Criminalización de la protesta, Ecuador

Andrés Durazno, defensor del agua y de los páramos de Río Blanco en el Azuay

Una vida cegada en el contexto extractivo minero
18/03/2021
Ante la muerte violenta de Andrés Durazno, ocurrida en la comunidad de Río Blanco la noche del 17 de marzo en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, en la provincia del Azuay, expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad a su esposa Fernanda, hijos y demás miembros de la familia y comunidad.

Andrés mantuvo su convicción durante varios años por la defensa de los páramos, las fuentes de agua y la vida, frente al proyecto minero Río Blanco. Era considerado como “guardián del cerro”, por su constante preocupación por el territorio, por evitar que tanto la megaminería, como la minería ilegal se inserten agrediendo los páramos del Macizo del Cajas. Defendió estos territorios que albergan vida y en los que las familias campesinas e indígenas de Río Blanco realizan sus actividades agrícolas y pecuarias, porque del cuidado de sus acuíferos depende su presente y su futuro.

Lo reconocemos como uno de los mentalizadores del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Río Blanco, que se creó con participación de profesores voluntarios de Cuenca y Quito, para apoyar a que jóvenes de la comunidad culminen sus estudios de bachillerato, permanezcan en el territorio, fortalezcan la lucha y defensa del agua y no migren a la ciudad. Con compromiso, posibilitó un espacio dentro de su vivienda para el funcionamiento del mismo.

Este execrable asesinato que bien podría pretender justificarse como de carácter interno a la comunidad, y del que exigimos a la Fiscalía clarifique y transparente las responsabilidades directas e indirectas, no es un hecho aislado. Debe ser entendido dentro del contexto en que ocurre, el de la profundización extractiva. El asedio de la minería no ha parado en la zona, si bien las actividades formales de la subsidiaria ecuatoriana Ecuagoldmining South America S.A, de la empresa china Junefield han estado paralizadas desde 2018, año en que el juez Paúl Serrano aprobó las medidas cautelares solicitadas por las comunidades de Molleturo en su Acción de Protección interpuesta ante el Tribunal de Primera Instancia de Cuenca; y en que se reconoció que la empresa efectivamente violó el derecho constitucional de consulta previa, lo que fue ratificado en apelación por la Corte Provincial del Azuay. El caso está actualmente en la Corte Constitucional para decisión de una acción extraordinaria de protección presentada por el gobierno.

Las mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de las familias defensoras del agua y los páramos han vivido de manera permanente y sistemática acoso en la comunidad por parte de grupos que apoyan la minería calificada legal e ilegal, que se articulan y solapan; a las comunidades de la zona han ingresado muchas veces actores armados (policía e incluso unidades especiales) para dar soporte a los grupos pro mineros. Todo esto ha generado un clima en que la violencia se recrudece y se inserta en la vida cotidiana, en que se patriarcaliza el territorio, y en que se quiebran convicciones con ofrecimientos monetarios; en que el consumo de alcohol también exacerba tensiones internas en las familias.

¿A quién interesa la división y el resquebrajamiento del tejido social? Interesa a aquellos sectores que tratan a toda costa de imponer un modelo de desarrollo extractivo minero en los páramos del Azuay; agrietando y ocasionando fisuras entre familias que se han comprometido con sus vidas y su ejercicio cotidiano a la defensa territorial.

Expresamos nuestro pesar y nuestra solidaridad para con la familia de Andrés Durazno, las familias de la resistencia minera de la parroquia Molleturo duramente afectadas por este suceso y exigimos a la Fiscalía General del Estado, que este hecho no quede en la impunidad. Así mismo exigimos a la Defensoría del Pueblo que cumpla con sus competencias y la obligación establecida en el dictamen del juez de observar el adecuado proceso de abandono de la mina y de la garantía de los derechos humanos de las familias y de la naturaleza, en este territorio.

Andrés sigue vivo en las aguas y el páramo que amó y defendió y en nuestra lucha.

Suscriben este comunicado:

Acción Ecológica
ALAMES Ecuador
Alberto Acosta
Amazon Frontlines
APT Norte
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
Asamblea por el Agua y la vida de Sígsig
Colectiva de Antropólogas del Ecuador
Colectivo Caminantes
Colectivo de Geografía Crítica
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Comunálisis – Ecuador
DECOIN
Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador
Grupo KANAKA
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
Mancomunidad y Bosque Modelo Chocó Andino
OMASNE
Oficina de Derechos de la Naturaleza Ecuador
Profesoras y profesores voluntarios del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk (Guardianes del Agua) de la comunidad de Río Blanco
Proyecto de Vinculación de FLACSO Ecuador en apoyo al Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Saramanta Warmikuna
Yasunidos

Ecuador

El sur de Ecuador prohíbe la minería a gran escala

19/02/2021
El proyecto Loma Larga está ubicado al sur de Ecuador, en la provincia del Azuay. / Imagen: INV Metals.

Los residentes de la ciudad de Cuenca, en el sur de Ecuador, han votado a favor de prohibir las futuras actividades mineras a gran escala en cinco zonas de cuencas hidrográficas cercanas, un área que se extiende por más de 3.100 kilómetros cuadrados y es el hogar de más de 580.000 personas.

Los resultados de la encuesta representan una victoria para Cuenca, en la provincia de Azuay, que alberga varios activos mineros, incluido el proyecto aurífero Rio Blanco de Junefield de propiedad china, Sharug de SolGold y la canadiense INV Metals, y el proyecto Loma Larga.

La ciudad de Cuenca, la tercera más grande del país, presionó el año pasado para que se celebrara el referéndum sobre si las comunidades podían decidir o no el destino de los proyectos mineros en la zona.

