Ecuador

Judicatura investiga supuestas irregularidades en sorteo de caso minero Hanrine

03/09/2021
Habitantes de La Merced de Buenos Aires protestan contra la empresa minera. Cortesía: Acción Ecológica
El recurso legal que garantizó el retorno de la minera a Buenos Aires, Imbabura, tendría tres irregularidades, empezando por el sorteo.

El Consejo de la Judicatura investiga presuntas irregularidades en el sorteo de una acción de protección interpuesta por la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A, que opera en la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura.

Esto luego de que la empresa minera Hanrine ingresara la primera semana de agosto a la parroquia La Merced de Buenos Aires, con custodia de la Policía Nacional para ejecutar la acción de protección a favor de Carlos de Miguel, representante de la empresa. Este fallo judicial permitió el reingreso de la compañía a la zona de influencia del proyecto “IMBA01” en la parroquia. Lo que generó enfrentamientos entre los comuneros que se resisten a la actividad extractiva y los agentes policiales que garantizaron el retorno de la minera.

Mario Ruiz (Pachakutik) explica sus argumentos presentados en la queja que se indaga en el Consejo de la Judicatura.

Primero, que esta acción de protección fue sorteada como un trámite verbal sumario por cobro de honorarios en vez de ser ingresada como un proceso constitucional.
Segundo, el sorteo de la causa se lo realizó en la misma Unidad Judicial de Familia, Mujer y Adolescencia, sede Iñaquito; y con la misma persona, Gabriela Fernanda Beltrán Loyo, señalada dentro las presuntas irregularidades de sorteo en el caso del alcalde de Quito, Jorge Yunda.
Tercero, que en la audiencia de la acción de protección, el juez Byron Vallejo Naranjo solo notificó al Ministerio de Gobierno, la Comandancia de la Policía y la Procuraduría, no a representes o autoridades de la población de Buenos Aires, pese a que ellos mantenían una medida cautelar en contra de Carlos de Miguel, en la Unidad Judicial de Urcuquí, en Imbabura.
Esto -a criterio del legislador- dejaría en la indefensión a los habitantes de La Merced de Buenos Aires, porque no se les permitió durante el proceso presentar sus argumentos sobre una decisión que afectaría su entorno. “Dicha acción de protección fue asignada de manera directa al juez Vallejo, quien conoció este proceso para aparentemente favorecer a la empresa minera”, sostuvo Ruiz.

Esta acción de protección se encuentra en fase de apelación en la Corte Provincial de Pichincha. Frente a estas acusaciones, la dirección administrativa de la empresa minera Hanrine informó que por el momento no se pronunciará sobre la apelación ni la queja.

En julio de 2021, la Fiscalía informó que investiga más de 210 vulneraciones el sorteo de procesos judiciales. Incluso el 14 de julio, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció que se realizarán auditorías a nivel nacional para que cada dirección provincial se encargue de analizar por muestreo los procesos de asignación de causas por sorteo. Esto con el fin de evitar casos irregulares en el sorteo de causas.

180 días para investigar
La Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura investiga la queja contra la empresa minera. Así, esta entidad será la encargada de determinar si hubo o no irregularidades en el sorteo de la acción de protección.

Si en las investigaciones no se encuentran presunciones de corrupción se procederá al archivo de la denuncia; sin embargo, si se los encuentra se procederá a emitir el informe técnico legal y su recomendación a la autoridad competente, informó la Judicatura.

El proceso durará 180 días contados a partir de la aprobación de la denuncia, es decir, a partir del 19 de agosto. El plazo concluye en enero de 2022.

El caso no ha sido hasta el momento remitido a la Fiscalía General del Estado, asegura el asambleísta. La Judicatura responde que se debe a que si producto de la investigación existen presunciones de cometimiento de un delito se remitirá el caso a la Fiscalía, caso contrario no.

¿Hanrine en Ecuador?
La empresa Hanrine, subsidiaria de la firma Hancock Prospecting, opera en 23.000 hectáreas de cuatro cantones de las provincias de Imbabura y de Carchi

La concesión minera “IMBA01” se encuentra en la parroquia La Merced de Buenos Aires, donde se registra conflictos ambientales por la ejecución del proyecto y por la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades.

Esta concesión estuvo suspendida; pero a partir de la primera semana de agosto, Hanrine retomó sus actividades debido a la acción de protección que concluyó que se vulneró los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, libertad de ejercer actividades económicas, seguridad jurídica y el derecho al trabajo de la empresa minera.

Y dispuso en ese entonces que la Policía Nacional tome “todas las medidas necesarias a fin de garantizar el libre tránsito de cualquier persona y, en especial, de la compañía Hanrine, sus trabajadores y maquinaria en la parroquia La Merced de Buenos Aires”. (MC)

Judicatura investiga supuestas irregularidades en sorteo de caso minero Hanrine

Ecuador

Detenidos por protestas en Buenos Aires tienen medidas sustitutivas

05/08/2021
Resistencia. Más de 100 días estuvo bloqueada la entrada principal de Buenos Aires, en protesta contra la minería legal e ilegal. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)
La fuerza pública logró quitar el bloqueo de más de 100 días en el ingreso a la parroquia, permitiendo el paso a la empresa internacional dueña de la concesión.
Redacción IMBABURA

Tras 106 días de bloqueo, la empresa minera internacional Hanrine pudo ingresar a su campamento ubicado en la parroquia Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Ahí tienen alrededor de 12.000 hectáreas concesionadas para su explotación.
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Cuatro personas detenidas, enfrentamientos entre comuneros, militares y policías, donde se usó gas lacrimógeno, fue el resultado del operativo que logró despejar la vía principal del pueblo, este 3 de agosto de 2021.

