“En Chile hay 5.748 glaciares que cubren más de 22 mil km2. En la zona central, adelgazan dos metros por año y el volumen de hielo es 30% menor que las primeras estimaciones”, explica Gonzalo Barcaza, exjefe de la Unidad de Glaciología y Nieves (UGN) de la Dirección General de Aguas (DGA).

Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, hoy los glaciares están desprotegidos debido al retiro del apoyo del gobierno al proyecto de ley que buscaba su conservación.

“Es preocupante que se retire una moción parlamentaria que obtuvo patrocinio del gobierno anterior y que responde a una inquietud de la sociedad chilena. Es una mala señal”, dice.

Pero desde el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra Marcela Cubillos afirma que la protección de los glaciares sí es una prioridad para el gobierno. “La moción que estaba en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara no otorgaba una eficaz protección a los glaciares y así lo manifestaron no solo sus autores, sino el informe de la Corte Suprema y también del actual contralor y diversas ONG ambientalistas”, explica.

La ministra agrega que la manera más conveniente de procurar una protección adecuada es a través del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, hoy en discusión en el Senado. “El gobierno no apoya esa moción parlamentaria, pero sí respalda la protección jurídica de los glaciares. Además, se iniciará el trabajo hacia una ley marco de cambio climático que por supuesto incorporará el resguardo y el cuidado de los glaciares”.

Pero Larraín critica esa visión: “De lo que se va a preocupar ese proyecto es de las reservas marinas y parques nacionales. Hoy no ha entrado ninguna indicación que establezca que dentro de las áreas protegidas se van a resguardar los glaciares. Hay algunos en parques nacionales, pero en las zonas más críticas, entre Coquimbo y el Maule, están fuera de áreas protegidas, con la excepción del glaciar El Morado, en el Cajón del Maipo”.

Otro de los factores que contribuyen al conflicto sobre protección de glaciares es el cierre de la Unidad de Glaciología y Nieves creada en 2008 con el propósito de tener información y equipos técnicos para monitorear el estado de los glaciares.

Barcaza, quien hasta marzo de 2018 era jefe de la UGN, dice que la medida es un retroceso en materia técnica y de información sobre glaciares. “Hay cupos que no se repusieron, cupos técnicos, y si no se mantiene la red de monitoreo de glaciares -en la cual se invirtieron ocho mil millones de pesos- va a tener poca vida útil. Ya se perdió una estación por falta de mantención. Se van perdiendo equipos de registro continuo, estaciones fijas que funcionan solas y que hay que mantenerlas, lo que no se ha hecho”.

Juan José Rocco, asesor de la DGA, aclara que no es un cierre, sino una transformación. Explica que la DGA está dando los pasos para que en el corto plazo Glaciología y Nieves se transforme en una división, es decir, en una estructura permanente del Ministerio de Obras Públicas, “porque existe absoluta claridad de la necesidad de proteger y crear conciencia de la importancia de nuestros glaciares”, dice.

Glaciares y minería

El proyecto de ley que protege los glaciares fue retirado, según Larraín, por la “férrea oposición” de las mineras. “Joaquín Villarino (presidente del Consejo Minero) en una carta al director (publicada por La Tercera el jueves) dice que proteger los glaciares dificulta la expansión minera y que el país no se puede dar el lujo de proteger los glaciares. Es muy claro que el mandante de la ministra es el Consejo Minero, si no, la ley podría haberse aprobado perfectamente”, afirma.

Pero Villarino dice que si bien el deber del Consejo Minero es contribuir a la elaboración de políticas públicas, este “no ejerce presiones sobre las autoridades ni boicotea proyectos de ley”.

Agrega que la minería es compatible con la protección de glaciares. “Si un proyecto minero o de cualquier naturaleza es susceptible de afectar un activo ambiental, como un glaciar por ejemplo, se debe evaluar antes su impacto y se exigen las medidas de mitigación y/o compensación pertinentes”. Villarino añade que “las empresas mineras no son las causantes de la acentuada disminución de la superficie glaciar como han querido hacer creer algunos. El culpable es el cambio climático”.