El máximo tribunal de Ecuador otorgó una victoria a la comunidad, lo que les permitió fijar una fecha para votar. Más del 80% del electorado votó a favor de la prohibición, que según los defensores refuerza “los derechos de la naturaleza”, garantizados por la Constitución del país de 2008.

El resultado del referéndum es legalmente vinculante, lo que significa que el próximo presidente de Ecuador tendrá que implementarlo.

El país se encamina hacia una segunda vuelta presidencial en abril, ya que los resultados de las elecciones de este mes siguen siendo controvertidos.

El candidato indígena de izquierda Yaku Pérez, un abogado ambientalista, obtuvo el 19.38% de los votos en las elecciones del 7 de febrero. Eso es solo 33,000 votos detrás de su rival en segundo lugar, el exbanquero de derecha Guillermo Lasso.

Pérez, un opositor de la minería cerca de las cuencas hidrográficas, alega que hubo un fraude para mantenerlo fuera de la segunda vuelta. Fue desplazado por estrecho margen por Lasso del segundo al tercer lugar a la mitad del conteo, ahora detenido.
Más de 40 proyectos en el limbo

Si bien aún no hay grandes minas operando en el área, los resultados del voto popular podrían descarrilar más de 40 concesiones de cobre, oro y plata.

“Eso es discutible”, dijo el abogado de minería Xavier Andrade a Bloomberg News la semana pasada. “¿Quién realizará la exploración si no se puede recuperar la inversión? (…) Todo esto terminará en otra batalla legal ante la Corte Constitucional”, dijo.

Ecuador ha ganado terreno como destino de inversión minera en los últimos dos años, pero la oposición podría frustrar el plan del gobierno de atraer USD 3.7 mil millones en inversiones mineras para 2022.

El año pasado, la minería en Ecuador generó USD 810 millones en exportaciones, USD 430 millones en impuestos y USD 374 millones en inversión extranjera directa.
Fuente: Mining Dot Com

El sur de Ecuador prohíbe la minería a gran escala

Ecuador

El respaldo al candidato Yaku Pérez en Ecuador muestra una reacción contra la minería

15/02/2021
Imagen referencial del sector minero / Foto: Pixabay

En Ecuador, las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 7 de febrero y el candidato Yaku Pérez, un abogado y activista indígena, obtiene hasta el momento casi el 20% de los votos en la primera vuelta con una propuesta de llamar a una consulta popular para prohibir la minería industrial, en su afán por proteger las cuencas hidrográficas.

Las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran a Yaku Pérez con 19,47% de los votos y a Guillermo Lasso con 19,69% casi al final del escrutinio.

El ganador de la primer vuelta es el candidato Andrés Arauz con 32.6% de los votos, con la promesa de regresar al programa económico socialista del expresidente Rafael Correa. La segunda vuelta se realizará el 11 de abril.

Pero el apoyo general muestra que el mensaje de Yaku Pérez resonó entre los ecuatorianos y los resultados de las elecciones legislativas, que también se llevaron a cabo el domingo, muestran que su partido Pachakutik sería el segundo más grande en la Asamblea Nacional.

Sus aliados en la región amazónica han dicho que desde la Asamblea promoverán el desarrollo económico “post-extractivista” en territorios indígenas, muchos de los cuales se encuentran cerca de las operaciones de la industria minera y petrolera del país. Además, plantean amnistía para los líderes criminalizados por su lucha social.

“No es buena señal para las inversiones de un sector fundamental”, dijo Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería del Azuay. “Quisiéramos que se reflexione un poco sobre la real magnitud de lo que están planteado, toda vez que no tenemos alternativas viables e inmediatas más allá de la minería”.

Ecuador ha intentado durante años desarrollar su industria minera como alternativa al petróleo. Pero la oposición de las comunidades y los activistas indígenas ha dificultado el despegue de grandes proyectos.

La minería generó más de USD 800 millones en ingresos por exportaciones en el 2020, según datos oficiales.

Además, en una nueva señal de cambio de opinión pública sobre la minería, los votantes del cantón Cuenca apoyaron en una consulta popular la prohibición de la minería en la zona de los ríos que atraviesan la ciudad, según datos preliminares.

Los líderes de la industria dicen que los resultados no afectarán proyectos existentes como Río Blanco, liderado por el consorcio chino Ecuagoldmining, y Loma Larga, de la canadiense INV Metals Inc, pero dicen que podría disminuir el interés de los inversionistas por emprendimientos futuros.

“La consulta popular es el peor mensaje para el inversionista que está en el país o aquellos que están viendo de afuera”, dijo el exviceministro de Minas Fernando Benalcázar. “El tema político podría afectar al desarrollo de la minería”.

Pérez, de 51 años, ha dicho que el país debería promover el desarrollo de la agricultura y el turismo comunitario en lugar de la minería industrial.

Arauz, por su parte, buscará una mayor participación de las comunidades indígenas y llevará a cabo la revisión de las concesiones mineras existentes para asegurar que están cumpliendo planes de inversión y cuidado ambiental.

Mientras que Lasso se ha comprometido a atraer inversión extranjera para el sector asegurando que existan reglas ambientales claras.

Pérez pidió el jueves (11 de febrero) un recuento de votos en siete provincias y dijo que buscará la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU) contra lo que llamó un “fraude electoral”.

“No le están robando a Yaku Pérez los votos, le están robando todo un proyecto, todo un sueño, toda una esperanza que tenían los ecuatorianos”, agregó en un mitin frente a la sede del consejo electoral en Quito.

