La empresa Minera Alumbrera dijo que respeta el fallo, pero no comparte la detención de las operaciones. Micone va hoy a Diputados.

Trabajadores de la empresa Minera Alumbrera, nucleados en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) realizaron ayer una protesta frente a la Cámara Federal de Tucumán para pedir celeridad en la causa y pedir que los estudios ambientales que deban realizarse sean con los yacimientos en actividad.
Diego Herrera, secretario general de AOMA, filial Catamarca, dijo que el motivo primordial de la protesta fue porque el fallo «es desproporcionado, porque entendemos que se podrían realizar los estudios y mantener la actividad».
En este sentido, comentó que presentaron un petitorio ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal para pedir que se deje sin efecto la orden de frenar la producción de los yacimientos de Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno.
De igual modo, señaló que la empresa se comprometió a garantizar el pago de sueldos. «Pero esto merece una solución inmediata para dar las garantías que necesita el trabajador. No nos olvidemos que aquí hay 2.200 familias en juego», indicó.
Después de pasar por la sede de Tribunales Federales, unos 40 empleados manifestaron en la vía pública del centro tucumano.

En la Legislatura
Por otra parte, la empresa Minera Alumbrera no asistió ayer a la reunión de la Comisión de Minería y justificó su ausencia a través de una nota que fue dirigida al presidente de la Comisión, Hugo Navarro.
El gerente de la empresa, Raúl Mentz, confirmó la decisión de cumplir la sentencia, por lo que esta situación “requiere mi presencia en la operación a tiempo completo”.

Seguidamente, la carta expresa: “Más allá del absoluto respeto por la decisión judicial, Minera Alumbrera no comparte ni justifica la detención de las operaciones, atento a los numerosos controles que han ejercido durante años las autoridades de aplicación correspondientes y que demuestran la inexistencia del daño alegado. Minera Alumbrera hará valer sus derechos en los tribunales que corresponda”.
La minera asegura que esta medida “atenta contra la continuidad del empleo de 1.900 argentinos que se desempeñan actualmente en el yacimiento, además de perjudicar a los contratistas, proveedores y a las comunidades vecinas de la zona de influencia del proyecto”.
Ante la ausencia de la empresa, se presentó el secretario de Minería Rodolfo Micone, quien había sido convocado para el martes próximo.
Micone mantuvo un encuentro informal con los integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.
La reunión formal con el pleno de la Comisión será hoy y se tratarán los temas acordados en la reunión de ayer, que giran en torno a los controles ambientales que realiza la Secretaría de Estado de Minería, los seguros presentados por la empresa, la situación laboral de los trabajadores de Alumbrera y las pérdidas económicas que el cierre transitorio de los proyectos Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno traen aparejadas, tanto a la Provincia como a Nación.

Respuesta a Colombo 

“No haber salido inmediatamente en los medios de comunicación a ‘opinar’ sobre el fallo de la Justicia y sus consecuencias, no significa no haber hecho nada. No implica que hayamos estado quietos. Muy por el contrario, desde el minuto cero realizamos gestiones, hablamos con los actores involucrados, con los trabajadores, mantuvimos diversas reuniones”, afirmó el subsecretario de Minería de la provincia, Martín Sarmiento en respuesta a la diputada Marita Colombo.
Al respecto, la segunda autoridad de Minería de Catamarca remarcó que “una cosa es salir en los medios y otra muy distinta ocuparse del tema. Si a la oposición y a un sector mínimo de la prensa les preocupa que según ellos no salimos a hablar, que se queden tranquilos que nosotros nos ocupamos del tema seria y responsablemente”, afirmó.
El subsecretario de Minería cuestionó que en todo este tiempo “la oposición nunca habló, nunca presentó una nota, ni un mensaje de texto solicitando entrevistarse con el secretario de Minería, la empresa u otra autoridad de Gobierno para ocuparse de un tema que nos involucra a todos los sectores políticos”.

Fuente:http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2017/7/28/aoma-pide-estudios-realicen-paralizar-actividad-342338.html

Lo hizo el fiscal de Estado, Jorge Alvo, como querellante para que investiguen a los ejecutivos mineros del terreno que contaminaron los chilenos.

Los ejecutivos mineros del proyecto El Pachón serán investigados por la escombrera minera ilegal que montó la compañía chilena Los Pelambres en territorio argentino. Eso se debe a la ampliación de la denuncia que hizo el martes en la mañana en el Juzgado Federal el fiscal de Estado, Jorge Alvo.