El ingreso a la parroquia permaneció bloqueado desde el 19 de abril de 2021, cuando los comuneros decidieron acogerse a su derecho a la resistencia, haciendo plantones cada jornada, durante el día y la noche, para no permitir el paso de los camiones y camionetas de Hanrine.

En un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo denunció que agentes policiales ingresaron durante la madrugada de este 3 de agosto a la comunidad La Merced de Buenos Aires, “vulnerando los derechos de sus moradores, con el uso excesivo de la fuerza, lanzamiento de gases y agresiones a mujeres de la comunidad, con el objetivo de permitir el ingreso de la empresa minera”.

Desde Hanrine, Favio Ocampo, jefe de operaciones, dijo a un medio nacional que “hay un grupo de pobladores de La Merced de Buenos Aires que está contaminando con la minería ilegal y que ahora se disfraza como un grupo antiminero. Este grupo se ha tomado la entrada (…), aduciendo que el pueblo está contra la minería legal e ilegal, pero son los mismos que tienen procesos legales por minería ilegal”.

Sin embargo, grupos de derechos humanos y ecologistas coinciden en que la comunidad de Buenos Aires en su mayoría se dedica a la agricultura y ganadería, pero fue invadida por la minería ilegal, que ahora está en pie de lucha contra la legal, adjudicada por el Estado a una empresa transnacional.
Vigilia. Durante el día y la noche los moradores del sector resguardaban el ingreso a la parroquia. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)
Vigilia. Durante el día y la noche los moradores del sector resguardaban el ingreso a la parroquia. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)

Liberados, pero con medidas sustitutivas

Pablo Ponce, Jesús Enríquez, Orlando Caicedo y Juan Ruano fueron las cuatro personas detenidas durante la madrugada del 3 de agosto en Buenos Aires, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los moradores.

Según la Defensoría del Pueblo, fueron retenidos al ejercer su derecho a la resistencia, que se mantuvo desde abril de 2021, para prohibir el ingreso de la empresa minera Hanrine, siendo liberados casi a la media noche, pero recibiendo medidas alternativas a la libertad, como presentarse ante la fiscal a cargo de la investigación los días viernes y la prohibición de salida del país.

«A nosotros nos criminalizan de mala fe. Solo estábamos auxiliando a las mujeres que estaban ahogándose con el gas que arrojaron los policías», dijo Juan Ruano, uno de los detenidos, quienes hasta el 23 de agosto de 2021 deberán cumplir las medidas sustitutivas, día en que se realizará la audiencia de juicio por el delito de paralización de servicios públicos.

Monserrat Vásquez, del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne), dijo que la situación en Buenos Aires viene siendo conflictiva desde hace dos años. “Hasta el día de hoy el Estado no ha reparado los derechos de la población que fue afectada por minería ilegal, sin embargo otorgó una concesión minera a una empresa transnacional australiana, Hanrine, que viene con una violencia sistemática hacia los defensores del territorio de Buenos Aires”.

Denunció que la justicia también estaría parcializada en esta zona, explicando que a los comuneros no les reciben denuncias contra la empresa minera, pero a ellos sí les siguen juicios por parte de la empresa extranjera. “Hace una semana uno de los compañeros, en un enfrentamiento con los trabajadores de la empresa minera, fue acuchillado, pero cuando fue a la Fiscalía no se le tomó la denuncia. En cambio, hay más de 30 moradores de Buenos Aires que tienen denuncias en su contra, siendo criminalizados por la Fiscalía”.
Dos sentencias están en pie

En agosto de 2020 se reportaron los primeros enfrentamientos entre los pobladores y los trabajadores de la empresa minera Hanrine, cuando quemaron uno de sus campamentos y prácticamente los expulsaron de la parroquia Buenos Aires.

Desde abril de 2021, los moradores se acogieron al derecho a la resistencia y bloquearon, con plantones y vigilias la vía principal de ingreso, sin permitir el paso de personal ni vehículos de Hanrine.

A partir de ello se lograron medidas cautelares por parte de un juez de Urcuquí, para que se retiren los camiones de la empresa minera, que estaban apostados frente al bloqueo ciudadano, para evitar conflictos con la población y garantizar la paz ciudadana.

Por otro lado, el 8 de julio de 2021, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la provincia de Pichincha, aceptó una acción de protección interpuesta por la compañía minera en contra de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, disponiéndoles que se garantice el libre tránsito por Buenos Aires, observando los principios constitucionales sobre el uso progresivo de la fuerza, aplicando cualquier medida para evitar el bloqueo de la vía de ingreso a la parroquia.

El primer arribo policial se dio el 27 de julio de 2021, pero sin lograr mover a los pobladores. La madrugada del 3 de agosto, con mayor personal y usando gas lacrimógeno y a empujones la Policía despejó la vía, dando paso a más de 10 vehículos de Hanrine.
Detenidos. Se los acusa de paralización de servicios públicos.
Detenidos. Se los acusa de paralización de servicios públicos.
El tema espera debatirse en la Asamblea Nacional

El asambleísta imbabureño de Pachakutik, Mario Ruiz, anunció que pedirá que se modifique el orden del día de la siguiente reunión de la Comisión de Derechos Constitucionales de la Asamblea Nacional, para que se analice la problemática de la parroquia Buenos Aires.

La intención de Ruiz es que a través de la Comisión se llame a comparecer al Ministerio de Gobierno, a las máximas autoridades de la Policía y el Ejército, así como al Gobernador de Imbabura, para explicar la incursión de la madrugada del 3 de agosto de 2021.

El asambleísta también ha mencionado la intención de fiscalizar el proceso de concesión de áreas mineras del país a la empresa minera Hanrine, resaltando que en este caso nunca se ha socializado el proyecto con los moradores de la parroquia, peor aún con alguna consulta popular, que considera debe ser obligatoria porque influye en territorios de la nacionalidad Awá.

