¿Desidia oficial al extremo de que no importa tener ciudadanos analfabetos, o ignorancia necesaria para acompañar el desarrollo minero?

La localidad catamarqueña se llama “Minas Capillitas” (Andalgalá). Del lugar se extrae la piedra rodocrosita. La situación llegó al punto que la Escuela Rural N.° 29 fue tomada por los padres por falta de profesores y porque los chicos hace meses no cuentan con el transporte escolar para llegar al establecimiento. La escuela está ubicada a escasos metros del yacimiento que actualmente explota la empresa estatal provincial minera CAMYEN, a partir de un acuerdo con Fabricaciones Militares dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Son los niños ignorantes de pueblos mineros que se cansan de escuchar eslogans publicitarios sobre los beneficios de la minería.

En minería, o mejor dicho, en la política minera implementada por los gobiernos, se habla mucho de “desarrollo sustentable”, pero, en este caso, Nación y Provincia no pueden garantizar la educación elemental a los niños y adolescentes de la zona. Cómo hablar de “sustentable” si no hay clases porque los chicos no pueden llegar a la escuela o faltan docentes. La cuestión es que, ni al Gobierno central ni al ministerio de Educación provincial y nacional les preocupa que esos lugareños crezcan ignorantes. Se puede decir sin lugar a duda que la educación o la capacitación en Capillitas no forma parte de la preocupación oficial. El ministro de Educación de Catamarca es el licenciado Daniel Gutiérrez. El secretario de Minería es el ingeniero Rodolfo Micone. A las autoridades de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen SE) no se les conoce la cara. Se tiran la “pelotita”. Tantos licenciados e ingenieros que posterguen la educación, es más que raro.

Tampoco se puede alegar falta de recursos. Qué sentido tiene hablar de “millones” invertidos y exportados en materia de minería si las autoridades hoy se excusan o se esconden detrás de la versión de que no hay plata para pagar una combi que lleve a los niños a la escuela, atento a que algunos viven a 15 o 20 kilómetros de distancia del establecimiento educativo. Mientras las empresas se movilizan en 4X4, los alumnos llegaban caminando, en burro o a caballo. Es mucho el contraste. No es por ser orgulloso o agrandado, pero en días de lluvia o con el frío que hace en esas localidades, garantizar el proceso enseñanza aprendizaje requiere de un esfuerzo mayor por parte del Estado y las empresas que al parecer reducen su rol a saquear a esos pueblos del interior profundo. En este momento, localidades como Fiambalá (Tinogasta) y Antofagasta de la Sierra hacen reclamos similares. Sin educación ni salud.

¿Desidia oficial al extremo de que no importa tener ciudadanos analfabetos, o ignorancia necesaria para acompañar el desarrollo minero? A cambio de entregar minerales, el gobierno descuida la educación formal sin disimulo alguno. Estamos cambiando recurso natural por ignorancia en una negociación abierta con perjuicios directos en la población más cercana a la mina. Cualquiera hubiera creído que es al revés, pero tendremos que reconocer, aunque nos duela, que la idea tal vez sea robar más y explicar menos.

Fuente:https://www.elintransigente.com/politica/2018/10/23/ninos-ignorantes-en-pueblos-mineros-de-catamarca-519031.html

En Gran China, San Juan,  los productores denuncian que la cosecha se muere por el agua contaminada. En el pueblo viven 848 personas, en su mayoría campesinos. Dependen de la cría de animales y de la agricultura y denuncian que en los últimos  años disminuyó la cosecha producto de la contaminación del agua.

“Los melones y sandías se secan antes de cosecharlos, se ponen amarillos por fuera pero por dentro están secos. Para mí que el agua se echó a perder con la minería”. “El melón es más chico y no tiene gusto a nada. Hace tres años, con la misma tierra y la misma agua, sacábamos frutos perfectos”, dicen los productores.

Lo mismo sucede con la lechuga, la cebolla, el membrillo y el tomate. El 35 % de la cebolla está podrida cuando la sacan de la tierra. Si bien el lugar siempre ha tenido problemas con el abastecimiento de agua, a ello se suma ahora que ya no están las personas que trabajaban escardando la tierra en la producción de cebolla porque fueron reemplazadas por el uso de agroquímicos, y que han cerrado los secaderos y las procesadoras de tomate. No se pueden vender los productos y la gente no logra subsistir. Algunos tienen planes sociales y otros se van a la ciudad. La minería tampoco les da trabajo.

Muchos pobladores han muerto de cáncer, sobre todo de estómago. Se piensa que es por el agua pero el gobierno y las empresas no quieren hacer los estudios. “Si el agua no estuviera contaminada, ellos deberían salir a todos los distritos a mostrar los estudios y darnos información” afirman los vecinos.