Fuente: Reuters

El respaldo al candidato Yaku Pérez en Ecuador muestra una reacción contra la minería

Ecuador

CONSULTA POPULAR: NUEVAMENTE LOS PUEBLOS ELIGEN PROHIBIR LA MEGAMINERÍA

08/02/2021
Consulta popular: nuevamente los pueblos eligen prohibir la megaminería
De la mano de las elecciones presidenciales, en distintos cantones de la provincia ecuatoriana de Cuenca se llevó a cabo una consulta popular en donde la población decidió ampliamente prohibir la minería metálica a mediana y gran escala en las zonas de recarga hídrica de los principales ríos de la región. Cuando se consulta a los pueblos se obtiene la misma respuesta: el agua vale más.

Faltan conocer los resultados oficiales, pero las actas testigo y las proyecciones indican un 80% para el “Sí”, que en el caso del cantón ecuatoriano es un “No” a la megaminería metálica. La consulta buscaba proteger la zona de recarga hídrica de los ríos Norcay, Yanuncay, Tarqui y Machángara.

El conteo oficial comenzará una vez finalizado el conteo de los votos de las elecciones presidenciales y de asambleístas, pero desde las organizaciones que impulsaron la consulta ya están festejando. La consulta se logró tras una larga lucha de quienes habitan la región, principalmente pueblos indígenas que buscaban defender sus territorios. En diciembre de 2020 se resolvió hacer la consulta de la mano de las elecciones para la presidencia y asambleístas de la República del Ecuador.
https://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/44963-cuenca-consulta-megamineria

Ecuador

Molleturo defiende el agua, la vida y su territorio

Río Blanco, 09 de enero de 2021
Foto: Ejolt
Comunicado abierto a la opinión pública
Nosotras y nosotros como miembros y representantes de las comunidades de Tres Marías, Bella Unión, San Bartolo, El Aguacate, Santa Cruz, Cochapamba, Río Blanco, Cabos, Santa María, San Pedro de Yumate, Pan de Azúcar, Suya, Luz María, Suro, Calderón, Luz y Guía, Estero Piedras, Tamarindo y los barrios de Molleturo centro en resistencia.

Queremos expresar nuestra palabra a raíz de los eventos recientes y de las declaraciones falsas realizadas por una minoría de personas con claros intereses políticos y mineros en nuestro territorio.

1)El origen del conflicto social y ecológico del pueblo de Molleturo nace a partir de la imposición de proyectos mineros en los páramos de Río Blanco. Donde nacen las aguas, ríos y lagunas que abastecen de vida a nuestro pueblo yvarios pueblos de la sierra y costa ecuatoriana. Son las empresas transnacionales, de saqueo minero, en unión con el gobierno más corrupto de la historia del Ecuador, las que causaron la división y violencia sistemática dentro de nuestro pueblo. Para quede esta manera, se realicen las actividades de explotación a la Madre Naturaleza en los páramos de Ríos Blanco -Macizo del Cajas.

2)DESMENTIMOS las acusaciones falsas realizadas a los medios de comunicación y a la gobernación del Azuay, puesto que:Nadienos obliga a ir a MingasNadie nos interrumpe el pasoNadie nos obliga a participar de reunionesNo hemos sido víctimas de maltrato algunoTodas las actividades realizadas dentro del territorio son de iniciativa propia, auto-convocadas, decididas en asambleas y reuniones que participamos de forma libre, voluntaria y soberana de acuerdo a las costumbres y necesidades de nuestro pueblo.

3)En ningún momento las plumas de control comunitario han interrumpido el paso de ningún miembro del pueblo. Las plumas tienen una sola función «proteger las
fuentes de agua de las ambiciones de la minería legal e ilegal». Recordamos a la opinión pública que antes de la resistencia del pueblo de Molleturo, por la vía «Río Blanco, Cochapamba -Yumate» pasaban diariamente entre 15 a 20 volquetas llenas de material extraído de los páramos de Río Blanco; para luego enviar el material fuera del país.

4)Rechazamos el uso violento y excesivo de las fuerzas represivas del Estado en el operativo «Renacer» donde, con el fin de detener a una persona, terminaron heridas por arma de fuego gente inocente como dos mujeres de la resistencia. Nadie está en contra del trabajo que debe realizar la policía para resolver supuestos delitos entre particulares. Lo que sí enfatizamos, es nuestro rechazo a la utilización de este hecho con fines políticos electorales y económicos, para ensuciar y deslegitimar la lucha en defensa del agua. Por el amor propio que existe en cada uno de nuestros corazones, defendemos el agua del presente y de las futuras generaciones; pedimos al pueblo ecuatoriano y del mundo que se sume a nuestra lucha, que no nos dejen solas, solos, porque la pachamama es de todos o no es nadie.

Es del agua que vivimos, gracias a ella nos alimentamos todos y todas, por ella tenemos medicinas; todos somos pachamama y es la única casa que tenemos y por eso la cuidamos así como ella cuida de nosotras y nosotros. Como pueblos campesinos e indígenas, somos madre y padre del campo y la ciudad; únanse todos y defendamos el agua. El último pedido que le hacemos al pueblo de Cuenca, Ecuador y el mundo es que analicen lo que está pasando, que miren la realidad de forma amplia, que no crean cualquier cosa que aparece en las redes sociales y menos si viene de gente con puros intereses políticos. Como pueblo de Molleturo les invitamos a hacerse presente en nuestro territorio donde nacen las aguas.
De nuestra parte, seguiremos resistiendo, no caeremos en ningún tipo de provocación y frente a la violencia del Estado y las mineras les respondemos conminga, ánimo y organización.
Resistiremos, ¡No nos venderemos! ¡Molleturo libre de minería legal e ilegal!