Allí le pide al juez federal Leopoldo Rago Gallo que investigue a los ejecutivos mineros del territorio en el que está asentado el proyecto minero El Pachón, donde los chilenos montaron ilegalmente una escombrera.

La empresa también informó que comenzó el retiro de las personas que trabajan en el yacimiento. Minería asegura que están garantizados los puestos de trabajo.

Tal como estaba previsto, el lunes llegó a la empresa Minera Alumbrera y a la Secretaría de Minería la notificación formal de la Cámara Federal de Tucumán por la que se ordena suspender la actividad en Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno. Ese mismo día, la empresa envió una notificación a los proveedores en la que comunica que por situaciones de fuerza mayor se encuentra imposibilitada de cumplir las obligaciones emergentes del contrato. En ese contexto solicita que se suspenda la prestación de los servicios previstos en el contrato. Además, presentó ante la Secretaría de Minería el plan para la suspensión de la actividad.

La empresa argumenta que la medida tiene su fundamento en el fallo de la Cámara Federal, que fue emitido el pasado 10 de julio y notificado el lunes pasado. “Solicitamos tenga a bien suspender la prestación de los servicios previstos en el contrato y programar la bajada del personal que se encuentre en las instalaciones de los yacimientos”, indica la misiva y en ese marco informa que se los mantendrá al tanto de la evolución de la situación.

Ayer, Minera Alumbrera elevó a la Secretaría de Estado de Minería el “Plan de detención segura de operaciones” de la empresa, en cumplimiento a lo dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que ordena la paralización temporaria de las tareas en los yacimientos Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno.

En la nota que dirigió la empresa al organismo minero se consigna que la notificación de la sentencia se realizó el lunes 24, una vez levantada la feria judicial y que ese mismo día, en cumplimiento a la medida judicial dispuesta, “se retiraron 145 personas del sitio por la falta de tareas, entre personal propio y contratistas”. Y se adelanta que “al último día de detención, programada para el 27 a la medianoche, se retirarán 1.180 personas por falta de tareas”.

Ante esta notificación, desde la Secretaría de Minería se arbitraron las medidas necesarias para que personal de Policía Minera y de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera monitoreen las medidas adoptadas por la minera.

Por otra parte, la autoridad minera provincial recibió de la empresa la garantía de que los trabajadores continuarán hasta tanto se resuelva el pleito judicial. La Secretaría pide ser parte de las pericias solicitadas por la Justicia.

Además, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, se reunió con las nuevas autoridades de la CGT Catamarca, Roberto González y Leonardo Burgos, a los fines de informar sobre la situación de los empleados de Minera Alumbrera y brindar una pantallazo general de la medida cautelar dispuesta por la Justicia. La reunión se hizo por pedido de los gremialistas, preocupados por el alcance de la medida judicial.

En el encuentro, la autoridad minera provincial informó sobre el seguro ambiental, las pericias requeridas por la Justicia y la situación laboral de los empleados afirmando que Alumbrera “va a hablar con los sindicatos para llevar tranquilidad de que ninguno de los empleados va a ser despedido y el sueldo está asegurado”.

Y también dejó en claro que tanto desde la Provincia, como del Estado nacional, a través del SEGEMAR, “se vienen haciendo monitoreos y auditorías ambientales quincenales, trimestrales y semestrales, de acuerdo a normativas vigentes y con laboratorios certificados, con cruce de muestras”, a modo de control ambiental y el impacto de la actividad.

Finalmente establecieron conformar una comisión conjunta integrada por el Estado (Secretaría de Minería, Ministerio de Gobierno y Justicia; Asuntos Municipales y la Dirección de Trabajo) y la CGT para monitorear esta situación y comenzar a trabajar puntos comunes para otros proyectos mineros.

Mera: «Parece que YMAD estaba viendo otro canal»

El senador Dalmacio Mera tuvo duras críticas por el rol pasivo que asumió la empresa YMAD como socia de Minera Alumbrera, dueña del yacimiento y codemandada en la causa.

«Parece que YMAD estaba viendo otro canal, se han sorprendido con un fallo que nadie que tenga un mínimo de ejercicio judicial desconoce. Se entera de un fallo por los diarios cuando en sus obligaciones está la de tramitar una causa, la de conversar con la Justicia, la de conversar con la otra parte; todo eso lleva la tarea de un abogado, no solo ir y presentar un escrito y enterarse por los diarios», dijo en declaraciones a Radio Valle Viejo.