Los jóvenes migran porque en el lugar no tienen posibilidades y los viejos están muy preocupados por la salud de los chicos. Mientras, los ganadores siguen siendo las mineras y el silencio.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/42130-muere-la-cosecha-por-el-agua-contaminada

Lo hará San Juan en un plazo de dos meses, luego de que la justicia chilena confirmara el cierre definitivo del proyecto.

San Juan analizará, en un plazo de dos meses, la posibilidad de continuar con la explotación de la mina de oro Pascua-Lama luego de que la justicia chilena confirmara recientemente el cierre definitivo del proyecto.

Así lo indicó el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, al señalar que del lado argentino «hay obras superficiales de gran envergadura que se han realizado y que tienen que resolverse».

Y, remarcó que ante «la proximidad del yacimiento con la mina Veladero, pensamos que hay posibilidades de seguir el proyecto de nuestro lado«.

«Como tenemos propuestas de las mineras Shandong Gol y Barrick, vamos a esperar unos dos meses antes de decidir si podemos continuar con el proyecto de explotar los recursos de Lama», reveló el ministro.

La posibilidad de continuar las tareas del lado argentino se deben a que la justicia chilena cerró definitivamente el proyecto por falta de mediciones de glaciares en ese país.

El Tribunal Ambiental de Antofagasta dispuso la cancelación definitiva del emprendimiento binacional de oro y cobre a cielo abierto que estaba construyendo la minera canadiense Barrick luego de haberlo paraliza preventivamente,

Así, a tres años de iniciada la construcción de la mina, fue ratificado un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que había aceptado un recurso interpuesto por productores del Río Huasco por conflictos ambientales.

Posteriormente, Barrick anunció la suspensión de la construcción como parte de un plan de ahorro de costos, cuando Pascua Lama llevaba un avance del 40%. Ahora, con el nuevo fallo, el proyecto quedó definitivamente terminado del lado chileno.

Fuente:https://www.clarin.com/economia/analizan-continuidad-mina-pascua-lama_0_qM2Wwz0n3.html

La empresa que funcionarios, empresarios y medios chubutenses impulsan para explotar el Proyecto Navidad en nuestra Meseta fue señalada por los proveedores mineros de Santa Cruz como una empresa que “se lleva todo y no deja nada”. Lo señalaban así en Diciembre del año pasado, a través de la Cámara que los agrupa. Es parte de lo denunciado recientemente en la Legislatura de Chubut por el diputado Albaini, ante el fuerte lobby que la empresa y el gobierno nacional vienen ejerciendo sobre la sociedad y las instituciones chubutenses para forzar el inicio de la megaminería en nuestra provincia, en abierta y necia oposición a la manifiesta voluntad de la población.

Capromisa sobre Triton: “Pan American Silver incrementa sus ganancias dejando nada a los Santacruceños”
Ante un informe sobre las ganancias de Pan American Silver, CAPROMISA insiste con la nula responsabilidad social de la empresa hacia Santa Cruz y sus proveedores.

Hace pocos días (la nota es del  17/12/2017 ) Pan American Silver, dueña de Minera Triton, dio a conocer que sus ganancias netas llegaron hasta los u$s 36 millones en el segundo trimestre del año frente a los u$s 34,2 millones registrados en el mismo período de 2016.

Parte de la mejora en las ganancias se relacionan con la evolución de Manantial Espejo, en Santa Cruz, que elevó su producción trimestral hasta 980.000 onzas de plata, 200.000 más que en el segundo trimestre del año pasado.

Asimismo, la Compañía informó a través de un comunicado que “se encuentra en una posición de liquidez y de capital de trabajo sólidas” y se desprende además que en un futuro, y luego de realizar inversiones en la construcción de una mina subterránea y rampa de acceso, el proyecto COSE “podría producir unas 112.000 onzas de plata y 2.300 onzas de oro por mes”.

Este anuncio causó indignación en CAPROMISA – Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz-, que viene haciendo pública la situación con Minera Triton, con la cual no ha llegado a acuerdo alguno para trabajar con proveedores locales.

“Los cargos de Directores y Jefe de Negocios nos dicen que no tienen estructura operativa para trabajar o dar respuestas a planteos de trabajo para beneficiar a las economías regionales donde nuestros asociados desarrollan su negocio y además dan trabajo” explicó Fernando Paulasa, Presidente de CAPROMISA, y agregó “resulta que ahora, la compañía hace públicas sus ganancias desorbitantes logradas en gran medida con el recurso santacruceño”.