Tras ser detenidas, las cuatro personas permanecieron en la UPC de Urcuquí, hasta ser llamadas a la audiencia.

En 2019 se desalojó a cerca de 10.000 personas de Buenos Aires, cuando la minería ilegal se metió en la vida de los campesinos de la zona.

“La gente una vez que vivió la amenaza de la minería ilegal, es consciente de que la minería sea legal o ilegal va a generar daños irreparables a nivel social y ambiental en la parroquia”.
Monserrat Vásquez, vocera de Omasne

“Es sorprendente observar que la Policía y los militares estén custodiando, protegiendo y dando seguridad a la empresa minera y no a quien se debe, que es la ciudadanía”.

Katherine Andrade,defensora del Pueblo en Imbabura
https://www.lahora.com.ec/detenidos-por-protestas-en-buenos-aires-tienen-medidas-sustitutivas/

Ecuador

Alerta en Sigchos por nuevo megaproyecto minero

La Gaceta Ecuador
La población está preocupada. Los megaproyectos mineros podrían dejar sin agua de consumo.
El objetivo sería hacer una mina de oro, plata y cobre, que se construiría sobre 10.784 hectáreas que agrupan a tres concesiones ubicadas en tres de las cinco parroquias: Isinliví, Chugchilán y Fraylejón. Lo que afectaría gravemente el ecosistema. Los cuatro proyectos de megaminería que se impulsa en Sigchos están en parte de la Reserva Ecológica Los Ilinizas.

Este proyecto, asentado en las tres parroquias del páramo, se suma a los proyectos de megaminería Pegasus A y Luz, de oro y otros metales, que las empresas Luminex Resources y Anglo American lo mantienen en fase de exploración inicial en la vía a la parroquia Las Pampas, subtrópico de Sigchos.

También se suma al proyecto de oro, plata y cobre La Plata, que Atico Mining Corporación desarrolla en etapa de exploración avanzada en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, subtrópico de Sigchos.

El megaproyecto Sigchos ya fue promocionado por la Enami (empresa minera) en marzo de 2019, pero ante la protesta de las organizaciones comunitarias de Sigchos lideradas por William Sacatoro, presidente del Gobierno Parroquial de Isinliví, en agosto de ese año, el tema quedó en silencio y el líder fue enjuiciado. Sin embargo, el 29 de junio de 2021 la Enami retomó la promoción y esto activó nuevamente las alertas en el cantón.

Sacatoro sostiene que el megaproyecto minero Sigchos devastaría las montañas “sagradas” de La Provincia, Guantualó, Quinticusig, Wingopana, Cerro Azul y los páramos de Samilpamba, Quilapamba, Guantuloma y Yanarumi. Asevera que aquello acabaría con las fuentes de agua.

Como ejemplo, señaló que en los páramos de Samilpamba, Quilapamba, Guantuloma y Yanarumi nace el líquido vital que la Junta de Agua de Malinguapamba y Tunguchí lleva para abastecer a los alrededor de dos mil habitantes de seis comunidades: Guantuloma, Quilapamba, Quintatunguiche, El Salado, La Provincia y Malinguapamba.

El sábado 3 de julio de 2021, los representantes de diez organizaciones comunitarias del cantón se reunieron en Sigchos con la asambleísta de Cotopaxi Gissella Molina, integrante de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, quien también se opone a la explotación minera.

Pablo Aulestia, asesor de la asambleísta, informó que la legisladora está impulsando reformas a la Ley de Minería para que, por ejemplo, la remediación ambiental esté a cargo de las empresas mineras y no del Estado ecuatoriano.

“De cada dólar de ganancia, 90 centavos se llevan las empresas mineras y solo 10 quedan para el país, pero la remediación ambiental cuesta tres veces más de lo que supuestamente se gana, agua queda contaminada”, añadió.

Gissella Molina alertó que, incluso sin la minería, “es posible que Sigchos se quede sin agua en cinco años” debido a que las fuentes se han reducido por el daño a los páramos causado por las actividades humanas.

“Hay que ver cuántos afluentes quedan y cuántos están contaminados (…) Depende de ustedes, sí la población dice no a la minería, nadie puede venir a explotar”, expresó.

“Las enfermedades gastrointestinales, cancerígenas y catastróficas se generan más en las zonas de explotación minera, añadió Pablo Aulestia.

El asesor también pidió a la población no dejarse convencer por la promesa de trabajo en las empresas mineras. “La actividad minera necesita personal calificado y en Sigchos no hay personas formadas para esos puestos”, aseveró.

Aulestia aclaró que los proyectos que ya están concesionados no pueden ser rechazados a menos que se consiga acciones legales, pero que en aquellos que aún no están concesionados el Estado está en la obligación legal de primero consultar a la población.

Según el asesor parlamentario, la población debe presionar al Municipio, porque, según aseveró, esa entidad tenía a cargo 35 concesiones.

Pablo Aulestia aseveró que se vienen 16 concesiones más para Cotopaxi entre minería metálica, pétrea y de libre aprovechamiento. Y reveló que durante el gobierno de Lenín Moreno se incrementaron las concesiones en una cantidad alta (2.973) y sin criterio técnico.

“En Ecuador, en 2017 había 1.063 concesiones mineras, y había 4.063 al cerrar el periodo de Lenín Moreno (…) Se debe transparentar la información, no hay información actualizada desde 2019 ni en el Ministerio del Ambiente, ni el Ministerio de Energía ni en la Agencia de Regulación y Control Minero”, dijo.

