Ecuador

En la mina de Río Blanco es tiempo de guerra fría

La paralización de la actividad extractiva en Río Blanco no ha traído la paz a la parroquia de Molleturo, en el cantón Cuenca. Se trata de uno de los cinco proyectos mineros más importantes del país y, probablemente, el más conflictivo. Desde agosto de 2018, está suspendido por orden judicial, pues omitió el requisito constitucional básico de la consulta previa. Sin embargo, el conflicto y la tensión se mantienen intactos. Si en mayo del año pasado las cosas se pusieron duras, con enfrentamientos violentos entre los campesinos y la policía, heridos de lado y lado y militarización de la parroquia, hoy Molleturo vive una suerte de guerra fría. Todo parece concentrarse en el control de los caminos.

A 2.700 metros sobre el nivel del mar y a poco menos de un kilómetro monte adentro desde la carretera Molleturo-Naranjal está San Pedro de Yumate. La comunidad es (o era) el paso obligado de volquetas y retroexcavadoras que practicaban el vertiginoso ascenso hasta Río Blanco, 1.200 metros más arriba y a ocho kilómetros de camino lastrado. Aquí los comuneros, que no se fían de la efectividad de las decisiones judiciales, han instalado su propio puesto de control, con una pluma levadiza que suben o bajan según los visitantes sean amigos o enemigos. Si es volqueta, no pasa.

Para evitarlos, la empresa minera (Ecuagoldmining, perteneciente al consorcio chino Junefield) se ha tomado un camino de herradura. Uno que abrieron en minga los propios comuneros y atraviesa todo el páramo desde Migüir, sobre la misma carretera, a 15 kilómetros de Molleturo. Desde la suspensión de la actividad minera, la ruta ha sido ampliada y adecuada para el tránsito de maquinaria pesada y es constantemente patrullada por guardias y policías que se trasladan en vehículos de la misma compañía. En la entrada de Migüir, Ecuagoldmining ha instalado su propio puesto de control y su propia pluma levadiza con garita policial. A los comuneros de Yumate no les cabe duda de que la Policía trabaja para la minera.

Si hubiera que elegir un lugar donde se condensen todos los conflictos y problemas que acarrean los proyectos mineros instalados en zonas de recarga hídrica, ese lugar sería Río Blanco. Su ubicación, en plena zona de humedales, plantea las contradicciones de la permisiva política nacional de áreas protegidas. La bocamina ha sido practicada a 300 metros de la laguna de Llantaguaico. A no más de cien metros del campamento se multiplican los ojos de agua y se observan los primeros afluentes que se precipitan por las quebradas y alimentan las cuencas del río Cañar y del Jubones. Hasta acá llegó Jorge Glas, cuando era el hombre duro de los sectores estratégicos, y se sacó una foto conduciendo una retroexcavadora con cara de minero responsable. El lugar es considerado como zona de amortiguamiento de la reserva de El Cajas pero no está a salvo de la minería, pues se encuentra fuera de los límites del parque nacional.

Antes de parar, la mina de Río Blanco (con 605 mil onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata) se encontraba en fase de explotación. Había exportado ya 330 toneladas de material mineralizado. En agosto de 2017, una inspección del Consejo Provincial del Azuay constató los primeros daños ambientales, que incluyen la desaparición de una laguna (la de Cruz Loma), donde se vertió más de 4 mil metros cúbicos de material de desecho, y la disminución del cauce del río Canoas, que baja hasta La Troncal.

Pero hay más: hoy Molleturo es, también, un laboratorio de conflictos sociales. En Yumate, bajo la tejavana desde donde vigilan el camino, sentados alrededor de una gran olla en la que se cuecen plátanos al fuego, los comuneros cuentan historias de peleas y rupturas que se volvieron pan de cada día desde que comenzó esta historia. Debe haber un alto índice de estrés en esta parroquia. No solo por el hostigamiento más o menos constante de la policía, que desde el estallido de violencia del año pasado no deja de hacer requisas y controles, sino por la división entre los propios campesinos. Algunos eligieron trabajar de asalariados para la compañía y hoy viven enfrentados con los que se mantienen fieles a su tradición agrícola.

No es fácil para los integrantes de estas comunidades empobrecidas resistir la arremetida de regalos y ofrecimientos con que llegan las mineras: que el centro de salud, que la ampliación de la iglesia, que la comunidad del milenio; que los uniformes para los escolares, que las semillas, que los pollos, que los cuyes… De todo regala la compañía. También dinero, dicen, y se acuerdan del dirigente a quien terminaron echando “porque se vendió”.

Y, en medio de todo, los talleres donde les cuentan más o menos de qué va la cosa de la minería, les regalan arroz y anotan sus nombres en una lista. A eso llaman “socialización” y dan, con ello, la consulta previa por cumplida: un esquema que se repite en decenas de lugares donde se asientan proyectos de extracción minera o petrolera. Por eso no fue difícil ganar la acción de protección, porque no hay constancia de una consulta real. Hoy los “defensores del agua” de Molleturo (así se llaman a sí mismos) podrían estar celebrando, pero les entra la duda: han pasado nueve meses desde que el juez mandó a cerrar la mina por no consultarles; pero, en lugar de hacerlo, la compañía abre otro camino, como si supiera que esta situación es transitoria y que pronto volverá a la carga. Mientras tanto, la policía no para de vigilarlos. A ellos, que son los que ganaron la acción de protección, en lugar de a la minera, de la que debieran protegerlos. Muchas cosas ocurren al revés como para no pensar que algo está por ocurrir (otra vez) en Molleturo.

 

Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/rio-blanco-naturaleza-GK2862558

 

Ecuador

Ecuador: tres proyectos mineros acechan la riqueza ambiental de la Cordillera del Cóndor

  • Dos proyectos están a punto de inaugurar la minería a gran escala sobre la poco explorada Cordillera del Cóndor.
  • Se ubican en un bosque amazónico único, lleno de especies endémicas, en el que viven comunidades indígenas en peligro porque bajo la tierra que habitan existen miles de millones de dólares en cobre, oro y plata.
  • Otro proyecto está en exploración y se suma a una historia donde el choque entre la minería y la gran biodiversidad desatan numerosos conflictos socioambientales.

 

A un lado del río Quimi está Tundayme, una pequeña población que no supera los 600 habitantes, mientras que al otro lado se observa el campamento del proyecto Mirador, que tiene 2000 trabajadores y se extiende hacia la frontera con el Perú, en la provincia de Zamora Chinchipe en Ecuador. Todos los días ingresan docenas de volquetas que excavan un agujero de casi un kilómetro de profundidad por 1,5 kilómetros de diámetro.

Para ese proyecto se han talado 1422 hectáreas de bosque, según confirmó la empresa china Ecuacorriente, a cargo de la operación, a Vistazo y Mongabay Latam que recorrieron la zona. El verde de la vegetación contrasta con amplias áreas desbrozadas y grandes infraestructuras en medio de la selva. También se ven unas piscinas, de color tierra, donde se tratan las aguas. Están ubicadas exactamente junto al río.

Esto es lo que se conoce como minería a cielo abierto y es el primer proyecto de este tipo en Ecuador. La fase de explotación, prevista para comenzar en diciembre de este año, extraerá 3,18 millones de toneladas de cobre, más oro y plata, durante 30 años. Mirador y otros proyectos “estratégicos” (tres en la Amazonía y dos en la cordillera de Los Andes) aportarían al país unos 3800 millones de dólares en exportaciones entre 2019 y 2021, más 3600 millones en inversiones que ayudarían a sostener la economía, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Minería en un lugar con miles de especies por descubrir

 

Mientras el gobierno deposita su esperanza en las cifras del auge minero, otros sectores temen por el impacto ambiental en la Cordillera del Cóndor, un ecosistema único que alberga 2030 especies de flora, entre ellas una de las pocas plantas carnívoras del Ecuador.