Por su parte Jorge Arias, Gerente Operativo de CAPROMISA consideró que “con este informe se está confirmando lo que venimos exponiendo: Minera Triton es una empresa que atenta contra el desarrollo de nuestros proveedores locales: tiene ganancias siderales pero no deja nada en la sociedad de la cual extrae su materia prima, que además es un recurso no renovable”.

Para los referentes de CAPROMISA, Triton explota los recursos minerales a su beneficio pero no tiene en cuenta lo poco que dejó y dejará en la provincia de Santa Cruz cuando se vaya, con un sector de proveedores poco desarrollado o nulo, con muy pobres expectativas de crecimiento.

“Es evidente que ésta operadora minera no tiene interés en generar un impacto de crecimiento en los pueblos mineros y en los proveedores. Son voraces. Los gerentes de Mina desconocen la Provincia y la cartera de proveedores que existe, reciben las propuestas en los yacimientos de muy mala gana y sin ninguna intención de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes” sostuvo Arias.

Sobre los compradores -agentes de compras y contrataciones- de esta operadora, Arias consideró que “actúan de forma soberbia y dan a entender que no les interesa comprar a empresas de CAPROMISA” y que es doloroso ver estas actitudes ya que los compradores tienen un rol fundamental en el desarrollo de proveedores.

“Tenemos ejemplos de excelente trabajo con operadoras mineras en desarrollo de proveedores, por contraste es donde se destaca aun más la celebración que tuvimos con todos los compradores de Goldcorp en Perito Moreno, donde celebramos 2.500 oportunidades de trabajo enviado por ellos para que nuestros proveedores puedan ser parte del negocio. Lamentablemente no es el caso de los compradores de Triton ni una directiva de la Compañía” agregó Arias.  – NOTA: Desde la Asamblea de Esquel debemos señalar que aún con esas supuestas “oportunidades de negocios”, la megaminería no deja de ser un tremendo saqueo, ilustrado claramente por las cifras de extracción de onzas de oro y de plata mencionadas varios párrafos más arriba, a la vez que un brutal proceso de destrucción y contaminación a perpetuidad.

Los referentes de la Cámara de Proveedores Mineros consideraron inaceptable la actitud de la minera: “Desobedecen reuniones acordadas con funcionarios nacionales y provinciales. Se manejan con su única ley y desconocen la Provincia. Nada de lo que puedan decir en materia de desarrollo de proveedores puede ser cierto. La única realidad hoy es que en vez de darle trabajo a la provincia que explotan, sus compras las realizan afuera.”

Por último Paulasa consideró “No se pueden seguir llevando todo y dejándonos nada”.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42030-pan-american-silver-es-la-minera-mas-miserable-en-santa-cruz

A 526 años de la llegada del colonialismo español a América, se mantiene la violación de los derechos indígenas y la avanzada empresaria-gubernamental. Pero la lucha de las comunidades continúa. Diez días de caminata en Jujuy, parlamento mapuche en Chubut y defensa del territorio.

Diez días de caminata por el agua, la vida y en defensa de los territorios indígenas. Es la acción de lucha de pueblos originarios de Jujuy que finalizó este jueves 11 y apuntó de lleno a las políticas impulsadas por el gobernador Gerardo Morales. En Chubut, mapuches-tehuelches denuncian la violación de derechos y ratifican la lucha contra la megaminería.

De norte a sur, los pueblos originarios enfrentan a empresas extractivas, gobiernos (provinciales y nacional) y ratifican la defensa de sus territorios. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) resumió el mal que aqueja a los pueblos indígenas: “racismo sistemático”. Otro 12 de octubre sin nada que festejar.

Caminata

La Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy inició el martes 2 de octubre la “caminata por el agua y por la vida”, desde la Laguna de los Pozuelos hasta San Salvador de Jujuy.

En los más de 380 kilómetros recorridos a pie pasaron por Cieneguillas, La Quiaca , Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara y Volcán, entre otras localidades. En cada lugar, fueron recibidas por comunidades locales que adhirieron a los reclamos y algunos de sus referentes se sumaron a la larga caminata.

Exigen que se respeten los derechos de los pueblos indígenas (vigentes en leyes, Constitución Nacional y tratados internacionales que Argentina suscribió), que obligan a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades ante cualquier actividad que pudiera afectarlas. Ninguna empresa puede ingresar a territorio indígenas sin el consentimiento de la comunidad afectada. Los gobiernos y el Poder Judicial debe hacer cumplir esas leyes.

“Marchamos las comunidades indígenas que defendemos a la Pacha, que luchamos contra la voracidad minera. Invitamos a los hermanos que hoy están al lado del gobernador Morales a reflexionar y si son indígenas a defender la pacha y denunciar a aquellos que atacan a la Madre Tierra y no ser cómplices con su silencio del gobierno de Jujuy y de las mineras”, reclamó Raúl Sajama, uno de los voceros de la marcha.