“La lucha contra la minería se la debe hacer de manera técnica (…) Se debe quitar de la ley el criterio de que cuando el gobierno decida que un proyecto minero es de interés nacional, por más que está en área protegida, se lo haga a como dé lugar (…) La sociabilización de los proyectos mineros se la debe efectuar ante toda la población, no solo ante un dirigente”, explicó.

Alba Zurita, también asesora de Gissella Molina, comunicó que el 28 de junio la asambleísta se reunió con la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) y consiguió el apoyo técnico de sus 69 organizaciones para evaluar las concesiones mineras en Sigchos, La Maná y Pangua.

Franklin Mena, concejal urbano del vecino cantón La Maná, invitado al evento, aseveró que la minería que se realiza en la parroquia El Tingo La Esperanza, subtrópico de Pujilí, “mata los peces” y afecta a la urbe lamanense.

“Sigchos es un territorio altamente sensible, el Concejo Municipal debe declarar a Sigchos como zona de protección hídrica. Hay déficit de agua en el cantón y a las pocas fuentes que quedan se las debe proteger. El arsénico que se utiliza en la minería es un metal pesado, envenena el agua y produce cáncer, cáncer de próstata y otras enfermedades. También se utiliza Mercurio y Cianuro”, manifestó.

William Sacatoro insistió que los moradores están preocupados por la reactivación del proyecto minero Sigchos por parte de la Enami. Planteó que esa entidad envíe técnicos al cantón para que expliquen en detalle a los habitantes el impacto de la minería, les consulte si están de acuerdo o no y respeten el pronunciamiento de la población.

“En agosto de 2019 ya protagonizamos un paro contra el Alcalde (Hugo Argüello) con el apoyo de los GAD parroquiales. Los municipios tienen la competencia de dar el permiso de uso de suelo, ellos conocen y no han avisado a la población. Y hoy, sorpresa, nuevamente están ubicando inversionistas”, dijo.

Alerta en Sigchos por nuevo megaproyecto minero

Ecuador

RESOLUCIONES ASAMBLEA GUALEL

El día sábado 19 de junio del 2021, y en respuesta a la convocatorias del comité defensa del agua y los
páramos de Gualel y contando con la participación de los pueblos de fierrourco, representantes de las
parroquias del noroccidente, del pueblo Saraguro, del comité de la defensa del agua y de los pueblos
montubios de Portovelo, del pueblo Huancavilca, de Catamayo, de los colectivos de defensa del agua
de la ciudad de Loja, se dio inicio a la jornada por la unidad, el agua y la libertad a 14 dirigentes
criminalizados de Gualel.
Múltiples voces aquí, han denunciado a estas megaempresas de la devastación (Guayacan gold,
cornestone y sol gold), que bajo el membrete espurio de la minería responsable, y de que traen
el progreso y el desarrollo, pretenden esconder y legitimar sus métodos de división y enfrentamiento
de un pueblo, de instalar la violencia para procedera la apropiación, al saqueo, a la colonización y
luego devastación de un territorio para extraer los minerales de sus entrañas, destruyendo las
entrañas de la madre tierra.
Señalando que esta no solo es una lucha, nos hallamos frente a una situación de emergencia, no
solo las empresas deben parar la criminalización, es hora de que les exijamos que se vayan, con fuerza,
con propiedad, con los principios ancestrales de justicia que nos asisten a partir de una prolongada
y milenaria guardianía y ocupación del territorio, junto a los principios constitucionales que nos
asisten.
Acordando trabajar arduamente para forjar principios y procesos de unidad, unidad de las
parroquias del noroccidente, unidad de los pueblos que habitan los tres flancos del fierrourco:
Ambocas, Paltas y Saraguros, unidad de un frente urbano por la defensa del agua y los alimentos, y
unidad de los pueblos de las seis provincias de la región sur.RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA
• Exigir el cese de los procesos de judicialización a 14 dirigentes de Gualel por parte de las empresas
mineras extranjeras
• Impulsar una acción de protección constitucional, a las acciones de prospección minera en los
páramos de fierrourco que son fuentes de agua, y ante la falta de consulta previa libre e informada.
• Exigir el cumplimiento de la resolución de cantón Loja libre de minería metálica, y que el PDOT
Cantonal, responda plenamente al alcance de esta resolución
• Exigir que el Gad provincial, MAG y MAE, atiendan las necesidades de las parroquias Gualel y del
noroccidente y denunciar su posición chantajista de condicionar sus ayudas a estas poblaciones si
es que no se subordinan a las empresas mineras.
• Exigir que el GAD parroquial de Gualel, atiende las demandas de su pueblo en pie de lucha por ladefensa del agua y que deje de ponerse al servicio
de las empresas mineras
• Exigir la salida de las empresas mineras del territorio de fierrourco y del país.
• Apoyar las demandas de la carta urgente al presidente Lasso y autoridades electas, pidiendo
el cese de las actividades de minería metálica en fuentes de agua y territorios de producción de
alimentos, a presenta por parte de la plataforma de organizaciones defensoras del agua y la
soberanía alimentaria de la región sur.
• Ratificar que los pueblos de fierrourco ya hemos decidido decir no la minería metálica, si al agua.

Fierro Urco: agua y libertad

Criminalización de la protesta, Ecuador

449 defensores de derechos humanos han sido amenazados y hostigados en Ecuador

Alejandro Pérez 25/06/2021
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos pide al nuevo gobierno revisar los casos de los defensores de los derechos humanos que fueron asesinados en el pasado. (Alejandro Pérez)

El 17 de marzo de 2021, Andrés Durazno fue asesinado con varias puñaladas fuera de su domicilio en Llantacuro, provincia de Azuay. Él era presidente del sistema comunitario de agua y riego de Molleturo-Río Blanco y activista ambiental.