«Éste no era un fallo para estar descansando, durmiendo la siesta, a ver qué es lo que pasaba y cómo terminaba. Evidentemente por las consecuencias y las declaraciones que yo he visto desde el día que hemos tenido este fallo, YMAD está en otra sintonía. No he escuchado, como socia que es y como codemandada en la causa, a ningún actor plantear qué hizo y cómo defendió el derecho de Catamarca y de los catamarqueños».

Por otra parte, Mera cuestionó el tribunal que se conformó y que estuvo integrado por Marina J. Cossio, Raúl Daniel Bejas y Guillermo Daniel Molinari. Los dos últimos se integraron por la excusación presentada por Ricardo Sanjuan y Ernesto Wayar. En este sentido, Mera cuestionó la decisión de parar la actividad con un tribunal integrado por jueces subrogantes y aludió al caso de Molinari, quien está a cargo del Juzgado Federal de Santiago del Estero. «Es de una provincia que nos ha recriminado mucho por los desechos al río que después llegan a Santiago del Estero. Es todo muy extraño, por eso queremos tener una versión oficial», dijo.

Fuente:http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2017/7/26/alumbrera-pidio-proveedores-suspendan-todos-servicios-342118.html

La demanda de los trabajadores mineros que pertenecían a Andacollo Gold SA avanzó un paso en la instancia laboral, en donde buscan recuperar alrededor de 10 millones de pesos en concepto de salarios adeudados. La jueza Mónica Martens resolvió el lunes tener por no contestada la demanda contra la empresa, pues no compareció para presentar prueba o ejercer derecho a defensa. Desde que se inició el proceso contra la minera que tenía el usufructo del yacimiento metalífero del norte neuquino, nunca pudo encontrarse a los accionistas.

Según la resolución de Martens, Andacollo Gold no podrá contestar ni ofrecer prueba en lo sucesivo. La denuncia es contra la minera pero también contra Cormine SEP, la empresa estatal propietaria del yacimiento de oro y plata que otorgó la concesión en 1998.

El abogado Emmanuel Guagliardo indicó ahora deberá intervenir como responsable solidaria y contextualizó el vaciamiento ocurrido a fines del 2014 en un proceso donde el Estado provincial actuó en complicidad. “No tomó ningún recaudo ante el cambio societario, que traspasó las acciones de Andacollo Gold a tres monotributistas sin ningún tipo de respaldo para sostener el proyecto”, afirmó. La minera cambió de dueños varias veces, siendo la última en 2013 cuando adquirió la razón social un grupo encabezado por el mendocino Javier Maschke, supuestamente vinculado a la vitivinicultura y sin antecedentes conocidos en la minería.

Al contrato firmado con Cormine le quedaban 14 años de vida cuando la empresa abandonó la suerte del yacimiento, generando una crisis en el norte neuquino con la paralización de la explotación y la pérdida de 150 puestos de trabajo.

Según explicó ayer el abogado, la demanda de los trabajadores contra la empresa fue por 5 millones de pesos en concepto de salarios adeudados, que con intereses se elevó a unos 10 millones a valores actuales.

No contempla el pago de indemnizaciones porque el personal fue absorbido por Cormine, que se ocupó de pagar los sueldos hasta que adjudicó nuevamente el proyecto y transfirió los trabajadores a Trident Southern Explorations de Argentina SRL.

Si bien la nueva firma asumió compromisos millonarios de inversión y el mantenimiento de las condiciones laborales, actualmente se encuentra en conflicto. La Subsecretaría de Trabajo abrió una instancia de conciliación obligatoria tras el despido de un delegado y el reclamo de los obreros para que se les reconozcan sus años de antigüedad.

La instancia de conciliación obligatoria se abrió tras el despido de un delegado y el reclamo para que se les reconozca a los obreros la antigüedad.
El abogado de los trabajadores explicó que la denuncia por salarios adeudados no contempla el pago de las indemnizaciones por despidos.

Fuente: http://www.rionegro.com.ar/region/avanza-la-demanda-contra-minera-en-andacollo-LE3107962

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Tucumán ordenó hoy la inmediata suspensión de las actividades que realiza la empresa «Minera Alumbrera Limited» en los yacimientos «Bajo de la Alumbrera» y «Bajo del Durazno» , ubicados en Andalgalá, en la vecina provincia de Catamarca.