Según estudios botánicos, que destaca el Ministerio del Ambiente, hay otras 2000 especies de plantas por descubrir. Además, esta zona tiene igual número en especies de aves que el Parque Nacional Yasuní: 613. “Recién estamos explorando esta zona y ya encontramos una nueva rana el año pasado (Hyloscirtus hillisi) que existe solo ahí y está en peligro por la minería y la deforestación”, comenta Santiago Ron, profesor principal de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica (PUCE).

Este hallazgo, que confirma el enorme potencial en biodiversidad que tiene la Cordillera, se registró a tan solo ocho kilómetros del proyecto Mirador. “Hay otras cuatro especies que pronto daremos a conocer, tras las expediciones que hicimos en 2017 y 2018 en la Reserva El Quimi (una de las cuatro áreas protegidas declaradas en la zona)”, adelanta Ron. Explica que allí han documentado, además, 66 especies de anfibios, de las cuales el 35 % es endémico, es decir, que no existen en otro lugar.

Además de la fauna, esta pequeña reserva de 9276 hectáreas protege parte del bosque nublado, caracterizado por una “vegetación enana”. Formaciones similares solo se pueden hallar en los bosques de “tepuyes” de Venezuela y Guayana.

Ecuacorriente asegura que biodiversidad y minería pueden coexistir mientras se utilice tecnología de punta. A través de un correo electrónico, la empresa explicó que tiene programas de reubicación de especies rescatadas de las zonas deforestadas para mantener los ecosistemas. Además informó que, de acuerdo a los procedimientos y permisos ambientales, ha reforestado 186 hectáreas.

Sin embargo, las comunidades indígenas shuar no solo temen por el impacto en la biodiversidad sino por la contaminación del agua y la pérdida de bosques, que según denuncian, son más frecuentes a medida que avanza el proyecto.

“Ya no podemos pescar porque el lodo que sale al río está matando a los animales”, lamenta Carlos Tendentza, quien vive un par de kilómetros río abajo y depende de la agricultura. Otros habitantes, como María Chacha, que ha trabajado para la mina, alientan el proyecto y a la vez le piden al Estado que vele por el cuidado de los recursos.

Lo anterior es el reflejo de cómo la pequeña parroquia de Tundayme está dividida entre quienes apoyan la explotación y quienes dicen sufrir los daños colaterales de un gigantesco proyecto minero que ya comenzó al otro lado del río.

La relavera sobre el río

El gobierno justificó el desalojo apelando al recurso de servidumbre minera, que permite mover a los habitantes de una comunidad como San Marcos para que la empresa pueda continuar las actividades, bajo el argumento de que el proyecto es de interés nacional. Los dueños de los terrenos no quisieron llegar a un acuerdo y el Estado simplemente los sacó, cuenta Luis Sánchez . “Las leyes están hechas para las multinacionales, no para quienes habitamos aquí”.

Pero lo que más les preocupa ahora es que habrá otra relavera ─lugar donde llegan todos los desechos producidos por la actividad minera─. Ecuacorriente se dispone a construir una segunda, mucho más grande que la primera, sobre la cuenca del río Tundayme. Allí los terrenos ya están en manos de la empresa o con la figura de servidumbre. Esta relavera será de 7,3 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a dos veces el Central Park de Nueva York.

Durante los primeros cinco años de la explotación, los residuos se almacenarán en la primera piscina. Y para los próximos 25 años, pasarán a la segunda, que alcanzará una altura de 260 metros. Algo difícil de imaginar, pero así figura en los estudios de Ecuacorriente. El temor de habitantes y ambientalistas es que el dique se rompa y contamine los ríos, como ocurrió recientemente en el estado de Minas Gerais, Brasil, causando un desastre.

“Ahí, donde está la relavera era mi pueblo: San Marcos. Nos desalojaron por la fuerza en 2015. Las máquinas enterraron las casas, la iglesia”, recuerda Luis Sánchez, quien recibió en su casa a un equipo de Vistazo y Mongabay Latam. Él nació en Tundayme hace 36 años y es presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor (CASCOMI) que lucha para detener el proyecto

Un estudio del hidrólogo estadounidense Steve Emerman alerta que el peligro de construir una relavera sobre la cuenca del río Tundayme es que se usarán las laderas del valle como muros, con el fin de reducir costos. No obstante, debido a la alta erosión de los suelos de la Cordillera, los deslizamientos podrían desbordar la relavera y destruirla. Entre otros problemas, Emerman describe que los diseños no garantizan la seguridad del dique y mucho menos su capacidad para resistir terremotos.

Con base en este estudio, un grupo de abogados, liderado por Julio Prieto, también abogado del juicio en contra de Texaco, interpuso una acción de protección para impedir la construcción de las relaveras en estas condiciones, pero una jueza lo desechó. “No nos oponemos a la minería. Pedimos que se construya con estándares de calidad para evitar desastres. En el estudio de Emerman están las alternativas. Vamos a insistir con otro recurso”, dice Prieto.

Ecuacorriente afirma que no hay tales peligros y que el diseño de las relaveras está respaldado por “un sinnúmero de estudios geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos, entre otros. Además, estas infraestructuras estarán supervisadas por las autoridades de control estatales una vez entren en funcionamiento”.

Sin embargo, las alertas ambientales se encienden por todas partes. La construcción de la relavera Tundayme supone el desvío de la cuenca del río por medio de un túnel ─de más de medio kilómetro─ que atravesará la montaña. “Cuando desvías el río por un túnel de cemento o por debajo de la montaña, los animales, bacterias y nutrientes que lleva el agua se pierden, rompiendo la cadena ecológica”, explica Verónica Crespo, experta en ecología de ríos e investigadora del Museo de Zoología de la PUCE.

La experta no solo avizora la desaparición de especies en ese río, sino, además, contaminación si se filtran las aguas de la relavera a otros cauces. Pero para esto Ecuacorriente también tiene una respuesta: “para minimizar los impactos se realizarán actividades para mejorar el manejo y conservación de la cuenca alta del río, entre las que destacan reforestación y vegetación de todas las áreas intervenidas”. Lo cierto es que hoy la cuenca del Tundayme ya luce deforestada en algunos sitios y habrá que desbrozar más hectáreas para levantar la relavera.

Minería sobre la cordillera

 

Cuando terminó el conflicto limítrofe con el Perú en 1999, que tuvo como campo de batalla la Cordillera del Cóndor, se intensificó la exploración minera pero también los esfuerzos de los biólogos por documentar la riqueza de flora y fauna. En el acuerdo que firmaron los dos países se comprometieron a delimitar “Parques de Paz” a ambos lados de la frontera.

Perú creó el Parque Nacional Ichigkat Muja, con un área de más de 152 mil hectáreas, mientras que Ecuador demarcó cuatro reservas aisladas que suman apenas 41 mil hectáreas: las reservas biológicas El CóndorEl Quimi y Cerro Plateado, y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza. Estos espacios están en la zona alta de la Cordillera, donde, según el Ministerio de Ambiente, nacen las corrientes que alimentan los ríos: Zamora, Santiago y Namangoza. Es una zona extremadamente húmeda.