Aunque todavía se investiga el móvil del crimen, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dice que su muerte hay que entenderla en el contexto de lucha y conflicto del proyecto minero Río Blanco, a cargo de la empresa china Junefield.

La historia de Andrés Durazno es un espejo de lo ocurrido con Freddy Taish, dirigente shuar que se oponía a la minería en Morona Santiago, en 2013. Y similar a lo ocurrido con José Tendentza, asesinado en 2014, cerca del proyecto minero a gran escala Mirador, en Zamora Chinchipe.

Son tres crímenes en la impunidad que la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos pide al nuevo gobierno revisar, para que no se vuelvan a repetir con otros 449 activistas que estarían amenazados, hostigados y criminalizados.

Esta Alianza acaba de presentar un informe sobre estos casos, que fue entregado a varias instituciones como Secretaría de Derechos Humanos, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Ambiente, entre otros.

“Atender la situación de las personas defensoras es urgente. No es posible que en el Ecuador no exista ningún tipo de garantía para la protección de quienes buscan defender derechos y detener los abusos de poder”, dijo Sofía Jarrín, asesora de Amazon Watch y parte de la Alianza.

Este informe marcaría los retos y desafíos en materia de derechos que los anteriores gobiernos no atendieron. Por un lado, Guillermo Lasso se ha comprometido a dialogar y hacer cumplir todas las garantías constitucionales pero, por otro lado, el fisco requerirá de ingresos que generen estas industrias extractivas.

En su mayoría, los conflictos y amenazas para activistas son por las actividades mineras, según describe el reporte. También está el tema de extracción petrolera y derrames en la Amazonía y actividades como la agroindustria, como es el caso de Furukawa.

Se citan los casos, por ejemplo, del Pueblo Shuar Arutam que cuenta con un territorio ancestral de 230 mil hectáreas en la Cordillera del Cóndor, donde algunas empresas han iniciado fases de exploración de minerales. Entro otros, describe el caso de Pacto, al norte de Pichincha, y el conflicto de Buenos Aires, en Imbabura.

“Hemos recibido amenazas de muerte. El gobierno debe escucharnos. Nosotros como pueblos originarios hemos dicho que no queremos ser consultados y que las empresas deben dejar nuestro territorio”, dijo en rueda de prensa la presidenta del pueblo Shuar Arutam, en la presentación del informe.
https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/449-defensores-de-derechos-humanos-han-sido-amenazados-y-hostigados-en-ecuador-NE446780

Ecuador

PIDEN CONSULTA POPULAR CONTRA MINERÍA METÁLICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE QUITO

27/06/2021
El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, dijo que las comunidades están en su 196 día de “resistencia”, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

En el 2018, la UNESCO declaró al Chocó Andino como la séptima reserva de biósfera del Ecuador. “A pesar de esto, el Estado de forma ilegal e inconstitucional ha impuesto 12 concesiones mineras y otras seis se encuentran en trámite, condenando al noroccidente a la devastación y limitando la realización de de decenas de otras prácticas productivas coherentes con la reproductibilidad del bosque” sostienen las Comunidades.

La Manconunidad del Chocó está conformada por las parroquias de Pacto, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito y Gualea, las cuales forman parte del cantón Quito.

Ahora, han solicitado a la Corte Constitucional de Ecuador que de el visto bueno a una propuesta para la convocatoria de una consulta popular que persigue el fin de la minería metálica en áreas protegidas del Distrito Metropolitano de Quito.

En el mes de marzo, Inti Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, lamentó el ingreso de las mineras en la zona para explotar oro, cobre y plata y manifestó: “Hay una fractura social y violenta. Gente se va con los mineros y otra que se mantiene con su forma tradicional de vida como la caña orgánica y la minería, lo cual provoca conflictos y roces en las comunidades”.

Asimismo se producen problemas de inseguridad. “Nuestros pueblos son sitios de paz. Corren peligro los lugares en donde los quiteños salen de vacaciones a bañarse en las cascadas (…) La zona se empieza a volver violenta con tensiones alrededor del agua, el uso del suelo, incluso del acceso a la tierra. Eso nos tiene muy preocupados”.

En un comunicado, la organización precisó el viernes 26 de junio del 2021 que la Corte Constitucional ha avocado conocimiento de la causa correspondiente a una consulta popular presentada por varios vecinos de Quito, en la que solicitan un dictamen en torno a cuatro preguntas que incluiría el plebiscito y que busca la prohibición de la minería metálica.

Con ello pretenden interrumpir esta práctica minera en el subsistema Metropolitano de Áreas Naturales protegidas del Distrito Metropolitano quiteño y en el área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.

La legislación constitucional ecuatoriana establece un plazo de 20 días para que la alta Corte se pronuncie al respecto, contabilizando desde el inicio del respectivo control previo.

El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, explicó este viernes a Efe que las comunidades están en su 196 día de “resistencia“, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

Estas acciones de obstaculización se llevan a cabo tanto en las parroquias del Chocó Andino, como en los territorios de Acus Mashpi, Pachijal, Yunguilla, Camino de los Yumbos, pertenecientes a la parroquia La Victoria.

“Estamos haciendo lo posible para presionar a la Corte para que emita un criterio”, agregó Arcos al precisar que la campaña para impulsar la prohibición de la minería incluye plantones, intervención en redes sociales con la etiqueta #QuitoSinMinería, y el “cuidado de territorios que actualmente se encuentran cerrados“.

“No le estamos pidiendo a la Corte que decida sobre si la minería es buena o mala, este modelo de explotación pone en riesgo a la comunidad“, sostuvo el dirigente comunitario y citó las afectaciones ocasionadas por las actividades extractivas como la contaminación del agua, la división de comunidades y daños a la reserva ambiental.

