El 2018 fue un año ambiguo para el medioambiente en Ecuador. Por un lado, el gobierno de Lenín Moreno se mostró más abierto al diálogo, distanciándose de su antecesor Rafael Correa. Por otro, sus políticas ambientales variaron poco o nada. El otorgamiento de concesiones mineras y petroleras, principalmente en la Amazonía, sigue siendo una constante y el mar ecuatoriano sigue enfrentando diversas presiones, sobre todo por cuenta de la pesca ilegal.

A pesar de la fuerte tensión, este año también hubo hitos positivos. Las sentencias a favor de dos comunidades indígenas, la de Río Blanco, en la provincia de Azuay, y la de Sinangoe, en Sucumbíos, ordenaron detener la extracción minera. A la victoria de Río Blanco y Sinangoe en 2018, se sumó la de los afectados por la contaminación de Chevron en la Amazonía, que tras varios años de defensa ganaron el caso en la Corte Constitucional. La declaratoria de áreas para proteger especies recién descubiertas o brindar refugio a animales emblemáticos como el cóndor andino, también estuvieron presentes este año.

El cambio: de Rafael Correa a Lenín Moreno

“El cambio entre Correa y Moreno solo ha sido de forma, no de fondo”, opina Eduardo Pichilingue, ambientalista y defensor de los Derechos Humanos. No hay transformación de fondo porque las fronteras petrolera y minera se han seguido expandiendo, el sector indígena está inconforme con las decisiones del presidente y califica al diálogo como infructífero porque, a pesar de que Moreno y sus ministros los reciben, no consideran sus pedidos.

Luisa Lozano es dirigente de la mujer en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y dice que en este 2018 las políticas ambientales “no han mejorado para nada”. “Quieren aparentar que están respetando los derechos pero por debajo siguen persiguiendo a quienes protestan por sus tierras e insisten en entregar concesiones mineras dentro de territorios indígenas”. Lozano recuerda que el 11 de diciembre de 2017 el presidente Moreno dijo que iba a detener las concesiones mineras mientras no se cumplieran todos los requisitos, incluida la consulta previa. Pero un año exacto después, asegura que esto no se ha materializado.

El abordaje ambiental del presidente Moreno sigue siendo difícil de entender para algunos. Aunque para otros, como María Espinoza de Amazon Frontlines, el mensaje del presidente es clarísimo: el nuevo ministro de Ambiente, que asumió funciones el 3 de diciembre, tiene experiencia en el sector petrolero y minero. “Si tú pones frente a la cartera de Estado que tiene la obligación de conservar y proteger a un hombre que tiene un perfil petrolero y minero, estás diciendo muy claramente cuál es la intención y el valor que este gobierno le está dando a los temas ambientales y territoriales”, comenta.

Para Eduardo Pichilingue, a través de la designación del nuevo ministro y del avance minero y petrolero, Moreno está logrando lo que Correa no pudo: “irse más a la derecha para allanar el camino, sin que eso resulte aún más incoherente con su discurso”. Correa nunca pudo con la minería, continúa Pichilingue, ni con la Ronda Sur Oriente, es decir, la licitación de los campos petroleros en el sur de la Amazonía ecuatoriana. “En sus mejores sueños Correa hubiese querido poner un ministro petrolero en el Ministerio de Ambiente sin que se le viniera todo el movimiento indígena encima”, dice, y coincide con Luisa Lozano, de la Conaie, en que Moreno “pacta superficialmente con todos los sectores, entrega dádivas y lo de fondo no cambia”.

Para los consultados, no basta con que Moreno los reciba en su despacho si al final no los escucha; no basta con que haya sentencias favorables con las comunidades, si no se cumplen. Hay un malestar generalizado que se ha manifestado en las exigencias de las mujeres amazónicas y en la marcha por el Agua.

Lo malo: deforestación, petróleo, minería y palma en la Amazonía

El Parque Nacional Yasuní es el más grande de Ecuador, con una gran importancia ambiental y cultural. Sin embargo, la exploración petrolera dentro de él es una constante. El proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) mostró este año la deforestación por causa de esta industria dentro del área protegida. MAAP analizó imágenes satelitales para estimar la deforestación, tanto directa como indirecta y estos fueron los resultados: por el impacto directo (infraestructura petrolera) 169 hectáreas y por impacto indirecto (actividad agrícola a lo largo de las carreteras creadas) 248 hectáreas. Esto sumaría 417 hectáreas, es decir, 117 más de las que fueron aprobadas en una consulta popular en la que participaron los ecuatorianos a inicios de este año.

“Hay planes para muchas más plataformas y carreteras de acceso para explotar el campo Ishpingo en el bloque petrolero ITT. Nuestros resultados indican que el gobierno debe considerar de nuevo esos planes ya que han perdido más de 400 hectáreas dentro de Yasuní”, afirma Matt Finer, investigador y director de MAAP.

Otro proyecto, pero esta vez minero, que durante 2018 preocupó en términos de deforestación fue Mirador. Un análisis con base en imágenes satelitales mostró cómo durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017, ya se habían deforestado 1307 hectáreas de bosque. A Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, lo que le ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”.

En octubre de 2018, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, dijo que no se realizaría ninguna licitación de bloques petroleros, “como lo tenían previsto”, supuestamente para evitar conflictos sociales a las empresas. Sin embargo, sí se licitaron los bloques 86 y 87, en la provincia de Pastaza, ubicados en territorio de los pueblos indígena kichwa y sápara. Benito Bonilla, de Fundación Pachamama, comenta que además de esos bloques hay otros que se están renegociando en  el centro norte de la Amazonía para repotenciar la producción de los pozos. “Están revisando las áreas donde ya ha habido explotación petrolera”, dice.