Sajama afirmó que la Asamblea de Comunidades Libres está compuesta por más de cien comunidades indígenas, denunció la avanzada de la minería de litio (con complicidad de Nación, Provincia y sectores científicos del Conicet) y recordó que reclaman la derogación de la Ley 5.915 (provincial) de servidumbre sobre territorios comunitarios y contraria a los derechos indígenas.

Otro emprendimiento minero que tiene total apoyo del gobernador Gerardo Morales, y viola los derechos indígenas, es el proyecto de plata Chinchillas, de la canadiense Silver Standard, que está en cercanías de la conocida Laguna de Los Pozuelos.

El 8 de octubre, durante una de las paradas de los marchantes, dieron a conocer la “Declaración de Tilcara”, donde puntualizaron algunos de los conflictos más urgentes.

• Comunidad La Quiaca Vieja (departamento de Yavi): intento de despojo territorial por la instalación de una zona franca.
•  Comunidad Piedra Negra: instalación de paneles solares sin aprobación de comunidades.
•  Comunidad de Huichaira de Tilcara (frente al empresario Alejandro Nieva): denuncian que el gobierno provincial intenta desviar aguas del Cerro Collamboy para beneficiar a las mineras en la explotación de litio en el Salar de Olaroz.En la Declaración unen el pasado y el presente: “Los pueblos indígenas sufrimos injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de nuestra Pachamama, tierras, territorios y recursos, lo que nos ha impedido ejercer en particular el derecho al desarrollo de conformidad con nuestros conocimientos, técnicas y prácticas ancestrales, necesidades, deseos e intereses”.

  La caminata finaliza hoy 12 de octubre al mediodía en San Salvador de Jujuy.

• Trawn Mapuche

  En Chubut se da una de las mayores avanzadas mineras del gobierno nacional y provincial, en beneficio de la multinacional Pan American Silver (la mayor multinacional de plata del mundo) con el proyecto llamado “Navidad” (en la meseta, centro geográfico de la provincia).

  En la provincia patagónica está vigente la Ley 5.001, nacida en el marco de la lucha de Esquel (2002-2003) que prohíbe la actividad minera con uso de cianuro.

  Desde la asunción de Mauricio Macri se redobló la presión para habilitar la minería en Chubut. Las asambleas socioambientales y los pueblos indígenas de toda la provincia están movilizadas para defender la Ley 5.001 y rechazar la megaminería.

  El 29 y 30 de septiembre se realizó en la meseta de Chubut un Trawn (parlamento) Mapuche-Tehuelche. “Tierra y territorio fueron las palabras claves de toda la conversación. La memoria del despojo está muy cercana, la acumulación terrateniente está presente. Las tierras ’aptas y suficientes para el desarrollo humano’ de las que hablan las Constituciones Nacional y Provincial siguen ausentes de la política pública y del reconocimiento real de los derechos indígenas”, cuestiona el documento de las comunidades indígenas.

  Exigieron que se cumpla la Ley 26.160 (que frena los desalojos y ordena relevar los territorios indígenas) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que insta a consultar a las comunidades por cualquier actividad que pudiera afectarlas. Todas las comunidades rechazaron la actividad minera.

  “Lo más profundo, propio y esencial que las comunidades originarias tenemos es la Mapu (tierra), que defenderemos porque ahí están la identidad y el futuro. Lucharemos con la fuerza de los ancestros, con la claridad y orientación de los ancianos, con la valentía de los jóvenes y con el empuje de las mujeres”, afirma el comunicado del Trawn Mapuche-Tehuelche realizado en la comunidad Yala Laubat.

  INAI

  El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el ámbito específico que refiere a pueblos originarios, que debiera dar respuesta a más de mil comunidades de 35 pueblos originarios.

  En enero de 2016 el gobierno nacional cumplió con su promesa de trasladarlo del Ministerio de Desarrollo Social al de Justicia y Derechos Humanos. Fue la única promesa que cumplió el Gobierno en materia indígena.

  “En febrero de ese año despidieron 28 trabajadores, mientras el entonces presidente Raúl Ruidiaz -cuñado y socio del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj- pasaba sus vacaciones en Aspen (Estados Unidos), les trabajadores del INAI comenzaron a sufrir una situación laboral precaria, afrontando la paralización general del organismo y sus políticas, lo que repercutió directamente en los derechos de las comunidades indígenas de nuestro país. El INAI estuvo administrativamente paralizado durante todo 2016”, afirmó Lisandro Arijón, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

  Explicó que también se desmanteló la estructura territorial del Instituto, “dejando a les trabajadores que cumplen sus funciones en las provincias en absoluto abandono, sin lugares físicos de trabajo, sin viáticos, computadoras o teléfonos que les permitan el contacto con las comunidades”.