Con la firma de la jueza Marina Cossio de Mercau y de los conjueces Daniel Bejas y Guillermo Molinari, la sentencia dispone que la medida regirá hasta tanto la minera presente documentación que acredite la contratación de un seguro para hacer frente a la reparación del daño ambiental que pueda haber ocasionado con su accionar.

«La causa por contaminación contra Minera Alumbrera y su socia Estatal, YMAD, fue iniciada a principios de 2010 por un recurso de amparo presentado por la ciudadana catamarqueña Felipa Cruz y otros pobladores de Andalgalá que son propietarios de los terrenos donde se encuentran los yacimientos.

Con el apoyo del fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, la denunciante había solicitado el dictado de una medida cautelar con el fin de que se ordene la suspensión inmediata de la actividad de Minera Alumbrera en sus terrenos hasta tanto se realizaran informes periciales in situ para medir el alcance de la contaminación provocada por la empresa.

Esos estudios, según la denuncia, también permitirían constatar la degradación del medio ambiente provocada por las filtraciones originadas en el llamado «dique de colas» donde la empresa deposita el líquido contaminado con metales pesados y otras sustancias como resultado de sus actividades. En la demanda, la parte actora pidió que se mantenga la suspensión de las actividades mineras hasta que la empresa minera acredite haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental ocasionado.

Un largo proceso

En abril de 2010, un juez de primera instancia rechazó la medida cautelar y dicho fallo fue ratificado en 2012 por la propia Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (en distinta composición a la que actuó ahora).

La denunciante y el fiscal Gómez apelaron la decisión en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 23 de febrero de 2016 decidió hacer lugar al reclamo y ordenó que el máximo tribunal federal local dicte un nuevo pronunciamiento.

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (ejerce como tribunal de alzada de los juzgados federales de primera instancia de esta provincia, de Catamarca y de Santiago del Estero), hizo lugar a la cautelar y ordenó la inmediata suspensión de las actividades de Minera Alumbrera hasta tanto se concrete la inspección requerida y acredite la contratación de un seguro.

El daño ambiental

En la sentencia dictada hoy, a la que LA NACION tuvo acceso, el tribunal advirtió que los informes periciales que obran en la causa permiten suponer que la empresa minera provocó un daño ambiental que debe ser reparado.

Los jueces Cossio de Mercau, Bejas y Molinari señalaron que «el dique de colas -presa de residuos construido por la demandada para retener temporalmente efluentes líquidos procedentes de las plantas de tratamiento- fue construido sobre un terreno con elevada permeabilidad, lo que compromete ‘la impermeabilidad de dicho dique'», lo que constituye un riesgo para el medio ambiente. Según los magistrados, «se puede interpretar, a priori, que si los efluentes residuales almacenados en el dique son tóxicos, los mismos se podrían filtrar causando al ambiente y por consiguiente a la vida humana, vegetal y/o animal que en él se ubica, daños que podrían tornarse irreversibles e incluso afectar a las generaciones futuras».

Para fundamentar las sospechas sobre el daño ambiental que habría provocado Minera Alumbrera, el tribunal destacó que «la demandada habría incorporado un sistema de retrobombeo para el manejo del ‘dique de colas’ a fin de detener el proceso de contaminación del subsuelo, tratándose de un método de limpieza de acueríferos contaminados».

En su pronunciamiento los jueces indicaron que, de acuerdo a los estudios adjuntados al expediente, «el recurso hídrico se encuentra en este caso alterado».

Además, recordaron que «la restauración de la calidad de un acuerífero deteriorado por el ingreso de uno o varios contaminantes, constituye una tarea complicada en el aspecto técnico y generalmente de altísimo costo, siendo muy compleja su restitución a su condición original».

Por las razones expuestas, el tribunal ordenó «la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos mineros denominados ‘Bajo de la Alumbrera’ y ‘Bajo el Durazno’, a fin de que se realicen los informes periciales in situ para determinar la posible contaminación y degradación del medio ambiente y hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño, según lo dispone el Art. 22 de la Ley General del Ambiente 25.675».

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2041761-la-justicia-ordeno-la-suspension-de-las-actividades-de-minera-alumbrera-por-contaminacion

Tras los resultados de una pericia ordenada por la Justicia Federal que advierten índices de potencial contaminación sobre suelo calingastino,el ministro de Minería ratificó a Canal 13 que el gobernador Sergio Uñac solicitó una reunión con Cancillería para darle una solución diplomática al conflicto.

