimiento público, que hay diversas comunidades afectadas por proyectos mineros en el Ecuador, que han manifestado abierta y expresamente su disconformidad con el modelo minero impuesto, por los riesgos sociales y ambientales que comprobadamente la minería trae consigo.

3.- Que al parecer, las autoridades del gobierno central del Ecuador, en su afán de garantizar las inversiones mineras nacionales y extranjeras, ha desprotegido los derechos de las comunidades afectadas, siendo éstas perseguidas, criminalizadas, encarceladas, desplazadas y atropellados sus derechos más fundamentales.

4.- Que tal situación ha sido también puesta de manifiesto por organismos internacionales, preocupados por la situación que viven las comunidades afectadas por proyectos mineros en ese país.

5.- Que existen casos suficientemente documentados donde los daños producidos por proyectos mineros a las comunidades y el ambiente son prácticamente irreparables y que los supuestos beneficios efímeros y de corto plazo, no justifican tal desprotección social y ambiental.

6.- Que expresamos nuestra particular preocupación por el rol que juega la empresa minera estatal chilena Codelco, que junto a la empresa estatal ecuatoriana ENAMI EP, pretende desarrollar un proyecto minero de cobre en la zona norte del Ecuador, específicamente en la zona cercana a la localidad de Junín, en la provincia de Imbabura.

7.- Consideramos que la zona mencionada al igual que otras zonas del Ecuador afectadas por minería tienen suficientes alternativas económicas, sociales y particularmente ambientales para garantizar el buen vivir a su población y pueden de esta forma aportar al buen vivir de toda la sociedad ecuatoriana.

8.- Creemos firmemente que el Ecuador tiene todas las condiciones para garantizar lo establecido en su ejemplar constitución, como el derecho de las comunidades a definir su propio estilo de vida en busca del buen vivir, así como  los derechos de la naturaleza. Los emprendimientos mineros van en contra, tanto del buen vivir, como de los derechos de la naturaleza y la opción legítima de las comunidades de rechazar la minería en sus territorios y construir su propia forma de vida.

Lucio Cuenca B.                                                    César Padilla O.
Director                                                                Coordinador

Observatorio Latinoamericano                            Observatorio de Conflictos Mineros
de Conflictos Ambientales                                      de América Latina
OLCA                                                                    OCMAL

Dennis De La Cruz / INREDH                             06/02/2017
Comunidad de Tsuim/Morona Santiago
¿Qué es lo que realmente pasa o pasó en Nankints?
¿Qué es lo que pasa en Morona Santiago?

Responder a esta pregunta fue la consigna que asumió un grupo de periodistas independientes y comunicadores de algunos colectivos y ONGs, pero como no se puede llegar por el camino acostumbrado, se decidió rodear la montaña y llegar a Nankintz por la espalda.

Así, el jueves 26 de enero de 2017, en coordinación con las autoridades de la comunidad shuar Tink, ubicada a cuarenta y cinco minutos en vehículo de la ciudad de Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, partió este grupo conformado por comunicadores y comunicadoras sociales, periodistas y cineastas, rumbo al centro Shuar deTsumtsuim Tsuim, para documentar cómo se encontraba la zona luego de la entrada violenta de policías y militares para desalojar a esta comunidady dar vía libre al avance del proyecto minero Panantza San Carlos.

Se acordó partir a las 3 de la mañanadesde Tink, pero a esa hora aun llovía fuertemente, por ello se pospuso una hora la partida. Partimos en camioneta hacia la comunidad Guapis, en el sector de la Punta, a cincuenta minutos de Tink, lugar en el que empezó la caminata que duraría un poco más de cuatro horas a través de la espesa selva amazónica.

No sabíamos a ciencia cierta los sitios en donde encontraríamos controles militares, por ello se decidió que un primer grupo se adelante para poder comunicarnos en caso de haber presencia militar y policial en la zona; de ser así, volverían y tendríamos que regresar por el mismo camino sin conseguir nuestro objetivo. Finalmente no ocurrió así.

Arribamos a Tsumtsuim Tsuim, aproximadamente a las ocho de la mañanay recorrimos la comunidad para registrar el interior de las casas, no fue difícil entrar debido a que los candados habían sido forzados hace mucho tiempo, todas las puertas estaban abiertas de par en par. Encontramos ropa por todas partes, ollas, platos, cubiertos, útiles escolares, comida, todo por los suelos. Registramos la mayoría de casas por dentro, sin poder encontrar algo diferente en ellas, parecía que un tornado se hubiera formado dentro de cada hogar para revolver todo y llevarse los objetos de valor.

Registramos también la escuela, ahí encontramos restos de los kits de supervivencia o raciones de 24 horas de los militares sobre los pupitres; la comida que no había sido consumida, se descomponía sobre unos libros a medio pintar en las mesas de madera, evidentemente los militares habían utilizado la escuela como comedero, o casi casi como un chanchero.