  En 2017, Ruidiaz fue reemplazado por Jimena Psathakis, de la Fundación Cambio Democrática, conocida por sus “mesas de diálogo” referidas al extractivismo pero siempre con intereses comunes con las empresas.

  “Psathakis tiene un largo currículum dedicado al trabajo en distintas corporaciones mineras, y muy conocida en la ciudad de Esquel por haber representado en mesas de negociación a las mineras en contra de comunidades originarias de la zona”, recordó Arijón.

  Desde ATE aseguran que en diciembre de 2016 ya estaba claro el desfinanciamiento del INAI. “Ya se dejaba ver claramente la decisión de correr del territorio la presencia de organismos como el INAI, la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA, entre otros, para dar curso a la llegada de fuerzas represivas como Gendarmería Nacional o Prefectura Naval”, denunció.

  Los trabajadores del INAI alertaron que, desfinanciamento mediante, el organismo está al borde del “vaciamiento total”. Y alertan por posibles despidos.

• Racismo sistemático

  “El sector privado actúa en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario para dar paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción”, denunció la ONU mediante una carta púbica de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz.

  La carta de Naciones Unidas afirma que “en la raíz de esta crisis mundial está el racismo sistemático y la incapacidad de los gobiernos para reconocer y respetar los derechos indígenas territoriales”.

  La experta de la ONU remarcó que ante la avanzada extractiva, la complicidad judicial y política “se está desarrollando una crisis global” que afecta a los pueblos indígenas y sus territorios.

  “La rápida expansión de proyectos de desarrollo sin su consentimiento previo está impulsando un drástico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos indígenas”, alertó Tauli-Corpuz en su carta titulada “Deberían haberlo sabido”.

  Explicó que una herramienta fundamental para el despojo de los territorios indígenas es la “criminalización en casi todos los rincones” del mundo. “Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas”, denunció la especialista de Naciones Unidas.

  También alertó que el primer paso contra los pueblos indígenas implica “campañas de difamación y discursos de odio que caracterizan a los pueblos indígenas como ’obstáculos para el desarrollo’, o en el peor de los casos, como ’terroristas’ o ’matones’”. Luego siguen amenazas, órdenes de arresto, militarismo, legislación antiterrorista, violencia, represiones y asesinatos.

  Sobre el rol del Poder Judicial, Tauli-Corpuz no tienen dudas: “Los sistemas de justicia se utilizan como ’armas’ contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos”.

  A pesar de la violación de derechos indígenas y la violencia que sufren, la Relatora de Naciones Unidas afirmó que “los pueblos indígenas siguen levantando sus voces, continúan defendiendo sus formas de vida, sus comunidades y las tierras y bosques de los que depende toda la humanidad”.

• Fuente:http://laizquierdadiario.com/Carabelas-del-Siglo-XXI-otro-12-de-octubre-y-el-despojo-permanente

El proyecto de modificación de la Ley Nro. 7722 destinada a regular y restringir la actividad minera, que fue presentado intempestivamente por el senador Alejandro Abraham tiene dos claves, fuera del cotillón: por un lado eliminar la posibilidad de sumar “otras sustancias” entre las prohibiciones del uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico; pero sobre todo, sacar el control legislativo de los proyectos mineros. El Gobierno de Mendoza está de acuerdo con parte de ese proyecto, aunque teman expresarlo abiertamente.

El proyecto presentado por el senador Alejandro Abraham para modificar la ley 7722, que regula y restringe la minería en Mendoza, apareció de manera intempestiva, pero no es una idea nueva: en todos los gobiernos hubo intenciones de hacerlo y en la gestión de Alfredo Cornejo también.

Ese proyecto tiene muchos argumentos y propuestas de relleno, pero dos ejes clave. El artículo 1 de la ley 7722 prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y agrega la frase “otras sustancias tóxicas similares”, que deja abierto a la interpretación de la autoridad de aplicación si es o no riesgoso el uso de otros productos químicos. Pero el cambio más importante es la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros.

La ley 5961, el decreto 820 establecen los mecanismos de protección ambiental que la minería debe tener en Mendoza, además del Código de Minería de la Nación. Por eso, cada proyecto debe tener una Declaración de Impacto Ambiental, cuya aprobación depende del Poder Ejecutivo. Pero la ley 7722 obliga a que la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos mineros tenga además aprobación legislativa. Esa cláusula de “control político” es la que en realidad ha funcionado como la más restrictiva para cualquier proyecto minero, antes que los dictámenes técnicos. En el ambiente político aceptan que la “permeabilidad a las presiones” de los legisladores ha sido el verdadero freno, más que la propia ley.