Otra actividad no extractiva —pero mundialmente conocida por sus efectos en el medioambiente, y que sigue creciendo en el Ecuador— es la siembra de la palma africana. Durante el Primer Encuentro de Pueblos, Comunidades y Naturaleza Frente a la Palma Aceitera, en octubre de 2018, se concluyó que la palma es “la primera causa de deforestación de bosques y selvas primarias en Ecuador y otros países de Latinoamérica”. Aunque no hay datos disponibles del 2018 sobre las plantaciones, la producción entre 2016 y 2017 creció en un 5 %, es decir,  se produjeron 152 000 toneladas métricas adicionales que en 2016. La provincia con más producción es Esmeraldas —casi el 50 %— pero en una entrevista para un reportaje sobre la palma africana en Ecuador de Mongabay Latam, Nathalia Bonilla, de la organización Acción Ecológica, dijo que “el crecimiento de la palma hacia la Amazonía, en Sucumbíos, se está volviendo cada vez más agresivo”.

El desafío: un mar inmenso para vigilar

A pesar de su pequeño tamaño, Ecuador cuenta con un área marítima cinco veces superior a su extensión en tierra. Dentro de sus aguas, el país tiene una enorme biodiversidad y cuenta con el privilegio de tener las islas Galápagos, una zona de alto endemismo, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO y un gran centro de generación de información científica.

Sin embargo, durante 2018 el mar ecuatoriano también tuvo que combatir la creciente pesca ilegal que se sigue dando en Sudamérica. El Ministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador asegura que durante 2018 ha ejecutado diferentes estrategias para atacar el fenómeno, entre las cuales están: la creación de una Comisión Multisectorial; la disposición de más de 200 inspectores de pesca distribuidos en todo el perfil costero, verificando que las capturas de las embarcaciones tengan origen legal; un Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; un sistema de trazabilidad completo para la exportación de tiburones (aletas, cuerpos y subproductos), seguido de guías de movilización de pesca incidental para el transporte y comercialización; e inspecciones a las empresas exportadoras para verificar que el producto que está por salir del país no corresponda a especies prohibidas.

Aun así, la pesca ilegal es difícil de controlar. Felipe Vallejo, director de la organización Equilibrio Azul, asegura que la discusión que se podría haber generado sobre la sobreexplotación de recursos marinos y la pesca ilegal jamás se dio. “La realidad es que en el Ecuador se pesca irregularmente todos los días”, dice. Por su parte, la pesca de tiburón ─una de las más preocupantes debido a su alta demanda en los mercados asiáticos─ preocupa no solo a nivel industrial sino artesanal. “Es dudoso que la pesca de tiburón, hecha por la flota artesanal ecuatoriana, sea incidental. Por el contrario, más parece una pesca dirigida: el objetivo no declarado de dicha flota”, asegura Santiago Bucaram, economista especializado en recursos costeros.

También pasaron cosas que parecieran increíbles. Por ejemplo, en 2017 se capturó al barco chino Fu Yuan Yu Leng 999, con un cargamento de 300 toneladas de tiburones al interior de la Reserva Marina Galápagos y esa misma flota volvió a aparecer cerca del lugar este año. Walter Bustos, exdirector del Parque Nacional, asegura que “esta vez tuvimos la precaución de anticiparnos y la Armada del Ecuador ya realizó vuelos de aproximación y señales aéreas claras para advertir que están cercanos a espacio nacional y áreas protegidas”.

La vigilancia es compleja y a eso se suma que muchas flotas suelen justificar como incidental la pesca ilegal, “pero nosotros hemos encontrado varias embarcaciones en Galápagos que tenían únicamente tiburón a bordo. Esto da cuenta de que no era una pesca incidental”, asegura Bustos.

Cecilia Torres, de Mingas por el Mar, una fundación que promueve la conservación de los océanos,  le dijo a Mongabay Latam que a pesar de todos los obstáculos y problemas a los que se enfrentan los mares, tienen parte de su esperanza en la decisión que tomó este año la Asamblea Nacional, en la que aprobó la vinculación de Ecuador al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP); un documento de la FAO para impulsar la lucha contra la pesca ilegal. Ese acuerdo se basa en la efectividad que tienen los controles sobre los puertos por donde pasa la mayor parte de la carga de pesca a nivel mundial, incluyendo aquella ilegal. “Queda que el gobierno implemente las medidas necesarias para que se cumpla”, afirma.

Lo feo: continúan vulneraciones contra pueblos indígenas

Durante el gobierno de Rafael Correa más de 100 personas fueron víctimas de hostigamiento judicial: durante protestas, marchas y manifestaciones para defender su territorio, el agua y otros derechos como acceso a educación intercultural bilingüe. Eran detenidos y acusados de delitos como daño al bien ajeno, sabotaje y paralización de los servicios públicos. En el año y medio de gobierno de Lenín Moreno esta situación ha cambiado, pero a medias.