Registramos todo en fotografía y video. Al finalizar el registro en Tsumtsuim Tsuim, decidimos dirigirnos hacia la comunidad de San Carlos de Limón,pero antes debíamos salvaguardar lo ya registrado, por lo que se decidió que un grupo regrese con las memorias de las cámaras, ya que si luego nos topásemos con militares, sabíamos que lo primero que nos decomisarían serían las memorias.  Cinco personas (tres mujeres y dos hombres), emprendimos el camino para intentar llegar a Nankints por una trocha que apenas se podía distinguir.

Tras una hora y media de caminata llegamos a nuestro destino.En un primer momento pudimos ver un pueblo completamente vacío, pero cuando nos adentramos un poco más, pudimos observar que varios policías jugaban cartas dentro de una de las casas.

Dos policías se acercaron y nos consultaron sobre nuestro lugar de origen, fue necesario mostrar nuestras cédulas por primera vez. Los policías no hicieron muchas preguntas pero nos direccionaron a una choza, ahí estaban los altos mandos policiales y militares que estaban a cargo.

La sorpresa en los rostros del personal uniformado fue evidente, no sabían cómo un grupo no shuar había llegado hasta ese punto, no se explicaban cómo habían librado los seis controles policiales y militares que hay desde la entrada en San Juan Bosco. No creían en lo evidente de la respuesta: no habíamos llegado por San Juan Bosco

Primero nos abordó un grupo de policías, sin perder tiempo preguntaron cómo llegamos hasta ese punto e inmediatamente nos solicitaron nuestros documentos, hicieron anotaciones de nuestros datos y nos pidieron que hablemos con los militares.

Los militares siguieron el mismo procedimiento, exigieron nuestros documentos y mientras los revisaban un grupo de personas vestidas de civil se colocó a nuestro alrededor. Aparentemente los militares nos consideraban “enemigos” que buscaban infiltrarse en el territorio para recabar información que serviría a grupos shuar para una posible emboscada. Los shuar conocen en demasía este territorio como para necesitar de asistencia logística de cinco citadinos.

Nuestra versión ante ellos fue la verdad: aspirábamos llegar a Nankints, debido a que queríamos información de primera mano ante la falta de la misma en medios de comunicación o fuente oficiales.

Varias personas, vestidas de civilque no se identificaron, volvieron a requerir nuestros documentos, al tenerlos en sus manos empezaron a tomar fotografías de estos. Hicimos el respectivo reclamo, pero los militares aseguraron que era un procedimiento normal, finalmente solo una de estas personas se identificó como el jefe político de San Carlos de Limón.

Nuevamente nos interrogaron sobre cómo habíamos llegado hasta ese punto, pero al escuchar “tomamos una camioneta en Gualaquiza a las 4 de la mañana y fuimos hasta el sector de la Punta y luego caminamos hasta aquí”, aseguraron que era imposible que hayamos caminado tanto por un sector desconocido y que lo más probable era que nos hubiésemos perdido, afirmaron además que tuvimos guías nativos y que debíamos decir dónde se encontraban estos. No, no teníamos guías nativos

La actitud de los militares fue cada vez menos amigable al no tener una respuesta de los supuestos guías, debido a esta actitud y la evidente intimidación, una persona de nuestro equipo se quebró – por miedo- y afirmó que Yo conocía la zona.Esto ocasionó que me “inviten” a pasar a otro cuarto de una casa y me separaron del grupo. Me pidieron nuevamente los documentos y me pidieron que vacíe mi mochila. Al cabo de unos minutos entraron algunos militares con el compañero que había afirmado que yo conocía la zona; el militar sostenía mi cámara en su mano, querían ver el material que habíamos recopilado pero no encontraron nada más que selfies, fotos de los paisajes y otras chucherías. Como habíamos predicho, buscaban los registros para borrarlos, pero las tarjetas importantes ya estaban rumbo a Gualaquiza.

Finalmente, luego de casi cuarenta minutos en San Carlos de Limón, nos dijeron que podíamos irnos, pero que teníamos que salir de la zona, asimismo, advirtieron que habían varios controles militares y que nos iban a preguntar exactamente lo mismo en todos ellos.

Cruzamos en una tarabita al otro lado del río y preferimos seguir caminando ya que nos encontramos con un grupo de policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) fuertemente armado.Avanzamos aproximadamente una hora y llegamos a una caseta, ahí descansamos hasta que apareció un camión que nos llevó hasta el campamento del proyecto minero Panatza – San Carlos. Al bajarnos del vehículo un policía nos “invitó” a pasar al campamento, dijo que la ranchera salía en una hora y media aproximadamente, pero por nuestra seguridad elegimos esperar en el exterior del campamento.