“Pero las especies no saben de reservas. Las áreas protegidas son muy pequeñas y es imposible documentar especies donde ya hay concesiones mineras”, comenta el biólogo Jorge Brito, investigador del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO).

Relata que recién en la última década han podido realizar exploraciones en la Cordillera y confirma que el alto grado de endemismo ─especies que solo existen en este lugar─ hace que sean frágiles si hay cambios bruscos en sus ecosistemas. “Esta riqueza también nos debe preocupar para su conservación”.

Justamente, el segundo proyecto que inaugurará la minería a gran escala en Ecuador: Fruta del Norte, a cargo de la canadiense Lundin Gold, limita con el Refugio El Zarza, que tiene apenas una extensión de 3696 hectáreas y se caracteriza por una gran abundancia de especies de murciélagos. “Es una zona donde hay mucho por descubrir”, dice Jorge Brito.

A diferencia de Mirador, Fruta del Norte es una mina subterránea, que implica menor cantidad de bosques deforestados. La empresa asegura que el total de terreno intervenido no supera las 500 hectáreas, y que las zonas serán rehabilitadas.

De la mina, que está ya construida y que se adentra unos tres kilómetros, se planea extraer 140 toneladas de oro y 172 toneladas de plata. Es un monto pequeño comparado con un tajo a cielo abierto. Es uno de los motivos por los cuales este proyecto tiene casi una nula oposición por parte de las comunidades, y se vende como el más “exitoso”.

Aunque las cosas no siempre fueron así. La antropóloga Fernanda Solis, autora del libro “Fruta del Norte: La manzana de la discordia”, señala que en años anteriores también existieron desalojos de comunidades por parte de las empresas que iniciaron la exploración para este yacimiento. Esas zonas fueron ocupadas por mestizos agricultores y ganaderos que buscaron tierras fértiles luego de una sequía que atravesó el sur del país en la década de 1960.

A Mirador y Fruta del Norte se suma San Carlos-Panantza, también de propiedad de la china Ecuacorriente. Se trata de un yacimiento, todavía en fase de exploración, con reservas estimadas de 6,6 millones de toneladas de cobre, lo que duplicaría el tamaño de Mirador, según información del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Esto significaría una mina a cielo abierto mayor que la que se construye en Tundayme con sus correspondientes relaveras.

El proyecto se ubica en la provincia de Morona Santiago, también sobre la Cordillera del Cóndor, en una zona de poblaciones shuar que se oponen a la minería a gran escala. El gobierno estima que la construcción de la mina empezará en unos cinco años, lo que intensificaría la actividad extractiva en una zona de gran riqueza biológica.

Las secuelas del conflicto

 

“No se pueden hacer fotografías del campamento, es propiedad privada. Por favor, retírese”, dijo un funcionario de la empresa Explocobres ─subsidiaria de la china Ecuacorriente─ a un equipo de Revista Vistazo y Mongabay Latam que recorría las zonas aledañas al proyecto minero San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago.

Un patrullero con cuatro uniformados llegó unos minutos después. Uno de ellos dijo hacer recorridos constantemente después de los incidentes de agosto de 2016. Ese día fuerzas policiales desalojaron Nankints, un poblado shuar de 15 familias que se resistía al proyecto minero. Durante cuatro meses la zona estuvo militarizada porque los indígenas tenían la intención de volver por la fuerza, pero no fue posible.

“Allí estaba nuestra casa y ahora están ellos”, relataron ese día Lupe Yankur y su suegra Mercedes Taish, mirando el campamento que los funcionarios impedían fotografiar. “Ni en la guerra con el Perú vivimos tanta violencia”, lloró Mercedes.

Son los rezagos de un conflicto que sigue latente, luego de casi tres años. Varias organizaciones de Derechos Humanos litigan con recursos de protección que numerosas veces han sido negados en favor de la empresa. Aun así, las familias desalojadas no pierden la esperanza de regresar.

Explocobres, empresa encargada del campamento, pidió disculpas a Vistazo y Mongabay Latam a través de un correo electrónico por el incidente y ofreció dar acceso al campamento en otra ocasión. Sin embargo, no confirmó si allí es donde se construirá la mina de cobre que, según información del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, iniciará la fase de explotación en 2026. El escenario pinta complejo pues mientras esos planes se materializan, las comunidades indígenas también preparan movilizaciones para frenar el proyecto. El conflicto sigue vigente.

 

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/05/cordillera-del-condor-en-ecuador-tres-proyectos-mineros-la-acechan/?fbclid=IwAR2VHhiFV055z7oC0zvD86eGWpWo_SVp7wQD1_KC7cz4xSvPwY_WkQrFkhM

Ecuador

La Política Minera inconsulta: Alerta por la consolidación del Modelo extractivista en Ecuador

La consolidación del modelo extractivista contribuirá a aumentar la violencia hacia las comunidades afectadas, evidenciando la continuidad de mecanismos encaminados a perseguir, criminalizar y judicializar a personas, dirigentes y a las organizaciones sociales que resisten hace varios años.

Mediante un proceso de subasta y remate se otorgaron 275 concesiones con más de 1.500 millones de dólares comprometidos en el período 2018 – 2021, para actividades de exploración minera, manifestó este 27 de abril Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. De tal manera que las transnacionales que tienen proyectos en el país anunciaron la creación de la Alianza para la Minería Responsable en Ecuador (AMRE). Alianza que está liderada por Adventus, Lowell Copper, Cornerstone, Lumina Gold, INV Metals, Lundin Gold, Newcrest, Toachi Mining, SolGold y la Cámara de Minería del Ecuador. Así, la política extractiva se profundiza en Ecuador, violentado los derechos individuales y colectivos de la población, en especial su derecho a la consulta previa porque las comunidades no fueron consultadas por el estado ecuatoriano para el otorgamiento de la concesión minera a favor de las compañías mineras.

El presidente Lenín Moreno, el 24 de abril de 2019, mediante Decreto Ejecutivo 722, dispuso la emisión de la nueva Política Minera del Estado, la cual tiene seis ejes: planificación sectorial, inversiones, consulta previa y popular, gestión eficiente y sostenible, combate a la minería ilegal y beneficios tributarios. Estos ejes buscan fundamentalmente una mayor articulación entre Ministerios, inversionistas extranjeros y sectores de la sociedad civil, incrementar la inversión con beneficios tributarios como exenciones de impuestos y eliminación de otros, flexibilizar las normas para el otorgamiento de permisos y licencias ambientales, y regular la consulta previa, libre e informada. Asimismo, el Gobierno ha incluido a los proyectos mineros Fruta del Norte y Mirador, ubicados en Zamora Chinchipe y Loma Larga, en Azuay, en el plan de ingresos de la minería para el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la investigación de Martín Zorrilla y otros (2018), nuestro país cuenta con la mayor biodiversidad del mundo, la amenaza de extinción para parte de esta biodiversidad ha aumentado dramáticamente desde abril de 2016, tiempo durante el cual el Gobierno ha abierto alrededor del 13% del país a la exploración minera, con muchas de las concesiones en bosques previamente protegidos. Si se produce exploración o explotación, estas nuevas concesiones disminuirán significativamente las áreas protegidas forestales, dado que más del 30% del área total protegida por Bosques Protectores (BP) se incluye en las nuevas concesiones mineras exploratorias. La mayoría de las concesiones se ubican en la hiperdiversa zona de bosques y fuentes de agua.

En el marco de la resistencia frente a la imposición de proyectos extractivos las organizaciones sociales desde el 2017, exigieron a la Contraloría General del Estado investigar y emitir informes sobre las irregularidades denunciadas por las comunidades, respecto de varios proyectos de minería a gran escala. Hasta la fecha el contralor subrogante Pablo Celi ha visitado los proyectos mineros: Loma Larga en Quimsacocha – Azuay y Llurimagua en Imbabura.