Luisa Lozano dice que muchos casos de hostigamiento judicial en contra de indígenas siguen sin investigarse y hay quienes continúan con problemas en sus procesos judiciales. “Quedan pendientes muchos compañeros. También se sentenció a Pepe Acacho, luego le dieron el indulto, pero no quiere decir que fue por voluntad del gobierno sino que es un derecho amparado en la Constitución”, opina Luisa. Acacho, de la nacionalidad shuar, había sido vinculado a la muerte del profesor indígena Bosco Wisuma en 2009 durante una protesta en contra de la ley de aguas, promovida por el entonces presidente Correa.

Otro tema que no ha cambiado en el 2018 es la consulta previa. Según Lozano, sigue igual. “Tienen una estrategia de reunir a la gente y ofrecer obras, como si eso fuera consulta previa cuando no es así. Se siguen abriendo más concesiones a nivel de la Amazonía. Por ejemplo, en el proyecto Cóndor Mirador no hubo consulta y allí han hecho un daño ambiental terrible”.

Lozano dice que aunque Moreno se muestra más abierto al diálogo, sigue impulsando sus políticas extractivas. Una actitud similar tendrían los miembros de su gabinete. El 14 de noviembre un grupo de mujeres amazónicas fue recibido por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Venían desde el Puyo para exigirle al gobierno que paralizara las concesiones petroleras porque significaban una agresión a los pueblos indígenas amazónicos. Ese día, el ministro dijo que se tomarían las decisiones que el presidente considerara convenientes. “Siempre precautelando el interés de los 17 millones de habitantes que son la responsabilidad del Gobierno Nacional”. Las mujeres amazónicas regresaron a sus territorios con esa respuesta ambigua.

Verónica Potes, que acompañó a las mujeres amazónicas en ese día y medio de vigilia en el edificio del Ministerio de Hidrocarburos, dice que ese falso diálogo terminó con un “ya veremos, vamos a hacer consulta pero no es vinculante”. Una respuesta que revela que la apertura del gobierno tiene sus límites.

A pesar de que en Ecuador la consulta previa es un derecho constitucional, la abogada Potes asegura que ningún proyecto en el país tiene consulta previa. “La consulta previa es posterior, dicen: ‘ah, no la hice, pero no importa, mañana la hago’, cuando los proyectos ya están en marcha”.

Lo bueno: Nuevas zonas de protección y triunfos judiciales emblemáticos

A pesar de las dificultades presupuestales a las que se enfrentan las entidades que trabajan con áreas protegidas en Ecuador, 2018 fue testigo de grandes proyectos que intentan cuidar la biodiversidad de este país sudamericano.

Luego de casi seis años de trabajo, el Grupo Nacional de Trabajo sobre el Cóndor Andino, liderado por el Ministerio de Ambiente, aprobó en febrero la declaratoria de 34 763 hectáreas, en Río León (entre los municipios de Oña, Nabón y Santa Isabel en la provincia de Azuay, así como Saraguro en la provincia de Loja) para proteger al cóndor andino, una especie en peligro en la cordillera de Los Andes. Fabián Rodas, de la organización Naturaleza y Cultura Internacional, asegura que “río León es un área remota, con poca gente, cercana a los páramos del centro y sur del país, y con corrientes aéreas ascendentes propicias para el vuelo de los cóndores. Y sus acantilados, además, son perfectos para anidar y descansar”.

Otra buena noticia para Ecuador fue la declaratoria del Chocó Andino como Reserva de la Biósfera. En ella se encuentran nueve bosques protectores, tres Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), múltiples reservas privadas y un Parque Nacional: la Reserva Geobotánica del Pululahua. Más de 73 000 hectáreas de la nueva Reserva de Biósfera corresponde a ocho áreas núcleo, es decir, lugares donde los bosques tienen un mejor estado de conservación y son importantes por su biodiversidad y por los servicios ambientales que proveen. “Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo. La Reserva de Biósfera le confiere a este territorio herramientas adicionales para la conservación de la biodiversidad, pero también a nivel local en términos de desarrollo sostenible de sus habitantes”, dice Jorge Ellis, responsable del sector ciencias naturales de la UNESCO y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Los esfuerzos privados tampoco se quedaron atrás. Tal fue el caso de la Fundación Ecominga y su reserva Drácula, en la región noroccidental de Ecuador, en el Chocó biogeográfico. Precisamente, en esta reserva se confirmó la presencia de una nueva especie de lagartija (Anolis dracula). Esta es la única área protegida en Ecuador que en este momento protege el ecosistema donde habita este reptil.

De acuerdo con Mario Yañez, biólogo e investigador del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador, esta especie los ha motivado bastante para reflejar la alta diversidad que contiene la cuenca del Río Mira (entre Ecuador y Colombia). “La fundación Ecominga ha sido una de las instituciones que ha auspiciado la investigación y que pretende generar un sistema de reservas para llenar un vacío en el sistema de conservación”, comenta.

Los fallos judiciales también fueron protagonistas en 2018. En julio, la Corte Constitucional ratificó la decisión que obliga a la empresa Chevron a pagar 9500 millones de dólares a los afectados para la reparación y remediación de los daños sociales y ambientales que —según auditorías y peritajes— dejó la operación de la petrolera en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, en el noreste del país. En la práctica, los afectados no han recibido ninguna reparación y la empresa insiste en que cumplió con sus obligaciones.

Otro caso emblemático fue el de la comunidad de Río Blanco. El 1 de junio de este año el juez Paul Serrano suspendió la explotación minera del proyecto Río Blanco, en la provincia de Azuay. Comuneros habían interpuesto una acción de protección debido a la contaminación en su territorio y afirmaban que no se habían respetado los procedimientos legales, como el derecho a la consulta previa. Esta última violación fue el principal argumento para interrumpir la operación. No obstante, hasta el momento la empresa no ha abandonado el territorio y las autoridades competentes no han cumplido con su parte.