Sin embargo, Larraín explica que la minería es responsable directa de la destrucción de los glaciares y menciona los impactos negativos que tiene: “La minería los perfora, hace plataformas de exploración y caminos encima de ellos. En la etapa de explotación de la mina, los glaciares se dinamitan, se contaminan con derrames de aceite, petróleo y, además, el polvo en suspensión los cubre, lo que los oscurece y con eso aumenta la tasa de derretimiento”.

Respecto de la escasez de agua, Villarino dice que si hay un impacto que afecte la disponibilidad hídrica de una cuenca, el proyecto debe hacerse cargo adecuando su emplazamiento, diseño o tecnologías. Si lo anterior es insuficiente, se deberán adoptar medidas de compensación.

“Es muy grave lo que está pasando. En un contexto de cambio climático, la responsabilidad de reducir vulnerabilidades del país es del gobierno. Pero si tiene una agenda con una prioridad pro inversión, es obvio que proteger el agua y los glaciares afecta el negocio. El país puede vivir sin minería, pero no puede vivir sin agua”, afirma Larraín.

Fuente:http://www.latercera.com/tendencias/noticia/guerra-fria-los-glaciares/228576/

Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado.

Seguir leyendo esta noticia en el siguiente enlace :http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/06/28/derechos-de-agua-el-impacto-de-minera-escondida-en-el-salar-de-atacama/

Presentamos aquí un artículo que ilustra sobre condiciones y algunos detalles de un típico proceso de “cambio de manos” -y de responsabilidades- de una empresa megaminera para con sus trabajadores y para el país que las recibe. La gran producción inicial se acaba, los márgenes de ganancia se reducen,… y resulta más prudente vender todo a consorcios de accionistas ignotos antes de ingresar a los años finales cargados de despidos, reclamos y demás “incomodidades”.

Un ejemplo más de qué se esconde realmente detrás del slogan “responsabilidad social empresaria”.

Reproducimos aquí la nota del sitio elmostrador.cl, titulada “BHP acuerda venta de mina de cobre Cerro Colorado a fondo de capital privado EMR”.

EMR Capital Advisors Pty, una firma de capital privado que invierte en recursos naturales, está cerca de un acuerdo para comprar la operación cuprífera Cerro Colorado de BHP Billiton Ltd. en Chile.

La adquisición por parte de EMR, con sede en Melbourne, pondría fin a un largo esfuerzo de la mayor minera del mundo por deshacerse del activo, de acuerdo con las personas, que hablaron a condición de permanecer en el anonimato ya que los detalles son privados. El pacto podría anunciarse incluso el martes, dijeron, sin revelar el precio. Deutsche Bank AG dijo en un informe el año pasado que el activo podría alcanzar los US$800 millones.

La mina en el norte de Chile produjo alrededor de 65.000 toneladas métricas de cobre en doce meses hasta finales de junio de 2017, y tiene opciones que podrían expandir su vida útil durante decenios, de acuerdo con informes de BHP a las autoridades reguladoras. BHP, con sede en Melbourne, va a desinvertir de su mina de cobre más pequeña para centrarse únicamente en grandes operaciones de sus cuatro materias primas clave.

Los representantes de BHP y EMR rehusaron hacer comentarios.

EMR, que el año pasado adquirió el control de la mina de cobre Lubambe en Zambia, es un “gran creyente” del metal y ha estado estudiando más posibles ofertas, dijo el máximo responsable Jason Chang en una entrevista en agosto. En marzo, el fondo se asoció con PT Adaro Energy de Indonesia en un acuerdo de US $2.250 millones por la operación de carbón Kestrel de Rio Tinto Group en Australia.