El proyecto Llurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami) y la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco) de Chile, empresa que, hasta la presente, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde el 2015. La falta de evaluación y control permitió que no se apliquen medidas de prevención y mitigación, por lo tanto, no aplicaron sanciones administrativas para suspender o revocar la licencia ambiental, es decir que el Ministerio del Ambiente (MAE) aprobó el estudio de impacto y plan de manejo ambiental sin parámetros locales que describan la caracterización del área del proyecto. Las violaciones a la ley han sido tan graves que la Contraloría concluyó en su informe que la concesión minera debió haber sido revocada.

Mientras que el informe de la Defensoría del Pueblo sobre este proyecto, evidencia que varias personas de la zona de Intag, opuestas al proyecto minero, están bajo amenaza constante. Además, señala que, junto a la ausencia de supervisión de las operaciones mineras, el Estado, a través de sus instituciones, incluida la Policía Nacional, violó sistemáticamente los derechos de la comunidad y la naturaleza.

El 8 de mayo de 2019, Carlos Pérez, Ministro de Energía y Recursos No Renovables, anunció una reforma al Código Orgánico Ambiental para normar la consulta previa y popular, en el tema minero, petrolero y eléctrico; también anunció que el presidente Lenín Moreno en días posteriores firmará un Decreto Ejecutivo en este sentido. Esta reforma alarma a las comunidades afectadas, en el caso de Quimsacocha atenta contra la consulta popular del 24 de marzo de 2019, que ha sido un precedente importante de democracia, con una repercusión directa, vinculante con el territorio, luego de un proceso largo de resistencia que no ha estado exento de persecución, criminalización y judicialización a los dirigentes sociales.

Con estos antecedentes, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU denuncia que este nuevo anuncio de regular las consultas vía decreto es ilegal, porque pretender regular un derecho constitucional violentando el principio de reserva de ley, pues es una clara contradicción a las decisiones judiciales y decisiones de las personas en los territorios, que se han pronunciado y demandado para frenar las actividades extractivas.

Exigimos que se cumplan las sentencias y las decisiones expresadas vía consultas populares, que las autoridades estatales cumplan lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en el Examen Especial sobre el proyecto Llurimagua. Además, que se cumpla lo dispuesto por la Defensoría del Pueblo en la Resolución Defensorial sobre la violación a los derechos humanos y de la naturaleza de este proyecto, donde exhorta al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables a declarar la caducidad de la concesión minera Llurimagua, y a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) la reversión de autorizaciones de uso de agua.

Alertamos que la imposición y consolidación del modelo extractivista en el Ecuador atenta contra los derechos humanos y de la naturaleza, garantizados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales; por lo tanto, contribuirá a aumentar la violencia hacia las comunidades afectadas, evidenciando la continuidad de mecanismos encaminados a perseguir, criminalizar y judicializar a personas, dirigentes y a las organizaciones sociales que resisten hace varios años, incluso existen asesinatos de dirigentes sociales que han quedado en la impunidad y son muestra de un contexto de conflicto por la apropiación de los recursos naturales por parte del Estado y las empresas transnacionales. Hemos constatado que hasta el momento el papel del Estado ha sido garantizar que las actividades de las empresas mineras no se interrumpan; un ejemplo claro es la imposición de una política pública minera violentando el derecho a la consulta previa libre a informada, y su incapacidad para controlar el cumplimiento de las normas que regulan las actividades mineras.

 

Fuente:https://cedhu.org/noticias/counicados/152-alerta-por-la-consolidacion-del-modelo-extractivista-en-ecuador?fbclid=IwAR2lBZHwIlL3mL4YXty9Ud9GChBkMzpNOV__DNl0sNhfi60FgRvxM7QrMsE

Ecuador

LA CONAIE SE PRONUNCIA POR LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS AISLADOS DEL YASUNI Y RECHAZA EL DECRETO

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rechaza el Decreto Ejecutivo 751, del  21 mayo del 2019, por el cual se modifica la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) del Yasuní y permite la explotación hidrocarburífera en los bloques 31 y 43 en la Zona de Amortiguamiento.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables nuevamente se burlan de la voluntad ciudadana expresada en la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018, misma que con un 67,6% dijo SÍ para salvar el Yasuní, los pueblos indígenas y sus ecosistemas, aprobando reducir la extensión de explotación petrolera en 300 hectáreas y extender la zona de protección para salvaguardar la vida y derechos humanos de los pueblos en aislamiento Tagaeri Taromenane. Sin embargo, en total contradicción y para conveniencia de empresas petroleras con el Decreto 751 arbitrariamente autoriza la explotación hidrocarburífera en la zona de amortiguamiento que es un área fundamental para la vida de los pueblos indígenas y la preservación de la enorme biodiversidad del Yasuní ITT.

De esta manera el Gobierno Nacional demuestra su indiferencia y pone en riesgo el Parque Nacional Yasuní, la vida y derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y comunidades ancestrales Waorani que son dueñas de este territorio. Junto a los acuerdos y el entreguismo al FMI, la implantación de la Nueva Política Minera y las reformas laborales, entre otras, ya no sorprende que se privilegie la devastación de los territorios con las políticas extractivas por sobre la vida y derechos de la naturaleza.

El Gobierna está mancillando el mandato popular del 70% de ecuatorianos que nos expresamos a favor de proteger a los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane y para no disminuir la protección del Yasuní. Permitir el desarrollo petrolero en la Zona Intangible es contradecir el mandato popular y poner nuevamente en grave riesgo a los pueblos aislados y la biodiversidad del Yasuní.  La construcción de carreteras, plataformas de perforación, presencia de extraños en la Zona Intangible es duplicar lo que ya sucede en otras áreas del Yasuní donde se han dado graves enfrentamientos entre la población local y los pueblos aislados, causando además profundos conflictos sociales.

Ante este panorama y frente a la arremetida neoliberal la CONAIE con pueblos y nacionalidades están preparando una movilización nacional en articulación con los sectores populares y sociales del país en contra de las políticas económicas neoliberales aplicadas por el Gobierno Nacional con el objetivo de mantener resistencia sin tregua para la defensa de la vida, los recursos naturales, los derechos humanos y colectivos, los territorios, los derechos laborales; pues solo la lucha activa permitirá frenar estas políticas de daño, exterminio, privatización, contaminación y empobrecimiento.

¡La lucha va porque va!

 

Por el Consejo de Gobierno

Jaime Vargas

Presidente de la CONAIE

 

Fuente:https://conaie.org/2019/05/22/la-conaie-se-pronuncia-por-la-defensa-de-los-pueblos-aislados-del-yasuni-y-rechaza-el-decreto-751/?fbclid=IwAR2bpU7FwEgR02I2-vscCfaHcw3hSCHDwhKtKcYUwkytUfzHEBs-EZnwYhg

Ecuador

LA POLÍTICA MINERA INCONSULTA: ALERTA POR LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVISTA EN ECUADOR

COMUNICADO

La consolidación del modelo extractivista contribuirá a aumentar la violencia hacia las comunidades afectadas, evidenciando la continuidad de mecanismos encaminados a perseguir, criminalizar y judicializar a personas, dirigentes y a las organizaciones sociales que resisten hace varios años.