A la victoria judicial de Río Blanco se suma la de la comunidad Cofán de Sinangoe que denunció la existencia de 52 concesiones mineras sobre el área aledaña a su territorio ancestral. “Han ganado en segunda instancia pero a pesar de eso, una de las mineras canadienses que opera en la zona, que se llama All Metal, sigue haciendo actividad, están desconociendo un fallo judicial y no hay ninguna tutela efectiva”, opina María Espinoza.

A pesar de que estas decisiones judiciales son interpretadas como positivas para las comunidades, Espinoza considera que no son acatadas de manera obligatoria por las instituciones competentes. “Las autoridades que deberían hacer seguimiento muy riguroso a estas disposiciones y que se cumpla la sentencia, como la Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero) y el Ministerio de Ambiente, no están haciendo lo suyo”. Todavía hay bastante en que trabajar.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/12/balance-ambiental-2018-ecuador-entre-mineria-petroleo-y-resistencia-indigena/

Bajo la consigna ‘Por el agua, por la vida y contra la corrupción’, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tuvo una semana cargada de manifestaciones coordinadas en varias ciudades de Ecuador.

El pasado miércoles 14 de noviembre, cientos de indígenas, agrupados en la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), que forma parte de la Conaie, llegaron a Quito, tras 11 días de caminata, en un periplo que partió de la parroquia rural de Tundayme, en el cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, en el suroriente del país.

Los marchantes se dirigieron a la Asamblea Nacional, ubicada en el centro de la ciudad, y entregaron a la presidenta del órgano legislativo, Elizabeth Cabezas, el Proyecto de Ley Orgánica de Prohibición de Minería Metálica en Ecuador.

Yaku Pérez, presidente de la ECUARUNARI, dijo que este proyecto «surge desde abajo, desde los afectados, desde los criminalizados, despojados de sus territorios, desde quienes sufrieron los embates de la industria metalífera».

Además, señaló que el objetivo de entregarlo a la Asamblea Nacional es para que este órgano, «como un acto de justicia con los pueblos y con la Pachamama (tierra)», corrija y prevenga «mayores agresiones sociales y ambientales colosales a la biodiversidad, fuentes de agua y todo elemento biótico que vive en la naturaleza». En concreto, piden la prohibición de la minería metálica en todo el territorio, evitar que se otorguen más licencias y concesiones, y exigen la consulta previa, libre e informada en los territorios.

Además de entregar el proyecto de ley, la ECAURUNARI reclamó:

• Luchar contra la Corrupción.
• Reactivación del sector Agropecuario: No a las semillas y alimentos transgénicos, revalorización de las economías campesinas-indígenas y eliminación de políticas de agrocalidad.
• Restitución de la Educación Intercultural Bilingüe desde inicial hasta superior, con presupuesto del Estado y autonomía real.
• El mismo miércoles, otro grupo de de los marchantes se dirigió a la sede de la Contraloría General del Estado del Ecuador, donde pidieron informes de auditorías sobre los proyectos mineros en el país.Otro de los reclamos es la falta de cumplimiento a la consulta popular realizada en febrero de este año, en particular a la pregunta cinco, que recibió 68,79 % de votos a favor, que decía: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?
  

  Mujeres de la amazonía

  Luego de dos días de manifestaciones en las inmediaciones del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, los colectivos de Mujeres Amazónicas y Yasunidos fueron recibidos, la noche del miércoles, por el titular de esa cartera, Carlos Pérez.

  Estos colectivos piden detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y rechazan la autorización de Pérez para explotar los bloques petroleros 86 y 87, según denunció Ivone Ramos, vocera de Samaranda Huarmicuna, en Ecuadorinmediato. Esa zona es el territorio de las nacionalidades Sápara, Shiwiar, Kichwa y pueblos aislados, como Tagaeri y Taromenane, y —dice Yasunidos— la medida gubernamental violenta «claramente los mandatos constitucionales de derechos humanos y colectivos».

• El tema de la explotación en el Yasuní, también estuvo incluido en la consulta de febrero. La interrogante era: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Los resultados fueron claros: 67,3 % de los votantes dijeron ‘Sí’.En una rueda de prensa posterior al encuentro con el ministro, Salomé Aranda, una de las dirigentes de las Mujeres Amazónicas, dijo que conversaron durante tres horas con el Pérez, pero no obtuvieron respuestas satisfactorias a sus demandas.

  «Nuestro sacrificio, nuestro sufrimiento, caminar y llegar acá no fue tan fácil», afirmó Aranda y, por ello, se mostraron «decepcionadas» del resultado de la reunión con el ministro Pérez.

• Además, señaló que esperarán posteriores respuestas del funcionario y, si se mantiene la negativa a su demanda, volverán a protestar frente al palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de Ecuador, como lo hicieron en marzo, para exigir ser recibidas por el mandatario, Lenín Moreno, quien no ha respondido aún el documento que le dejaron en aquella oportunidad.
  

  Avance frustrado

  El jueves 15, coincidiendo con la fecha aniversario de la masacre de trabajadores obreros, ocurrida en 1922 en la ciudad de Guayaquil, las organizaciones indígenas se movilizaron en varias urbes, manteniendo el lema de la caminata: ‘Por el agua, por la vida y contra la corrupción’.