Por ello, la organización ambiental y vecinal asegura que se mantiene vigilante, “para asegurar nuestro derechos, como habitantes de Quito, a decidir sobre nuestros bosques, áreas verdes y mantenerlos libres de minería”, concluye el comunicado.

El Chocó Andino de Pichincha, provincia de la que Quito es su capital, se convirtió en 2018 en la séptima reserva de la biosfera ecuatoriana por la Unesco.

La reserva trata de garantizar la protección del oso de anteojos o andino, especie emblemática para el Ecuador y la región salpicada por la cordillera suramericana, y comprende una extensión de más de 286 000 hectáreas, lo que representa el 30,31% del territorio de la provincia de Pichincha.
Fuente: EL COMERCIO

Piden consulta popular contra minería metálica en áreas protegidas de Quito

Ecuador

Primeros frutos para la resistencia contra la minería en La Merced de Buenos Aires

Protesta contra la minería en La Merced de Buenos Aires, Ecuador La Merced de Buenos Aires quiere estar libre de minería (© Ivan Castaneira/Agencia Tegantai)
08/06/2021
En Ecuador, un juez acaba de ordenar que la minera Hanrine debe despejar la vía pública en menos de diez días. Considera que las autoridades competentes del control y regulación de actividades mineras en el país han sido incapaces de resolver el conflicto socioambiental que lleva activo más de 40 días en torno a la comunidad de La Merced de Buenos Aires, que se encuentra vigilante y en vilo.

El juez Dr. Manuel Sucuzhañay, de la Unidad Multicompetente de Urcuquí, reconoce un inminente riesgo de vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por quienes pretenden imponer la actividad minera. Por ello, da un plazo de diez días a la empresa minera Hanrine para retirarse de la vía pública que está obstruyendo, y donde vehículos y mineros acampan e impiden el libre paso a los moradores de las comunidades, poniendo en riesgo su salud.

Fue esta urgencia por proteger la salud en un contexto de pandemia y en última instancia la propia vida, lo que dio ánimos a la comunidad a unirse para repeler la amenaza minera y defender su derecho a un ambiente sano y a elegir el modelo de desarrollo que prefieren tener, ligado a las actividades tradicionales de la agroforestería y la ganadería. El área forma parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, un ecosistema único, que forma parte de la bio región Chocó y con una importancia fundamental para la región andina.

El Estado ecuatoriano entregó una concesión minera y una vez más ha dado muestras de incompetencia a la hora de manejar el conflicto suscitado con policía y ejército, una vez que la empresa pretende pasar y la comunidad se niega a permitirlo. La zona fue castigada por una intensa actividad minera ilegal en el pasado, y sus habitantes se resisten a repetir la pesadilla vivida.

Por el momento, el pueblo bonaerense considera las medidas cautelares dictadas por el juez Sucuzhañay una victoria. Es un momento clave, ya que un nuevo gobierno acaba de asumir funciones hace tan sólo dos semanas, y entre otras promesas electorales, el nuevo presidente Guillermo Lasso se comprometió a prohibir la minería.

La comunidad agradece al asambleísta Mario Ruíz, el cual presentó la acción de amparo con el fin de ayudar a evitar que se produjeran más enfrentamientos. En un comunicado, el asambleísta pide que se ejecute la sentencia a la mayor brevedad, así como «soluciones de fondo», y declaró: «La sentencia marca un precedente histórico en que los pueblos a través de la justicia constitucional hacen prevalecer sus derechos frente a las grandes transnacionales». La minera causante del conflicto tiene su raíz en Australia.

A pesar de la buena noticia, Salva la Selva mantiene activa una petición en apoyo de la comunidad que suma casi 92.000 firmas. La carta dirigida a las autoridades exige que “cesen todas las acciones de intimidación contra la población bonaerense y atiendan convenientemente las denuncias, sin criminalizar, acusar sesgadamente, ni prejuzgar al conjunto de la comunidad” garantizando el derecho a la protesta y la resistencia. Además, que aclaren todas las circunstancias de la concesión minera y que se desarrolle un proceso adecuado de consulta incluído el de Consentimiento Previo Libre e Informado CPLI al que tiene derecho la comunidad indígena Awá afectada directamente. Dichos procesos han sido hasta el momento inexistentes.

La parroquia de Buenos Aires solo recobrará la paz cuando se extingan las concesiones mineras impuestas sobre el territorio sin que mediara ningún tipo de consulta. Otra exigencia que sigue abierta es la reparación de los daños infringidos por la actividad de minería ilega habida durante algunos años. Por eso, la vigilancia internacional continúa atenta y seguiremos informando sobre lo que pasa en La Merced de Buenos Aires hasta que el conflicto se resuelva totalmente.
#EcuadorMegadiversoNoMegaminero
#BuenosAiresLibredeMinería
#AguantaBuenosAires
Más información, de la ecuatoriana Alianza por los Derechos Humanos.
https://www.salvalaselva.org/exitos/10244/primeros-frutos-para-la-resistencia-contra-la-mineria-en-la-merced-de-buenos-aires

Ecuador

Imbabura: Sigue conflicto minero y la posturas ambientalistas y pro mineros

Las posiciones sobre la minería en Imbabura son diametralmente opuestas entre los ambientalistas y los pro mineros. En ENtv estuvieron José Cueva del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne) y Franklin Soria de Prensa Minera para hablar sobre el tema.

Cueva: “La empresa minera tiene concesión, pero no es legal”

José Cueva, miembro del Observatorio Minero Social Ambiental del Norte del Ecuador (OMASNE), consideró en ENtv que la situación en Buenos Aires es muy delicada.