Mediante un proceso de subasta y remate se otorgaron 275 concesiones con más de 1.500 millones de dólares comprometidos en el período 2018 – 2021, para actividades de exploración minera, manifestó este 27 de abril Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. De tal manera que las transnacionales que tienen proyectos en el país anunciaron la creación de la Alianza para la Minería Responsable en Ecuador (AMRE). Alianza que está liderada por Adventus, Lowell Copper, Cornerstone, Lumina Gold, INV Metals, Lundin Gold, Newcrest, Toachi Mining, SolGold y la Cámara de Minería del Ecuador. Así, la política extractiva se profundiza en Ecuador, violentado los derechos individuales y colectivos de la población, en especial su derecho a la consulta previa porque las comunidades no fueron consultadas por el estado ecuatoriano para el otorgamiento de la concesión minera a favor de las compañías mineras.

El presidente Lenín Moreno, el 24 de abril de 2019, mediante Decreto Ejecutivo 722, dispuso la emisión de la nueva Política Minera del Estado, la cual tiene seis ejes: planificación sectorial, inversiones, consulta previa y popular, gestión eficiente y sostenible, combate a la minería ilegal y beneficios tributarios. Estos ejes buscan fundamentalmente una mayor articulación entre Ministerios, inversionistas extranjeros y sectores de la sociedad civil, incrementar la inversión con beneficios tributarios como exenciones de impuestos y eliminación de otros, flexibilizar las normas para el otorgamiento de permisos y licencias ambientales, y regular la consulta previa, libre e informada. Asimismo, el Gobierno ha incluido a los proyectos mineros Fruta del Norte y Mirador, ubicados en Zamora Chinchipe y Loma Larga, en Azuay, en el plan de ingresos de la minería para el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la investigación de Martín Zorrilla y otros (2018), nuestro país cuenta con la mayor biodiversidad del mundo, la amenaza de extinción para parte de esta biodiversidad ha aumentado dramáticamente desde abril de 2016, tiempo durante el cual el Gobierno ha abierto alrededor del 13% del país a la exploración minera, con muchas de las concesiones en bosques previamente protegidos. Si se produce exploración o explotación, estas nuevas concesiones disminuirán significativamente las áreas protegidas forestales, dado que más del 30% del área total protegida por Bosques Protectores (BP) se incluye en las nuevas concesiones mineras exploratorias. La mayoría de las concesiones se ubican en la hiperdiversa zona de bosques y fuentes de agua.

En el marco de la resistencia frente a la imposición de proyectos extractivos las organizaciones sociales desde el 2017, exigieron a la Contraloría General del Estado investigar y emitir informes sobre las irregularidades denunciadas por las comunidades, respecto de varios proyectos de minería a gran escala. Hasta la fecha el contralor subrogante Pablo Celi ha visitado los proyectos mineros: Loma Larga en Quimsacocha – Azuay y Llurimagua en Imbabura.

El proyecto Llurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami) y la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco) de Chile, empresa que, hasta la presente, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde el 2015. La falta de evaluación y control permitió que no se apliquen medidas de prevención y mitigación, por lo tanto, no aplicaron sanciones administrativas para suspender o revocar la licencia ambiental, es decir que el Ministerio del Ambiente (MAE) aprobó el estudio de impacto y plan de manejo ambiental sin parámetros locales que describan la caracterización del área del proyecto. Las violaciones a la ley han sido tan graves que la Contraloría concluyó en su informe que la concesión minera debió haber sido revocada.

Mientras que el informe de la Defensoría del Pueblo sobre este proyecto, evidencia que varias personas de la zona de Intag, opuestas al proyecto minero, están bajo amenaza constante. Además, señala que, junto a la ausencia de supervisión de las operaciones mineras, el Estado, a través de sus instituciones, incluida la Policía Nacional, violó sistemáticamente los derechos de la comunidad y la naturaleza.

El 8 de mayo de 2019, Carlos Pérez, Ministro de Energía y Recursos No Renovables, anunció una reforma al Código Orgánico Ambiental para normar la consulta previa y popular, en el tema minero, petrolero y eléctrico; también anunció que el presidente Lenín Moreno en días posteriores firmará un Decreto Ejecutivo en este sentido. Esta reforma alarma a las comunidades afectadas, en el caso de Quimsacocha atenta contra la consulta popular del 24 de marzo de 2019, que ha sido un precedente importante de democracia, con una repercusión directa, vinculante con el territorio, luego de un proceso largo de resistencia que no ha estado exento de persecución, criminalización y judicialización a los dirigentes sociales.

Con estos antecedentes, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU denuncia que este nuevo anuncio de regular las consultas vía decreto es ilegal, porque pretender regular un derecho constitucional violentando el principio de reserva de ley, pues es una clara contradicción a las decisiones judiciales y decisiones de las personas en los territorios, que se han pronunciado y demandado para frenar las actividades extractivas.

Exigimos que se cumplan las sentencias y las decisiones expresadas vía consultas populares, que las autoridades estatales cumplan lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en el Examen Especial sobre el proyecto Llurimagua. Además, que se cumpla lo dispuesto por la Defensoría del Pueblo en la Resolución Defensorial sobre la violación a los derechos humanos y de la naturaleza de este proyecto, donde exhorta al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables a declarar la caducidad de la concesión minera Llurimagua, y a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) la reversión de autorizaciones de uso de agua.

Alertamos que la imposición y consolidación del modelo extractivista en el Ecuador atenta contra los derechos humanos y de la naturaleza, garantizados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales; por lo tanto, contribuirá a aumentar la violencia hacia las comunidades afectadas, evidenciando la continuidad de mecanismos encaminados a perseguir, criminalizar y judicializar a personas, dirigentes y a las organizaciones sociales que resisten hace varios años, incluso existen asesinatos de dirigentes sociales que han quedado en la impunidad y son muestra de un contexto de conflicto por la apropiación de los recursos naturales por parte del Estado y las empresas transnacionales. Hemos constatado que hasta el momento el papel del Estado ha sido garantizar que las actividades de las empresas mineras no se interrumpan; un ejemplo claro es la imposición de una política pública minera violentando el derecho a la consulta previa libre a informada, y su incapacidad para controlar el cumplimiento de las normas que regulan las actividades mineras.

Fuente: https://cedhu.org/noticias/counicados/152-alerta-por-la-consolidacion-del-modelo-extractivista-en-ecuador?fbclid=IwAR3R0lBDfoo8oO-tv2bPV80k1WUH_SzTceitj-nDWP_lNJbe_PhiI8P8228

Ecuador

ALERTA! NUEVA ARREMETIDA DE LA POLÍTICA MINERA

 El 24 de abril pasado, el Presidente Lenín Moreno hizo público el Decreto Ejecutivo No. 722, en el que ordena al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables la «actualización, definición y emisión de la nueva política minera» así como los lineamientos para su «ejecución y aplicación».

Antes que nada, llama la atención que en los considerandos del Decreto 722 se cita el artículo 313 de la Constitución que dice que «la administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos, debe ser en conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución y prevención». Es evidente que ninguna actividad minera ha cumplido con éste ni con los muchos otros artículos de la Constitución que tienen que ver con un medio ambiente sano y con los derechos de la naturaleza. Un claro ejemplo, aunque no el único, es el Proyecto Mirador, controlado por la empresa china ECSA, y que opera sin el debido control ambiental; lo que dio lugar a que el Ministerio del Ambiente suspenda un 40% de sus operaciones.

Con premura, el ministro de energía dio a conocer los 6 ejes de la «nueva política minera», que en realidad, son planes que representan una continuidad de las políticas que benefician a las empresas transnacionales, sin importar los impactos socioambientales.