  En Quito, los mismos indígenas que marcharon durante 11 días, a quienes se le sumaron algunos quiteños, realizaron un recorrido por varias instituciones. En la mañana, acudieron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), donde entregaron al titular de la institución, Julio César Trujillo, un documento sobre la protección de la naturaleza y en rechazo a las explotaciones mineras, según señala la CONAIE en nota de prensa.

• La columna de indígenas se dirigió posteriormente a la Plaza Grande, ubicada frente a la sede de la Presidencia de Ecuador, con el fin de ser recibidos por el presidente Moreno; pero un fuerte cerco policial impidió su paso. Además, fueron informados que el mandatario no se encontraba en el país, pues había viajado a Guatemala, para asistir a la XXVI Cumbre Iberoamericana.
  

  Contra el «paquetazo»

  En Guayaquil, varias organizaciones indígenas de la costa ecuatoriana marcharon por la avenida 9 de Octubre de la ciudad y llegaron hasta las riberas del río Guayas, donde pusieron a navegar las cruces de la lucha de los pueblos, en conmemoración de los 96 años de la masacre de 1922.

  Además, informa la CONAIE, marcharon «contra el paquetazo«, en referencia a las medidas económicas adoptadas por el presidente Moreno en agosto pasado, que incluyen:

  • El aumento de la gasolina súper, que pasó de entre 2,10 y 2,32 dólares por galón a 2,98.
  • El aumento del diésel para pescadores y camaroneros.
  • Reducción del Estado, con la supresión y fusión de ministerios y secretarías gubernamentales; de 40 solo quedan 20, lo que derivó en despidos de empleados públicos.
  • La «delegación, fusión y optimización» de las empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la aerolínea Tame y Correos del Ecuador.

Los pueblos indígenas de la costa también reivindicaron las demandas hechas en Quito, como la defensa del agua, los territorios y, sumaron, trabajo digno.

Rechazo a hidroeléctrica

En la Amazonía, concretamente en la provincia de Pastaza, el Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara (PONAKICSC) mantuvo cerrada la Troncal Amazónica, carretera principal del oriente, durante seis días, para pedir la salida inmediata de la empresa hidroeléctrica Genefran S.A., por vulnerar derechos colectivos y de la naturaleza.

En la madrugada de este jueves, después de más de dos horas de diálogo, los manifestantes alcanzaron un acuerdo con el gobernador de Pastaza, Pablo Landivar, quien se comprometió a garantizar la salida de la hidroeléctrica de la región en un plazo máximo de 48 horas.

De no cumplirse el acuerdo, el pueblo indígena de este territorio kichwa retomará el cierre de la carretera e intensificará las medidas de resistencia.

Las demandas de indígenas de Cotopaxi

El Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi (MICC) realizó una marcha por las principales calles de Latacunga, capital de la entidad, y se concentraron en la Plaza El Salto, donde instalaron una gran asamblea.

En esa reunión, a la que llegaron las autoridades posteriormente, presentaron varias demandas, como la redistribución del agua, el presunto bombardeo con yoduro de plata a las nubes para evitar que llueva, el bajo precio de la leche, la situación precaria del transporte comunitario, entre otras.

Los dirigentes del MICC firmaron acuerdos con las autoridades provinciales y nacionales, que se comprometieron a mejorar el precio de la leche, promover la creación de empresas comunitarias y entregar créditos con facilidades a las comunidades. También prometieron investigar el tema de la sequía en la zona.

Tras la firma de los acuerdos, el MICC anunció que dará un plazo de 30 días para el cumplimiento de las promesas, de los contrario, radicalizarán la protesta en Cotopaxi. Una de las consignas que se escuchó fue: «Hasta hoy el pueblo ha sido cordero, mañana será un león«.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/295915-ecuador-indigenas-movilizados-defensa-territorios

Cada año que pasa las inversiones chinas alrededor del mundo se expanden con rapidez. América Latina, y en especial los países amazónicos, han visto como cada vez más las multinacionales de este país asiático llegan a las selvas tropicales de la Amazonía a financiar y ejecutar grandes proyectos mineros y de hidrocarburos.

La preocupación por la forma en que las empresas chinas manejan el tema medioambiental y de derechos humanos es tal que recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recogió las recomendaciones de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) para evaluar el respeto de los derechos humanos por parte del Gobierno chino. De hecho, el próximo 6 de noviembre la República Popular China será evaluada en Ginebra en el marco de la Evaluación Periódica Universal de Derechos Humanos (EPU).

Las recomendaciones de la COICA se encuentran detalladas en el informe ‘Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas’, en el cual manifiestan que se encuentran vulnerados el derecho a la vida, que implica la protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado; y el derecho a la No discriminación.

Entre los casos que se destacan se encuentran el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, el Bloque Petrolero El Nogal en Colombia, Lote 58 en Perú, Represas Teles Pires y Sao Manoel en Brasil y el proyecto Cóndor Mirador en Ecuador.

Además de esto, la ONU destacó que las empresas mineras chinas, en particular las que participaban en los proyectos Mirador y San Carlos Panantza en el Ecuador, habían incurrido en prácticas irregulares de adquisición de tierras, como la compra irregular sin consulta previa, la reclamación arbitraria de derechos de explotación minera y la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad. “Por medio de estas prácticas y con el apoyo de las fuerzas de seguridad, estas empresas habían provocado el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de un total de 42 familias indígenas”, relata el documento.