Atentamente,Comuna San Felipe de Molleturo
Comunidades y barriosen Resistencia del pueblo de MolleturoFrente de Resistencia
San Pedro de Yumate
Río Blanco Resiste

Ecuador

Ecuador modifica definición de fase de exploración inicial

Reporte Minero , 29/12/2020
Las autoridades buscan compensar a las compañías mineras por los retrasos en la entrega de permisos de exploración
Para compensar retrasos en la entrega de permisos de exploración, el Gobierno de Ecuador modificó los lapsos considerados como parte de la fase de exploración inicial, permitiendo que ésta comience cuando las compañías reciben la autorización para ejecutar labores en terreno, y no cuando se otorga la concesión.

En ese país, las concesiones mineras se otorgan por un período de 25 años, las fases de exploración inicial y exploración avanzada tienen una duración de cuatro años cada una, mientras que el período de evaluación económica se extiende por dos años. El pago anual por mantener la concesión es de US$10 por hectárea durante la fase de exploración inicial y US$20 durante la exploración avanzada.

Entre las compañías beneficiadas con la medida figura Aurania Resources, controladora del proyecto de cobre y plata Lost Cities – Cutucú, que ahora podrá aplicar por una extensión de 16 a 40 meses en la fase de exploración inicial, dependiendo de la fecha en que obtenga los permisos para cada una de las 42 concesiones. La firma seguirá pagando US$10 por hectárea en lugar de comenzar a pagar US$20 por hectárea a contar de enero.

“Aplaudimos y agradecemos al gobierno ecuatoriano por reconocer que los retrasos en los permisos han paralizado la industria de la exploración, y por tomar medidas tan decisivas para corregir la situación”, dijo en un comunicado el CEO de Aurania, Keith Barron.

En noviembre, Aurania reportó la extensión de la mineralización identificada en el objetivo Tsenken N2 hasta Tsenken N3, donde se hace más robusta.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2020/12/ecuador-modifica-definicion-de-fase-de-exploracion-inicial

Ecuador

Indígenas de la Amazonía solicitan al gobierno de Ecuador eliminar las concesiones mineras

Nativos shuar sostienen que sus derechos han sido vulnerado a través de socializaciones y negociaciones realizadas de manera ilegítima en las que jamás han sido consultados
Por Sofia Belandria
10/12/2020
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía de Ecuador exigió al Gobierno de ese país la reversión total de las concesiones mineras en territorio de la etnia Shuar, bajo la premisa de que se habrían otorgado de manera ilegal.

“Exigimos al Estado la reversión total de las concesiones otorgadas de manera inconstitucional a empresas mineras nacionales e internacionales. Todas las empresas mineras que están operando en el territorio shuar deberán retirarse de manera inmediata”, dijo la Confeniae en un comunicado.

Esta organización se reunió el miércoles en asamblea con delegados de federaciones, organizaciones, asociaciones y centros shuar de las provincias Morona Santiago y Zamora Chinchipe (este) para debatir sobre el tema de la consulta previa, libre e informada y su tratamiento por parte del Estado ecuatoriano.

Tras el encuentro realizado en la comunidad Tsarunts, de la parroquia Nankais, en Zamora Chinchipe, los delegados firmaron un documento en el que se afirma que el pueblo shuar nunca fue llamado a una consulta previa, libre e informada por parte del Estado antes de que se entreguen las concesiones mineras.

La Consulta Previa es un derecho consagrado en la Constitución del país suramericano, con base en tratados internacionales, así como en estándares de jurisprudencia internacional.

Los indígenas shuar sostienen que ese derecho ha sido vulnerado a través de socializaciones y negociaciones realizadas de manera ilegítima en las que jamás han sido consultados.

Agregan que la explotación minera representa una amenaza para la continuidad histórica de la nación shuar, dado que los impactos ambientales y socio culturales conllevan al desplazamiento de hombres y mujeres de sus territorios, provocando la división entre familias.

Los indígenas shuar también rechazan cualquier pretensión del Estado de elaborar proyectos de ley o reglamentos de consulta previa sin contar con la participación informada y vinculante de las comunidades.

“Cualquier regulación de nuestro derecho a consulta debe observar nuestro derecho al territorio, a la autonomía y respeto a nuestras propias decisiones y modos de vida”, enfatiza el documento.

El Comité Interfederacional de las nacionalidades Shuar y Achuar, a través de un comunicado, expresó su respaldo a las decisiones tomadas por la asamblea de los centros Shuar.

Además, aseguraron que las empresas mineras Lowell-Solaris Resources, ExplorCobres, Ecuacorriente (Ecsa) y EcuaSolidus constituyen una amenaza.

El documento suscrito por el presidente del Comité Interfederacional, Nyua Uyunkar, señala que dichas empresas han promovido la militarización de los territorios shuar en la provincia de Morona Santiago (este), con el auspicio de instituciones del Estado ecuatoriano.
Cortesía de Sputnik

Indígenas de la Amazonía solicitan al gobierno de Ecuador eliminar las concesiones mineras

Ecuador

¿Minería legal o minería ilegal? Una falsa disyuntiva

Por Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro | 12/12/2020 | Ecuador
Fuentes: Rebelión
Todo hace pensar que al Estado ecuatoriano le espera un nuevo saqueo protagonizado por los capitales transnacionales.
“Las empresas mineras, en vez de reponer el capital invertido en ellas, junto con los beneficios corrientes, generalmente absorben tanto el capital como los beneficios. En consecuencia, son unas empresas que el legislador prudente que desea incrementar el capital de su país nunca seleccionará para concederles ningún estímulo extraordinario” -Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776

La danza minera continúa su marcha en el Ecuador, al punto que incluso la gran prensa promociona a la megaminería como la salvación ante la grave crisis ecuatoriana. Sin ninguna vergüenza, hasta se difunden burdos publirreportajes promocionando el compromiso “ejemplar” de las megamineras con el cuidado del ambiente.[1] Mientras, se cierran los espacios mediáticos a las voces críticas a la minería.