Por añadidura, a fines de febrero el gobierno de Lenín Moreno había adquirido una deuda de 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, condicionada a un plan de ajuste estructural y teniendo como garantía de ingresos para el servicio de la deuda, la extracción minera en los proyectos Fruta del Norte y Mirador (ubicados en la Cordillera del Cóndor) y Loma Larga (ubicado en Azuay). Este anuncio es una afrenta a la población de Girón que en la consulta popular con carácter vinculante, en su gran mayoría, votó en oposición a que se realice minería en el sistema hidrológico Kimsacocha. El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, en franco desacato a la voluntad del pueblo, se propone continuar con este proyecto.

Precisamente, uno de los ejes de la «Nueva» Política Minera contempla «evitar que se abuse del recurso de las consultas populares en temas mineros», desconociendo un derecho constitucional al que recurren las comunidades para la defensa de sus territorios.

Puede decirse que con el anuncio de esta «nueva» política se estaría buscando dar una señal de autoritarismo y seguramente intentar frenar iniciativas que vengan desde los GAD municipales y provinciales para defender el agua; o continuar ignorando los informes de la Contraloría General del Estado que señalan graves irregularidades en algunos contratos y proyectos mineros; quien sabe si inclusive quieren intimidar a jueces que han emitido sentencias favorables a los derechos humanos y la naturaleza en contextos mineros y petroleros; o hasta limitar la labor de entidades como la Defensoría del Pueblo cuando elabora Pronunciamientos, Informes y Resoluciones para la defensa de derechos, como lo hizo recientemente frente al proyecto Llurimagua (ubicado en la zona de Íntag), exhortando al Ministerio de Energía declarar la caducidad del proyecto, al Ministerio del Ambiente anular la licencia ambiental, y a Senagua retirar la autorización de uso de las aguas de la zona.

El quinto eje de esta Política Minera habla del combate a la minería ilegal. ¿Van a anular las concesiones mineras en operación, que son ilegales al no cumplir con el Mandato Minero de 2008?; ¿se anularán aquellos proyectos que según informes de la Contraloría estarían operando al margen de la ley y sin la observación y regulación de las instancias estatales que corresponden? Debería ser así. Porque estas irregularidades probablemente constituyen un patrón con el cual operan cientos de concesiones mineras que ocupan más del 10% del territorio nacional.

Otros ejes incluyen la exención de impuestos, así como la flexibilización de requerimientos y exigencias ambientales y sociales a los inversionistas mineros. Esto pone en mayor riesgo los derechos de las poblaciones aledañas a los proyectos, así como los derechos de la naturaleza que será más afectada por estas actividades destructivas.

Es evidente que el sector minero tiene capacidad de incidencia en las más altas esferas. Hoy, al igual que el petróleo en años anteriores, esconde su rostro espectral bajo la careta de ayuda al pago de la ilegítima deuda externa. Por eso debe ser que teme la creciente resistencia anti-minera y busca someterla.

ACCIÓN ECOLÓGICA
29 de abril del 2019

Fuente: http://www.accionecologica.org/editoriales/2369-npm

Ecuador

“Ni Kimsakocha ni Río Blanco serán burlados para que se haga minería”

 En rueda de prensa, la Federaciones Indígenas y Campesinas del Azuay -FOA, anunció su rechazo ante el anuncio del gobierno de considerar al proyecto minero Kimsakocha como parte del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y la firma del Decreto Ejecutivo 722 para que el Ministerio de Energía emita una nueva política minera en un plazo de 30 días.

El presidente de la FOA, Lauro Sigcha, calificó como una “ofensa” al Azuay cuando más del 86% del pueblo Girón dijo no a las actividades mineras. “Si no hubiera fuentes de agua fuera factible, pero el Macizo de Cajas y Kimsakocha son fuentes de vida de los azuayos”, recalcó el dirigente.

Para el titular de la organización, estas dos acciones significan acelerar “agresivamente” los proyectos mineros, la destrucción de la vida de los pueblos indígenas y una “subordinación” del gobierno a los intereses de las empresas transnacionales y privadas.

Ante este contexto, las organizaciones defensoras del agua se unirán para no permitir el ingreso de las empresas mineras. Para lo cual se movilizarán “masivamente” el primero de mayo para propagar el mensaje de que Kimsakocha ni Río Blanco no se tocan. Otras acciones son: participar el 06 de mayo en la reunión del Cabildo por el Agua para decidir una acción de protesta, promover la consulta popular a nivel provincial con el respaldo de la Prefectura del Azuay y agotar las instancias nacionales para que se respete la voluntad popular.

La FOA fue la organización proponente de la consulta popular Kimsakocha. El jueves 25 de abril, el Consejo Nacional Electoral-CNE entregó el certificado a la organización donde reconoce el triunfo por el agua.

Fuente: https://foazuay.org/2019/04/26/ni-kimsakocha-ni-rio-blanco-seran-burlados-para-que-se-haga-mineria/?fbclid=IwAR1n96MpAswjjwuM2hP2lsOphafwXRuDPNVJVWYpKC0Po_-czxh60Gt3sHE

Ecuador

En Intag queda demostrado que la minería no debe continuar

En días recientes, la Contraloría General del Estado, publicó el infomre final sobre el proyecto minero de Llurimagua; concesión administrada por la Empresa  Minera del Estado y la empresa estatal de Chile CODELCO. En este Informe muestra más de 10 irregularidades sobre el proceso de adjudicación y exploración avanzada en el Valle de Intag, cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura.

Desde 2018, la Contraloría General del Estado analiza una serie de irregularidades denunciadas por comunidades y organizaciones sociales respecto de varios proyectos de minería a gran escala, en Ecuador. Tal es el caso del proyecto LLurimagua acerca del cual la Contraloría General del Estado ha emitido su informe final.

El proyecto minero LLurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (ENAMI) y de la Corporación Nacional de Cobre de Chile (CODELCO) empresa que, hasta la presente fecha ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde 2015. Las actividades mineras realizadas al margen del control de las entidades gubernamentales, han devenido en una serie de irregularidades legales y de atropellos a los derechos humanos. Esto ha sido tan grave, que la Contraloría General del Estado ha determinado doce irregularidades, concluyendo en su informe final que la concesión minera LLurimagua debió haber sido REVOCADA. (ver boletín completo aquí)

ilvia Quilumbango, presidenta de la DECOIN en Rueda de Prensa nos explica hacia dónde va la estrategia para lograr que se cumpla el Informe de la Contraloría General del Estado y lo que ratificó la Defensoría del Pueblo

José Cueva, exfuncionario del cantón Cotacachi y habitante del Valle de Intag, defensor de la Naturaleza habla sobre la contaminación ya existente en los ríos y los fuertes niveles de irregularidades que deberían provocar el cierre definitivo de la empresa y por tanto de la concesión minera.

Javier Ramirez es habitante de Junín, una de las zonas donde la minería entró gracias al apoyo del Ejército ecuatorinao y las fuerzas especiales de la Policía en el 2014. Javier fue preso injustamente y en el 2015 salió cumpliendo su condena por casi un año. Expresó la importancia de defender el territorio y el trabajo comunitario que ha posibilitado que sigan unidos; aunque el Estado y las empresas han hecho todo para dividirlos.

Patricia Carrión, abogada de la CEDHU, ha acompañadao diferentes procesos sociales; explica que el Informe, arroja las irregularidades en el proceso adminsitrativo y de concesión al proyecto Llurimagua, que permiten su clausura definitiva; y que además es importante destacar que las sanciones propuestas por el Informe de la Contraloría General del Estado y que ratific la Defensoria dle Pueblo, no sólo deben ser administrivas, sino judiciales en donde se pueda determinar.