Las inversiones chinas en Ecuador se han incrementado exponencialmente. Otro informe, titulado: ‘Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina’ y elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) asegura que China es el primer prestamista y contratista del Ecuador, especialmente, para los sectores de hidrocarburos, minería, infraestructuras, obras hidráulicas, comunicaciones y finanzas. Desde que el primer préstamo chino llegó a Ecuador en el 2009 se han otorgado créditos por un total de 12 490 millones de dólares, más de lo que prestaron todos los bancos multilaterales juntos durante el mismo período (10 165 millones de dólares).

“Este resultado, no solo involucra una mayor dependencia política y económica con China, sino también que las empresas chinas acaparan el mayor número de contratos públicos de obras de gran tamaño”, se lee en el reporte.

Inversiones chinas: San Carlos Panantza

El proyecto minero San Carlos Panantza en la Provincia de Morona Santiago representa una de las inversiones chinas más grandes en Ecuador. Fue concesionado a la empresa Explorcobres S.A. (EXSA), para la explotación de yacimientos mineros de cobre y otros materiales. Desde mayo de 2010, EXSA pertenece a la compañía china CRCC Tongguan Investment CO, la cual suscribió un contrato de exploración y explotación con el Gobierno ecuatoriano con una vigencia aproximada de 25 años. Actualmente, se están gestionando las actividades para el reinicio del proyecto, que se encuentra en su fase de exploración inicial.

Se trata de 13 bloques mineros que abarcan una superficie de alrededor de 41 000 hectáreas, de las cuales 15 000 son del Pueblo Indígena Shuar Arutam. El proyecto ha estado lleno de conflictos desde su inicio, incluso los indígenas quemaron un campamento hace ya varios años. “La conflictividad tomó un giro drástico el 11 de agosto de 2016, ya que por pedido de la empresa se procedió a desalojar a una de las comunidades Shuar”, comenta Carlos Mazabanda de Amazon Watch a Mongabay Latam.

Todo ese problema con los predios se dio porque en las décadas de los 80 y de los 90 la institución gubernamental encargada de la titulación de la tierra fue dando títulos a campesinos en esta zona que era tradicionalmente territorio Shuar. Los indígenas no tenían problema con que campesinos se asentaran en su muy amplio territorio, pero cuando llegó la empresa y les empezaron a vender los títulos de propiedad, los Shuar decidieron posesionarse nuevamente de sus predios para impedir la afectación ambiental de sus tierras.

Según Mazabanda, la estrategia de la compañía ahora es aliarse con un representante indígena, que tiene el liderazgo de muchos de los Shuar de la provincia de Morona Santiago. La empresa, el líder ─y quienes lo apoyan─ firmaron un convenio para hacer la socialización del proyecto. “Eso ha sido bastante cuestionado porque no es posible que la misma comunidad sea la que le haga la socialización a la empresa, además, ha generado conflictos internos y divisiones entre los Shuar”.

Los impactos sociales y ambientales de este megaproyecto serán muy altos para la Amazonía sur de Ecuador. “Prevé el tratamiento de 90 000 toneladas de roca por día para extraer cobre. Constituiría el megaproyecto minero más importante del Ecuador. Los desechos contaminantes generados por esta mina estarían acumulados en una relavera al coste del río Zamora y podrían alcanzar un volumen de más de 700 millones de m3”, asegura William Sacher, profesor e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar y autor del libro ‘Ofensiva Megaminera China en los Andes’.

Pero eso no es todo. Sacher considera que si a todo lo anterior se agrega que la zona es altamente pluviosa y sísmica, serían muy altos los riesgos de accidentes como el que ocurrió en Samarco (Brasil) en 2015. Además, la puesta en marcha de una gran mina de esta índole requiere de abastecimiento masivo de energía. “Ejemplo del vínculo megaminería-proyectos hidroeléctricos es la megarepresa hidroeléctrica que está en proyecto aguas abajo, en el río Santiago”, le dice Sacher a Mongabay Latam.

El investigador tiene una larga lista de los efectos negativos que traería este proyecto y en general la megaminería. En términos ambientales están: destrucción de ecosistemas, reducción de la biodiversidad, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y contaminación de los suelos. En términos sociales, entre las afectaciones para las poblaciones están: expropiaciones violentas; violencias físicas y simbólicas; impactos profundizados para ciertos sectores de la población como las mujeres y los niños; explotación e inseguridad laboral; militarización y consolidación del patriarcado; distorsión de la economía, la vida comunitaria y política en función de los intereses de los capitales megamineros; corrupción; criminalización y asesinatos; pérdida de soberanía política y alimentaria; proletarianización; aculturación, etc. “En breve, lo peor de la modernidad capitalista”, asegura.

Inversiones chinas: Cóndor Mirador

Mirador es un proyecto minero a cielo abierto que se realiza entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en Ecuador. Es el más avanzado de todos los que se están proyectando en el país y está a cargo de la empresa de capital chino Ecuacorriente SA (ECSA). Actualmente se encuentra en etapa de construcción y busca extraer concentrado de cobre durante un periodo de 30 años, para luego exportarlo a China y ser procesado en el país asiático.

La mina a cielo abierto también pretende extraer en menor medida metales como plata y oro. Se prevé la extracción de 19 440 000 toneladas de roca al año y abarca una superficie de 9928 hectáreas en 11 bloques. Al momento se ha firmado contrato para la explotación de dos de estas áreas.