Como parte del discurso a favor de la megaminería, se presentan múltiples disyuntivas que son falsas a nuestro criterio. Un ejemplo es esa falsa disyuntiva entre minería ilegal y minería legal, donde la primera sería destructiva y condenable, mientras que la segunda sería portadora de “desarrollo”. Dicha disyuntiva se ejemplifica en las palabras del primer ministro de energía del gobierno de Lenín Moreno: “en el país va a haber minería sí o sí, nuestra decisión es que haya minería responsable y no minería ilegal, que es la que efectivamente hace daño al país” [2]. Aquí se muestra con claridad la perversa disyuntiva: si no se permite la megaminería (apoyada por el gobierno), vendrá de todas maneras la depredación de la mano de la minería “ilegal”, la cual sí “hace daño al país”.[3]

Este discurso parece calar en amplios segmentos de la población. Se repite cansinamente, hasta dotarlo de una condición de supuesta “verdad indiscutible”: si no hay minería legal, tendremos minería ilegal. Tal como reza el discurso dominante (del cual se hacen eco múltiples voces con aparente interés en el futuro del país[4]), la minería ilegal deja depredación ambiental, grupos armados irregulares, precariedad y explotación laboral y sexual, trata de personas, entre otros ejemplos de violencia y una larga serie de plagas. En cambio, como la minería legal es “altamente controlada”, necesariamente es beneficiosa para el país y no provocaría las pestes de la minería ilegal.

Es precisamente en este punto donde entra la falsedad de la disyuntiva. Para empezar, la minería “legal” también provoca impactos sociales y ambientales que – ya solo por su gigantismo – pueden ser incluso peores que en la minería “ilegal”. Dejemos en claro que, “legal” o “ilegal”, la minería per sé provoca graves impactos sociales y ambientales, pero con el agravante de que las grandes mineras “legales” tienen el poder incluso para doblegar los intereses de los Estados nacionales. De hecho, recordemos que vivimos en países en donde no solo hay inoperancia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes (y la Constitución misma en el caso ecuatoriano), sino que la corrupción es inocultable; basta ver cómo – vía “puertas giratorias” – funcionarios públicos y empresarios mineros deambulan del sector estatal al sector privado sin vergüenza alguna.

Además, si la minería ilegal es tan destructiva como reconoce el bloque pro-minero, ¿por qué no se detiene su expansión y se la erradica de una vez por todas? El gobierno conoce perfectamente donde hay minería ilegal. Basta leer las páginas 109 a 112 del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, para encontrar la ubicación exacta de los “lugares identificados de minería ilegal”.[5] De hecho, es evidente que el incremento de la minería ilegal en Ecuador, como sucede en otros países, solo sería posible por los elevados niveles de complicidad estatal, lo que revela como mínimo, tramas de corrupción del Estado que se enriquecen directamente de esas extracciones ilícitas.

Esta realidad está presente en varios países de la región. En el Perú, según el informe El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina[6], pese a existir desde hace muchos años una amplia actividad minera legal, la minería ilegal tiene exportaciones igualmente ilegales de oro por 2.600 millones de dólares anuales (la minería ilegal de este mineral representa el 28% del oro extraído en ese país). Situación similar se da en otros países: Colombia con 2 mil millones de dólares de ventas externas ilegales, Brasil con 400 millones de dólares. En Venezuela se encuentra uno de los casos más notorios en donde la minería ilegal ha cobrado una fuerza enorme en los últimos años aupada por el propio Estado (a más de la potencial presencia de grupos armados irregulares). Y en todos estos casos no debería sorprender que la complicidad con autoridades estatales, incluyendo miembros de la fuerza pública y operadores de justicia, junto a otras diversas formas de corrupción, estén omnipresentes.

Es grave la coexistencia de actividades de minería de pequeña y mediana escala legal e ilegal (aquí la minería artesanal y la pequeña minería, que es bastante grande[7], merecen un análisis más detallado por sus implicaciones socioambientales, tributarias y económicas[8]). Veamos la grave afectación a cientos de comunidades afro e indígenas en el norte de la provincia de Esmeraldas, en especial en las cuencas de los Ríos Santiago y Cayapas, pese a existir, desde 2011, una resolución de medidas cautelares emitidas y su seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo. Cabe recordar que, en un inicio, el Estado Ecuatoriano actuó en contra de la minería ilegal y hasta dinamitó maquinaria con la que se minaban las riberas de los ríos. Sin embargo, el propio Estado entregó concesiones mineras a la empresa minera estatal ENAMI y luego a varias cooperativas en la zona, “legalizando” su actividad previa y permitiendo que se amplíen e intensifiquen los graves impactos sociales y ambientales en el lugar, en especial el despojo, el racismo y las afectaciones a la salud. Hay una clara convivencia entre actividades legales e ilegales en la zona, sin que el Estado dé respuesta. Y esta realidad se da en muchas otras partes del país, como la minería legal en el Cantón Ponce Enríquez, que desde hace años contamina los ríos Tenguel, Seco, Siete, Gala… proveedores de agua a importantes zonas bananeras y también para el consumo humano en Guayaquil y que recientemente sufrió una rotura de la relavera con un derrame de 50 toneladas de material tóxico. [9]