Al cabo de unos minutos apareció el militar superior, quien expuso claramente su disgusto por nuestra presencia y nuevamente nos fueron solicitados nuestros documentos, que se los entregó a un subordinado y le pidió que verifique nuestros datos en algún sistema y que nos registre. Cuando le entregaron los documentos al jefe militar, este se paró frente a cada uno de nosotros y nosotras y pidió que recitemos nuestros números de cédula de memoria.

Posteriormente vimos salir al policía de más alto rango del Grupo de Intervención y Rescate – GIR, llevaba casco, chaleco antibalas, pistola y un rifle de alto poder, quien una vez más se encargó de solicitar nuestros documentos. Pidió a alguien de su personal que tome nuestros datos. Ya eran seis las veces que tomaban fotos a nuestros documentos.

Luego apareció un hombre con casco blanco, un poncho de agua amarillo, jean y calzado de seguridad industrial, con un celular en su mano, quien dijo “una sonrisa para la foto”, todas las personas del grupo protestamos pero él se plantó al frente y tomó varias fotografías en presencia de los policías.

Salieron del campamento tres camionetas sin placas, llenas de policías del GIR, en seguida salió el militar de más alto rango y nos ordenó subir en las camionetas, separaron en dos el grupo de cinco personas. Dos personas fuimos en una camioneta con policías del GIR y las otras tres personas fueron con dos militares en otra camioneta, la camioneta restante fue escoltándonos todo el camino.

Durante el viaje hasta San Juan Bosco, los policías con los que yo iba (el jefe del GIR de copiloto, el chofer y un acompañante), fueron amables, pero insistentes con las mismas preguntas que ya habíamos respondido.

Llegamos a San Juan Bosco, ahí se encuentra el centro de operaciones de la fuerza pública, ingresamos a la Unidad de Policía Comunitaria -UPC custodiados por los policías y militares excesivamente armados, como si fuéramosrealmente terroristas y culpables de algo. Fuimos recibidos por el comandante provincial de la policía en persona, quien nuevamente solicitó nuestros documentos, mientras tanto varias personas vestidas de civil y policías nos tomaban fotografías suponiendo que no nos percatamos de ello.

Los policías aseguraron que la zona es sumamente peligrosa y que por eso no podíamos transitar en ella, afirmación que contradice la postura de la Gobernación de Morona Santiago, ya que esta institución publicó un video en el que comunica que los habitantes de San Carlos de Limón regresaron a su comunidad con el resguardo militar. Claro, esta versión se contradice aún másporque cuando estuvimos en ese lugar y encontramos que  ahí están viviendocuatro familias que sirven a cientos de militares y policías, quienes ocupan no solo la cancha comunal con sus carpas, sino también que están instalados tranquilamente en las casas de los desplazados y desplazadas.

Por última vez tomaron fotos de nuestras identificaciones y nos dijeron que podíamos irnos, ya que les preguntamos la razón de nuestra detención, a lo que supieron responder que nos hacían un favor al trasladarnos hasta ahí.

Los registros logrados para dar a conocer al Ecuador y al mundo sobre lo que sucedió en Nankints poco a poco saldrán a la luz, pero lo que en verdad nos queda de este viaje es que, por más que el gobierno quiera ocultar lo sucedido, siempre habrá un caminito que nos llevará a Nankints para saber la verdad, aunque este camino de vez en cuando deba pasar por la espalda de un militar.

#SOSPuebloShuar
http://inredh.org/index.php/boletines/645-el-camino-que-nos-llevo-a-nankints

Jorge Glas invitó a Marcelo Cabrera a Loma Larga, pero el alcalde jamás llegó
El Concejo Cantonal de la capital azuaya declaró el 22 de enero al cantón libre de explotación metálica.

El Gobierno Nacional cuestionó las competencias del Municipio en esta área. Redacción Regional Sur El vicepresidente de la República y candidato por Alianza PAIS, Jorge Glas, y el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, intercambiaron sus opiniones sobre las decisiones que tomó el Concejo Cantonal hace 15 días sobre el tema minero. Glas llegó muy temprano a radio La Voz del Tomebamba y dijo que el alcalde ha mentido. “A mí me decía una cosa, al presidente otra, por respeto a los cuencanos no voy a decir lo que pienso de este señor”. Agregó que jamás va a permitir que se contamine las aguas de Cuenca, ni de ningún otro cantón de Ecuador. Glas contó que él invitó al alcalde Marcelo Cabrera para que vaya al proyecto Río Blanco (Molleturo), incluso le ofreció un helicóptero para que vea de cerca los trabajos que se realizan. “Ya voy mi amigo, mi hermano. Usted sabe cómo es esto, hecho el amable”, narró el Segundo Mandatario. “Aquí hay una agenda política y lo voy a decir muy claro a todo Cuenca. Hay una prohibición constitucional, no se pueden contaminar fuentes de agua, eso jamás ha sido ni siquiera un riesgo…