Los productores de cobre, entre ellos Rio, han estado advirtiendo sobre un anticipado déficit de mercado, que disparará los precios a principios de la próxima década a medida que la creciente demanda choca con la falta de suministros nuevos. Mitsubishi Corp. ha llegado a un acuerdo de US$600 millones con Anglo American Plc para aumentar su participación en el proyecto de cobre Quellaveco en Perú.

La licencia ambiental de Cerro Colorado expira en 2023, después de lo cual se deberán negociar nuevas condiciones para el uso
de agua. Las partes interesadas ya contabilizaron el asunto en sus ofertas, dijo el presidente de operaciones minerales para las Américas de BHP, Daniel Malchuk, en una entrevista en marzo.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41323-mineras-evitan-riesgos-nos-queda-chica-ya-no-nos-interesa

Luego de anunciarse el retiro del proyecto, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aseguró que estos serán incluidos en el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, su creación aún está en trámite en el Congreso y no se ha definido la jerarquía que tendrá la institución ante otros cuerpos legales que regulan inversiones, como lo son proyectos mineros o concesiones eléctricas.

Por ahora, los más de 24 mil glaciares del país, que en total abarcan cerca de 23.641 km2 de superficie, no cuentan con ninguna política pública que regule de forma concreta su cuidado, mantención y protección para evitar que puedan ser vulnerados por proyectos extractivitas.

Desde la ONG Greenpeace fueron enfáticos en rechazar el proyecto desde que este sufrió indicaciones que desviaron su intención de protección inicial, pues consideraban que los cambios aplicados ya no aseguraban la conservación de los glaciares.

Esta acusación fue reafirmada también por la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues ambas instituciones habían manifestado que de aprobarse la ley esta permitiría su explotación.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Estefanía González, coordinadora de océanos de Greenpeace, comentó que luego de este apropiado retiro se debe hacer pronto una nueva política pública, pero incluyendo a la comunidad.

Además, señaló que un nuevo proyecto debe hacerse cargo de los daños que está generando la minería a estas reservas de agua: “Cuando uno propone medidas de protección no nacen porque sí, es porque hay una amenaza inminente que genera un peligro de destrucción en las zonas, como el caso de la minería en el norte del país (…) Hoy cualquier proyecto se debe hacer cargo de esa amenaza que significa la minería en el norte, cualquier tipo de proyecto que no nazca desde ahí, que no sea consultado, no va a tener ningún tipo de beneficio para el medio ambiente ni para quienes están afectados”.

Por otra parte, señaló que se debe estar atentos a la inclusión de los glaciares en el proyecto de ley sobre el Servicio de Biodiversidad, porque si bien se ha ofrecido su incorporación, esta medida sigue paralizada por presentar cientos de indicaciones a su documento original.

Respecto al panorama a nivel político, González aseguró que, si bien el gobierno actual está trabajando bajo una agenda pro inversión, la protección del medio ambiente no ha sido prioridad para ningún gobierno anterior, por lo que el problema no radica solo en el mandato actual, sino que ha sido continuado en el tiempo. Por esto, manifestó que es vital que las comunidades se sigan haciendo escuchar para poder proteger sus territorios.

El glaciólogo de la Universidad de Chile, Fernando Ferrando, también se manifestó a favor del retiro del proyecto y afirmó que se debe generar otro pero, que esta vez, incluya algo más que solo a los glaciares, pues el entorno que los rodea también es muy importante de preservar.

Sobre un nuevo proyecto de protección, Ferrando afirmó que este debe dejar de distinguir entre ciertas reservas estratégicas u otras, pues todas deben serlo y, por lo tanto, todos los glaciares deben estar protegidos. En ese contexto, afirmó que se debe incluir el cuidado de los entornos y ecosistemas que dependen de los glaciares, pues todo en su conjunto es lo que garantiza el correcto funcionamiento del medio.

El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo indicó que bajo el contexto medioambiental que enfrenta el mundo hoy, estas reservas de agua podrían ser claves si se continua con la sequía que se viene desarrollando hasta ahora.