Abraham busca eliminar por completo ese artículo y en el oficialismo están de acuerdo. Al menos para que ese control legislativo se elimine para los proyectos de exploración y no en los de explotación. Entienden que con tanto rigor, se evitan las inversiones iniciales para ver si un yacimiento minero tiene potencial o no. Sin embargo en la industria minera entienden que es todo o nada: pocas empresas, aseguran, invertirán en exploración si luego el proyecto no puede prosperar para explotar.

El resto del proyecto que tratará el Senado tiene artículos de segundo orden, como la asignación específica de los recursos que se generen y un impuesto extra regalías para generar más recursos al Estado.

La ley 7722 tiene un blindaje que en el ambiente político obvian. La Suprema Corte de Mendoza ratificó su legitimidad en un fallo unánime. Pero en la sentencia hay una veta importante: el ministro Mario Adaro votó en disidencia en dos aspectos de la ley. Primero, para él las prohibiciones de las sustancias tóxicas mencionadas en el ley no pueden ser solo restrictivas para la minería. Pero además Adaro pidió que se declarara inconstitucional la ratificación legislativa de los proyectos mineros por considerar que viola el sistema republicano. Es decir, para él no hace falta la aprobación de la legislatura, como propone Abraham.

La ley fue sancionada en 2007, en un torbellino político. Por un lado, el gobierno promocionaba a Mendoza como destino minero, pero en la Legislatura se sancionó una ley para prohibir la minería. Esa norma fue vetada por Julio Cobos. En medio de un clima de tensión, el oficialismo y la oposición “negociaron” un nuevo proyecto. Así nació la ley que luego llevaría el número 7722.

El Gobierno trabajó desde que Cornejo asumió en un plan minero que, tras redactarlo, quedó cajoneado. Ese plan caracteriza a la minería según la magnitud de los proyectos, propone líneas de acción y, con muchos eufemismos, cuestiona los alcances de la ley 7722, aunque siempre ratifican que respetarán su cumplimiento. En ese documento, por ejemplo, dicen que Mendoza perdió 5 mil millones de pesos de inversión por esa ley.

En paralelo la provincia adhiere también al Pacto Federal Minero, aunque puertas adentro del Arco Desaguadero se disimule. La propuesta de modificación de la 7722 no es un hecho aislado y también va de la mano de la intención de homogeneizar la legislación a nivel nacional. El tema es tratado en el COFEMIN (Concejo Federal de Minería). Y ese plan incluye la modificación de la Ley de Glaciares. La intención es flexibilizar las restricciones en el ambiente periglaciar y también en el área de los glaciares de escombros, por ejemplo.

Mendoza sí tuvo proyectos mineros en ese trayecto. El más importante fue Potasio Río Colorado, que fracasó y donde la ley 7722 no tuvo nada que ver. Lo mismo con los proyectos que precedieron a la ley: desde el desastre ambiental de Sierra Pintada (mina de uranio), hasta los negociados con los cateos mineros que se acumularon, pero que nunca se transformaron en inversiones reales. El proyecto San Jorge, para extraer cobre de un yacimiento en Uspallata, fue el que más avanzó. El Gobierno aprobó la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), con más de 100 pedidos de aclaración. Pero la Legislatura “bochó” el proyecto. La Legislatura, con otra composición, también dejó de lado otros proyectos de exploración, como Cerro Amarillo (mina de cobre que tenía problemas porque estaba en una zona con glaciares) y también Hierro Indio, que no tenía en el plan exploratorio el uso de ninguna sustancia.

El nuevo debate por la modificación de la ley puede complicar otro plan que estaba en marcha, impulsado por el Gobierno. Se trata del saneamiento ambiental de los pasivos de Sierra Pintada, la planta industrial de procesamiento de uranio que quedó abandonada y que tiene material contaminante producido allí y también en la planta Dioxitek de Córdoba. El método elegido para sanear esos pasivos (el único posible) obliga a realizar el mismo proceso que para producir el uranio, que implica el uso de sustancias prohibidas por la 7722. Como esa ley no habla del “saneamiento” entre los procesos donde está prohibido el uso de las sustancias, creen que no hay impedimentos.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/42053-el-trasfondo-del-proyecto-de-modificacion-de-la-ley-7722

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), había programado un taller informativo sobre “Procesos productivos mineros potenciales de la Provincia de Chubut” para el día de hoy, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dicho taller, invitó a los legisladores provinciales y sus asesores, cubriéndoles los gastos de traslado correspondientes. Sin embargo, los diputados no asistieron pero sí lo hicieron los  jóvenes pertenecientes a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Chubut en CABA para expresar su oposición a la actividad minera.

