La firma canadiense South American Silver confirmó que reclama una indemnización de 385,7 millones de dólares al Estado boliviano, por la reversión de la concesión del yacimiento Mallku Khota a su empresa subsidiaria del mismo nombre.
El 1 de agosto de 2012, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 1308 de expropiación de Malku Khota, un área minera rica en plata, indio y galio.
El 22 de octubre de ese año, la compañía de Canadá notificó al Estado sobre la existencia de controversia al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones con Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el 30 de abril de 2013 inició el arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, bajo el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Si bien, en comparación con otros tipos de conflicto, los casos mineros no son los más numerosos (4 % del total, entre 2010 y 2014), su cantidad se ha ido incrementando en el tiempo. Además, presentan importantes niveles de violencia, no solo por la radicalidad de las medidas de presión, sino también porque en repetidas oportunidades se han producido enfrentamientos entre partes.
Comunarios del Cantón Tarapaya del municipio Yocalla de la provincia Tomás Frías del departamento de Potosí, denunciaron la muerte de sus animales por beber las aguas del río del mismo nombre. Señalaron está contaminado porque los ingenios mineros votan sus desechos químicos a ese afluente.
El Segundo Encuentro Nacional de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), que se desarrolló en Machacamarca del departamento de Oruro, las mujeres originarias de comunidades de los departamentos de Oruro, La Paz y Potosí pidieron terminar con la violencia medioambiental contra ellas.
El secretario de la subcentral Tarapaya de la provincia Tomás Frías de Potosí, Félix Mamani, denunció que cooperativas mineras vertieron el día domingo, desechos tóxicos en el río que fluye por su región afectando los cultivos, los animales y las personas, reportó radio Aclo.
El ambientalista Eduardo Gudynas sostuvo, en una de sus visitas a Bolivia, que no existe actividad minera (extractivista, en realidad) que sea «menos” contaminante para la naturaleza y que en temas de medio ambiente es difícil hablar de «daños menores” (o menos malos).
Las aguas de la mina San José son extremadamente ácidas –tienen un pH de 1,0 a 1,2, una fuerte concentración de metales pesados y una elevada acumulación de sedimentos totales–, en comparación con las aguas de los drenajes de otras explotaciones mineras.
La empresa Minera de inversión Subo abandonó labores de explotación de manganeso en la comunidad Rio Mulatos (Potosí), lo que provocó que pobladores de la región se declaren en alerta, debido a deuda de haberes y por la presencia de altos índices de contaminación ambiental.
El modelo minero actualmente sigue siendo neoliberal. La actividad minera es un gran negocio que enriquece a los dueños de las empresas y a todos sus accionistas. Según el periódico La Razón (20 abril 2014), Bolivia exportó minerales en 2013 a 46 países por un valor de $us 3.083 millones y, de esta cantidad, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur concentraron el 54% de las ventas. Sin embargo, el número de países a los que se comercializa estos productos disminuyó, pues en 2012 eran 52. Según el Anuario Estadístico de Comibol 2013, los principales destinos de los minerales de exportación en el continente americano son Canadá, Estados Unidos y Perú. En Europa son cinco países: Bélgica, España, Inglaterra, Suiza y Holanda. En Asia están China, Corea del Sur y Japón. Otro mercado es Australia, en Oceanía.
La Fundación UNIR publicó una investigación que presenta «ocho miradas» sobre la conflictividad minera en Bolivia. El trabajo propone distintas formas de encararla. Derecho a un medio ambiente sano y consulta previa son dos de las supuestas vulneraciones a derechos indígenas que detonaron más de 20 conflictos entre el sector minero y pueblos originarios.