CÓRDOBA.- La mina de uranio a cielo abierto de Los Gigantes -a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz- dejó de operar en 1990, pero nunca se realizó la remediación varias veces prometida y reclamada por los habitantes de la zona. Desde el Ministerio de Energía de la Nación insistieron en que las tareas se harán, pero no dieron fecha. Es casi seguro que no será este año porque la provincia se tomará al menos 90 días para analizar la iniciativa presentada por la administración nacional.

«La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó a las autoridades provinciales involucradas la ingeniería de remediación para la primera etapa de gestión», respondieron desde Energía ante la consulta de LA NACION. La CNEA entregó la explotación de la mina a la empresa Sánchez Granel, que inició la extracción de uranio en 1982.

Tres años después hubo un desborde de los diques de cola (donde se acumulan los residuos) y el agua contaminada llegó al río San Antonio. Aunque las autoridades afirmaron que la «neutralización» fue «rápida», el episodio puso en alerta a la comunidad que

comenzó a reclamar por el impacto ambiental; con el tiempo se reconocieron nuevos problemas y, en 1990, cesó la explotación.

Fuentes de Minería de Córdoba explicaron que el proyecto de «evaluación» de remediación entró el 1° de junio después de que el presentado en octubre pasado fuera rechazado «porque no tenía los elementos de sustento necesarios». El nuevo será analizado por Minería, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. «Tiene que ajustarse a la ley ambiental provincial. Después deberá haber una audiencia pública», anticiparon.

Salvo el área de dormitorios y los tachos donde estaba el ácido sulfúrico para la concentración del uranio, todo sigue igual en la mina abandonada. Los residuos generados durante la explotación se mantienen a cielo abierto. Desde Energía señalan que hay un programa de monitoreo ambiental de «agua superficial, subterránea, aire y radiológico», y que, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) hace «monitoreos independientes».

Desde el Foro Social -creado en 2005 por exigencia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, trabaja en apoyo al Banco Mundial) para desembolsar los recursos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (Pramu) e integrado por diferentes ONG-, el geólogo Juan Carlos Paesani insiste ante este diario en que son «organismos internacionales independientes y reconocidos» los que deben hacer los controles. Rechaza que los instrumenten entidades que «tienen relación con la CNEA y no hay imparcialidad».

En el último documento del Foro Social (ahora ampliado a todo el país) se sostiene que la mina debe ser «remediada por la CNEA, que también deberá disponer su cierre definitivo y un programa de vigilancia», sometiendo todo el proceso a una evaluación de impacto ambiental y a una audiencia pública.

Respecto de la ausencia del Foro en las decisiones sobre la mina (la participación está exigida por el BIRF) hay cruce de versiones. Energía señala que en mayo de 2006 decidió «trabajar en forma independiente a la coordinación» de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, «por lo cual la CNEA quedó desvinculada en el funcionamiento del Foro».

Paesani insiste en que, ante cada requisitoria, les decían que fueran a Buenos Aires. «No tenemos presupuesto para hacerlo -continúa-. Nos constituimos por exigencia de las autoridades, pero nos terminamos enterando por los medios de lo que hacen.»

El peor temor de la comunidad es que se rompa el sistema de diques de retención, con lo que el agua desembocaría en los arroyos Cajón y Cambuche. «La CNEA nunca elaboró para los vecinos un plan ni prepararon a la gente para una eventual contingencia, pese a los accidentes y derrames de aguas alcalinas y ácidas que hubo», señala el Foro.

En abril pasado, autoridades provinciales y nacionales recorrieron el lugar; se renovaron las promesas de remediación. «El proyecto cumplirá todos los pasos indicados en la legislación ambiental y requeridos por las autoridades de aplicación; concluido ese proceso y con las autorizaciones pertinentes, se comenzarán las tareas de remediación», señalan desde Energía. Las obras -no se aclara cuáles- serán controladas por la provincia y la ARN.

Más polémica

La alerta de la comunidad creció cuando trascendió que la CNEA quiere trasladar 58.000 toneladas de residuos de la planta Dioxitek (produce dióxido de uranio) del barrio Alta Córdoba en la capital provincial a Los Gigantes para hacer una remediación general. Las autoridades provinciales ya expresaron que se oponen.