Cuenca sabe que jamás se contaminarán sus fuentes”, señaló e indicó que la ciudad está hecha un desastre y que hay que corregir, haciendo referencia a los trabajos del tranvía. Indicó que siempre están prestos para ayudar, pero que ese tema solo se hablará después del 20 de febrero. El alcalde Cabrera respondió en la misma estación radial. Dijo que “se ha quedado absorto escuchando al señor Glas” e indicó que la resolución que tomó el Concejo Cantonal de Cuenca, no es solo de él, sino de la mayoría del Concejo. “No le da derecho al señor de ninguna manera para que venga a esta ciudad a tratar mal a los cuencanos y sus autoridades. Con todo respeto no me voy a bajar a nivel de este señor”, le dijo a Glas. El Concejo Cantonal en un manifiesto que circuló el miércoles anterior destaca, “la importancia que tiene para Cuenca, la preservación, protección, restauración de las fuentes de agua, especialmente las que se ubican en el cantón”.

En el escrito respaldan las decisiones del alcalde, “encaminadas a realizar estudios técnicos-científicos en las zonas mineras de Río Blanco, en la parroquia Molleturo y Quimsacocha, situadas en la parte alta de la parroquia San Gerardo y que tienen como finalidad entregar datos objetivos, sobre el impacto de esta actividad extractiva en dichos territorios”. Se pide también al Gobierno Nacional la suspensión de las actividades de explotación y exploración de minería metálica de los proyectos de Río Blanco y Quimsacocha.

Se solicita además que se remita a la Unesco toda la información sobre el proceso de concesión minera dentro del cantón, como también se pide a la empresa Etapa que establezca planes de manejo y gestión ambiental. El Colegio de Ingenieros geólogos y de Minas del Azuay dio en su momento su pronunciamiento. Indicó que en la declaratoria de ‘Cuenca sin Minería’, ‘denigran la actividad minera’. Consideran no adecuada la satanización de esta actividad y como profesionales en la rama Geológico-Minera. “No compartimos con lo resuelto por el Concejo Cantonal de Cuenca por cuanto nuestra profesión es muy respetable”. (I)
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-sur/1/la-mineria-en-cuenca-enfrenta-a-autoridades

2 de febrero de 2017
Vecinos de Río Blanco piden que las vertientes de agua se protejan. Vecinos de Río Blanco piden que las vertientes de agua se protejan. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Lineida Castillo Cuenca y la cordillera del Cóndor, en Zamora Chinchipe, fueron declaradas por sus autoridades locales como territorios libres de minería metálica (extracción de oro, plata y cobre).

Sin embargo, cuatro de los cinco proyectos mineros estratégicos del Gobierno están en esas jurisdicciones. El otro está en Morona Santiago. El Concejo Cantonal de Cuenca aprobó la declaratoria el 22 de enero del 2017 y el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe lo hizo hace cuatro años. Las 16 302 hectáreas, que fueron concesionadas para los proyectos Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco, están en el macizo del Cajas.

La mina de Río Blanco, en la parroquia cuencana de Molleturo, se construye desde agosto pasado. Los moradores de esa zona, Cristóbal Chuñir y Fernando Criollo, no se oponen al proyecto, pero quieren que no se afecte el agua. Por su parte, el proyecto Loma Larga está en la fase de exploración avanzada, según la web del Ministerio de Minería.

La Cámara Provincial de Azuay sesionó en octubre del 2016 en el páramo de Quimsacocha (proyecto Loma Larga), que fue declarado como fuente de agua, ecosistema frágil y libre de actividad minera. En la actualidad, la preocupación del alcalde cuencano, Marcelo Cabrera, es la existencia de nuevas solicitudes en la Agencia de Regulación y Control Minero para concesionar 60 913 hectáreas en las parroquias Chaucha, Molleturo y Sayausí, zonas aledañas a los proyectos mineros antes mencionados. Según Cabrera, si el Gobierno aprueba las nuevas solicitudes, cerca del 25% de las 312 000 hectáreas del cantón Cuenca estarían destinadas a la minería metálica para extraer oro, plata y cobre. “Eso representa 11 veces el tamaño del área urbana de la ciudad”. El ministro de Minería, Javier Córdova, en declaraciones a La Voz del Tomebamba de Cuenca, admitió la existencia de nuevas solicitudes porque la Agencia de Regulación abrió el catastro minero en marzo del 2016.

“Eso permite a los interesados señalar áreas de su interés y generar planteamientos, pero no significa que necesariamente vamos a entregar las concesiones”. Según Córdova, la anterior Ley de Minería establecía que cualquier persona podía pedir una concesión y el Estado estaba obligado a darla; no había soberanía para decidir. Aseguró que ahora hay un proceso exhaustivo de calificación de las capacidades técnicas y económicas de los solicitantes y se hace bajo una planificación. “El Estado no está obligado a entregar concesiones”. Para la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, María Caridad Vázquez, la declaratoria emitida por el Concejo Cantonal de Cuenca no tiene validez jurídica porque el artículo 261 de la Constitución establece que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre las áreas naturales, recursos hídricos, energéticos y minerales, biodiversidad y recursos forestales.