 

Fuente:http://agenciaecologista.info/2019/04/24/audios-intag-queda-demostrado-la-mineria-no-continuar/?fbclid=IwAR20jt2aN9jNVEgA8X8cg_cxSUavwV6c1MM5xTkir5pMfh2CIVwzfYXN53Q

Ecuador

La rana que podría finiquitar los planes de Codelco en el Ecuador

Informe de Defensoría del Pueblo Destaca Abusos Relacionados al Poyecto Llurimagua de ENAMI -C0DELCO (English below)

Tras los devastadores hallazgos de la Contraloría General del Estado sobre la concesión minera de Llurimagua, anteriormente conocida como Junín, la Defensoría del Pueblo del Ecuador acaba de publicar un informe de 88 páginas sobre los abusos a los derechos humanos y de la naturaleza relacionados con el proyecto ubicado en la zona de Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

El informe señala el conjunto de violaciones cometidas por las instituciones del estado y las compañías mineras durante su operación. El arresto irregular del entonces presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, el asalto violento con cientos de policías y militares y la ocupación forzada de la comunidad entre otros.

El proyecto minero está siendo desarrollado por ENAMI, empresa estatal minera de Ecuador y la estatal de cobre, CODELCO de Chile, empresa que hasta la presente, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde el 2015. Las actividades mineras hechas al margen del control o supervisión de las entidades gubernamentales, las violaciones a la ley, mas de una decena, han sido tan graves que la Contraloría General del Estado concluyó en su informe que la concesión minera debió haber sido revocada. De igual manera, el reciente informe  de la Defensoría del Pueblo del Ecuador exige también, la suspensión del proyecto.

La Defensoría del Pueblo, institución encargada de proteger los Derechos Humanos, así como también los Derechos de la Naturaleza, incorporados a la Constitución del 2008, evidencia y establece en su informe que varias personas de la zona de Intag, opuestas al proyecto minero, están bajo amenaza constante. Además señala que junto a la ausencia de supervisión de las operaciones mineras, el Estado, a través de sus instituciones, incluida la Policía Nacional, violó sistemáticamente los derechos de la comunidad y la naturaleza.

El informe a más de los señalamientos, exhorta a los diferentes Ministerios a prevenir o detener las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.

Al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, le exhorta -basada en la Ley de Minería- a declarar la caducidad de la concesión minera  Llurimagua y a informar, en un plazo de 3 meses, a la Defensoría del Pueblo.

A la SENAGUA, Secretaría Nacional del Agua, dado que no existe un plan de conservación de las microcuencas, le exhorta a revocar las autorizaciones para el uso del agua y a informar a la oficina del Defensor del Pueblo en un plazo de 3 meses sobre las medidas adoptadas.

Al Ministerio de Medio Ambiente, dado que el derecho constitucional de la comunidad a la consulta ambiental fue violado, al igual que los derechos de la naturaleza y la licencia ambiental, le exhorta a revocar dicha licencia. Así mismo le solicita adoptar normas de protección para la Reserva Comunitaria de Junín, que incluyen la protección, conservación, restauración y mantenimiento de la reserva, en base a la existencia de la Rana Arlequín Hocicuda, cuyo único hábitat conocido es el bosque de Junín, ahora amenazado por la minería.

La exhortación final es advertir a los Ministerios, que si las acciones identificadas por la Defensoría del Pueblo no se llevan a cabo en el lapso de tiempo especificado, la  Defensoría  tomará las medidas pertinentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, y declara a la Reserva Comunitaria de Junín como sujeto de derechos; lo que significa que debe ser conservada, protegida y rehabilitada  y basa dicha declaración, en el descubrimiento de la Rana Arlequín Hocicudo, que solo habita en los bosques de la comunidad de Junín y en ninguna otra parte del mundo.

En cuanto a las amenazas que enfrentan las personas que se oponen al proyecto minero, identificadas como “Defensores del derecho de la naturaleza”, la Defensoría del Pueblo declara a dichos individuos bajo protección y señala al Estado como el responsable, en caso de que se violen sus derechos humanos.

 

Fuente:https://www.decoin.org/2019/04/la-rana-que-podria-finiquitar-los-planes-de-codelco-en-el-ecuador/?fbclid=IwAR2QvGI7reCktRPw9EX9JoJvHrIG_i8nCbS5QLFPAJ08uqEuKbBmovfcvlI

Ecuador

Girón, el poblado que derrotó a la minería

Son las 18:00 del domingo 24 de marzo. La tarde es fría, pero tranquila. Poco a poco, los pobladores de Girón se concentran en el parque central. La iluminación es muy mala. Unos escuchan atentos la radio, otros revisan sus celulares y algunos, sentados, mueven sus piernas y sus manos. Es la ansiedad por conocer los resultados de la consulta popular de Kimsakocha.

En las redes sociales y en los medios de comunicación se difunden resultados preliminares. El colectivo ambientalista Yasunidos Cuenca informa que más del 70% del electorado votó por el No. Los veedores de las organizaciones involucradas en el proceso, como la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, hacen llamadas a los dirigentes diciendo que en los distintos recintos electorales el triunfo por el agua se mantiene. Son noticias buenas, pero los defensores del agua son cautelosos. Quieren información oficial. Revisan una y otra vez la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) y no hay nada.

En junio de 2012, la compañía IAMGOLD vendió el 45% de los derechos de explotación del proyecto denominado inicialmente como “Quimsacocha” a la empresa INV Metals. Al adquirir los derechos de exploración en la zona, INV Metals cambió el nombre del proyecto por “Loma Larga”.

Después de una hora de incertidumbre, llegan más personas, líderes y lideresas de las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, ambientalistas de Cuenca y de otras partes del país. La tendencia por el No crece, pero la página web del organismo electoral sigue vacía. Las radios de Cuenca ya confirman la derrota de las mineras y la gente cada vez se convence más, se abrazan largamente, saltan con alegría, sus ojos brillan, son rostros de esperanza.

Las pocas dudas se desvanecen cuando llega Yaku Pérez Guartambel, con el poncho rojo que lo acompañó durante casi dos décadas para enfrentar a las empresas mineras de Kimsakocha y Río Blanco, y durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. A las ocho de la noche, son todavía pocas las actas escrutadas para saber quién será el nuevo prefecto de la provincia de Azuay, pero ya se expande la certeza de que Yaku, conocido como el defensor del agua, es la nueva autoridad.

Bolívar Quezada, de 33 años, es presidente de los sistemas de agua de la comunidad de Cauquil, ubicada en la parroquia San Gerardo. A Cauquil la conocen como la “tierra seca”, ya que su gente no tuvo acceso al agua potable durante muchos años.

Kimsakocha cuenta con tres lagunas de las que nacen tres ríos que sirven a Tarqui para Victoria del Portete, Tarqui, Baños y Turi; el río Yanuncay que abastece la tercera parte de la ciudad de Cuenca, y el río Rircay que abastece los cantones de Girón, Santa Isabel, San Fernando y la zona costera del Pacífico.

Pero en el 2010, adultos, jóvenes y mujeres se organizaron para crear el sistema comunitario y abastecerse de agua todos los días desde el Lago Cristal, la parte baja de Kimsakocha. La escasez del agua marcó su vida, así como la del resto de la comunidad de 103 familias. Las memorias son frescas: cultivos dañados, animales muertos, pastos secos. Cuando Bolívar era niño corría con los baldes para recolectar el agua desde los reservorios y vertientes.