El sindicato ASIJEMIN, había programado un taller informativo sobre “Procesos productivos mineros potenciales de la Provincia de Chubut” para el día 4 de octubre del corriente año, a las 10 hs. en el Círculo Italiano de Buenos Aires (CABA). El interés superior del mismo, era seducir a los diputados provinciales para habilitar la actividad minera, ya que deben lograr los votos necesarios para la aprobación del proyecto de zonificación que está en estado parlamentario en la Legislatura.

Para garantizar la presencia de los legisladores en el mencionado taller, en el cual se abordarían temáticas técnicas y específicas de la actividad, los organizadores hicieron llegar a cada uno de los 27 diputados del Chubut invitaciones especiales para ellos y sus asesores con todos los gastos de traslado incluidos. Esta situación, fue denunciada por el Diputado Albaini en la última sesión del 27 de septiembre.

No sabemos cuales fueron los motivos por los que cada diputado decidió no asistir, si fue el conocimiento responsable de las implicancias de la actividad minera que los ubica en una posición contraria a su desarrollo, si es que aprueban habilitarla sin necesidad de más argumentos, si es que se consideran ya en campaña y su presencia podría perjudicar sus intereses políticos; lo cierto, es que no se contó con la presencia de ningún legislador provincial y el taller informativo quedó frustrado.

Sin embargo, los que asistieron al lugar donde iba a desarrollarse la actividad fueron los jóvenes pertenecientes a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Chubut en CABA con el objetivo de expresar de una manera creativa e ingeniosa su oposición a la megaminería y visualizar la lucha provincial de las asambleas.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42044-taller-frustrado-de-asijemin-sobre-procesos-mineros

El proyecto del senador provincial Alejandro Abraham (PJ) para modificar la ley 7.722, que delimitó la actividad minera, despertó mucho debate en parte de la sociedad y generó la reacción de quienes están en contra de esta actividad con el uso de determinadas sustancias tóxicas.

En ese sentido, Héctor “Cacho” Correa Gabbi, responsable de la publicación La Voz de la Tierra, argumentó que la 7.722 “no es una ley antiminera, prohíbe utilizar químicos y destruir un enorme volumen de agua, que ya los conocemos todos por lo que han hecho desde La Quiaca a Ushuaia de un lado y otro de la cordillera”.

El ex funcionario se mostró preocupado por los acuerdos que dejó firmados Cristina Kirchner con rusos y chinos, “porque nadie sabe a qué obligan a Argentina”. La 7.722, recordó, “tiene fallos determinando la constitucionalidad, el agua es la vida y cuando se deteriora hay que buscar otros lugares para vivir”.

En respuesta al argumento del autor del proyecto, quien asegura que prevé triple control a la actividad para evitar el daño al medio ambiente, Correa afirmó que “cuando se habla de controles y otras falacias como minería sustentable, el Estado es una vergüenza y está la prueba con Sierra Pintada, donde hace 20 años bregamos para que se remedien los pasivos”.
Entre los malos ejemplos mencionó a Jáchal, Bajo de la Alumbrera y el pueblo Belén (Catamarca).

“Los controles no están en ningún lado porque los intereses son demasiados y corren demasiados premios. ¿A quién beneficia esto? No me digan que esto es la solución económica de la población, es una farsa. Hay que tener cuidado, más cuando hay una inversión turística como la que ha hecho San Rafael y Mendoza. El agua no la podemos poner en riesgo, cada vez se agrava más la crisis hídrica por el cambio climático”.

Para Correa, no es cierto que la minería sea una solución al problema del empleo y aseveró que “la solución económica es la agricultura, no hay nada que genere más puestos de trabajo que las viñas, que los frutales. Esto amerita una discusión seria con toda la sociedad, no con tres o cuatro que impulsan negocios que no son claros”.
Finalmente, y en alusión a cuál será la postura del Gobierno provincial en este tema, dijo que “tengo esperanza que Cornejo es un hombre respetuoso de su palabra, y dijo en la campaña que la prioridad era el agua”.

Fuente:https://diariosanrafael.com.ar/rechazan-la-posible-modificacion-de-la-ley-que-regula-la-actividad-minera-119972/

La empresa Pan American Silver fue señalada por los proveedores de mineras de la provincia de Santa Cruz como una empresa que se lleva todos los recursos y no deja nada.

Aquí en Chubut muchos vecinos y vecinas pudimos saberlo a partir de la exposición del diputado Alejandro Albaini la semana pasada en la legislatura provincial. Pero en especial, son los diputados provinciales quienes ya no pueden pretender desconocer los antecedentes de la empresa que pretende invadir la Meseta y secar sus recursos hídricos.