El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, reconoció que no sirvió de mucho la declaratoria firmada hace cuatro años para la cordillera del Cóndor, como reserva de biológica y de agua, y territorio de sobrevivencia de los pueblos shuar. Según Quishpe, no sirvió porque el Gobierno central se amparó en la competencia que le otorga la Constitución. “No hizo caso y siguieron los proyectos mineros de Fruta del Norte y Mirador”, que tienen reservas de oro, plata y cobre. “No se respetó el ordenamiento territorial que es de competencia de los gobiernos seccionales y el Mandato Minero, que estableció que donde hay fuentes o nacimientos de agua no puede haber actividad minera o debe extinguirse las concesiones”, dijo Quishpe. Según él, toda la cordillera está concesionada para la minería metálica y “existen estudios técnicos que establecen que hay 227 fuentes de agua dentro de los dos proyectos”.

En Azuay se busca que la declaratoria sí sea considerada, aseguró la viceprefecta, María Cecilia Alvarado. Según ella, con las decisiones del Gobierno Provincial de Azuay y del Concejo Cantonal de Cuenca se busca consolidar una posición jurídica amparándose en normas y tratados internacionales de los derechos de la naturaleza y plantear procesos judiciales en el exterior. “El tema central es comprender que no se trata de un problema minero, sino proteger las fuentes de agua”, dijo Alvarado.Con ella coincidió el concejal de Cuenca, Iván Granda (independiente). Para él, los gobiernos seccionales tienen el deber y el derecho de garantizar la prestación de los servicios como el agua y el riego.

http://www.elcomercio.com/actualidad/mineria-preocupacion-austro-cuenca-agua.html

Con 12 votos a favor y cuatro en contra, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó este domingo 22 de enero de 2017 una declaratoria que tiene 12 resoluciones relacionadas con la preservación de las fuentes del agua y la actividad minera. El debate, que se efectuó en una sesión extraordinaria, duró casi cinco horas.

Una de las principales resoluciones fue declarar libre de minería metálica al territorio del cantón Cuenca, sus páramos y ecosistemas, que se encuentran dentro del área de reserva de la biosfera del macizo del Cajas y a las áreas de protección y conservación ambiental y de fuentes hídricas.

Además, demandar al Gobierno nacional que suspenda la entrega de cualquier concesión solicitada para minería metálica en el cantón Cuenca porque “estas se ubican en áreas de protección y conservación ambiental y reservas arqueológicas…”. Otra resolución fue exigir al Régimen la suspensión de las actividades de explotación y exploración mineras en los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga (antes conocido como Quimsacocha). Según la vicealcaldesa de Cuenca, Ruth Caldas, con esta declaratoria también se respalda las actuaciones administrativas que realice el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, para solicitar información sobre los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga.

Además, el Concejo Cantonal hace un pedido para que los técnicos de las universidades de Cuenca y del Azuay puedan ingresar a estas concesiones mineras y recabar información. Cabrera aseguró el viernes pasado que esta sesión se convocaba porque de acuerdo con el Catastro Minero Nacional, un total de 60 913,73 nuevas hectáreas “se pretenden concesionar para proyectos de minería metálica”, en las parroquias Molleturo, Sayausí y Chaucha. Según él, estas zonas colindan con los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga. Calculó que las nuevas solicitudes y las anteriores representan la cuarta parte del cantón.

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/concejo-cantonal-cuenca-declaratoria-mineria.html

¿Cuál es el trasfondo de un conflicto que lleva meses sin resolverse?

¿Por qué el gobierno solicitó la disolución inmediata de la organización Acción Ecológica

¿Cuáles son las consecuencias del estado de excepción decretado por el Estado?

Un conflicto sin miras de solución ensombrece el sur de la Amazonía ecuatoriana. Específicamente las localidades rurales de los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza, ubicados en la provincia de Morona Santiago. Se trata de comunidades indígenas y campesinas enclavadas en la Cordillera del Cóndor, cuyos territorios están concesionados a la minera china Explorcobres S.A. (EXSA), responsable del proyecto cuprífero San Carlos-Panantza y filial de la también empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA), que le lleva ventaja en la construcción de la primera mina de cobre a cielo abierto del país en la vecina provincia de Zamora Chimchipe. Son yacimientos contiguos que forman parte del mismo cinturón de cobre que atraviesa la zona.