Lo que sucede en esta región costera no tiene comparación con lo que sucederá en los proyectos megamineros, donde se mueven miles de toneladas de material al día, pudiendo llegar o incluso superar las 90 mil toneladas diarias en Llurimagua, Imbabura, para mencionar apenas un caso. Mencionemos los datos oficiales del proyecto Mirador, ya en explotación, que ilustran el gigantismo megaminero. Durante la vida de la mina, que sería de 30 años y que extraería 60 mil toneladas de material al día, se acumularían unos 491 millones de metros cúbicos de lodos contaminados (3 veces el volumen del lago San Pablo) y 438 millones de toneladas de desechos sólidos (5 veces el Panecillo de Quito). En igual periodo el consumo de agua será de 21 millones de litros de agua al día o 250 litros por segundo, es decir el volumen de 8 piscinas olímpicas o el equivalente del consumo de Ibarra. Así, luego de la extracción, habrá que garantizar por décadas que no se den roturas en el dique de colas o relavera, en donde se almacenan millones de metros cúbicos de tóxicos. De hecho, ese riesgo es enorme pues, según el ingeniero minero Steven Emerman, la pregunta no es si romperá o no el dique de cola, sino cuándo sucederá esa tragedia cuyo impacto llegaría al Río Amazonas.[10]

Además, las mineras legales pueden convivir y hasta lucrar de la minería ilegal, sin generar su desaparición. Sea porque compran el mineral extraído de forma ilegal o porque incluso podrían alentarla, quizás aprovechando los trabajos de prospección de la minería ilegal o entregando informaciones de estudios geológicos de yacimientos superficiales, para luego aparecer como salvadores de una situación caótica, tal como se experimentó en Esmeraldas o en Buenos Aires, Cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.

Incluso el argumento de que surgirá la ilegalidad si no hay actividades legales se derrumba en varios lugares por las propias condiciones geológicas. Ese es el caso de Loma Larga, un proyecto identificado hace más de 10 años en el páramo de Kimsacocha y en donde solo es viable la minería a gran escala. A su vez hay otros casos en donde la suspensión de las actividades legales no ha derivado en una invasión de mineros informales por la resistencia comunitaria. En Rio Blanco, por ejemplo, también en la provincia del Azuay, el proyecto minero está paralizado por disposición judicial desde hace más de dos años y no hay minería ilegal; aquí no ha surgido otro Buenos Aires gracias a la defensa de las propias comunidades de Rio Blanco.

Para colmo, si queremos hablar de minería “legal” primero recordemos que la Ley de Minería tiene en su génesis una estructural vulneración a los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias por la forma en que fue adoptada: no fue consultada previamente según lo establecido en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución. Pese a que la Corte Constitucional de Transición reconoció este hecho, eso no le impidió declararla como constitucional en 2010.[11] Además, con esta Ley (de carácter ordinario), se atropelló lo dispuesto en una Ley orgánica como lo fue el Mandato Constituyente número 6, conocido como Mandato Minero, del 18 de abril de 2008. Igualmente cabría mencionar que no se han dado las consultas previas libres e informadas tal como se establece en la Constitución, provocando una larga fila de reclamos, muchos de ellos ya con sentencia y otros en pleno proceso de resolución.

Por si no fueran suficientes estos argumentos, se puede agregar que incluso en términos económicos las quimeras megamineras son mucho menos beneficiosas de lo que aparentan. Por ejemplo, de la información oficial disponible para siete proyectos megamineros llamados “estratégicos” y de “segunda generación” (Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga Kimsacocha, Río Blanco, Cascabel, Cangrejos, El Domo/Curipamba), se estima que de un total de $US 132 432 millones en ingresos-exportaciones totales que se obtendrían entre 11 y más de 50 años, al Estado ecuatoriano le llegarían solo $US 27 486 millones (por impuestos, regalías y demás); es decir, tendría una participación del 20,8% (aquí incluso cabría analizar posibles inconstitucionalidades si no se llega a cubrir el 50% de los beneficios totales que le corresponden al Estado, como establece el artículo 408 de la carta magna) (ver cuadro 1). De hecho, considerando un año de máxima actividad megaminera en donde los siete proyectos analizados se encuentren operando, el ingreso promedio anual que llegaría al Estado sumaría unos $US 876 millones, monto inferior a lo que se destinó en promedio en 2019 al pago mensual de salarios de los servidores públicos.

Cuadro 1. Ingresos estimados de algunos proyectos mineros para el Estado entre 2020-2050

Fuente: Acosta et al (2020): “Sepultando el mito megaminero con sus propias cifras”, GK.city: https://gk.city/2020/07/19/consecuencias-megamineria-ecuador/

A esto se añadiría – entre otros pasivos ambientales – miles de millones de toneladas de lodos contaminados (relaves) y de desechos sólidos acumulados en escombreras generadoras de drenaje ácido de mina, cuya reparación y menos aún la restauración, no se consideran adecuadamente en los cálculos oficiales. Si se estima que el volumen de exportación mencionado demanda movilizar material por más de 5 mil millones de toneladas, el asunto se complica: solo si se toma como referencia un costo de US$3 dólares por tonelada para remediación, el ingreso estimado para el Estado se desinfla a la mitad, con un costo de $US 6, el beneficio del Estado practicamente desaparecería y si alcanzara $US 10, el Estado quedaría endeudado… Y eso que no se considera los costos de la restauración como manda la Constitución, ni los costos de eventuales roturas de los diques de cola u otras afectaciones comunes en esta actividad extractivista (muy probables dados los contextos altamente riesgosos en los cuales se desarrollan los proyectos) y la consecuente limpieza de la contaminación asociada, a más de los graves impactos a las comunidades que están condenadas a vivir con esta amenza.

A lo anterior se suma una débil capacidad de generar empleo. A inicios de 2019, el entonces ministro de energía Carlos Pérez anunciaba que los proyectos mineros generarían 32 mil plazas de trabajo directo. Dicha suma es menos del 0,4% del empleo en el Ecuador. De hecho, la megaminería no se destaca en generar empleo. Según la CEPAL a 2017 el sector solo representó el 1,8% de empleos en Chile y el 1,1% en Perú, dos grandes países megamineros de nuestra región.