Ante esta consulta puntual, desde Energía indicaron: «Cuando la planta salga de servicio se procederá al desmantelamiento, plan que se está trabajando junto a las autoridades municipales y provinciales. Los residuos de Dioxitek son de baja actividad, por lo que pueden ser tratados en las instalaciones existentes de la CNEA a tal fin».

Por un acuerdo ante la Justicia, la planta está «en condiciones de operar de manera segura para la población y el ambiente certificada ante las autoridades competentes» a nivel local y nacional, indican desde el ministerio, pero advierten que no está trabajando «a la espera de la correspondiente autorización» que llegaría «en breve». Hoy el país importa mineral de uranio, insumo para la producción de dióxido.

Dioxitek estaba cerrada desde el 10 de noviembre cuando la Municipalidad de Córdoba la clausuró por violar la ordenanza de uso de suelo que prohíbe ese tipo de industrias en la ciudad. En esa fecha venció un acuerdo, firmado en 2012, con el entonces ministro Julio de Vido. Desde 1994 hay promesas de relocalizar la planta, que tiene sus residuos de radiación baja enterrados en un predio contiguo. El traslado sería a Formosa, donde se construye otra.

En esa provincia la comunidad quom que vive en la zona -pegada al límite con Paraguay- donde se levanta la planta se opone y pidió a la Corte Suprema que intervenga; Energía sostiene que se cumplieron «todas las instancias de aprobación e información exigidas por ley», y que se instrumentó un proceso «de consultas e intercambio de información con la población, que continúa abierto».

Fondos internacionales para obras

CÓRDOBA.- En 2008 el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento aprobó el préstamo de US$ 70 millones para financiar diferentes objetivos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio que se hizo efectivo en 2010, cuando por decreto el Ejecutivo aprobó el convenio. Antes de aprobar el préstamo, se le entregaron a la CNEA, como organismo ejecutor, los Fondos de Preparación de Proyecto (PPF) para alistar la documentación.

El desembolso -que está en el orden del 97%- incluye trabajos de remediación del ex complejo fabril de Malargüe (Mendoza); el desarrollo de «opciones técnicas, ambientales y sociales» para la remediación de El Chichón (Alta Córdoba), Los Gigantes y «otros sitios» y la gestión de las iniciativas. En Energía explican que los procesos de adquisiciones relacionados con el préstamo son controlados por la Auditoría General de la Nación y el Banco Mundial.

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2039403-los-gigantes-prometen-sanear-la-mina-de-uranio-cerrada-desde-1990

El interés de una empresa argentina en el Proyecto Calcatreu vuelve a poner sobre el tapete de la explotación de la minería de primera categoría en Jacobacci y la región.

Hace meses Pan American Silver Corp. anunció un acuerdo con Patagonia Gold Plc a través de Patagonia Gold S.A., por el cual adquirirá una participación del 100% en el proyecto COSE, localizado en la provincia de Santa Cruz. La transacción está valuada en 15 millones de dólares. A esto hay que agregar que Patagonia Gold recibió la opción exclusiva para comprar el proyecto de oro y plata Calcatreu por parte de Minera Aquiline Argentina S.A., subsidiaria de Pan American Silver Corp.

Calcatreu es un depósito epitermal de baja sulfidización con mineralización de oro y plata, situado a unos 60 kilómetros al sur de Jacobacci. Si se decide su explotación, su puesta en marcha demandaría un par de años para saber si realmente es factible.

Actualmente técnicos de Patagonia Gold, realizan distintos trabajos de exploración para evaluar la factibilidad del proyecto Calcatreu y definir la compra en octubre.

Ayer, el intendente de Jacobacci, Carlos Toro (UCR), afirmó que tanto el gobierno nacional, como la provincia y el municipio de Jacobacci han mantenido contactos con directivos de la empresa minera interesada en adquirir Calcatreu.

Atentos a lo que suceda

“Estamos al tanto de estas negociaciones y atentos a lo que puede suceder. El tema se vuelve a instalar y debemos tomar conciencia, prepararnos y estudiar para poder afrontar esta discusión que se nos va a venir pronto, con la mayor responsabilidad posible y los fundamentos más sólidos para poder decidir que es lo que queremos como comunidad”, dijo el jefe comunal.

La discusión que se dio entre el 2003 y el 2005 ante la posible explotación del Proyecto Calcatreu, dividió a la comunidad jacobaccina, que tuvo su final con la aprobación en la Legislatura de Río Negro de la denominada “ley anti cianuro”. Esta ley fue derogada en 2011 cuando Carlos Soria asumió la gobernación de la provincia y el tema vuelve a instalarse en las calles jacobaccinas y en la región.