Y las cosas han ido de mal en peor. Sobre todo desde agosto, mes en el que aconteció el primero de varios hechos sucesivos y alarmantes que han trascendido las fronteras de esa recóndita y olvidada circunscripción de la Amazonía. Fue justamente el 11 de agosto cuando cientos de efectivos de la fuerza pública ingresaron a la parroquia Santiago de Panantza y procedieron al desalojo de una pequeña comunidad Shuar denominada Nankints y conformada por 32 personas.

Desde entonces un importante contingente militar y policial permanece en el sitio, en respaldo de la minera china EXSA que reclama esas tierras como suyas. En contraparte, el desalojo de Nankints ha sido el detonante para que organizaciones indígenas regionales y nacionales, que culpan al gobierno de impulsar la minería a gran escala ─sin consulta previa─ en territorios que consideran ancestrales, aceleren la conformación de un gran frente contra la megaminería. El clima de tensión que se vive en el área de influencia del proyecto San Carlos-Panantza ha dado pie a numerosos enfrentamientos, la toma durante 24 horas del campamento chino por parte de indígenas shuar en noviembre, la muerte del policía José Mejía el 14 de diciembre pasado, la detención de un grupo de dirigentes comunitarios y del presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), Agustín Wachapá. Además del intento de cierre de la Ong Acción Ecológica por parte del Ministerio del Interior, lo que generó el rechazo de la comunidad internacional.

Se prolongan las restricciones

Uno de los hechos más recientes es la ampliación del estado de excepción que implantó el gobierno en la provincia de Morona Santiago a mediados de diciembre. En el decreto ejecutivo emitido el 12 de enero último, se justifica la suspensión de varios derechos constitucionales a los habitantes, “en razón de los efectos de las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas por parte de grupos ilegalmente armados, han atentado contra la seguridad ciudadana, la integridad de las personas, y la paz y convivencia social”, dicta un fragmento del documento.

Es que las acusaciones son mutuas y ya en días anteriores, el presidente Rafael Correa responsabilizó a la dirigencia indígena de respaldar a grupos violentos “paramilitares y semidelincuenciales” que presuntamente atemorizan a la población. “Es mentira que sean tierras ancestrales”, sentenció Correa y agregó que la empresa china EXSA las compró a una pareja de colonos, que a su vez las adquirieron de otra pareja que las recibió del antiguo IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización). Pero los indígenas se mantienen en que el territorio en disputa forma parte de la jurisdicción Shuar-Arutam.

El Presidente cerró cualquier posibilidad de acercamiento. “Aquí no cabe ya el diálogo. Aquí cabe cualquier cosa después de capturar a los asesinos”, dijo en referencia a la muerte del efectivo policial. “Al cabo lo matan cuando se estaba transportando en un camión militar, hacen una emboscada, empiezan a disparar y no carabinas, es una bala de fusil que le atraviesa el casco y le destroza la cabeza”, sostuvo el mandatario el 17 de diciembre, en medio de su cadena sabatina de radio y televisión. Aunque en un inicio, el Ministerio del Interior había informado que la muerte del policía había sucedido durante un ataque al campamento minero La Esperanza, de la empresa China EXSA. En ese mismo episodio, el gobierno informó que resultaron heridos cinco policías y dos militares. Uno de gravedad.

Las aseveraciones del gobierno generan dudas en organizaciones de la sociedad civil como Acción Ecológica. Gloria Chicaiza, vocera de la ONG en el tema, cuestiona que el gobierno responsabilice a los indígenas shuar de la muerte del policía Mejía, y a la par, impulse una campaña para dar con los culpables. “Nos parece sumamente escandaloso porque creemos que lo que se está haciendo es juzgar sin ningún tipo de investigación de por medio. Se está asumiendo una serie de acusaciones dirigidas tanto a dirigentes como a las comunidades shuar. Es una especie de cacería que se está haciendo, ofreciendo 50 000 dólares para que la gente diga quién es el asesino”. En diálogo con Mongabay Latam, Chicaiza asegura que no le cuadran los sucesos y que el policía fue asesinado con un arma de grueso calibre que no está al alcance de las comunidades indígenas. “Cómo entra un contingente policial y militar tan armado, tan fuerte, y resulta que los agresores son las comunidades pequeñas y desarmadas asentadas en la zona”, objetó.

Investigación de muerte de policía no progresa

Lo cierto es que las investigaciones por la muerte del policía no registran avances, incluso los cinco comuneros que el Ministro del Interior Diego Fuentes señaló como presuntos responsables del ataque al campamento minero La Esperanza (donde habría muerto el polícia José Mejía), fueron liberados por la Corte de Justicia de Morona por falta de pruebas. La Policía los capturó el 17 de diciembre, tras una serie de allanamientos en la parroquia Santiago de Panantza y el cantón San Juan Bosco, y las principales evidencias en contra eran unas viejas escopetas de caza, de fabricación artesanal, junto a algunas municiones. Tres de los detenidos eran integrantes de la Junta parroquial de Panantza, incluido su presidente, Javier Marín. Organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) celebraron la noticia pero recordaron que aún continúa preso el presidente de la FISCH Agustín Wachapá.