En resumen, todo hace pensar que al Estado ecuatoriano le espera un nuevo saqueo protagonizado por los capitales transnacionales – en coordinación con grandes medios de comunicación y otros instrumentos de los grupos poder locales – pues el grueso de los ingresos totales de la megaminería terminaría en las utilidades de un puñado de grandes mineras o en sus “costos de operación” (que hasta podrían artificialmente inflarse aún más para reducir las cargas tributarias en el país). Tal resultado no es nada extraño si consideramos todo el andamiaje institucional favorable a las mineras transnacionales, cuya práctica muchas veces se caracteriza por el abuso y la corrupción.

Por ende, recalcamos que la real disyuntiva que vive el Ecuador no es entre minería “legal” e “ilegal”, sino entre lanzarse a la (mega)minería o salvaguardar la vida y evitar el saqueo. De hecho, la primera alternativa a la megamineria es la no minería, al tiempo que reconocemos la urgencia de transitar hacia una economía postextractivista.-

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Autor de varios libros. Compañero de luchas de los movimientos sociales. [email protected]

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano. Profesor, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador. Candidato a doctor en economía del desarrollo, Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, FLACSO-Ecuador [email protected]

Notas:

[1] Ver, por ejemplo, el artículo de El Universo: “El Cuidado del Ambiente, uno de los pilares de SolGold” https://www.eluniverso.com/patrocinado/8051215/cuidado-ambiente-pilares-solgold?fbclid=IwAR24iABzeGdYxE1pItDs342bj3L8un7Bk8kTe9bYoQU_x-8WM_4WpX_9fBM

[2] Ver la declaración en la nota de El Universo: “‘Carlos Pérez García: En el país va a haber minería sí o sí”, abril 30 de 2019. Disponible en: < https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/30/nota/7309703/ministro-pais-va-haber-mineria-si-o-si >

[3] Sobre el manejo minero en el Ecuador recomendamos el libro de Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Francisco Hurtado y William Sacher (2020); El festín minero del siglo XXI – ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera?, Abya-Yala, Quito.

[4] Otro ejemplo es el artículo de María Amparo Albán en 4 Pelagatos: “Minería ilegal: amenaza sin precedentes”: https://4pelagatos.com/2020/11/24/mineria-ilegal-amenaza-sin-precedentes/

[5] Ver el documento completo en https://issuu.com/revistavirtualmrnnr/docs/plan_nacional_de_desarrollo_del_sector_minero_2020

[6] Consultar en The Global Initiative against Transnational Organized Crime (2016). Disponible en https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/03/El-Crimen-Organizado-y-la-Miner%C3%ADa-Ilegal-de-Oro-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf

[7] Oficialmente, como pequeña minería se entiende una explotación de hasta 1.000 (un mil) toneladas al día. La pequeña mineria merece un análisis especial. Cabe recordar que su definición se fue ajustando para que empresas medianas califiquen como pequeñas y no tengan que cumplir con las obligaciones de las más grandes. La situación de esta minería ya anticipa una grave violación de la Constitución del 2008 en su artículo 408, que establece que “el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”. Si esta violación constitucional es evidente en las medians y grandes explotaciones mineras, lo es mucho más en la pequeña minería.

[8] La fuerte crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus (la cual ha destruido miles de empleos), junto con medidas de flexibilización laboral que han deteriorado la calidad del empleo, han llevado a que la minería artesanal se expanda aceleradamente como alternativa de supervivencia. Un problema grave de este tipo de minería es el uso intensivo de mercurio para obtener amalgamas que permitan la extracción de otros minerales, lo cual termina contaminando los ríos. En este caso la solución no está en la expansión de la minería legal, sino en resolver los problemas estructurales que golpean al mundo laboral.

[9] Recordemos que en julio de 2020 se produjo el colapso de una relavera en Ponce Enríquez, Azuay, lo que provocó que 50 toneladas de sedimentos y sólidos bajen por la montaña y desemboquen en el Río Tengel, provocando una grave contaminación a su paso. Ver: https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/07/03/el-colapso-de-una-relavera-en-ponce-enriquez-provoca-la-contaminacion-del-rio-tenguel/

[10] Steven H. Emerman – presas de relaves. Ver video y láminas en https://www.facebook.com/watch/?v=2353021931674006

[11] La sentencia de constitucionalidad condicionada No. 001-10-SIN-CC, es de 18 de marzo de 2010 y fue publicada en el R.O. No. 176 Suplemento de 21 de abril de 2010.

Foto de portada: Protesta contra la minería, Quito, enero de 2018. Colectivo «No a la mina». Foto de El Tiempo.

Ecuador

La lucha con los indígenas podría frenar el impulso de Ecuador para ser una potencia minera

10/12/2020
El proyecto cuprífero San Carlos Panantza en Ecuador, que sería un ejemplo de expansión del sector minero, está estancado por conflictos con comunidades indígenas. El sector minero generaría unos USD 40.000 millones en ingresos durante la próxima década.

El proyecto de USD 3.000 millones financiado por ExplorCobres S.A de China es un referente de la agitación que impide el impulso de Ecuador para convertirse en una potencia minera andina y competir con Perú y Chile.

Este año, el proyecto debería comenzar a exportar cobre, pero una disputa con la comunidad indígena Shuar Arutam provocó su suspensión desde hace dos años, según la autoridad minera del país.

En una serie de denuncias, los grupos indígenas afirman que el Gobierno no les consultó adecuadamente sobre los proyectos. La lucha está socavando los ambiciosos planes de la nación andina para desarrollar la minería a gran escala como alternativa a su industria petrolera.