Ahora, muchos caminan juntos por las calles de Girón, con sus banderas azules. Esperan celebrar como lo han hecho desde que se inició su lucha, cantando al agua y a la vida.

A la voz de nuestra agüita, todo el mundo se levanta, a defender Kimsakocha.
Agua quiero, agua quiero, oro no. Vida quiero, vida quiero, muerte no.

Al mediodía del lunes 25 de marzo, por fin los resultados se publican en el sitio web del CNE. El No gana y de largo en el cantón Girón, con 7 135 votos que representan el 86,79% del total. La situación es similar en dos parroquias más. En Asunción, con 2 343 empadronados, el 86,43% dijo no a la minería. Girón, la zona con mayor población, también votó por el No y obtuvo el 88,63% de los votos. En San Gerardo, la diferencia es menor. En este territorio, fragmentado por las regalías mineras, el No se impuso con el 55,27%.

Desde este espacio, desde su chakra, donde cultiva maíz, arveja, papas, zambos y porotos para alimentar a su familia y sobrevivir económicamente, Bolívar califica de “histórica” la consulta y exige que se respete la decisión de los gironenses en las urnas

Después. Esperanza y amenazas

La celebración por el triunfo del No apenas duró la noche de ese 24 de marzo. Al día siguiente, las declaraciones de la empresa minera Inv Metals y de los voceros del gobierno de Lenín Moreno mataron la alegría de los defensores del agua. La compañía, en un comunicado, informó que reubicará las instalaciones de procesamiento y relaves fuera del cantón Girón, y que seguirá con las actividades mineras y agotará todas las instancias legales jurídicas en el Ecuador, y si fuera necesario, acudirá a los organismos internacionales.

El martes 26, Carlos Pérez, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dijo que la situación es “preocupante”, que los resultados son “un golpe” para la industria minera. Habló de la probabilidad de demandas contra el Estado ecuatoriano y hasta vaticinó que perderían recursos económicos y en el ámbito jurídico. El viernes 29, 9 empresas mineras y la Cámara Nacional de Minería se agruparon en la denominada Alianza para la Minería Responsable y solicitaron a la Corte Constitucional que se pronunciara sobre estos resultados.

A Lauro Arariwa Sigcha, presidente de la FOA y activista por 16 años, le preocupan todas las estrategias de la empresa y del gobierno para deslegitimar el proceso de consulta popular. Sin embargo, tiene la certeza de que esta victoria ha permitido posicionar varios mensajes como el derecho de los pueblos y comunidades a ser consultados, fortalecer la resistencia de los territorios con conflictos mineros y pensar en otro mundo más sustentable y justo.

Yaku Pérez Guartambel, abogado de las comunidades defensoras del agua, sostiene que la consulta es vinculante, es decir, que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Además, así lo establece la actual Constitución del Ecuador, en su Artículo 106. En caso de que las actividades mineras continúen en Girón, pese a la notificación de los resultados del CNE, la empresa minera podría enfrentar un juicio penal por desacato, dijo Yaku Pérez.

Artículo 106 de la Constitución de la República del Ecuador.

Antes. Quienes conspiran

Antes de las elecciones hubo varias piedras en el camino. En febrero, el Ministerio de Minas pidió medidas cautelares para evitar la consulta popular, pero la jueza Ximena Barragán negó el pedido porque el Ministerio no tenía legitimidad para haber actuado “a nombre del pueblo”.

Faltando una semana para el día de las elecciones, el juez Vicente Rivadeneira aceptó la solicitud del Colectivo Unidos por el Desarrollo de los cantones de Girón y San Fernando para suspender temporalmente la consulta hasta que la Corte Constitucional se pronunciara. Pero el Pleno del CNE solicitó que se revocaran las medidas cautelares y se destituyera al juez. El proceso continuó.

Se pretendió explotar cerca de 2,04 millones de onzas de oro, 11,5 millones de onzas de plata y 81,1 millones de libras de cobre, bajo el esquema de minería subterránea.

Ya el domingo de elecciones, las alarmas de un posible fraude electoral llegaron en las primeras horas. Veedores de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA) y del colectivo Yasunidos difundían en sus redes que en algunos recintos electorales no habían entregado la papeleta de la consulta popular sobre la minería en Kimsakocha. Los medios de comunicación replicaron la noticia. Heriberto Cairo, observador internacional y académico de España, visitó el centro educativo Rafael Chico y lo confirmó: no se había entregado una papeleta debido al retraso en la instalación de una mesa.

La desconfianza se mantuvo hasta el cierre de la votación. Los veedores preguntaban a los electores si recibieron la papeleta de la consulta y sus respuestas eran afirmativas, pero con esas respuestas explicaban cómo fue su voto. Lo hacían, sobre todo, las mujeres con pollera y sombrero:

 

“Yo voté por el No. No queremos ser afectados por la minería. Estamos luchando por el agua por nosotros y nuestros hijos”

“Necesitamos tomar agua y el agua es nuestro primer recurso. ¿Qué hacemos con el oro? Anillos que no podemos tener porque todo nos roban. ¡Sí al agua!”

“Yo voté por el agua porque eso nos interesa mucho, porque sin agua no podemos vivir”

“Sí recibimos la papeleta de la consulta. Nuestro voto fue en contra porque creemos que la minería sea legal o ilegal igual afecta las fuentes hidrológicas”.

Las expresiones de las mujeres de Girón fueron indicador de que las trampas preparadas por el Estado y las empresas mineras en este proceso electoral no eran posibles en un pueblo unido y vigilante. Ante cualquier movimiento sospechoso, las comunidades lo esparcían, los medios de comunicación alertaban a sus audiencias y las voces desde los distintos espacios llamaban la atención al CNE para corregir cualquier error. Las miradas de otros países estuvieron pendientes de la consulta por el agua por ser un referente mundial para detener la megaminería.

Memoria que fluye

El triunfo del agua no es el resultado de una lucha reciente. La defensa de Kimsakocha y de sus fuentes hídricas tiene al menos dos décadas. Según el defensor del agua, Jhonny Tapia, los miembros de la Unión de los Sistemas Comunitarios del Agua y la FOA hicieron cerca de 50 viajes a Quito para insistir a la Corte Constitucional una respuesta, hasta que en noviembre de 2018, el organismo electoral transitorio dio paso a la consulta popular.

Al principio eran pocos, por eso los llamaban “4 pelagatos”. Hoy son miles. Muchos defensores que estuvieron al inicio ya no están hoy para celebrar esta victoria electoral, pero sus huellas siguen vivas. Lo recuerdan Angelita Loja y Miriam Chuchuca, dos mujeres incansables que lideraron varias marchas, huelgas de hambre, cierres de vías. Ellas cuentan que los comuneros han pasado al menos veinte años de persecución, de violencia física y verbal, de cárcel por defender el agua, y hoy quedan familias divididas y comunidades rotas por culpa de la presencia de la minera que ofrecía oro, empleo y estatus social.

Son dos décadas. Pero las comunidades azuayas ya no se sienten solas. La resistencia se multiplica en la provincia de Azuay y en otras zonas del país. El triunfo de esta consulta es el precedente para muchos pueblos amenazados por la arremetida de la minería que se extiende en la región.

 

Fuente:https://labarraespaciadora.com/medio-ambiente/giron-el-poblado-que-derroto-a-la-mineria/?fbclid=IwAR2zeFfUtjhy7RcAXEkn1hNiOKer5pvmuZE4AJMgwLBoOb2HNXrIHr9tgOw