Hace unos meses el proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) reveló un análisis con bases en imágenes satelitales donde se muestra como durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017,  ya se han deforestado 1307 hectáreas de bosque. Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, le dijo a Mongabay Latam que lo que ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”, dice.

Para tomar posesión del territorio concesionado, la empresa ECSA inició la negociación y compra de predios campesinos. Sin embargo, no todos los titulares estuvieron de acuerdo con las negociaciones por lo que la empresa realizó servidumbres ─la empresa a través de una orden judicial compra o toma en préstamo el terreno por un valor determinado por las autoridades─, y posteriormente solicitó al Estado que realizara el desalojo de las propiedades de aproximadamente 32 familias, ya que ambos mecanismos están contemplados en la actual Ley de Minería de Ecuador. La situación se agrava ya que, según Mazabanda, no se realizaron consultas previas en las comunidades afectadas por Mirador.

Para William Sacher, tanto Mirador como San Carlos Panantza son igual de problemáticos, aunque posiblemente San Carlos Panantza lo sea aún más porque se prevén minas más grandes. “Las empresas chinas escogieron desarrollar primero Mirador probablemente porque encontraban en la zona de este proyecto menos resistencia que en los territorios afectados por el proyecto San Carlos Panantza”, asegura.

Para el profesor e investigador ya se generaron una serie de profundos impactos sociales, ambientales y psicosociales. Entre estos, los desalojos de decenas de familias en el año 2015 y todo un largo proceso de acaparamiento de tierras. “Si los dos megaproyectos llegan a la fase de extracción estaríamos en el inicio de un distrito megaminero en la zona, lo cual implicaría una transformación política, económica, social y ambiental profunda, para nada a favor de la mayoría de la gente y de los pueblos que viven en estos territorios”.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) entregó sus recomendaciones a la ONU y espera que estas sean tenidas en cuenta por el gobierno chino. Entre las sugerencias se encuentran: modificar o suscribir adendas a los tratados de libre comercio suscritos, que incluyan una cláusula de cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y una cláusula de no debilitamiento o modificación de la normativa socio ambiental de cada país en el que operan los proyectos de capitales chino y/o financiamiento chino; mejorar las políticas de acceso a la información y transparencia de las empresas y de la República Popular China en proyectos relacionados a temas socioambientales y económicos, desde el diseño hasta su implementación; y elaborar y ejecutar protocolos de monitoreo y fiscalización hacia empresas financiadas por China.

El caso de Ecuador es particularmente preocupante pues es uno de los países amazónicos donde existe mayor participación china y donde recientemente se están desarrollando muchos más proyectos mineros y de hidrocarburos, donde Mirador y San Carlos Panantza son solo dos ejemplos de la crisis ambiental y social que puede seguir sucediendo en la Amazonía del país.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/11/inversiones-chinas-peligro-indigenas-y-amazonia-ecuador/

Miembros del movimiento Unidad Popular (UP), antes Movimiento Popular Democrático (MPD), ayer entregaron en la Gobernación del Azuay un pedido de consulta popular sobre la minería en la provincia de Azuay.

Daniel Carbo, director de esta agrupación política en la provincia de Azuay, propone que en las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019 se incluya una papeleta para Azuay con una pregunta.

Esta es: ¿Está de acuerdo con prohibir la minería metálica en el territorio de la provincia de Azuay, sus páramos, ecosistemas, áreas de protección, conservación ambiental y fuentes hídricas?.

De acuerdo con Carbo, Lenín Moreno, presidente del Ecuador, puede hacer el llamado para consultar a la población dado que se trata de un tema de interés general.

Citó el artículo 61 de la Constitución del Ecuador que en cuanto a los derechos de participación garantiza que la ciudadanía pueda presentar proyectos de iniciativa popular normativa.

Actualmente en Cuenca hay tres proyectos de minería metálica, y uno de estos es Río Blanco, que está en fase de explotación. Está ubicado en territorio de las parroquias Molleturo y Chaucha. (CSM)-(I)

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/11/07/unidad-popular-piden-consulta-sobre-mineria-en-azuay/

Ecuador se enfrenta a una demanda esta semana por otorgar a las empresas mineras los derechos de exploración de un bosque protegido en una de las regiones con mayor biodiversidad del país sin consulta local.

Presentado por el gobierno local de Cotacachi, la demanda solicita que el tribunal regional ponga una orden judicial en todas las actividades mineras dentro de Los Cedros en el Valle Intag, una zona exuberante de ríos y bosques tropicales andinos

En las últimas décadas, el Valle de Intag ha visto algunas de las resistencias más feroces contra la minería en Ecuador, un país rico en oro, cobre y otros minerales.

Desde 2008, aproximadamente 1,8 millones de acres de bosques protegidos de Ecuador se han puesto a disposición para la exploración minera, según el Rainforest Information Center, una organización ambiental sin fines de lucro con sede en Australia.

El estado tiene el derecho de extraer minerales sin importar de qué tierra se encuentren, de acuerdo con la constitución y el plan minero nacional de Ecuador.

Sin embargo, la constitución requiere que el gobierno nacional consulte a las comunidades sobre “planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras”.

Las comunidades en la parroquia de García Moreno, donde se ubican Los Cedros y las concesiones mineras, no fueron consultadas antes de otorgar una licencia ambiental a las compañías, de acuerdo con la acción legal.