“Estamos en un contexto climático global en que las reservas de agua se transforman en una zona estratégica para todo el mundo, y proteger los glaciares significa tener un regulador natural de los suministros de agua a los sistemas naturales”, aseguró, agregando que su mantención garantiza la disponibilidad de recursos cuando no hay agua o se desarrollan periodos de sequía.

Por su parte, ante la posibilidad de crear políticas de protección, las organizaciones mineras han sido críticas, argumentando que esto podría imposibilitar la tarea de la minera, perjudicando así la actividad económica del país.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, manifestó que de concretarse una ley esto no sería así, y que los reclamos solo responden al deseo de las organizaciones mineras de seguir actuando libremente, pero aseguró que no se puede seguir en la misma dirección que hasta ahora.

Según comentó, el sector minero está acostumbrado a tener libertad de acción sobre los territorios y, aunque una ley de protección podría limitar cierta parte de la minería, esto no acabaría de ninguna forma con ella, por lo que los argumentos empleados no deben sobreponerse a los de las comunidades que buscan mejorar las políticas actuales.

“Yo creo que estamos en una situación donde el país debe recuperar poder decisión para decir que en estas zonas no se puede desarrollar minería y eso es lo que debemos hacer prevalecer, donde los ciudadanos y los territorios vayan teniendo mas poder de decisión en esas legislaciones”, comentó, agregando que de no hacer algo frente a la situación actual “estamos hipotecando las posibilidades de vida de mucha gente en el futuro”.

Además, aseguró que de concretarse el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, este debe garantizar la inclusión de todos los glaciares y no solo de los que estén presentes en parques nacionales o ciertos territorios, como pensaba hacerlo la ley recientemente retirada.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/06/25/glaciares-en-chile-expertos-analizan-su-futura-proteccion/

Luego de varios meses de discusión y de diversas críticas de organizaciones medioambientales y sociales por el trasfondo del proyecto, la iniciativa fue revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados, donde luego del anuncio del gobierno de que no habría recursos, esta se retiró.

El proyecto de Ley de Protección de Glaciares impulsado por un amplio grupo de diputados, y que llevaba cuatro años de tramitación en el Congreso, enfrentando una férrea oposición del Consejo Minero, fue retirado ayer por la Ministra Cubillos, en coherencia con la lógica del gobierno de favorecer la inversión a cualquier costo.

En la misma línea, el gobierno de Sebastián Piñera eliminó la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas, para crear el Registro Nacional de Glaciares e identificar potenciales efectos de actividades humanas en los glaciares.

La minería pública y privada – división Andina de Codelco, Los Bronces de Anglo American, Pascua Lama de Barrick Gold y Pelambres de Antofagasta Minerals, entre otras están desde la década de los 90 destruyendo glaciares en la Cordillera de Los Andes en el norte y centro del país.

El proyecto de ley constituía un avance hacia el reconocimiento jurídico de este patrimonio natural y podía ser mejorado en la sala de la Cámara a través de la reposición de indicaciones y en el Senado. Pero la voluntad del gobierno implicó un corte en el camino avanzado. Hoy nos quedamos como estábamos el año 2005, época en que se aprobó Pascua Lama. Los glaciares siguen en tierra de nadie, por tanto explotables y destruibles.

Los gobiernos no han estado a la altura para proteger este patrimonio de reservas hídricas. Hoy, en un contexto de cambio climático, los glaciares se tornan indispensables para los ecosistemas y el acceso al agua de las comunidades, las ciudades y la agricultura. Esperamos que la Cámara apruebe la moción para la protección de glaciares que están por votarse en el Congreso. De lo contrario estaremos agravando la inseguridad hídrica que enfrenta el país.

Fuente:http://www.latercera.com/opinion/noticia/pinera-mineros-glaciares/216286/

Su cercanía con Rafael Guilisasti, presidente del directorio de las sociedades Cascadas de Julio Ponce Lerou, y su paso por la agencia Paréntesis, siguen causándole un gran dolor de cabeza al vicepresidente ejecutivo de Corfo. Ahora fue el turno de los diputados de la Comisión de Minería y Energía, quienes lo emplazaron a transparentar sus nexos y a inhabilitarse en caso de haber conflictos de intereses, solicitud que provino hasta desde parlamentarios de Chile Vamos. La Corfo en tanto confirmó que encargará un informe en derecho, redoblando el blindaje ante eventuales críticas.