¿La minería legal es posible como sostiene Prensa Minera?
Quiero recalcar que el trabajo que esta haciendo la así llamada Prensa Minera tiene un fin concreto, un fin específico de generar opinión pública favorable a la minería y para eso no ha escatimado ningún esfuerzo, han victimizado a la comunidad (Buenos Aires, Urcuquí), la califican como mineros ilegales a una población de agricultores y ganaderos.

¿Por que lo dices?
Están desinformando y engañando a la prensa. Te comentaba que hace un tiempo hicieron un reportaje totalmente falso que tuvo que retractarse públicamente Ecuavisa. Son maniobras que hace Prensa Minera con fines concretos y específicos que son favorecer a la empresa Hanrine en este caso, para lograr su objetivo de lograr entrar a la concesión Imba.

¿Cómo está Buenos Aires?
La situación es sumamente grave, sumamente preocupante y yo quiero alertar a la opinión pública y a la ciudadanía que tiene que estar muy pendiente de lo que puede pasar en estos días, porque con la excusa del Estado de Excepción es posible que haya un intento de ingreso violando los derechos humanos de las personas.

Pero de lo que se conoce la empresa Hanrine tiene una concesión legal.
La empresa minera tiene una concesión pero no es legal, porque hay una sentencia de la Corte Provincial de Imbabura que se emitió en 2019 en la cual se expone que estas concesiones son ilegales porque no realizaron el proceso de consulta.

¿La consulta es prioridad?
La Constitución en el Ecuador en el Art. 398 obliga a la realización de la consulta ambiental a las comunidades y no hablo de la consulta previa informada a pueblos y nacionalidades indígenas, yo hablo de la consulta ambiental que se debe realizar a todas las comunidades en donde hay procesos extractivos.

¿La lucha continúa?
Claro mientras haya gente que viva en el campo.

Soria: “Las autoridades deben hacer prevalecer el orden”

Franklin Soria es el responsable de Prensa Minera, portal que tiene un amplio conocimiento de estos temas conflictivos a nivel nacional. Obviamente, su presencia en Buenos Aires ha generado apoyos y detractores, pero Soria se mantiene “al pie del cañón”.

¿Qué se espera del nuevo gobierno?
Las expectativas que ha generado el gobierno de Guillermo Lasso para el sector minero son positivas, porque entendemos que hay, por sobre toda agenda política, una agenda productiva, económica, siendo un motor esencial en cantones del Ecuador. Incluso el rubro que aporta la minería ha superado a la exportación de flores.

¿Qué se demuestra con eso?
Simplemente que el sector productivo de la minería tendrá garantizado la seguridad política, el respeto a la propiedad privada porque el sector minero genera divisas para el Ecuador y encadenamientos productivos.

Pero también se generan disputas y conflictos como en Buenos Aires…
Imbabura es una provincia que tiene larga data de conflictos mineros. Recordemos el escenario de Llurimagua hace más de 20 años cuando estaba Ascendant Cooper. Lamentablemente no ha sido una disputa racional y ha ido al territorio, han sido dos posiciones respetables.

¿Por qué Prensa Minera?
Porque cree y exige una minería responsable nacional y extranjera al contrario de quienes se oponen desde el otro sector. Se ha llevado la disputa al territorio, con puños, agresiones de quienes no piensan como el grupo antiminero que controla la parroquia y hemos sido testigos de los conflictos.

¿Cuándo habrá calma?
Son dinámicas que no van a tener solución, porque en un país donde rigen las leyes no puede haber quien se manifiesta con más fuerza o con mayor número de gente para decir que tienen la razón.

¿Algún llamado puntual?
A las autoridades competentes para que hagan prevalecer el orden. Vimos absortos como la minería ilegal se paseó por las narices de Ibarra sin que se haga nada durante casi dos años.

Imbabura: Sigue conflicto minero y la posturas ambientalistas y pro mineros

Criminalización de la protesta, Ecuador

Andrés Durazno, defensor del agua y de los páramos de Río Blanco en el Azuay

Una vida cegada en el contexto extractivo minero
18/03/2021
Ante la muerte violenta de Andrés Durazno, ocurrida en la comunidad de Río Blanco la noche del 17 de marzo en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, en la provincia del Azuay, expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad a su esposa Fernanda, hijos y demás miembros de la familia y comunidad.

Andrés mantuvo su convicción durante varios años por la defensa de los páramos, las fuentes de agua y la vida, frente al proyecto minero Río Blanco. Era considerado como “guardián del cerro”, por su constante preocupación por el territorio, por evitar que tanto la megaminería, como la minería ilegal se inserten agrediendo los páramos del Macizo del Cajas. Defendió estos territorios que albergan vida y en los que las familias campesinas e indígenas de Río Blanco realizan sus actividades agrícolas y pecuarias, porque del cuidado de sus acuíferos depende su presente y su futuro.

Lo reconocemos como uno de los mentalizadores del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Río Blanco, que se creó con participación de profesores voluntarios de Cuenca y Quito, para apoyar a que jóvenes de la comunidad culminen sus estudios de bachillerato, permanezcan en el territorio, fortalezcan la lucha y defensa del agua y no migren a la ciudad. Con compromiso, posibilitó un espacio dentro de su vivienda para el funcionamiento del mismo.

Este execrable asesinato que bien podría pretender justificarse como de carácter interno a la comunidad, y del que exigimos a la Fiscalía clarifique y transparente las responsabilidades directas e indirectas, no es un hecho aislado. Debe ser entendido dentro del contexto en que ocurre, el de la profundización extractiva. El asedio de la minería no ha parado en la zona, si bien las actividades formales de la subsidiaria ecuatoriana Ecuagoldmining South America S.A, de la empresa china Junefield han estado paralizadas desde 2018, año en que el juez Paúl Serrano aprobó las medidas cautelares solicitadas por las comunidades de Molleturo en su Acción de Protección interpuesta ante el Tribunal de Primera Instancia de Cuenca; y en que se reconoció que la empresa efectivamente violó el derecho constitucional de consulta previa, lo que fue ratificado en apelación por la Corte Provincial del Azuay. El caso está actualmente en la Corte Constitucional para decisión de una acción extraordinaria de protección presentada por el gobierno.

