La querella fue presentada por el economista Julián Alcayaga, en representación de la “ONG Chile-Cobre” y patrocinada por la abogada Hilda Cerda. Se denuncian dos principales hechos.
El primero tiene que ver con pérdidas por US$ 4.670 millones de dólares en mercado de futuros especulativos del cobre, en operaciones realizadas entre los años 2005 y 2007, pero cuyas pérdidas se concretaron entre los años 2006 y 2012. Estas pérdidas se mantuvieron en secreto incluso para la Superintendencia de Valores y Seguros, hasta que a fines del año 2010, el Sr. Andrés Tagle, ex Director de Codelco, revelara su existencia.
En 1994, en el juicio que se llevó en contra de J.P. Dávila, fue demostrado que las pérdidas en estos mercados no se producen porque no se supo prever el precio a futuro del cobre, si no porque se pierde deliberadamente en favor de determinados operadores que pagan una suculenta comisión. Las actuales pérdidas de Codelco en mercados de futuro, tienen el mismo objetivo que las del tiempo de Dávila, pero con el agravante que ahora estas representan 27 veces más que las del tiempo de Dávila.
COMUNICADO PUBLICO: Caso de los Desechos Mineros en el sector de los Altos de Copaquilla
Pancartas esparcidas a lo largo de calles de tierra de la pequeña localidad norteña de Caimanes en Chile advierten sobre la batalla que libran vecinos contra la productora de cobre Antofagasta Minerals por el más preciado recurso: el agua.
A mediados de marzo, la municipalidad de Antofagasta ordenó la demolición de uno de los galpones de acopio de concentrado de cobre, perteneciente a la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI) del Grupo Luksic, ubicada en el puerto de la ciudad. Esta acción se funda en que la edificación ocupa parte de terreno de uso público. Sin embargo, el Primer Juzgado Civil de Antofagasta dictó orden de no innovar y paralizó el decreto de demolición pues causaría perjuicios irreparables a la compañía.
La organización Alerta Isla Riesco realizó un spot denunciando la intención de Mina Invierno de realizar tronaduras -explosiones- en el proceso de explotación del carbón existente en el lugar.
PUEBLO DE CAIMANES ESTA SIENDO MILITARIZADO POR EL GOBIERNO DE BACHELET DESDE AYER EN LA TARDE URGENTE ::: URGENTE DIFUSIÓN :::CAIMANES INFORMA
Las organizaciones aunadas en el Movimiento por la Recuperación y Defensa del agua y la vida, convocamos a la III Marcha Nacional por la Recuperación del Agua y la Vida, que se llevará a cabo el 22 de Abril en Valparaíso, para insistir una vez más en la necesidad de derogar el Código de Aguas y poner fin al lucro con el agua. 
El miércoles 25 de marzo, mientras el núcleo frío de altura se manifestaba desde Atacama hasta la región de O’Higgins. El mismo día, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) evacuaba un informe que explicaba la situación por la “afectación de lluvias y aluviones en la zona norte del país”. 
En la Quebrada de la Plata, a una hora de caminata por un árido sendero entre los cerros del extremo poniente de Maipú, había hasta hace poco una cerca de alambre de púas, un letrero que decía “No ingresar. Sólo personal autorizado. Zona de Explotación Minera” y un guardia que con perros impedía el paso. Ni a Marcelo Orellana, hasta hace poco administrador del Fundo Rinconada de la Universidad de Chile (del cual forma parte la quebrada), lo dejaban pasar. Lo mismo le pasó a inspectores de Sernageomin, de la Superintendencia del Medioambiente (SMA) y de la Municipalidad de Maipú: cuando iban a fiscalizar, no les permitían entrar. Así consta en distintos informes. Incluso al alcalde Cristian Vittori le habrían prohibido con perros el ingreso a la Mina Panales, una faena minera que desde 2012 ha operado ilegalmente en terrenos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (FCA) y que ninguna institución ha sido capaz de detener de forma definitiva.
Para nadie es un secreto la emblemática contaminación de Chañaral compuesta por 350 millones de toneladas de relaves mineros provenientes de la gran minería, cuya composición es de diversos componentes químicos y metales pesados, y la responsabilidad legal es la minera estatal CODELCO-CHILE que utilizó la bahía de este puerto como un verdadero tranque natural desde 1938 hasta 1989.