Se trata de la empresa que distintos funcionarios y los diarios El Chubut, Jornada y El Diario de Madryn, entre otros medios de desinformación, vienen presentando como “la solución a los problemas de la provincia”. Es la compañía que pretende iniciar la megaminería en Chubut a través del proyecto Navidad, en plena meseta chubutense, donde el agua es un recurso escasísimo.

Durante la sesión de la semana pasada en la Legislatura Provincial, el diputado Albaini citó las apreciaciones altamente negativas realizadas por la propia Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) hace varios meses.

En Chubut, la compañía minera viene realizando una intensa campaña de promoción y presiones de distinta clase en todos los ámbitos, incluida la Legislatura Provincial, según lo denuncia el propio legislador.

El diputado brindó información sobre el desempeño de la empresa en la vecina provincia de Santa Cruz, donde la misma opera desde 2009 el proyecto Manantial Espejo, con el nombre de “Minera Tritón”.

Indicó que la cámara de proveedores santacruceños señalaba (en declaraciones a la prensa hechas en Diciembre pasado) el nulo desarrollo generado por Pan American Silver en las comunidades cercanas al proyecto, así como también la inexistencia de contrataciones a empresas locales o provinciales proveedoras de servicios e insumos.

En su alocución, el diputado señaló también otra de las grandes mentiras en relación al presunto “progreso” que traerían las mineras: en tiempos de la inauguración del proyecto Manantial Espejo en 2009, se anunció a la población la construcción de una línea de alta tensión entre Gobernador Gregores y Puerto San Julián, pasando por Manantial Espejo.

Sin embargo, nueve años después, la obra aún no se ha siquiera iniciado, la población continúa con generación térmica de electricidad, es decir generación a base de gasoil, y se estima probable que el ciclo de la mina esté próximo a terminar.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42017-pan-american-silver-quedo-expuesta-en-la-legislatura-de-chubut

En Chubut, algunos funcionarios están tan obsesionados con la zonificación como las empresas. Siguen sin comprender que la gente no quiere minería. O tal vez lo comprendan pero no les importe.

La zonificación minera «es una decisión que pasa por la cabeza del Gobernador, que está estudiando y escuchando a los sectores» dijo Martín Cerdá, titular del área de Hidrocarburos del Chubut, a FM del Viento de Puerto Madryn. Agregó que se avanzó en conversaciones con los directivos de la minera Pan American Silver, que “el Gobernador va a tomar la mejor decisión para los chubutenses. Y para tomar esa decisión para que no haya errores, no haya equivocaciones, se necesita tener mucha información, los consensos sociales, tener claras cuestiones de regulación impositiva» y que «esto se llevará al ámbito de la Legislatura para que los diputados puedan tratar el cambio o no de esta ley que hoy tenemos».

Al parecer, Cerdá tiene serios inconvenientes para comprender la realidad. Y la legalidad. Pero desborda de un optimismo tal que roza la soberbia. O el desprecio hacia la gente.

Los gobernantes y funcionarios deben escuchar al pueblo. La realidad demuestra que la gran mayoría de los chubutenses que habitan la meseta rechazan el Proyecto Navidad y que, al igual que la inmensa mayoría de las ciudades costeras, son conscientes de que la minería en la provincia agotaría un bien escaso como es el agua, indispensable para la vida misma.  Es curioso que la “realidad” de Cerdá sea la misma que las de las empresas extractivas.

En cuanto a la “legalidad”, resulta increíble que a 15 años de la sanción de la Ley 5001, actual Ley 68, Cerdá desconozca el art. 2 de la norma que reza, textualmente: “El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la LEY XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley”.

Ciento veinte días son cuatro meses Cerdá. Y aunque ud. vea a Navidad como «un proyecto serio, sumamente responsable y sustentable.” Y sostenga que «Ninguna empresa que desarrolle la actividad minera quiere tener un problema con el medio ambiente porque eso impacta directamente en los que invierten en la actividad, porque las empresas cotizan en bolsa. Y ante un mínimo error se pueden ver perjudicadas sus acciones. Entonces nadie quiere meter la pata, nadie quiere no tener recaudos en el medio ambiente»  creemos necesario sugerirle que se remita a los repetidos y tristes incidentes ocurridos en Veladero o a los  hechos recientemente conocidos ocurridos en Santa Cruz . La seguridad del pueblo de Chubut no está al resguardo de su soberbia Sr. Cerdá. Tampoco de las prácticas puramente acumulativas de las empresas mineras.

 Asamblea de Vecinos por el NO A LA MINA- Esquel

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42006-obsesionados-con-la-zonificacion