“No hay un consenso sobre el papel que debería jugar la minería en el desarrollo de la economía y las comunidades a menudo se sienten atropelladas”, dijo Sergio Guzmán, director para la región andina del grupo Colombia Risk Analysis.

“Hace falta una conciliación entre los objetivos de la minería que son entendidos al nivel más alto del gobierno y como se deriva eso en externalidades positivas para las comunidades”, agregó.

Amplios depósitos
De los cinco proyectos con una inversión inicial de unos USD 7.000 millones que forman la columna vertebral del esfuerzo minero de Ecuador, dos (incluido San Carlos Panantza) se han detenido por completo. Un tercero está reubicando una parte de sus instalaciones debido a la oposición local.

Otros proyectos que están menos avanzados enfrentan el rechazo de líderes locales.

Cabe resaltar que la corte electoral de Ecuador convocó a una consulta popular, que se celebrará en febrero y preguntará a los votantes de Cuenca si quieren prohibir la minería cerca de los ríos que atraviesan la ciudad. Los resultados serían vinculantes para esa jurisdicción pero no retroactivos.

Los líderes de la industria alegan que las consultas afectan los planes iniciales de los proyectos.

La resistencia podría socavar los esfuerzos de Ecuador por generar ingresos fiscales para garantizar un retorno al crecimiento económico y reforzar las finanzas estatales, después de un plan de reestructuración de deuda respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) este año.

El Gobierno espera que la industria generará alrededor de USD4.000 millones en beneficios fiscales y unos 40.000 millones en ingresos por exportaciones durante la próxima década.

El viceministro de Minas, César Vásquez, dijo a Reuters en una reciente entrevista que Ecuador está preparando una nueva normativa para ajustar los plazos y evitar que las concesiones caduquen por conflictos sociales. Aun así, el funcionario reconoció que la resistencia de la comunidad podría desanimar a los inversores.

Punto muerto
El esfuerzo minero de Ecuador puede presumir algunas historias de éxito, como la mina de oro Fruta del Norte liderada por la canadiense Lundin Gold que ya está exportando. Lo mismo ocurre con la de cobre Mirador, propiedad de una subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan Investment, que es también la matriz de ExplorCobres.

Solaris Resources de Canadá, a cargo del proyecto de cobre Warintza, creó una alianza estratégica con dos comunidades del pueblo Shuar en setiembre después de tres años de diálogo.

Pero la oposición comunitaria ha cobrado su precio particularmente en San Carlos Panantza, que nunca ha estado en buenos términos con la comunidad local.

En 2018, el Viceministerio de Minas había acordado extender indefinidamente el plazo para que ExplorCobres empiece a explotar, citando el conflicto social. El pueblo Shuar Arutam presentó una demanda para que se desechara todo el proyecto y exigió a la minera el pago de daños por el desplazamiento forzado de su gente, pero el caso fue desestimado por un tribunal provincial en 2019.

Los shuar anunciaron que presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La denuncia argumenta que otorgar las concesiones mineras sin los permisos del grupo viola los estatutos del organismo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Aunque una decisión de la OIT por sí sola no alteraría el curso del proyecto, una recomendación negativa presionaría a las autoridades y afectaría la reputación de Ecuador.
Fuente: Reuters

La lucha con los indígenas podría frenar el impulso de Ecuador para ser una potencia minera

Chile, Ecuador

Codelco inicia proceso para que Enami EP cumpla acuerdos respecto al proyecto Llurimagua en Ecuador

23/11/2020
Proyecto minero Llurimagua Ecuador (El Ciudadano)
(Foto: El Ciudadano)
Enami EP no ha cumplido con los acuerdos de formar la sociedad para el desarrollo del proyecto ni ratificado el pacto de accionistas que se acordó hace un año, obligaciones que se arrastran desde el año 2016, por lo que la cuprífera chilena solicitó a Ecuador iniciar “conversaciones amistosas”, al amparo del convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito entre Chile y Ecuador.

Codelco notificó a Ecuador, a través de una carta enviada a la Procuraduría General del Estado de dicho país, la solicitud de inicio de conversaciones amistosas para el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) respecto del proyecto minero Llurimagua.

Cabe recordar que a partir de 2009 existen múltiples acuerdos suscritos entre la Corporación chilena y Enami EP, así como entre Ecuador y Chile. La relación de Enami EP con Codelco nació con el convenio para la exploración minera suscrito en 2011, actividades que se iniciaron en 2015 en varias áreas de interés, entre ellas, Llurimagua. A fines de 2015 ambas compañías estatales suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua. Posteriormente, los Presidentes y ministros de Ecuador y Chile han ratificado los convenios referentes al proyecto.

Codelco notificó a Enami EP en el año 2016 el cumplimiento de todos los hitos establecidos en el convenio, y luego de extensas negociaciones, en 2019 se acordaron los términos definitivos para la asociación. A la fecha, Codelco ha cumplido con todas sus obligaciones relativas al proyecto y la protección del mismo.

Desde el origen de los acuerdos, Codelco ha realizado relevantes inversiones en beneficio del proyecto y de Ecuador. Para proteger estas inversiones y el proyecto, Codelco notificó hoy al Estado ecuatoriano, dueño de Enami EP, la solicitud oficial para iniciar conversaciones amistosas, al amparo del convenio firmado entre Chile y Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Codelco espera que las entidades de Ecuador puedan articular el correspondiente acuerdo, así como promover una solución en beneficio de las partes y del proyecto Llurimagua.

Codelco inicia proceso para que Enami EP cumpla acuerdos respecto al proyecto Llurimagua en Ecuador