A diferencia de los comuneros, que fueron procesados por tentativa de asesinato, Wachapá fue acusado de incitación a la discordia, tipificado en el art. 348 del Código Integral Penal y que dicta: “La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Wachapá fue acusado por colgar una publicación en Facebook “en la que llama a la unidad, a la movilización y que desconoce al presidente Rafael Correa por haber hecho esas incursiones con militares y policías ante una comunidad shuar”, explica su abogado Julio César Sarango, quien además reclama que Wachapá haya sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, (Cotopaxi), ubicada a más de 300 kilómetros de su domicilio, cuando su caso es visto en la capital provincial, Macas. Igual como pasó con los comuneros de Panatza. “Lo hicieron para aislarlo.

No puede ver a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de organización”, sostiene Sarango y añade que con la detención del Presidente de la FISCH se quiere enviar un mensaje intimidatorio a la dirigencia indígena. El pasado 6 de enero, la Corte Provincial de Cotopaxi negó el recurso de Habeas Corpus solicitado por la defensa de Wachapá. Era el tercer intento de Sarango para lograr su libertad.

“Hay una persecución voraz hacia las autoridades, sobre todo de las nacionalidades de la región amazónica que hemos venido haciendo vocería”, asegura en conversación con Mongabay Latam Marlon Vargas, presidente de la Confeniae. Según Vargas, el gobierno los quiere amedrentar para que no sigan luchando por su territorio y se ha valido de la declaratoria de estado de excepción para “violentar los derechos humanos dentro de los territorios”.

Marlon Vargas expresa su rechazo rotundo a la medida que suspende el derecho a la información, a la libertad de expresión y opinión, el derecho a asociarse y reunirse, el derecho a transitar libremente y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. El dirigente indígena sostiene que el estado de excepción está paralizando la economía de la provincia de Morona Santiago al dificultar la movilidad de las personas, además señala que la situación en las comunidades es de alta vulnerabilidad aunque no se muestra en la prensa por la falta de acceso a la zona. “Convocamos a los medios de comunicación a que se trasladen a esos lugares para que el mundo vea en qué situación estamos y cuáles son las realidades que se están viviendo en las montañas de la Cordillera del Cóndor”, sostiene Vargas y añade que “el único camino es la resistencia que permite la Constitución”.

Preocupación en comunidades por excesivo control

Gloria Chicaiza de Acción Ecológica comparte la preocupación de Vargas por los efectos del estado de excepción en la población. “Compañeros de las comunidades dan cuenta de sobrevuelos diarios de helicópteros, de cómo con drones están entrando a las comunidades, están vigilando y persiguiendo. De cómo los niños no están yendo a las escuelas. Hay un control militar excesivo, la gente no puede desplazarse, tiene que caminar por la montaña 8, 12 horas para poder salir a centros poblados como Gualaquiza o San Juan Bosco”. Chicaiza no ha podido llegar a la zona por las restricciones de la excepción pero explica que mantiene constante contacto telefónico con líderes indígenas y campesinos. La ecologista también habla de persecución y pone como ejemplo el caso de Luis Tiwiram, dirigente de la desalojada comunidad de Nankints que es buscado por las autoridades.

Contrario a Vargas y Chicaiza, el gobierno sostiene en cadenas de radio y TV que con el estado de excepción se está garantizando la paz y el orden en la provincia, y que los moradores se sienten más seguros. Las versiones sobre los hechos suscitados, difieren por completo si la fuente es el gobierno o las organizaciones indígenas y civiles que, además de rechazar el desalojo, cuestionan el impacto de los proyectos mineros en el ecosistema de la Cordillera del Cóndor. Pero hay un punto en el que sí coinciden y es en que la situación está convulsionada y existe el riesgo de que se presenten nuevos hechos violentos.

Acción Ecológica no será disuelta

A la par de la situación de tensión en el sur de la Amazonía, el Ministerio de Interior solicitó la disolución inmediata de la organización Acción Ecológica, a la que culpó de respaldar en redes sociales acciones y hechos de violencia que atribuían a las comunidades shuar de la zona de conflicto. El proceso de cierre empezó el 20 de diciembre con la notificación a la ONG y desató diversas reacciones a nivel nacional e internacional. Pero la misiva que ocasionó el rechazo de la Cancillería, fue la de un grupo de relatores de la ONU que a finales de diciembre cuestionó un clima de represión para las organizaciones civiles en el país. “Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial”, dicta parte del comunicado y continúa: “Las consecuencias directas son el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno y, por lo tanto, reduce la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginadas”, añade y concluye que la disolución de agrupaciones es “el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación. Inmediatamente el Ministerio de Relaciones Exteriores tachó el comunicado de “tendencioso” y aseveró que contenía aseveraciones que tergiversaban la situación en Morona Santiago.