En este sentido, Toro adelantó que si bien hay una necesidad de trabajo muy importante en Jacobacci que puede cubrirse con la actividad minera, el municipio no se va a expedir hasta tanto el tema sea debatido en profundidad.

Son notorias y muy alarmantes las modificaciones que introduce el reciente Acuerdo Federal Minero firmado entre el Presidente de la Nación y 14 gobernadores. Detrás de una fachada discursiva que propone una mejor gestión del ambiente, este acuerdo en realidad dispone todo lo contrario. El mismo busca consolidar un modelo minero netamente extractivista, ideado en la década de los noventa, a expensas de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales.

Hace tiempo que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), conformada por las grandes transnacionales del sector, viene realizando un poderoso lobby que, por un lado, apunta a profundizar el generoso marco jurídico y económico que beneficia la actividad; por otro lado, desconoce y pasa por encima de la normativa ambiental provincial y nacional, gestada en la última década al calor de las luchas socioambientales. En efecto, este Acuerdo tiene la tarea de atacar los escollos que, desde la óptica de la CAEM, vienen a “ensombrecer” el despliegue de la actividad.

Así, ante la evidente ausencia de Licencia social (siete provincias sancionaron leyes que prohíben la actividad, como consecuencia de las movilizaciones populares), el acuerdo obliga a incorporar propaganda minera en la currícula de las escuelas primarias, secundarias y terciarios. En otras palabras, los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras tendrán el ingreso asegurado a las escuelas públicas de todo el país.

El Acuerdo desconoce también la vigencia de la Ley Nacional de Glaciares pues pretender autorizar la actividad en zonas prohibidas, con supuestos “cuidados ambientales”. Esto constituye una grosera violación de la ley que es clara y contundente al respecto; esto es, no permite bajo ninguna modalidad la explotación minera en glaciares y zona periglaciar.

Además de consolidar el tope de regalías provinciales del 3%, impuesto en los ´90, el acuerdo arremete contra las empresas provinciales mineras, cuyo objetivo era capturar algo más de renta, un punto que la CAEM venía cuestionando hace tiempo. El Acuerdo prácticamente aniquila la posibilidad de creación de este tipo de empresas públicas. Por último, el Acuerdo se arroga el derecho de definir “la participación ciudadana”, ítem que está lejos de ser precisado. No se menciona la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas (una normativa internacional incluida en la Constitución nacional y constituciones provinciales), como tampoco aquellos dispositivos constitucionales ligados a la democracia participativa, que exigen numerosas comunidades locales.

Que la realidad es más controversial y compleja que los discursos engañosos del lobby minero lo demuestra el hecho de que, a diferencia del Acuerdo de 1993, firmado por todas las provincias, éste sólo es suscripto por 14, con la ausencia de importantes jurisdicciones como Chubut, La Rioja o San Luis. Recordemos que fue en Esquel (Chubut) donde nació la lucha contra la megaminería en Argentina a principios de siglo XXI, que luego se propagó a otras provincias y en 2012 tuvo en el levantamiento de Famatina (La Rioja) una de sus expresiones más emblemáticas. Graves accidentes como los de la Barrick Gold en la mina Veladero (antes considerada como “el modelo”, impulsado por la provincia de San Juan), pusieron en evidencia el carácter insustentable de este tipo de minería.

Por otro lado, hay que preguntarse qué posición adoptarán Mendoza y Córdoba, dos provincias que cuentan con comunidades académicas concientizadas e importantes movimientos socioambientales, y donde las leyes de prohibición de la megaminería fueron reconfirmadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, después de un largo período de judicialización, promovido por sectores promineros.

En suma, dicho Acuerdo no solo se firma sin participación alguna de la sociedad civil. Pretende además instalarse en la realidad de las provincias como si éstas fueran territorios ausentes de conflictos y no existieran normativas que prohíben ciertas actividades extractivas en pos del cuidado del ambiente. La lupa está puesta ahora en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, quienes tienen la potestad de rechazar legislativamente dicho Acuerdo.

Maristella Svampa es socióloga. Enrique Viale es presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Fuente:https://www.clarin.com/opinion/mineria-acuerdo-espaldas-sociedad_0_ryv6iir4W.html