El ministerio de minería y la agencia nacional de minería ARCOM no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

Reglamentos de tierra

En dos casos históricos a principios de este año, los tribunales locales se unieron a las comunidades rurales e indígenas que argumentaron que el gobierno nacional no les informó antes de designar tierras en sus territorios para la explotación de minerales.

Un juez de la provincia de Sucumbíos, cerca de Colombia, prohibió la actividad minera en 52 concesiones, mientras que otro en la provincia sureña de Azuay detuvo una mina de oro y plata llamada Río Blanco, según informes de prensa.

Edgar Merlo , un abogado que ayudó a redactar la última demanda, dijo que los fallos envalentonaron a la administración de Cotacahi porque ocurrieron violaciones similares en Los Cedros.

La empresa minera nacional ENAMI está desarrollando las concesiones en Los Cedros en sociedad con la empresa minera canadiense Cornerstone Capital Resources.

El proyecto aún se encuentra en las primeras etapas de exploración y aún no utiliza equipos de perforación u otro equipo pesado, según Brooke Macdonald, directora ejecutiva de Cornerstone Capital Resources.

Los bosques protegidos de Ecuador están “abiertos a la exploración de minerales pero están sujetos a estrictos estándares y obligaciones ambientales supervisados ​​por el Ministerio de Medio Ambiente”, dijo Macdonald en comentarios enviados por correo electrónico.

Añadió que las compañías mineras están obligadas a remediar cualquier daño ambiental que pueda ocurrir.

La demanda presentada por el gobierno de Cotacahi dice que ENAMI ya está dañando el bosque protegido al tallar nuevos senderos en áreas habitadas por el oso andino en peligro de extinción, y al despejar el área forestal para campamentos mineros temporales.

La compañía minera nacional dijo en su sitio web que “no hubo desmonte de árboles en los proyectos mineros de Río Magdalena 1 y 2”, y que nombró las dos concesiones que se superponen con Los Cedros.

Macdonald dijo que “no se usa agua ni se cortan árboles” en la fase de exploración actual.

Pero la Fundación Thomson Reuters visitó el área en cuestión y descubrió un sitio de unos 100 metros cuadrados que había sido talado de árboles y vegetación para dar paso a un campamento minero temporal.

“Los Cedros es uno de los bosques mejor conservados de Ecuador, pero ya están viendo los impactos (de la actividad minera)”, dijo Cueva.

Para reparar el daño, los trabajadores de ENAMI plantaron árboles jóvenes en el área que despejaron, según Decoux.

ENAMI no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Legado de resistencia

En 2014, a pesar de las protestas de la comunidad, el Ministerio de Medio Ambiente le otorgó a ENAMI y al gigante chileno del cobre Codelco permiso para desarrollar un proyecto minero cerca de la ciudad de Junín en el Valle Intag.

La líder comunitaria de Junín, Rona Garson Piedra , una empleada del proyecto minero llamado Llurimagua, dijo que la agricultura solo paga alrededor de $ 250 por mes, aproximadamente dos tercios del salario mínimo de Ecuador.

En contraste, los miembros de la comunidad pueden ganar entre $ 800 y $ 2,000 trabajando en el proyecto minero, dijo.

“Nos dimos cuenta de que la agricultura, en años anteriores, nos dejó en bancarrota. Para nosotros tratar de transportar nuestros productos fuera de aquí y hacia los mercados en las ciudades más grandes es realmente difícil”, dijo Piedra a la Fundación Thomson Reuters.

Marcia Ramírez, pariente de Piedra que dirige un albergue ecológico en una reserva natural designada por la comunidad en Junín, dijo que ha perdido cinco empleados de las compañías mineras desde 2014.

“Casi todos somos familiares (en Junín) aquí, pero al comienzo del proyecto minero ya ni siquiera nos saludábamos”, dijo.

Codelco no respondió a las solicitudes de comentarios.

Contaminación del agua

El proyecto Llurimagua todavía está en la fase de exploración, pero sus impactos ambientales ya están saliendo a la luz, dicen los expertos.

Desde 2015, un colectivo independiente de 70 científicos y residentes locales ha estado siguiendo los niveles de calidad del agua en los arroyos y microcuencas que se ejecutan aguas abajo de Llurimagua.

Han documentado deslizamientos de tierra cerca de la actividad de exploración, así como niveles peligrosos de elementos químicos como arsénico, manganeso, cobre y molibdeno en las fuentes de agua.

“Esto es … muy preocupante (y) le da a uno el derecho de comenzar a cuestionar lo que sucederá una vez que las empresas comiencen a extraer”, dijo William Sacher , un académico de la Universidad Andina Simón Bolívar que lidera el colectivo.

Silvia Quilumbango , presidenta del grupo ambiental de Defensa y Conservación Ecológica de Intag, dijo que los agricultores en Intag usan pesticidas y otros químicos que se filtran en las fuentes de agua.

“Pero la contaminación de la extracción de metales es mucho más permanente (que la agricultura)”, dijo, y agregó que estaba trabajando para capacitar a más agricultores de Intag en prácticas de agricultura sostenible.

DeCoux dijo que la contaminación del agua es solo una de las razones por las que espera que los jueces otorguen una orden judicial sobre las concesiones mineras en Los Cedros.

“Ellos (las compañías mineras) tienen que construir senderos, tienen que construir caminos, tendrían que comenzar a arrancar el bosque para que esas plataformas de perforación lleguen hasta aquí”, dice. “Sería el final de esta prístina área”.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/11/en-ecuador-los-casos-judiciales-mas-importantes-desafian-los-proyectos-mineros/