Las mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de las familias defensoras del agua y los páramos han vivido de manera permanente y sistemática acoso en la comunidad por parte de grupos que apoyan la minería calificada legal e ilegal, que se articulan y solapan; a las comunidades de la zona han ingresado muchas veces actores armados (policía e incluso unidades especiales) para dar soporte a los grupos pro mineros. Todo esto ha generado un clima en que la violencia se recrudece y se inserta en la vida cotidiana, en que se patriarcaliza el territorio, y en que se quiebran convicciones con ofrecimientos monetarios; en que el consumo de alcohol también exacerba tensiones internas en las familias.

¿A quién interesa la división y el resquebrajamiento del tejido social? Interesa a aquellos sectores que tratan a toda costa de imponer un modelo de desarrollo extractivo minero en los páramos del Azuay; agrietando y ocasionando fisuras entre familias que se han comprometido con sus vidas y su ejercicio cotidiano a la defensa territorial.

Expresamos nuestro pesar y nuestra solidaridad para con la familia de Andrés Durazno, las familias de la resistencia minera de la parroquia Molleturo duramente afectadas por este suceso y exigimos a la Fiscalía General del Estado, que este hecho no quede en la impunidad. Así mismo exigimos a la Defensoría del Pueblo que cumpla con sus competencias y la obligación establecida en el dictamen del juez de observar el adecuado proceso de abandono de la mina y de la garantía de los derechos humanos de las familias y de la naturaleza, en este territorio.

Andrés sigue vivo en las aguas y el páramo que amó y defendió y en nuestra lucha.

Suscriben este comunicado:

Acción Ecológica
ALAMES Ecuador
Alberto Acosta
Amazon Frontlines
APT Norte
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
Asamblea por el Agua y la vida de Sígsig
Colectiva de Antropólogas del Ecuador
Colectivo Caminantes
Colectivo de Geografía Crítica
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Comunálisis – Ecuador
DECOIN
Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador
Grupo KANAKA
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
Mancomunidad y Bosque Modelo Chocó Andino
OMASNE
Oficina de Derechos de la Naturaleza Ecuador
Profesoras y profesores voluntarios del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk (Guardianes del Agua) de la comunidad de Río Blanco
Proyecto de Vinculación de FLACSO Ecuador en apoyo al Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Saramanta Warmikuna
Yasunidos

Ecuador

El sur de Ecuador prohíbe la minería a gran escala

19/02/2021
El proyecto Loma Larga está ubicado al sur de Ecuador, en la provincia del Azuay. / Imagen: INV Metals.

Los residentes de la ciudad de Cuenca, en el sur de Ecuador, han votado a favor de prohibir las futuras actividades mineras a gran escala en cinco zonas de cuencas hidrográficas cercanas, un área que se extiende por más de 3.100 kilómetros cuadrados y es el hogar de más de 580.000 personas.

Los resultados de la encuesta representan una victoria para Cuenca, en la provincia de Azuay, que alberga varios activos mineros, incluido el proyecto aurífero Rio Blanco de Junefield de propiedad china, Sharug de SolGold y la canadiense INV Metals, y el proyecto Loma Larga.

La ciudad de Cuenca, la tercera más grande del país, presionó el año pasado para que se celebrara el referéndum sobre si las comunidades podían decidir o no el destino de los proyectos mineros en la zona.

El máximo tribunal de Ecuador otorgó una victoria a la comunidad, lo que les permitió fijar una fecha para votar. Más del 80% del electorado votó a favor de la prohibición, que según los defensores refuerza “los derechos de la naturaleza”, garantizados por la Constitución del país de 2008.

El resultado del referéndum es legalmente vinculante, lo que significa que el próximo presidente de Ecuador tendrá que implementarlo.

El país se encamina hacia una segunda vuelta presidencial en abril, ya que los resultados de las elecciones de este mes siguen siendo controvertidos.

El candidato indígena de izquierda Yaku Pérez, un abogado ambientalista, obtuvo el 19.38% de los votos en las elecciones del 7 de febrero. Eso es solo 33,000 votos detrás de su rival en segundo lugar, el exbanquero de derecha Guillermo Lasso.

Pérez, un opositor de la minería cerca de las cuencas hidrográficas, alega que hubo un fraude para mantenerlo fuera de la segunda vuelta. Fue desplazado por estrecho margen por Lasso del segundo al tercer lugar a la mitad del conteo, ahora detenido.
Más de 40 proyectos en el limbo

Si bien aún no hay grandes minas operando en el área, los resultados del voto popular podrían descarrilar más de 40 concesiones de cobre, oro y plata.

“Eso es discutible”, dijo el abogado de minería Xavier Andrade a Bloomberg News la semana pasada. “¿Quién realizará la exploración si no se puede recuperar la inversión? (…) Todo esto terminará en otra batalla legal ante la Corte Constitucional”, dijo.

Ecuador ha ganado terreno como destino de inversión minera en los últimos dos años, pero la oposición podría frustrar el plan del gobierno de atraer USD 3.7 mil millones en inversiones mineras para 2022.

El año pasado, la minería en Ecuador generó USD 810 millones en exportaciones, USD 430 millones en impuestos y USD 374 millones en inversión extranjera directa.
Fuente: Mining Dot Com

El sur de Ecuador prohíbe la minería a gran escala