La sombra de los conflictos de intereses con Soquimich le sigue penando al Vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) Sebastián Sichel. Este miércoles llegó junto al Fiscal Nacional Económico , Felipe Irarrázabal Philippi y la fiscal de Corfo María Elina Cruz hasta la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados…

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La empresa, que pertenece a grupo Luksic, pretende operar hasta el 2031, alcanzando los 176 mil toneladas anuales de cobre. Si sabemos que por una tonelada de cobre genera 100 toneladas de relaves mineros, esperamos que también informen a la comunidad cómo esperar tratar la sideral cantidad de relaves que se producirán y cómo esperan remediar la contaminación que se generará.

Ya han ingresado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), donde exponen que el objetivo es extender las operaciones hasta 2031. Lunes 04 de Junio de 2018.- Una inversión estimada en US$100 millones es lo que Antofagasta Minerals y Barrick esperan destinar para la continuidad operacional de Zaldívar, mina de cobre operada por la minera del grupo Luksic.

Así lo comunicaron en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que este jueves 31 ingresaron a trámite y donde explican que el objetivo es extender las operaciones hasta 2031, manteniendo el ritmo actual de extracción de 260 mil toneladas diarias de material, para producir 176 mil toneladas anuales de cobre. Para lograr este objetivo, requieren elevar el muro del depósito actual de relaves; elevar la altura y la capacidad del botadero principal de estéril, ampliando, a su vez, la pila de lixiviación secundaria de ripios y el relleno sanitario.

El proyecto considera extender extracción de agua desde el campo de pozos de Negrillar. La estimación es estar en condiciones de iniciar esta nueva etapa en 2022, considerando una dotación de 1.700 personas. Los dos primeros años corresponderán a la fase de construcción de obras necesarias para el proyecto. Posteriormente, la operación tendrá una duración de ocho años.

Fuente:http://relaves.org/Posts/2018-06-05.html

Su más rotundo rechazo manifestó la Comunidad Indígena Territorial de Belén, comuna de Putre, Región Arica y Parinacota, frente la realización de exploraciones mineras en el sector de Millune y su entorno, por parte de la transnacional Río Tinto, empresa de capitales anglo australianos.

La situación alertó a la organización territorial, que en asamblea rechazó este tipo de intervención por el inminente daño socioambiental que provocaría la actividad minera en la precordillera, solicitando información formalmente sobre el proyecto a Río Tinto.

“La Comunidad Indígena Territorial de Belén, como dueña, protectora y defensora de su territorio y patrimonio, cuidadosa y respetuosa de nuestra Pachamama (Madre Tierra) se opone firme e irrevocablemente al desarrollo de la industria minera en el territorio de Belén, la comunidad conoce el daño irreparable e invaluable que esta actividad económica provoca al medio ambiente, sus recursos naturales, al patrimonio y a la salud de las personas”, señala la comunidad en la carta enviada a la sede Chile de la transnacional minera.

Sin embargo, la empresa respondió sin entregar el proyecto, indicando que el Código Minero permite al concesionario “catar y cavar libremente en terrenos abiertos e incultos, cualquiera sea su dueño”.  Añade en la misiva que se hallan en una etapa temprana de exploraciones, que implica perforar cuatro plataformas de sondajes.

Ante esta situación la comunidad de Belén se mantiene en alerta y no descartando nuevas acciones para conocer el detalle del proyecto que se despliega en su territorio ancestral.

Cabe destacar que Río Tinto posee el 30% de la propiedad de Escondida y lleva más de 20 años realizando exploraciones en Chile, con iniciativas como Palmani, Mamuta en la Región.