Expertos de la ONU ya habían criticado al régimen por cerrar la también organización ecologísta Pachamama, la Unión Nacional de Educadores, que fue el gremio más fuerte de maestros durante 66 años, e intentar disolver la ONG Fundamedios. Todo en un periodo de tres años. En el caso de Pachamama, el cierre se dio poco después de una protesta contra la XI ronda de licitación de 13 campos petroleros que se celebró en Quito y en la que participaron funcionarios y empresarios extranjeros. El presidente Correa atribuyó la convocatoria a la ONG y los culpó de proferir insultos y golpear con una lanza al embajador chileno. Pachamama protestó contra lo que calificaron como una acción unilateral sin derecho a la defensa.

El 11 de enero pasado se dio la audiencia del proceso contra Acción Ecológica en las instalaciones del Ministerio del Ambiente y un día después, el pedido de disolución fue desestimado para tranquilidad de la ONG, que ha denunciado decenas de agresiones a la organización y sus miembros durante los últimos 10 años. “Se dictaminó que no había ninguna relación entre los eventos de violencia en la Cordillera del Cóndor y los mensajes que circulaba Acción Ecológica”, dijo en diálogo con Mongabay Latam la presidenta Esperanza Martínez e insistió en la necesidad de que se conforme una Comisión de la Verdad que investigue el conflicto minero y aclare “qué ha pasado con la consulta previa, con las áreas de conservación, qué ha pasado con los ríos, cuáles han sido las acciones u omisiones por parte del estado”. Consultada sobre si van a bajar el tono después del riesgo de disolución, Aguirre sostiene: “No es un problema de tono sino de compromisos, y tú eres o no eres solidario, participas o no participas, y nosotros reivindicamos el hecho de que nuestros objetivos son alertar sobre los problemas ambientales y defender la naturaleza. Si no lo hacemos estamos incumpliendo con nuestros fines”.

Fuente: https://es.mongabay.com/2017/01/ecuador-tension-la-amazonia-conflicto-minera-china-comunidad-shuar/

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), una plataforma integrada por diversas organizaciones de la Iglesia católica, tanto locales como internacionales, que trabajan en el acompañamiento y la defensa de los territorios y grupos vulnerables de la Amazonía, ha denunciado el desalojo del pueblo shuar en Ecuador a causa de prácticas mineras.

Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y firme denuncia de los acontecimientos recientes con relación al pueblo Shuar del Ecuador en la provincia de Morona Santiago, específicamente con respecto al desalojo de los pobladores, indígenas y campesinos, de la comunidad Nankints en favor de los intereses de la empresa minera china Ecuacorrientes», denuncian en un comunicado.

Según advierte la Red, el desencadenante del conflicto actual está relacionado con la política de sobreexplotación de los bienes naturales que se ha impuesto en la región amazónica «concediendo derechos a grupos privados» y «vulnerando gravemente los derechos humanos y la protección de los ecosistemas».

Por ello, pide diálogo para la resolución del conflicto y buscar salidas a la pobreza que no se limiten a la extracción de recursos naturales en espacios frágiles. «La pobreza que se quiere combatir momentáneamente llegará igualmente y de manera más dramática para esos territorios en el mediano plazo luego de que se agoten dichos recursos, y cuando su hábitat esté afectado de forma irreversible», alerta.

Por ello, las organizaciones de esta Red piden una política orientada al bien común basada en principios éticos. «Pedimos más altura en las discusiones, una altura que vaya más allá de los antagonismos, descalificaciones y posturas inamovibles e unívocas donde solamente quienes ostentan el poder institucional formal parecen determinar los rumbos a seguir, por encima de las comunidades que habitan en los territorios, y los han habitado por siglos», señalan.

En este sentido, hacen un llamamiento a que se respeten los derechos de los pobladores de estos territorios, al «cese urgente y no repetición de un estado de excepción que favorece un contexto de mayor confrontación y violencia», y a privilegiar los intereses de las comunidades que han habitado en esos territorios por encima de los intereses extractivos externos.

Además, la Red recuerda la encíclica del Papa Francisco ‘Laudato Si’, en la que reconoce a los pueblos indígenas como los primeros interlocutores en el momento de tomar decisiones que afecten a sus territorios.

Sobre la muerte de un efectivo de la policía «que fue enviado a una situación de violencia inminente», lamentan lo sucedido y piden que los hechos sean «debidamente atendidos y solventados, pero sin provocar una injusta generalización de parte de las instancias del gobierno y una criminalización de dirigentes y comunidades locales». También reclaman que se aclare la situación de los líderes que han sido procesados o que están detenidos y se asegure el pleno respeto de sus derechos.

Fuente:http://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-shuar-pueblo-amenazado-mineria-20170116125147.html